JAQUE A LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA / Zapatero el embustero y la falsa y cínica De la Vega
'La orden de dejarla entrar sin pasaporte vino de Madrid'
El sindicato del inspector que autorizó pasar a Haidar desmiente la versión de Zapatero / Otros sindicatos añaden que «miente» y le acusan de «bajeza moral»ANA DEL BARRIO
Madrid 
Sin concesión a la más mínima duda. «La orden para dejar entrar en España sin pasaporte a Aminatu Haidar vino de Madrid».
El Sindicato Profesional de Policía (SP), al que pertenece el inspector que autorizó la entrada de la activista saharaui, salió ayer al paso de la versión ofrecida por el presidente del Gobierno y su vicepresidenta De la Vega en la que descargaban en la Policía la responsabilidad de la llegada de Haidar.
Desde otros sindicatos como el SUP, se acusó al Ejecutivo de Zapatero 
de mentir e, incluso, de «bajeza moral» por culpar a los funcionarios de la frontera del inicio del caso.
Tanto José Luis Rodríguez Zapatero como María Teresa Fernández de la Vega acusaron a la Policía de haber tomado la decisión de permitir la entrada de Aminatu Haidar sin el conocimiento del Ejecutivo.
La vicepresidenta del Gobierno atribuyó directamente a «la policía de fronteras» la autorización, el pasado 14 de noviembre, de la entrada sin pasaporte de la conocida defensora de los Derechos Humanos. De la Vega justificó su ingreso en territorio español porque «tiene permiso de residencia legal en España por razones humanitarias».
Zapatero incidió en la misma idea y afirmó que «no hay ninguna autoridad política que esté en el día a día dedicada a establecer autorizaciones o denegaciones de lo que es simplemente la aplicación de la ley, que corresponde a las autoridades administrativas que tienen encomendada esa gestión».
Sin embargo, hay tres factores que desmienten la versión ofrecida ayer por el Ejecutivo: la narración de los hechos de los policías que se encontraban el 14 de noviembre en el aeropuerto de Lanzarote, la denuncia que interpuso la propia Haidar ante la Policía y el relato de fuentes del Ministerio de Exteriores, que confesaron ante diversos periodistas que se produjo una llamada de Marruecos alertando a Miguel Ángel Moratinos de que la activista saharaui iba a ser expulsada.
Las fuentes policiales consultadas por EL MUNDO mostraron ayer su indignación por las palabras de De la Vega y aseguraron que Adolfo García Pinacho, el inspector de policía que autorizó la entrada de Haidar, recibió órdenes de la superioridad. «El Gobierno no puede escurrir el bulto y decir que nosotros de manera autónoma hemos dejado entrar a Haidar. Nosotros recibimos instrucciones del Poder Ejecutivo. Fueron órdenes de Madrid. Al policía se le ordenó que dejase entrar a una mujer marroquí que no tenía pasaporte», declararon desde el sindicato SP, al que pertenece el inspector.
La polémica por la entrada de Haidar en España reside en que se autorizó su ingreso en el país sólo con el permiso de residencia y sin el pasaporte, cuando este documento es preceptivo para todos los ciudadanos marroquíes.
El Gobierno se escuda en el artículo 25 de la Ley de Extranjería, que permite la entrada en el país sin los requisitos establecidos por «razones humanitarias», y en el artículo 63, que obliga a las compañías transportistas a aceptar a los ciudadanos que son devueltos. Sin embargo, las fuentes policiales consultadas argumentan que a todos los marroquíes se les exige el pasaporte para pisar territorio español y que el artículo 25 se utiliza de manera excepcional y sólo por orden gubernativa.
El relato de los hechos es el siguiente. Haidar aterrizó el pasado 13 de noviembre en el aeropuerto de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, y al rellenar la ficha policial de entrada puso «saharaui» en el apartado de nacionalidad.
