EDITORIALES: Haidar debe volver a su tierra

EDITORIALES DEL DÍA

El Mundo en dos minutos
Haidar debe volver a su tierra

EDITORIALES: Dos destacados socialistas, alarmados por las consecuencias del 'Estatut'/ Lo que va de la defensa del «valor supremo de la vida» al «in

PECES-BARBA Y BONO ALZAN LA VOZ, MIENTRAS EL PP SE AUSENTA SILENCIOSO:
Dos destacados socialistas, alarmados por las consecuencias del 'Estatut'

EL XXXI Aniversario de la Constitución se celebró ayer bajo el signo de la preocupación por las consecuencias que la sentencia sobre el Estatuto catalán vaya a tener para el futuro de la Carta Magna. Dos relevantes personalidades del PSOE, Gregorio Peces-Barba y José Bono, dieron la voz de alarma. A la misma inquietud se suma hoy en nuestras páginas el ex ministro de UCD Rafael Arias-Salgado. Peces-Barba, ex presidente del Congreso y ponente de la Constitución, defiende en un artículo que hoy reproducimos que la «única nación soberana es España» y que el texto constitucional debe prevalecer sobre el resto de las normas del ordenamiento jurídico, al tiempo que criticó a Zapatero, a la ministra de Defensa, al Ejecutivo de Montilla, a CiU y a los 12 diarios catalanes por las presiones que están ejerciendo sobre el Constitucional. El presidente del Congreso defendió, asimismo, que «el todo está por encima de las partes» y pidió «juego limpio y respeto al árbitro», en una referencia obvia a lo que está sucediendo en torno al Estatut. Es paradójico que sean dos destacados socialistas los que salgan en defensa de los principios constitucionales, y no el PP, que se mantiene silencioso, a pesar de haber presentado el recurso de inconstitucionalidad. Rajoy señaló que la solución al Estatut «está en la ley y la Constitución», lo cual no es mucho decir. A este escapismo se une la injustificable ausencia de todos los presidentes autonómicos del PP en el acto institucional

ZAPATERO NO QUIERE MOLESTAR A MARRUECOS, MIENTRAS HAIDAR EMPEORA:
Lo que va de la defensa del «valor supremo de la vida» al «interés general»

MIENTRAS EL ESTADO de salud de Aminatu Haidar se deteriora a causa de una huelga de hambre que dura ya tres semanas, Zapatero justificó ayer su pasividad ante el Gobierno marroquí, que reiteradamente le ha tomado el pelo en este caso, asegurando que «debe prevalecer el interés general» en las relaciones con el país vecino. Una doctrina que contrasta con aquella defensa del «valor supremo de la vida» cuando decidió excarcelar al etarra De Juana, condenado por 25 asesinatos, que también estaba en huelga de hambre. Tal y como señaló Rajoy, las declaraciones de Zapatero bien pueden interpretarse como que ha tirado la toalla en su presión diplomática sobre Marruecos en aras de ese «interés general», sin tener en cuenta que no puede haber mayor interés general que la defensa de los principios democráticos y los derechos humanos. Otra cosa es que Zapatero disfrace de «interés general» su pragmatismo o su comodidad en las relaciones con Marruecos. Los esfuerzos del Ejecutivo se centran en impedir que la salud de la activista saharaui se deteriore de forma irreversible, por lo que, si es necesario, el Gobierno solicitará a los jueces que le permitan alimentarla a la fuerza. De hecho, el juez de guardia y un médico forense visitaron anoche a la activista para determinar su estado de salud. En todo caso, la debilidad de Zapatero frente al régimen marroquí llega hasta el punto de que el Gobierno ha asumido la tesis de Rabat de que Argelia está detrás de la huelga de hambre de Haidar

EDITORIALES DEL DÍA
NADIE ENTENDERÍA UN FRACASO EN COPENHAGUE

LA ATENCIÓN mundial se centra hoy en Copenhague, donde comienza la Cumbre sobre el Cambio Climático más ambiciosa hasta la fecha. Un centenar de jefes de Estado y de Gobierno participa, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para combatir el que, sin duda, es uno de los mayores desafíos para la Humanidad.

Sin embargo, la Cumbre arranca con el fuerte ruido de fondo que ha provocado el escándalo de los e-mails robados a uno de los principales centros de estudios del clima, el de la Universidad británica de East Anglia. Los correos electrónicos contienen conversaciones entre investigadores sobre cómo «manejar» los datos y usar «atajos» para que los resultados cuadren. El director del centro, Phil Jones, ha dimitido, y el responsable del panel de expertos de la ONU, Rajendra Pachauri, ha iniciado una investigación. Quienes niegan o son escépticos con el calentamiento global -que han bautizado al caso como Climategate- ya lo están aprovechando para reafirmar que el cambio climático es una gran mentira.

