ESPAÑA EN QUIEBRA: Standard & Poor's rebaja la solvencia. Mazazo al crédito de España y al optimismo de Zapatero
SEGOVIA / J. G. GALLEGO / Madrid
Mazazo al crédito de España y al optimismo de Zapatero
Seis horas después de que el presidente del Gobierno proclamara que «la economía mejora» llegó un monumental mazazo. La agencia de calificación de riesgo internacional Standard & Poor's anunció una rebaja del rating de España hasta dejarlo por debajo de los de, por ejemplo, Eslovenia y Hong Kong.
Eso significa que la credibilidad de la economía española se deteriora y que tanto el Estado como sus empresas y bancos deberán pagar más para obtener financiación.
Standard & Poor's motivó su decisión en que «el crecimiento de la economía española será más bajo que el que estima el Gobierno». Lo cifró en apenas «el 0,7% de media hasta 2016». Por tanto, que estima que el Gobierno no podrá cumplir con el plan de Estabilidad presentado en Bruselas y que mantendrá un déficit público superior al 5% en 2013, frente al 3% máximo permitido por la UE.Sigue en página 36
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El informe de Standard & Poor's (S&P), que hace prever nuevas tormentas en la Bolsa y la deuda españolas, supone rebajar la calificación de España desde AA+ a AA con perspectiva negativa. Eso supone bajar ya dos escalones desde la máxima nota, la triple A, que logró España en 2001 tras la entrada en el euro. La economía griega queda, no obstante, con calificación muy inferior al tener, con apenas una triple B, rango de bono basura.
Los expertos de la agencia apuestan que el PIB español no recuperará los niveles de 2008 antes de 2015 y que la deuda pública continuará una tendencia al alza durante la próxima década.
El creciente pesimismo de su informe desmontó en el mismo día el optimismo mostrado por Zapatero en el Congreso de los Diputados. Éste insistió en que «hay indicios de que nuestra economía mejora, de que dejamos atrás la recesión». «Los datos están mejorando», agregó la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Ambos sabían ya que Standard & Poor's preparaba una rebaja de calificación tras haberlo hecho en la víspera con Portugal, pero no hicieron mención. Ya por la tarde, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó en los pasillos del Congreso que España es un país que «sabe» hacer frente a las dificultades y que está haciendo «bien» los deberes. «Estamos adoptando todas las medidas para cumplir nuestros compromisos», aseguró, tras calificar de «muy serio» el plan de ajuste español. De la Vega pidió «confianza» a la ciudadanía y «tranquilidad» a los mercados.
Standard & Poor's no mostró esa confianza. «España registrará probablemente un periodo prolongado de bajo crecimiento económico que debilita su posición presupuestaria», subrayó la agencia.
Los factores que, en su opinión, dañan las perspectivas del país son «el alto endeudamiento privado» (178% del Producto Interior Bruto); «el inflexible mercado laboral»; «una muy baja capacidad exportadora»; y «unos activos en el sistema financiero bajo presión», lo que supondrá un coste de saneamiento de bancos y cajas «de al menos el 5% del Producto Interior Bruto». La agencia no cree que, como sostiene hasta ahora el Gobierno, los préstamos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y de Adquisición de Activos Financieros vayan a ser devueltos fácilmente por las entidades receptoras del dinero. En una rueda de prensa posterior, los analistas firmantes del informe, Marko Mrsnik y Myriam Fernández de Heredia, señalaron que prevén que el paro alcance el 21%, en contra de lo que aseguró el lunes Rodríguez Zapatero.
Ninguno de estos problemas fue mencionado ayer por el presidente del Gobierno en la lista de indicadores que leyó ante el líder de la oposición, Mariano Rajoy, en la sesión de control parlamentaria. El presidente se jactó del aumento de ventas de automóviles, de entrada de turistas, de compra ventas de vivienda o de consumo de energía eléctrica. Y, sobre todo, subrayó que «el incremento en los ingresos del Estado [en el primer trimestre] es el mayor desde hace dos años».
«Usted no ha dicho la verdad», reaccionó como un rayo Rajoy. Utilizó los datos de la propia Intervención General del Estado para afirmar que, por el contrario, los ingresos impositivos experimentaron un descenso del 0,5%. Aseguró que Zapatero «ha tocado suelo en su credibilidad y en su capacidad de afrontar la crisis económica». Fue muy aplaudido por su bancada. La portavoz parlamentaria popular, Soraya Sáenz de Santamaría, se hizo eco de la información de EL MUNDO de ayer y criticó que Zapatero haya pronosticado ya, al menos 10 veces, el fin de la crisis económica. Salgado, en su réplica, afirmó que España se diferencia fundamentalmente de Grecia «en su estabilidad institucional», tras quedarse momentáneamente en blanco en una extraña pausa en su intervención.
