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sábado 29 de mayo de 2010

ESPAÑA EN QUIEBRA: El 'decretazo' subirá aún más el desempleo/ Fitch baja la nota a España por la rigidez del mercado laboral

JAVIER G. GALLEGO / JUAN E. MAÍLLO
Madrid

El 'decretazo' subirá aún más el desempleo

Zapatero embustero

Salgado reconoce que el paro será cuatro décimas mayor en 2011 por un crecimiento más débil del PIB

El Gobierno ha reconocido oficialmente los daños colaterales del decretazo, el drástico plan de recorte del gasto aprobado el jueves. Según las nuevas previsiones macroeconómicas que baraja el Ejecutivo, la tasa de paro alcanzará este año el 19,4% de media, frente al 19% estimado anteriormente (la última previsión fue del mes de enero). Para los años siguientes el deterioro del desempleo será todavía más acentuado: en 2011 la tasa será del 18,9%, frente al 18,4% previsto en enero. En 2012 alcanzará el 17,5% y en 2013, el 16,2% (cinco y siete décimas peor, respectivamente). Esto significa que este año habrá 92.000 parados más de los que se estimaba antes. Entre 2010 y 2011, 115.000 personas más de lo previsto perderán su puesto de trabajo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, aseguró que pese a este nuevo escenario, los gastos estimados para cubrir las prestaciones por desempleo en 2011 serán menores que este año. «Esto se debe a que el número medio de personas sin empleo será menor que en 2010», dijo Salgado. Pero hay otras razones que no dijo la vicepresidenta. A lo largo del año que viene muchos trabajadores que se quedaron sin empleo en 2009 agotarán el periodo máximo para recibir estas prestaciones (dos años). Igualmente, está el hecho, admitido por el propio Ejecutivo, de que muchos de los nuevos parados que puedan aparecer el próximo año tendrán unas condiciones peores al no haber podido cotizar el tiempo suficiente (seis años) para cobrar la prestación durante el máximo de dos años.

En cualquier caso la vicepresidenta segunda matizó que el recorte de gasto en esta partida será pequeño, comparado sobre todo con el ajuste en otras partidas presupuestarias.

La causa principal de esta nueva revisión al alza del paro tiene que ver con el menor crecimiento económico previsto para el mismo periodo. En concreto, para 2011 se pervé un aumento del PIB del 1,3% en media anual, frente al 1,8% estimado inicialmente. Para 2012 subirá un 2,5% (un 2,9% según las estimaciones de enero) y en 2013, un 2,7%, cuatro décimas menos que lo previsto antes. Para este año las previsiones de crecimiento en tasa media anual se mantienen intactas (0,3%).

Unas cifras que, según Salgado, son «coherentes, dentro de las bandas de analistas privados españoles». En su opinión, este menor crecimiento se sustentará en la caída de la inversión y de la activad como consecuencia del recorte de gasto que, por ejemplo, afectará de manera directa a la obra pública y al gasto en infraestructuras. Luego está el efecto sobre el consumo de la menor renta de los funcionarios.

De este modo, el crecimiento que baraja el Ejecutivo para los próximos años tendrá «un mayor sesgo hacia el comercio exterior», mientras que la demanda interna frenará ligeramente su aportación al PIB. Este cuadro refleja por tanto la creencia del Gobierno de que España aumentará sus exportaciones como consecuencia de la recuperación económica en la zona euro y que el turismo será un factor clave para el crecimiento de la economía.

En términos de déficit, el cuadro que baraja el Ejecutivo para el conjunto de las Administraciones supone una necesidad de financiación pública del 9,3% del PIB para 2010 y del 6,0% para 2011. En el caso de la Admnistración Central la importante caída del déficit en 2011 se debe a las liquidaciones del antiguo sistema de financiación territorial a favor del Estado.

Esto es porque en 2008 y 2009 el Estado entregó unas partidas a las Comunidades en base a sus previsiones de ingresos. Como la recaudación del Estado fue menor de la prevista, los gobiernos regionales deben devolver los fondos que han recibido de más, y eso se producirá en 2010 y 2011.

En cualquier caso, el plan de recorte del déficit alcanzará en 2013 el objetivo prometido por el Gobierno a Bruselas de situarse en el 3% previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Esto significa que el Gobierno estima ahora el mismo objetivo que el año pasado, sólo que con el decretazo de por medio. O sea, que el Ejecutivo es consciente de que los ingresos del Estado serán menores y por tanto se hace más apremiante reducir los gastos.


J. G. / Madrid

Fitch baja la nota a España por la rigidez del mercado laboral

Sitúa la nota en AA+ y dice que el «ajuste será difícil y prolongado»

La agencia de calificación crediticia Fitch recortó ayer a España el rating a largo plazo de su deuda pública hasta AA+ debido a que «el proceso de ajuste económico será más difícil y prolongado que en el resto de países que mantienen la máxima nota», tal y como explicó en un comunicado Brian Coulton, director de ratings soberanos de Fitch para Europa.

