ATC RESIDUOS NUCLEARES: Los requisitos/ El antecedente

EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS / Los requisitos
Ascó, en cabeza del pelotón

Es la favorita para albergar el ATC por estar rodeada de centrales y por la conexión por tren

RAÚL CONDE

Madrid

Cinco concejales del PP en un pueblo de La Alcarria votando a mano alzada en un salón consistorial pequeño y modesto. En las paredes, un retrato del Rey y un crucifijo. Y al lado, las persianas de las ventanas cerradas a cal y canto. Quizá para no pasar frío. O quizá también para aislarse del griterío en la plaza entre partidarios y detractores del futuro almacén de residuos nucleares. Aunque la historia viene de lejos, lo cierto es que esta escena durante el Pleno de Yebra (Guadalajara) del pasado 21 de enero hizo que un asunto, en teoría técnico o científico, degenerase en una tormenta política que ha agitado parte del debate público durante los últimos 10 días.

La apuesta del Gobierno para construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC), que agrupará los residuos de todo el parque nuclear español, ha desembocado en una carrera de última hora por optar a su emplazamiento. Sobre todo, entre pueblos pequeños, alejados de grandes ciudades y con escasos recursos económicos. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, avanzó en julio del pasado año que habría una «pelea» por acoger lo que desde el movimiento ecologista llaman «cementerio» y sus defensores, simplemente, un silo nuclear. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, respondió después que si había pelea, «sería para no tenerlo».

Ayer terminó el plazo legal impuesto por Industria para presentar candidaturas y, al menos, 10 municipios han confirmado su opción. Fuentes de Industria citadas por Europa Press ampliaban el número a 12 pueblos. El Ministerio no quiso «confirmar ni desmentir» ninguna cifra alegando que no ha podido recibir aún todas las peticiones.

La orden promovida por Industria exige una serie de requisitos técnicos, físicos y geográficos que deberá cumplir el almacén nuclear, esté donde esté. Para empezar, Industria descartó desde el principio aquellos lugares que tengan una protección medioambiental reconocida o que sean montes de utilidad pública, además de las áreas con patrimonio histórico o donde requieran un transporte por vía aérea o marítima. Más requisitos imprescindibles: el Gobierno pide una superficie mínima de 13 hectáreas para el almacén nuclear y otras 12 para el centro tecnológico que lleva asociado. A ello hay que añadir las infraestructuras necesarias para el asentamiento de empresas.

Además de todas estas premisas, los dos aspectos básicos que Industria va a valorar con especial esmero son, por un lado, estar integrado en un entorno habituado a la actividad atómica, bien con centrales o con otro tipo de instalaciones; y por otro, disponer de conexión por tren, un transporte esencial para el traslado del combustible gastado y los residuos de alta actividad.

Con todas estas condiciones en la mano, la candidatura que tiene más papeletas para llevarse el cementerio nuclear es la de Ascó. Está en una provincia con cuatro centrales nucleares (Ascó I y II y Vandellós II, además de la ya cerrada Vandellós I) y dispone de un tejido económico industrial, rodeado de centrales químicas, petroquímicas y térmicas. Además, goza de una excelente comunicación por tren. Por otra parte, en los últimos días la polémica política en torno a esta candidatura ha bajado muchos enteros. El pasado jueves, José Montilla, presidente de la Generalitat, atemperó en el Parlamento catalán sus declaraciones de días anteriores y recordó que la competencia para decidir la ubicación del ATC es estatal. Sólo un improbable plante frontal de sus socios de gobierno, especialmente los ecosocialistas de ICV, pondría en peligro ese relativo consenso.

El caso de Yebra es distinto. Aunque tiene cerca la central de Zorita, ésta ya se encuentra en proceso de desmantelamiento. Pero la traba más importante con la que se ha chocado es el rechazo frontal de la Junta de Castilla-La Mancha, de todos los partidos y de los principales agentes sociales en Guadalajara. Y aunque es verdad que está cerca de Madrid, no tiene conexión por tren.

En las últimas horas ha cobrado algo de fuerza la candidatura conjunta de Santervás y Melgar, los dos municipios vallisoletanos que se han presentado a la puja. Sus enteros suben porque el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, no ha planteado oposición al proyecto. Eso sí, lo ha condicionado a la revisión de la vida de Garoña, algo que el Gobierno ve difícil aceptar. Fuentes socialistas no descartan que el PP esté tanteando ofrecer alguna ubicación para instalar el ATC (cualquiera menos Yebra, para no dejar en mal lugar a María Dolores de Cospedal). En esta jugada, Castilla y León aumentaría sus papeletas para quedarse con el cementerio nuclear.

