PRE-OCUPACIONES DE ZAPATERO: Como hacer el ridículo en el Senado en cinco idiomas

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid

El Senado, como el Europarlamento

El PSOE y los nacionalistas votan que en la cámara se puedan hablar todos los idiomas oficiales y se instale traducción simultánea; el PP lo califica de «absoluto disparate»

El Senado dio ayer un paso quizá irreversible para convertirse en la primera cámara legislativa española en la que se tendrá que utilizar un servicio de intérpretes y un sistema de traducción simultánea para que unos senadores se entiendan con otros. Lo que para los nacionalistas de CiU o los independentistas de ERC es «normalidad democrática», según defendieron ayer, para el PP resulta un «absoluto disparate» y hacer el «ridículo a nivel mundial».

Ante estas dos posturas antagónicas, el voto del PSOE era decisivo para romper el desigual reparto de fuerzas: 34 nacionalistas frente a 122 senadores del PP y de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Capitaneado ayer por su vicesecretaria general, Leire Pajín, el PSOE puso sus 100 votos a favor de los primeros, entre los que destacan el PSC, sus socios de gobierno en Cataluña y los partidos que apoyan muchas veces al Gobierno en las Cortes.

El Pleno aprobó ayer por 134 votos a favor frente a 122 tomar en consideración una reforma del Reglamento para que el catalán, el euskara, el gallego y el valenciano (las lenguas oficiales según los estatutos) se puedan usar en los plenos, las comisiones y las comunicaciones escritas. Si la propuesta se aprueba íntegra -ahora empieza el debate en comisión-, veremos a Zapatero ajustarse unos auriculares para entender a los portavoces nacionalistas y los senadores podrán debatir cada uno en su lengua mediante intérpretes, como si estuvieran en la ONU o en el Parlamento Europeo.

Varios portavoces nacionalistas, como Jordi Vilajoana (CiU) o José Manuel Pérez Bouza (BNG), invocaron precisamente la normalidad del Europarlamento para explicar que no ocurriría nada porque esa imagen se trasladara a España. «¿Qué dirían ustedes si en el Parlamento Europeo solo se pudiera hablar en inglés? ¿Qué dirían ustedes si no se pudiera utilizar el español?», espetó el senador gallego a los populares.

El senador independentista Miquel Bofill (ERC) presentó la propuesta en un tono moderado, sabedor de que representa a 34 senadores que en algunos casos no se dicen nacionalistas. Resumió que está hecha «en favor de la pluralidad y la democracia» y que «no va contra nada ni nadie, sino a favor de nuestras lenguas y del castellano, que no se merece ser una lengua impuesta».

Bofill defendió el uso de la traducción simultánea porque «en este mundo global moderno es de lo más normal», y aseguró que su propuesta es «imparable» porque «más pronto que tarde será una realidad».

Miren Leanizbarrutia (PNV), defendió la medida porque España es «un estado plurinacional» y porque dijo deberse a sus «ancestros»: «Soy una vasca várdula [pueblo hispánico prerrománico] que tiene como idioma materno la lingua navarrorum, vasconesi navarrorum». Por eso, agradeció el apoyo de quienes votaran la propuesta, «porque me debo a mis ancestros», y criticó «posturas anacrónicas» que achacó al PP.

Jordi Vilajoana (CiU) invocó la Constitución, dijo que la medida «enriquecerá y acercará la Cámara», y concluyó asegurando que «este país es más rico, plural y abierto si es capaz de trabajar, pensar y soñar en cuantas más lenguas mejor».

Enfrente, todos se encontraron a un rocoso portavoz del PP, Juan Van-Halen, que fue durísimo y tildó la propuesta de «absoluto disparate». El ex presidente de la Asamblea de Madrid argumentó que «España no es un estado plurilingüe», sino que «son bilingües algunas de sus comunidades» para defender que los senadores deben hablar «la lengua oficial de España» porque representan «a la totalidad del pueblo español, les guste o no».