Tras ser sometida a un duro interrogatorio, los gendarmes marroquíes decidieron requisarle el pasaporte y embarcarle en un vuelo con destino a Lanzarote, cuando debería haber sido devuelta a Las Palmas, que fue el lugar de España del que partió. Nada más entrar en el avión de la compañía Canarias Aeronáutica, Haidar le comunicó al comandante que las autoridades marroquíes le habían arrebatado su pasaporte, que no quería viajar a España y que se encontraba indocumentada.
Tras conocer esta información, el piloto realizó varias llamadas y comunicó a los gendarmes marroquíes que no podía trasladar a Haidar porque no tenía pasaporte y podría ser multado por ello. Según la denuncia que interpuso Haidar en la comisaría, fue entonces cuando el comisario provincial marroquí se dirigió al comandante del avión y le espetó: «La tienes que llevar porque el Ministerio de Asuntos Exteriores está informado y ha dado su conformidad». Según la versión del Departamento que dirige Moratinos, ofrecida en un encuentro con los medios de comunicación, en esos tensos momentos en los que el piloto se resistía a volar se produjeron dos llamadas: una, al puesto fronterizo de Gran Canaria, y otra, a Moratinos.
En la primera llamada, se consultó con el puesto fronterizo de Las Palmas y se preguntó si la activista saharaui podía entrar en España. El oficial de la aduana comprobó que Haidar tenía tarjeta de residencia en España y dio el visto bueno a su entrada.
Minutos más tarde, se produjo una segunda llamada y el ministro de Exteriores marroquí, Taieb Fassi Fihri, comunicó a Moratinos que había decidido expulsar a Haidar. Fuentes de Exteriores explicaron que Moratinos mostró a su homólogo su «sorpresa» por la expulsión, que, finalmente, se llevó a cabo.
Las fuentes policiales consultadas por este diario aseveran que el inspector de policía del aeropuerto de Lanzarote también recibió dos llamadas: la primera, desde el puesto fronterizo de Las Palmas, que le informó de que iba a llegar una mujer que no tenía pasaporte. La segunda procedía de un mando de la Policía que también le alertó de que una marroquí iba a llegar, sin comunicarle su identidad, y que la dejase entrar en el país.
El SP y la CEP emitieron ayer un comunicado conjunto en el que arremeten contra el Gobierno y desvelan que fue la responsable policial en Canarias, la comisiaria Concepción de la Vega, «la que abortó el regreso de la activista prosaharaui el mismo día 14 en otro vuelo que salía esa misma tarde. Aludió a impedimentos de tipo legal, posteriormente sorteados mediante un 
salvoconducto». El SUP acusó de mentir a Fernández de la Vega y de no enterarse a Zapatero, y tildó de «bajeza moral» y «actitud vergonzosa» que el Ejecutivo responsabilice a la Policía. «Lo que hubo en este caso fue una deportación y una detención ilegal hecha desde Marruecos con la complicidad del alguien desde España».
«Los marroquíes siempre necesitan para entrar el pasaporte y la tarjeta de residencia o el visado. Ningún policía va a dejar entrar a alguién sólo por razones humanitarias, si no recibe una orden. Si así lo hiciésemos, esto sería un coladero», manifestó el portavoz de la UFP, Alfredo Perdiguero
JAQUE A LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA / Los hechos
El Gobierno cree que hay vías legales para alimentar a Haidar
Opina que debe primar el respeto a la vida sobre su voluntad
MARISA CRUZ. MARÍA RAMÍREZ
Madrid / Bruselas
El Gobierno mantiene abiertas las vías diplomática, política y humanitaria para intentar buscar una solución al caso de Aminatu Haidar. Su «objetivo fundamental» es que Haidar vuelva a El Aaiún, pero consciente ya de que esta posibilidad se estrella contra la cerrazón del régimen marroquí, la prioridad más acuciante es «preservar la vida y la salud» de la activista. Y lo es, por encima de todo, incluso sorteando su propio testamento vital, según admiten fuentes gubernamentales.
