CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN CATALUÑA: Convergència pide que los socialistas Castells y Nadal comparezcan en el 'Parlament' como implicados

DANIEL G. SASTRE / Barcelona

Convergència pide que Castells y Nadal comparezcan en el 'Parlament'

«Cataluña no es un oasis, pero tampoco una alcantarilla», afirma José Montilla

La clase política catalana comienza a asomar de nuevo la cabeza después de la enorme convulsión que ha supuesto el sumario del caso Pretoria. Casi todos los partidos están salpicados por la trama corrupta en mayor o menor grado, hasta el punto de que el presidente de la Generalitat, José Montilla, tuvo que aclarar ayer que «Cataluña no es un oasis, pero tampoco una alcantarilla».

El secretario general adjunto de Convergència, Felip Puig, pidió ayer que tanto Antoni Castells, consejero de Economía, como Joaquim Nadal, titular de Política Territorial, comparezcan en el Parlament si finalmente se abre una comisión de investigación por Pretoria, y recordó que el último «tuvo incluso que cesar al director general del Instituto Catalán del Suelo, que había tenido alguna participación en las actividades»

El estallido de Pretoria coincidió con el pleno que el Parlamento catalán celebró el pasado miércoles y, a diferencia de lo habitual, costaba encontrar a diputados dispuestos a comentar con los periodistas la actualidad. «¿Salgo yo?» era la pregunta que sobrevolaba el ambiente, habida cuenta de la profusión de conversaciones privadas que contienen los 10.643 folios del sumario, y que incluyen diálogos de los principales implicados en la trama -los ex altos cargos de Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, el ex diputado del PSC Luis García y el ex alcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz- con Castells, o con el líder de la oposición, Artur Mas.

Ya con conocimiento de causa, los políticos catalanes hicieron frente ayer a las sospechas que vierte el sumario, y como un solo hombre se quitaron de encima cualquier responsabilidad punible. Montilla defendió la «honorabilidad» de su Govern que, dijo, «no puede verse salpicada» porque sus consejeros «hayan hablado con presuntos delincuentes».

El presidente de la Generalitat afirmó que tanto Castells como Nadal, «no hubieran aceptado de ninguna manera» las presiones de García, Alavedra y Prenafeta, que buscaban supuestamente cobrar comisiones por mediar en determinadas adjudicaciones de obras de manera dudosamente legal.

«Cataluña no es un oasis», como se decía durante la época de CiU en la Generalitat, «pero tampoco una alcantarilla», afirmó Montilla. Se refería a una de las conversaciones más jugosas de todo el sumario, en la que Alavedra y Prenafeta, cuando comentan la actualidad política, critican a los consellers del tripartito y a Pujol, y se arrepienten de haber «ido lamiendo» a casi todo el mundo durante sus 23 años en el poder «en vez de meter a alguno en la cárcel». «La política se hace en las alcantarillas», concluye Alavedra la charla.

El PP, pese a que tiene un imputado menor en el caso Pretoria -Víctor Ros, ex alcalde de San Andrés de Llavaneras-, siguió ayer intentando que la comisión de investigación que el Parlamento va a abordar a cuenta del caso Palau de la Música se amplíe a esta trama. La presidenta de los populares en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, exigió ayer al PSC que «permita» investigar. «La corrupción que afecta tanto a Convergència como a miembros del Gobierno de la Generalitat y a cargos municipales del PSC exige un ejercicio de transparencia», dijo.

Convergència también quiere que se abra una comisión de investigación en la Cámara, porque entiende que tanto Alavedra como Prenafeta son hombres del pasado y que, en cambio, Bartomeu Muñoz fue detenido en ejercicio de su cargo de alcalde y, por tanto, el PSC tiene mucho más que perder.

Desde ICV, el secretario general de la formación, Joan Herrera, lamentó que en los casos Palau y Pretoria fundaciones próximas a CiU hayan recibido financiación presuntamente irregular. Se refería a la Trias Fargas y a la Catalunya Oberta, que recibía parte de las comisiones de Prenafeta.

SALVADOR SOSTRES

Ni un solo delito

Si algo ha demostrado la publicación del sumario del caso Pretoria es que, de un lado, España es un país en el que un diario como El Periódico puede tener colgado en su página web un sumario de 11.000 páginas que contiene datos personales de decenas de personas que no tienen nada que ver con el caso investigado, con toda suerte de detalles, como los números de teléfono y de DNI.

