ESPAÑA EN QUIEBRA: El PSOE teme que el 'decretazo' sólo tenga sus votos
MANUEL SÁNCHEZ / Madrid
El PSOE teme que el 'decretazo' sólo tenga sus votos
Salgado y Alonso intentarán buscar apoyos hasta el mismo día de la votaciónEl llamado decretazo, es decir, el recorte del gasto público en más de 15.000 millones en los próximos dos años que afecta a funcionarios, pensionistas y las políticas sociales, saldrá adelante el próximo jueves en el Congreso.
El Grupo Socialista no sufre por eso. Pero sí teme y le preocupa quedarse solo en la votación, sin el voto a favor de ningún grupo político, lo que visualizaría una soledad patente del PSOE en el Congreso.
La razón de que el decretazo salga adelante el próximo jueves con toda seguridad es que para su aprobación se necesita sólo mayoría simple, es decir, tener más votos a favor que en contra.
Los 169 parlamentarios del PSOE le son suficientes, ya que tiene prácticamente garantizada la abstención de los dos grandes partidos nacionalistas: CiU y PNV. Portavoces de ambas formaciones ya han dicho, reiteradamente, que no comparten el real decreto, pero que no impedirán su aprobación. A esta posición, probablemente, se sumará también Coalición Canaria.
Con estas dos abstenciones, la posición en contra de las fuerzas de izquierda del Congreso -ERC, IU-ICV, BNG o NaBai-, incluso sumándose a un hipotético voto negativo del PP, sería inútil.
Pero el PSOE tiene especial interés en no quedarse solo, en implicar a otros grupos parlamentarios, en no dar la imagen ni de soledad, ni de ser los únicos que asumen y defienden unas medidas altamente impopulares pero, en su opinión, absolutamente necesarias.
Por ello, desde que el jueves se aprobó el real decreto en el Consejo de Ministros, el Grupo Socialista y el Gobierno están desplegando una incesante actividad para obtener apoyos.
Y es que, a la negociación que lleva José Antonio Alonso como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja se ha incorporado la propia vicepresidenta segunda del Gobierno y responsable de Economía, Elena Salgado.
El Gobierno y el PSOE quieren poner todo de su parte para lograr un apoyo mayor y, según fuentes socialistas, «se va a estar negociando hasta el mismo jueves por la mañana».
No obstante, los ánimos en el Grupo Socialista no están en su mejor momento, y otro miembro de la dirección del grupo comentó a este diario en tono lacónico: «Todo apunta a que el decreto lo sacaremos solos. Somos el único partido que quiere comprometerse para sacar a España de esto». En cuanto a la flexibilidad en la negociación, dichas fuentes apuntan que manteniendo las líneas genera- les, hay cierto margen, pero no demasiado.
Además, los socialistas apenas tienen 48 horas para intentar cambiar el voto de algún grupo parlamentario, porque la Junta de Portavoces del Congreso aprobará hoy, por unanimidad, el cambio del orden del día del Pleno que posibilitará debatir este punto en la sesión del próximo jueves y ser aprobado.
El PP ha accedido a dar su voto favorable en este caso, aunque tenía la posibilidad de bloquearlo. Un portavoz del PP indicó a este diario que no van a hacer un debate en asuntos «de procedimiento», sino en lo que se aprueba y en el contenido de lo que se aprueba.
En el PSOE, además, se teme que esta posición de todos los grupos parlamentarios de desmarcarse claramente de la política económica del Gobierno pueda tener su repercusión en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
En ese caso, ya no será tan fácil la aprobación de las Cuentas Públicas. Ahí el Grupo Socialista sí necesita la mayoría absoluta de la Cámara Baja para que los Presupuestos no sea devueltos al Ejecutivo, lo que le obliga a buscar siete votos favorables.
Algunas fuentes apuntan a que el PNV ya ha contestado al Gobierno que, si facilitan ahora la aprobación de las medidas contra la crisis, «se busquen otros socios» de cara a los Presupuestos para 2011. Fuentes socialistas, no obstante, creen que queda todavía tiempo para hacer cambiar de opinión a los nacionalistas vascos que, hoy por hoy, son los únicos socios a los que podría recurrir el PSOE de cara a la aprobación de los Presupuestos del Estado.