Lo cierto es que aún hay un gran debate sobre si existe o si es una invención o exageración de los científicos. La respuesta es que tenemos una ingente cantidad de estudios que avalan que es una realidad innegable. Es cierto que sigue habiendo lagunas de conocimiento sobre el sistema del clima, y en ellas se han fijado los críticos para poner en duda las conclusiones respaldadas por el grueso de la comunidad científica. Pero innumerables mediciones realizadas con todo rigor demuestran que se está acelerando anormalmente la temperatura media del Planeta, y que va unido al aumento de CO2 en la atmósfera. Aun así, el Panel Intergubernamental de la ONU para el cambio climático ha tenido la precaución de indicar, en su último informe, que la probabilidad de que lo que ocurre se deba a la acción humana es del 90%.

Y para buscar soluciones se ha convocado la Cumbre de Copenhague. Durante los meses previos, se ha tratado de diseñar un tratado vinculante de reducción de gases de efecto invernadero, que sustituya al vigente Protocolo de Kioto, que expira en 2012. Desde que, en 1997, 37 países lo firmaron, la preocupación mundial no ha dejado de crecer. Por ello, el objetivo ahora es mucho más ambicioso, y se pretende sumar a los grandes actores que se quedaron fuera entonces: EEUU y China, responsables del 50% de las emisiones de CO2. La llegada de Obama a la Casa Blanca ha sido decisiva. Sin embargo, en plena crisis, EEUU ya se ha desmarcado de la ambiciosa propuesta de reducciones impulsada por la ONU y la UE -establecida en un 30% para el 2020-.

El ahorro energético, la producción con renovables y el recurso a tecnologías que no emiten CO2, como la nuclear, son el abanico de soluciones que se manejan. Pero en Copenhague está todo por decidir. Quién tiene que reducir las emisiones y cuánto; quién asumirá los costes de ese esfuerzo; qué sanciones se impondrán al Estado que lo incumpla y qué organismo vigilará el proceso. El reto es tan enorme que, probablemente, la Cumbre acabará con una mera declaración política, muy lejos del objetivo de fijar un nuevo tratado. Y ello a pesar de que la presión de la opinión pública ha obligado a los líderes mundiales a tomarse el problema muy en serio, como demuestra el hecho de que Obama haya tenido que rectificar y anunciar que acudirá al último final de la Cumbre.

Sin duda, su presencia es fundamental para lograr un acuerdo, aunque sea de mínimos, que permita después seguir trabajando. Y, a la vez, seguir investigando el clima, para despejar hasta la última gota de escepticismo sobre el calentamiento global. EL MUNDO seguirá con atención y detalle todos esos aspectos, porque no se trata de creer o no creer, sino de saber o no saber

NOS CUENTAN QUE... La vicepresidenta primera del Congreso, Teresa Cunillera, nunca sospechó que su decisión de retirar la palabra al joven Javier Borderías -que se salió del guión del acto de lectura de la Constitución para criticar a los sindicatos- fuera a tener tantas consecuencias. Cunillera ha recibido desde el pasado viernes numerosos mensajes insultantes. La dirigente socialista ha expresado su perplejidad ante esta reacción tan radical cuando únicamente pidió al joven que se limitara a leer el artículo, lo mismo que hizo cuando otro estudiante recordó a su abuelo, exiliado durante el franquismo. José Bono, ha respaldado la actitud de Cunillera, que también ha recibido consuelo de sus compañeros socialistas.

INCONSTITUCIONAL ESTATUT: Preocupación y alarma por los excesos del Estatut en el Día de la Constitución

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN / La polémica
Preocupación y alarma por los excesos del Estatut en el Día de la Constitución

Peces-Barba advierte que «la única nación soberana es España» y critica a Zapatero, a Chacón y al editorial común de 12 periódicos catalanes por presionar al TC Bono precisa que «la Constitución no es infinitamente flexible y tiene límites. Y no hay regla ni ley que valga si está contra la norma suprema» Rajoy señala que buscar soluciones fuera de la Constitución «no llevará a nada bueno» y Patxi López dice que «no merece la pena» modificar el Estatuto sin consenso

AGUSTÍN YANEL

Madrid

Sin citarlo de manera expresa, pero sabiendo bien lo que quería decir, el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, habló ayer del recurrido Estatuto de Cataluña. «Nos sabemos diferentes, pero radicalmente iguales en derechos, de manera que no ha nacido ni se espera al español que valga más que otro», afirmó.

