e-pesimo Auxiliar 1

Auxiliar1, Auxiliar2, Auxiliar3 y Auxiliar4 son Blogs auxiliares de epesimo y de e-pesimo

Actualización de madrugada

Mi foto
Nombre:
Lugar: Cantabria, Spain

sábado, 6 de marzo de 2010

ECONOMÍA: El Banco de España cuestiona la recuperación económica/ «La reforma de las pensiones es inevitable»



EMERGENCIA ECONÓMICA / Los indicadores
Drástica caída en la inversión de las administraciones públicas
MARÍA VEGA

Madrid

La recuperación de la economía española no es sólida. Así lo cree el Banco de España, que en su último Boletín Económico subraya que el año 2010 ha comenzado con una «importante desaceleración» de la demanda pública, sin que la iniciativa privada haya tomado el relevo definitivo de la inversión necesaria para reactivar la economía.

En el documento, que ha sido elaborado con los datos disponibles en febrero, el organismo afirma que los indicadores referidos al consumo privado «dan señales dispares» sobre el comportamiento de los ciudadanos.

Gracias a las ayudas para la compra de coches del Plan 2000E, las matriculaciones de automóviles han crecido en los dos primeros meses del año un 33%, con lo que la automoción se ha convertido en el principal motor del consumo privado, que por primera vez desde el cuarto trimestre de 2007 ha registrado una tasa intertrimestral positiva del 0,3%.

No obstante, este avance ha ido acompañado por una caída del 1,7% en la tasa intertrimestral del consumo público, según los datos de Contabilidad Nacional. Esto se debe a que para cumplir con los objetivos de déficit para 2013 impuestos por Bruselas, el Gobierno ha decidido frenar el gasto, sobre todo en materia de inversión pública, escudándose en que las empresas privadas están listas para tomar el relevo.

Esta teoría no se corresponde con la radiografía que el Banco de España recoge en su boletín sobre la evolución del consumo público y privado en el conjunto del año, que es aún menos positiva que la intertrimestral.

Entre octubre y diciembre de 2009, la demanda privada se contrajo un 3,4% en tasa interanual, mientras que el incremento del consumo público creció en el mismo periodo un 0,8%, frente al incremento del 6,3% que registró hace un año.

Ese retroceso no ha hecho más que comenzar. El Plan de Austeridad aprobado por el Gobierno para no disparar el déficit hace prever que la caída de la inversión pública en los próximos meses será todavía más aguda.

El boletín del Banco de España recuerda que el sector de las Administraciones Públicas cerró 2009 con un déficit del 11,4% del PIB. Esa cifra agrupa el déficit de la Administración Central, que alcanzó el 9,5% del PIB, el de las comunidades autónomas, que se situó en el 2,2%, y el de las corporaciones locales (0,5%).

El boletín del organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordoñez también refleja su preocupación por la situación del mercado laboral español.

Al igual que han hecho en los últimos días otros organismos, como Funcas, el Banco de España demanda en su informe «mayores esfuerzos» para acabar con el fuerte crecimiento de la tasa de paro.

De hecho, el documento afirma que «la consecuencia más grave de la crisis económica es el intenso aumento de la tasa de paro, que ha pasado de un 8% en el segundo trimestre de 2007, en el que alcanzó su mínimo, hasta el 18,8% en el cuarto trimestre de 2009».

Tras hacer este diagnóstico, el boletín de febrero alerta de que si no se toman medidas, el incremento del número de jubilados en el largo plazo «generará una fuerte presión al alza sobre el gasto en pensiones».

El Boletín Económico da por buenas las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) que estiman que la tasa de dependencia, es decir, la proporción de pensionistas sobre trabajadores, se duplicará de aquí a 2050.

Esta «presión» irá acompañada de una «contracción» de la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) que dificultará la evolución del mercado de trabajo.

La institución recuerda que antes de la crisis el funcionamiento del mercado laboral descansaba en «los intensos flujos migratorios» y en la incorporación de la mujer al mundo del trabajo.

El dato más optimista del boletín es el relativo al turismo, ya que el Banco de España confirma que 2010 ha arrancado con «cierta mejoría» en este sector.

En enero, la llegada de turistas extranjeros a España creció un 1,1%, lo que supone la primera subida interanual que registra el turismo desde junio de 2008.

No obstante, parece pronto para aventurar si la tendencia se consolidará en los próximos meses. En su boletín, la institución también recuerda que el índice de confianza de los consumidores en Europa sigue en retroceso.

