PROHIBIDO HABLAR ESPAÑOL: El "Govern" socialista de Montilla cobró en un año 208.000 euros en 209 multas por no rotular en catalán

DESAFÍO NACIONALISTA / La implicación de la Generalitat
La Generalitat cobró en un año 208.000 euros en 209 multas por no rotular en catalán

La Agencia de Consumo, que depende del socialista Castells, ha impuesto 209 sanciones

JORDI RIBALAYGUE

Barcelona

La Generalitat ha incrementado el ritmo sancionador a los comerciantes que no rotulan en catalán. Si en 2007 ingresó 138.150 euros en sanciones, en 2008 -último ejercicio del que se disponen datos- recaudó 208.000 euros tras imponer 209 multas.

La Agencia Catalana de Consumo, organismo dependiente del Departamento de Economía que dirige el socialista Antoni Castells, impuso 209 multas en 2008 a comerciantes que no tenían sus establecimientos rotulados en catalán. La inmensa mayoría de los sancionados son comerciantes de la provincia de Barcelona, donde se registraron 197 multas lingüísticas.

Sólo en la demarcación más poblada de Cataluña y donde la presencia de castellanohablantes es más notable que en las otras tres provincias, el Govern recaudó 198.800 euros en 2008 con los castigos a los negocios que no tienen como mínimo en catalán los rótulos, los carteles y los documentos de las ofertas. En 2007, la cifra de incumplimientos de la normativa que acabaron en multa se limitaron a 137 y la recaudación fue unos 70.000 euros inferior.

Los informes de la Generalitat revelan asimismo que, en 2008, la Agencia Catalana del Consumo recibió 2.364 denuncias por presuntas infracciones a la directrices lingüísticas. De nuevo, la provincia de Barcelona es la que motiva el mayor número de reclamaciones. En total, la Generalitat anotó 2.320 quejas en Barcelona, de las que investigó 1.075 casos.

Más allá de los datos, los inspectores autonómicos siguen rastreando negocios que no cumplan con la Ley del Catalán. Ayer, el PP de Barcelona denunció las amenazas de sanción contra algunos comerciantes del mercado municipal del barrio de Sant Martí, en Barcelona. Uno de los últimos en recibir la carta de la Generalitat es Pedro Herrero, un veterano del mercado que lleva más de 40 años vendiendo pescado y conservas desde que llegó desde su Soria natal.

El pasado 14 de enero, Herrero leyó el requerimiento del Govern que le insta a adecuarse a la norma. Sin embargo, y a diferencia de otros casos en los que la Agència Catalana de Consum obliga a cambiar el rótulo, el documento firmado el pasado 22 de diciembre no alude al cartel del puesto, escrito en castellano. En la carta se lee que la denuncia interpuesta por «un ciudadano» el 19 de agosto del año pasado advierte que las ofertas que cuelgan en el comercio «no están redactadas, al menos, en catalán».

El comerciante no entiende el porqué de la multa a la que se arriesga si mantiene los carteles en castellano. «Si en vez de cinco euros cobrara 20 por un producto, seguro que no me dirían nada», se sorprende Herrero, que subraya que no tiene nada contra el catalán y que nunca ha recibido queja alguna de los clientes por no exponer las ofertas en un idioma que no domina.

El comerciante no comprende que la Generalitat multe por rotular en castellano «en un momento de crisis»: «A mí me costaría más de 2.000 euros cambiarlo todo». Para evitarse problemas, ha comenzado a retirar los papeles que cubren latas y botellas.

Herrero no es el único tendero del mercado que ha merecido un requerimiento de la Generalitat. En la frutería de Mercedes Comino cuelga el rótulo en catalán desde hace siete años, pero aún así no se ha ahorrado un aviso por las ofertas y los recibos de la balanza, hasta hace pocos meses programada en castellano. En otro puesto del mercado acaban de encargar un cartel en catalán tras recibir una carta idéntica a la de Herrero días atrás.

El presidente de los populares en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, declaró ayer que el mercado de Sant Martí ha sido víctima de un «peinado lingüístico». «La gente está pendiente del precio, no de en qué idioma están escritas las ofertas», opinó Fernández Díaz

DESAFÍO NACIONALISTA / La implicación de la Generalitat
Un cargo del 'Govern' organiza las consultas independentistas

El alcalde de Sant Pere de Torelló y delegado de la Generalitat en la Cataluña central es miembro de la plataforma convocante

DANIEL G. SASTRE

Barcelona

La Generalitat no es todo lo neutral que le gustaría a su presidente, José Montilla, con las consultas independentistas que se han celebrado y se celebrarán en su comunidad. El delegado del Govern en la Cataluña central, Jordi Fàbrega, es de hecho uno de los principales impulsores de esos referendos. Ayer volvió a convocar a los medios para anunciar que ha pedido a los alcaldes de los municipios donde se celebra la próxima ronda de consultas que fomenten la participación entre sus vecinos.