Indicó que, gracias «a la fortaleza y la flexibilidad de la Constitución», España es «uno de los países más descentralizados del mundo, con niveles de autogobierno que superan en muchos casos el de los Estados federales». «Sin embargo», añadió, «la Constitución no es infinitamente flexible y tiene límites».

Bono pronunció esas palabras en el acto conmemorativo del 31 aniversario de la Constitución española de 1978, que estuvo marcado por las expectativas generalizadas y, en algunos políticos, por su preocupación e incluso alarma respecto a lo que pueda sentenciar próximamente el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Ayer, en su discurso en conmemoración del 31 aniversario de la Constitución de 1978, José Bono recordó que en aquellos años de una democracia recién recuperada, después de haber pasado por «un largo tiempo de silencio», los políticos y la ciudadanía entendieron «que ser diferentes era compatible con ser iguales». «Entendimos que al discrepante no había que condenarlo ni ridiculizarlo, sino pactar con él», añadió.

Echó mano del deporte para afirmar que la Constitución «señala los límites del campo de juego, que nunca son una restricción» sino «la garantía del juego limpio». Pero, a renglón seguido, dijo que ese juego sólo es limpio si «respeta al árbitro y se somete a las reglas del juego». «Y no hay regla ni ley que valga si está contra la norma suprema, aquella que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente [asesinado por ETA en el año 1996], formuló de manera tan sencilla como clara: 'El todo por encima de las partes'», continuó, en clara referencia a «la nación española» como ese «todo».

En una época de crisis como la actual, Bono recordó que los políticos están obligados «a resolver problemas de los ciudadanos, que demandan eficacia y cercanía». «Si la sociedad pone distancia respecto de sus políticos, el error está siempre en nosotros. Cuando la abstención es noticia, cuando las papeletas no entran en las urnas, es porque los políticos no entramos en las casas de los españoles»

El aniversario de la Carta Magna giró en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que parece cada vez más próxima, y a la asistencia por primera vez del lehendakari vasco a este acto.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no quiso hablar de la futura sentencia. Al ser preguntado por una posible reforma de la Constitución, respondió que «en el horizonte inmediato» no existe «una necesidad imperiosa» de llevar a cabo ese cambio.

Opinó que la vigente Carta Magna ha demostrado ser «muy útil» durante sus 31 años de vida y ha permitido a España «funcionar» en un sistema democrático.

Durante la recepción oficial posterior al discurso de Bono, más de un asistente comentó el artículo que ayer publicaba en El País Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución. En él no solamente resalta «la supremacía» de la Constitución sobre las restantes normas del ordenamiento jurídico español, sino que denuncia la «falta de respeto» de los partidos catalanes «de gobierno y de oposición que han presionado al Tribunal Constitucional» antes de que dicte su sentencia sobre el Estatut, y recuerda que «la única nación soberana es España»

El catedrático Peces-Barba critica también a Zapatero, por haber dicho que el Estatut es plenamente constitucional-; a la ministra de Defensa, Carme Chacón, porque ha pedido públicamente al PP que retire su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut, y a la publicación de un mismo editorial en 12 periódicos de Cataluña. Todo eso, afirma, es faltar al respeto e intentar presionar al Constitucional.

El ex ministro y ex diputado constituyente Rafael Arias-Salgado publica hoy un artículo en este periódico [página 19], en el que también pide respeto para el Constitucional y señala que éste es el órgano con legalidad y legitimidad para pronunciarse sobre el Estatut.

El líder del PP, Mariano Rajoy, también fue preguntado por la esperada sentencia, y tampoco quiso decir lo que espera de ella. Indicó que la solución al Estatuto de Autonomía de Cataluña está «en la ley y en la Constitución». En su opinión, «no llevará a nada bueno» pretender buscar soluciones fuera de la ley y del texto constitucional.

Rajoy elogió la Constitución porque, según comentó a los periodistas, ha dado a España «los mejores años de nuestra historia».

El lehendakari del Gobierno vasco, Patxi López, se refirió al Estatuto de Autonomía, pero no al catalán, sino al de la comunidad que él preside. Afirmó que no se plantea modificarlo porque para hacerlo se necesita «una base de consenso» porque tiene que ser «de todos».

En su opinión, «no merece la pena» emprender una modificación de un Estatuto cuando no se van a sumar consensos. «Cualquier viaje debe ser hacia delante, a conseguir más acuerdo y más entendimiento que el que existe», subrayó.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, explicó que, cuando él se refiere a la situación de interinidad del Tribunal Constitucional, porque cinco de sus miembros tenían que haber sido renovados hace tiempo, lo hace para «defender» a ese Tribunal.