Y también ha quedado claro que a Lluís Prenafeta, quien fuera secretario general de la Presidencia de Jordi Pujol de 1980 a 1991, no hay nada concreto de qué acusarle. Un hombre que se pasó 45 días en la cárcel por orden y capricho del juez Baltasar Garzón. Nada concreto de qué acusarle. Ningún delito. No es que lo diga yo, es lo que se desprende del sumario. Precisamente, Prenafeta publicará a principios de junio un libro contando su penosa experiencia. Se llamará El malson (La pesadilla) y será presentado el día 20 en Barcelona. Una pesadilla de 45 días de cárcel y de toda clase de humillaciones públicas sin ningún delito de qué acusarlo.

Porque de momento, tanto en Cataluña como en España, cobrar comisiones y hacer de intermediario es legal. Como también lo es hacer negocio con la Administración Pública por la vía de venderle o comprarle un edificio. Y más si, como en el caso de Lluís Prenafeta, es el propio consejero de Economía, Antoni Castells, quien solicita sus servicios de intermedicación para poder comprar un edificio de unas características determinadas. Es, en todo caso, responsabilidad de la Administración decidir si tiene sentido gastarse el dinero del contribuyente en aquel asunto o en otro.

El sumario del tan famoso caso Pretoria sugiere muchas cosas, pero prueba muy pocas. Y es un atropello que sólo con esas vaguedades alguien haya podido ingresar en prisión por la decisión arbitraria de un juez enloquecido, que hay que celebrar que haya sido apartado de sus responsabilidades. Hay que señalar, también, que el sumario recoge dos años de conversaciones privadas -¡dos años de escuchas!, como en La vida de los otros- que, sin ningún tipo de vergüenza y saltándose cualquier código ético, El Periódico y La Vanguardia han publicado sacándolas de contexto y sin que tengan nada que ver con el caso. Toda la infamia y ningún delito.

Ha aflorado también el viejo resentimiento social de querer presentar a Prenafeta y a Alavedra como si fueran los burgueses de la canción de Brel y como si todo lo que tienen lo hubieran robado. Ayer, La Vanguardia llegó al extremo de publicar la lista de cuadros que la Guardia Civil intervino en el domicilio de Prenafeta, como dando a entender -sin decirlo directamente, claro- que los había adquirido con el dinero de la trama. Una trama que el sumario no prueba que exista. Ningún delito.

Igualmente, el sumario que El Periódico colgó en internet contenía transcritas conversaciones íntimas de los encausados, que naturalmente han sido rebotadas por los medios de comunicación más mezquinos en despreciables titulares, cuando todo el mundo puede entender que se trata de asuntos privados.

La primera indignidad fue la de Garzón convirtiendo algunos casos de corrupción urbanística vinculados al PSC en una trama que no existe para poderse ocupar del caso e intentar, mediante el protagonismo, que no lo suspendieran. Para ello, llegó a acusar de asociación ilícita a gente que ni se conoce. Luego, los medios de comunicación catalanes hicieron el resto, con TV3 al frente, exhibiendo a personas honorables e inocentes como monos de feria. Aquellas imágenes de Prenafeta y Alavedra esposados, con esas bolsas de basura azules, fueron impresentables. Cuando, al final, este caso se archive -porque va a archivarse-, nadie reparará su honor y un injusto aire de culpabilidad permanecerá en el ambiente. Y por ningún delito.

No tendría que ser tan fácil descuartizar a alguien en público a base solamente de rumores, sospechas y falsedades. Si Prenafeta se tomara la molestia de querellarse contra todo lo falso que se ha dicho y escrito sobre él desde que fue detenido, habría más delitos y faltas de lo que a él se le acusa.

LUIS GARRIDO / Sitges (Barcelona)

Montilla estudia ahora cómo subir el IRPF a las rentas más altas

Analiza si es posible el aumento del impuesto sin tocar la legislación nacional a través de lo que recibe como autonomía

La Generalitat catalana quiere ir más allá de las medidas fiscales del Gobierno y busca un sistema para poder subir los impuestos a las rentas más altas, aunque aún no sabe cómo ponerlo en marcha. Si el presidente de ERC, Joan Puigcercós, se adelantó al manifestar que el Govern recaudaría más dinero a las personas de mayor poder adquisitivo a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ayer fue el president, José Montilla, quien confirmó la intención. Pero, más allá de la propuesta -consensuada por los tres socios del tripartito-, en las filas catalanas aún no saben cómo resolver lo que parece un rompecabezas.

Fuentes del Departamento de Economía confirmaron que se está estudiando una manera para elevar los impuestos a quienes disfrutan de mayores ingresos a través del IRPF. El problema es saber cómo lo harán, ya que, en la mayoría de los casos, sería necesario modificar la Ley 22/2009, de ámbito estatal.