JUAN EMILIO MAÍLLO / Madrid
La CAM se une 'in extremis' con CajAstur
Evita la intervención con una 'fusión fría' junto a Asturias, Extremadura y CantabriaEl Banco de España había trasladado que la intervención de CajaSur era un «aviso a navegantes» y en Caja Mediterráneo (CAM) captaron rápido el mensaje. La entidad alicantina ya se había saltado el plazo que el Banco de España le impuso para que, la semana pasada, ofreciera una fusión que le ayudara a superar su maltrecha situación financiera.
Y apenas 65 horas después de que la caja cordobesa cayese bajo las garras del Banco de España, la CAM anunció un acuerdo de fusión fría mediante el instrumento de un SIP (Sistema Institucional de Protección) junto a CajAstur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Las cuatro entidades pedirán la ayuda pública del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), si bien está por concretar el importe.
Prueba de la improvisación de la negociación es que ayer, en los contactos con el Banco de España, no se adoptó ninguna decisión sobre la ayuda, ni siquiera aproximada, que se iba a solicitar.
La clara ganadora de la operación es CajAstur. Incluso sumando los negocios de Caja Castilla-La Mancha (CCM) -que está a punto de integrar-, la entidad que preside Manuel Menéndez tiene un activo de 41.876 millones, por 75.532 millones de la CAM.
Y, sin embargo, ambas compartirán el mismo peso, un 40%, de la nueva entidad -que jurídicamente será un banco- que se creará para sumar los negocios conjuntos. El 11% será de Caja Extremadura (con activos de 7.590 millones) y el 9% de Caja Cantabria (cuyo tamaño es de 10.342 millones).
El consejo de administración de dicho banco lo presidirá Modesto Crespo (CAM), mientras que Víctor Bravo (Caja Extremadura) será vicepresidente primero y Enrique Ambrosio (Caja Cantabria) vicepresidente segundo.
Pero ninguno de los tres tendrá poderes ejecutivos. El día a día de la entidad lo llevará su consejero delegado, que será Manuel Menéndez, presidente de la caja asturiana.
Los SIP se consideran fusiones frías porque las sociedades mantienen sus marcas locales y sus órganos de gobierno propios. Además, cada una de ellas gestiona el negocio de su territorio original.
Lo que une, no obstante, es considerable. Cada una debe aportar a la sociedad común al menos el 40% de sus beneficios. Asimismo, el holding no se puede romper hasta pasados 10 años o el que quiera abandonarlo deberá compensar económicamente al resto. Otra ventaja es que se recibe un rating común y mejora la capacidad de emitir y captar recursos en los mercados mayoristas.
Las cuatro cajas suman unos activos de 135.000 millones de euros, lo que las coloca, en conjunto, como las terceras del ranking tras La Caixa y Caja Madrid, superando los 111.000 millones de Bancaja. Si se incluye a los bancos, serían la quinta entidad del país, por detrás, además de las citadas, del Santander y el BBVA.
Lo que no hay por el momento es nombre para el banco que será necesario crear para incorporar los activos y pasivos de las oficinas alejadas de los territorios de origen de las cajas. CajAstur ha logrado, además, que se respete la marca de CCM en Castilla-La Mancha. La CAM preservará su nombre en Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares.
Con esta operación la Caja del Mediterráneo pone fin a un vodevil de negociaciones y contactos con un amplio número de empresas del sector.
Con el fin de buscar una pareja que le salvara de la amenaza del Banco de España, la entidad alicantina habló con Caja Madrid, exploró una posible fusión con Caja Murcia, reactivó la integración con Bancaja e, incluso, miró hacia las cajas vascas, pero la BBK, que fue con la que más avanzó, la abandonó en el último minuto.
En todos los casos, y en particular con las cajas pequeñas, la CAM quería hacer valer que aportaba más activos, pero sus competidoras -conocedoras de las dificultades de la alicantina-, exigían el control amparándose en su mayor solvencia.
Y después de ir de un lado a otro, la CAM al final encontró en CajAstur la horma para su zapato. Puede vender a efectos locales que presidirá la nueva entidad y que nadie tiene más poder que ella en el holding. Pero el fondo, sin embargo, es bien distinto, y queda claro que quien lleva el mando es la entidad asturiana.
En cuanto a las cajas extremeña y cántabra, consiguen con su incorporación a este SIP dar con una salida ante un panorama, el financiero, en el que tamaño empieza a cobrar cada vez más importancia.