En su opinión, eso es lo mismo que había reclamado poco antes José Bono en su discurso, cuando dijo que hay que respetar «al árbitro» y someterse «a las reglas del juego».

Indicó que «seguramente son otros» los que no defienden al Tribunal Constitucional y «bloquean su renovación» o empezaron a «utilizar malas artes contra el Estatut», en referencia al PP, que llevó a cabo una campaña de recogida de firmas contra el Estatuto antes de que lo aprobara el Congreso.

Las frases del discurso

>«Cuando las papeletas no entran en las urnas es porque los políticos no entramos en las casas de los españoles».

>«La Constitución no es infinitamente flexible y tiene límites».

>«No hay regla ni ley que valga si está contra la norma suprema».

BARRA BRAVA EN EL CONGRESO
De reformas y ausentes

DAVID GISTAU

Refiriéndose a Macondo, García Márquez escribió que los pueblos toman conciencia del peso del pasado cuando tienen tumbas que visitar. La muerte de Solé Tura, agregada a la de Gabriel Cisneros, ahondó ayer la percepción de la Constitución como un texto algo avejentado que admite la discusión sobre su aggornamiento. De ello se habló en los corrillos, más incluso que de la siempre postergada sentencia del Constitucional de la que dependería la custodia de la esencia. Y hubo acuerdo en que los dos cambios más necesarios son los referidos a la reforma del Senado y la sucesión en la Corona, un problema que emergerá si la casualidad biológica determina que los príncipes tengan un varón. Algún recelo confesado permite intuir un temor: que, habida cuenta de que la Corona vive de su naturaleza inmutable, someterla a corrección equivaldría a decir que la monarquía es negociable incluso con el blindaje, y entonces quedaría abierta una trocha vindicativa por la que podría colarse la apetencia de República.

Las recepciones del 6 de diciembre son algo más adustas desde que no las frecuenta Marujita Díaz ni espécimen alguno de la farándula. Y eso que había una alfombra roja tendida desde la calle Zorrilla, donde, a pesar del frío, se apelmazaban curiosos extrañamente atraídos por un acontecimiento de tanta parquedad institucional. Hubo que conformarse con la primera comparecencia de un lehendakari, ese Patxi López al que sólo le falta llevar encima un cartel que rece en letras de neón: «Vasco normalizado». También estaba Montilla luciendo dignidad de Cataluña. Y la presencia de los representantes de dos comunidades habitualmente desafectas a la fecha hizo más flagrante la ausencia de los presidentes del PP, un partido que presume de ocupar la primera línea de defensa constitucional como si encarnara en la política ese pelotón de Spengler que es el que al final acude a salvar la civilización occidental. Preguntado por los ausentes, Rajoy puso cara de paso palabra.

En lo que el cóctel, con canapés excelentes y mucho calor, tuvo algo del espíritu de la Navidad fue en cómo alentó una tregua entre los parlamentarios. El salón de los Pasos Perdidos rezumaba una armonía insólita, que permite pensar que los parlamentarios, como los luchadores de pressing, fingen odios por exigencias del guión pero trenzan compañerismo en el vestuario. El discurso de Bono insistió en la importancia fundacional de la Constitución y en la posibilidad que trajo de compensar a España por el siglo y medio perdido desde que Cádiz fue aplastada por el «¡Vivan las caenas!». Él también ha de sentirse algo mayor, pues fundó un club: el de los españoles que pudieron votar la Constitución, investidos ahora con el pedigrí de los reconciliadores. Sólo la vicepresidenta Teresa Cunillera arrastraba todavía cierto malestar por el episodio de los jóvenes espontáneos que trataron de convertir la tribuna de oradores del Congreso en el Hyde Park's Corner. A raíz de aquello, recibió mensajes insultantes muy crudos e injustos con quien sólo intentó gobernar la jornada sin que se descarrilara y sin ninguna intención de censura

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN / La opinión
La supremacía de la Constitución

GREGORIO PECES-BARBA

Por su interés, reproducimos íntegro el artículo 'La supremacía de la Constitución', de Gregorio Peces-Barba, publicado ayer en el diario 'El País'. El autor, reputado jurista y uno de los padres de la Constitución, hace una defensa de la Carta Magna y critica las «faltas de respeto» hacia el texto a cuenta de la decisión que ha de tomar el Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Cataluña

En el 31º aniversario del referéndum que el 6 de diciembre aprobó con gran mayoría de votos favorables, en todas las provincias, sin excepción, la vigente Constitución refrendada en acto solemne, promulgada y ordenada en publicación el 27 de diciembre y publicada en el BOE, el 29 del mismo mes, parece que el mayor homenaje que podemos hacerle es subrayar su supremacía sobre todas las restantes normas del Ordenamiento español y recordar también que la soberanía corresponde al pueblo español, que significa que la única nación soberana es España.

