DELINCUENCIAS ZP, CONFLICTO POR EL AGUA: El fracasado Estatuto castellano-manchego/ «Zapatero no tiene ni principios ni palabra»

CONFLICTO POR EL AGUA
DAMIÁN VILLEGAS / Toledo
Barreda y Cospedal se arrojan la culpa del fracaso del Estatuto
Corresponsal
Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron ayer, a iniciativa de los socialistas, retirar la reforma del Estatuto que se tramita en el Congreso de los Diputados, por no contar con el apoyo del PP. La líder regional de este partido, María Dolores de Cospedal, y el presidente castellano-manchego, José María Barreda, sellaron en la tribuna el desencuentro que en materia de agua se ha ido tejiendo en los tres años que ha durado la negociación sobre el Estatuto, y que ha sido el detonante de la ruptura al no haberse logrado un acuerdo sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura.
Barreda calificó a De Cospedal de «furibunda antitrasvasista» antes de las elecciones autonómicas de 2007, y aseguró que, tras ser elegida secretaria general del PP, no ha cumplido los compromisos adquiridos porque «el Estatuto de Castilla-La Mancha le preocupaba más a Valcárcel [presidente murciano] que a usted».
Barreda recordó a Cospedal que el PP apoyó la reforma de los estatutos de Aragón y Andalucía y que el PSOE hizo lo mismo en Valencia y Murcia porque «todos han hecho lo que debían, lo que se esperaba de ellos. Todos menos usted, que en lugar de defender los intereses de Castilla-La Mancha ha defendido otros intereses y otros planteamientos, metiendo el Estatuto en un callejón sin salida». «Ha dejado tirada a esta tierra», sentenció.
«Empezamos pidiendo la Luna», el fin del trasvase en 2015, dijo, «para luego poder conseguir la Tierra», en referencia a la reserva de los 4.000 hectómetros cúbicos de agua que recogía el texto. Afirmó que en Castilla-La Mancha «queremos ríos con vida, fauna y flora en sus riberas y no renunciamos a las aguas limpias para poder bañarnos en el Tajo a su paso por Toledo y Talavera».
Cospedal aseguró que el PSOE «tensa la convivencia cuando se siente perdedor», y ha convertido «el clima de Castilla-La Mancha en una ciénaga repleta de mentiras, cuyo cénit se escenifica hoy». Acusó a Barreda de no haber estado en el Congreso para defender el Estatuto, «no sé si por cobardía o porque sabía que le iban a prender fuego».
La presidenta popular dijo que Barreda ha engañado a los castellano-manchegos porque la propuesta socialista sólo «estima necesaria» una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua, mientras que la forma de asegurar ese agua es en el Plan Hidrológico Nacional, donde se garantizaría agua de calidad y en cantidad. Ahora no es posible, dijo, porque «la culpa de que no tengamos planificación del agua en España es de usted y de Zapatero».
«Fue usted quien empezó a cambiar de criterio durante la negociación», le señaló a Barreda, «que primero retiró la caducidad del trasvase y luego rebajó la reserva de agua de 6.000 a 4.000 hectómetros», y añadió que «quiere mantener la tensión por intereses electorales».
Barreda y De Cospedal se exigieron mutuamente la dimisión y dibujaron un nuevo escenario político que permita afrontar de nuevo la reforma del Estatuto. El primero pidió «una catarsis en el PP, que ponga a su frente alguien que entienda y defienda su tierra». La segunda aseguró que cuando gobierne hará que se apruebe «un estatuto sin estratagemas, ni ventajas, para defender los intereses de Castilla-La Mancha y España, que son compatibles».
Organizaciones agrarias, empresariales y sindicales arroparon a Barreda al término del Pleno y criticaron al PP por no haber aceptado el texto que estaba en el Congreso y anunciaron futuras movilizaciones para defender el agua de la región.
Así, José María Fresneda, de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, señaló que se reunirán con COAG y UPA para seguir trabajando en las negociaciones abiertas en las cuencas, desarrollar el Plan Hidrológico Nacional y el Plan Especial del Guadiana. «No vamos a renunciar a nada cueste lo que cueste», agregó.
El presidente de la patronal, Ángel Nicolás, dijo que «se están llevando agua para sus campos de golf, mientras que en Castilla-La Mancha, cuando llega el verano, vemos muchos pueblos abastecidos por cisternas».
CONFLICTO POR EL BLINDAJE VASCO
FERNANDO LÁZARO / Madrid
La Rioja recurre ante el Constitucional
Un gobierno autonómico, los dos principales sindicatos, UGT y CCOO, y los representantes de los empresarios. Todos de la mano y con un objetivo común: poner coto a las situaciones de privilegio que afecten a igualdad entre regiones.
Y por este motivo, el presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, acompañado por los máximos representantes de UGT, CCOO, cámaras de Comercio y federación de empresarios, todos de esa comunidad autónoma, se plantó ante el Tribunal Constitucional. ¿El motivo? Tratar de evitar una situación que, a criterio de todos los asistentes, produce una grave situación de desigualdad entre La Rioja y El País Vasco: el blindaje del Concierto.
«No estamos en contra del Concierto, no», dejó claro el máximo responsable de la comunidad riojana. Sanz estuvo acompañado por los presidentes de la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), Julián Doménech; de la Cámara de Comercio, José María Ruiz-Alejos; del secretario general de UGT, Javier Granda, y del de Comisiones Obreras de La Rioja, Koldo González. El presidente del Gobierno riojano contó también con el apoyo de los consejeros de Presidencia, de Industria y de Administraciones Públicas, Emilio del Río, Javier Erro y Conrado Escobar, respectivamente.
De lo que sí están en contra es de que las actuaciones de ese Concierto sean blindadas ante los recursos que la comunidad riojana pueda presentar ante los tribunales. Sanz mostró una veintena de resoluciones judiciales a favor de La Rioja sobre decisiones del País Vasco.
Recordó que este blindaje es el pago del Gobierno de Zapatero al PNV por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. «Zapatero cedió al chantaje del PNV y ha sido capaz de vender La Rioja por un puñado de votos con el único fin de mantenerse en el poder», declaró.
El blindaje «supone una merma constitucionalmente inaceptable». Sanz entregó en mano el recurso en el Constitucional. En el Centro Riojano de Madrid, Sanz explicó: «El blindaje supone, en la práctica, la vulneración de principios constitucionales como la igualdad, los derechos de libertad de circulación, de residencia y empresa, la unidad de mercado y la solidaridad y autonomía financiera». «Es un cambio en nuestra Constitución por la puerta de atrás». «Zapatero no tiene ni principios ni palabra», finalizó.





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