ESPAÑA EN QUIEBRA: Varapalo jurídico al Estatut por la cajas

Á. ESCRIVÁ / J. E. MAÍLLO / Madrid

Varapalo jurídico a la Generalitat por invocar el Estatut para vetar fusiones de cajas

El Gobierno asegura que la interpretación que la Generalitat de Cataluña hace del Estatut en el ámbito de la ordenación bancaria es «errónea» e «inconstitucional». El Ejecutivo sostiene estos argumentos en un escrito ante el Constitucional en el que defiende el papel preeminente del Banco de España.Sigue en página 30

La Abogacía del Estado rechaza con mucha severidad el recurso que la Generalitat catalana interpuso frente al decreto ley que regula el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) por «invadir» competencias autonómicas a la hora de decidir sobre las fusiones de las cajas.

El letrado afirma en el escrito enviado al Constitucional que «un Estatuto no puede ser instrumento para el privilegio o el desplazamiento de las competencias básicas estatales impidiendo que éstas cumplan su función de común denominador de ámbito nacional». Asevera, asimismo, que, en «una crisis extraordinaria con riesgo sistémico como la que venimos describiendo, la decisión (sobre las cajas de ahorros) sólo puede corresponder al Banco de España».

El Gobierno aprobó el 29 de junio de 2009 el decreto de rescate de las cajas, ante el que cuatro comunidades autónomas -Extremadura, Galicia, Madrid y Cataluña- presentaron recurso ante el Alto Tribunal. Su principal motivo es que el Gobierno permitía al Banco de España saltarse a las comunidades autónomas (que pueden vetar fusiones de cajas) si el Frob aportaba dinero.

La demanda presentada por los juristas de la Generalitat iba más allá al sostener que la aprobación del controvertido y cuestionado Estatuto en 2006 supuso una limitación de las competencias ejecutivas estatales en casos de crisis de solvencia de cajas domiciliadas en Cataluña.

Y ésa es la afirmación que recibe una respuesta más contundente por parte del Gobierno. El representante del Ejecutivo defiende que «la Constitución retiene en poder del Estado, como exclusivas de su integridad, las competencias que atañen a determinados aspectos del orden económico y de su unidad». Reprocha a la Generalitat que la interpretación que realiza de su propia norma está equivocada, ya que su Estatut establece en el artículo 120 que la competencia compartida sobre las cajas «ha de ejercerse de acuerdo con los principios reglas y estándares mínimos que establezcan las bases estatales».

Hay otro punto en el que la Abogacía del Estado se resiste a admitir los reproches de la Generalitat respecto a la «desproporcionada exclusión» de la competencia autonómica. Insiste en que, ante una crisis de tales proporciones, sólo el Banco de España, como entidad central «desde una perspectiva general y una especialidad técnica, puede conciliar los diversos intereses autonómicos en juego buscando y ejecutando la solución que garantice la sostenibilidad de todo el sistema financiero». Aunque recuerda que se concede a las comunidades la posibilidad de participar elaborando un informe que, no obstante, no es vinculante.

El escrito presentado por la Abogacía del Estado, más allá de las referencias constitucionales propias de estas alegaciones, incide de forma especial en la importancia de la delicada situación económica como argumento de autoridad. «En situaciones normales e incluso en crisis ordinarias podría estar justificada la autorización autonómica», llega a admitir el Ejecutivo, pero «en una crisis extraordinaria como la que venimos describiendo, la decisión sólo puede corresponder al Banco de España».

La Abogacía recuerda que las cajas de hoy nada tienen que ver con las del pasado, cuando -hasta mediados de los 80- tenían prohibido abrir oficinas fuera de su territorio de origen. «Quizá sea tiempo ya de acabar con el mito de la caja vinculada al territorio y percibirlas como importantes entidades de crédito de implantación nacional e internacional y cuya insolvencia o inestabilidad tiene indudables consecuencias sistémicas», se argumenta ante el Alto Tribunal.

Añade que, en contraposición a otras crisis, ésta es la primera que se está cebando con las cajas. Y remata: «Cualquier episodio de crisis en el sector de cajas de ahorros implicaría un riesgo potencial que afectaría al sistema financiero español en su conjunto».

La Abogacía matiza que no es «previsible» que haya ninguna entidad de carácter sistémico que se encuentre en situación delicada, pero reconoce que la suma de los problemas de pequeñas cajas «sí podría llegar a generar un potencial riesgo sistémico».