EMERGENCIA ECONÓMICA
Fedea dice que harían falta 35 millones de inmigrantes para sostener el sistema en 2049
BEGOÑA P. RAMÍREZ

Madrid

La reforma de las pensiones es «urgente» e «inevitable» y debe abordarse de forma «integral» porque, debido a la evolución demográfica, tal como está el sistema es «insostenible». El diagnóstico lo firman un centenar de economistas auspiciados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que defienden la ampliación tanto de la edad de retiro como del periodo de cálculo de la pensión. También creen que debería reducirse la tasa de sustitución de las pensiones, es decir, la relación entre la prestación percibida y el último salario cobrado, que en España es del 80%, la más alta de la OCDE después de Grecia. Si la economía crece y, por tanto, también los salarios, hay margen para reducir ese porcentaje hasta el 52% sin que la la pensión quede por debajo de la cuantía media actual (16.500 euros), según explicó el profesor de la London School of Economics Luis Garicano. O eso, añadió, o en 2049 tendrán que vivir en España 35 millones más de inmigrantes, o bien la tasa de fecundidad deberá aumentar hasta los cinco hijos por mujer, si se quiere mantener la ratio actual de cuatro trabajadores activos por cada pensionista.

Los firmantes, que se declararon ayer «independientes» y negaron ejercer de «grupo de presión», reclaman que una comisión de expertos elabore un Libro Blanco. El Pacto de Toledo debería entonces «asumir» las propuestas de ese documento. «No queremos superarlo ni eliminarlo», explicaron, «pero ha cumplido su ciclo». Así, además, se «despolitizaría» el debate.

Tras calificar de «valiente» al Gobierno por proponer el aumento de la edad de jubilación, criticaron que haya «titubeado» cuando surgieron las críticas sindicales. También consideran que la reforma de las pensiones y la reforma laboral son «complementarias». Y aunque no quieren «poner en la mesa recetas concretas», sí que sugirieron ayer la necesidad de prolongar la vida laboral al menos «tres o cuatro años» desde los 63 actuales, la edad real de jubilación en España. «No queremos cambiar el sistema público de pensiones por uno privado, sino preservar el sistema por el que tanto apego sienten los españoles», aseguró el fundador de la consultora Multa Paucis, César Molinas, que alabó el sistema de previsión social como «la mayor conquista social de España».

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, censuró ayer en Pamplona la idea de que deba reducirse la ratio entre último sueldo y pensión percibida por «sorprendente y falta de rigor», informa Efe. «El sistema sigue siendo financieramente sostenible», concluyó


EMERGENCIA ECONÓMICA / Cerco al 'dinero negro'
El plan contra el fraude sólo aflorará mil de los 250.000 millones que hay sumergidos

MERCEDES GÓMEZ

Madrid

El Gobierno dio ayer luz verde al nuevo Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal con una meta poco ambiciosa. Su objetivo es aumentar la recaudación en unos 1.000 millones de euros, en el horizonte de 2013, intensificando la persecución a las actividades ocultas y al trabajo no declarado. Sin embargo, los expertos calculan que la economía sumergida representa un total de 250.000 millones de euros que no se declaran a la Agencia Tributaria.

A todas luces, las pretensiones se quedan muy cortas, si tenemos en cuenta que la economía sumergida representa en España un 25% del PIB. O lo que es lo mismo: 250.000 millones por los que no se tributa.

Por esta cantidad defraudada, Hacienda prevé llegar a recaudar en 2013 alrededor de 1.000 millones (un 0,1% del PIB). Estos 1.000 millones de euros extra que el Estado confía en ingresar dentro de cuatro años combatiendo la economía b se alejan de los logros de la inspección durante los ejercicios pasados. Y es que, desde 2005, la lucha antifraude ha reportado a la Agencia Tributaria un monto de 35.500 millones de euros adicionales, según detalló ayer la vicepresidente y ministra de Economía, Elena Salgado.

Entre 2008 y 2009 la recaudación sólo aumentó un 1,8%, siete veces menos que el ejercicio anterior. Este visible retroceso en la recaudación procedente de operaciones no declaradas, se debe a la caída de la actividad de la economía y al desplome del sector inmobiliario, el principal foco de fraude en años pasados, según explicó Salgado tras el Consejo de Ministros.

En su intervención, Salgado intentó dejar patente la inflexibilidad que mostrarán los organismos públicos sobre cualquier indicio de fraude, sobre todo, en una situación de crisis como en la que nos encontramos. «El fraude distorsiona la actividad económica, supone competencia desleal, un ataque directo a los derechos de los trabajadores y sitúa en una situación de indefensión a los consumidores», indicó.

El plan cuenta con una batería de 60 medidas. Sin embargo, Salgado no entró en detalles y se limitó a exponer su filosofía: la mejora de los sistema de captación de información, la puesta en marcha de acciones de control conjuntas y el diseño de actuaciones de recaudación coordinadas para mejorar su eficacia.