Fuentes gubernamentales señalaron ayer que en Moncloa se prevé tensión en los mercados bursátiles hasta el próximo 10 de mayo, en que tendrá lugar la reunión del Eurogrupo. En esa fecha, concluidas las elecciones alemanas, se espera la activación de un plan de rescate definitivo para Grecia que calme la especulación sobre el futuro del euro.
De momento, el Gobierno lanzó ayer mensajes de desprecio hacia Standard & Poor's. Difundió un argumentario en el que subrayó que esta agencia se equivocó en su valoración de Lehman Brothers. «Standard & Poor's tenía en máxima calificación de solvencia a Lehman Brothers cuando quebró», titulaba el documento enviado por el Ejecutivo. En realidad, el banco estadounidense contaba con una nota A y perspectiva «negativa», pero no con la máxima calificación. El propio Zapatero también la dedicó reproches en su informe económico del pasado diciembre.
«Parece que la decisión de rebajaba de la calificación obedece más al seguidismo de las agencias a movimientos en los mercados que a un análisis basado en datos objetivos», descalificaron ayer desde el Ejecutivo. Marko Mrsnik puntualizó ayer que el hecho de que se haya recortado el rating a Portugal, Grecia y España prácticamente a la vez no implica que se considere que tengan los mismos problemas.
P&R
JAVIER G. GALLEGO / Madrid
Tan polémicas como necesarias
Más polémicas que nunca, las agencias de rating han vuelto a cobrar todo el protagonismo económico. Especialmente Standard & Poor's, que en dos días ha recortado la calificación crediticia de Grecia, Portugal y España.
¿Qué es Standard & Poor's (S&P)?
Es una de las tres principales agencias de calificación crediticia, junto a Moody's y Fitch. Es una filial del gigante editorial McGraw-Hill, que en 2009 ganó más de 1.400 millones de euros. La filial S&P aportó el 74% de los beneficios.
¿Cuál es la labor de una agencia de 'rating'?
Su principal negocio es poner calificaciones a la deuda de cualquier emisor, ya sea una empresa, un Estado o cualquier otra corporación, pública o privada. S&P también es muy conocida por crear índices de negociación donde cotizan distintos tipos de activos. El más famoso es el estadounidense S&P 500.
¿Quién paga a las agencias?
El modelo actual es el Issuer Pays, es decir, paga el emisor de deuda. Antes quien pagaba era el inversor por tener acceso a esa calificación, pero generaba conflictos de información privilegiada. El Gobierno español paga entre 365.000 y 530.000 euros anuales a las tres principales agencias para que le pongan rating a su deuda.
¿Por qué están en entredicho?
Porque no supieron prevenir la crisis financiera. Por ejemplo, S&P mantuvo la máxima calificación a Lehman Brothers hasta que quebró. Con la aseguradora AIG, que protagonizó el mayor rescate de la Historia, pasó algo parecido. Tampoco se explica que una agencia califique a la deuda griega como bono basura y otra, siguiendo criterios similares, le otorgue una nota que está seis escalones por encima.
¿Entonces por qué son tan importantes?
Porque, guste o no, los inversores no se fían de una emisión de deuda que no esté calificada por al menos una de las grandes agencias. Abengoa, por ejemplo, no cuenta con ninguna calificación y eso le obliga a pagar un interés mucho más alto cuando busca financiación en el mercado. El BCE también utiliza las notas de estas agencias para determinar la calidad de los activos que presentan los bancos a la hora de participar en sus subastas de liquidez.
¿Hay conflictos de interés?
Pese a tener departamentos de análisis (es decir, que emiten recomendaciones de compra o venta de valores) y de rating (ponen nota a esos mismos valores), no hay indicios de que hayan caído en conflictos de interés. En cualquier caso Bruselas va a cambiar la regulación de estas agencias para garantizar que no actúan de manera interesada.
M. RAMÍREZ / Bruselas
«¿Quién es Standard & Poor's?»
Corresponsal
«¿Quién es Standard & Poor's, por cierto?», se preguntaba ayer el portavoz comunitario de Economía, Amadeu Altafaj, al llegar al podio de la Comisión Europea para contestar una pregunta sobre a qué espera la UE mientras los bonos griegos, españoles y portugueses sufren en los mercados y la agencia de calificación rebaja sus 'rating'.