La otra opción es subir el porcentaje del tributo en las competencias autonómicas que tiene Cataluña, mucho más limitadas, pero sin tener que pasar por Madrid. Desde el Govern insisten en que «se están estudiando ambas posibilidades».

Aunque Puigcercós corrió a anunciar la medida y ayer Montilla la ratificó frente a centenares de empresarios en la Reunión del Círculo de Economía, que se celebra estos días en Sitges, aún quedan muchos flecos por confeccionar y desde el Govern ni siquiera se atreven a dar una fecha aproximada. De momento, no entrará en el decreto que aprueba hoy el Ejecutivo en una reunión extraordinaria para recortar el gasto social.

Para poder subir el IRPF a aquellos con mayores ingresos, lo más sencillo sería crear un nuevo grupo entre quienes tienen las mayores rentas y aplicarles un tipo mayor. Actualmente, el tributo se reclama según las bases salariales anuales, y su porcentaje va aumentando en varios tramos hasta el más alto, que alcanza el 43% para aquéllos que coticen más de 53.000 euros. Una posibilidad sería crear un nuevo tramo a partir de una base de 100.000 euros, que obligase a pagar un mayor porcentaje a Hacienda. El problema pasa por que sería necesario modificar la legislación, y con ello esperar una resolución del Gobierno.

La segunda opción que tiene el Govern es aumentar el porcentaje que va dirigido a las autonomías. Del total que se grava en el IRPF, una tercera parte corresponde a los gobiernos regionales. Así, del 43% en total que abonan las rentas más altas, una tercera parte va a la Generalitat, lo que sería alrededor del 14% de los impuestos de este grupo de personas. Según Economía, es en ese aspecto donde podrían aumentar la recaudación y, de esta forma, subir el IRPF sin tener que modificar la legislación estatal.

Además de no dar ninguna fecha, desde el Govern se muestran comedidos al hablar de este aspecto, y reafirman que están estudiando los pros y los contras de ambas opciones, así que al Ejecutivo de Montilla aún le queda mucho camino por recorrer hasta presentar una medida concreta. No obstante, el president no dudó un instante en decirle a la flor y nata del mundo empresarial español y catalán, reunido en las jornadas del Círculo de Economía, que les iba a caer una subida de impuestos. «Algunos de ustedes, el año que viene deberán pagar más», manifestó, además de asegurar que las medidas fiscales «sólo afectarán a las personas con capacidad más alta». Y sin embargo, el socialista ni siquiera especificó cómo se modificarían los tributos; simplemente se centró en afirmar que «será inevitable una mayor presión fiscal en las personas con mayor poder adquisitivo».

Así, los dos socios del PSC en el tripartito ven materializada una de las demandas más habituales con las que forzaban a Montilla, aunque en un primer momento pedían que se incluyese en el paquete de modificaciones de esta semana, algo que no será posible, en parte porque el consejero de Economía, Antoni Castells, nunca se mostró muy partidario de ello.

Desde el Gobierno central, la titular de Economía, Elena Salgado, afirmó que no tenía «nada que comentar», ya que Cataluña tiene capacidad de subir impuestos en el tramo autonómico.


MARTA SERRET / Lérida

Lérida prohíbe el uso del 'burka' en los equipamientos municipales

El Ayuntamiento catalán no impondrá sanciones pero vetará el acceso a quien lo use

El Ayuntamiento de Lérida ya ha prohibido los velos integrales en edificios municipales. La moción salió adelante por amplia mayoría, con 23 votos a favor -los de PSC, CiU, PP y un concejal no adscrito-, las dos abstenciones de ERC y un voto en contra, el de ICV.

El Ayuntamiento no impondrá sanciones a las mujeres que lleven burka, sino que en el caso de que alguna de ellas quiera entrar en alguno de los espacios vetados se le pedirá que se lo quite.

Los partidarios de la prohibición la han justificado por motivos de dignidad, igualdad, respeto, convivencia y seguridad. Las intervenciones de los grupos que han apoyado el texto definieron puntos similares y sólo hubo discrepancias en las posturas de ERC e ICV, que manteniendo su rechazo al burka, destacaron la necesidad de buscar vías no prohibicionistas.

El portavoz de CiU, Isidre Gavín, que lidera el grupo que llevó este debate al Pleno presentando una moción que luego fue modificada y consensuada para adaptarse al ordenamiento jurídico y contar con el apoyo de los demás partidos, aseguró que varios representantes de la comunidad islámica le han «felicitado» por la iniciativa. Considera que favorecerá la integración, para la cual «el velo integral es una barrera» y, aunque reconoció que «es verdad que es muy minoritario», el uso del burka «es una señal de que un colectivo predica valores contrarios a los nuestros».

