JUEZ SOCIALISTA EN EL BANQUILLO: El decano del Colegio de Abogados se achanta ante la "presión gubernamental que protege a Garzón" e incumplirá el acu
JOAQUÍN MANSO / Madrid
El Colegio de Abogados se echa atrás contra Garzón
El Colegio de Abogados de Madrid ha decidido incumplir el acuerdo unánime que alcanzó su Junta de Gobierno el pasado mes de octubre para querellarse contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por haber ordenado la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión algunos imputados del caso Gürtel con sus letrados defensores.
El decano del Colegio, Antonio Hernández-Gil, confirmó ayer que ni siquiera se personará bajo ninguna fórmula en el procedimiento abierto en el Supremo contra Garzón por prevaricación y escuchas ilegales, aunque dejó abierta una lejana puerta a la esperanza a los muchos colegiados que le reclaman que lo haga: afirmó que, si el Tribunal o alguna de las partes le «invitan» a personarse, «la Junta de Gobierno lo estudiará».
«El Colegio de Abogados se da por satisfecho con la restitución del derecho de defensa operada por la resolución del TSJ de Madrid» que invalidó todas las escuchas ordenadas en prisión por Garzón, explicó ayer Hernández-Gil, que insistió en calificar ese auto anulatorio de «impecable». El decano consideró que, si no se hubiesen anulado esas intervenciones telefónicas, «se habría creado un precedente que hubiese cambiado la configuración del derecho de defensa».
El máximo representante de la Abogacía madrileña afirmó que, en su acuerdo de octubre, la Junta de Gobierno limitó su compromiso a dar traslado de su protesta al Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Nacional y al Ministerio Fiscal, y que si este último decidía querellarse contra Garzón, entonces el Colegio de Abogados se adheriría a su petición.
En realidad, aquel acuerdo añadía el siguiente inciso: «O, en caso de no iniciarse procedimiento alguno, autorizar desde este momento la presentación de querella contra el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón», que fue interpretado por la generalidad de los abogados de manera unánime y unívoca y nunca desmentida. Es más, el pasado 14 de enero, el propio Hernández-Gil aseguró en una conferencia de prensa que el compromiso «sigue en vigor». «Lo haremos con la información que tengamos y cuando creamos que es el momento adecuado para que nuestra acción sea más eficaz», dijo el decano entonces, y terminó añadiendo: «Nadie nos va a marcar el paso».
Aquel día, el decano volvió a reprobar la actuación «abusiva» del juez Garzón por «haber actuado de forma contraria a la ley, interfiriendo las comunicaciones en prisión entre abogados y clientes». Pero señaló que la presentación de la querella acordada «depende de circunstancias y condicionamientos» que rechazó explicar.
Varios abogados -personados o no en el caso Gürtel- se habían dirigido al Colegio en más de una ocasión para reclamarle que cumpla su propio acuerdo. El letrado José Luis Mazón, de hecho, lo denunció por ese incumplimiento ante el Consejo General de la Abogacía.
Lo que sí hizo el Colegio de Abogados de Madrid para proteger el derecho de defensa fue personarse en el caso Gürtel para recurrir las escuchas ante el juez instructor, Antonio Pedreira, y después en apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal. Hernández-Gil anunció ayer que su actuación estaba limitada a ese recurso, por lo que el Colegio renuncia a seguir participando en el proceso penal.
MARÍA PERAL/ Madrid
Choclán: «Es una irresponsable dejación de funciones»
El letrado José Antonio Choclán calificó ayer de «irresponsable» la «dejación de funciones» en que ha incurrido, a su juicio, la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid en el episodio de las escuchas ilegales a los abogados defensores que intervienen en el caso Gürtel.
Choclán destacó que la Junta del Colegio no sólo no se ha querellado contra el juez Baltasar Garzón, desdiciéndose del acuerdo unánime que tomó el pasado octubre, sino que la nulidad de las escuchas -con la que afirma darse por satisfecha- tampoco ha sido conseguida por la actuación de la Junta que preside Antonio Hernández Gil. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de declarar nulas esas escuchas se debió exclusivamente a los recursos de los propios defensores. El TSJM no se pronunció sobre la apelación intentada por el Colegio y la devolvió al juez instructor para que, previamente, resolviera sobre la personación de la institución.
En resumen, el Colegio «no nos ha amparado en absoluto», lamenta Choclán. Este letrado fue uno de los espiados en las conversaciones que mantuvo en prisión con su cliente, Francisco Correa, cuando ejercía su función de defensor.
A su parecer, la Junta «no puede inhibirse» y dejar en manos de los propios afectados la defensa de la confidencialidad de las comunicaciones entre los letrados y sus clientes y la protección del derecho de defensa. «El Colegio es una parte necesaria en cualquier proceso en el que se ventilen intereses profesionales de la Abogacía. Si había un interés legítimo para personarse en el TSJM, el Colegio lo debería mantener en cualesquiera procedimientos en los que esos intereses estén en juego», dijo.
MARÍA PERAL/ Madrid
Choclán: «Es una irresponsable dejación de funciones»
El letrado José Antonio Choclán calificó ayer de «irresponsable» la «dejación de funciones» en que ha incurrido, a su juicio, la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid en el episodio de las escuchas ilegales a los abogados defensores que intervienen en el caso Gürtel.
Choclán destacó que la Junta del Colegio no sólo no se ha querellado contra el juez Baltasar Garzón, desdiciéndose del acuerdo unánime que tomó el pasado octubre, sino que la nulidad de las escuchas -con la que afirma darse por satisfecha- tampoco ha sido conseguida por la actuación de la Junta que preside Antonio Hernández Gil. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de declarar nulas esas escuchas se debió exclusivamente a los recursos de los propios defensores. El TSJM no se pronunció sobre la apelación intentada por el Colegio y la devolvió al juez instructor para que, previamente, resolviera sobre la personación de la institución.
En resumen, el Colegio «no nos ha amparado en absoluto», lamenta Choclán. Este letrado fue uno de los espiados en las conversaciones que mantuvo en prisión con su cliente, Francisco Correa, cuando ejercía su función de defensor.
A su parecer, la Junta «no puede inhibirse» y dejar en manos de los propios afectados la defensa de la confidencialidad de las comunicaciones entre los letrados y sus clientes y la protección del derecho de defensa. «El Colegio es una parte necesaria en cualquier proceso en el que se ventilen intereses profesionales de la Abogacía. Si había un interés legítimo para personarse en el TSJM, el Colegio lo debería mantener en cualesquiera procedimientos en los que esos intereses estén en juego», dijo.





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