DELINCUENCIAS ZP: El juez socialista Garzón quiere liquidar el 'caso Faisán' antes de ser suspendido

UN JUEZ BAJO SOSPECHA

Garzón quiere liquidar el 'caso Faisán' antes de ser suspendido



Tras meses de total inactividad, realizará hoy mismo los tres interrogatorios que ordenó la Sala y ha iniciado ya la petición de documentación a Francia

JOAQUÍN MANSO / FERNANDO LÁZARO

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cumplió ayer con extraordinaria celeridad la orden que le dio la Sala Penal para que agote «más allá de lo normal» la investigación del chivatazo policial a ETA y practique nuevas pruebas. En pleno proceso para su posible suspensión cautelar, que le obligaría a apartarse del caso, el magistrado respondió a esa resolución en menos de 24 horas para intentar liquidar cuanto antes las diligencias pendientes.

Hoy mismo están citados en su juzgado el responsable de la investigación -el inspector Carlos G.- y dos guardias civiles que participaban en el operativo contra el aparato de extorsión. El juez ha requerido además a la Policía para que le aporte la información que necesita para reclamar a Francia toda la documentación sobre los tráficos de llamadas que le exigió la Audiencia.

Ninguna de las actuaciones de esta causa, que avanza con notable lentitud desde hace cuatro años, ha seguido un trámite tan rápido. Desde el pasado verano, las investigaciones estaban en situación de absoluta catatonia.

El juez tiene tanta prisa que ha habilitado la tarde de hoy para llevar a cabo los interrogatorios. A las 17.00 horas desfilará por el Juzgado Central de Instrucción número 5 el inspector jefe Carlos G., responsable del operativo conjunto con Francia para desarticular el aparato de extorsión de ETA, que tenía su epicentro en el bar Faisán de Irún y que estuvo a punto de ver frustrado su objetivo por un soplo policial al dueño de ese establecimiento, Joseba Elosua. Después, él mismo se encargó de investigar el chivatazo.

Lo previsible es que Carlos G. se ratifique en el contenido de los informes que su equipo aportó al sumario. En ellos, se analiza una relación de llamadas que sigue la línea jerárquica de la Policía y sitúa como posibles responsables de la delación al entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y a su jefe superior del País Vasco, Enrique Pamiés. Con los mismos habrían colaborado un comisario de Bayona, una inspectora jefe de San Sebastián y un inspector de Vitoria.

El detalle de las comunicaciones aportadas por el equipo dirigido por Carlos G. alcanza al número dos del Ministerio del Interior, Antonio Camacho.

El fiscal Carlos Bautista consideró que no había suficientes indicios incriminatorios contra García Hidalgo, y apuntó la posibilidad de que el chivatazo hubiera surgido del propio operativo policial contra el aparato de extorsión de ETA. Es decir, del propio Carlos G. y su equipo. La Sala Penal recuerda en su auto del lunes esta sugerencia, pero al mismo tiempo ratifica la «confianza» del tribunal en las investigaciones de ese inspector jefe, y de hecho elogia el contenido de sus informes y destaca que son los mejor detallados y de mayor fuerza incriminatoria de todos los aportados a la causa. El caso es que Carlos G. comparecerá como testigo y no como imputado.

Tras él, responderán dos guardias civiles del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Investigación, identificados por los sobrenombres de Unai y Sugoi. Los dos participaban en el operativo de vigilancia sobre el bar Faisán y en el desplazado a la frontera de Irún para desarticular el aparato de extorsión de ETA.

Las nuevas diligencias se completan con un exhorto al Cuerpo Nacional de Policía para que le informe, a la mayor brevedad posible -el juez cuenta con tener la información en menos de dos días-, de los datos de la cabina de teléfono instalada en Irún junto al bar Faisán.

El juez quiere saber si ese teléfono estaba intervenido y si a los agentes les consta alguna llamada de Elosua. En tal caso, reclama la transcripción de esas comunicaciones para comprobar, principalmente, si el dueño del Faisán advirtió a su enlace en la banda terrorista, el presunto etarra José Antonio Cau, de la operación que estaba a punto de desarrollarse.