JAVIER G. GALLEGO / Madrid

La banca se hunde ante la amenaza de la tasa comunitaria

El sector financiero europeo arrastra a las Bolsas y el Ibex cede otro 3%

Los principales bancos europeos se precipitaron ayer en Bolsa ante la posibilidad de que Bruselas defina hoy un nuevo impuesto que grave el tamaño de sus activos. La medida, que ya ha sido debatida en la Comisión Europea a propuesta del ministro de finanzas sueco, Anders Borg, y con el visto bueno de Alemania, supondría la creación de un fondo común con aportaciones directas de los bancos para cubrir futuras insolvencias.

La posibilidad de que este acuerdo llegue de manera inminente contribuyó a desestabilizar aún más a los mercados del Viejo Continente, que cerraron con abultadas pérdidas debido al efecto arrastre generado por sus bancos. Las entidades británicas fueron las más castigadas, con caídas de más del 7% en Royal Bank of Scotland y Lloyds. Pero en general todo el sector financiero del Viejo Continente fue víctima del terremoto que sólo en España provocó otro desplome del 3,05% del Ibex. El selectivo español consiguió en el último tramo de la sesión mantenerse sobre los 9.000 puntos, aunque por momentos tocó su nivel más bajo del año y sus minusvalías en 2010 superan ya el 24%.

Entre los más castigados se encontraron BBVA y Santander, con caídas del 4,5% y el 3,9%, respectivamente. Popular, no obstante, fue el valor más castigado de la sesión, con un desplome del 5,3% hasta los 4,11 euros por título. Los valores bancarios españoles también se están viendo muy presionados en las últimas semanas por las ventas a corto -las que apuestan por la caída de su precio- y las presiones ante la necesidad de una reorganización del sistema financiero.

Sobre el mercado también había pesado el informe macroeconómico del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que se advertía que la recuperación será más lenta de lo esperado. José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, resume el sentimiento de los inversores como una cuestión de tiempo. «No hay tiempo para aplazar ya las medidas. De política económica, favoreciendo un aumento del crecimiento potencial, y de política fiscal, recortando de forma agresiva el déficit público».

En este sentido, desde A&G señalan que el informe presentado por el FMI arrojaba una cuestión crucial para la economía europea que, sin embargo, los mercados parecían haber obviado. Se trata de la importancia del estímulo del crecimiento como forma de reducir los ratios de deuda y déficit, que en todo caso se miden en proporción al PIB. El FMI, por tanto, viene a recordar a los inversores que la preocupación por el recorte del gasto debe ir acompañada del estímulo del crecimiento económico. Un crecimiento que no sólo no llega, sino que cada vez se retrasa más.

Conflicto asiático

Por si fuera poco, previamente las Bolsas asiáticas habían cedido el testigo a las europeas con unos números rojos más que inquietantes. En este caso los problemas económicos no tenían la culpa de caídas como la del 3,5% del Nikkei japonés. La amenaza en este caso tiene que ver con un posible conflicto militar sobre Corea del Norte.

En suma, motivos más que suficientes para que los inversores internacionales activaran de nuevo el botón de las emergencias. Un mecanismo casi automático que supone el trasvase de dinero hacia activos seguros, como la deuda alemana. Por eso de nuevo ayer el diferencial entre el bono español y el germano se disparó hasta los 157 puntos, muy cerca de sus máximos de la historia de la eurozona. Por su parte, el CDS de España, un activo que actúa como seguro ante el riesgo de impago, volvió a repuntar hasta los 213,7 puntos.

España está pagando muy caro toda esa tensión e incertidumbre que genera. Así se ha vuelto a dejar notar en la financiación del Tesoro, que ayer se ha disparado un 73% respecto a la subasta realizada hace sólo dos meses. El Estado colocó ayer otros 3.057 millones de euros a muy corto plazo, concretamente a través de letras a tres y seis meses. De la subasta de ayer se extrae que el apetito de los inversores por la deuda pública española sigue intacto -la demanda duplicó la oferta-, pero que la prima de riesgo exigida es cada vez mayor.

De hecho, cuanto más a corto plazo es la emisión más se están encareciendo las subastas, lo que significa, según varios expertos consultados, que la incertidumbre se está cotizando a un plazo de vencimiento muy corto, es decir, que el riesgo de posibles problemas para las refinanciaciones podrían llegar en meses.

La otra gran víctima de la sesión de ayer fue el euro. La divisa comunitaria volvió a caer hasta los 1,21 dólares, lo que supone la cota más baja de los últimos cuatro años. Las causas de este desplome tienen mucho que ver con la falta de coordinación de políticas regulatorias que se está dejando notar entre los países miembros.

