DELINCUENCIAS ZP, EL INCONSTITUCIONAL ESTATUT: Una calle para un terrorista catalán/ PSOE y PP creen que el TC no se podrá renovar antes de las elecci

MANUEL MARRACO / Madrid

La Audiencia admite dedicar una calle a un terrorista catalán

Vendrell fue condenado por el asesinato de José María Bultó

La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la causa abierta contra un ex alcalde de Santa Coloma de Cervelló por dedicar una calle a Jaume Martínez Vendrell, condenado por el asesinato del industrial catalán José María Bultó. La Sección Segunda de lo Penal considera que la actuación de Josep Comellas, primer edil del municipio barcelonés cuando se tomó la decisión, no encaja en el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas, frente a lo mantenido por la familia del asesinado.

Bultó murió el 9 de mayo de 1977 al estallar el explosivo que los terroristas habían adosado a su pecho tras exigirle un rescate. Vendrell fue condenado a 12 años como cómplice por omisión en el crimen, aunque huyó de España y no cumplió la condena. El asesinato fue reivindicado por el Exèrcit Popular Català, rama militar del Front Nacional de Catalunya, movimiento de oposición al franquismo del que Vendrell fue fundador. La querella de la familia Bultó llegó en 2007, cuando el Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló colocó una placa en la que se leía «Passatge Jaume Martínez i Vendrell, Patriota català (1915-1989)».

La decisión de cerrar la causa ha sido adoptada por los magistrados Fernando García Nicolás (presidente), José Ricardo de Prada (ponente) y Julio de Diego, que siguen así el criterio de la Fiscalía y el del juez instructor, Ismael Moreno, que archivó la causa en 2008.

En su argumentación, la Sala estima que existían otras facetas de la vida de Vendrell ajenas a ese asesinato que podrían explicar un reconocimiento público, tal y como alegó en su declaración el querellado. «No puede compartirse que lo que defina de forma absoluta, por encima de cualquiera otra cualidad, circunstancia o situación, a la figura histórica de Jaume Martínez Vendrell, sea su condición de terrorista, y que esta circunstancia le haya de acompañar, sin remisión ni matices de clase alguna, toda su vida, tal como afirma de forma absoluta y categórica la parte recurrente», dicen los magistrados, tras describir la vida de Vendrell como un «iter vital complejo, sin duda singular y, en importantes aspectos, controvertido, pero enormemente condicionado por la convulsa historia reciente de España en el siglo pasado».

El tribunal también pone objeciones a la sentencia del Tribunal Supremo que en 1981 condenó a Vendrell. Una sentencia «formalmente vigente», dicen, pero susceptible de ser cuestionada por las circunstancias que la acompañaron. La principal, que los autores del asesinato fueron absueltos tras recurrir al Tribunal de Estrasburgo. La condena de un mero cómplice por omisión como Vendrell, dice la Sala, no fue revocada porque no fue recurrida. «No resulta en absoluto ni disparatado ni ilegítimo el cuestionamiento o puesta en duda de la condena», señala el auto.

Finalmente, la Sala también descarta «cualquier intención siquiera remota» del alcalde querellado de enaltecer el terrorismo o humillar a las víctimas.

Antes de pasar a enumerarlas, los magistrados se cuidan de advertir de que las consideraciones que les llevan a confirmar el archivo «deben interpretarse dentro del contexto del más puro o estricto análisis jurídico, [...] y, por supuesto, se hacen desde el máximo respeto y consideración debida a las víctimas inocentes, como lo fue el Sr. Bultó, que sufrieron directamente execrables e injustificables actos de violencia política de una crueldad inusitada».

La decisión de la Sección Segunda no es recurrible.

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

PSOE y PP creen que el TC no se podrá renovar antes de las elecciones catalanas

Varios parlamentos autonómicos tendrán que volver a aprobar nuevos candidatos

La Junta de Portavoces del Senado resucitó ayer el proceso de elección de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que tienen su mandato caducado desde hace más de dos años. Desde entonces, su elección está bloqueada por el rechazo del PSOE a los candidatos del PP.

