ESPAÑA EN QUIEBRA: Rajoy: «Sólo se prolonga la agonía»

JUAN E. MAÍLLO / JAVIER G. GALLEGO Madrid

El Gobierno acorralado dice que su 'proyecto sigue vivo'
Zapatero prorroga una semana el plazo para intentar que la reforma laboral sea pactada

Descarta convocar elecciones anticipadas como piden todos los partidos de la oposición
Anuncia un recorte del gasto para 2011 del 7,7% y en los ministerios de un 14% o 15%
Pronostica que este año el paro crecerá en 92.000 personas más de las previstas inicialmente

Apenas 24 horas después de salvar por los pelos en el Congreso el decretazo de recorte social sin más apoyo que el de los diputados del PSOE, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que el proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero «está más vivo que nunca».

El Ejecutivo no se arredra pese a la petición común de todos los partidos de la oposición de que convoque elecciones anticipadas ante la fragilidad de sus apoyos. Eso «sería una irresponsabilidad» contestó Fernández de la Vega, que defendió que el Gobierno, pese al bandazo de su política económica y social, tiene la «legitimidad» que le dieron los ciudadanos en las elecciones del año 2008, a las que concurrió negando la crisis.Sigue en página 4

Editorial en página 3

Fernández de la Vega, acompañada, otra semana más, de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, tuvo que fajarse para tratar de evidenciar que al Gobierno le queda más futuro que el de los meses que restan para el debate de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011.

Y más allá de la defensa del Gobierno, osciló entre las críticas al Partido Popular -«torpe e irresponsable»- por no apoyar el decreto de ajuste del gasto público, y las alabanzas a CiU, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro que, con su abstención, facilitaron que el ajuste no quedara en papel mojado.

«No es tiempo de pensar en clave electoral», resumió De la Vega. La congelación de las pensiones, la bajada del sueldo de los funcionarios, el recorte en la asistencia a las personas dependientes o la supresión del cheque-bebé son «medidas difíciles para el Gobierno y para los ciudadanos, medidas excepcionales porque excepcional es la situación».

Ninguna de esas iniciativas, según la versión que dio Salgado, vino impuesta. En las reuniones de los primeros días de mayo en el seno de la Unión Europea «hubo ninguna exigencia a España» y «mucho menos» sobre qué partidas concretas de los Presupuestos había que recortar.

«Hacemos lo que toca hacer, no lo que nos gusta hacer, por responsabilidad con los ciudadanos y con el país», y con el fin de «proteger a la economía de los especuladores y de quienes no creen en el Estado del Bienestar», dijo De la Vega durante la presentación del recorte del gasto del Estado -del 7,7%- para 2011 y del nuevo cuadro macroeconómico.

Un cuadro que deja al descubierto el efecto adverso de las medidas de recorte aprobadas el jueves. Por ejemplo, que el desempleo será mayor de lo esperado en los próximos tres años. Sólo en 2010 el paro crecerá en 92.000 personas más de las previstas inicialmente como consecuencia de un crecimiento económico también más bajo.

A juicio de la portavoz, «la electoral no es ahora la contienda que libra España», la pelea es contra la crisis y la labor del Gobierno «pensar en el presente y en el futuro de todos».

Y de adelanto de las elecciones, nada de nada. «Los ciudadanos nos otorgaron su confianza para gobernar cuatro años y ese tiempo no ha finalizado». El Ejecutivo seguirá con su tarea con «firmeza, fortaleza y decisión». El proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero «está más vivo y vigente que nunca».

A partir de ahí, los reproches al PP. «Los ciudadanos tienen mucho más sentido de la responsabilidad que los dirigentes del PP», mantuvo la número dos del Gobierno. «Serán los ciudadanos los que juzgarán lo que hemos hecho unos en interés del Estado y otros en su propio interés».