La cotización actual del euro pone en riesgo algunas circunstancias propias de la economía española, como su dependencia energética. La moneda común ya no actúa como un colchón para frenar el encarecimiento del petróleo, negociado en dólares. No obstante el Brent continúa cayendo hasta los 67 dólares.

Merkel aprieta a los especuladores

Quiere extender las prohibiciones en su mercado mientras el regulador europeo dice que «tomará medidas coordinadas»

Especial para EL MUNDO

El Gobierno de Berlín hace oídos sordos a las críticas internacionales y a los desplomes de las Bolsas y planea continuar aplicando su plan progresivo de prohibición de las transacciones de alto riesgo en Alemania, de forma que desaparezca el deseo del capital por el riesgo.

La semana pasada, el regulador financiero BaFin prohibió la venta de acciones prestadas en operaciones a la baja, afectando al menos a 10 empresas, entre ellas Allianz, Commerzbank y Deutsche Bank. Ahora, según informa la agencia DPA citando un documento del Ministerio de Finanzas, la prohibición se extenderá a las ventas de cualquier tipo de acciones sin garantía y a la venta valores estatales o de derivados del euro no destinados específicamente a cubrir negocios reales, es decir: puramente especulativos.

La intención es desterrar de los mercados alemanes las especulaciones a descubierto, que son las que se realizan sin un valor real de compraventa previamente adquirido y que generan beneficios a base de tumbar la cotización del valor en juego. El mecanismo es el siguiente: un operador lanza al mercado una orden masiva de venta de un valor que no tiene todavía, pero el aumento de la oferta hace bajar automáticamente el precio de mercado de forma que, cuando encuentra comprador, puede hacerse con el valor que ya ha vendido a un precio aún menor que el que él ha pedido. Y obtiene la plusvalía del desplome.

El documento establece más transparencia, de forma que las operaciones especulativas queden registradas como tales, además de una mayor protección a los inversores en los mercados no regulados, y nuevas sanciones para quienes asesoren erróneamente a sus clientes.

Ante el interés de Alemania de seguir por su cuenta la batalla a los especuladores, el Comité de Reguladores Bursátiles Europeos (CESR por sus siglas en inglés) trató ayer de lanzar al mercado una imagen de unidad al asegurar que «los miembros de este organismo europeo están analizando la situación del mercado para, si fuera necesario, tomar medidas coordinadas».

Este organismo hace alusión directa a la decisión tomada la semana pasada por Alemania que, lejos de lograr una recuperación del mercado, provocó desequilibrios más profundos en los mercados europeos. La nota del CESR señala que «evaluará la transparencia en el mercado de deuda pública y en los CDS y examinará las operaciones llevadas a cabo, incluidas las de liquidación».

AJUSTE DE CUENTAS JOHN MÜLLER

El azar y las rectificaciones

Sigan ustedes a Carlos Ocaña, el secretario de Estado de Hacienda. Este hombre no cuenta embustes como sus jefes. Tiene además el dudoso mérito de haber sido desmentido y casi destituido por algo que nunca dijo y que, para más inri, acabó siendo cierto.

Ocaña presentó ayer los datos del déficit que ha caído un 18% hasta abril en relación al mismo periodo de 2009. Calificó de «buena noticia» el crecimiento del 13,6% en la recaudación del IVA, aunque es lógico suponer que ahí se está reflejando el efecto de anticipación de las compras que provoca la subida del impuesto prevista para el 1 de julio próximo.

Pero lo más llamativo de lo dicho ayer por Ocaña fue el reconocimiento de que la medida de prohibir a los ayuntamiento seguir endeudándose a largo plazo de aquí a 2012, incluida en el decreto antidéficit, no fue comunicada deliberadamente a los municipios antes de salir en el BOE. «Hasta donde yo sé, no se le comunicó a los ayuntamientos con anterioridad a la publicación del decreto ley. De la misma manera tampoco se comunicó a otros agentes sociales, a otras administraciones otras medidas que iban allí y esto es normal que sea así», dijo el secretario de Estado.

La versión de Ocaña entra en frontal contradicción con la que dio su jefa, Elena Salgado, sobre la razón por la que esta medida se aplazó ayer hasta el 1 de enero de 2011 mediante una fe de errores. Según Salgado se trató de corregir una errata del BOE «que no tiene mayor importancia». Según Ocaña, era una medida que se había mantenido oculta ex profeso.

