COMENTARIOS LIBERALES F. JIMÉNEZ LOSANTOS

La tregua de Garzón

NO SÉ si será Manos Limpias o si, por vergüenza torera, lo intentará la AVT de Casquero. Desde luego, con la AVT de Alcaraz, no se libraría Garzón de la cuarta querella por prevaricación; y si Cándido fuera algo más que lo que Zapatero, de haber leído a Azaña, llamaría «espolique fácil de mis gustos», la Fiscalía General del Estado se adelantaría a la AVT y a quien fuera. Porque conviene recordar que la suelta de Usabiaga perpetrada por el juez estrella se ha hecho contra la opinión del fiscal y contra todos los datos del respeto a las leyes que pudieran fundamentar una acción de tal gravedad. EL MUNDO sintetizaba ayer a la perfección la enésima epopeya garzonita: dice que suelta a Usabiaga para que cuide a su mamá porque la pobre es dependiente, pero resulta que la mamá del etarra o filoetarra o protoetarra o lo que sea Usabiaga aún no es legalmente dependiente porque la administración no ha cumplimentado ese trámite, y además hay dos hermanas adultas que podrían encargarse de tan abnegada tarea sin tener que soltar a un sujeto tan peligroso. Tan poco de fiar parece que el propio juez admite que podría huir o reincidir, pero que, pese a todo, lo suelta.

Y es que está muy humanitario últimamente Garzón. Desde el inolvidable ensañamiento con los peritos del bórico no lo veíamos tan luminosamente transido de humanidad. Si estará caritativo y confundido -Il Poverello D´Asise presentaba también las dos características de forma simultánea- que le dijo al juez que las manifestaciones golpistas en su favor y contra el Supremo le perjudican y, sin embargo, ha dejado que su madre y su hermana figurasen al frente de las algaradas garzonitas. Se olvidaría de avisarles que lo perjudicaban. El típico problema de carpetilla de Garzón.

Lo malo es que como hemos visto tanto al Astro-Juez favoreciendo al Poder y favoreciéndose a sí mismo, la duda que ahora pesa en la opinión pública es si la escandalosa suelta de Usabiaga es una forma de comprar protección por parte del juez o el prólogo a una nueva negociación de Zapatero con la ETA, que tras los últimos reveses políticos, económicos y judiciales, estaría servida. O tal vez Garzón, previendo su inminente defenestración de la Audiencia, ha tomado la iniciativa de propiciar otra tregua-trampa etarra siguiendo el guión dictado por Otegi a la policía, muy en la línea de favorecer a ese otro hombre de paz que es Usabiaga. Tan buen hijo, además.

«La duda es si la suelta de Usabiaga es un intento de comprar protección o el prólogo a otra negociación»

TIEMPO RECOBRADO pedro g. CUARTANGO

La tentación totalitaria de la izquierda

leyendo una nueva biografía sobre Joseph Goebbels en la que se dedica un buen número de páginas a rememorar los ataques del Partido Nacional Socialista a los tribunales en el periodo comprendido entre 1928 y 1933, fecha del nombramiento de Hitler como canciller.

Había que tener un extraordinario valor para ser juez en Alemania y condenar a un militante nazi porque ello suponía el riesgo de ser asesinado, agredido por las SA o vilipendiado por el Völkischer Beobachter, el panfleto de Alfred Rosenberg.

Hubo militantes comunistas y socialdemócratas o simplemente personas de raza judía que fueron asesinados a palos en la calle por las fuerzas de choque nazis. Los criminales fueron absueltos en muchos casos por jueces que subían al estrado en un ambiente de intimidación y terror. Los magistrados que se negaron a plegarse a las presiones fueron destituidos o encarcelados a partir de 1935 cuando Hitler se convirtió en un dictador tras proclamar un Estado totalitario.

Aunque los jueces son falibles y tienen tantos prejuicios como los demás mortales, su función es básica en un Estado de Derecho que defiende las libertades individuales y la primacía del imperio de la ley. No hay democracia sin un poder judicial independiente que fiscalice los actos del Gobierno.

No debería ser necesario recordar a Montesquieu a estas alturas si no fuera por las declaraciones que se están escuchando estos días de ministros y dirigentes del PSOE en las que se deslegitima abiertamente al Tribunal Supremo y al Constitucional.