Fàbrega es, además de delegado en la Cataluña central, alcalde de Sant Pere de Torelló (Barcelona) por Entesa pel Progrés Municipal (EPM), una formación que representa a ICV en muchos pueblos en las elecciones locales. Y también portavoz de Decidim.cat, una organización que agrupa a cargos electos soberanistas.

Fàbrega ya participó en una polémica durante la oleada anterior de consultas. Días antes del 13 de diciembre, cuando 161 municipios celebraron su referéndum, anunció que cedería locales municipales de Sant Pere de Torelló para la celebración de las votaciones, pese a que la Justicia lo prohibió expresamente dos meses antes en Arenys de Munt.

Ahora anuncia que Decidim.cat ha pedido a los alcaldes de los 70 municipios que, según él, han confirmado que celebrarán una consulta sobre la independencia el 28 de febrero que envíen una carta a todos los habitantes de sus localidades para pedirles que participen en la misma.

«Hacemos un llamamiento a la participación. Enviaremos una carta a los municipos que han convocado la consulta para que los alcaldes y concejales llamen a la participación. Damos un paso más: además de dar apoyo, pedimos que se llame a participar», explicó ayer Fàbrega durante un acto en Barcelona.

Según los cálculos de la organización independentista, 282.000 personas están llamadas a votar el 28 de febrero. El censo electoral, como en las ocasiones anteriores, incluirá a todos los mayores de 16 años, tengan o no ciudadanía española o residencia legal. Fàbrega destacó que entre los municipios convocantes hay tres capitales de comarca: La Bisbal d'Empordà (Gerona), El Vendrell y Montblanc (Tarragona). También subrayó que hay otros ocho municipios con más de 10.000 habitantes implicados en la consulta.

En la línea de todas sus intervenciones, Fàbrega reclamó el protagonismo de las consultas para la «sociedad civil» -los políticos sólo «dan apoyo», según él- y reivindicó el reconocimiento del derecho de autodeterminación.

«El Estado español no permite ejercer este derecho», aseguró el alto cargo de Montilla. También dijo que las consultas van a acabar implicando a más de 350 ayuntamientos, lo que en su opinión supone «un toque de atención» tanto al Gobierno catalán -del que él forma parte- como al español.

La del 28 de febrero será la tercera ronda de las cuatro previstas. La última se celebrará el 25 de abril, mientras que quienes pretenden organizar uno de estos referendos en la ciudad de Barcelona todavía no han decidido qué fecha elegirán, informa Europa Press.

«Hay un antes y un después, nunca en este país se había implicado tanta gente. Hace falta un replanteamiento político», reclamó Fàbrega. Ayer le acompañaron durante el acto soberanistas de todo pelaje político. Estaba la alcaldesa de Santpedor (Barcelona), Laura Vilagrà, de ERC; el alcalde de Castellterçol (Barcelona), Manel Vila, de CiU; y el concejal de las CUP en Molins de Rei (Barcelona), Àlex Maymó. Todos ellos llamaron también a la participación el 28-F.

282.000 personas podrán votar el 28 de febrero si quieren la independencia

DESAFÍO NACIONALISTA / La implicación de la Generalitat
Contra la Ley de Política Lingüística

La coordinadora 'Por una Cataluña en libertad. No a las multas lingüísticas', integrada por el PP, Ciutadans, UPyD y las entidades Impulso Ciudadano, Asociación por la Tolerancia y Ágora Socialista, exigieron ayer que se anule la Ley de Política Lingüística aprobada en 1998, que obliga a rotular en catalán. La coordinadora afirmó que este requisito es «contrario al principio de libertad de empresa» y exigió que se archiven todos los procesos sancionadores abiertos. Así lo expresa el manifiesto que leerán en una concentración, mañana, en Arenys de Mar

Rajoy reclama garantías para el castellano y la concertada

La comunidad educativa elogia que el texto de Gabilondo abre muchas puertas

PALOMA DÍAZ SOTERO

Madrid

Todos quieren más. Ayer, no sólo fue Mariano Rajoy el que sacó a relucir carencias en el texto de Ángel Gabilondo para el pacto por la educación. Propio de una negociación, todos los agentes sociales implicados en la comunidad eductiva esgrimieron el qué hay de lo mío, pero todos coincidieron en valorar el documento positivamente, como un buen comienzo porque abre muchas puertas al debate y a concretar reformas.

El más duro fue Rajoy, pero también manifestó su esperanza en «poder avanzar» y reconoció a su favor la capacidad del Ejecutivo para cambiar lo que no funciona. Según dijo, «el propio Gobierno se ha dado cuenta» de que el modelo socialista no ha funcionado. Pero el presidente del PP marcó su posición de fuerza y recalcó: «Un pacto de educación para nada o para hacerse una foto no tiene sentido». En declaraciones a Telecinco recogidas por Efe, destacó «tres o cuatro cosas» que echa en falta en el documento de Gabilondo: la defensa del castellano, la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos o la afirmación clara del régimen de conciertos. Son las cuestiones de las que el PP va a hacer batalla y el Gobierno está dispuestos a hablar.

