JUEZ SOCIALISTA EN EL BANQUILLO: Varela cursa la recusación de Garzón como prueba de su imparcialidad

MARÍA PERAL / Madrid

Varela cursa la recusación de Garzón como prueba de su imparcialidad

El magistrado del Supremo Luciano Varela ha optado por no rechazar de plano la recusación promovida contra él por el juez Baltasar Garzón y presentada cuando estaba a punto de decidir sobre la apertura del juicio oral. El magistrado ha dado trámite a la recusación y, tal como establece la ley, ha pedido a la acusación popular y al fiscal que opinen sobre el incidente, que será resuelto por la Sala Penal.

Luciano Varela, instructor del procedimiento en el que se ha investigado si Garzón prevaricó en las diligencias que abrió por las desapariciones del franquismo, dictó el martes una resolución, notificada ayer, por la que, de conformidad con el artículo 223.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, da traslado al fiscal y a la acusación popular que ejerce Manos Limpias del incidente de recusación promovido contra él por el juez de la Audiencia Nacional.

La acusación popular y la Fiscalía disponen de un plazo de tres días para manifestar «si se adhieren o no a la causa de recusación propuesta o si conocen alguna otra causa de recusación», señala la resolución.

La causa de recusación invocada por Garzón es que el magistrado del Supremo que le ha investigado «ha perdido su posición imparcial de árbitro del procedimiento» con los requerimientos que dirigió la pasada semana a Falange y a Manos Limpias para que subsanaran los defectos procesales advertidos en sus escritos de acusación. Garzón sostiene que Varela realizó una «labor de asesoría o consejo jurídico» que le convirtió «en una especie de director o controlador de las acusaciones».

Sin embargo, Varela acabó expulsando como acusación a Falange por no atender en plazo el requerimiento de subsanación, cuya justificación fue que, a juicio del instructor, los escritos de acusación no cumplían los requisitos establecidos en la ley procesal penal en cuanto a la correcta delimitación de los hechos que se pretenden someter a enjuiciamiento.

La defensa también ha recurrido la resolución en la que Varela admitió el nuevo escrito de acusación de Manos Limpias una vez rectificado. Entre otros defectos, el inicial escrito incluía dentro del apartado de «hechos punibles» la resolución en la que Garzón se negó a investigar los asesinatos de Paracuellos alegando que el delito de «genocidio» que se denunciaba «quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad penal». Sin embargo, la decisión de Garzón sobre Paracuellos no ha sido objeto de la instrucción y no fue incluida ni por la Sala ni por Varela como posible hecho punible, por lo que no puede figurar con ese carácter en un escrito de acusación.

La decisión de Varela de dar curso a la recusación -pese a que hubiera podido rechazarla de plano- conlleva su apartamiento del proceso contra Garzón mientras la Sala Penal se pronuncia sobre el incidente. Está previsto que la próxima semana sea designado el instructor de la recusación (previsiblemente, Andrés Martínez Arrieta), mientras que el caso Garzón tendrá un instructor sustituto que podría ser Julián Sánchez Melgar, aunque no está determinado.

AGUSTÍN YANEL / Madrid

El Gobierno no descarta reformar la Ley la de Memoria Histórica

El ministro Caamaño anuncia un mapa de localización de fosas

El Gobierno no se opone a la posibilidad de modificar la llamada Ley de la Memoria Histórica, que lleva poco más de dos años en vigor, para «revisar lo que haya que revisar». «Siempre estamos dispuestos a reformar y a mejorar las leyes o cualquier otra política pública», afirmó ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en respuesta al diputado Joan Herrera, de Izquieda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).

Herrera recordó que esta ley nació ya con muchas insuficiencias, cuando fue aprobada en diciembre de 2007, por lo que existen muchas dificultades para aplicarla, entre otras razones porque distintas Administraciones públicas no colaboran lo suficiente, según dijo. Por eso, preguntó al Gobierno qué medidas y reformas legales va a realizar para que sea efectiva «la recuperación de la memoria democrática y la reparación de las víctimas de los crímenes del franquismo».

El ministro de Justicia destacó la buena disposición que tiene siempre el Gobierno para reparar los derechos de las víctimas de la dictadura franquista y reconocer su memoria. Dijo que los gobiernos de Rodríguez Zapatero son «los que más han trabajado» para ello.

Como prueba del trabajo realizado por Gobierno, el ministro Caamaño ofreció algunos datos: mejora de las pensiones y la asistencia social y médica a más de 700 viudas y 13.000 huérfanos relacionados con la Guerra Civil; indemnizaciones a presos del franquismo y a familiares de víctimas hasta el año 1977; 90.000 hijos de exiliados inscritos como españoles; retirada de símbolos franquistas de las dependencias de las Administraciones públicas; subvenciones a distintas asociaciones, y más de 600 declaraciones de reparación y reconocimiento personal dictadas, entre otras medidas.

El ministro anunció que «muy pronto» estará ultimado un mapa de localización de fosas, tal y como prevé la citada ley, que podrá ser consultado por cualquier ciudadano mediante un sencillo mecanismo informático.

Ese mapa no será completo, sino que comprenderá únicamente ocho comunidades autónomas, casi todas gobernadas por socialistas: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y País Vasco.

El Gobierno firmó hace tres meses un convenio de colaboración con esas comunidades, pero no pudo hacerlo con otras donde gobierna el PP, según fuentes parlamentarias.

Ante esta situación, IU-ICV va a presentar en el Congreso una moción, en la que propondrá una reforma de esta ley para que la Administración se haga cargo de las exhumaciones de las fosas comunes, donde todavía permanecen enterradas centenares de personas, y de los trabajos necesarios para su identificación.

Joan Herrera insistió ayer en la necesidad de crear una Fiscalía especial que se encargue de todo lo relacionado con la aplicación de esta ley, como reclamó en su día aunque no se incluyó en el texto.