Sin embargo, la reactivación prometida por Rodríguez Zapatero al presidente de la Generalitat, José Montilla, puede quedarse en nada. Fuentes del PP y del PSOE estiman que el procedimiento que se avecina puede hacer imposible que la elección de los nuevos jueces se produzca antes de los comicios catalanes, previstas para noviembre. Los socialistas tampoco trabajan con la hipótesis de que la renovación se produzca en plena campaña electoral. Por eso, quieren solucionarlo cuanto antes, pero puede que no sea posible.

Ayer, el Grupo Socialista y la Entesa Catalana de Progrés (PSC, ERC e ICV-IU) pidieron en la Junta de Portavoces la convocatoria de la Comisión de Nombramientos para estudiar a los candidatos que fueron propuestos por las comunidades autónomas hace ya casi tres años.

Pero puede haber un importante obstáculo que se traduzca en otro retraso: las propuestas de los parlamentos autonómicos se hicieron en 2008 -luego se metieron a un cajón porque el PSOE rechazó de plano los que propusieron las comunidades gobernadas por el PP-.

Dos años después, algunos de aquellos 23 candidatos ya no pueden optar a ser jueces del Constitucional. El Parlamento de Andalucía, por ejemplo, propuso a Juan Carlos Campo, que ahora es secretario de Estado de Justicia. Y la Asamblea de Extremadura a Ángel Juanes, actual presidente de la Audiencia Nacional. Y hay otros casos.

Este inconveniente fue citado ayer por el portavoz del PP, Pío García-Escudero, junto a uno más: en dos parlamentos ha habido elecciones. Se trata del gallego y del vasco. En el primero, la antigua mayoría que conformaban el PSOE y el BNG ha sido sustituida por una mayoría absoluta del PP. En el segundo, el pacto entre el PNV, EA e IU ahora ha cambiado por otro acuerdo entre PSOE y PP. Los populares, por tanto, reclaman que esos parlamentos hagan nuevas propuestas. Un argumento que no acepta el PSOE.

García-Escudero propuso solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para que aclaren qué hay que hacer: trabajar con los 23 candidatos que están encima de la mesa o pedir a las asambleas que se ratifiquen en sus propuestas.

Si es necesario seguir la segunda vía, el Senado se tendrá que dirigir a los parlamentos autonómicos. Y algunos tendrán que volver a activar su proceso de elección, con lo que tendrían que convocar plenos en junio -si da tiempo- o ya en septiembre, cuando vuelve a haber periodo de sesiones, de manera que las nuevas propuestas difícilmente estarían otra vez sobre la mesa del presidente del Senado antes de octubre, con las elecciones catalanas ya encima.

L. MAYOR / D. G. SASTRE / Barcelona

Montilla pedirá al Tribunal que se inhiba por estar «desfigurado»

Benach reclamará la incompetencia en «legítima defensa»

El Gobierno y el Parlamento catalanes formalizarán de inmediato sendos escritos reclamando al Tribunal Constitucional que se autodeclare incompetente y «se abstenga» de dictar sentencia sobre el Estatut. Ambas instituciones ejercerán dichas acciones tras haber revisado los informes elaborados por sus equipos de abogados, que consideran, entre otras cosas, que el Tribunal «está desfigurado» por su actual composición, que «infringe el modelo constitucional».

Esta decisión tiene su origen en la resolución aprobada por una amplia mayoría del Parlament -CiU, PSC, ERC e ICV- a finales de abril. El acuerdo instaba al Govern a promover la renovación de los cuatro magistrados cuyo mandato ha caducado y la sustitución del que falleció. El presidente de la Generalitat, José Montilla, cumplió con el mandato el lunes, cuando compareció ante el Senado para pedir la renovación del Constitucional.

