JUEZ SOCIALISTA, PREVARICADOR DE OFICIO: El escrito de los abajofirmantes

A CONTRAPELO
España, cuarto y mitad

SANTIAGO GONZÁLEZ

Los garbanzos, lo decía un personaje de Bigas Luna, «crían muy mala leche». De ahí que en esta tierra de garbanzos hayamos hecho de la guerra civil una forma de convivencia a lo largo de la Historia. Contagiados quizá por la dieta alimenticia, aquí riñeron romanos y cartagineses, moros y cristianos, carlistas y liberales, rojos y nacionales, y así. Ahora se dibujan de nuevo en el horizonte dos Españas: la garzonista y la antigarzonista.

No llegará la sangre al río, aunque late en el asunto una de nuestras pulsiones de muerte clásicas: la que hizo morir a media España de la otra media, como predijo Larra 100 años antes de que lo clavara Antonio Machado. Debajo alienta la memoria histórica y la negación del pacto que hizo posible la Transición a la democracia. No es banal la imputación del magistrado Luciano Varela contra el más genuino representante del star system judicial por «ignorar u orillar» la Ley de Amnistía. Está en el centro de ese pacto.

No esperen argumentos donde sólo hay pasión y gregarismo. El escrito de los abajofirmantes en el que se denuncia «la oblicua maquinaria puesta en marcha» contra Garzón para asestar a «nuestra democracia el peor golpe desde el 23-F», viene a demostrar tres cosas a un tiempo: la facilidad con que se expenden los títulos de intelectual, la generalización en el abuso de la metáfora y que la paranoia, como decía Julia Kristeva, «vive en grandes palacios barrocos».

Así, a ojo, no parece que ningún magistrado del Supremo esté en ninguna conspiración, como ha dicho el presidente de la Audiencia Nacional (AN), pero para todo el que conozca la biografía del instructor Varela mucho menos. Antifranquista en la dictadura, fue fundador de Jueces para la Democracia y autor material de la Ley del Jurado. Por eso se insiste en el sindicato (pseudo) querellante. Otra querella que aún le aguarda tiene como ponente a Joaquín Giménez, magistrado de biografía inequívocamente progresista. ¿La verdad es la verdad, dígala Agamenón y su porquero? Pues depende. Machado hizo dialogar a amo y criado en torno al tema: «Agamenón: estoy de acuerdo. / El porquero: no me convence». Haría falta saber quién de los dos era el progresista, si bien la lógica elemental de la lucha de clases tiende a señalar que la verdad del porquero era más verdad que la de su señorito.

¿A quién y de qué quejarse? La acción popular es un artefacto progresista y el legislador no previó restringir su empleo a los fachas, no se puede estar en todo. De ahí que estemos leyendo en estos días tonterías muy solemnes sobre los herederos del Franquismo que van a sentar a Garzón en el banquillo. Quien lo sentará, en todo caso, será la Sala Segunda del Supremo.

Otro misterio es quién ha podido aconsejar a Garzón que pida el testimonio de sus colegas internacionales para que vengan a enseñar a nuestro Alto Tribunal la correcta aplicación de las leyes. Un matiz antes de proceder con las analogías: ni Guzmán ni Zaffaroni pidieron un certificado para saber si Pinochet o Videla estaban muertos como hizo Garzón en su delirante auto del 17 de octubre de 2008. Vivían; por eso los procesaron.

Manifiestos pro Garzón dicen que su proceso es «el peor golpe desde el 23-F»

Sostienen que el magistrado es «víctima de una campaña de la extrema derecha»

Madrid

Una veintena de juristas e intelectuales que en noviembre de 2008 ya se pronunciaron a favor de la investigación de Baltasar Garzón sobre los crímenes del Franquismo ha suscrito un nuevo manifiesto en el que se declaran «indignados» por la causa abierta por el Tribunal Supremo al juez de la Audiencia Nacional.

Garzón está imputado por haber adoptado resoluciones presuntamente prevaricadoras en las diligencias que abrió para investigar las desapariciones del Franquismo. Entre esas decisiones figura la de tramitar las diligencias consciente de que carecía de competencia, mediante la aplicación retroactiva de normas penales desfavorables y «orillando conscientemente» las leyes de Amnistía y de Memoria Histórica aprobadas por las Cortes democráticas.