Como gran novedad, la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo -instituciones a las que les compete la persecución del fraude-, compartirán sus sistemas de información. Al cruzarse los datos disponibles en estos organismos, será más fácil destapar, por ejemplo, las empresas que realizan su actividad con trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social.

El Gobierno también prevé implicar en la tarea a los agentes sociales y a todas las administraciones para efectuar acciones conjuntas de control sobre los sectores de riesgo y más proclives a ocultar su actividad. Así, se intensificará la inspección entre las empresas aparentemente insolventes pero que se mantengan en activo, y también el rastreo sobre indicios de comercio irregular y contrabando.

Hacienda también mirará con lupa las sociedades en proceso concursal -antigua suspensión de pagos-, que se han multiplicado a raíz de la crisis. En este supuesto, será una comisión mixta integrada por la Agencia Tributaria, Seguridad Social y la Inspección de Trabajo la que coordinará la supervisión. Se da la circunstancia que el concurso de acreedores deja en suspenso las obligaciones tributarias de esas firmas durante el periodo que se prolongue esa situación.

El anuncio del plan antifraude no logró demasiados aplausos. El coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, criticó que el fraude no se combate con «la represión» y culpó al Gobierno de su aumento por la crisis económica y por su «pésima» política.

Tampoco dejó satisfechos a los profesionales vinculados a las tareas de control. Para el secretario general y portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Francisco de la Torre, el plan es «insuficiente». En su opinión, no contempla «prácticamente» ninguna de sus propuestas como la modificación del sistema de módulos, «un nido de facturación falsa», y tampoco algunos temas que perjudican a la «conciencia fiscal», como la fiscalidad de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav).

Por su parte, los técnicos de Economía y Hacienda (Gestha) calificaron el plan de ser muy poco ambicioso y aseguran que será ineficaz para combatir la economía sumergida. Según este colectivo, «el 92% del fraude escapa del control del fisco», algo que no ocurriría si se implantase «un plan que redujese en 10 puntos las bolsas de fraude, y que permitiría a la Agencia Tributaria ingresar cada año unos 385.000 millones de euros evadidos».



EMERGENCIA ECONÓMICA / Cerco al 'dinero negro' /
P&R

¿Qué falla en la lucha 'antifraude'?

FRANCISCO NÚÑEZ

Madrid

La economía sumergida ha tenido tradicionalmente mucho peso en España. Y más en tiempos de crisis. El Ministerio de Hacienda no cuenta, pese a todo, con suficientes medios para combatirla.

¿Hay datos fiables de economía sumergida?

El dinero negro es muy difícil de cuantificar. Sin embargo, diferentes estudios cifran su peso en España entre el 22 y el 25%, es decir, entre 220.000 y 250.000 millones. La gravedad de la recesión y el desplome de los ingresos del Estado hace pensar que, en estos momentos, estamos en la parte alta de la horquilla. Dos datos para entender la gravedad de la situación: el consumo cae a tasas del 3,4% mientras que la recaudación por IVA, el impuesto que sirve para medir el fraude, baja a tasas del 30%.

¿Detecta suficiente dinero negro el Estado?

En los últimos cinco años logró ingresar más de 35.500 millones procedentes del fraude. Sin embargo, entre 2008 y 2009 las intervenciones apenas aumentaron. Los ingresos sólo crecieron un 1,18% frente al 16% de 2007. La razón radica en la paralización de la construcción y el mercado inmobiliario, que eran los sectores donde se movía el dinero negro. De aquí, que gran parte del éxito contra el fraude venía por las recaudación inducida. Es decir, a quienes se les pillaba sin poder justificar la tenencia de cantidades de billetes de 500 euros, se les instaba a regularizar su situación. Ahora, el Gobierno aspira a incautaciones más limitadas porque, aunque la economía sigue en plena inmersión, le es más difícil detectarla con los medios que tiene (los inspectores y los técnicos se quejan de la falta de efectivos y de tener que dedicarse más a labores burocráticas que a realizar actuaciones). Además, el defraudador se resiste más a regularizar su situación.

¿Qué va a hacer Hacienda contra la economía B?

En el ámbito de las empresas, pretende fiscalizar a las que se encuentran en suspensión de pagos por si realizan algún tipo de actividad en negro. Para ello, necesita cruzar los datos con la Seguridad Social, algo que, aunque parezca extraño, raras veces se hace. A ambas instituciones les interesa colaborar, puesto que, cuando una empresa suspende pagos, el primero en cobrar es el fisco, y después la Seguridad Social. En cuanto a los autónomos, es mucho más difícil, puesto que las facturas del IVA fraudulentas son mucho más complejas de intervenir. Actualmente existe un auténtico mercado negro de facturas de este impuesto

Links to this post:

Crear un enlace

Home

Estadisticas y contadores web gratis
Estadisticas Gratis

Visitor Map
Create your own visitor map!