Además, la resolución instaba a los grupos catalanes a pedir una reforma de la Ley Orgánica del TC, cosa que se hizo también el lunes en el Senado. Por último, invitaba a solicitar al Tribunal que se declare incompetente a sí mismo para dictar sentencia sobre el Estatut. Para cumplir con este último cometido, tanto el Parlament como el Govern pidieron informes jurídicos.

Los abogados del Ejecutivo concluyeron ayer que la actual situación «desfigura el modelo de TC establecido en la Constitución». Los juristas del Parlament concluyeron que la existencia de cuatro jueces cuyo mandato ha caducado es «una vulneración directa y frontal de la Constitución». Sobre esa base, el presidente del Parlament, Ernest Benach, aseguró ayer que la Cámara interpone su reclamación en «legítima defensa».

Por su parte, el líder de CiU, Artur Mas, anunció que su grupo llevará también al Congreso la reforma de la ley del TC.

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

El catalán separa a Cospedal y Sánchez-Camacho

La secretaria general cree 'esperpéntico' su uso en el Senado y su compañera lo defiende

La reacción que provoca el uso del catalán en el Senado parece depender a veces más del origen del senador que de su grupo político. Aunque sin aspavientos, la secretaria general del PP, la castellana María Dolores de Cospedal, y la presidenta del PP de Cataluña, la gerundense Alicia Sánchez-Camacho, discreparon ayer abiertamente sobre el uso de las lenguas oficiales en la cámara de representación territorial.

Comenzó disparando Cospedal. En una entrevista en la Cope, calificó de «esperpento» que el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, tuvieran que usar en sus intervenciones en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del lunes la traducción simultánea. El primero habló en catalán durante casi todo su discurso y usó también el castellano, el gallego y el euskara. Chaves siempre habló en castellano.

La número dos del PP consideró que «las imágenes de ayer [por el lunes] son la representación del absurdo al que ha llevado la política del Gobierno». Para ella, es «una barbaridad» que Chaves y Montilla tuvieran que usar la traducción simultánea cuando hay una lengua común que ambos comparten, el castellano, que los españoles tienen el derecho a usar y la obligación de conocer.

A su juicio, es «un insulto» que haya gastos de este tipo mientras se congelan las pensiones y se recorta el sueldo a los funcionarios.

De Cospedal pareció olvidar ayer que la portavoz del PP en el debate, Alicia Sánchez-Camacho, utilizó el catalán la mayor parte del tiempo en sus dos intervenciones. O que el consejero de Justicia de la Xunta, del PP, usó el gallego. La Comisión General de Comunidades Autónomas es el único órgano del Senado donde pueden usarse todas las lenguas españolas gracias a un acuerdo unánime que se adoptó en 2005. El PP, entonces, votó a favor de lo que ayer Cospedal calificó como un «esperpento».

Sánchez-Camacho dio por la tarde una rueda de prensa para hablar de los casos de corrupción de Cataluña. Hizo una intervención en castellano y, sin que se lo pidieran los periodistas, realizó después otra en catalán para los medios catalanes.

Y una de las preguntas posteriores fue, inevitablemente, qué le parecían las valoraciones de Cospedal.

La senadora catalana y candidata del PP en las autonómicas rechazó hacer «valoraciones» sobre las palabras de su jefa. Eso sí, defendió el uso de las lenguas oficiales en la Comisión General: «En ese órgano del Senado se pueden hablar las lenguas cooficiales y yo me atengo a la posición de mi partido, que votó por que se pudieran usar», dijo.

Fuentes del Grupo Popular explicaron que la senadora consultó con la dirección de su grupo antes de utilizar el catalán el lunes. Y le permitieron hacerlo porque en su día los populares apoyaron que en la Comisión General, donde pueden acudir e intervenir presidentes y consejeros autonómicos, se puedan usar todas las lenguas oficiales españolas.