De este modo Fitch deja a España un escalón por debajo de la máxima nota posible (Triple A), aunque todavía le otorga una calificación superior a la que le da Standard & Poor's, la agencia que peor perspectiva a largo plazo concede a España. Moody's, la otra gran agencia, todavía considera que la deuda pública española es merecedora del máximo nivel.

Según el informe emitido ayer al cierre de la Bolsa, la rigidez del mercado laboral y la reestructuración de las cajas de ahorros dificultarán el ajuste. «Por consiguiente, y a pesar del fuerte compromiso para reducir el déficit, la deuda del Estado alcanzará el 78% del PIB en 2013, comparado con un 40% de antes de la crisis financiera», argumenta Coulton.

En cualquier caso, Fitch recuerda que el nuevo rating sigue reflejando un «perfil crediticio muy fuerte», entidades financieras solventes y una gran experiencia en «responsabilidad en las finanzas públicas». Por estos motivos Fitch otorga una perspectiva «estable» a la deuda española.

Esta acción supone también una rebaja de la deuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como de la deuda bancaria avalada por el Reino de España.

La directora del Tesoro, Soledad Núñez, descartó ayer la posibilidad de que esta acción dificulte la colocación de la deuda o afecte al calendario de emisión, informa Europa Press. Núñez rechazó también que la rebaja pueda afectar negativamente al euro o a las acciones de algunas compañías españolas

s información en páginas 4, 5 y 6


J. E. M. / J. G. / Madrid

El Estado gastará en 2011 apenas 2.000 millones menos

Zapatero embusteroSalgado cifra el recorte en 10.000, pero gran parte es herencia del hecho en 2010

El Gobierno intentó vender ayer que hará un fuerte recorte del gasto público para 2011, pero, en realidad, el ajuste será mínimo si se compara con lo que será el desembolso real que hará el Estado este año.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta económica y titular de Economía y Hacienda afirmó que los Presupuestos Generales del Estado ascenderán en 2011 a 122.856 millones de euros.

Esa cifra es un 7,7% inferior a la previsión inicial de gasto que se tenía para el año pasado. Hace justo 12 meses, cuando el Ejecutivo empezó a elaborar las Cuentas del Estado para 2010, preveía gastar este ejercicio 132.442 millones.

Sin embargo, el denominado tijeretazo, aplicado en dos fases, ha transformado ese descenso en una caída mucho menor. Salgado, en contra de lo que se hizo el año pasado, eludió explicar la caída sobre la previsión de liquidación de este año.

Por un lado, porque, como explicó la propia vicepresidenta segunda, el pasado mes de enero se aprobó un primer acuerdo de no disponibilidad de gasto para el conjunto de los ministerios por importe de 5.000 millones de euros.

Y a eso se suma la decisión de reducir, de media, un 5% el sueldo de los funcionarios y del resto de los empleados públicos, lo que generará un ahorro adicional de 2.500 millones de euros para la Administración General del Estado, mientras que el resto va a parar a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Es decir, el ahorro adicional el próximo año será de poco más de 2.000 millones de euros. Ese será, no obstante, el saldo neto, ya que hay partidas que se comportarán peor el próximo año, como una parte del pago de intereses de la deuda que sí se computa como gastos no financieros y que en 2011 será mayor que en el año en curso. Otros, como la aportación que debe hacer España a la Unión Europea (UE), apenas varía y sobre ella no se puede hacer recorte.

Y luego hay aspectos que ayudan, como un menor gasto en la partida de prestaciones por desempleo, fruto de que, según Salgado, el número de beneficiarios medios será en 2011 inferior al registrado este año.

La obsesión por recortar gastos se ha instalado de tal manera en algunos departamentos que se justifican con todo lujo de detalles hasta los desembolsos más nimios. Es el caso del Ministerio de Educación que, por vez primera, argumentó ayer el porqué de su contribución de unos 100.000 euros para el desarrollo de diversos estudios de su ámbito, informa Paloma Díaz Sotero.

Los ministerios, según advirtió Salgado, deberán apretarse con fuerza el cinturón en 2011. En sus manos habrá alrededor de un 14% o un 15% menos de recursos que los que se les asignaron el 1 de enero de este año (aunque luego ya se les recortaron).

En cuanto a la partida de ingresos, mejorará un 5% en términos comparables, fruto del impacto total de la subida del IVA o del final de la deducción para la compra de vivienda, entre otras medidas fiscales.

