GOLPISMO SOCIALISTA: Montilla exige el haraquiri del Constitucional

LA 'CRISIS INSTITUCIONAL' Y LA CRISIS ECONÓMICA ATENAZAN A ESPAÑA

LEONOR MAYOR / Barcelona

Montilla se une a Mas y exige el haraquiri del Constitucional

Pactan que el Parlament 'promueva las acciones a su alcance' para que el TC 'se declare incompetente' sobre el Estatut

Algunos pensaban que iba de farol, pero José Montilla enseñó ayer sus cartas y culminó su desafío a José Luis Rodríguez Zapatero para exigirle la renovación del Tribunal Constitucional (TC). El órdago del presidente de la Generalitat se articulará desde dos frentes. Desde el Govern, gracias a varios acuerdos tomados ayer, y desde el Parlament, tras el pacto alcanzado entre Montilla y el líder de CiU, Artur Mas.

Ayer por la mañana, Montilla y Mas lograron pactar una propuesta de resolución que, en principio, se aprobará hoy en el Parlament, después de que el PSC aceptase exigir oficialmente que el TC se haga el haraquiri y «se declare incompetente» a sí mismo para dictar una sentencia sobre el Estatut.

La propuesta plantea la «urgente e inexcusable necesidad» de renovar a los cuatro magistrados elegidos a instancia del Senado cuyo mandato ha caducado y al juez designado por el Congreso cuya plaza está vacante por fallecimiento. Además, establece proponer desde el Senado en el plazo de 30 días una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del TC para que se impida la prórroga forzosa de los magistrados. Sigue en página 4Editorial en página 3

La resolución recoge que el TC «no está en condiciones de ejercer las tareas que constitucionalmente tiene asignadas», tras cinco intentos de dictar sentencia, por lo que el Parlament «promoverá todas las acciones a su alcance para conseguir que el TC se declare incompetente».

«No nos quedaremos quietos. Actuaremos en defensa del Estatut. No existe tribunal que pueda juzgar nuestros sentimientos como catalanes», sentenció Montilla tras dar a conocer el contenido de su pacto con Mas. También denunció «la situación muy precaria» en la que, a su juicio, se halla el TC y concluyó que el Alto Tribunal «está muy disminuido para ejercer sus funciones».

La alegría de Montilla por haber alcanzado un acuerdo que permite «lanzar un mensaje a la sociedad catalana y al conjunto de España» se empañó ya a media mañana por una decisión de Esquerra que dejó descolocado al president, pero, aún más, a CiU. El líder de los independentistas, Joan Puigcercós, anunció que su partido no firmará la propuesta de resolución, que será presentada hoy en el Parlament, aunque después votará a favor de su contenido.

Una estrategia un tanto extraña que, sin embargo, los republicanos defendieron ayer con uñas y dientes: «Como no apoyamos el Estatut, no nos importa lo que diga la sentencia, para nosotros la única salida a este atolladero es la independencia. Pero sí votaremos a favor de la resolución para demostrar que en el Parlament hay unidad para defender los intereses de Cataluña», explicaron fuentes de Esquerra a este diario.

Tras la insólita decisión de ERC subyace su convencimiento de que lo que pretende Montilla es retrasar la sentencia sobre el Estatut y evitar que ésta perturbe la campaña de las elecciones autonómicas que se celebrarán en otoño. Los independentistas preferirían que el fallo se dictase de inmediato, porque eso les permitiría centrar la campaña en el argumento de que Cataluña ya no tiene nada que hacer con España.

Con su sí, pero no a la resolución, Esquerra juega a favor de sus intereses, pero sin dejar a sus socios del PSC tirados en la cuneta. Sin embargo, a CiU, que lleva una buena temporada compitiendo con los republicanos en catalanismo, la decisión de Puigcercós le cayó como un jarro de agua fría: «Nosotros hemos negociado con el tripartito y no sólo con los socialistas e Iniciativa», indicaron fuentes de los nacionalistas que, muy molestos, anunciaron que no decidirán hasta hoy mismo si finalmente rubrican o no la resolución.

El propio Montilla manifestó anoche su esperanza en que Mas «no fallará en unos momentos tan importantes». Y es que la situación alcanzaría tintes surrealistas si CiU se desmarcase del acuerdo en el último momento, después de haber convencido al PSC de que aceptase todos sus postulados.

