GÜRTEL: «Confío en la Justicia y estoy tranquilo»

M. HERNÁNDEZ / M. GASPARET / Valencia

La Generalitat Valenciana vulneró la ley por sistema en favor de 'El Bigotes'

Le adjudicaron 85 contratos de todas las consejerías por 7,2 millones de euros

El Gobierno valenciano incumplió la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para beneficiar a empresas de la trama Gürtel y, particularmente, a Orange Market, la firma de El Bigotes.

Un informe pedido por el juez Pedreira revela irregularidades en 85 operaciones que van desde el sistemático troceamiento de contratos para adjudicarlos a dedo hasta la «fabricación» de concursos a medida. Sigue en página 6

El documento, redactado por un grupo formado por interventores del Estado y técnicos de Hacienda y del Banco de España a petición del juez Antonio Pedreira, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigta el caso Gürtel, fue desvelado ayer en la tribuna de las Cortes Valencianas por el portavoz del grupo socialista, Ángel Luna, ante el estupor del presidente Francisco Camps, que siempre se ha amparado en la legalidad de las contrataciones de su Gobierno.

Sin embargo, el informe detalla de qué modo se protegió a Orange Market para que en 2005 lograra el proyecto del estand de la Comunidad Valenciana en Fitur por un importe de 1,3 millones de euros, cuando ya destacaba como proveedora única de actos del PP valenciano. El Bigotes ganó ese concurso durante cinco años consecutivos.

El pliego de condiciones exigía a los aspirantes acreditar su solvencia profesional con una relación de montajes realizados en los últimos tres años. La única experiencia que pudo aportar la firma de Álvaro Pérez en 2005 fue la elaboración de planes de comunicación y el diseño, fabricación y montaje de un stand para el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana en la Feria Soluciones para la Empresa, por un importe de 54.520 euros. El Bigotes había aterrizado en Valencia en 2003 y todavía no le había dado tiempo a desarrollar su negocio.

La Unidad de Auxilio Judicial considera que la solvencia demostrada por Orange Market era «bastante cuestionable» y la Mesa de Contratación «debería haberla excluido del concurso al no reunir los requisitos». Pero si su participación resultó irregular, según estos datos, aún lo fue más la adjudicación del contrato.

La creatividad de los proyectos tenía una valoración del 40%, las mejoras -no especificadas- un 20% y la oferta económica sólo un 15%. Los técnicos estiman que los dos primeros criterios son «altamente subjetivos» y, en cambio, Orange Market, tanto ese año como los siguientes, siempre logró la mejor puntuación en creatividad y diseño. Además, en 2005 su oferta económica fue inmejorablemente tratada, ya que siendo más cara (1.316.849 euros), obtuvo 9,99 puntos, cuando otro de sus competidores, con una propuesta de 1.120.592 euros, sólo logró 8,47 puntos.

Pero el contrato con la Conselleria de Turismo no se limitó al cobro de 1,3 millones de euros. El expediente de Fitur 2005 se amplió con 102.000 euros más en concepto de desmontaje, a pesar de que se llegó a tramitar un nuevo concurso que finalmente fue anulado para que lo hiciera El Bigotes.

Su cuenta aún se agrandaría con 119.035 euros más de cuya justificación se encargó el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, imputado en su día por recibir trajes de Álvaro Pérez en una causa que fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y sobre cuyo sobreseimiento se pronunciará el día 12 el Tribunal Supremo.

Betoret relata en un escrito interno que «anualmente se ofrece un almuerzo a todos los expositores (...) y ante la imposibilidad de tener la sala multiusos del Palacio Municipal de Congresos de Madrid (...) nos vimos en la necesidad inmediata de buscar un local para más de 1.400 comensales. A tal objeto, se contactó con la empresa adjudicataria del pabellón de Fitur [Orange Market] para que alquilase y adaptase algún local (...) encontrando disponible uno en el mismo Ifema (...) por lo que se informa favorablemente y se propone su pago».

Ese almuerzo costó a la Conselleria 149.035 euros y, según el informe conocido ayer, se adjudicó a El Bigotes «directamente, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia». Todavía hay que sumar ese mismo año, en concepto de extras, contratos menores con empresas de Gürtel -Easy Concept, además de Orange Market- por valor de 67.042 euros por servicios que -mantienen los técnicos- «ya estaban incluidos en la oferta inicial Fitur 2005». Por ello, concluyen que «estaríamos ante la duplicidad en el pago de algunos servicios».

El documento detalla también cómo entre 2005 y 2009 se fraccionaron contratos de manera sistemática para eludir la ley y encargar los trabajos a firmas satélites de El Bigotes.