Frente al «sentido de la responsabilidad» de CiU, Coalición Canaria y UPN está la actitud del PP, «que sin alternativa ninguna sigue negando su apoyo a las medidas» del Gobierno en una actitud de «torpeza e irresponsabilidad». La propia prensa alemana señala eso, añadió. «Si ayer [por el jueves] no se hubiese aprobado el decreto habría aumentado la inestabilidad» de la zona euro.

Desde el inicio de la crisis los populares han actuado «siempre y constantemente en clave electoral en vez de sumarse, como ocurre en el resto de Europa», a respaldar los planes del Ejecutivo. «El PP está diciendo que no a todo», sentenció.

Poco después Elena Salgado corrigió de facto a la portavoz al asegurar que no se prorrogará el plazo de petición de ayudas para el Frob más allá del 30 de junio porque así lo pactaron Zapatero y Rajoy. El PP ha dado su apoyo al Gobierno en todas las medidas dirigidas a apoyar al sector financiero.

CARLOS SEGOVIA / Sitges (Barcelona)

Rajoy: «Sólo se prolonga la agonía»

El líder del PP, crecido, repite 22 veces la palabra «cambio» en 14 folios de discurso

El presidente del PP, Mariano Rajoy, se presentó crecido en su cita anual ante el Círculo de Economía en Sitges y dio a entender que pronto habrá un cambio al frente del Ejecutivo. Apenas dedicó tiempo a criticar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y se presentó con uno de sus discursos más positivos desde 2004, utilizando hasta 22 veces la palabra «cambio» en 14 páginas.

La primera fue cuando lanzó esta promesa ante importantes empresarios de Cataluña: «Como hicimos en 1996, afrontaremos la situación desde el primer día y marcaremos un decidido cambio de rumbo. Cambio es la palabra clave para que la economía vuelva a funcionar».

Rajoy llamó al auditorio a «la esperanza» porque «haciendo las cosas bien el potencial de la economía se despliega y sorprende por sus resultados». «Saldremos de esta crisis, incluso podemos salir reforzados», llegó a apostar. Y, cual si fuera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, enumeró indicadores que evolucionan positivamente. «Las empresas, a pesar de los obstáculos, están siendo capaces de mejorar su capacidad competitiva. La productividad está aumentando, la tasa de ahorro de las familias ha crecido de forma espectacular y también las empresas han reducido su necesidad de endeudamiento. Como consecuencia de este esfuerzo, el saldo de exterior de España ha mejorado sensiblemente».

El líder de la oposición quería dar ayer buenas noticias, pero para que sean posibles, «hay necesidad de cambiar el Gobierno». El auditorio, sin embargo, le deparó malas noticias. El presidente del Círculo de Economía y del grupo Abertis, Salvador Alemany, resaltó que hace tiempo que su influyente asociación empresarial reclama pactos de Estado entre el Gobierno y la oposición. «Lo tengo que decir hoy aquí, no estamos teniendo grandes resultados», ironizó. Después dio paso a una catarata de preguntas de empresarios asistentes que encerraban el reproche a Rajoy de haber votado en contra del decreto de ajuste el pasado jueves haciendo escasa muestra de sentido de Estado.

El presidente del PP no se arredró y se defendió atacando a CiU, que sí se abstuvo. «No creemos en el actual Gobierno, como no cree nadie, y ayer lo dijeron todos los grupos en el Congreso de los Diputados. Lo que pasa es que hay unos que actúan en consecuencia y otros que no actúan en consecuencia. Ésa es la diferencia». Según Rajoy, el mensaje que ofreció el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, en el debate del jueves fue éste: «Yo en usted no creo, usted se tiene que ir, le voy a votar en contra de los presupuestos, pero espere cinco meses para convocar elecciones». Para el líder del PP, «eso es prolongar la agonía. ¿Eso es sentido de Estado?», criticó.

Rajoy descalificó también la justificación que ofreció en la víspera, ante el mismo auditorio de Sitges, el líder de CiU, Artur Mas. Éste, muy aplaudido, justificó la abstención de su formación nacionalista en la votación, porque «si no sale el decreto, España habría sido intervenida como Grecia en pocos días».

