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viernes 30 de abril de 2010

EL PP EXIGE EL CESE DEL EX-GERENTE DE FILESA COMO PRESIDENTE DE COMFERSA

CARLOS SEGOVIA / Madrid

El PP promueve un voto en Las Cortes para que Blanco destituya a Moreda

Pide el cese del ex gerente del PSOE en la 'era Filesa' como presidente de Comfersa

El Partido Popular ha decidido solicitar formalmente la destitución del ex gerente del PSOE en la era Filesa al frente de una empresa pública y promoverá una votación al respecto en el Congreso de los Diputados.

La portavoz parlamentaria del grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ultima la presentación de una proposición no de ley para que el ministro de Fomento, José Blanco, destituya a Ramón Moreda al frente de la empresa Comercial del Ferrocarril (Comfersa), filial de Renfe y de Adif. El PP considera que Moreda no ha sido elegido para el cargo por su capacitación profesional, sino como «un premio» a su trayectoria en las finanzas socialistas.

Al promover esta iniciativa, forzará al resto de grupos parlamentarios a pronunciarse sobre si Moreda reúne la capacitación profesional necesaria y los méritos requeridos para el cargo.

«Está claro que no es el caso», afirmó ayer a este diario el diputado del PP y portavoz en la Comisión de Fomento, Andrés Ayala. Éste mantuvo un duro intercambio con Blanco el pasado miércoles sobre el nombramiento en la sesión de control del Congreso de los Diputados.

El ministro reconoce que la elección de Moreda es una propuesta suya personal -y no del presidente de Renfe, Teófilo Serrano- y recuerda el caso del ex tesorero del PP, Rosendo Naseiro. «Naseiro no fue condenado, pero se le destituyó igualmente», recuerda Ayala.

Éste considera «probado» que Moreda cometió «tres delitos» y fue «organizador de la financiación ilegal socialista», pero sostiene que no fue procesado por un cambio a tiempo en el Código Penal impulsado por el entonces Gobierno de Felipe González. La secretaria de Estado de Justicia era María Teresa Fernández de la Vega, actual vicepresidenta primera. No obstante, Blanco ha subrayado que el cambio en el Código Penal que acortó el plazo de prescripción del delito electoral no fue enmendado por el PP.

Blanco se mantiene firme en el nombramiento y también ha ratificado el de Antonio Romero, ex secretario de Organización del Partido Socialista de Madrid, como director de Producción y Publicidad en Comfersa.

Su nombre aparece ya en la página web de la empresa pública como número dos de Moreda y es también polémico. Está considerado el tránsfuga socialista clave en la batalla del pasado año en Caja Madrid y continúa expedientado formalmente por ese hecho por la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín. El actual líder del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha promovido que Romero no sea reelegido en ninguno de sus cargos en Caja Madrid y filiales y ha criticado que apoyara a Miguel Blesa tras haber recibido una cuenta de crédito de 900.000 euros en la entidad madrileña.

Romero, enfrentado a Gómez, fue la mano derecha de Rafael Simancas al frente del PSM en la cúpula anterior del partido. Simancas es actualmente portavoz socialista en la Comisión parlamentaria de Fomento, que controla precisamente la gestión de Blanco. Para Ayala, el hecho de que Blanco haya nombrado a la vez en Comfersa a Moreda y a Romero «es una muestra de que va sobrado».

AGUSTÍN YANEL / Madrid

El Congreso aprueba el Código Penal sin el respaldo que quería el Gobierno

El PP se abstuvo por no incluir la cadena perpetua revisable ni otras propuestas suyas

Sin el consenso que quería el Gobierno y sin el apoyo del Partido Popular, entre otros, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer una reforma del Código Penal que introduce nuevos delitos y endurece algunas penas. En sus 15 años de vigencia, esta Ley ha sido modificada 27 veces con ésta.

El PP viene negociando esta reforma con el PSOE desde hace casi dos años, y ha logrado que muchas propuestas suyas sean introducidas en el nuevo Código. Pero, según el diputado popular Federico Trillo-Figueroa, finalmente los socialistas han optado por una norma en la que existen «demasiados huecos, demasiadas sombras y demasiadas inquietudes». Por eso, ayer no la apoyaron con sus votos.

Uno de esos huecos, porque los socialistas no han hecho caso a los populares, se refiere al castigo para los delitos terroristas: ni han incluido la cadena perpetua revisable, ni aceptan que no prescriban no sólo los asesinatos sino también los secuestros terroristas o las lesiones graves -como el caso de Irene Villa-, ni se va a castigar a quien financie partidos disueltos o a quien no acate órdenes contra el enaltecimiento del terrorismo, como por ejemplo no retirar símbolos proetarras de lugares públicos.

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha intentado introducir estas propuestas, pero el PSOE se ha negado aunque alguna figuraba en su proyecto inicial.

A Julio Villarubia, del PSOE, esta falta de apoyo del PP le parece una prueba clara de que los populares «no son de fiar». La novedad más importante no pactada con ellos, según dijo, es que se incrementan las penas para los delitos de corrupción pública y privada, algo con lo que «parece no estar de acuerdo el Partido Popular», dijo.

«Una vez más», indicó, dirigiéndose al PP, «han demostrado que no son de fiar y que sólo tienen como obsesión conseguir el poder, sea como sea. España no se merece una oposición como ustedes»

Desde otros partidos de la oposición, las críticas fueron abundantes. Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), afirmó que se ha perdido la oportunidad de cambiar el modelo penal español -«excesivo, punitivo al máximo y fracasado», dijo-, que ha llevado a la paradoja de que España sea uno de los países de Europa con un nivel de criminalidad más bajo pero con mayor tasa de personas en prisión.

Desde el PNV -el único partido que votó en contra, junto con Na-Bai-, Emilio Olabarria criticó que el nuevo Código vaya a endurecer las penas justificándolo en un aumento de la inseguridad ciudadana que no es cierto.

Por el contrario, los portavoces de Convergència i Unió (CiU), Jordi Jané, y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Ridao, se mostraron a favor del nuevo Código, aunque afirmaron que tiene cosas mejorables.

Jané -cuyo grupo apoyó el texto tras negociar con el PSOE la inclusión en el mismo de numerosas enmiendas, entre ellas la posibilitad de que los reincidentes en hurtos de menos de 400 euros vayan a la cárcel los fines de semana- reconoció que estas modificaciones «no son una varita mágica» que vaya a resolver este tipo de delincuencia, muy propia sobre todo de las grandes ciudades. Pero cree que es un importante avance.

A Joan Ridao, de Esquerra, hay muchos aspectos del futuro Código Penal que le disgustan, según dijo, entre ellos la posibilidad de que una persona que ha cumplido condena pueda estar hasta 10 años en situación de libertad vigilada. Pero él y sus dos compañeros votaron finalmente a favor porque creen que ha habido muchos avances en el texto durante su tramitación.

El proyecto que elaboró el Gobierno era «de mano dura» y «duro frente al débil y débil frente al fuerte», según dijo, y no han logrado convertirlo en un Código Penal más moderno encaminado a la prevención y la reinserción, pero por las mejoras mereció su voto.

Finalmente, el proyecto del futuro Código Penal, que sustituirá al llamado Código Penal de la Democracia -y que ahora pasará a ser debatido en el Senado antes de volver al Congreso para su aprobación definitiva- salió adelante con 180 votos a favor de PSOE, CiU, ERC, CC y UPN; siete en contra, de PNV y Nafarroa-Bai, y 146 abstenciones del PP, IU-ICV BNG y UPyD.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, lamentó que el PP no se haya sumado finalmente al consenso. «Es una pena», declaró.

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