Una vez que tenga toda esta documentación, Garzón cumplirá con la orden de la Sala Penal de cursar una comisión rogatoria a las autoridades francesas para que le remitan un análisis de las llamadas de Joseba Elosua y de las comunicaciones intervenidas a José Antonio Cau el día en que se produjo el chivatazo y estaba prevista la operación contra ETA -el 4 de mayo -, además del anterior y el posterior.

En esta misma actuación, el magistrado preguntará a Francia si, efectivamente, los arrestos contra el aparato de extorsión de la banda se suspendieron con motivo de una filtración policial. Esto es lo que la Sección Segunda de la Sala Penal da ya por hecho y considera de «una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España»,

Ahora que el sumario ya no está bajo secreto, Garzón encargó al equipo de comunicación de la Audiencia Nacional que informase inmediatamente a toda la prensa de su decisión, quizá para evitar que la noticia llegase antes a los medios más críticos con él y más entusiastas con la investigación del chivatazo.

A CONTRAPELO

Faisán activo



SANTIAGO GONZÁLEZ

Parecía que el caso Faisán, después de dormir casi cuatro años el sueño de los justos en los confortables cajones del juez Garzón, estaba sentenciado por la Fiscalía al pedir al juez instructor el archivo de la causa, dado que la instrucción no había conseguido esclarecer los hechos.

La Fiscalía, ante la evidencia de que chivatazo sí hubo, pudo haberse preguntado si la falta de resultados podía deberse a que la instrucción no había sido la adecuada, si, por decirlo con un lenguaje acorde con los usos sociales, Baltasar Garzón quizá no había desarrollado una instrucción sostenible.

El transcurso de más de tres años sin novedades dio pie a sospechas y maledicencias, habida cuenta del brío que este juez ponía en la instrucción de sus casos y su remango para macerar en prisión preventiva a sus imputeados. Notables delincuentes, por citar tres nombres, como Amedo, Domínguez y Francisco Correa (este último en grado de presunción) aún guardarán memoria de ello. Que un procedimiento tenga más marcha en una etapa que otra es normal. Un sumario es como un río: en un tramo, torrentera, y en otro, plácido discurrir por una cuenca llana o corriente sumergida como el Guadiana.

Recordarán los lectores que el sumario de los GAL permaneció letárgico desde que Garzón fue captado para acompañar a Felipe González en las elecciones de 1993 hasta el 9 de mayo de 1994, fecha en la que renunció a su acta de diputado. Nueve días más tarde volvió a su despacho en el Juzgado número 5 de la Audiencia y abrió un cajón. El resto ya es historia.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha puesto el despertador al caso, en contra del criterio de la Fiscalía, y Garzón se ha puesto a actuar. El auto de la Audiencia califica el caso como de una «gravedad sin precedentes» y esto parece algo exagerado. Precedentes los hay, y más graves. Los GAL, sin ir más lejos. Puede entenderse que para un policía de los que se juegan la vida en la lucha contra ETA, el compadreo con los terroristas sea más alarmante que el hecho de asesinarlos, pero éste no es un criterio que deba sustentar un juez.

Total que la AN ha aceptado sólo tres diligencias de las 25 que habían pedido las acusaciones, pero la noticia no es cuantitativa, sino que el caso Faisán sigue adelante. ¿Es posible que haya estado a punto de archivarse el sumario sin llamar a declarar al policía que redactó el informe? ¿Que no se haya instruido un solo expediente en Interior? Eso parece. Por otra parte, Garzón va a preguntar a las autoridades francesas si el motivo de que suspendieran la operación contra el aparato de extorsión de ETA fue una filtración policial, pregunta que, naturalmente, sólo puede tener una respuesta: no.

En ocasiones como ésta se invoca la razón de Estado, cosa normal si hemos aprendido a identificar correctamente el Estado con el partido. En cualquier caso, a la razón de Estado, esa invocación de altura para magrear la ley por debajo de la mesa, le pasa lo mismo que a las trampas en las cartas. ¿Se pueden hacer? No, pero si las haces y te pillan debes asumir que la partida se ha acabado para ti.

