EDITORIALES: Una medida tan justificada como improvisada

EDITORIALES DEL DÍA
UNA MEDIDA TAN JUSTIFICADA COMO IMPROVISADA

EL GOBIERNO se dispone hoy a retrasar la edad de jubilación, que pasaría de los actuales 65 a los 67 años. La idea del Ejecutivo es aplicar la medida de forma gradual: la jubilación empezaría a demorarse dos meses por año a partir de 2013, de suerte que en 2025 toda la población dejaría de trabajar a los 67 años.

Lo primero que hay que señalar es que Zapatero no ha consultado para formular esta propuesta -que afectaría a todos los trabajadores mayores de 62 años- ni con la gran mayoría de los ministros, ni con los sindicatos, ni con la patronal, que ayer no sabían nada hasta que se enteraron por los medios de comunicación. En julio del año pasado, el propio ministro de Trabajo había manifestado que retrasar la edad de jubilación de forma forzosa «no es el camino».

Habrá que esperar unas horas a ver cómo se concretan los planes del Gobierno, aunque José Blanco defendía la necesidad de «hacer sacrificios y ajustes», dado el deterioro de la situación económica, mientras Zapatero anunciaba en Davos un drástico recorte de gasto público para no defraudar «la confianza» de los mercados.

El alargamiento de la vida laboral y el tijeretazo en el gasto -que el Gobierno explicará hoy- suponen un auténtico bandazo en la política económica de Zapatero, que hasta ahora se había comprometido a no tocar el actual nivel de prestaciones sociales y había mantenido una relación cordial con los sindicatos. Resulta difícil de entender que el mismo Ejecutivo que se jactaba de haber impulsado la costosísima Ley de Dependencia decida ahora alargar la vida laboral, una iniciativa que siempre ha suscitado el rechazo de UGT y CCOO. Y también es complicado comprender por qué Zapatero exige este sacrificio a los trabajadores cuando ha sido incapaz de reducir los dispendios de las comunidades autónomas y otros entes públicos.

Al margen de estas consideraciones, existen dos razones nada desdeñables que pueden haber impulsado al Gobierno a plantearse este importante cambio: la caída del superávit de la Seguridad Social, muy cerca de entrar en números rojos, y el fuerte envejecimiento de la población española.

Ayer, el INE hacía público un estudio -seguro que no de forma casual- que concluía que en 2049 la población menor de 16 años y mayor de 64 será equivalente a la que está en edad de trabajar. Estas estadísticas siempre están sujetas a un amplio margen de error, aunque la tendencia es clara: en 1975 había tres millones de pensionistas y ahora hay casi nueve millones, si bien la población activa sólo se ha duplicado.

Muy parecidas perspectivas tienen otros países como Alemania y Holanda, que ya han decidido retrasar la edad de jubilación para evitar que el sistema entre en quiebra, dado que en Europa Occidental las expectativas de vida están ya por encima de los 80 años de edad. Hoy existen muchas personas que gozan de excelente salud física y mental a los 65 años, lo que convierte en razonable el alargamiento de la vida laboral, para el cual se han creado ya incentivos legales positivos. Desde 2003, las personas que retrasan su jubilación en nuestro país obtienen un 2% más de pensión por año hasta cumplir los 70.

La inevitable tendencia a este alargamiento choca, sin embargo, con las prejubilaciones que han realizado en los últimos años grandes empresas españolas como Telefónica y los bancos. RTVE jubiló con su sueldo íntegro a 4.200 empleados mayores de 52 años, lo cual resulta contradictorio con la medida que se quiere tomar ahora. Dado que las prejubilaciones se financian en parte con el dinero de todos los contribuyentes, el alargamiento de la vida laboral debería comportar poner coto a esta nefasta práctica.