Esta supremacía lo es sin excepción alguna, y sus contenidos sólo se pueden cambiar por el sistema de reforma establecido en su Título Décimo. Resulta duro tener que recordar con frecuencia lo que debería ser obvio, pero esa necesidad se produce porque en nuestro país, como ya recordaba Fernando de los Ríos hace muchos años, falta respeto entre los ciudadanos, entre los políticos que representan a los poderes públicos, y también entre los medios de comunicación.

En cuanto que se plantea un hecho difícil, una situación con zonas de penumbra, saltan las alarmas de las faltas de respeto. La decisión de abrir la reforma de los Estatutos antes de la reforma de la ley electoral y de la propia Constitución, en temas que no afectan ni modifican el gran consenso que la hizo posible, ha propiciado muchas salidas de tono. Denunciarlas es también contribuir al homenaje a la Constitución.

Hay falta de respeto en todos los partidos catalanes de Gobierno y de oposición que han presionado al Tribunal Constitucional, con malas formas; también en la prensa catalana, que con su editorial unitario, aunque no han sobrepasado los límites de la libertad de expresión, porque no han producido un claro y presente peligro de violencia, sí han señalado que una decisión de inconstitucionalidad sería faltar al respeto a Cataluña. Es un sofisma y una falacia monumental, poco oportuna e injustificada. También creo que ha faltado al respeto la ministra de Defensa cuando ha pedido al Partido Popular que retire su recurso. Tampoco parece oportuno en este momento la reiterada manifestación del presidente del Gobierno sobre la indudable constitucionalidad del Estatuto, que constituye también una presión, al menos objetiva.

Déjese trabajar al Tribunal y respétese su decisión, sin perjuicio de la crítica técnica y académica sobre sus contenidos. Para mí, esta defensa contundente de la supremacía de la Constitución es el mejor homenaje en este 31º aniversario de su aprobación popular

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN / La opinión
La fecha de la sentencia, incógnita

AGUSTÍN YANEL

La fecha en la que se conocerá la sentencia del recurso que presentó el PP contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña sigue siendo una incógnita. Y la presidenta de ese órgano, María Emilia Casas, no la despejó ayer cuando fue preguntada por los periodistas si habrá una resolución antes de fin de año.

Se limitó a decir que los magistrados trabajan «intensamente» en ese asunto. «Cuando se trabaja intensamente, se obtienen frutos», añadió.

El líder del PP, Mariano Rajoy, saludó a María Emilia Casas y conversó unos minutos con ella, en la recepción posterior al discurso oficial de José Bono.

Poco después, al ser preguntado por los periodistas por esa conversación, explicó que no habían hablado del Estatuto y la esperada sentencia, sino sobre algo que nadie podía imaginar: el tiempo que hace en Pontevedra, la tierra del líder del PP.

Rajoy enseñó a la presidenta del Tribunal Constitucional su móvil, en cuya pantalla puede leer la información sobre el clima de esa ciudad gallega. Para demostrarlo, también mostró el móvil a los periodistas y, si el pronóstico no falla, en esa ciudad alcanzarán los 16 grados.

Otra persona muy interesada en la futura sentencia, el presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, también saludó a la presidenta del Tribunal Constitucional y conversó con ella unos instantes. Pero, lo mismo que Mariano Rajoy, tampoco preguntó por la resolución sobre el Estatuto porque ayer no era un día para mantener ese tipo de conversaciones, según dijo, sino para «saludar a muchas personas».

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN / La opinión
La 'ikurriña' ondea en el Congreso

Patxi López, Montilla y Emilia Casas protagonizan el Día de la Constitución

MANUEL SÁNCHEZ

Madrid

Patxi López no parece lehendakari. Eso sí, parece vasco. Llano, cercano, sano, cabezón, noble. No va de nada. Dice lo que piensa, como cuando decidió en el verano de 2001 ser el sustituto de Nicolás Redondo Terreros, hacer un cambio en el discurso político del PSE y llegar al cargo que ahora ocupa.

Ayer, en la recepción del Día de la Constitución agrupó a más periodistas que el propio Zapatero. El presidente, con mirada cómplice, observaba que su proyecto político de la España plural se había completado.

A su lado, la mirada inquisidora, desconcertante y profunda de José Montilla, que seguía permanentemente a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, como para escrutar qué pasa por su cabeza. Con 100 cámaras delante, no hubo gestos a la galería. Pero el aliento de Montilla, sólo por puro protocolo, llegaba a la nuca de Casas. Así los situaron: delante Casas, detrás el presidente de la Generalitat.

