DELINCUENCIAS ZP, PARA ENCUBRIR EL 11-M: Interior envió al Congreso los datos que NIEGA a la juez del 11-M

Interior envió al Congreso los datos que no dio a la juez del 11-M

MANUEL MARRACO / Madrid

La información que el Ministerio del Interior niega a la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M para que fundamente su querella contra el comisario Sánchez Manzano, alegando su carácter secreto, fue divulgada en 2006 por el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria y puede consultarse en la web del Congreso.

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Se trata del apartado de las normas de actuación de los Tedax que fija la responsabilidad sobre la custodia de las muestras recogidas en los focos de explosión. A través de la juez, las víctimas reclamaron ése y otros datos sobre las competencias de Juan Jesús Sánchez Manzano dentro de la querella que interpusieron contra el ex comisario de los Tedax por su actuación en la investigación de la masacre. Entre otros aspectos, la asociación quiere conocer a quién señala la norma como responsable de custodiar los cientos de muestras que se recogieron. Apenas una veintena llegaron al Laboratorio de la Policía Científica.

La respuesta de Interior a la juez de Madrid Coro Cillán ha sido que el dato es secreto y, por lo tanto, no se lo puede proporcionar. «La documentación requerida por ese juzgado afecta al ámbito de la información y la lucha antiterrorista, así como a las técnicas operativas utilizadas en este campo por las Unidades de Desactivación de Explosivos, la cual, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 16-02-1996, es materia clasificada con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales».

La negativa fue remitida a la juez en marzo y abril. Sin embargo, el 16 de octubre de 2006, el Gobierno reprodujo el contenido de la norma que piden las víctimas en una respuesta escrita a la entonces diputada popular Alicia Castro. Tres meses antes, esta parlamentaria había presentado 200 preguntas sobre la investigación de la masacre, entre ellas quién era responsable de la custodia de la metralla encontrada en la mochila de Vallecas.

La respuesta de Interior fue que «en base a la normativa que regula la especialidad de Desactivación de Explosivos y Resolución de 19 de mayo de 1989 de la Dirección General de la Policía, se recoge como una de las funciones que corresponde a la Unidad Central, en su punto PRIMERO apartado L. 'La custodia y depósito, a disposición de las Autoridades Judiciales o Administrativas, de los elementos no explosivos de los artefactos explosivos o incendiarios; así como los restos de explosiones'».

Es decir, que era Manzano, entonces al frente de la Unidad Central, el responsable de la custodia, tal y como ya han declarado varios testigos.

Tras el primer intento de que Interior remitiera íntegramente la Resolución de 19 de mayo de 1989, sobre normas provisionales de actuación del servicio de desactivación de explosivos, la asociación optó por reclamar únicamente los dos puntos más relevantes: quién custodia las muestras y quién es competente para analizarlas.

Interior también se negó a esa opción, pese a que uno de esos puntos, el apartado L, es el que el Gobierno reprodujo íntegramente en su respuesta parlamentaria para aclarar las competencias sobre la custodia.

Tras la segunda negativa, la asociación ha pedido a Interior, a través de la juez, que confirme o desmienta -sin necesidad de remitir copia de la norma- que el responsable de la custodia era el jefe de la Unidad Central y que los análisis de los restos del 11-M tenía que haberlos practicado la Policía Científica, y no los Tedax.

No sólo Interior ha divulgado el documento que considera sometido a la Ley de Secretos Oficiales. También Sánchez Manzano lo adjuntó a la demanda de protección al honor que interpuso contra EL MUNDO. En esa ocasión, Sánchez Manzano entregó la normativa de manera íntegra. El ex jefe de los Tedax no sólo se encontró con su demanda denegada, sino que ahora está imputado, junto al perito que en el 11-M estaba bajo su mando, por los presuntos delitos de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y ocultación de pruebas.