Claro, la versión de Salgado atribuye al azar y no a los ayuntamientos socialistas, la rectificación de la medida en 24 horas.

El azar está jugando un gran papel en las tareas del Gobierno últimamente. Ocaña lo sabe bien, porque en febrero pasado se vio envuelto en una agria polémica respecto al sueldo de los funcionarios. Entonces, afirmó que sería necesario «revisar el acuerdo salarial con los funcionarios» para conseguir el ahorro de un 4% de la masa salarial (tal como se preveía en el primer plan de consolidación fiscal). Esto se podía lograr por el método de sustituir sólo 1 de cada 10 empleados públicos que jubilaran. Algunos periódicos publicaron que eso suponía la congelación salarial, lo que vulneraba el pacto alcanzado por la vicepresidenta De la Vega y los sindicatos en septiembre de 2009.

De la Vega exigió una rectificación, pero Ocaña no podía enmendar lo que no había dicho. Así que fue su jefa, Elena Salgado, la que públicamente lo corrigió y dijo que no se iba a tocar el salario de los funcionarios. Al final, el tiempo le daría la razón al rectificado Ocaña, aunque nunca quisiera decir lo que se le atribuyó.

Otro lío famoso organizado por Salgado fue el envío a Bruselas de una propuesta para cambiar el sistema de cómputo de las pensiones de 15 a 25 años, que finalmente se retiró. Ya se sabe lo que la vicepresidenta piensa de esto: «Todos los BOE llevan siempre corrección de errores, todos los decretos y máxime un decreto ley que es tan complicado como éste en su redacción». En fin, preparémonos para lo peor.

john.muller@elmundo.es

La CNMV ve posible una fuga de Sicav

Julio Segura dice que «cabría pensar en una deslocalización» si se suben impuestos

El presidente de la Comisión nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, alertó ayer ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados de que existe un riesgo de fuga de capitales en caso de que se modifique la tributación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav).

Ésta es una de las alternativas que baraja el Ejecutivo para compensar el esfuerzo económico que ha obligado a hacer a pensionistas y funcionarios. Sin embargo, a juicio de Segura podría no ser una buena opción ya que «ante un cambio de fiscalidad cabría pensar en la deslocalización». Según informó ante un escaso grupo de diputados, hasta ahora «no hay noticias de que se haya producido una deslocalización ante una posible subida de impuestos». De hecho, recordó que en 2009 el número de Sicav apenas descendió (pasó de 3.347 a 3.242) aunque sí advirtió que se suspendieron nueve sociedades por no contar con 100 o más accionistas, un requisito indispensable para estas sociedades.

Utilizó como ejemplo el caso del País Vasco para argumentar que el riesgo de fuga es elevado. Así, desde finales del año pasado, cuando el Ejecutivo autonómico elevó el Impuesto de Sociedades de sus Sicav hasta el 28%, casi dos tercios de estas sociedades se han instalado en otras comunidades, especialmente en Madrid.

Actualmente las Sicav tributan al 1% en el impuesto que grava el beneficio, a pesar de que son Sociedades Anónimas, cuyo tipo impositivo es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes.

Críticas a Alemania

La intervención del máximo dirigente del supervisor bursátil español estuvo marcada por las medidas anunciadas en la Eurozona para calmar los mercados. En su opinión, la decisión de Alemania de actuar por su cuenta en la lucha contra la especulación no fue afortunada, puesto que «tiene un ámbito de aplicación muy pequeño, es muy difícil supervisar ese tipo de operaciones y puede generar problemas de liquidez» en algunos activos.

«Las operaciones del BaFin [el supervisor alemán] tienen una orientación equivocada. Cuando se produce un abuso hay que sancionar, en vez de prohibir», apuntó Segura, quien añadió que las medidas llevadas a cabo por los Gobiernos de la Eurozona suelen ser «inútiles» y generan mensajes exagerados.

Por otro lado, ante la reciente intervención del Banco de España en CajaSur, aseguró que, en lo que respecta al ámbito de supervisión de la CNMV, no se han detectado anomalías respecto a las participaciones preferentes. En cualquier caso sí señaló que actualmente hay tres expedientes abiertos por la comunicación de operaciones de autocartera.

Segura y su segundo, Fernando Restoy, dijeron también que Nueva Rumasa ha desistido de emitir nuevos pagarés, aunque la empresa lo desmintió después y dijo que seguirá utilizando esta vía de financiación al tiempo que estudia otras.