El malestar era evidente contra la agencia estadounidense experta en deuda soberana y cuyas calificaciones tienen efectos legales para el BCE, que no puede aceptar como garantía los bonos con una calificación baja.
En 2009, la UE aprobó la legislación para controlar estas agencias. Si bien la norma no va tan lejos como querían algunos países como España, desde finales de este año, las calificadoras extracomunitarias -es decir las tres grandes, S&P, Moody's y Fitch- estarán sometidas al control de un nuevo cuerpo europeo y deberán publicar sus métodos de trabajo.
La Comisión asegura que ya está «vigilando». «Nos gustaría que cuando las agencias de calificación analicen el riesgo de Grecia, tengan en cuenta las bases de la economía griega y el paquete de ayudas que prepara el BCE, el FMI y la Comisión», dijo la portavoz de Mercado Interior, Chantal Hughes, quien sugirió la irresponsabilidad de las agencias, aunque fuera en jerga comunitaria. «Esperamos que las agencias de calificación, como otros actores financieros, en particular durante este periodo tan difícil, actúen de manera responsable y rigurosa», subrayó la portavoz del comisario francés Michel Barnier, con ganas de supervisión.
AJUSTE DE CUENTAS
JOHN MÜLLER
Los trabajos de Marko
Desde el martes, Marko Mrsnik ha adquirido una popularidad indeseada. Apenas se supo que sus informes provocaron que la deuda griega fuera degradada al nivel de los bonos basura, alrededor de este joven analista de Standard & Poor's se ha tejido una incierta leyenda. Ayer, su fama creció un poco más cuando se supo que Marko, que reside en Madrid, también era el analista principal de la solvencia del Reino de España.
Aunque es un comité internacional el que decide si los ratings suben o bajan, a nadie se le oculta que el papel del analista principal es clave. Él es el que con el analista secundario recopila la información del país a su cargo, elabora el informe y lo defiende ante el comité. Su opinión es fundamental.
Mrsnik, que es esloveno, consiguió dejar ayer la solvencia de España (AA con perspectiva negativa) por debajo de la de su país de origen (AA con perspectiva positiva), cuya bien gestionada economía le permitió adherirse en 2007 al euro. Con él trabajan como analistas secundarios Myriam Fernández de Heredia, que es española, y Trevor Cullinan, que hasta hace poco era el encargado de realizar la mayoría de los contactos en España.
Mrsnik habla seis idiomas. Estudió Económicas en Ljubljana y obtuvo un máster en el Colegio de Europa de Brujas. Sus colegas lo consideran un hombre amable y «tremendamente eficaz».
El Gobierno se temía desde anteayer que esto podía ocurrir «en pocas horas». Un portavoz de Moncloa lo admitió así durante un breve encuentro con periodistas en la sesión de control en el Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo aún tenía una carta en la manga y esperaba que la bronca organizada en Bruselas contra S&P, en la que dos portavoces de la Comisión instaron a las agencias a ser «rigurosas y responsables» con la crisis griega, surtiera algún efecto y abortara la emisión de nuevas calificaciones.
Por la tarde, desde el Gobierno se recordaba que las agencias de calificación crediticia han cometido errores de bulto. S&P, sin ir más lejos, certificó como «satisfactoria» la liquidez de Lehman Brothers seis días antes de su quiebra. Lo que nadie recordaba es que cuando a Zapatero le ha venido bien, el presidente las ha citado profusamente en el Parlamento para apoyar su opinión.
S&P ha sido la agencia más estricta con España durante esta crisis. En diciembre pasado ya cambió de «estable» a «negativa» la valoración de nuestra solvencia. Fue un aviso. Entonces, justificó su decisión «en la ausencia de medidas más agresivas por parte de las autoridades para hacer frente al desequilibrio fiscal y exterior». Más tarde, en marzo, le bajó la nota a nuestro sistema financiero.
Ayer, el secretario de Estado, José Manuel Campa, calificó de «sorprendentes» los argumentos esgrimidos por S&P. La agencia, dijo Campa, es mucho más pesimista que las demás con el futuro de España. Quizás uno de los elementos gravitantes en el análisis de S&P sea la falta de rigor fiscal de nuestro Gobierno. Mrsnik es un economista formado en los despachos de Bruselas, que ha dedicado mucho tiempo al estudio del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. En su análisis pesa mucho la buena conducta fiscal. Una asignatura donde, de momento, el Gobierno suspende.
