DELINCUENCIAS ZP, EL INCONSTITUCIONAL ESTATUT: El PP teme que dos jueces conservadores respalden el 'Estatut' en el Constitucional

El PP teme que dos jueces conservadores respalden el 'Estatut' en el Constitucional

Los 'populares' hablan de una mayoría de siete a tres; en el tribunal lo desmienten

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO / MARÍA PERAL

Madrid

Alarma en el cuartel general del PP. Una de las batallas jurídicas y políticas de mayor calado desde la instauración de la democracia, la resolución del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados contra el Estatuto de Cataluña, sigue en un estado incierto después de tres largos años de tensiones en el seno del Alto Tribunal.

Pero de la incertidumbre se ha pasado a la preocupación en el principal partido de la oposición, autor de uno de los recursos contra el nuevo Estatut de Cataluña.

Fuentes de toda solvencia cercanas al PP creen que el equilibrio que se registraba a finales del pasado año (práctico empate de magistrados a favor y en contra de la constitucionalidad de los elementos clave del nuevo texto estatutario) ha quedado roto en las últimas semanas. Según dichas fuentes, dos de los magistrados considerados conservadores, Ramón Rodríguez Arribas y Guillermo Jiménez -ambos propuestos para el cargo precisamente por el PP- habrían variado su postura respecto a esos aspectos esenciales del texto recurrido.

Un magistrado relevante de los considerados como progresistas, Manuel Aragón, habría logrado una aproximación de los anteriormente citados hacia un texto que podría ser apoyado por siete de los 10 miembros del TC que emitirán su voto.

Según dichas fuentes, el proyecto de sentencia declararía inconstitucionales unos 18 artículos del Estatut. Sin embargo, en esos 18 artículos no estaría ninguno de los incluidos en el llamado núcleo duro de la norma autonómica: los que tienen que ver con la consideración de Cataluña como nación; los que atañen a los derechos históricos y a los símbolos nacionales, los relativos al reconocimiento de derechos propios, los que otorgan a Cataluña la capacidad para negociar bilateralmente con el Estado español, lo que se refieren a la financiación, las competencias y la lengua.

Ese proyecto situaría unos 40 artículos del Estatut bajo el paraguas de la interpretación. Algunos de los artículos del llamado núcleo duro estarían englobados en esas interpretaciones condicionales o interpretaciones conformes, que vinculan la validez del precepto a que sea entendido y aplicado en los términos en que declare el Tribunal. El resto de los artículos sería convalidado como plenamente acorde con la Carta Magna.

Distintas fuentes del TC aseguraron, frente a la versión del PP, que en este momento no está conformada una mayoría de siete magistrados para respaldar, mediante interpretaciones conformes, el grueso del Estatuto de Cataluña.

En particular, negaron que en esa mayoría se encuentre el magistrado Rodríguez Arribas, quien la pasada semana comunicó a la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, que no podía sumarse a un texto basado en unas interpretaciones redactadas en términos tales que equivalen a avalar preceptos, a su juicio, incompatibles con la Constitución.

Paralelamente, Casas y la ponente, Elisa Pérez Vera, han rechazado varias interpretaciones conformes propuestas por Rodríguez Arribas, lo que ha alejado el apoyo de este magistrado a un documento en el que se viene trabajando desde enero.

Las mismas fuentes indicaron que, tras el fracaso el pasado diciembre del intento de emitir una sentencia por unanimidad, se ha pasado al «deseo» del alcanzar una mayoría de siete magistrados, es decir, todos los llamados a pronunciarse sobre el Estatut menos Javier Delgado, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata. Estos tres magistrados no comparten la teoría del mal menor, esto es, alumbrar de una vez el fallo sobre el Estatut aunque sea a costa de ceder en sus planteamientos sobre la configuración constitucional de España.

No obstante, el «deseo» de aunar esos siete votos a favor del Estatut está en este momento «bastante alejado de la realidad», admiten las fuentes consultadas. De un lado, la posición de Rodríguez Arribas distancia también de la mayoría a Guillermo Jiménez y Manuel Aragón, dado que los tres vienen formando tándem. De otro, cualquier cesión contraria al Estatut aleja a Eugeni Gay y a Pascual Sala, defensores de la norma estatutaria.

Así las cosas, no es previsible una convocatoria del Pleno para abordar el Estatuto catalán en breve. Es posible que el Pleno del TC se reúna la semana que hoy empieza, pero para resolver sobre la admisión a trámite de recursos promovidos por el Gobierno contra distintas leyes autonómicas, que no pueden ser cautelarmente suspendidas hasta que el tribunal no admita las impugnaciones

ERC y CiU quieren limitar a seis meses la prórroga de jueces del TC

De aprobarse ahora, la medida bloquearía al actual tribunal

MARÍA PERAL

Madrid

Los nacionalistas catalanes tienen en su punto de mira la actual composición del Tribunal Constitucional. Tanto ERC como CiU han presentado proposiciones de ley que, de prosperar en los términos en que están planteadas, bloquearían el funcionamiento de la mayoría de los órganos del TC. Si esas propuestas salieran adelante en este momento, anularían al Pleno del tribunal -encargado de emitir la sentencia sobre el Estatut- y a la Sala Primera. Sólo podrían seguir dictando resoluciones la Sala Segunda y las secciones.

CiU registró el pasado día 2 una proposición de ley con la que pretende que el período máximo de prórroga de los magistrados del TC sea de seis meses. Cuando superen ese plazo, no podrán computar a efectos de quórum para constituir el Pleno, la Sala o las secciones ni tampoco podrán «adoptar acuerdos», dice el texto.

La justificación de la iniciativa se explicita por CiU diciendo que «en la presente legislatura, la situación del Tribunal Constitucional ha derivado hacia una profunda crisis de funcionamiento que está afectando muy gravemente su credibilidad». Tras recordar que actualmente cuatro de los 12 magistrados han superado «con creces» su mandato (que terminó en diciembre de 2007) y otro más falleció en 2008, la proposición afirma que las previsiones constitucionales sobre la duración de los mandatos de los jueces y del presidente y vicepresidente del tribunal «han quedado ampliamente superadas por la realidad como consecuencia de la incapacidad de recabar las mayorías parlamentarias necesarias para su renovación».

La actual situación, añade, «resulta abiertamente contraria al deber constitucional de las Cortes de proceder a la renovación ordenada de los miembros del órgano» y «supone consolidar un estado de precariedad e interinidad en el máximo órgano interpretativo de la Constitución».

Para CiU, establecer un período máximo de prórroga de funciones de seis meses contribuiría a «acelerar la renovación» del TC y evitaría períodos de «larga precariedad institucional».

Con anterioridad, el 24 de noviembre, ERC planteó otra proposición de ley según la cual, transcurridos los seis meses de prórroga, los jueces del TC cesarían «de forma inmediata». Además, durante esa prórroga máxima «no se considerarán presentes» a efectos de quórum. La medida afectaría en este momento a cuatro de los 10 miembros del Pleno del tribunal, que no tendría quórum para reunirse, y a la Sala Primera, que quedaría reducida a tres jueces