DELINCUENCIAS ZP Y EL JUEZ SOCIALISTA PRESUNTO PREVARICADOR DE OFICIO: El chivatazo a ETA: Sombras políticas sobre el 'caso Faisán'

LUCHA ANTITERRORISTA / La acción de la justicia
Sombras políticas sobre el 'caso Faisán'

JOSÉ AMEDO

Resulta obvio que no es equiparable la historia que viví en su orientación y fines en relación al sumario del caso Faisán. Por el contrario, el contexto político es similar, idéntico. Incluso se podría afirmar que, en distintos y particulares movimientos judiciales, han tenido paralelas irregularidades.

Las dos situaciones proyectan su sombra sobre cargos políticos del mismo partido y similar rango: director general, secretario de Estado, ministro y X. Aunque podríamos estar hablando de una suposición de la cual se infiere una consecuencia, puesto que a ellos no se les puede señalar con un estigma. Pertenecen a una casta que los libera de las órdenes que transmiten a sus funcionarios.

En esta parcela, ambas situaciones tienen tanta equivalencia que las dos son manejadas por el ínclito juez estrella que intentó deshonrar el Nobel de la Paz. Un personaje que, en definitiva, no deja de ser un fracaso del sistema. Siempre se ha introducido con interesadas intenciones en intrincados y sórdidos subterráneos de la ley que sólo conducen a cuevas hediondas, con el fin de utilizar informaciones privilegiadas en beneficio propio.

En el caso que me afectó, trató de poner el imperio de la ley a su servicio para llegar al poder absoluto, y en el Faisán, lo hace también para conseguir el amparo del Gobierno en sus dificultades actuales. Sin embargo, ha tenido que ser una instancia no contaminada como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien comenzase a poner límites a sus tropelías judiciales, abjurando solemnemente de la instrucción de su sumario más notorio y prevaricador.

Al margen de estas coincidencias en ambos casos, existe otra muy característica que los engloba significativamente. En apariencia, los sospechosos son funcionarios de la Seguridad del Estado que han decidido por iniciativa propia traspasar la línea roja, tomando decisiones que pertenecen en exclusiva a esta zona opaca de la política que suele denominarse razón de Estado. Por mucho que traten de dar esa impresión, todos sabemos que ni el más utópico de los españoles admite esa absurda teoría en ninguna de las situaciones que nos ocupan. No obstante, el poder tratará de eludir por todos los medios las consecuencias jurídico-políticas de sus decisiones, tratando de endosárselas a los ejecutores de las mismas. Para ello desarrollarán un trabajo silencioso, sinuoso, sibilino e incluso amenazante llegado el momento.

Si los funcionarios afectados entran al trapo dejándose seducir, bien por sus responsables políticos, por el juez estrella o por ambos a la vez, en defensa de siniestros intereses conjuntos enquistados en la llamada razón de Estado, deberán adoptar posturas hábiles, astutas y audaces, sin olvidarse de su responsabilidad profesional si al acatar aquellas decisiones políticas entendieron que eran beneficiosas para el interés general de la sociedad. Por supuesto, siempre que tengan la absoluta certeza de que ellos no sean los únicos sacrificados, de forma que terminen siendo los cabezas de turco ocasionales.

Los tiempos y las consecuencias de determinadas decisiones se repiten. Aunque los poseedores de inconfesables secretos -por supuesto que no me refiero a los funcionarios- no suelen morderse; más bien tienden a encubrirse y protegerse, incluso utilizando un descaro inconmensurable que no les acarrea represalias. Así, el abyecto juez príncipe de las tinieblas se permitió años atrás el lujo de utilizar un sumario para presionar al entonces presidente del Gobierno a fin de obtener la cartera de Interior, llegando a manifestar al cierre de la campaña electoral del 93: «Si Felipe no me hace ministro, se va acordar toda la vida».

Con anterioridad, Felipe se había manifestado en un ambiente ajeno a sus allegados en los siguientes términos: «Lo único que tengo que negociar con ETA es que, si ellos dejan de matarnos a nosotros, nosotros dejaremos de matarlos a ellos».

Durante los primeros meses del 93, Felipe y Baltasar vivieron un apasionado romance político cargado de intereses personales, al mismo tiempo que ambos utilizaban el silencio de dos funcionarios de la Seguridad del Estado que permanecían en prisión víctimas de sus decisiones.

