EL DESAFORADO INCREMENTO PATRIMONIAL DE BONO:
MANUEL SÁNCHEZ / Madrid
Bono se presenta como víctima de un ataque «por cristiano y socialista»
El PSOE le aplaude y el presidente dice que si Franco no pudo con él, «éstos, tampoco»Ante la más nutrida reunión del Grupo Socialista que se recuerda desde hace meses, el presidente de la Cámara Baja, José Bono, no hizo acto de contrición, pero sí se presentó como mártir [persona que muere o padece mucho en defensa de sus creencias, convicciones o causa] del «cristianismo y del socialismo».
A Bono le bastaron 10 minutos para hacer un discurso a su más puro estilo político, que levantó un aplauso de cerca de tres minutos de todos los diputados del PSOE.
No dio explicaciones de su patrimonio -dijo que «jamás un diputado ha hecho el ejercicio de transparencia que él ha hecho»-, pero sí quiso explicar qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.
Bono, según distintas fuentes consultadas, lo aclaró por dos causas fundamentales: «Se meten conmigo por ser cristiano y socialista», dijo.
El presidente de la Cámara Baja indicó que no le perdonan que defienda a España, que defienda la lucha contra el terrorismo y que sea cristiano.
Y, según dijeron a EL MUNDO varios de los presentes en la sala, añadió: «Ni que lo sea por solidaridad, no por la bragueta», comentario que provocó múltiples interpretaciones entre los diputados socialistas.
Bono, además, hizo un acto de fortaleza, y aseguró que «si el franquismo» no pudo con él, «éstos tampoco», aclarando que no tiene ni la más mínima intención de dimitir de su cargo.
A su forma, lo explicó en otra metáfora no exenta de segundas lecturas: «Sufre más el que mira que el que enseña».
El presidente de la Cámara Baja, además, explicó a sus compañeros que es objeto de una campaña de la «derecha más extrema» y señaló que, cada cierto tiempo, «hay un caso Bono».
En este sentido, recordó lo ocurrido hace años en una manifestación en favor de las víctimas del terrorismo, donde presuntamente fue agredido.
Bono, además, estuvo tierno. Dijo que lleva 41 años en el PSOE, que es su «familia»; que pase lo que pase va a seguir «siendo imparcial» en su función como presidente de la Cámara Baja, y que ha acumulado «un capital político» que no piensa perder.
En el capítulo de agradecimientos, indicó que había recibido 103 SMS de entre los 169 diputados socialistas manifestándole su apoyo, su respaldo o su ánimo.
Además, que eran multitud los correos electrónicos que tenía de los parlamentarios del PSOE en la misma línea. Y tampoco ocultó que tenía bastantes mensajes de apoyo de diputados del PP.
Y que, por todo ello, quería expresar personalmente su gratitud ante el respaldo que ha tenido en unas circunstancias que, no ocultó, son muy difíciles para él y para su familia.
También desveló que hace bastantes días envió al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, toda la documentación sobre su patrimonio y sus bienes, pero, «a día de hoy», no ha «recibido ninguna respuesta», afirmó.
El acto terminó con un aplauso cerrado a Bono de los diputados del PSOE, que no le hicieron ninguna pregunta.
Alonso, antes de la salida de Bono, dio su pleno respaldo al presidente de la Cámara Baja, lo que también hizo posteriormente en conferencia de prensa.Para Alonso, Bono ha hecho un «ejercicio de transparencia» y aseguró que «el PP no se va a salir con la suya».
Alonso añadió que Bono es «un buen presidente del Congreso» que «no se merece» la campaña de «insidias» de un PP que, en su opinión, sólo busca «ocultar verdades y realidades como los escándalos de corrupción que le afectan», en referencia al caso Gürtel.
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid
El PP dice que crecen «las dudas» sobre el presidente del Congreso
El PP dejó ayer bien claro que no va a cejar en su cerco a José Bono. El mismo día en que el presidente del Congreso abundaba en su estrategia de convocar a los suyos para «agradecer» el apoyo recibido frente a la «campaña» desatada contra él, Génova remitía al fiscal general del Estado su tercer escrito de alegaciones sobre el incremento de su patrimonio.