Gabilondo reiteró ayer que el texto puesto sobre la mesa «no es un documento cerrado» y pidió un «debate sereno». Preguntado por la prensa antes de intervenir en el pleno del Consejo Escolar del Estado, manifestó que espera que sirva para «aproximar posiciones», ya que se ha elaborado a partir de las ideas de las autonomías y las organizaciones educativas, informa Efe.

Entre los asuntos reclamados por el PP, la cuestión de la lengua puede quedar desdibujada al estar pendiente de las sentencias del Tribunal Constitucional. En la cuestión de los conciertos es donde puede haber mayor negociación, ya que es donde hay posturas verdaderamente encontradas: conciertos de privados según demanda (el PP, con el apoyo de la Fere -los colegios religiosos-, patronales como la Cece y los padres de Concapa) y concertación de centros de acuerdo a la planificación de la administración (el Ejecutivo, PSOE, los sindicatos y los padres de Ceapa).

La principal queja hecha ayer por Fere, Cece, Concapa y Cofapa fue, en palabras de la Fere, que «la libertad de elección de las familias sólo se limite al 'marco de la programación de la administración educativa' [loque dice el documento] y no a las necesidades de la demanda, y que no se plantee que el derecho al concierto educativo debería quedar establecido por ley».

El ministro se mostró ayer dispuesto a debatir sobre la libertad de enseñanza, pero aseguró «que no está en cuestión» y también advirtió de que tampoco puede reducirse a la elección de centros.

Por su parte, los sindicatos destacaron la ausencia de reconocimiento legal de la autoridad pública del docente. Carlos López, de FETE-UGT, también echó en falta garantías para que los alumnos de 4º de la ESO no sean segregados por centros en función de la orientación que elijan (a Bachillerato o FP), y garantías de que no desaparecerá la asignatura de Educación para la Ciudadanía, después de que el PP haya pedido cambiar sus contenidos.

La presidenta del Consejo Escolar del Estado, Carmen Maestro, valoró especialmente la «flexibilidad» del sistema educativo que propone Gabilondo en su documento.

Por otro lado, Izquierda Unida protestó por el protagonismo que el Gobierno está dando al PP. El coordinador general, Cayo Lara, le acusó de «intentar consolidar el bipartidismo» y «atender a la presión que están generando el PP y la jerarquía de la Iglesia» para que se imponga su modelo educativo, informa Agustín Yanel.

El miedo de los profesores

>50,2% tiene miedo de ser agredido por los alumnos, según un estudio de FETE-UGT.

>37,5% se siente bastante estresado por la interacción con ellos. Las mujeres, más.

>7,4% dice que le ha agredido algún alumno.

>2% admite que los alumnos le agreden físicamente, al menos, una vez al mes

Propuestas que ya están en los planes del Gobierno

PALOMA DÍAZ SOTERO

Madrid

El ministro de Educación planteó el documento para el pacto educativo entregado a los gobiernos autonómicos y a la comunidad educativa como un conjunto de «propuestas» abiertas a la negociación.

Pero entre ellas encontramos dos que el Gobierno ya va a llevar a cabo, salga como salga la negociación del pacto. Se trata de un sistema de convalidaciones entre la Formación Profesional, el Bachillerato y la Universidad, que ya está previsto en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible elaborado por el Ejecutivo con vistas a ser aprobado en este primer trimestre.

Cierto es que es una reforma en la que estarían de acuerdo la comunidad educativa y los partidos, incluido el PP, ya que daría a los estudiantes más opciones para ampliar sus estudios.

En la Ley de Economía Sostenible, que tiene numerosas implicaciones en el terreno de la educación -sobre todo en FP-, el sistema de puentes entre las enseñanzas está inspirado por la necesidad de mejorar la formación de los trabajadores.

El texto de Gabilondo para el pacto propone «adoptar las medidas necesarias para flexibilizar el sistema de FP, de manera que permita un tránsito más fluido» entre sus niveles, el Bachillerato y los grados universitarios. Concretamente, plantea «establecer convalidaciones recíprocas entre las materias de Bachillerato y los módulos de los ciclos de FP de Grado Medio con el fin de que los alumnos que cambien de opción formativa tengan convalidadas las materias aprobadas».

Pero todo eso ya está desarrollado en la Ley de Economía Sostenible. De hecho, prevé que los estudiantes de Grado Medio de FP «podrán obtener el título de Bachiller por la superación de un curso de un año de duración», aunque aún están en estudio los requisitos para conseguir el título, según ha podido saber EL MUNDO.

Para los estudiantes de FP de Grado Superior, el anteproyecto dice que «podrán convalidarse al menos 30 créditos» de un grado universitario e incluso las prácticas