Tengan la firme convicción de que el poder hará lo posible y lo imposible para evitar que la opinión pública conozca lo que pasó. ¿Quién tiene miedo? Los que son conscientes de que pisan terrenos prestados y no han podido escriturar a su nombre. Suenan vientos revueltos que no se sabe adónde llevarán. Normalmente a los ejecutores de las órdenes, a mal puerto. A quienes las deciden dentro de una tenebrosa conjunción político-jurídica, a una extenuante prevaricación que suele salir gratis.

José Amedo es ex comisario de Policía y fue condenado por los GAL

LUCHA ANTITERRORISTA / La acción de la Justicia
Dívar defiende al Supremo

Cree «intolerables» las descalificaciones por encausar a Garzón

León

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Dívar, salió ayer en defensa de los magistrados del Alto Tribunal ante las descalificaciones de que están siendo objeto a raíz de las tres causas abiertas por la Sala Penal al juez Baltasar Garzón.

Dívar, durante un acto celebrado en León con motivo de la imposición de la medalla de San Raimundo de Peñafort a José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dijo que «no es tolerable» insinuar que determinados magistrados del Supremo sean prevaricadores, según informaron desde el CGPJ.

También defendió la labor desarrollada por los vocales del CGPJ ante las versiones que les acusan de repartirse los altos cargos judiciales entre los miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura y de Jueces para la Democracia. «Soy testigo, en ambas instituciones, de las horas y el sacrificio que conlleva el ejercicio de esas responsabilidades», destacó.

Dívar, después de defender la libertad de expresión como derecho constitucional de todos los ciudadanos, alertó del riesgo de que las descalificaciones a las personas supongan un ataque a la esencia misma de las instituciones. «No podemos quebrar ese conducto que une a los ciudadanos con la Justicia porque esa confianza en las instituciones es absolutamente necesaria para administrar una Justicia recta e imparcial», subrayó.

Estas manifestaciones se producen después de que, tanto desde el Supremo como desde el CGPJ, se haya criticado la «inacción» de Dívar ante los ataques que desde determinados sectores mediáticos se vienen sucediendo a raíz de las investigaciones penales abiertas a Garzón

EL REVÉS DE LA TRAMA
El Gobierno y la verdad

JUSTINO SINOVA

Las revelaciones de este periódico sobre la participación de José Manuel Gómez Benítez en la negociación con ETA y su reacción para justificar su faena pero no para desmentir el contacto son dos pruebas más de los tratos que Rodríguez Zapatero autorizó con los terroristas.

La mayor cautela que se ha tenido con la citada noticia es aducir que las llamadas actas de la banda terrorista no merecen todo el crédito como para aceptar sin más que Gómez Benítez se ofreció a mediar para que quedaran en nada los procesos judiciales contra Jarrai y PCTV.

Bien, admitamos procesalmente esta reserva hasta nuevas revelaciones. Lo que no se puede negar a estas alturas es que la negociación entre el Gobierno de Zapatero y los etarras existió. Lo cual quiere decir que Rodríguez Zapatero, con el respaldo de sus ministros, mintió reiteradamente a la sociedad española en asunto tan crucial.

De la negociación conocemos las fechas, los lugares y los interlocutores. Conocemos también argumentos de cada parte, alguno tan inadmisible y descabellado como el que los terroristas atribuyen a Gómez Benítez, quien prometió, según ellos, mediar en los tribunales, hasta en el Supremo, para que no se conectara con ETA a esas dos organizaciones etarras. O sea, lo que ofreció a los terroristas, según ellos, fue lograr una monumental prevaricación en su beneficio. Pero insisto en que debemos dejar esto de momento a la espera de las confirmaciones y evidencias que acabarán llegando, para reparar en la gravedad de las falsedades que de forma masiva ofreció Zapatero a los españoles.

La sociedad española ha demostrado en varias ocasiones no ser especialmente sensible a la mentira de los políticos. Una parte de la sociedad no quería enterarse de la existencia de los GAL y sus asesinatos, ni le inquietaba que el Gobierno de Felipe González esparciera mentiras sobre el caso. Otras sociedades han exigido a sus gobernantes respeto escrupuloso a la verdad. La caída de Richard Nixon se debió más a sus mentiras reiteradas a la nación que a los delitos y faltas cometidos por sus fontaneros de mayor o menor rango.