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Juan Emilio Maíllo sobre la nueva fusión.
AJUSTE DE CUENTAS
JOHN MÜLLER
La humildad era más barata
El cura Santiago Gómez Sierra, ex presidente de CajaSur, se quejaba ayer en una radioemisora de que la opinión pública busca «una historia de buenos y malos» en la intervención de su caja por el Banco de España. Es verdad, las historias en blanco y negro siempre son más sencillas de entender y en este caso, aunque uno haga el esfuerzo de admitir que Braulio Medel, el presidente de Unicaja, puede ser muy antipático si le obligan a hacer lo que no quiere y es capaz de estirar la cuerda hasta que se rompa, no hay más remedio que constatar que los sacerdotes no han recibido la iluminación suficiente y fueron tentados por el lado oscuro de la fuerza.
Gómez rompió la fusión con el argumento de salvaguardar los intereses de sus impositores y de su sobredimensionada plantilla (3.114 empleados para unos activos de 18.960 millones frente a los 2.400 empleados que tenía Caja Castilla-La Mancha con activos de 26.337 millones). Está claro, a CajaSur le faltó humildad para someterse a la cura de adelgazamiento que imponen estos tiempos difíciles.
El resultado de esta soberbia es que, al margen de los empleados que puedan irse al paro cuando un nuevo propietario se haga cargo de la caja ya saneada por el Frob, el principal perjudicado será el contribuyente español: la intervención le costará tres veces más (se estiman unos 2.100 millones) que lo que le hubiera supuesto una fusión pacífica.
Habrá que esperar al final de este proceso para que juzguemos si Miguel Ángel Fernández Ordóñez acertó o no con su política de dureza verbal y prudencia interventora. El gobernador del Banco de España está convencido de que aunque le lleve más tiempo, esta política supone menos costes para los ciudadanos. Los bancos se quejan, claro, pero de esta manera están cargando con la parte alícuota que les corresponde en el saneamiento de su sector.
Es una apuesta arriesgada porque en el mundo de las cajas hay de todo. Desde grandes profesionales como los que manejan La Caixa, CajAstur, Caja Navarra, Ibercaja o la BBK, a gestores incompetentes con más obediencias políticas que criterios financieros e incluso religiosos de doble militancia espiritual y temporal.
En el gran edificio de Cibeles nadie pensaba el viernes que los curas iban a romper la fusión. Pero lo hicieron. Pese a que el Banco de España había demostrado una paciencia infinita y les había autorizado que remuneraran sus obligaciones preferentes para darles el gusto y facilitar la fusión.
Lo ocurrido con CajaSur es la prueba de que en la economía como en la vida no siempre los aspectos racionales prevalecen sobre los irracionales. Lo ocurrido ha sido un recordatorio de esto para el gobernador.
Probablemente los ejecutivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tomaron buena nota de esta nueva realidad. Por eso, ayer, cuando se rompió su proyectada fusión con la BBK, rápidamente encontraron una alternativa en la fusión fría que pilota CajAstur, con Manuel Menéndez como hombre fuerte.
C. SEGOVIA / Madrid
Salgado respalda a Ordóñez frente al PSOE de Andalucía
La ministra apoya al Banco de España para subastar CajaSur al mejor postor, mientras Griñán insiste en la fusión con UnicajaLa vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, salió ayer en apoyo del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, frente al PSOE andaluz, partidario de que la intervenida CajaSur sea absorbida por la malagueña Unicaja tras ser saneada por el Estado.
Salgado respaldó que la adjudicación de CajaSur tras la intervención del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) se produzca «mediante subasta competitiva para que el coste para los contribuyentes sea el menor posible». Así se pronunció en declaraciones en la Cadena Ser en sintonía con el criterio adoptado por el Banco de España de subastar la caja cordobesa al mejor postor.
En contraste, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, subrayó ayer en declaraciones a Canal Sur que «la fusión de CajaSur con Unicaja sigue sobre la mesa y nadie la ha retirado». Griñán negó tener una actitud «nacionalista» en este asunto. Se declaró «neutral» como presidente de la Junta en el proceso de adjudicación, pero «como secretario general del PSOE andaluz», afirmó que quiere que CajaSur se mantenga vinculada a Córdoba y a Andalucía y con marca propia.