El resto de candidatos son municipios pequeños, con unas comunicaciones deficientes y sin conexión ferroviaria en la mayoría de los casos. Todos salvo Zarra, que se encuentra a sólo 20 kilómetros de la central nuclear de Cofrentes.

El objetivo del Gobierno es anunciar el emplazamiento definitivo del ATC a finales de junio o principios de julio. En cualquier caso, antes del verano. El proceso se puede demorar en función del número de participantes y de alegaciones. En todo caso, según la orden ministerial y las intenciones del Ejecutivo, la lista provisional se publicará antes de un mes. El listado definitivo de admitidos y excluidos podría estar a finales de febrero o principios de marzo.

Después, se abrirá un periodo de 10 días para reclamaciones, al que podrán acceder sólo los ayuntamientos, por si hubiera algún error. Una vez pasado este plazo, saldrá la comunicación definitiva de cuáles son las zonas excluidas. En ese momento, se iniciará un proceso de 20 días de información pública y de presentación de alegaciones por todas las partes interesadas, por lo que en ese periodo cualquiera podría exponer su oposición.

Una vez analizadas todas las alegaciones, seguirá una comunicación definitiva de las excluidas y los admitidos deberán presentar los terrenos que, igualmente, deberán ser estudiados. Finalmente, la Comisión Interministerial deberá elaborar un informe y la propuesta del Gobierno deberá ser elevada al Consejo de Ministros para su aprobación.

Una vez tomada la decisión definitiva, la construcción no será inminente porque el proyecto candidato deberá someterse a una declaración de impacto ambiental y a un informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

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Una inversión de 700 millones

La energía nuclear es una fuente 'limpia' que no emite dióxido de carbono a la atmósfera. Pero tiene un problema mayúsculo: la gestión de sus residuos. Aunque no es el único tratamiento inventado, la mayoría de los países europeos ha apostado por albergar todos los residuos de alta actividad que generan no sólo las centrales, sino los hospitales o centros de investigación, en un almacén temporal único. Es temporal porque, como en el caso del ATC español, tendrá una vida máxima de 60 años. Para entonces, el Gobierno confía en que las eléctricas que están investigando hayan dado con una fórmula más adecuada.

El futuro almacén atómico que promueve el Gobierno albergará en seco el combustible gastado por los 10 reactores nucleares españoles (dos de ellos clausurados) y un centro tecnológico para investigación y experimentación. Su capacidad máxima será de 6.700 toneladas, pero hay que tener en cuenta que, ahora mismo, los residuos de las centrales españolas ya acumulan más de 3.569. La estructura ocupará 283 metros de largo, 78 de ancho y 26 de alto, para lo que necesitará una superficie de unas 13 hectáreas. La construcción de un primer edifico de almacenamiento del ATC y de un centro tecnológico durará, según prevé la orden de Industria, unos cinco años.

La inversión total prevista se acerca a los 700 millones de euros. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) entregará seis millones de euros anuales que se dividirán de la siguiente forma: un 40% para el municipio que lo albergue y un 60% para el resto de poblaciones en un radio de 12 kilómetros.

Fuentes de Enresa confirmaron que el mantenimiento del almacén será de 8 millones de euros al año, incluyendo los sueldos de sus 100 trabajadores permanentes, más otros 40 en el centro tecnológico. Si el proyecto del ATC no cuajara, el Gobierno tendría que construir almacenes individualizados. El coste podría multiplicarse por 100 hasta rondar los 1.000 millones de euros

EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS / El antecedente
El Cabril no les hizo ricos

En Hornachuelos avisan de que el cementerio nuclear no fue un revulsivo

Hornachuelos (Córdoba)

Se las prometen muy felices los vecinos de la decena de ayuntamientos que apoyan la instalación en su municipio del Almacén Temporal Centralizado (ATC). Creen que ese regalo multiplicará la población, los ingresos y el trabajo. Sin embargo, les conviene escuchar antes a algunos de los 4.684 vecinos del pueblo cordobés de Hornachuelos, que desde 1961 tienen en su término, aunque a 40 kilómetros del casco urbano, en lo hondo de Sierra Morena, el único cementerio nuclear de España, el Almacén Centralizado de Residuos de Baja y Media Actividad de El Cabril. Porque su experiencia matiza las posturas: ni les ha ocasionado un desastre ni les ha hecho ricos.