JAVIER G. GALLEGO / Madrid
Cinco minutos son suficientes para desplomar un 3% al Ibex
Interesadamente o no, Standard & Poor's comunicó ayer la rebaja del rating a España a las 17.30 horas, es decir, justo cuando tenía lugar la subasta del cierre de sesión de la Bolsa. Aún así, en los cinco minutos que tuvieron los inversores para digerir el mensaje hubo tiempo suficiente para que el Ibex se precipitase al vacío. En ese corto periodo de tiempo el selectivo se hundió 200 puntos (un 2%), para cerrar con otro desplome del 3% hasta los 10.167 puntos, prácticamente el nivel más bajo en lo que va de año.
El castigo de la Bolsa española duplica prácticamente las caídas del resto de parqués europeos y es un síntoma más de que los inversores han trasladado el temor de Grecia a España y, sobre todo, Portugal. De nuevo el sector bancario fue el más castigado, con desplomes superiores al 4% en las dos grandes entidades: Santander y BBVA. En cualquier caso fue Mapfre el valor que más cayó, un 6,8%, debido en parte a que la aseguradora es un importante financiador del Estado a través de la compra de deuda pública. También ayer se supo que la banca española tiene en sus balances cerca de 1.820 millones de euros en bonos griegos, según los datos del Banco Internacional de Pagos. No obstante es una cifra muy inferior a los más de 107.000 millones que tienen las entidades francesas o los 64.354 millones de los bancos alemanes.
A la espera de ver cuál es la reacción del mercado durante la sesión de hoy, lo cierto es que los inversores ya habían castigado a España incluso antes de que se conociera el recorte del rating. A primera hora de la mañana el diferencial entre el bono español a 10 años y el alemán alcanzó su máximo histórico en los 130 puntos básicos. Es una seria advertencia al Tesoro que llega justo en el momento más crítico, ya que España debe afrontar vencimientos de deuda de más de 70.000 millones de aquí a finales de año. Fuentes del Tesoro señalaban ayer que «siguen muy atentos a la evolución del coste de la deuda pública» y rechazaban haber pospuesto la emisión de deuda, ya que «el calendario de subastas en España ha seguido siempre, a diferencia de otros países, un reparto muy homogéneo a lo largo de todo el año».
Desde el Tesoro guardan muestran cierta tranquilidad frente al encarecimiento de las letras, bonos y obligaciones del Estado ya que, como recuerdan, la rentabilidad está «en mínimos históricos». El problema, como argumentan algunos analistas, es que ésta es una cuestión de mercado que se justifica porque el tipo de interés oficial está en su mínimo histórico (el 1%). El preocupante encarecimiento de la deuda pública podría acrecentarse todavía más cuando el BCE decida subir el precio del dinero, algo que podría ocurrir a comienzos del año que viene.
También el riesgo de impago de la deuda española, medido a través de los Credit Default Swaps, repitió ayer récord histórico, al situarse en los 209 puntos. Es otra forma de pulsar en sentimiento del mercado hacia activos que llevan el sello del Reino de España. Pese a su dudosa credibilidad por ser vehículos altamente especulativos, no cabe duda de que en estos momentos también son un claro termómetro de la percepción del riesgo de inversores cualificados.
Todo este problema de seria credibilidad está afectando además al conjunto de la unión monetaria. La falta de una posición común ante la cuestión griega ha debilitado al euro hasta hundirlo a su mínimo de 12 meses, concretamente en 1,3144 dólares. «Querer mantenerse al margen de esto como pretende hacer Alemania en estos días previos a las elecciones no beneficia a nadie y sólo se espera que los prolegómenos de la salvación de Grecia no se hagan esperar más», apuntaba ayer Soledad Pellón, de IG Markets.
Es previsible que los mercados sigan cotizando el riesgo implícito de que Grecia se vea obligada a aplazar pagos. Sobre todo después de que el bono heleno llegase ayer a tocar el 11% de rentabilidad y dadas las últimas estimaciones del FMI, que hablan ya de una ayuda de más de 120.000 millones de euros para evitar este desenlace.
Durante las últimas semanas los parqués europeos están demasiado ocupados con la tragedia griega como para prestar atención a la evolución bursátil al otro lado del Atlántico. Ayer, Wall Street consiguió cerrar en positivo tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de mantener la tasa de interés entre el 0% y el 0,25%. Era algo ya esperado por los expertos, pero tienen un importante componente de compromiso del organismo que preside Ben Bernanke con el crecimiento económico de EEUU. La semana que viene será el turno del BCE en una reunión en la que también se espera que se mantenga el precio oficial del dinero en el nivel actual.