También consideró falso afirmar, como planteaba el jueves el líder de CiU, Artur Mas, en este mismo foro, que si no se hubiese aprobado el plan de ajuste, España se habría visto intervenida como Grecia: «Esto es muy serio y además no es cierto. Los dirigentes políticos deben actuar con una cierta prudencia», reprochó. Preguntado por Alemany sobre cuál habría sido la alternativa si el decreto hubiera sido rechazado, Rajoy respondió que se habrían abierto dos escenarios «mucho mejores para España». En su opinión, Zapatero sólo habría podido presentar un plan de reformas para negociarlo con la oposición, someterse a una moción de confianza o disolver Las Cortes y convocar elecciones generales.

Interpelado sobre si entre las recetas del PP figuraría reducir ayuntamientos en España, respondió favorablemente pero matizó que sólo con un gran acuerdo político. Dijo «estar de acuerdo» porque «sobra mucha administración en España».

Por su parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró también en Sitges, tras la marcha de Rajoy, que una derrota en la votación del decreto de ajuste del Gobierno habría provocado un problema internacional. «Si no llega a salir el decreto el problema no habría sido sólo de España, sería de la Unión Europea», afirmó. Hizo así suyo el artículo aparecido hoy en un diario alemán, en alusión al Süddeutsche Zeitung, en el que se criticaba al PP por votar en contra con consecuencias imprevisibles para el resto del continente.

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA/ Madrid

La 'errata' de Salgado en el BOE, en manos del juez

Un letrado recurre ante lo contencioso la corrección del decreto

Al culebrón del Decreto de quita y pon sobre el endeudamiento de los Ayuntamientos le falta un último capítulo. Y resulta que será un juez el que lo escriba. Porque de manera inopinada, a contrapie, y a título particular, el abogado Miguel Temboury interpuso el miércoles un recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo.

En su escrito, el abogado del Estado en excedencia reclama la nulidad de la resolución publicada en el BOE por la que, mediante una pretendida corrección de errores, el Gobierno renunció el pasado martes a la supresión de la financiación bancaria de los consistorios, dictada la víspera por la misma publicación oficial.

El escrito, que pide «medidas cautelarísimas» para que la suspensión cobre efectos inmediatos, invoca el Real Decreto 181/2008 de ordenación del Boletín Oficial del Estado, que en su artículo 26 establece que «siempre que los errores y omisiones puedan suponer una real o aparente modificación del contenido o del sentido de la norma, se salvarán mediante disposición del mismo rango».

En otras palabras, y según el recurso, que el Ejecutivo debió aprobar un segundo decreto ley para anular el primero y que, en todo caso, el director del BOE vulneró la norma que le impedía publicar la pretendida corrección.

Dentro del mismo fundamento jurídico, el recurso argumenta que «la modificación realizada altera por completo el sentido de la norma en un aspecto tan importante como el temporal, puesto que en lugar de prohibirse el endeudamiento de las entidades locales desde el 25 de mayo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011, la prohibición pasa a abarcar únicamente el año 2011».

Uno de los argumentos que esgrime el escrito para defender que el ámbito temporal de la norma» era el previo a la rectificación es «de orden constitucional»: «No es admisible aprobar mediante decreto-ley una prohibición que no empezará a surtir sus efectos hasta más de siete meses más tarde. Para ello hay otros vehículos objetivos, como la Ley de Presupuestos». Una objeción, por cierto, que bien sería aplicable también a la congelación de las pensiones.

Pero, además, cita la propia Exposición de Motivos del Decreto corregido que el BOE «ha evitado corregir», y que «aplaza hasta el ejercicio de 2012 la concertación de operaciones de endeudamiento a largo plazo», lo que según el firmante, hace «evidente que dichas operaciones no deberían llevarse a cabo durante 2010».

Poco o nada ha gustado en el PP la iniciativa de quien fue jefe de gabinete de Ángel Acebes en su etapa de ministro del Interior y militante del partido desde 2004. Los populares temen, tanto o más que los socialistas, que vuelva a entrar en vigor la medida con que el Ejecutivo sorprendió a los ya asfixiados ediles de toda España el pasado lunes.