Hay quien ha llamado «torturadores» a los jueces, quien ha defendido que hay leyes que deben estar por encima del control del Tribunal Constitucional, quien ha dicho que la Ley de Amnistía era propia de una dictadura bananera y quien ha sostenido que el Supremo está creando «alarma» social.

Me gustaría saber cuál es la alternativa que proponen los dirigentes políticos e intelectuales que se han manifestado en estos términos. ¿Sería mejor abolir los tribunales? ¿Prefieren una justicia popular? ¿O tal vez se conformarían con el derecho del Gobierno a vetar las resoluciones judiciales que no le gustaran?

Cuestionar la independencia del poder judicial conduce directamente al totalitarismo, que consiste en la supeditación de la Justicia a una ideología, sea de corte fascista o comunista.

Yo creía que, después de la experiencia del estalinismo y los procesos de Moscú, la izquierda estaría ya vacunada de esta enfermedad. Pero constato que no. Que resucita ese afán de implantar una justicia partidista y al servicio de intereses políticos.

No conozco a Luciano Varela, pero quiero rendirle homenaje por su coraje moral. Debe ser muy difícil intentar ser un juez imparcial cuando se está sometido a tanta presión. Su digno silencio contrasta con el espectáculo en el que algunos han convertido la acción de los tribunales.

TRIBUNA / DESCRÉDITO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS / JAVIER REDONDO

La privatización de la política

El autor analiza los vicios del sistema y el subsiguiente distanciamiento entre la ciudadanía y la clase dirigente
Advierte de que los partidos pueden degenerar en empresas que se sirven del Estado para lograr sus objetivos

OBSERVAMOS CON inquietud que si no ponemos remedio la política va camino de convertirse en una actividad pública orientada al beneficio privado. Parece una exageración y de cualquier modo es una contradicción, pero el círculo vicioso que se crea en torno a la corrupción alimenta esta idea: la corrupción provoca frustración en el ciudadano, desafección y finalmente su alejamiento de la política, pues los individuos proyectan su visión desencantada sobre el conjunto del sistema. La sociedad contempla desde la distancia a la clase política, que goza de unos privilegios inalcanzables para el común de los mortales. El sufragio constituiría, en última instancia, el homenaje, el ancla y el símbolo irreductible de una democracia debilitada.

La privatización de la política no es un fenómeno nuevo. A principios del siglo pasado el sociólogo Max Weber llamó la atención sobre la tendencia hacia la profesionalización del político precisamente para evitar y combatir en lo posible que la política no fuera cosa de todos. La irrupción de políticos profesionales fue una consecuencia inevitable de la política de masas. El político full-time necesitaba cobrar por su trabajo.

Mucho después, hace más o menos 15 años, algunos especialistas introdujeron el concepto de partido-cartel para explicar el proceso de transformación de los partidos en empresas, marcas y oficinas de colocación que no sólo disponen de recursos propios sino que además controlan los recursos públicos. Según este modelo, los partidos han colonizado de tal modo el Estado que, toda vez superado el debate sobre su consideración como organizaciones privadas de actividad, funciones y responsabilidad públicas, se han convertido en agencias estatales. Son empresas que operan en el Estado y se sirven de él para alcanzar sus objetivos.

Tradicionalmente, los argumentos históricos contra los partidos se han basado en tres consideraciones: primera, que en EEUU los padres fundadores desconfiaron de ellos porque viciaban la relación entre el Estado y la sociedad y adulteraban el concepto de representación política. Así, con toda razón, diseñaron un modelo de partido ad hoc. Es decir, allí funcionan como meras maquinarias electorales cuya actividad se limita al periodo en que se celebran elecciones. No en vano, el pensamiento liberal era reticente a organizar la representación en torno a partidos, pues como argumentaba el primer liberalismo español, rompían la unidad de la nación.

La segunda consideración se basa en la concepción de partido como estructura cerrada, impermeable y oligárquica. Michels y Ostrogorski teorizaron sobre ello en las primeras décadas del siglo XX. Uno formuló la ley de hierro de la oligarquía, el otro escribió sin ambages que los partidos exigen «adhesión integral» y crean un «espíritu de cuerpo» que convierte al funcionario de partido en miembro de una casta.