El Gobierno redujo en 2.500 millones el dinero para los ministerios en enero
La reducción salarial a los funcionarios supone un ahorro adicional de 5.000

BEGOÑA P. RAMÍREZ / Madrid

Méndez llama «sicario» a un alto directivo de CEOE

Zapatero embustero

Insulta a José Luis Feito, quien le tachó de «inmaduro» por amenazar con la huelga

Patronal, sindicatos y Gobierno van a pasar el fin de semana sentados a una mesa buscando puntos de encuentro que desemboquen en una reforma laboral por consenso. Pero ayer, ante los micrófonos, los primeros tientos fueron de todo menos diplomáticos. «Son reacciones infantiles, inmaduras, que no están a la altura de los tiempos y de las circunstancias», abrió la caja de los truenos el presidente de la Comisión de Economía de la CEOE, José Luis Feito, refiriéndose a la convocatoria de huelga anunciada por los sindicatos. A su juicio, «instituciones que no son conscientes de la responsabilidad que desempeñan ni de la situación económica en la que viven». El líder de UGT, Cándido Méndez, le respondió llamándole «sicario». «Sí, asesino a sueldo», recalcó.

José Luis Feito también había calificado de «absurdo» el anuncio de huelga general. «Como el niño que le dice a su madre que, para hacerle daño, no come», informa Europa Press. Y volvió a reclamar una reforma laboral «de calado» porque, de lo contrario, aseguró, «no servirá de nada el ajuste que se acaba de decretar para el gasto público». Por «calado» el dirigente empresarial entiende cambios sustanciales en las condiciones actuales del despido y en las modalidades de contrato. Precisamente los asuntos que los sindicatos no quieren tocar.

Feito ya había abonado la polémica cuando, el pasado marzo, publicó un artículo en el que pedía rebajas salariales en España. «Cuanto más caigan los salarios por persona ocupada y hora trabajada, mayores serán las posibilidades de aumentar el empleo e impulsar la actividad productiva», aseguraba. Para la UGT, que también le respondió entonces, el argumento era sencillamente «obsceno».

Ayer, el presidente de la Comisión de Economía de la patronal se declaró a favor del copago sanitario y de reformar las pensiones. Según explicó, ampliar la edad de jubilación y el periodo de cálculo de la pensión «es uno de los métodos más baratos de ajustar el gasto público». Además, explicó, si se hace de forma gradual, será prácticamente imperceptible. «No cuesta absolutamente nada», añadió, «y no tiene ningún coste social».

Cándido Méndez entendió ayer las declaraciones de José Luis Feito como un intento de torpedear la ya de por sí delicada negociación sobre la reforma laboral. «Pero no va a conseguir añadir dificultades al proceso», remachó el dirigente sindical en un acto de la UGT madrileña.

El dirigente sindical criticó que «algunos» quieran aprovechar la reforma laboral para «devaluar el factor trabajo» y subrayó que los sindicatos no están dispuestos a firmar «cualquier acuerdo». En cuanto al Diálogo Social, Méndez interpretó la cancelación del viaje a Brasil del presidente del Gobierno como un reconocimiento «implícito» de que el plan de ajuste ha supuesto «un problema serio» para las negociaciones. También reprochó al Gobierno que haya «sucumbido» a las presiones internacionales y optado por «lo facilón»: recortar el salario de los empleados públicos y congelar las pensiones.

En su opinión, la alternativa estriba en subir los impuestos a las rentas más altas y luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. «Con que hubiera aflorado», explicó Méndez, «una quinta parte de la economía sumergida, que representa el 25% de la actividad económica y tiene cinco veces la magnitud del ajuste, se podría haber evitado este atropello contra los funcionarios y los pensionistas».

. SEGOVIA / Sitges

Zapatero da a los agentes sociales otra semana para pactar la reforma

Corbacho impone un ultimátum, UGT se desmarca y Díaz Ferrán es «optimista»

Enviado especial

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anuló en vano su viaje a Brasil para desbloquear la reforma laboral. Ésta sigue en vía muerta, aunque el Gobierno ha dado un plazo adicional de una semana a los negociadores por si puede evitar seguir los pasos de José María Aznar con otro decretazo más duro que el que reprochó al ex líder del Partido Popular.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, dio ayer un nuevo ultimátum de una semana más al asistir en Sitges a las jornadas anuales del Círculo de Economía. Eso sí, «la semana que viene será la definitiva para ver si hay posibilidad de un acuerdo o no», dijo. En Moncloa dieron por seguro que no dará tiempo a emitir un Decreto de reforma laboral el próximo viernes, pero sí al siguiente, el 14 de junio. Entre medias, el Ejecutivo debe pasar un difícil examen ante los ministros de Economía de la UE que deben determinar si las medidas adoptadas hasta ahora por España cumplen sus compromisos para merecer la protección de un plan de rescate europeo.

«Mientras hay vida hay esperanza», declaró escéptico Corbacho. En su opinión, no habrá en todo caso decretazo posterior, sino «un instrumento legislativo».

