GOLPISMO SOCIALISTA: El nacionalSSocialista Montilla firma un «aviso al Constitucional»

Montilla y Mas firman su «aviso al Constitucional»
El «aviso» de CiU y el PSC al Tribunal Constitucional ya está firmado, presentado y sellado por el registro del Parlament. La resolución en la que ambos partidos, junto a ICV-EUiA, piden a los magistrados que se declaren «incompetentes» para fallar sobre el Estatut se debatirá en el Pleno de hoy y se aprobará con los votos de estas tres fuerzas políticas y los de Esquerra; es decir, más del 80% del Parlament.
La política catalana se fue a dormir el martes con la incógnita de si el desafío al Constitucional llegaría a materializarse. Esquerra anunció que no firmaría el acuerdo, aunque luego sí votaría a su favor en el pleno. CiU se indignó con los republicanos, a quienes acusó de romper la unidad catalana, y decidió tomarse la noche para deshojar la margarita: «ya veremos si firmamos o no», amenazaron los nacionalistas.
Las aguas volvieron a su cauce inicial, el cauce del reto al Constitucional, ayer por la mañana, tras una reunión entre el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el líder de CiU, Artur Mas, quienes decidieron hacer caso omiso del pseudo plantón de Esquerra y tirarse a la piscina firmando la resolución.
Sobre el documento se debatirá hoy en el Pleno, pero ya dio mucho de que hablar en la jornada de ayer. Durante la sesión de control al president, PP y Ciutadans, las dos fuerzas que se oponen a que el Parlament rete al TC, manifestaron por primera vez en público sus críticas a la propuesta sociovergente.
El líder de Ciutadans, Albert Rivera, aseguró que la exigencia de que el TC se declare incompetente «está absolutamente al margen de la legalidad y, sobre todo, pone entre la espada y la pared al Estado de derecho en Cataluña y en España». Y el jefe del grupo parlamentario del PP, Daniel Sirera, acusó a Montilla de conducir a los catalanes «hacia una aventura antidemocrática».
La otra cara de la moneda la puso el desmarcado presidente de ERC, Joan Puigcercós, quien reclamó a Montilla que vaya más allá de la sentencia, pues ésta «siempre será la misma», y plantee una «respuesta clara y contundente para los que van contra los intereses de Cataluña». Puigcercós no concretó cuál podría ser esa respuesta, aunque hace meses que anuncia que la «única salida» para los catalanes es un referéndum independentista.
El desafío catalán se completará hoy con la aprobación de la resolución, que también exige una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para prohibir que los jueces puedan mantenerse en funciones una vez finalice su mandato. Lo que quieren CiU, PSC e Iniciativa es que PSOE y PP se pongan de acuerdo para renovar a los cuatro magistrados nombrados a instancias del Senado cuyo mandato caducó y al que falleció, que había sido designado por el Congreso, y que sea este nuevo Tribunal quien dicte la sentencia estatutaria.
Ahora la pelota estará en el tejado de las Cortes. Más bien en el del grupo del PSOE, que tendrá que decidir si secunda o no las pretensiones de sus compañeros catalanes. La relación entre socialistas españoles y catalanes podría llegar a enrarecerse del todo si la propuesta de reforma del TC llega al Congreso y unos votan distinto de los otros pese a pertenecer al mismo grupo parlamentario.
Pero ya se sabe que este tipo de tramitaciones van lentas y, por lo tanto, hay tiempo. Tiempo para que el PSOE deje pasar el órdago del PSC y evite el enfrentamiento a la espera de ver qué ocurre. Pasar puede pasar cualquier cosa: por ejemplo, que el TC se decida y dicte en breve la famosa sentencia, desarticulando así el reto del Parlament.
El fallo sería una hecatombe para los intereses electorales del PSC, que preferiría hacer una campaña sin sentencia estatuaria de fondo para tratar de atraer a su electorado con asuntos sociales y no identitarios. De hecho, los republicanos sospechan que las exigencias de renovación del Constitucional de los socialistas no son más que una maniobra dilatoria para que la resolución de los jueces se demore sine die.
A Esquerra, en cambio, le favorecería una pronta -y restrictiva sentencia- para dar por finiquitada la relación Cataluña-España y volcarse en su ansiado referéndum independentista. Pero, sean cuales sean las estrategias de los partidos, el margen de maniobra de las fuerzas catalanas está, por el momento, agotado. Ahora, les toca hablar a las instituciones de Madrid. Ya sea al TC en forma de sentencia, ya sea a las Cortes con su respuesta al reto catalán.
El PP mantiene sus candidatos al TC
El PP no sólo se reafirma en la posición de no renovar ahora el Tribunal Constitucional sino que, además, mantiene «por coherencia» a sus dos candidatos, Francisco José Hernando y Enrique López, pese a la conocida oposición del PSOE.
Así lo dejó sentenciado ayer el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, en el Club Siglo XXI. El dirigente popular, que también confirmó el no de su Grupo a la reforma del Código Penal que el Gobierno lleva hoy al Congreso, reprochó a éste, además, su falta de disposición para renegociar, años atrás, los referidos nombres.
Trillo explicó que había planteado al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y a su predecesor, Mariano Fernández Bermejo, la posibilidad de «reestructutar candidatos entre las distintas instituciones del Estado, y no ha habido oportunidad». «En consecuencia, que cada palo aguante su vela», apostilló.
Además, subrayó que «el PSOE miente cuando dice que el Alto Tribunal está bloqueado por culpa del PP».Trillo no sóló reprochó a los socialistas el veto a López y a Hernando por considerarlos «inadecuados», sino también su falta de respuesta al conjunto de «personas muy dignas y solventes» que el PP propugnó para cubrir la plaza del fallecido magistrado Roberto García Calvo.
En cuanto a la insistencia de la Generalitat y de los partidos catalanes sobre la renovación del Tribunal, Trillo no sólo rechazó el empeño, sino que descartó objeciones a su actual composición. «Es mejor un tribunal prorrogado» que otro «ad hoc», «adecuado a lo que quiera el Gobierno», afirmó.
Puestos a pedir reformas, el dirigente popular planteó las de su propio partido. Además de abogar por la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad, Trillo anunció que en el programa electoral de 2012 figurará la propuesta de eliminar la participación de los parlamentos autonómicos en la designación de los magistrados del Alto Tribunal. Se trata, precisamente, de la última modificación que el Gobierno hizo de la Ley Orgánica, con la oposición del PP, y que este partido salvó poniendo de acuerdo a todas sus comunidades autónomas para designar a López y Hernando.
Dicha reforma legislativa sirvió también al Gobierno para prorrogar -también con la oposición del PP- el mandato de María Emilia Casas al frente del Constitucional. No obstante, Trillo declaró ayer que tiene «gran respeto» por la presidenta del Tribunal, y la justificó diciendo que en la actualidad tiene «un momento difícil». «Le deseo el mejor de los éxitos y sobre todo, una sentencia», dijo. Así, descartó que tenga ninguna «culpa» del actual bloqueo en torno a la sentencia.
Aún más, el portavoz de Justicia del PP consideró que con la última mayoría forjada en el Alto Tribunal se dan argumentos suficientes para que se dicte una sentencia sobre el Estatut. Una sentencia que, en todo caso, pidió «cuanto antes».





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