Tras un discurso con recado de José Bono, la recepción comenzó como siempre. Corrillos políticos de lo más variado. Zapatero, que dio una conferencia de prensa antes de iniciarse el acto, dijo que no daría más. Así, se perdió entre espontáneos y «viejas glorias» que le reclamaban fotos o le daban las claves de cómo arreglar el país en dos telediarios.

Pero, al final, el presidente cayó en la trampa e hizo el gran corrillo de periodistas. Su amigo, José Antonio Alonso, un político que tiene siempre la sonrisa en la boca, se reía a carcajadas: «Si no lo puede evitar. Los dientes le han salido en esta casa».Y, aunque al presidente se le veía cansado, mostró una vez más su talante con esta profesión, lo que pese a errores y aciertos en su labor política, siempre se le habrá de reconocer.

Leire Pajín, ya senadora, tenía su corrillo socialista. Mariano Rajoy suscitó una gran atención mediática. Alberto Ruiz Gallardón llegó con José Blanco, se puso en la foto y se fue rápido, pese a que no estaba Esperanza Aguirre.

La ausencia de los presidentes autonómicos del PP fue el otro gran tema. Patxi López dijo que le parecía «escandaloso». Y es que no deja de resultar curioso que sólo estuvieran los presidentes socialistas, y ninguno del PP.

El rey de los corrillos, no obstante, fue el ex ministro del Interior José Barrionuevo. Allí, se codeó con López y Montilla, con Gregorio Peces Barba y con todo el que se cruzaba a su paso. No obstante, daba la impresión de que en estas ocasiones es obligado saludar al pasado.

No estuvieron en el acto protocolario ni De la Vega, ni Chacón, ni Rubalcaba. Alguien, con maldad y, haciendo jurar sobre la Carta Magna de que no se le citaría, comentó: «Zapatero está más solo que nunca». Se equivocó. Cuando no quedaba un canapé, la vice y Rubalcaba llegaron al Salón de los Pasos Perdidos... Zapatero todavía estaba allí. ¡Salvado!

Bibiana Aído y Beatriz Corredor sí fueron. La foto y poco más. Ambas temen más a los corrillos que a las vicepresidentas.

Y, sobre las dos y cuarto del mediodía, todo acabó. Bono, el más listo, convocó a comer a los ex presidentes del Congreso y, sobre la marcha, enredó al presidente del Gobierno y a los cuatro presidentes autonómicos que acudieron al acto. Hubo pocos diputados, algunos militares, la típica gente que nadie sabe qué hace allí pero que se encuentra como en su casa. Sabina, a su modo, bordaría un listado de los presentes.

Pero lo que más destacó fue la presencia de un tal López, que no parece lehendakari, pero lo es. La ikurriña ondeó en el Congreso un 6 de diciembre por primera vez en democracia y, como dice el dirigente socialista vasco, «con toda normalidad». Van 31 años... y que dure

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN / La opinión
Críticas por la ausencia de todos los presidentes del PP

Rajoy aseguró que él los representaba, aunque Pajín ironizó con que se habrían ido «de puente»

AGUSTÍN YANEL

Madrid

Ningún presidente de comunidades autónomas gobernadas por el PP acudió ayer al acto oficial celebrado en el Congreso de los Diputados para conmemorar el 31 aniversario de la Constitución. En el almuerzo posterior, tampoco estuvieron los dos diputados populares que han presidido esa Cámara, Federico Trillo y Luisa Fernanda Rudi, que alegaron motivos familiares.

El de ayer ha sido el aniversario constitucional al que menos presidentes autonómicos han asistido, lo que contrastó con la presencia, por primera vez en 31 años, del lehendakari del Gobierno vasco. Únicamente estuvieron presentes cuatro presidentes, todos ellos socialistas: José Montilla (Cataluña), José María Barreda (Castilla-La Mancha), Patxi López (País Vasco) y Marcelino Iglesias (Aragón).

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el del Partido Popular, Mariano Rajoy, prefirieron no comentar este asunto. El socialista Patxi López opinó que esta ausencia generalizada de presidentes populares es «un escándalo», porque desde el PP acostumbran a dar «lecciones de respeto a la Constitución».

«¿Qué hubieran dicho de nosotros si hoy no hubiéramos venido ni José Montilla ni yo?», se preguntó, en referencia a que son dos presidentes socialistas de dos comunidades autónomas tan de actualidad siempre como la catalana y la vasca.

