ESPAÑA EN QUIEBRA: Clamor para que Zapatero deje de pensar en el beneficio electoral y actúe ya

J. E. MAÍLLO / Madrid
El Banco de España y la banca exigen recortes ya a Zapatero
La bajada de la calificación crediticia de España desató ayer un clamor de peticiones al Gobierno para que presente de forma inmediata un plan de control del déficit y acometa las reformas estructurales que necesita la economía. Alzaron la voz varios bancos: el Santander, Caja Madrid, el Sabadell... Pero también el Banco de España y la Comisión Europea, a través del comisario español Joaquín Almunia, ahora al frente de las tareas de Competencia.Sigue en página 34
Cualquier persona con responsabilidades en el ámbito económico y empresarial que ayer tuvo un micrófono a su disposición reclamó al Gobierno que actúe de manera inmediata para atajar los dos mayores problemas a los que se enfrente a España: un déficit fuera de control que genera un agujero anual de más de 100.000 millones de euros y un mercado de trabajo que es una máquina de producir nuevos desempleados, en lugar de facilitar la creación de empleo.
La parte buena para el Gobierno es que no hay discrepancias en cuanto a lo que se debe hacer para recomponer la situación fiscal del Estado ni para avanzar en una serie de medidas que hagan a la economía nacional más competitiva.
Esto es, al Ejecutivo le bastaría con hacer caso a lo que escucha desde todos los ámbitos, quizá con la única excepción del bando sindical, que se decanta por explicar las «fortalezas» de España, como ayer dijo el secretario general de UGT, Cándido Méndez.
Pero su posición es, en todo caso, minoritaria. El mensaje común es que toca reformas, y toca ya. Quizá el más contundente en trasladar esta idea fue el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz: «el inventario de medidas nos las sabemos todos de memoria. No se discuten las palancas. Lo que hay que hacer es utilizarlas. Son decisiones que deben tomar las instituciones que tienen que tomarlas».
El banquero consideró positivo que el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, se haya comprometido, incluso por escrito, a hacer los deberes. «Las medidas se toman cuando el sentido de urgencia lo exige», lamentó, y eso que el «soniquete» de la posible rebaja de la calificación «lo teníamos». «Ahora esperamos que se tomen, que se tomen, se tomen y ya, porque se saben cuáles son», clamó el número dos del Santander.
En la misma línea, fuentes de Caja Madrid, la entidad que preside Rodrigo Rato, admitió que la decisión de la agencia de calificación «nos complica un poco la vida». «Hay que hacer los deberes para reducir el déficit y generar crecimiento, pero es una noticia luctuosa», admitieron estas fuentes. En todo caso, Caja Madrid lanzó un mensaje de confianza «en la solidez de este país» y separó sus problemas de los de Grecia. «No tienen nada que ver».
Mientras, el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, afirmó que España se enfrenta a un «reto serio» por la fuerte generación de déficit. Ahora «toca esperar la reacción y que se incorporen las políticas económicas que permitan la consolidación» de las cuentas públicas.
Los bancos alzan la voz porque decisiones como la de Standard&Poor's les encarecen su financiación. Y no está el entorno como para perder unos euros adicionales por la inacción del Gobierno, señalan las entidades.
El director del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, reclamó a José Luis Rodríguez Zapatero que exprese una «voluntad decidida» de controlar el déficit de las Administraciones Públicas. En su opinión, «no se ven propuestas lo suficientemente ambiciosas» como las que necesita la economía española.
En un sentido similar se expresó el comisario de Competencia de la Unión Europea. Joaquín Almunia, que a principios de año abandonó sus responsabilidades al frente de la economía comunitaria, puso el foco en el paro (hoy se conocen los datos de la Encuesta de Población Activa, que pueden llevar la tasa de desempleo al 20%). «El paro es el gran problema y eso exige decisiones».
No en vano, el desempleo se cobra una fuerte factura en términos de recursos públicos, que asciende a más de 36.000 millones de euros al año. Por sí misma es culpable del 3,6% del déficit.
También hubo coincidencia, sin embargo, en poner en duda el papel de las agencias de rating, si bien se admitió que, gusten o no sus diagnósticos, tienen incidencia inmediata en los mercados. Y tampoco nadie osó comparar la situación de España con la que padece Grecia.