Habrá que ver cómo reaccionan los sindicatos y la oposición -sobre todo, el PP- a esta propuesta del Gobierno que ha cogido a todo el mundo con el paso cambiado. Lo que es seguro es que el debate no ha hecho más que comenzar

IMPRESIOAUMENTAN LAS MULTAS POR NO ROTULAR EN CATALáN:
La persecución lingüística se incrementa en Cataluña

LA PERSECUCIÓN lingüística en Cataluña, que tanto Zapatero como Montilla niegan hipócritamente, tiene sus hechos más bochornosos en las multas a los comercios que no rotulen en catalán. La Generalitat ha incrementado el ritmo de la imposición de multas hasta ingresar por este concepto 208.200 euros en 2008, una cifra que supone un aumento de más del 50% en relación con 2007. Y no cabe decir, como alegan algunos socialistas, que estas sanciones son una imposición de ERC en la Ley de Política Lingüística. La Agència Catalana del Consum es un órgano dependiente de la Consejería de Economía, que está en manos del PSC. Por lo tanto, los responsables de que en una comunidad exista una persecución más propia del Santo Oficio que de un país democrático son Montilla y los socialistas catalanes. De la misma forma que no puede tampoco llamarse andana sobre las consultas independentistas, puesto que según publicamos hoy, el delegado de la Generalitat en la Cataluña central, Jordi Fàbrega, es uno de los impulsores de los referendos

JUZGARá SI ARCHIVó UNA QUERELLA POR DINERO:
El Supremo acierta al investigar a Garzón

LA DECISIÓN de la Sala Penal del Supremo de investigar a Garzón es consecuente con los indicios de delito que hay sobre la mesa, pero revela también la voluntad del Alto Tribunal de no mirar para otro lado en un asunto indudablemente incómodo por cuanto tiene como protagonista a un juez con probados apoyos en las altas esferas del poder. Los hechos están ahí: es Garzón quien solicita dinero al Santander para unos coloquios que dirige en la Universidad de Nueva York -tal y como probó EL MUNDO con la publicación de las cartas firmadas de su puño y letra-, y es él quien después archiva un proceso que afecta al presidente de ese banco. Garzón tiene ante sí un oscuro horizonte, y es que no es éste el único proceso que tiene abierto en el Supremo: también se le investiga por prevaricación en el asunto

EL PP SE RESISTE A APLICAR SU CóDIGO éTICO:
Costa fue destituido por lo mismo que hizo Clemente

EL PP salió ayer en defensa del número dos de Camps -que compró un Jaguar con descuento gracias a El Bigotes- acusando a Interior y la Fiscalía de escuchar ilegalmente a dirigentes de su partido, ya que la grabación de la conversación de Clemente sería anterior a la apertura del caso Gürtel. Éste es un aspecto de la cuestión que tendrá que ser aclarado por los cauces jurídicos oportunos. Pero hay otro -más importante a efectos políticos- que es el de la coherencia de un partido a la hora de aplicar las normas internas que él mismo se ha dado. Ricardo Costa fue destituido como secretario general del PP valenciano por su estrecha conexión con El Bigotes, quien por cierto le gestionó la compra de un coche lujoso marca Infiniti. Es decir, Costa fue castigado por la misma conducta que se obvia en el caso de Clemente. Con el agravante de que ahora existe en el PP un código ético pensado para sancionar comportamientos poco ejemplares de sus cargos políticos. Si Rajoy no piensa aplicar el citado código, más vale que lo rompa en público como hizo Fraga con la carta de dimisión de Aznar sin fecha.

NOS CUENTAN QUE... Javier Solana, ex responsable de la política exterior de la UE, fichado recientemente por José Manuel Entrecanales como asesor internacional, ya tiene su primer trabajo en nombre de la compañía. Dos días después del terremoto de Haití, el presidente de Acciona escribió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, poniendo a su disposición «todos los recursos de la compañía» para acudir en auxilio de la población de la isla. Acciona es una empresa que tiene entre sus especialidades las infraestructuras que aseguran agua y energía, dos cuestiones cruciales en Haití en estos momentos. Además, la compañía tiene base en México, lo que podría facilitar las actuaciones. Solana ha quedado encargado de poner en marcha el posible operativo y de mantenerse en contacto con el secretario general de la ONU.