Temboury admitía ayer a este diario que «el efecto» de la estimación del recurso «puede ser devastador», pero advertía de que «también lo es la inseguridad jurídica que se ha generado».

«No sé a dónde vamos a llegar si una ley se enmienda por la vía de corrección de erratas», añadía Temboury, quien, además, afeó al Ejecutivo de Zapatero dos cosas: que «ni se molesten en corregir la exposición de motivos» del Decreto corregido, y que «reconozcan públicamente que no es un error sino una rectificación».

El abogado, que aseguraba no haber consultado a nadie del PP su decisión y menos aún al citado Acebes, se decía consciente de la inquietud que el recurso había creado en los cuadros de su partido.

«Sé que no les ha hecho mucha gracia», decía, pero subrayaba que «si el Gobierno quiere, lo tiene muy fácil para arreglar el problema por la vía establecida, aprobando otro decreto-Ley».

Por su parte, la réplica política del Grupo Popular a la corrección del decreto se limitó a unas muy críticas declaraciones de su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, y al registro de una petición de comparecencia del director general del Boletín Oficial del Estado en la Cámara.

Se trata, según el secretario general del Grupo, José Luis Ayllón, de «que explique los criterios que se siguen en el organismo a la hora de proceder a las correcciones de normas publicadas».

S. TORRES / M.RIONEGRO / Sevilla

El PSOE de Sevilla desoye a Ferraz y elige candidato

El PSM pide al comité federal «que haga cumplir sus directrices a todos los territorios»

La dirección provincial del PSOE de Sevilla presentó ayer en sociedad a su candidato a la Alcaldía de la capital, el ex consejero Juan Espadas, a pesar de que aún faltan seis semanas para que la dirección federal socialista dé luz verde al proceso de elección de candidatos, en el comité federal del 3 de julio.

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, volvió a mostrar su malestar porque a él no se le permita adelantar los plazos y exigió al comité federal «que haga cumplir sus propias directrices a todos los territorios».

La directriz la marcó el propio José Luis Rodríguez Zapatero en septiembre de 2009, cuando ordenó aplazar cualquier debate sobre las candidaturas hasta el final de la Presidencia de la Unión Europea. Esta norma está vigente, según han confirmado a este periódico fuentes de la dirección federal del partido, que aseguran que «no hay ninguna excepción» y que el PSOE de Sevilla tampoco la ha solicitado.

Sí lo ha pedido formalmente el PSM, según explicaron ayer fuentes de esta organización, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. De ahí su malestar, que esgrime los mismos motivos que en Sevilla para justificar el adelanto de los plazos. Esto es, que es necesario tener un candidato ya para contrarrestar a un PP muy fuerte o en ascenso y hacer el trabajo de campo en los barrios.

El calendario oficial del PSOE consiste en iniciar los procesos de elección de candidatos el 3 de julio, con elecciones primarias en las capitales de provincia o ciudades de más de 50.000 habitantes donde no se gobierne o donde el alcalde no sea candidato y en las que haya más de un aspirante que reúna los avales necesarios. La intención de la dirección federal es proclamar a los candidatos a las grandes ciudades en la IX Convención Municipal, que inicialmente debía celebrarse la pasada semana en Elche, pero que se ha aplazado a octubre.

El secretario general del socialismo sevillano, José Antonio Viera, destacó ayer que ésta es «la agrupación del PSOE más importante del país» y que Espadas es el candidato con más respaldo interno de la democracia en la ciudad.

No obstante, hay que recordar que hasta hace tres semanas el socialismo ha tratado de convencer a Alfonso Guerra para que encabezara la lista, pero éste se ha negado.

Técnicamente, Espadas es aún aspirante a candidato, hasta que no lo ratifique el comité federal. Con los estatutos en la mano, existe incluso la posibilidad de que un candidato oficioso planteara unas primarias.