BEGOÑA P. RAMÍREZ / Madrid
El Gobierno apremia ahora a firmar la reforma laboral
Dos semanas dio ayer el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, a patronal y sindicatos para cerrar un acuerdo sobre la reforma laboral. Si no alcanzan un consenso en ese plazo, será el Gobierno el que dicte las nuevas normas de funcionamiento del mercado de trabajo siete días después. «No se puede demorar más allá; si no hay acuerdo, cada uno deberá explicar por qué», advirtió Corbacho en Gijón, casi al mismo tiempo que en Madrid se reunía de nuevo la Mesa del Diálogo Social, tras un intento fallido el pasado lunes y la cita suspendida el miércoles entre el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.
Precisamente esa convocatoria pretendía desbloquear las negociaciones y se frustró por su filtración a la prensa. Fernández Toxo aseguró también ayer que en los próximas días van a celebrarse «reuniones de diferente tipo, de las que deben salir avances suficientes», informa Europa Press. Algunas de ellas serán públicas, explicó, y otras, que no trascenderán, permitirán a patronal y sindicatos «discutir sin tener los focos encima».
Para el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, los temas del acuerdo «están suficientemente debatidos», por lo que es «urgente» ponerlos «negro sobre blanco». Lacasa no quiso entrar en si la rebaja de la calificación de España presiona sobre los plazos del Diálogo Social, pero subrayó que habrá que ver «con los ojos abiertos» lo que van a pedir a España los mercados internacionales. Mientras, Cándido Méndez defendió una reforma laboral «equilibrada» y aseguró que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, «parece que ha estado al servicio» de los especuladores por su insistencia en exigir una reforma del mercado laboral.
En la reunión tripartita de ayer el Gobierno se comprometió a presentar a partir del 10 de mayo su diseño para adaptar a España el modelo austriaco de indemnización por despido. Hasta entonces los representantes del Ejecutivo, los sindicatos y la CEOE continuarán sus contactos, el primero el próximo martes.
A su vez, UGT y CCOO presentaron una valoración del documento que les entregó el Ejecutivo el pasado 12 de abril con su propuesta para la reforma del mercado de trabajo, incluidos los cambios en los modelos de contratación, uno de los puntos en los que las divergencias con la patronal son mayores. «La negociación no debe eternizarse porque, con el paso del tiempo, las cosas se pondrán peor», destacó el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, preguntado por los apremios del ministro de Trabajo.
Más molesto con ellos se reveló su homólogo en CCOO, Ramón Górriz, para quien los tiempos deben marcarlos «los que se sientan en la mesa» y la negociación no puede quedar condicionada por la «ansiedad de los plazos». Más aún cuando los austriacos, recordó el dirigente sindical, estuvieron durante siete meses negociando la reforma de los sistemas de indemnización por despido que el Gobierno quiere implantar ahora en España.
En los pasillos del Congreso de los Diputados respondió ayer a la rebaja del rating de España la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Standard & Poor's, indicó, ha dado a la deuda española una calificación «excelente». E insistió en que el Gobierno observa datos positivos que denotan síntomas de recuperación en la economía española.
Antes de asistir al pleno de la Cámara, Salgado recordó que los analistas de esa agencia dijeron ayer mismo que, pese a esta rebaja, la deuda de España sigue manteniendo una «nota excelente», lo que «confirma», según la vicepresidenta segunda, las declaraciones que siempre ha realizado el Gobierno a este respecto.
La ministra de Economía reiteró también que los datos que maneja el Ejecutivo para determinar si hay síntomas de recuperación económica son «positivos» aunque, al no haber una confirmación «oficial» de todos los indicadores, prefirió mostrarse «prudente», informa Efe.
Elena Salgado consideró que en un momento «complicado» para la economía española como el actual, debido a la «inestabilidad en los mercados financieros internacionales», sería «deseable» y «buena» una actitud de colaboración del principal partido de la oposición, el PP.
Por otro lado, la vicepresidenta confió en que hoy se apruebe el plan de racionalización de estructuras de la Administración general del Estado y del sector público, y recalcó que, en todo caso, lo importante es cumplir con las medidas de austeridad que ya ha puesto en marcha el Ejecutivo.





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