Tras esta declaración, su brazo derecho en el PSOE andaluz, Rafael Velasco, fue más lejos y manifestó que «no hay ni un solo argumento para que el Banco de España no prosiga con la fusión de Unicaja y CajaSur ahora que ésta no está en manos del Cabildo catedralicio». En su opinión, esta integración «es la solución más justa».
CajaSur recibirá una inyección de capital público superior a los 1.000 millones de euros entre cuotas participativas o deuda preferente y aportaciones de liquidez.
En la misma línea de presión sobre el Banco de España se pronunció el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo. En su opinión, «la operación más limpia e interesante» es completar la integración de CajaSur en Unicaja para evitar «elementos de contaminación indeseables sobre otras piezas del sistema financiero».
La intervención de CajaSur tuvo ayer influencia en que la caída de la Bolsa española fuera superior a la de la europeas y que los bancos españoles retrocedieran en torno al 2% en su valor bursátil. La prima de riesgo, el diferencial del bono español con el alemán, superó los 150 puntos básicos.
La agencia de calificación Moody's interpretó la intervención como una señal del Banco de España de que se acaba el tiempo para las fusiones. Pero, al tiempo, resaltó que pone de manifiesto que el apoyo del Frob puede no ser suficiente para animar a una entidad fuerte a integrarse con otra más débil, con lo que mostró dudas sobre las fusiones en marcha financiadas por el fondo estatal. Recordó también que los préstamos que realiza el Frob son «relativamente caros», al exigir un tipo de interés del 7,75%.
TESTIGO DIRECTO
TOÑI CARAVACA / Córdoba
«La gente tiene que estar más tranquila tras la intervención»
El llamamiento a la tranquilidad que la madrugada del sábado hizo el Banco de España, tras intervenir CajaSur, parece haber hecho efecto entre los impositores de la caja de ahorros de Córdoba, que ayer, primer día laborable desde que la Iglesia perdiera el control de la entidad, operaron con normalidad. Así, los clientes han demostrado, al menos de momento, su confianza en CajaSur. De hecho, no se registraron colas de gente ante las puertas de las sucursales bancarias para sacar su dinero, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones en casos similares.
Los empleados comenzaron a llegar a sus oficinas minutos antes de las 8.00 horas, como cualquier otro día. Los que trabajan en la sede central de la entidad, llegaban con semblante serio y gesto cabizbajo. Entraban a toda prisa e incluso, algunos, se tapaban la cara para no ser fotografiados por los medios de comunicación, agolpados desde primera hora de la mañana para ser testigos del devenir de la jornada.
Las oficinas abrieron sus puertas y el goteo de impositores fue constante toda la mañana pero para realizar operaciones cotidianas. La mayoría de los clientes de Cajasur decían estar «tranquilos» tras conocer que ahora es el Banco de España quien controla la entidad y decían que la «incertidumbre» era mayor los días previos, cuando aún no se sabía si terminaría fusionándose con Unicaja. Por esta razón, pocos son los ciudadanos con cuentas en CajaSur que optaran ayer por llevar sus ahorros a otra entidad. No obstante, algunos de ellos no descartan poder hacerlo a expensas de lo que acontezca en los próximos días.
A media mañana, CajaSur comunicaba a la CNMV que la situación en las oficinas que tiene esparcidas por 16 provincias españolas era de «absoluta normalidad».
Rafaela llegaba a la oficina central a primera hora de la mañana, cuando ni siquiera ésta había abierto sus puertas. La mujer dijo no estar «inquieta» ni tener «miedo» a perder sus ahorros. «Confía» en CajaSur, su caja de referencia durante toda la vida, pero se mostró preocupada por su futuro y dejó claro que lo que ha pasado es consecuencia directa de la mediación política que ha marcado el proceso. También aludió a Unicaja, a la que criticó porque «no ha cedido» para alcanzar un acuerdo.
También Rafael es un cliente de CajaSur desde hace años y dice no haberse sorprendido por la intervención de la entidad porque «se esperaba desde hace mucho tiempo». La política, una vez más, sería la culpable de esta fracasada fusión económica. Rafael no está preocupado por sus ahorros. Al contrario, dice ser consciente de que es ahora cuando «la gente tiene que estar más tranquila porque el Banco de España garantiza la solvencia de la entidad». Este impositor resta responsabilidad al Cabildo al entender que ha trabajado «honestamente» para defender a los trabajadores de la caja pero acusa a la Junta de Andalucía de haber impuesto una fusión que no era buena para Córdoba.