«Aquí hay el mismo paro que en todas partes... ¡O más!», exclama José Antonio López Vázquez en la puerta de su Joyería Rosa. Dice que sólo 30 vecinos trabajan allí. Un informe de la empresa estatal Enresa, que gestiona el almacén, precisa que en la plantilla de 117 trabajadores que tenía a finales de 2008, el 19% (22) era de Hornachuelos. La economía siguió girando en torno a la caza mayor, la apicultura, el corcho, la naranja y, hasta la crisis, el ladrillo, que ha dado mucho más trabajo que el cementerio. «Aquí no hay industria ninguna. De crear trabajo, nada; la gente emigra. Con la experiencia que tengo, yo hoy votaría que no».

Nunca pudo hacerlo. Los otros municipios se han postulado libremente, pero a Hornachuelos le impusieron los desechos en secreto en la dictadura de Franco. Cuando llegó la democracia y se enteraron, ya no pudieron revertir los hechos consumados. La población secundó masivamente una huelga general el 21 de diciembre de 1987, convocada por todos los partidos para intentar evitar que el Gobierno socialista de Felipe González mejorara y ampliara el basurero nuclear, como se hizo.

También estaba en contra entonces Julián López, que acabaría trabajando como vigilante en El Cabril. Pidió una excedencia y hoy es el alcalde, por el Partido Independiente. Su descontento ahora es económico. Cree que el canon que reciben aquí «ha quedado obsoleto» y aprovecha el debate para pedir al Gobierno que «revise al alza» esa cantidad. Hornachuelos se queda con el 50% y el resto se reparte entre Fuente Obejuna (Córdoba), Navas de la Concepción y Alanís (Sevilla). En 2009 le correspondieron 950.000 euros de los 1,9 millones a repartir. De los seis millones de ingresos municipales, el 15% se lo deben a la basura radiactiva. Cantidad apreciable, pero no astronómica.

También es muy crítica la dueña de una tienda que no da su nombre. «Hay días que hacemos de caja 10 euros. El Cabril no ha dado vida ninguna aparte de a los cuatro que trabajan allí. En 1990 yo hice las maletas, con 16 años, y me fui a Palma, porque aquí no había trabajo. Y la gente se ha seguido yendo. La gente joven está ahora en la aceituna en Jaén. Lo que hay es lo que se ve, y no se ve un pueblo beneficiado».

El joven Antonio, que trabaja en un negocio del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, también estima que El Cabril «no ha dado muchos beneficios». Recomienda a la juventud de los municipios candidatos que estudien si quieren colocarse en el ATC. «No van a pasar de agricultores a trabajar allí. No conozco a nadie de Hornachuelos que sea ingeniero en El Cabril». Y añade: «Van a aprovecharse de la necesidad de estos pueblos».

La historia de El Cabril es novelesca. El ingeniero Antonio Carbonell descubrió en 1947 en Sierra Albarrana un yacimiento de uranio. Al quedar en desuso, la extinta Junta de Energía Nuclear empezó en 1961 a usar la mina Beta como almacén de los residuos de las primeras centrales nucleares y de hospitales e industrias. Los bidones se metían en la galería con un tren minero y el Ejército custodiaba la finca. Todo en secreto. Tuvieron que pasar 15 años hasta que en 1976, recién muerto Franco, el periodista cordobés Sebastián Cuevas Navarro reveló la existencia del cementerio nuclear de España y sus deficientes condiciones de seguridad.

En 1986 la actividad quedó paralizada por orden judicial, hasta que la instalación se legalizó. Desde 1992, cuando abrió la nueva planta de almacenaje, los restos se encierran en contenedores enterrados en celdas de hormigón. Enresa dice que la radiación que recibe un trabajador de El Cabril en un año es menor que la de una sola radiografía de tórax.

Recelo. «En aquellos días [de protestas, en 1987] parecía que iban a traer una bomba nuclear e iba a estallar en dos días. Había mucha desinformación», dice el alcalde.

Seguridad. «Me dio radiación. Tuve que ir a una ducha especial. Metieron mi ropa en un contenedor y me dieron otra. No salí hasta quedar limpio», dice Miguel González.

Dinero. «Puede ser bueno si se administra bien lo que paga Enresa», avisa José Antonio López. Cree que aquí no se hizo. «Hay el mismo paro que en todas partes».