También en Sitges, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, se desmarcó de cualquier calendario. «A nosotros los plazos y límites del Gobierno ni nos acucian ni nos obstaculizan». En su opinión, el problema es «si se quiere enfocar la reforma laboral para afrontar la economía real o para satisfacer a los mercados». «Que nadie se equivoque, la reforma laboral, no creará empleo. Sólo el crecimiento económico creará empleo. Si no fuera así, UGT habría firmado la reforma laboral hace dos años».

El director general de Agbar, Ángel Simón, preguntó a Méndez qué posibilidaes veía de firmar un acuerdo. «Es difícil», dijo. Simón le pidió que, al menos, cerrar acuerdos parciales sobre temas en los que ya haya acercamiento, a lo que Méndez no respondió.

Por su parte, el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se declaró «optimista» en Alicante. El jefe de la patronal razonó que, bien porque se firme un acuerdo o bien porque el Gobierno tendrá que legislar, habrá reforma laboral, lo que consideró positivo para la economía nacional.

Por otra parte, en un debate sobre la reforma de las pensiones organizado por el Círculo de Economía, la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, reprochó a Corbacho ante el auditorio el modo en que el Gobierno ha planteado los cambios. «Se equivocó al hacerlo sin un debate previo». En su opinión, ese error «es doblemente triste», porque la patronal de seguros está de acuerdo con las modificaciones que propone el Ejecutivo, pero teme que, al haber sido planteadas de forma sorpresiva, vayan a fracasar en la negociación del llamado Pacto de Toledo.

J. E. MAÍLLO / Madrid

Caja Madrid se une a 5 pequeñas entidades para intentar solicitar fondos del Frob

Rodrigo Rato ya tiene la fusión que deseaba. La absorción, a través de la fórmula más políticamente correcta y asumible por los gobiernos autonómicos del SIP (Sistema Institucional de Protección).

Caja Madrid aglutinará a Caja Segovia y Caja Ávila -que el jueves abandonaron el barco de Banca Cívica-, Caixa Laietana y el proyecto que ya tenían en marcha Caja Rioja y Caja Insular de Canarias. Suman 227.000 millones de activos, 19.000 empleados y casi 3.000 oficinas, lejos aún de La Caixa.

La entidad madrileña requiere de más socios para su proyecto. El volumen de activos que tienen las cinco pequeñas cajas con las que se fusiona es insuficiente para que la entidad que preside Rato pueda pedir el respaldo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

La clave está en el acuerdo que adoptó la Comisión Rectora del Frob el pasado mes de enero en el que se establecían las condiciones para disponer de su ayuda.

La más conocida era la que establecía un límite mínimo en el 2% de los activos ponderados por riesgo a partir de la cual se requiere el examen individualizado del expediente de concentración por parte de la Unión Europea.

Pero hay otro: «La integración deberá suponer una transformación de todos los integrantes, de modo que la agregación de las entidades participantes en la misma generen un total balance inicial superior, al menos, en una cuarta parte al total balance de la mayor entidad participante».

Es decir, Caja Madrid necesita para sanear su maltrecho balance (en 2009 evitó los números rojos sólo por la actividad de Tesorería) que el conjunto de las cajas con las que se fusiona sumen un 25% de sus activos y, con las que está negociando hasta el momento, los números no salen.

Porque la entidad que preside Rodrigo Rato tiene unos activos totales a 31 de diciembre de 2009 de 191.904 millones de euros. Mientras que Insular Canarias (9.305), Laietana (9.191), Ávila (7.115), Segovia (6.172) y Rioja (3.873) suman un balance de 35.656 millones de euros.

Esta cantidad equivale al 18,5% de los activos de Caja Madrid, o dicho de otra manera, a la entidad le hace falta encontrar socios que aporten al proceso de integración otros 12.320 millones de euros.

Fuentes próximas al proceso reconocieron ayer a este diario que ya se está en contactos con otras entidades que quieran participar en el SIP liderado por Caja Madrid.

El propio presidente de Caja Segovia, Atilano Soto, subrayó a Efe que «en alguna fecha» se puede integrar alguna caja más que se sienta atraída por el peso financiero de la entidad madrileña.

El nuevo SIP, según ha podido saber este diario, se articulará a través de un banco de los que hoy forman parte de la entidad que preside Rato. Esto da prueba evidente de quien lidera la operación y de que lo que se llama SIP es, en realidad, una absorción en toda regla.

Las negociaciones que fructificaron ayer se iniciaron hace dos semanas. Pero se llevaron con total secretismo, hasta el punto de que en el consejo de administración que el martes celebró Caja Madrid no se dijo ni una palabra al respecto.

Las seis cajas, más las que se sumen, quieren plantear de forma definitiva su proyecto antes del 14 de junio, para dar tiempo a presentar ante el Banco de España y el Frob la solicitud de ayudas.

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