Sin embargo, sí hay quien culpa al clero de lo sucedido, sobre todo, a aquellos que hoy ya no ocupan un sillón en la cúpula directiva pero que han contribuido, con su cuestionable gestión, a la actual situación. Ángel Lucena criticó ayer, a su salida de la entidad, la negociación de la fusión. Para él, la solución es la integración con una entidad solvente, «y Unicaja era muy buena porque es andaluza. Era una de las mejores».
Especial para EL MUNDO
CARLOS SEGOVIA / Madrid
El FMI reclama despido barato, retraso de las jubilaciones y más impuestos
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió ayer en un durísimo informe que el tijeretazo aprobado por el Gobierno puede ser insuficiente .
En un tono propio de cuando el FMI impone planes de estabilización a economías latinoamericanas en dificultades, el informe considera necesario que «cualquier desvío en lo previsto por el Gobierno debe ser agresivamente evitado».
Se basa en que el ajuste de Rodríguez Zapatero ofrece riesgos de ser insuficiente tanto por la aplicación de las propias medidas como de que las previsiones de recuperación sean demasiado optimistas.
El problema es que «cualquier desvío en la consecución de los objetivos de reducción del déficit hará más difícil situar la deuda pública en una sólida senda decreciente en un tiempo razonable». Y eso «minaría la credibilidad» de la economía española. Por tanto, «es crítico que las reformas estructurales que acompañen el ajuste sean rápidamente aplicadas y que se preparen con anticipación una medidas de ajuste adicionales cualitativas». Con esas medidas «se evitarían sorpresas» y «pueden incluir reducciones adicionales del gasto y un aumento de los ingresos reduciendo desgravaciones fiscales y elevando más el IVA y los impuestos especiales». Estos últimos incluyen los carburantes, el alcohol y el tabaco.
Por tanto el Real Decreto que será sometido a votación el próximo jueves en el Congreso y que ha provocado gran polémica en España se queda corto, en opinión de la institución internacional que preside Dominique Strauss-Kahn.
En consecuencia, el FMI espera «una reforma radical y urgente del mercado de trabajo con dos objetivos principales: eliminar la dualidad, reduciendo los costes de del despido por lo menos a los niveles medios de la Unión Europea, y estimular una descentralización en los métodos de fijación de los salarios, eliminando la indexación». También apoyó «elevar la edad de jubilación hasta los 67 años».
Así lo recogía ayer el Ministerio de Hacienda en un comunicado oficial. En esta nota y pese a la dureza de algunas de las recetas del FMI, el Ministerio se declaraba satisfecho. «El análisis que el FMI ha realizado de la situación coincide con el del Gobierno», proclamó. Alimentó así la idea de que el informe del FMI ha sido pactado con el Ministerio de Economía para que sirva de presión, entre otros efectos, sobre los agentes sociales en la negociación en curso sobre la reforma laboral.
Ante tal interpretación, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, se vio obligada a matizar, una vez más, uno de sus comunicados oficiales. En declaraciones posteriores a Efe, la ministra subrayó que coincide con el análisis, pero no con las recetas. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, manifestó por su parte que al Fondo Monetario Internacional «no le importa ni la economía real ni la sociedad española».
Los informes del Fondo han sido durante muchos años meros consejos para los gobiernos de turno de España, al tratarse de un país desarrollado y perteneciente al euro. Pero ahora estos mismos análisis están adquiriendo un valor casi vinculante, porque el fondo europeo de rescate, que incluye ayudas del FMI, ha sido diseñado para países como España.
Ayer mismo, sus conclusiones circularon como la pólvora ente los inversores y contribuyeron -junto a la intervención de CajaSur- a la caída de la Bolsa española y al encarecimiento de la deuda pública nacional.
Los técnicos del Fondo se adentraron incluso en capítulos muy específicos de la economía española como es el de las cajas de ahorros. Calificaron de «demasiado lento» el proceso de reestructuración en marcha y reclamaron que «el marco legal de las cajas sea adaptado al nuevo marco económico».
C. SEGOVIA / Madrid
Debate en CEOE para que Pérez de Bricio releve a Díaz Ferrán
Relevantes dirigentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han iniciado un debate entre bambalinas para que el presidente de Comfemetal, Carlos Pérez de Bricio, reemplace a Gerardo Díaz Ferrán al frente de la patronal. «Sería una buena solución», señaló uno de ellos a este diario.