La principal defensora de mantener con vida a Haidar, aunque sea alimentándola contra su voluntad si es necesario, es la vicepresidenta primera del Gobierno.
De la Vega está convencida de que existen vías legales para hacerlo, pese a que ya se han producido pronunciamientos de juristas y médicos asegurando que no sería posible porque la activista, en pleno uso de sus facultades, ha expresado su deseo de no recibir tratamiento médico acogiéndose a la Ley del Paciente.
Ayer, la vicepresidenta recalcó, tras la reunión del Consejo de Ministros, que el Gobierno «está barajando todas las medidas que la ley ofrece» para preservar la vida de Haidar, que hoy cumple 27 días en huelga de hambre y ya padece dolores y se muestra fotosensible.
«No hemos renunciado ni vamos a renunciar al objetivo justo de que regrese a su casa con su familia», afirmó De la Vega, antes de añadir que para el Gobierno es una «prioridad» no llegar a una «situación límite» en relación con la huelga de hambre que mantiene.
Las fuentes gubernamentales consultadas apuntan que, llegado el caso extremo en el que la activista pierda la consciencia, el juez tendrá que ponderar dos intereses: de un lado, la propia voluntad de Haidar y, de otro, el interés del respeto a la vida. En esta valoración, el Ejecutivo se muestra convencido de que primará el segundo y la justicia dará luz verde a la alimentación forzosa.
Entretanto, el Gobierno, tal y como aseguraron ayer el presidente y la vicepresidenta, «no se resigna» a dar por irresoluble el caso. Desde Exteriores se han activado los resortes de la presión internacional sobre Marruecos. Ni De la Vega ni Zapatero reconocen públicamente un claro deterioro en la relación de confianza con Rabat. Sin embargo, la decepción ante la actitud marroquí es ya palpable.
Ayer, la número dos del Ejecutivo defendió el camino del «diálogo» como el más apropiado para abordar el caso con Marruecos. Los matices llegaron cuando, a diferencia de otras ocasiones, De la Vega habló de «clara discrepancia» con el Ejecutivo marroquí y apuntó que los contactos con el mismo deben estar teñidos de «determinación y firmeza».
Por su parte, Zapatero defendió desde Bruselas que la mediación para intentar resolver la situación de Haidar «de momento» le corresponde a él y al ministro Moratinos.
Zapatero pidió «prudencia y responsabilidad» a la hora de apelar al Rey. El presidente prefiere «preservar» la figura del Monarca y concentrar las tareas en Exteriores. En rueda de prensa, agradeció las gestiones de EEUU y las peticiones de la Presidencia de la UE ante Rabat. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, llamó el jueves a su homólogo marroquí, algo que agradeció Zapatero destacando la capacidad de influencia de EEUU.
El Gobierno quiere, en todo caso, involucrar más a Naciones Unidas, que, como subrayó el presidente, tiene «la responsabilidad principal» de las negociaciones para acabar con el conflicto del Sáhara.
Ayer, también se pronunció el vicepresidente tercero, Manuel Chaves. En su opinión, la imagen de España se «fortalece» y gana prestigio con su gestión «intachable e impecable» al intentar solucionar «un problema que no es suyo»
JAQUE A LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA
'Luciérnagas' en Madrid
Madrid
Varios centenares de personas se manifestaron ayer por la tarde en Madrid, en lo que los convocantes llamaron una 'marcha de luciérnagas' para pedir al Gobierno «que no deje morir a Aminatu» y reclamar que España «asuma su responsabilidad histórica» con el Sáhara Occidental.
Las 'luciérnagas' portaban velas encendidas y su protesta discurrió desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde concluyó la marcha.
Frente al edificio del departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos, un representante de la plataforma universitaria Voluntad y Determinación, que convocaba el acto, leyó un manifiesto en el que se afirma que el Sáhara «vuelve a dar un ejemplo de dignidad, a través de la figura de Aminatu Haidar», que ayer cumplía 26 días en huelga de hambre en Lanzarote.