A Montilla le pareció «sorprendente» la ausencia de todos los presidentes autonómicos populares y se atrevió a vaticinar que, probablemente, el motivo ha sido «cuestiones más de fondo del propio PP». «Hay quienes defienden la Constitución, pero ni la votaron ni creyeron en ella, cuando otros muchos la defendieron, la hicieron posible y la votamos», añadió.

El presidente del Congreso, José Bono, al ser preguntado por los periodistas, prefirió tomarse este asunto con humor: «Quizá estaban distraídos», comentó.

A la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, tampoco le pareció normal que no estuviera presente ninguno de los presidentes autonómicos del PP. Comentó, con ironía, que quizá se habían marchado «de puente».

El presidente del PP, Mariano Rajoy, añadió, por su parte, que él, como líder de la formación popular, representaba también a los que no habían asistido al acto oficial.

Tras la conmemoración oficial del 31 aniversario de la Constitución, José Bono ofreció un almuerzo a quienes le han precedido en la Presidencia del Congreso, como es habitual cada año, al que en esta ocasión también asistió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. De sus antecesores en el cargo sólo asistieron los socialistas Manuel Marín, Félix Pons y Gregorio Peces Barba, y Landelino Lavilla, de UCD

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN / La opinión
López: «El cambio se ha dado con normalidad»

MANUEL SÁNCHEZ

Madrid

El lehendakari, Patxi López, aseguró ayer que la sociedad vasca ha asumido a una «velocidad vertiginosa» el cambio de Gobierno en Euskadi, tras casi 30 años de Ejecutivos nacionalistas del PNV.

Después de siete meses en la Lehendakaritza, gracias a un pacto de gobierno con el PP, Patxi López cree que el cambio se ha producido con «total normalidad», y así lo ha comentado con los periodistas durante la recepción que ha tenido lugar en el Congreso con motivo del XXXI aniversario de la Constitución.

Por ello, en el mismo ámbito de normalidad institucional, enmarcó su presencia en el Día de la Constitución.

López dijo ser consciente de que cualquier decisión que tomara le supondría críticas: asistir al acto le ha valido críticas del nacionalismo vasco en el País Vasco, pero no hacerlo le habría supuesto críticas en el resto de España. A todo ello, le restó importancia política el lehendakari.

El líder del Gobierno vasco indicó que cree comprender la normalidad de un vuelco político tras más de tres décadas. «Nosotros no vamos contra nadie. No buscamos enfrentamientos. No intentamos crispar a nadie. Creo que la sociedad vasca así lo percibe. Somos, ahora, el oasis político del Estado español. Pero hay que seguir trabajando para que esto dure».

Patxi López afirmó igualmente que es necesario «poner en valor» y «prestigiar» la Constitución Española de 1978, que otorga los derechos y libertades a los ciudadanos y de la que nacen el Estatuto de Guernica, el concierto económico y todas las singularidades que tiene su comunidad autónoma dentro del Estado español.

El presidente del País Vasco justificó su presencia, frente a la habitual ausencia de Juan José Ibarretxe cuando en anteriores años era lehendakari, porque a los dirigentes de las instituciones «corresponde no despreciar esto, sino ponerlo en valor», dado que todo lo conseguido en las últimos 30 años se debe en gran parte a ella. López recordó que hubo muchos españoles y también muchos vascos que lucharon y «se sacrificaron» por instaurar la democracia y consensuar un texto constitucional. Por eso, dijo, «es hora de prestigiarlo». Asimismo, no descartó que en un futuro pueda introducirse alguna reforma en la Carta Magna, dado que considera que «no hay ningún texto sagrado y todos los textos se pueden adaptar a las nuevas necesidades».

López, además, aprovechó su desplazamiento para hablar con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de su deseo de culminar cuanto antes la negociación para que el Gobierno central traspase al vasco las políticas activas de empleo.

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Los 'siete hijos' de Hernán Cortés

El Congreso de los Diputados exhibió ayer el retrato de los siete ponentes de la Constitución de 1978, una obra nueva que por primera vez podrá ser contemplada. Se trata de un políptico, de aproximadamente 1,30 metros de alto por siete metros de ancho, realizado en pintura acrílica en lienzo por Hernán Cortés Moreno. El cuadro fue encargado la pasada legislatura por la Mesa del Congreso, presidida por Manuel Marín, que también puso el nombre de los ponentes a siete salas de las dependencias parlamentarias. En la imagen, el pintor con su trabajo, poco antes de que fuese visitado por José Luis Rodríguez Zapatero

'Estatut', legalidad y legitimidad, por RAFAEL ARIAS-SALGADO

TRIBUNA / 31º ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
RAFAEL ARIAS-SALGADO
'Estatut', legalidad y legitimidad

07.12.2009

EN UN ESTADO de Derecho, todo lo que es legal -sea bueno o malo desde una perspectiva política, filosófica o moral- es legítimo. La legitimidad política en democracia se define, precisamente, por referencia a la legalidad; es decir, deriva de la adecuación de principios y conductas a la ley positiva vigente aprobada por un Parlamento democrático como expresión de la voluntad general. Establecer una separación entre legalidad y legitimidad -es decir, sostener que hay principios y conductas legítimos aunque sean ilegales- es un camino seguro para subvertir el orden democrático de Derecho.