Pérez de Bricio solicitó una reunión a Díaz Ferrán la semana pasada para pedirle que se retire temporalmente del cargo hasta que solucione los problemas del grupo Marsans y resto de empresas de su propiedad. El ex presidente de Cepsa dio el paso con el acuerdo de la comisión ejecutiva de Comfemetal, una de las patronales más poderosas integradas en CEOE. Se da además el caso de que el octogenario Pérez de Bricio es el vicepresidente de CEOE de más edad con lo le da especial peso para ocupar la presidencia de la patronal durante un periodo de transición.
Díaz Ferrán ha convocado para hoy una reunión de los vicepresidentes de la patronal para evaluar la situación de la negociación de la reforma laboral. El presidente de CEOE se muestra hasta ahora reacio a dimitir o siquiera delegar temporalmente funciones en tanto mantenga el apoyo de la junta directiva de la patronal. En la última reunión de ésta sólo media docena, un ínfima minoría, mostró en público su preocupación por la continuidad de Díaz Ferrán.
De Guindos ve insuficiente el «ajuste en frío» y exige reformas
El ex secretario de Estado de Economía Luis de Guindos (PP) aseguró ayer en Logroño que «hacer un ajuste presupuestario en frío es necesario, pero no suficiente», ya que «no es la solución en sí mismo».
Tras pronunciar una conferencia sobre la crisis, De Guindos, pidió, además, «reformas que devuelvan la confianza», informa Efe. También abogó por solucionar los problemas del sector financiero, sobre todo los de las cajas de ahorro; y por asumir una reforma «rápida» de la regulación laboral, que «no es tanto el coste del despido, como los procedimientos de la negociación colectiva para que sean los más adecuados al tejido empresarial de las pymes», que predominan en España.
«Frente al riesgo de resignarnos a vivir con una tasa del paro del 20%, con crecimientos reducidos y con un empobrecimiento de la sociedad española», destacó, «hay alternativa». A su juicio, ésa es «la que se probó en 1996, aun en condiciones diferentes, pero con austeridad en el gasto público y espíritu reformista».
EDUARDO SUÁREZ / Londres
Londres obliga a sus ministros a ir a pie para ahorrar
La restricción del transporte oficial, entre los ajustes del nuevo Gobierno británicoCorresponsal
«Los días de la abundancia terminaron». La frase la pronunció el segundo del Tesoro británico, David Laws, pero resume el espíritu del Ejecutivo liberal conservador y del joven ministro de Economía, George Osborne, decidido a no demorar los esfuerzos para atajar el déficit público.
Se trataba de detallar los primeros recortes de la coalición y de lanzar un mensaje claro a los mercados, inquietos por el estado de las arcas públicas. Osborne y Laws lo hicieron anunciando un plan de ajuste de 7.260 millones de euros. Suficientes para alejar a los especuladores pero no para atajar el endeudamiento del Reino Unido, que en este ejercicio pedirá prestados cerca de 181.000 millones de euros.
Lo que no quiere decir que los recortes anunciados ayer estén exentos de mérito. Sobre todo teniendo en cuenta que hace sólo unos días no concitaban el acuerdo de los dos partidos de la coalición. Los conservadores querían llevarlos a cabo. Los liberal demócratas no, alegando que podrían poner en peligro la recuperación económica y devolver al Reino Unido a la recesión. La conversión la explicó ayer el liberal David Laws, escudándose en la crisis de la Eurozona y apelando a la responsabilidad generacional: «Sería mucho peor seguir incrementando el déficit unas 3.000 millones de libras a la semana. Porque si no hacemos nada, nuestras deudas de hoy son impuestos que tendrán que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. (…) Las deudas de hoy son los impuestos de mañana».
Un empeño pedagógico que los ministros reforzarán predicando con el ejemplo. Es decir, yendo a sus citas en lo posible a pie o en transporte público y renunciando a los coches oficiales a favor de vehículos de flota que ahorrarán al Estado algo más de cinco millones de euros. Los funcionarios, por su parte, dejarán de viajar en primera clase. Una medida que liberará alrededor de 11 millones de euros de la deuda pública.