Unos postulados que colocan a los socialistas catalanes en una situación incómoda respecto al PSOE, con quien ya vienen manteniendo una maltrecha relación. No obstante, en el PSC están convencidos de que, al final, Zapatero y los suyos acabarán por ceder y suscribirán las tesis de Montilla: «Nuestra función en la vida es convencer al PSOE para que apoye nuestras medidas y planteamientos y vote como nosotros», afirmó el lunes el portavoz del PSC, Miquel Iceta.

Por lo pronto, el PSOE no ha entrado al trapo. Sus dirigentes reaccionaron ayer con tibieza al órdago del PSC. El portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso, secundó la «urgencia» de renovar el TC y aprovechó para culpar del bloqueo al PP. Y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, reconoció «el derecho» de PSC y CiU a «realizar por los cauces procedimentales establecidos las peticiones que estimen pertinentes».

Algo que Montilla piensa hacer, pues su desafío no se agota con la resolución. El Govern decidió, también ayer, pedir que se convoque -por primera vez en la historia- la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde pretende revisar las candidaturas presentadas para suplir a los cuatro magistrados del TC cuyo mandato ha expirado.

Además, el Govern pedirá un dictamen a sus juristas para «evaluar si la falta de renovación afecta a la capacidad del Tribunal a la hora de dictar una sentencia sobre el Estatut». Por último, el president se reunirá con representantes de los grupos parlamentarios del tripartito y de CiU en el Senado para buscar la manera de «reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional».

A CONTRAPELO

SANTIAGO GONZÁLEZ

¿Incompetente o redundante?

José Montilla y Artur Mas han llegado al acuerdo de pedir al Parlament que el Constitucional se declare incompetente sobre el Estatut. Consejos vendo y para mí no tengo. Es cierto que la incompetencia que debe confesar el Tribunal es muy precisa, mientras que la que los espectadores apreciamos en los señores Mas, Montilla y asociados es de naturaleza inespecífica, más de amplio espectro. A esto se le llama el don de la alteridad.

El primer punto del papel enviado a la Mesa del Parlament reafirma la plena constitucionalidad del Estatut, opinión que no es una rareza de esta pareja de hecho; también participan de ella y la han defendido el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia. Puestos en ese plan, ¿quién necesita un Constitucional, vamos a ver?

No es preciso considerarlo incompetente, tal como reclama el punto tercero del acuerdo Montilla-Mas. Bastaría declararlo redundante. Parecería chocante que un tribunal llamado Constitucional no fuera el órgano adecuado para juzgar la constitucionalidad de las leyes. Cuantos opinábamos que el Estatut desbordaba el marco de la Constitución ya advertíamos de la dificultad y los problemas que entrañaría la cuestión después de aprobado en referéndum, aunque fuera con porcentajes ridículos. Pero para eso está el dictamen previo de inconstitucionalidad, no el absurdo de eximir de control constitucional precisamente a las leyes más importantes.

A partir de aquí, el punto segundo -instar a las cámaras a renovar el TC sustituyendo a los magistrados pasados de fecha- es innecesario. Basta el cuarto -reformar la ley que lo regula para retirar en tiempo y forma a los caducados- y el Tribunal se iría amortizando a medida que los magistrados cumplen la edad de jubilación o el plazo de su mandato.

Se quejaba María Emilia Casas de que estamos en una crisis institucional y que el Tribunal que preside sufre una intolerable campaña de desprestigio. Montilla, ese lince, no sabe a quién se refiere. Leire Pajín, sí: como la rana que en la asamblea de la selva oye al león tronar contra «ese bicho verde que no me deja pegar ojo porque se pasa las noches croando» y comenta que «menuda bronca está echando el león al cocodrilo». O sea, al PP.

Fue el TC quien se colocó a sí mismo en posición ílegítima al admitir a trámite el recurso de los populares contra el Estatut. También le ha pasado al Tribunal Supremo al admitir la querella de Falange Española contra el juez Garzón. Falange es el PP, amb Garzón i l'Estatut esta dreta ens ha fotut; Supremo, Constitucional, el mismo carajal.