Consecuentemente, la tercera consideración concibe al partido como un agente de división social artificial. El Diccionario de Autoridades español introdujo en 1753 la voz partido, que definió como «parcialidad». Sobran ejemplos de rabiosa actualidad: los partidos incluyen en el debate político asuntos de su propia incumbencia, es decir, aquellos que permiten ver como natural la retroalimentación constante de la relación de los partidos entre sí -y de éstos con las instituciones-, debates artificiales que nada tienen que ver con las demandas de los ciudadanos ni mucho menos con el interés general.

Vaya por delante que no se trata aquí de construir un alegato contra los partidos por dos razones: primero, porque son tan útiles como necesarios. Y segundo, porque resultaría vacuo y pueril elucubrar sobre alternativas inviables. O sea, su existencia, pese a las críticas, es consustancial al modelo de representación contemporáneo. Dicho esto, no está de más reparar en algunos males que menguan la calidad de las democracias.

A vuela pluma se me ocurren tres razones entrelazadas -y por este orden- que se antojan esenciales para explicar el deterioro de la relación político-ciudadano y, en definitiva, el proceso de privatización de la política: el modelo de partido, el modelo de representación y, aunque resulte chocante y pueda inducir a interpretaciones contradictorias, el modelo de descentralización territorial, que fomenta la baronización de los partidos. Ninguno de los rasgos mencionados de nuestro sistema se explica sin los otros dos: la representación proporcional con un sistema de lista cerrada y bloqueada deviene en un modelo de partidos fuertemente cohesionado que exige una disciplina férrea a sus diputados. Éstos no contraen obligaciones con sus electores sino sólo con el partido.

Por otra parte, la desenfrenada descentralización autonómica ha permitido el surgimiento de un nuevo estrato dentro de la clase política: el barón no depende tanto del partido como del juego de fuerzas en su propio territorio, lo cual rebaja el poder del aparato pero al mismo tiempo fragmenta el interés general, lo diluye, convirtiendo a la política en una actividad de patrimonialización de compartimentos estancos, de propiedades de tamaño medio.

Por último, el modelo de representación, sujeto a la elección cada cuatro años, invierte el depósito de la soberanía: no reside en los ciudadanos sino en los partidos, que son quienes deciden en última instancia prescindir o no de quienes se han corrompido en el ejercicio del poder o han traicionado la voluntad de los electores. Queda claro que padecemos una excesiva autonomía de los partidos. Dado que todo el sistema pivota en torno a ellos, se han debilitado los controles, desde los financieros hasta los jurídicos y sociales. Y todo ello porque los partidos abarcan, en régimen de monopolio, la política y las funciones estatales (ahora con un agravante: los sindicatos comparten privilegios con los partidos de los que son extensión sin ser representativos del grueso de la sociedad).

Del mismo modo, la autonomía y el monopolio posibilitan a su vez que la clase política, o mejor, la profesión política sea, junto con los consejeros de administración de las empresas, prácticamente la única que autorregula su actividad y su salario. Lo cual genera que los políticos profesionales, los canteranos de partido y los diputados se agarren con uñas y dientes a su cargo. Y que por tanto -y lo que es casi peor-, profesen ciegamente su fe en el partido, en el líder o en el aparato del que depende su supervivencia.

Como ya hemos dicho que los partidos son agencias de colocación que disponen de recursos públicos, los militantes más fieles obtienen cargos en empresas públicas o dependientes del Estado. Y como un mal trae consigo el siguiente, todo esto convenientemente mezclado provoca el debilitamiento del debate político, caracterizado por ser excesivamente reduccionista e incluso simplista.

Ante este panorama, al ciudadano no le queda más que esperar cada convocatoria electoral para desprenderse de los políticos y del partido que considera peores y sustituirlos por otros líderes y otros partidos que puedan gestionar la cosa pública con más tiento, más eficiencia o, sencillamente, sin concebirla como una actividad lucrativa. En este sentido, el sistema de controles y equilibrios en Estados Unidos permite a los ciudadanos renovar su Congreso por partes cada dos años, lo cual mantiene al Congreso próximo a la opinión pública.