No faltaron críticas al Gobierno, al que los manifestantes acusaron de «supeditar los derechos humanos a los intereses económicos», mientras «Marruecos muestra su cara más terrible», según informa Efe.
Al finalizar el acto, los asistentes depositaron en la acera las velas que portaban. Algunos se habían animado y apostaban por dirigirse a la sede socialista de la calle de Ferraz y a la embajada de Marruecos
JAQUE A LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA
Un laberinto jurídicoRICARDO DE LORENZO
Los tratamientos sanitarios obligatorios, entre los que cabría encuadrar la alimentación a través de sonda nasogástrica, constituyen una excepción al principio del consentimiento que se establece en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica.
Esta excepción al consentimiento está prevista normativamente para dos supuestos. Uno es cuando se pone en riesgo la salud pública o la de terceras personas. El segundo de los supuestos en que los profesionales sanitarios están habilitados legalmente para prescindir del consentimiento del paciente a la hora de llevar a cabo un determinado tratamiento es el contemplado en el artículo 9.2.b) de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, es decir, cuando exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no sea posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.
Históricamente, han tenido lugar tratamientos sanitarios obligatorios sin el consentimiento del afectado y con su negativa en dos casos paradigmáticos: la huelga de hambre en la cárcel y las transfusiones sanguíneas de los Testigos de Jehová. En la actualidad, se imponen también tratamientos médicos obligatorios en el caso de los trastornos alimentarios (anorexia y bulimia).
Pero no puede olvidarse que, junto con la validez jurídica de un tratamiento sanitario obligatorio, hay que tener en cuenta la eficacia de tal tipo de medidas, esto es, si resultan oportunas o no (además de legales), y el principio de proporcionalidad en el tratamiento para que la actuación sea legal.
En el caso de huelga de hambre en la cárcel, el Tribunal Constitucional tuvo ocasión de enfrentarse a dicho problema en distintas resoluciones. De la primera de ellas resultó la sentencia 120/1990, de 27 de junio, que, partiendo de la premisa de que entre los presos e Instituciones Penitenciarias existía una relación de especial sujeción, declaró que resultaba lícita la alimentación forzada, si bien sólo se podía acudir a ella cuando estuviera en peligro la vida del interno -no bastaba el riesgo para la salud- y que debía practicarse del modo que menos afectara a la dignidad del recluso: siempre por vía parenteral, nunca por vía bucal o nasogástrica.
En el caso de los Testigos de Jehová que rechazan las transfusiones sanguíneas como único remedio conocido para atajar una enfermedad, el Constitucional (STC 154/2002) otorgó el amparo a los padres de un menor fallecido, por haberle negado la transfusión, reconociendo su derecho a la libertad religiosa y anulando la condena del Tribunal Supremo por homicidio imprudente.
En los dos casos comentados existen dos importantes diferencias con la situación de Aminatu Haidar. La primera estriba en que no existe una relación de especial sujeción entre ella y cualquier autoridad administrativa. La segunda consiste en que, a diferencia de los Testigos de Jehová, la señora Haidar no ha acudido a los servicios sanitarios demandando un tratamiento.
En efecto, el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, respecto al derecho a la asistencia sanitaria no impone a las personas ninguna relación de especial sujeción. Se limita a señalar que los extranjeros inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
Pero es que, además, aunque se entendiera que resulta necesaria la prestación del tratamiento sanitario obligatorio por concurrir «una enfermedad grave o un accidente, cualquiera que sea su causa», no puede olvidarse que el artículo 21 de la Ley 41/2002 señala que, en caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá al paciente o usuario la firma del alta voluntaria. Y, en tal caso, obviamente, se pondría fin a la prestación de la asistencia sanitaria y de la alimentación forzosa.