Van-Halen se ensañó con la posibilidad del uso de cascos: «Vamos a hacer el ridículo a nivel mundial: que el presidente, los senadores, los ministros vengan provistos de un auricular a una Cámara donde todos nos entendemos en un mismo idioma»

Por último, acusó al PSOE de «plegarse» ante los nacionalistas por votar a favor: «Pliega sus responsabilidades institucionales a sus intereses partidistas». «Montilla pesa mucho y puede ser una tabla de salvación, pero también un ancla para hundir al PSOE y al Gobierno», advirtió.

Los nacionalistas aseguran que la propuesta costará 120.000 euros que podrán sacarse de una reestructuración del presupuesto. Pero Van-Halen aseguró que el precio final ascenderá a 1.224.000 euros, aunque no explicó el detalle de ese coste.

La intervención más esperada era la de Leire Pajín y la número tres del PSOE no defraudó. La senadora defendió en cuatro idiomas -euskara, valenciano, gallego y castellano- el uso de todas las lenguas y tildó como plenamente normal que se implante la traducción simultánea. «La España real es plurilingüe», aseguró, «y la Cámara territorial debería expresarse en todas las lenguas en las que se expresan los ciudadanos».

Pajín rechazó adelantar hasta dónde llegarán los socialistas en la negociación -parte del Grupo Socialista quiere salvar a Zapatero de la traducción simultánea-, pero reivindicó el uso de cascos porque eso será parte de «la riqueza y la diversidad cultural de España». Y sacó a colación de nuevo la Eurocámara: «¿Hacen el ridículo sus compañeros del Parlamento Europeo?»

OORBYT.es

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AGUSTÍN YANEL / Madrid

El Gobierno no descarta reformar la Ley la de Memoria Histórica

El ministro Caamaño anuncia un mapa de localización de fosas

El Gobierno no se opone a la posibilidad de modificar la llamada Ley de la Memoria Histórica, que lleva poco más de dos años en vigor, para «revisar lo que haya que revisar». «Siempre estamos dispuestos a reformar y a mejorar las leyes o cualquier otra política pública», afirmó ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en respuesta al diputado Joan Herrera, de Izquieda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).

Herrera recordó que esta ley nació ya con muchas insuficiencias, cuando fue aprobada en diciembre de 2007, por lo que existen muchas dificultades para aplicarla, entre otras razones porque distintas Administraciones públicas no colaboran lo suficiente, según dijo. Por eso, preguntó al Gobierno qué medidas y reformas legales va a realizar para que sea efectiva «la recuperación de la memoria democrática y la reparación de las víctimas de los crímenes del franquismo».

El ministro de Justicia destacó la buena disposición que tiene siempre el Gobierno para reparar los derechos de las víctimas de la dictadura franquista y reconocer su memoria. Dijo que los gobiernos de Rodríguez Zapatero son «los que más han trabajado» para ello.

Como prueba del trabajo realizado por Gobierno, el ministro Caamaño ofreció algunos datos: mejora de las pensiones y la asistencia social y médica a más de 700 viudas y 13.000 huérfanos relacionados con la Guerra Civil; indemnizaciones a presos del franquismo y a familiares de víctimas hasta el año 1977; 90.000 hijos de exiliados inscritos como españoles; retirada de símbolos franquistas de las dependencias de las Administraciones públicas; subvenciones a distintas asociaciones, y más de 600 declaraciones de reparación y reconocimiento personal dictadas, entre otras medidas.

El ministro anunció que «muy pronto» estará ultimado un mapa de localización de fosas, tal y como prevé la citada ley, que podrá ser consultado por cualquier ciudadano mediante un sencillo mecanismo informático.

Ese mapa no será completo, sino que comprenderá únicamente ocho comunidades autónomas, casi todas gobernadas por socialistas: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y País Vasco.

El Gobierno firmó hace tres meses un convenio de colaboración con esas comunidades, pero no pudo hacerlo con otras donde gobierna el PP, según fuentes parlamentarias.

Ante esta situación, IU-ICV va a presentar en el Congreso una moción, en la que propondrá una reforma de esta ley para que la Administración se haga cargo de las exhumaciones de las fosas comunes, donde todavía permanecen enterradas centenares de personas, y de los trabajos necesarios para su identificación.

Joan Herrera insistió ayer en la necesidad de crear una Fiscalía especial que se encargue de todo lo relacionado con la aplicación de esta ley, como reclamó en su día aunque no se incluyó en el texto.