Pero aquí Zapatero ha mentido descaradamente y está por ver aún que se le reproche en serio. Claro que las reacciones sociales requieren tiempo. Hay mucha gente que aún recuerda aquella frase lapidaria de Pérez Rubalcaba en la víspera electoral de 2004 bajo el impacto traumático del atentado del 11-M: «Necesitamos un Gobierno que no nos mienta». Fue una frase violenta y destructiva, perfecta para anular al adversario con independencia de que mintiera o se esforzara por transmitir verdades bajo la convulsión originada por las agitaciones posteriores al atentado. Su efecto dura aún en muchas memorias. Sin embargo, es una frase que podría ser lanzada hoy contra el actual Gobierno con toda razón. Porque Zapatero mintió con aquel mal llamado proceso de paz, como mintió después con la crisis, como miente cuando asegura que ya salimos hacia la prosperidad. Si la sociedad española tuviera un sentido ético lógico y a la vez práctico de la vida pública, no dejaría de Zapatero, electoralmente hablando, ni las raspas. Si los políticos no son capaces de respetar un mínimo código ético, han de ser los ciudadanos quienes les pasen la factura. No perdamos la esperanza en esa regeneración. ¿Ensueño? No, necesidad

LUCHA ANTITERRORISTA / Los contactos con ETA
«Zapatero debe reconocer el error de la negociación»

El 'popular' Cosidó le pide explicaciones y la socialista Pajín defiende su «labor» y la del vocal del CGPJ Gómez Benítez

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Madrid

El portavoz popular en la Comisión de Interior del Congreso, Ignacio Cosidó, reclamó ayer «explicaciones» al presidente del Gobierno sobre el contenido de sus negociaciones con ETA durante el fracasado proceso de paz. Aún más, le instó a «reconocer el error de esa negociación».

Con motivo de las revelaciones de las actas incautadas a ETA, publicadas anteayer por EL MUNDO, el diputado dio por probado en su blog que José Manuel Gómez Benítez, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial y antiguo representante del Gobierno en la mesa de negociación, fue el artífice, ante los etarras, de la oferta de mediación con el Tribunal Supremo sobre las sentencias de Jarrai y PCTV.

«Un representante del Gobierno, al que luego se compensó con un puesto en el Consejo General del Poder Judicial, ofreció impunidad a organizaciones vinculadas a ETA», escribió.

Además, señaló que se trata del «mismo que, al parecer, puso encima de la mesa el chivatazo del bar Faisán como prueba máxima de la voluntad del Gobierno de llegar a un acuerdo, aún a costa de pisotear nuestro estado de Derecho».

Dicho lo cual, y al margen de diversas reflexiones sobre la «dificultad de ocultar la verdad en una sociedad libre» y la «tristeza» que este caso genera, el dirigente popular se desmarcó de quienes piensan que «todo eso es un pasado que más conviene olvidar».

Incluso, llegó a pedir cuentas a Zapatero por la consecuencia que la ocultación de estos datos tuvo en las elecciones generales de 2008: «Habrá incluso quién considere que las urnas ya juzgaron políticamente ese proceso de paz falsa, aunque la Justicia tienda a ser menos amnésica que la política. Pero los españoles no pudieron sentenciar nada porque el Gobierno les ocultó todo. Y cuanto más van conociendo de ese proceso, desde la delación a ETA a las impúdicas ofertas de impunidad, mayor es su rechazo e indignación».

De esta forma, sin dejar de aplaudir la «vuelta del Gobierno a una política de derrota del terrorismo que nosotros compartimos y apoyamos con lealtad y firmeza», así como el nuevo «Gobierno constitucionalista en el País Vasco», y la «eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», Cosidó instó al presidente del Gobierno: «Creo que Zapatero debe aún una explicación a los españoles sobre su fallida negociación con ETA».

«Y lo que es más importante», añadió Cosidó, «creo que Zapatero debe reconocer el error de esa negociación, porque si, a pesar de todo lo que vamos sabiendo, él considera que obró correctamente, nada nos asegura que mientras esté en el poder no volverá a intentar algún día el atajo de la paz sucia».

Por su parte, y desde el Partido Socialista, su secretaria de Organización, Leire Pajín, defendió la «labor» del Gobierno y del antiguo «servidor del Estado», en referencia tácita a Gómez Benítez.

Preguntada en rueda de prensa, Pajín no quiso cuestionar el papel del vocal del Consejo en las negociaciones con ETA y se limitó a elogiar la eficacia de la lucha antiterrorista.

«No seré yo quien cuestione la labor de un Gobierno o de un miembro del estado de Derecho que está demostrando, como en las últimas semanas, una enorme capacidad y eficacia en la lucha antiterrorista, que nos llena de orgullo a todos los españoles», dijo, según informa Servimedia