Ha de considerarse, por último, la eficacia de las instrucciones previas en la materia que se está examinando, esto es, otorgar un documento de voluntades anticipadas para que, llegado el caso de que la persona en huelga de hambre pierda la consciencia, los profesionales sanitarios tengan que observar lo dispuesto en dicho documento (básicamente, suele ser la negativa de la persona a recibir alimentación).
El artículo 11.3 de la Ley 41/2002 declara que no serán aplicadas las instrucciones previas que resulten contrarias al ordenamiento jurídico o a la lex artis. Y, desde esta perspectiva, surgen dudas razonables acerca de si una voluntad anticipada resulta conforme o no con la lex artis ad hoc para el caso de la huelga de hambre.
Pero una eventual ineficacia de unas instrucciones previas otorgadas, por resultar contrarias a la lex artis, no resolvería la cuestión. Existen dudas fundadas de que, ante la inexistencia de relación de especial sujeción, de un lado, y en virtud de la posibilidad de solicitar el alta voluntaria, de otro, pueda aplicársele a la persona en huelga de hambre un tratamiento obligatorio.
Por lo tanto, sólo quedará la posibilidad, por parte del Ejecutivo, de instar ante el órgano jurisdiccional competente la declaración de la necesidad del tratamiento obligatorio, previa resolución o acuerdo motivado y justificativo del mismo.
Dicha resolución podrá ser ratificada o rechazada por el órgano judicial, ponderando las circunstancias concretas del caso y especialmente si concurre o no un estado de necesidad entre dos bienes en conflicto, en el que deba prevalecer el de la vida, estado éste del que pueda inferirse que puede ser lícita la alimentación forzada como remedio último al riesgo para la vida -no para la salud- en la forma en que menos quede afectada la dignidad de la persona. Todo ello, obviamente, siempre y cuando exista algún título jurídico que establezca entre el Ejecutivo (o cualquier autoridad administrativa) y la persona en huelga de hambre alguna relación de especial sujeción de la que resulte la obligación de hacer lo que quiere llevar a cabo el Gobierno.
Ricardo de Lorenzo es abogado y presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario
JAQUE A LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA
La Sanidad canaria se niega nutrir a la activista en contra de su voluntadAdvierte al juzgado de Arrecife de que sólo actuará con la orden de un juezYIRA ARREDONDO
Lanzarote
La pelota está en el terreno del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arrecife. El juez Jerónimo Alonso recibió a última hora de este jueves un comunicado de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en el que se anticipan, antes de que la salud de Aminatu Haidar empeore, cuál será su actuación cuando llegue ese momento.
La Consejería advierte al juez de que los médicos del Hospital José Molina Oroza de Arrecife respetarán la voluntad de la activista y su derecho a mantenerse en huelga de hambre.
Los facultativos priorizan en el escrito la ley de autonomía del paciente. Añaden, además, que en el caso de alimentar a Haidar en contra de su voluntad, este acto tendrá que ser refrendado por el juez.
En el texto también se plantea la posibilidad de que la activista pierda la consciencia y de que los médicos tengan que intervenir. En ese caso, dicen, también se someterán sólo a la autoridad judicial para no contravenir el derecho a la vida. Será entonces el juez el encargado de ordenar a los médicos cómo y cuándo alimentar a Haidar.
Tras 27 días en huelga de hambre, poco o nada se sabe del estado de salud de Aminatu. Sólo su apariencia refleja el desgaste físico. Ya no hay informes médicos. El último hablaba de una situación límite. Sin embargo, la forense que la revisó el pasado domingo no halló en Haidar motivos para trasladarla al hospital.
Su diagnóstico complica más, si cabe, la futura resolución de este caso, sobre el que planea la esperanza de pronta resolución. Según la plataforma que apoya a la Gandhi saharaui, son ahora los pasos que dé Washington los que pueden poner punto final a esta historia.
De no ser así, la intervención judicial podría ser inminente. De hecho, desde hace unos días en los juzgados se estudian todos los fundamentos legales para hacer una intervención que probablemente no tenga precedentes en la historia de la jurisprudencia española.