El escrito de ampliación recogía las últimas explicaciones de Bono en El País y las «revelaciones» de La Gaceta y El Confidencial que, según el PP, ya no sólo suponen «desajustes patrimoniales», sino que, «de ser ciertas», «podrían ser constitutivas de delito» y deberían ser investigadas por la Fiscalía Anticorrupción.
En concreto, La Gaceta informaba de que la Junta de Castilla-La Mancha, bajo presidencia de Bono, recalificó terreno para la construcción de 7.000 viviendas en favor de Reyal Urbis, la constructora cuyo dueño, Rafael Santamaría, pagó la decoración de varias casas de Bono. En cuanto a El Confidencial, el PP recogía la información de que Bono compró un caballo con billetes de 500 euros envueltos en periódicos. Ambos medios de comunicación coincidían, además, en publicar que el constructor Santamaría también regaló dos caballos al ex presidente autonómico para su hípica.
Por su parte, a los pocos minutos de conocerse el escrito, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, se ocupó de redoblar la presión sobre el presidente de la Cámara. Afirmó que, por más que José Bono «venda» que «se está explicando» sobre su patrimonio, «más dudas tienen los ciudadanos», porque, en su opinión, «las explicaciones son muy exiguas» frente al creciente caudal de información «que llega», y no las da «donde las tiene que dar», en referencia a la Comisión del Estatuto del Diputado.
En vísperas de que el Tribunal Supremo decida sobre la reapertura o el archivo de la causa de los trajes contra Francisco Camps, Sáenz de Santamaría aprovechó para decir al PSOE que no está «legitimado» para reprochar al PP su exigencia de explicaciones al presidente de la Cámara.
LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid
Montilla se adelanta a 21 comparecencias en el Senado
El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, comparecerá ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado el próximo día 24 para exigir la renovación pendiente del Tribunal Constitucional (TC) y que ésta se produzca antes de que el órgano dicte una sentencia sobre el Estatuto.
Así lo decidió ayer por unanimidad la Mesa de este órgano, que admitió la petición de Montilla. El president acude al Senado porque cuatro magistrados del TC tienen su mandato caducado y es la Cámara Alta la que tiene que proceder a su renovación. Se adelantará a 21 peticiones de comparecencia en esta comisión. En teoría, la Comisión General es la más importante del Senado, pero también es la que menos se convoca. De hecho, hace seis meses que no se reúne.
El portavoz del PP, Manuel Blasco, denunció el «trato de favor» que el PSOE da a la petición de Montilla sobre las de los presidentes de Murcia, La Rioja o Ceuta, que no han sido atendidas. Los tres han pedido sin éxito que la Comisión acoja el Debate sobre el Estado de las Autonomías -hoy lo volverá a hacer el PP- que, en teoría, debería convocarse una vez al año. Además, hay 21 peticiones de comparecencia de seis ministros pendientes de producirse. «Respetamos la petición de Montilla», explicó Blasco, «pero exigimos al PSOE el mismo respeto hacia el resto de presidentes».
El portavoz socialista, José Ignacio Pérez Sáenz, negó que el PSOE prime a Montilla sobre otros mandatarios y resaltó que la Comisión se volverá a reunir si cualquier otro presidente pide comparecer.
Sea como sea, Montilla dispondrá a final de mes de una tribuna privilegiada para reclamar el desbloqueo del TC. Con él podrá debatir un miembro del Gobierno -cuya designación decidirá Moncloa- y otros presidentes regionales si lo desean.
La Comisión General es el único órgano del Senado donde pueden usarse todas las lenguas oficiales. Por ello, el president se dirigirá a la Cámara y al Ejecutivo en catalán.
Manuel Blasco preguntó ayer en el Pleno al vicepresidente tercero, Manuel Chaves, por qué el Gobierno no acude a esta comisión. En su opinión, es una «prueba del desprecio del Ejecutivo hacia el Senado».