Pacto de Estado en Portugal para evitar la catástrofe
Especial para EL MUNDO / Corresponsal
Al igual que en el caso español, la respuesta por parte del Gobierno portugués a la decisión de Standard & Poor's (S&P) de bajar dos escalones la calidad crediticia de Portugal no se hizo esperar. Ayer mismo, el primer ministro luso, José Sócrates y el líder de la oposición, el socialdemócrata Pedro Passos Coelho, se reunieron con carácter de urgencia en la que se ha bautizado como Cumbre de la Crisis, para enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales.
«El Gobierno y el principal partido de la oposición hemos decidido trabajar en conjunto para responder al ataque especulativo sin fundamentos sobre nuestra deuda soberana», comenzó diciendo el jefe del ejecutivo luso al término de la reunión. No es habitual ver a los dos principales rivales políticos haciendo una declaración conjunta sobre el «interés general» del país, anteponiendo la nación a los intereses partidarios. Pero fue lo que sucedió ayer, cuando ambas partes entendieron la necesidad de responder de forma clara y rápida a los inversores internacionales para no seguir los pasos de Grecia.
De momento, la clasificación de A- (Portugal estaba en A+) concedida por Standard & Poor's sitúa al país todavía en el grado de inversión, pero acercándose peligrosamente a la zona de especulación, también conocida como créditos basura, en la que ya se encuentra Grecia.
Según la agencia de rating, el principal problema de Portugal es la falta de crecimiento, algo que también han apuntado dentro del país varios analistas económicos. Hace una década que Portugal no registra un crecimiento sólido, y la propia S&P prevé que la economía lusa se estanque en 2010. Con estas previsiones, la agencia ve como «demasiado optimistas» las perspectivas de Lisboa de alcanzar un déficit del 2,8% del PIB en 2013, el plazo establecido por Bruselas, y según sus previsiones, en el mejor de los escenarios se quedaría en el 4,1%.
Pero el Gobierno de Lisboa no desiste y su primer ministro volvió a insistir ayer en que «harán todo lo que sea necesario» para garantizar el cumplimiento del Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC). «Portugal es un país que cumple los objetivos propuestos y que no desiste de su credibilidad internacional», argumentó Sócrates, respaldado por su rival político, Passos Coelho, quien por su parte dijo que de momento «no hay que decir nada más», y sí actuar. El primer paso ha sido presentarse ante los portugueses con la «voluntad de dialogar y cooperar» para «invertir la actual situación de desconfianza».
Lo importante ahora es que Portugal se ponga las pilas y no deje pasar más tiempo. Y por ello, Sócrates dijo ayer que su Gobierno anticipará algunas de las medidas incluidas en el PEC ya a este año, para que durante 2010 se comiencen a sentir los efectos en el descenso del déficit público, situado actualmente en el 9,4%.
Entre las medidas que anunció el socialista se encuentra la implementación de un nuevo escalón de impuestos en el IRPF para los rendimientos más elevados, la creación de nuevos peajes en varias carreteras portuguesas, la aplicación de la nueva ley de condición de recursos, con la que fiscalizarán y controlarán los subsidios sociales que están siendo entregados en estos momentos, y la alteración del sistema de desempleo, para garantizar, en palabras del propio Sócrates, que «no compense estar en paro en vez de trabajar».
Un espejo en el que podrían mirarse españoles, portugueses y, por descontado, griegos, es el de Irlanda, que ha recibido el aplauso de la comunidad financiera tras atajar de forma valiente un déficit galopante, el estallido de la burbuja inmobiliaria y una grave crisis del sector bancario.
La economía irlandesa se ha desplomado en los últimos dos años, pero al menos su Gobierno ha atajado la sangría con medidas valientes y necesarias. La mayoría de los ajustes los anunció y adoptó en diciembre el ministro de Economía, Brian Lenizan, en sus Presupuestos anuales. Un documento sombrío que incluía unos recortes de 960 millones en gastos corrientes, 760 millones en prestaciones sociales, 960 millones en inversiones del Estado y 1.000 millones en las nóminas de los funcionarios. En este último caso, y para dar ejemplo, empezando por el primer ministro, Brian Cowen (que se bajó el sueldo un 20%) y el de sus ministros, en un 15%.
posted by e-pesimo | 07:14
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