Fernando Cordido, vocal de Docencia de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, precisó ayer que se puede aguantar «bastantes semanas», e incluso dos meses, en huelga de hambre, pero que depende del estado general de salud de cada individuo, de su edad y de si se encuentra en reposo y en un ambiente saludable o no
JAQUE A LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA
El PSOE defiende ahora el derecho a la autodeterminación del Sáhara
De la Vega suscribe ahora la postura del Grupo Socialista, que se queda solo en el Congreso
MANUEL SÁNCHEZ
Madrid
El Gobierno y el PSOE han vuelto a recuperar una frase que desapareció de su lenguaje político hace más de cinco años, cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa. La defensa del «libre ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui».
Por dos vías, desde el Grupo Parlamentario Socialista y por boca de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, los socialistas recuperaron una bandera propia que, en aras de la buena relación con Marruecos, habían enterrado hasta olvidarla.
Primero fue el Grupo Socialista, que registró ayer una proposición no de ley relativa a la grave situación que sufre la activista saharaui Aminatu Haidar.
Dicha iniciativa nace a raíz de la decisión del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, de implicar al Parlamento y a todos los grupos del hemiciclo en este asunto, en busca de un amplio consenso.
Moratinos lo único que ha logrado es meter en un gran lío al Grupo Socialista, que ayer se vio obligado a presentar en solitario esta proposición no de ley que ni siquiera está incluida en el orden del día del Pleno del próximo martes, aunque todavía podría entrar si hay acuerdo unánime de los órganos de dirección del Congreso.
En dicha proposición no de ley el PSOE afirma que «el Congreso insta al Gobierno a seguir defendiendo las resoluciones aprobadas por el Congreso, en el sentido de que el estatuto definitivo del Sáhara Occidental deberá ser resultado de la negociación y acuerdo entre las partes, y del libre ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, en el marco de Naciones Unidas».
En la misma propuesta, además, se insta al Ejecutivo a «seguir defendiendo los derechos a la libre circulación y residencia de Haidar», así como a continuar ofreciendo a la activista saharaui «el estatuto de asilo o refugio o, en su caso, del ejercicio del derecho que tiene a la nacionalidad española».
También se insta al Gobierno a que redoble todas las gestiones diplomáticas para permitir el retorno de Haidar a su hogar, así como solicitar la «mediación activa» de Naciones Unidas.
Por unos motivos o por otros, los grupos discrepan de la iniciativa socialista y, de ir a Pleno, tendrá muchas dificultades para tener el amplio consenso que deseaba Moratinos.
Es más, el objetivo principal del PSOE era una resolución firmada por todos y, al final, la ha tenido que presentar en solitario,
Pero, además de esta resolución, De la Vega volvió a hablar abiertamente del derecho a decidir del pueblo saharaui.
Ante una pregunta sobre la posición del Ejecutivo español en este conflicto, la vicepresidenta primera del Gobierno contestó: «La posición de España es clara y nítida en favor del libre ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui».
EEUU ve el problema como «bilateral» pero urge a resolverlo
Hillary Clinton transmitirá este mensaje el lunes a Moratinos
Washington / Madrid
Estados Unidos está preocupado por el estado de salud de la activista saharaui Aminatu Haidar, en huelga de hambre desde hace 27 días, y considera que urge resolver esta situación «cuanto antes».
Así lo explicó ayer el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, al comentar el contenido de la conversación que mantuvo la secretaria de Estado, Hillary Clinton, con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Taieb Fassi-Fihri.
EEUU, dijo el portavoz, no tiene que intervenir «necesariamente como mediador» en esta situación, pues considera que se trata de un «asunto bilateral» entre Marruecos y España. Este mismo mensaje será trasladado por Clinton al ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, en la reunión que tienen previsto celebrar el próximo lunes en Washington, y en la que abordarán el tema de la activista, que mantiene su huelga en el aeropuerto de Lanzarote.