Chaves le respondió que los miembros del Gobierno han comparecido 186 veces en el Senado y nueve veces en la Comisión General. El ministro replicó al PP que lo que le preocupa es «la comparecencia de Montilla». «No resuciten sus demonios cada vez que una iniciativa proviene de Cataluña», espetó.
También en el Pleno de ayer, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, acusó al PP de ser el responsable del bloqueo en la renovación del TC por «utilizar las instituciones con fines partidistas». Caamaño fue interpelado por el senador de ICV Jordi Guillot, que exigió al Gobierno que adopte «acciones proactivas» para conseguir la renovación del TC.
X. BORRAS / G.PEÑALOSA
Valencia
Hacienda ve indicios de financiación ilegal en el PP de Camps
El Supremo decide hoy el futuro político de Francisco Camps y éste optó ayer por colocarse de perfil para resistir «pase lo que pase». Su estrategia se complicó por la tarde, al conocerse otro informe de la Agencia Tributaria que confirmaría los indicios de financiación ilegal del PP valenciano. Según la investigación, el PP ocultó gastos de la campaña de 2007 por 2,5 millones. Sigue en página 12
En el día en que los cinco jueces del Tribunal Supremo deben decidir si devuelven a Valencia el caso de presunto cohecho impropio contra Francisco Camps y otros tres altos cargos para que prosiga la investigación, la sombra de una posible financiación irregular del PP valenciano se hace más alargada.
El documento de la Agencia Tributaria conocido ayer, que lleva fecha del 6 de mayo, analiza la contabilidad de Orange Market y extrae conclusiones demoledoras sobre los gastos electorales de la campaña del PP de la Comunidad Valenciana en 2007. Fruto de estos trabajos, concluye, el PP pudo defraudar a Hacienda 2,5 millones.
El informe aportado al magistrado instructor es la radiografía con la que los inspectores de la Agencia Tributaria desarrollan el informe previo de la Unidad de Blanqueo de la Policía el 27 de julio.
Este nuevo documento revela que en 2007 Orange Market facturó con el PP de Valencia y con la Generalitat Valenciana más servicios de los que declaró. Durante ese ejercicio, Orange Market documentó mediante facturas e incluyó en su contabilidad «solamente una parte de los servicios realizados», pero también prestó otros «que no incluyó en su contabilidad, ocultando el cobro recibido por ellos».
«El receptor único o principal de estos servicios, que dan lugar a cobros supuestamente no incluidos en contabilidad, es el Partido Popular de la Comunidad Valenciana», asegura la Agencia Tributaria, que agrega que esos cobros en B se obtuvieron «en el marco de las elecciones valencianas y las elecciones locales de 2007».
El informe recoge que Orange Market recibió en 2007 un total de 3,3 millones por los actos electorales del PPCV e indica que 2,8 fueron en B y el resto en A. La empresa de El Bigotes, según el mismo documento, recibió en 2007, también en dinero negro, 200.000 euros de una persona llamada El príncipe, mientras que también recibió 199.000 euros de alguien conocido como El cantante.
Según la documentación, Orange Market declaró haber prestado servicios al PPCV por importe de 751.903,44 euros, mientras que facturó otros 1.132.880 euros a la Generalitat Valenciana y a organismos dependientes de ésta. Aparte se cita a empresas como Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A., Constructora Hormigones Martínez S.A., Luis Batalla S.A., Padelsa Infraestructuras S.A., Piaf S.L. y otras que contribuyeron a sufragar parte de los gastos de la campaña.
«De la documentación incautada en la sede de Orange Market se deduce que los servicios prestados al primer bloque de clientes son bastante superiores a los declarados contable y fiscalmente, y hay dudas razonables de que algunos de los servicios prestados al tercer bloque pudieran no ser reales y encubrir la prestación de servicios al cliente del primer bloque», añade Hacienda.