También en 2005, después de que Orange Market comenzará a trabajar con la Administración gracias a Fitur, se le adjudicaron una docena de trabajos de cuantía inferior -menos de 12.000 euros- relacionados con este evento. Los adjudicatarios fueron la Conselleria de Territorio y Vivienda y la de Infraestructuras y Transportes, y en los dos casos se trata de la misma actividad, que se divide en varios conceptos para sortear el concurso. Pero, sorprendentemente, se calca la cuantía y el trabajo encargado, de modo que ambos departamentos adjudicaron de manera paralela «los mismos servicios a las mismas empresas». Evidentemente, no hubo concurso. En este punto, el informe añade que, según la legislación autonómica, al considerarse ésta una actividad de promoción y representación institucional en la que interviene el presidente, es preceptiva la autorización previa de su gabinete. En la solicitud presentada y aprobada por los departamentos de Infraestructuras y Transporte, explica, «ya figuraba de forma expresa que el presupuesto era 51.685 euros y que se iba a adjudicar mediante cinco contratos menores y a unas empresas determinadas».

Del resto hasta 98.909 euros se hizo cargo la Conselleria de Territorio y Vivienda, y además de a Orange Market se contrató a DT Consulting, S.L. Boomerangdrive, S.L., Rialgreen, S.L. y TCM Consulting, todas de la trama liderada por Francisco Correa. En total, la redGürtel logró de la Administración autonómica entre 2005 y 2009 unos 7,2 millones de euros; de ellos, 1,1 a dedo.

Ante estas informaciones, la Generalitat Valenciana envió ayer un comunicado donde se sostenía que todas las contrataciones realizadas «se ajustan a la más estricta legalidad y cumplen lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas». Añade, además, su «total discrepancia» con las «infundadas conclusiones» de la Unidad de Auxilio Judicial y señala que «nunca un miembro del gabinete de la Presidencia ha tenido la responsabilidad de decidir sobre las contrataciones». Un argumento de defensa que busca exonerar a Camps.

Pero el documento judicial, de naturaleza técnica y que ha sido enviado a las partes, según dijo ayer el socialista Ángel Luna, relata con todo detalle cómo a través de El Bigotes otras empresas de Correa lograron trabajo en la Comunidad Valenciana. En el acto del Open de Tenis celebrado en 2007 se trocea su adjudicación en cinco contratos menores para dar entrada a Easy Concept, Good Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico junto a Orange Market. Para la Unidad de Auxilio Judicial, «todas son del mismo grupo». La mancha afecta a 17 órganos de la Generalitat, pero en el análisis se ha dejado fuera al contrato Fitur 2009, objeto de otro informe que, señalan los técnicos, se va a revisar a petición del juez Pedreira para informar sobre quien intervino en la tramitación.

M. GASPARET / Valencia

«Confío en la Justicia y estoy tranquilo»

Francisco Camps mantiene la incógnita sobre qué hará si vuelve a ser imputado

Requerido una y otra vez por los grupos de la oposición, Francisco Camps no pudo más que afrontar, siquiera tangencialmente, el gran interrogante que planea sobre la política y las instituciones valencianas: qué hará el presidente de la Generalitat si el próximo día 12 el Supremo devuelve al TSJ valenciano el asunto de los trajes y, por tanto, el jefe del Consell se ve en la tesitura de tener que sentarse en el banquillo.

La cuestión es importante porque condiciona la acción de una oposición «volcada en el monotema» -según se escuecen en el PP-, y el ritmo de un Consell bajo mínimos y de una organización en la que los barones comienzan a moverse impelidos por la sensación de provisionalidad.

«De lo otro», dijo Camps para referirse al asunto tabú, «yo confío de verdad en la Justicia y en la verdad, y por eso estoy tranquilo, tanto yo como mis compañeros. Como confío en la Justicia», remachó, «estoy tranquilo».

La frase fue el colofón a una sesión de control en la que PSPV y Compromís pusieron en serios apuros al presidente. El portavoz socialista, Ángel Luna, se sacó de la chistera Gürtel un nuevo informe, ésta vez elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial del TSJM, en el que se denuncian todo tipo de desmanes contables en las relaciones entre la Generalitat y nueve empresas de la trama.

La lectura de frases textuales de los interventores del Estado y de los técnicos de Hacienda y del Banco de España que elaboraron el informe, y la relación de las irregularidades detectadas y las consellerias implicadas noquearon a Camps, que apenas pudo contraatacar aduciendo que Luna también fraccionaba contratos cuando era alcalde de la Alicante -allá por 1994-.

La andanada del informe fue el preámbulo de que se valieron los grupos de la oposición para acorralar a Camps, que trató de zafarse echando mano de curiosos contraataques. El portavoz socialista le acusó de no ser «dueño de su futuro» porque «está en manos de los jueces», a lo que Camps respondió que «le parecía de lo más anómalo y extraño que la Intervención General del Estado utilice al portavoz de la oposición para hacernos ver cosas que a la Generalitat no llegan». Camps llegó a solicitar con un gesto un aplauso fervoroso de su grupo para demostrar que el PP esta cohesionado. ¿Disculpas? «...Por la actitud de la oposición», subrayó.