Entre tanto, en España, no están a mano de los ciudadanos palancas de activación de responsabilidad política que penalicen la corrupción, la participación en negocios privados usando la tarjeta de visita de político profesional, la perseverancia en gobernar el pasado, el distanciamiento con la introducción de debates estériles o simplemente la incompetencia. Por ello, no está de más introducir algunas reflexiones que pudieran servir para paliar los desequilibrios expuestos.

Por ejemplo, los partidos patrimonializan el Estado pero también porque el Estado es demasiado goloso, esto es, grande. Si se adelgaza el Estado se reduce el poder de los partidos, véase, el número de altos cargos dependientes de poderes públicos en empresas, cajas y otras instituciones que bien podrían prestar servicios públicos aun estando en manos privadas.

Asimismo, «se promulgan demasiadas leyes, se dan pocos ejemplos», denunció Saint-Just en la Convención de la Francia revolucionaria. Efectivamente, se regula demasiado, pero quien regula se protege a su vez estableciendo para sí sanciones diminutas. Por tanto, el problema, al final, es de «ejemplaridad» (el término es del filósofo Gomá), pues los políticos no sólo han de cumplir la ley, han de ser ejemplares. Ya que con su comportamiento y sus palabras pueden contribuir a extender una cultura de legalidad que refuerce la legitimidad y los valores que sostienen el andamiaje constitucional. La ejemplaridad tiene que ver con todo ello, porque todo comportamiento alejado de la ejemplaridad pone en solfa a las instituciones. Y a la inversa, todo intento de dar jaque a las instituciones constituye un comportamiento poco ejemplar.

Javier Redondo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid.

«La calidad democrática mengua con el actual modelo de partidos, de representación y de descentralización»

QUIA! arcadi espada

Moralidades

UN CONCEJAL del Partido Popular en Badalona, Xavier García Albiol, ha escrito un infamante panfleto contra los ciudadanos rumanos que viven en España. «No queremos rumano», dice la idea más sofisticada del texto, que ya se ve que está escrita en rumano. La dislocación gramatical no deja de ser, como suele ser habitual, muy creativa. Lo rumano siempre puede extenderse más allá de los rumanos. De hecho ya lo ha extendido el propio Albiol: que ha dicho, sin un rayo de vergüenza, que sólo se refería a los rumanos gitanos. El concejal Albiol está a punto de empezar a exigir análisis de sangre. No sería extraño en él: no son sus primeras actividades racistas, que suelen estar incrustadas en plena temporada electoral. Es probable que el racismo de Albiol sea ontológico, pero lo cierto es que sus manifestaciones son enteramente pragmáticas.

Estos sentimientos primates no tienen mayor interés que el de su exhibición, pero no sucede lo mismo con las reacciones que ha concitado entre sus colegas de partido. Primero en su inmediato superior jerárquico, Alicia Sánchez-Camacho. Esta señora, según la impresión dominante, se ha propuesto centrar al Partido Popular; pero naturalmente en Cataluña cualquier operación de centraje (de anclaje) sólo significa acercarse al nacionalismo; y nunca a alguna forma de la moralidad. La señora Sánchez-Camacho se ha limitado a pedir perdón por las palabras del concejal. Pero esas peticiones de perdón que dejan intacto al pecador, sin la más leve penitencia, y que tan comúnmente utiliza el cinismo español, sólo son parte de una estrategia que consiste en hacer de los partidos una suerte de catch all morality (siguiendo a Wikipedia una suerte de atrapalotodos morales). Al racista popular le placerán mucho los panfletos de Albiol y no achacará más que a la exigencia diplomática la petición de perdón. El popular pusilánime verá en Albiol el exceso y se aferrará al perdón. Es obvio que esa suerte de empate moral sólo pueden deshacerlo los hechos. Es decir, el castigo del concejal. Pero el Partido Popular quiere el voto de los éticos y de los eméticos. En cuanto a la superior mediata Cospedal, llama la atención su razonamiento. «Es el PP catalán el que debe decir qué hace con Albiol». Nadie podrá negar que se trata de un razonamiento impecablemente respetuoso con la lógica del Estado autonómico. Todas las competencias en materia de moral han sido efectivamente transferidas.

www.arcadiespada.es

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