El informe, asimismo, analiza la relación de los ingresos que pudo ocultar Orange Market con los gastos del PPCV derivados de las dos citas electorales. La conclusión es que «del gasto total de la campaña, incluyendo la parte correspondiente a la cuota del IVA repercutido (en los casos en los que Orange Market emitió factura), una parte fue pagada por el PPCV y otra por terceros». «La opacidad con la que se entregan las cantidades a Orange Market para el pago de los gastos de la campaña hace presumir que no se correspondan con recursos declarados o transparentes; por ello presumimos que esos pagos del PPCV se corresponden con donaciones o aportaciones anónimas de terceros», afirman.
La Agencia Tributaria también constata que Orange Market disponía de una contabilidad B que alimentaba a la trama corrupta con sede en Madrid. La Policía ya señaló en su informe que parte del dinero se destinaba a pagar sobornos a cargos del PP con capacidad para adjudicar contratos. Y Hacienda da una cifra: 1,8 millones de euros.
El informe agrega que «la aplicación de los principios contables más básicos» obligaba al PPCV «a registrar como un ingreso propio de su actividad las donaciones o aportaciones recibidas, y como gasto del ejercicio los servicios adquiridos a Orange Market o a terceros por conceptos de realización de los actos de campaña y de comunicación».
Hacienda recuerda que la ley no permite compensar un ingreso con un gasto sin reflejarlo en las cuentas y subraya que «ése es el fin de la contabilidad, dar información a la propia empresa y a terceros de la situación financiera de la entidad, pero también de la corriente real de bienes y servicios que circulan por ella».
MARIANO GASPARET / Valencia
Los 'populares' denunciarán al funcionario que hizo el informe
El PP se querellará «por falsedad en documento público y prevaricación» contra el funcionario de Hacienda responsable del informe que ratifica que la organización que preside Francisco Camps en la Comunidad Valenciana pudo incurrir en irregularidades contables en 2007 -año electoral- para ocultar donaciones de empresas adjudicatarias de la Generalitat que, además, contrataban los servicios de El Bigotes.
El PP, tal como hizo cuando la Brigada de Blanqueo de la Policía denunció una supuesta trama de financiación irregular del partido, y cuando la Unidad de Auxilio Judicial denunció el quebranto sistemático de la Ley de Contratos por parte de la Generalitat, ha decidido abrir fuego sobre el abajofirmante y enmarcar el documento de la Agencia Tributaria en «una campaña estatal orquestada por el Gobierno socialista para dañar la imagen de este partido y de sus dirigentes».
En un comunicado elaborado anoche, de argumentario mimético al utilizado por la Abogacía de la Generalitat contra la Unidad de Auxilio Judicial, los populares valencianos advierten de que el informe de Hacienda «carece de validez a efectos probatorios», que su pretensión es «sencillamente inculpar», y que «por segunda vez con informes ad hoc se pretende condicionar la decisión de un tribunal».
El partido subraya el hecho de que el informe sobre las presuntas irregularidades contables del PP valenciano se haya dado a conocer horas antes de que el Supremo se reúna -hoy mismo- para decidir si acepta los recursos presentados por la Fiscalía y el PSOE contra el archivo del asunto de los trajes. El 31 de julio pasado, también horas antes de que el TSJ valenciano fallara el sobreseimiento de esta causa, se desveló el ya conocido informe de la Brigada de Blanqueo. Según los populares, este hecho pone de manifiesto una «intencionalidad política inequívoca» y abona la tesis de la «campaña estatal» contra Camps, una conspiración en la que meten explícitamente a los ministerios de Interior y Economía.
«Se vuelven a presentar los mismos datos manipulados, con idéntico objetivo, pero con distinto membrete... Es vergonzoso que en un Estado de Derecho se intente, por estamentos del Estado, presionar a los tribunales en sus decisiones», arguye el PP. En opinión de los populares, la Agencia Tributaria no analizaba las cuentas del PP, «que tiene al día sus responsabilidades tributarias», sino las de Orange Market, por lo que no cabrían conclusiones contables sobre el PP. El caso es que la empresa de El Bigotes trabajaba casi en exclusiva para el PP.
posted by e-pesimo | 06:11
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