En este punto hizo referencia a una anécdota personal, cuando el antiguo imam de la mezquita de Lérida, conocido por su postura radical y protagonista de varias polémicas, le aseguró que las mujeres occidentales «algún día se acostumbrarán» a no hablar con otros hombres que no sean el suyo.

En la misma línea se pronunció la edil popular María José Horcajada, quien hizo hincapié en que el velo integral no es un precepto de la religión musulmana, recordando que algunos países de tradición islámica ya están empezando a vetarlo en ciertas situaciones, como la Universidad, y aseguró que «el burka oculta una posición de sumisión disfrazada de modestia».

El grupo del PSC también fue contundente en su defensa de la prohibición alegando que «no importa cuantas mujeres lleven burka, con una nos basta», en palabras de la teniente de alcalde Marta Camps. Camps acusó a los que critican la medida de ingenuos y de predicar un «falso progresismo de izquierdas» al esperar que «sean ellas, las que voluntariamente, se quiten el velo». La edil de ERC Montse Bergés basó su abstención en la viabilidad de otras medidas, mientras que el concejal de ICV, Ramon Camats, consideró la medida innecesaria, inoportuna y contraproducente, porque no hay ninguna cuantificación ni estudio sobre el uso del burka en Lérida y defendió que, si se trata de casos puntuales como todo apunta, hubiera sido mejor abordarlos de forma personalizada. La prohibición entrará en vigor a finales de año y se articulará a través de la modificación de la ordenanza de civismo y de los reglamentos de acceso a los equipamientos municipales.

OORBYT.es

>1000 opiniones. La redacción de EL MUNDO bajo el 'burka'.

PEDRO SIMÓN / Madrid

Los musulmanes se quedan sin voz

El Gobierno echa a los islámicos del foro estatal donde se subvenciona a las confesiones

El Gobierno ha expulsado de la Fundación Pluralismo y Convivencia -foro donde se deciden las subvenciones a las confesiones religiosas que no sean la católica- a los tres representantes de la numerosa comunidad islámica que hay en España.

El desaire tuvo lugar el pasado 25 de mayo, cuando el foro gubernamental se reunió para aprobar los presupuestos y renovar el patronato. En la jornada, sólo fueron destituidos tres miembros, los tres vocales de la confesión musulmana. Esas plazas fueron ocupadas por un patrono en representación de los budistas, otro por los testigos de Jehová y otro que le pondrá voz a los mormones. El motivo oficial, «presionar» a una comunidad demasiado dividida y con fuertes disensiones internas.

La Fundación Pluralismo y Convivencia es una entidad del sector público estatal, creada por acuerdo del Consejo de Ministros el 15 de octubre de 2004. Está presidida por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y tiene 21 vocales: 12 pertenecientes a ocho ministerios distintos y otros nueve designados por las confesiones minoritarias.

Creada en el primer Gobierno socialista, la fundación nació con el objetivo de financiar proyectos -no relacionados con el culto expresamente- de las religiones que, teniendo firmado un acuerdo de cooperación con el Estado, no disponían de unas vías de ingreso tan consolidadas como la Iglesia católica. Así, la entidad dispone de cuatro millones de euros para sufragar proyectos y actividades culturales, educativas o de integración social de diversos credos.

Cuando la Fundación Pluralismo y Convivencia echó a andar al calor del mantra de la Alianza de Civilizaciones, en el cónclave fiduciario estaban representados esencialmente los judíos, los protestantes y los musulmanes. Desde este martes, la religión que más adeptos tiene en nuestro país (entre uno y dos millones de musulmanes en España) se ha quedado sin portavoces cuando se hable de dinero.

Según fuentes oficiales de este foro, el Gobierno ha decidido suprimir a los musulmanes para hacerles reflexionar sobre lo que viene siendo habitual en los últimos años: una división interna tal en la comunidad que dificulta la operatividad y el poder avanzar en actuaciones tan básicas como, pongamos por caso, nombrar a los profesores de religión musulmana. Porque nunca hay acuerdo.

De los tres miembros sustituidos, dos pertenecen a la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide) y el tercero es de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (Feeri), ambas enfrentadas entre sí.

Los tres puestos patronos eliminados han sido Najib Abu-Warda El-Shandoghli, profesor titular de Relaciones Internacionales de Derecho por la Universidad Complutense; Omar Aït-Salem Duque, ingeniero industrial; y Germán Rupérez, director del laborarorio de Ingeniería Didáctica de la Sección de Filología Alemana de la Uned.

El compromiso inicial de los gestores de la Fundación es devolver la representatividad a la comunidad islámica en diciembre.