Entre los firmantes del manifiesto pro Garzón figuran los escritores Juan Goytisolo, Manuel Rivas, Fanny Rubio y José Manuel Caballero Bonald; el actor Jordi Dauder; el cantautor Paco Ibáñez; el sociólogo José Vidal Beneyto; el arabista Pedro Martínez Montávez; el hispanista Ian Gibson; las abogadas Cristina Almeida y Gloria Wilhelmi, y el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo.

El manifiesto se refiere a los procesos iniciados en España por las desapariciones forzadas en Chile, Argentina o El Salvador -actuaciones que «nos han llenado de orgullo»- mientras en España «asistimos al vergonzante y penoso espectáculo de sentar en el banquillo a uno de los jueces más respetados en todo el mundo en esta tarea de dar voz a las víctimas del Franquismo».

Los firmantes dicen que ellos se consideran «sentados en el mismo banquillo que Garzón» y afirman que si la «oblicua maquinaria puesta en marcha contra este magistrado avanza en el sentido que intuimos, asistiremos, en palabras de Manuel Rivas, 'al kafkiano proceso de un tribunal que encausa, en carne, a la Justicia, sufriendo con ello nuestra democracia el peor golpe desde el 23-F'». «La operación anti Garzón ya no puede ser más dramática para la democracia española», añaden parafraseando a Vidal Beneyto.

Otro manifiesto difundido en Facebook por «un grupo de ciudadanos preocupados por el significado del proceso» abierto a Garzón «y por sus consecuencias en la salud democrática de la Justicia española» llama a firmar a los partidarios del juez porque «cuanto más lo difundamos más influencia tendrá». Con la advertencia de que «no se publicarán textos que no sean adhesiones», ayer lo había suscrito un millar de fans.

Según este escrito, Garzón «es víctima de una campaña promovida por sectores de extrema derecha, Falange Española y Manos Limpias, con una sorprendente connivencia de algunos sectores progresistas».

«El proceso contra Garzón es, en realidad, un juicio sumario contra los defensores de la democracia, la justicia y los derechos humanos y a favor de la impunidad de crímenes muy graves de carácter internacional», dice el manifiesto, que añade que Garzón «está siendo juzgado por una Sala del Tribunal Supremo en la que la mayoría de sus miembros juraron lealtad al Movimiento Nacional del Franquismo».

El Congreso pide al CGPJ que actúe contra las filtraciones

AGUSTÍN YANEL

Madrid

El Partido Popular pretendía que el Congreso de los Diputados mostrara su «malestar» y «profunda preocupación» por las filtraciones a los periodistas de acuerdos adoptados por el Consejo General del Poder Judicial y, también, de decisiones de los jueces que publican los medios de comunicación.

El PSOE se mostró de acuerdo con esa propuesta, pero la suavizó. Al final, ambos partidos y los restantes grupos del Congreso acordaron, por unanimidad, mostrar su malestar y preocupación por «las vulneraciones» de actuaciones judiciales que están declaradas secretas pero que son difundidas por los medios de comunicación cumpliendo con su obligación de informar.

En su propuesta, instan al Consejo General del Poder Judicial a que «proceda con la mayor contundencia para poner fin a esas prácticas».

Jordi Jané, de CiU, aclaró que en esos casos no son responsables los periodistas -que publican la información que consideran de interés general obtenida por medios legales- sino las personas que les facilitan resoluciones judiciales de sumarios declarados secretos.

Ésta fue una de las 19 propuestas de resolución que plantearon los grupos parlamentarios a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 2008, que su presidente, Carlos Dívar, presentó en diciembre.

El diputado Emilio Olabarria, del PNV, afirmó que habría que modificar la ley para suprimir este trámite «extravagante». Argumentó que el CGPJ es uno de los tres poderes del Estado, independiente del Legislativo -el Congreso-, por lo que cuando éste le «insta» a que adopte alguna resolución, como hace en estas propuestas, está invadiendo sus competencias