UN JUEZ BAJO SOSPECHA / Su actuación en el 'caso Faisán'

PP: que Rubalcaba no vuelva a escapar



AGUSTÍN YANEL

Madrid

La semana pasada, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no contestó a dos preguntas del PP sobre el chivatazo a ETA porque no pudo asistir al Pleno, y las respondió el titular de Justicia. Soraya Sáenz de Santamaría, la portavoz de los 'populares', no quiere que eso se pueda repetir hoy.

Es probable que parte de las preguntas al Gobierno quede hoy pendiente para mañana, día en que el ministro no acudirá al Pleno. Por eso, Sáenz de Santamaría pidió ayer al presidente del Congreso, José Bono, que permita adelantar lo máximo sus dos cuestiones a Pérez Rubalcaba. Quiere evitar que el ministro «burle al Congreso en explicaciones sobre un asunto tan grave»

UN JUEZ BAJO SOSPECHA / El trámite judicial

El CGPJ oirá a Garzón antes de decidir sobre su suspensión



Archiva la petición de Negrín de que Dívar se abstenga



MARÍA PERAL

Madrid

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer por unanimidad atender la petición del juez Baltasar Garzón de ser oído sobre su eventual suspensión cautelar.

La Comisión Permanente acordó hace una semana, también por unanimidad, iniciar los trámites para resolver si procede apartar cautelarmente a Garzón de las funciones judiciales mientras el Tribunal Supremo tramita dos procesos abiertos contra él: uno por presunta prevaricación en la investigación de las desapariciones del Franquismo, y otro por presunta prevaricación y cohecho por haber solicitado y obtenido del banco Santander 302.000 dólares para financiar actividades que el juez desarrolló en Nueva York. Tras reincorporarse al Juzgado, Garzón recibió una querella contra los directivos del banco y, sin abstenerse, la inadmitió a trámite.

Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé oír sólo al fiscal antes de resolver sobre la suspensión cautelar de un juez imputado por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, el CGPJ ha aplicado la ley de procedimiento administrativo común para no causar indefensión al juez.

La Comisión Permanente, de otro lado, archivó un escrito de Carmen Negrín, nieta del último jefe de Gobierno de la II República, para que el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, no intervenga en la decisión sobre la recusación de los magistrados de la Sala Penal que abrieron el primer proceso a Garzón. La Comisión entiende que no puede decidir nada puesto que la recusación de Dívar, basada en que juró «lealtad al Caudillo» al ingresar en la carrera judicial, es una cuestión jurisdiccional.

Por su parte, 29 funcionarios y dos secretarias judiciales que trabajan con Garzón en el Juzgado difundieron ayer un escrito de apoyo al juez en el que dicen no entender «la situación de crítica permanente de todas sus actuaciones y resoluciones cuando no coinciden con los intereses de quienes realizan aquélla, obviando la labor que ha realizado en la persecución de los más graves delitos contra la comunidad, a escala nacional e internacional»

UN JUEZ BAJO SOSPECHA

«Lo más grave tras los GAL»



>PP. El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, afirmó ayer que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recibido «un varapalo tremendo» con el auto de la Audiencia que le ha ordenado nuevas pruebas sobre el supuesto chivatazo al aparato de extorsión de ETA. Trillo, además, destacó que la decisión de la Sala Penal se suma a las acusaciones que ha recibido el magistrado por actuar de forma «parcial, sectaria e interesada».

>PSOE. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, remarcó que hay que respetar las decisiones de los jueces, de «unos y otros», incluyendo tanto a los que pretendían archivar el caso como a los que han decidido seguir. Alonso dijo que, a juicio de «todo el mundo», el Ministerio del Interior se conduce «siempre con escrupuloso respeto» a la legalidad.

>AVT. «Por fin han vencido los hechos sobre el silencio, pese a que sólo se han aprobado tres diligencias de las 32 que se solicitaron el pasado diciembre», celebró la AVT antes de recordar que el auto de la Sala considera que los hechos investigados «adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España» y aconseja «especial celo y diligencia y un agotamiento más allá de lo normal en su investigación».

>Aguirre. «Me parece muy bien que se investigue el chivatazo del bar Faisán, ya que para mí este caso es el más grave que ha ocurrido en el Gobierno, después de los GAL, en política antiterrorista», dijo Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. «Hay muchos indicios de que ha habido personas dentro de la organización policial y del Gobierno que han avisado a ETA»