Aminatu Haidar está en posesión de dos premios otorgados en Estados Unidos, el Robert Kennedy de los Derechos Humanos de 2008 y el premio al Valor Civil 2009 que otorga la neoyorquina Train Foundation.
Ayer, Marselha Gonçalves, la enviada del Centro de Derechos Humanos Robert Kennedy, se desplazó a Lanzarote para seguir de cerca la evolución de Haidar.
En declaraciones a Efe, Gonçalves señaló que el embajador de Marruecos en Washington está recibiendo numerosas llamadas de políticos e instituciones de EEUU para que busquen una solución al conflicto. Entre estas iniciativas destacó las gestiones de la secretaria de Estado, Hillary Clinton; del senador John Kerry y de las delegaciones de Asuntos Africanos del Congreso y el Senado.
Por su parte, la líder del Partido Comunista Francés (PCF), Marie-George Buffet, pidió también al presidente de su país, Nicolas Sarkozy, que interceda ante Marruecos para obtener «un gesto de buena voluntad» en favor de la activista saharaui.
La secretaria nacional del PCF señaló que «la actitud marroquí» de impedir la entrada de Haidar en su territorio «coloca a España, país de la Unión Europea (UE), en una situación diplomática inextricable». La líder comunista pidió a Sarkozy que «recuerde a las autoridades marroquíes que deben respetar el derecho internacional».
A las voces en favor de una solución urgente se sumó también la de Pilar del Río, esposa del premio Nobel de Literatura José Saramago, quien pidió por carta al presidente Obama «que no se olvide» de Haidar, porque como jefe de Estado y premio Nobel es el único «que puede intervenir ante el rey de Marruecos».
JAQUE A LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA
La mayor ONG de marroquíes dice que Haidar hace «chantaje»
La Asociación de Trabajadores Marroquíes en España (Atime), la mayor ONG en nuestro país de ciudadanos de esa nacionalidad, considera que la posición de la activista saharaui Aminatu Haidar es «un chantaje en toda regla a los dos estados con la única pretensión de marcar una posición política evidentemente manipulada por terceros».
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la organización, Kamal Rahmouni, afirmó que Haidar «va hacia la condición de apátrida» porque «niega tanto la nacionalidad marroquí como la española que se le ha ofrecido, y el estatuto de refugiada».
«Debería pedir el Estatuto de Apátrida, porque con ese estatus cuentas con la protección de la ONU, puedes viajar y hacer tu vida con normalidad sin necesidad de andar presionando a los gobiernos», señaló Rahmouni, para quien la activista «no debería abusar de la generosidad de la opinión pública española».
No obstante, la condición de apátrida fue reconocida por Naciones Unidas en una Convención de 1954 que España ratificó en 1997, pero que Marruecos no ha suscrito, por lo que el hecho de que Haidar recibiera este estatuto no garantizaría que pudiera regresar a El Aaiún.
En cuanto a la posición de España, Rahmouni fue muy crítico con quienes acusan al Gobierno de no ejercer la suficiente presión sobre Marruecos. «Las cosas no son así. Los estados son soberanos y las políticas las definen los gobiernos, por mucho que haya personas que tengan una reivindicación. Esto es poner en jaque a dos estados y no se puede defender», señaló.
Respecto de Marruecos, aseguró que Haidar «pudo disfrutar de todos sus derechos de opinión y de lucha pacífica por sus ideales» en el país y «recibió hace tres o cuatro años una indemnización de 48.000 euros» de la Instancia de Equidad y Reconciliación, una entidad creada para resarcir a las víctimas de la represión durante los años de plomo del reino alauí.
NO SE PUEDE decir que UGT y CCOO estén pasando precisamente su mejor momento. Hace unos días, un joven realizaba una durísima crítica de su labor desde la tribuna del Congreso, aprovechando la lectura de la Constitución. La anécdota refleja el desconcierto creciente que existe en la sociedad española sobre unos sindicatos cada vez más preocupados por defender sus privilegios mientras se agudiza la crisis.