No llevarán la iniciativa al Congreso, donde la ministra de Defensa tendría que votar contra el presidente del Gobierno. En cambio, en la Cámara Alta, los senadores del PSC están en la Entesa y Zapatero les permitirá un brindis al sol. Salvo que decida unírseles, lo que tampoco es absolutamente descartable.

Mientras, Montilla podría convocar a su Consejo de Garantías Estatutarias para declarar inestatutaria la Constitución Española de 1978. Y convocar a los medios de comunicación catalanes para que expliquen el tema en otro editorial conjunto.

MARISA CRUZ / Madrid

El presidente admite «cierta sensación de conflictividad institucional»

Reactivará la renovación del Constitucional «cuando las condiciones sean asumibles»

El presidente del Gobierno admitió ayer en el Pleno del Senado que la «no sentencia» del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña ha dado lugar a un debate político de alto voltaje que produce «cierta sensación de conflictividad institucional».

Zapatero negó después, ya en los pasillos de la Cámara Alta, que exista una crisis como la que denunció el lunes la presidenta del TC, María Emilia Casas, pero para evitar que las sensaciones se conviertan en realidades, antes se había apresurado a reclamar «sosiego» y «fidelidad» al «espíritu y la letra de las reglas constitucionales» y «máximo respeto» a lo que los magistrados puedan decidir porque, recordó, «no pueden abdicar de su responsabilidad» de intentar formar una mayoría que respalde una sentencia.

El presidente, pues, hizo todo lo posible por no apartarse ni un milímetro del papel que le corresponde como jefe del Ejecutivo: primero, rechazar que bajo su mandato se esté fraguando un conflicto entre poderes del Estado; segundo, pedir respeto a los tiempos y decisiones de la Justicia, y, tercero, evitar pronunciarse acerca del pacto alcanzado en Cataluña entre el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el líder de CiU, Artur Mas, que, entre otros puntos, exige que el TC se inhiba en el recurso sobre el Estatuto catalán.

Zapatero se expresó así en respuesta a la pregunta que le dirigió el senador de CiU Jordi Vilajoana, quien, evidentemente, se hizo eco del citado pacto logrado entre Montilla y Mas. En este sentido, el jefe del Ejecutivo le recordó que «las reglas de juego hoy son las que son» y, aunque admitió que la ley puede cambiarse, hacerlo en estos momentos sería como enmendar la plana al constituyente.

El presidente insistió en la misma filosofía que ya defendió en el Congreso de los Diputados la pasada semana. A saber: no se puede criticar al TC por su falta de renovación y por tener entre sus miembros cuatro magistrados que hace tiempo han visto su mandato caducar. «Al Tribunal Constitucional, lo que es del Tribunal Constitucional, y al Parlamento, lo que es del Parlamento». En definitiva, que la responsabilidad de la no renovación es de los dos principales partidos políticos, PP y PSOE.

También reiteró el presidente su disposición a reactivar el proceso «cuando las condiciones sean asumibles». En su opinión, ahora mismo dichas condiciones no se dan. No culpó expresamente al PP, pero sí recordó que cuando él fue líder de la oposición «facilitó» el acuerdo. En todo caso, tampoco se da el requisito de «sosiego» y «discreción» que requieren cambios de este tipo. «Las condiciones peores», dijo, «son cuando la renovación está sometida al debate público».

La polémica en torno a la no sentencia sobre el Estatuto tuvo además un segundo episodio protagonizado por la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. En este caso, el enfrentamiento consistió en cruzar reproches sobre quién tiene la culpa del bloqueo a la hora de cambiar a los magistrados.

Cospedal llegó a acusar, esta vez sí, abiertamente al Gobierno y al PSOE de «someter a las instituciones del Estado a unas tensiones intolerables». «El propio PSOE», remachó, «es el que avala los ataques al Constitucional».

Precisamente esta reacción es la que viene temiendo el Ejecutivo desde hace días: que los populares intenten trasladar a la opinión pública el mensaje de que existe una crisis institucional que se sumaría a la crisis económica y a la que Zapatero no sabe poner freno ni en sus propias filas.

Caamaño respondió insistiendo en que el Gobierno siempre actúa con «respeto y lealtad institucional» y achacando al PP el que nunca le haya importado conducir al TC a una «situación de bloqueo».