Son medidas de carácter efectista destinadas a ganarse el respaldo de la opinión pública en una tarea que se presume muy impopular. Al fin y al cabo, los recortes de ayer son sólo una décima parte de los que se avecinan en los próximos años y los próximos no serán recibidos de forma tan benigna ni por los medios ni por la oposición.
En cuanto a los ahorros de ayer, la mitad los sacará el Gobierno de tres partidas: alrededor de 1.300 millones de euros en gastos de consultoría y publicidad institucional, cerca de 1.900 millones en contratos con 70 proveedores y unos 670 a base de suprimir decenas de organismos y agencias estatales que han proliferado durante el mandato laborista. Ninguno lo echarán de menos tanto los ciudadanos como el Chile Trust Fund, un fondo de ayudas a la infancia que también será suprimido gradualmente.
No todos los departamentos sufrirán de igual manera los recortes. El Gobierno protegerá los ministerios de Sanidad, Defensa y Ayuda al Desarrollo. Y también las partidas dedicadas a las guarderías, las escuelas y los institutos. Decisiones que muestran la voluntad de Osborne y Laws de presentar el recorte como un trabajo «cuidadoso» que deja intactos «los servicios públicos» y las partidas dedicadas a «aquéllos que menos tienen». En las antípodas, los departamentos más afectados serán el Ministerio de Empresas (unos 970 millones de euros), Transporte (800) y Administraciones Públicas (778).
Como era de esperar, el laborismo ha criticado los recortes diciendo que harán crecer las cifras del paro y pondrán en peligro la recuperación. Los 7.260 millones de euros, sin embargo, son sólo un aperitivo del tijeretazo que se avecina. En los próximos cinco años, el Gobierno liberal conservador deberá multiplicar por 10 los recortes anunciados ayer. Según advertía el Financial Times antes de los comicios, supondría un ahorro rebajar un 5% los sueldos de los funcionarios, congelar los subsidios durante un año, sacar a una cuarta parte de los presos a la calle, cancelar la construcción de dos portaaviones, dejar de construir escuelas y rebajar un 10% las partidas de Escocia y Gales.
MARISA RECUERO / Madrid
Los políticos españoles disponen de más de 2.300 coches oficiales
¿Austeridad? En plena crisis económica, España sigue teniendo más de 2.300 vehículos oficiales a disposición de los altos cargos del Gobierno central y de los representantes de las administraciones autonómicas. Es más, son los gobiernos de las comunidades autónomas los que se llevan la palma, con un parque de coches que asciende a 1.220 vehículos, como mínimo, si se cuentan sólo los que usa el presidente y sus consejeros.
Los últimos datos disponibles revelan que José Luis Rodríguez Zapatero dispone de tres Audi A8 y un Mercedes. Entre los presidentes autonómicos, todos tiene un coche oficial de alta gama -la mayoría, un Audi A8-, a excepción de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y País Vasco, donde la flota de vehículos a disposición del presidente es de dos.
El modelo de vehículo más demandado por los políticos españoles es el Audi A8. Hasta el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, tiene uno, en calidad de renting, en el que el Ayuntamiento de la ciudad invirtió 591.624 euros, a pagar en cinco años. El plazo terminará en 2012, después de abonar más de 140.000 euros anuales.
El resto de modelos de vehículos que emplean los gobernantes españoles va desde el Lexus GS-450 híbrido, valorado en 67.000 euros, como mínimo, al Volkswagen Phaeton, cuyo precio puede alcanzar los 80.000 euros. Están también el BMW 735, el Peugeot 607 y el Renault Velt Satis.
El coche de un alto cargo puede llegar a costar hasta 360.000 euros, ya que al precio de venta se le suma el coste del blindaje del vehículo, que dispara la inversión. Un coche blindado tiene una vida media de entre cinco y siete años, lo que significa que la flota de vehículos de los gobiernos de turno precisa de una inversión periódicamente.
La medida llevada a cabo por el nuevo Gobierno de Reino Unido para ahorrar cuestiona las flotas de coches de las que disponen los políticos españoles. Los británicos tendrán que dejar sus vehículos oficiales y optar por el transporte público para desplazarse.
En España, Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, es uno de los dirigentes autonómicos que ha viajado en taxi más de una vez, pese a tener un Peugeot 607, que a precio de mercado puede llegar a costar más de 36.000 euros. El Estado español deberá tomar nota de la iniciativa británica.
posted by e-pesimo | 06:28
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