Conscientes de que esta referencia puede ofender no sólo a los empresarios sino a otras muchas personas, Méndez y Fernández Toxo intentaron ayer restar importancia al eslogan, elegido hace un mes, subrayando que lo que pretenden es pedir «un equilibrio en el reparto de los sacrificios que provoca la crisis». 
TRAS varias semanas sin dar explicaciones, el Gobierno intentó ayer endosar a la Policía de frontera la entrada ilegal de Aminatu Haidar a Lanzarote. Zapatero y De la Vega defendieron que todo se hizo «conforme a la legalidad» -pese a que no disponía de pasaporte- y por «razones humanitarias». De entrada, es inadmisible que el Gobierno pretenda cargar con la responsabilidad a las Fuerzas de Seguridad cuando, según el relato de los hechos nunca desmentido, fue el ministro de Exteriores español, Moratinos, quien, tras recibir una llamada de su homólogo marroquí para informarle de la deportación de Haidar, accedió a su acogida en nuestro país. No hay duda, por tanto, de que se trató de una decisión política. Y así lo ratificaron ayer distintos sindicatos policiales, que aseguraron que en la aduana se recibieron «órdenes de Madrid» y acusaron a De la Vega de «bajeza moral» por querer escurrir el bulto. Pero, además, es insultante que el Gobierno esgrima el humanitarismo, cuando la activista saharaui se opuso al traslado y denunció sentirse víctima de «un secuestro». 
El auto judicial destaca que el máximo responsable de las inmobiliarias Procam y Espais podría tener unos 300.000 euros en Andorra que no habría declarado a Hacienda, y cuya procedencia sería de «las ilícitas actividades empresariales a las que al parecer se dedica». Casamitjana está imputado por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude fiscal. En su declaración ante el juez, negó tener dinero fuera del país. 
El catedrático Manuel Cobo del Rosal, que fue abogado de Rafael Vera, Francisco Paesa, Monzer Al Kassar y Emilio Rodríguez Menéndez, entre otros, ha sido condenado por el Juzgado Social de Madrid número 14 a indemnizar o readmitir a un grupo de abogados que venía trabajando en su bufete desde hacía varios años. 
La confederación de gays, lesbianas y transexuales entiende que, ahora, ese razonamiento es «absurdo», sobre todo después de que, ayer mismo, la Real Academia Gallega se sumase al Instituto de Estudios Catalanes y ampliase el significado de matrimonio a todo tipo de uniones legales, sin distinguir el sexo de los contrayentes. 
sexos»); pederastia, cuyo segundo significado es ahora «sodomía» («práctica del coito anal»); pederasta, que el diccionario limita al «hombre que comete pederastia», y transexual, en el que no se mencionan los procesos de reasignación de género, sino sólo el tratamiento hormonal y la intervención quirúrgica. 
El caso Son Oms, en el que está inculpada la plana mayor de Unió Mallorquina (UM), se cobra ahora la imputación de la familia de la presidenta del Parlamento balear casi al completo. El marido de Maria Antònia Munar, acusada de prevaricación y malversación, ha sido citado el próximo 28 de enero por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma a petición de la Fiscalía Anticorrupción. 
También lo hará como imputada una prima de Miquel Munar, Coloma Munar Vallespir, y su marido, Víctor García González. Y es que la Fiscalía y la Agencia Tributaria investigan en una ramificación del caso Son Oms, que ha sido bautizada como operación Maquillaje, cómo UM desvió casi ocho millones de euros en forma de adjudicaciones irregulares de programas fantasma de radio y de televisión, que se cobraban pero no se realizaban, a los testaferros que percibieron o ayudaron a reinvertir en nombre de los líderes de UM las comisiones de la recalificación urbanística. 