En una democracia constitucional, los conflictos políticos se resuelven aplicando la ley y, en su caso, apelando a las instancias jurisdiccionales a las que la ley apodera. La política, en régimen democrático, no puede salirse, especialmente en caso de conflicto, de los cauces que trazan las normas legales.

Desde la Generalitat de Cataluña, diversas voces han cuestionado la legitimidad del Tribunal Constitucional para inconstitucionalizar en todo o en parte un Estatuto de Autonomía aprobado en referéndum por el pueblo catalán. Se acude a un argumento en el que interesadamente se omite la referencia a la legalidad constitucional vigente. De contrario, se ha incurrido en razonamiento similar al quitar legitimidad, sin fundamento alguno en la legalidad constitucional, a un referéndum por la escasa participación ciudadana.

De aceptar -como me parece inevitable- que la legalidad constitucional debe ser el primer y único argumento de todos -si queremos preservar la democracia y su organización institucional, el Estado de Derecho-, el resto del argumentario de los que impugnan la legitimidad del TC no sólo carece de solidez, sino que tiene consecuencias disolventes. En efecto, si aceptamos el argumento de algunos políticos de que el Alto Tribunal, por sus avatares recientes, carece de legitimidad para enjuiciar un Estatuto aprobado en referéndum, también podríamos sostener, a conveniencia y por virtud de avatares similares, que las decisiones y leyes de la Generalitat son ilegítimas y no rige respecto de ellas el deber de obediencia. Y es que la legitimidad del TC y de sus competencias y la legitimidad de la Generalitat y de las suyas, como poderes constituidos, derivan directamente de una misma legalidad: la vigente legalidad constitucional. Si ésta, por las razones extralegales que se aducen, no cubre la legitimidad del TC, tampoco cubre -por las mismas u otras razones también extralegales- la legitimidad de la autonomía que encarna en la Generalitat. Dicho de otra manera: el fundamento de la autoridad del presidente y del Parlamento catalán es el mismo que el de la autoridad de los magistrados del TC, y no cabe prescindir o cuestionar tal fundamento al valorar la actuación del tribunal y alegarlo, en cambio, para otorgar autoridad al Ejecutivo y Legislativo autonómicos. El Parlamento de Cataluña sería un poder ilegítimo si no estuviese amparado por la Constitución vigente. Y ésta inviste al TC de la competencia para enjuiciar la conformidad del nuevo Estatuto al texto constitucional.

Separar la legitimidad de la legalidad es un camino peligroso que garantiza el conflicto, lo hace insoluble y termina por legitimar movimientos antidemocráticos. Después de todo, así empezó a quebrar la II República española. Al margen o contra la Constitución, se puede discutir todo, pero ninguna decisión es legítima, aunque en el ámbito de la libertad política -que la Constitución garantiza- siempre lo sea la aspiración a configurar por medios legales una sociedad diferenciada.

Tal fue el espíritu de la Transición democrática y de la legalidad que alumbró, gracias a la cual el pueblo catalán -como parte singularizada del pueblo español- ha alcanzado más poder real y legal que nunca en su historia moderna a través de un nivel competencial que le permite un amplio autogobierno y también influir decisivamente en el porvenir de España. Hasta ahora -y pese a algunas sombras- ha sido en conjunto para bien. Es más, Cataluña ha sido ejemplo de integración diferenciada en la unidad política española para otros países que tienen problemas de incardinación de regionalismos fuertes que aspiran a alcanzar grados similares de autogobierno. Está por ver que el nuevo Estatuto mejore, a todos los efectos, la situación alcanzada. En todo caso, debe quedar claro que no será el TC en cumplimiento de su función quien frustre el nuevo proceso estatutario cualquiera que sea el sentido de la sentencia que dicte. Para avalar o anular detenta legitimidad en plenitud porque así lo establece la Constitución.

Rafael Arias-Salgado es ex ministro y ex diputado constituyente

¡BALEARES, MÁS QUE UN 'GOVERN', UNA ASOCIACIÓN DE DELINCUENTES PRESUNTOS!: El socialista Antich pacta que los que están ya imputados puden gobernar

Los imputados no podrán ahora tener cargos en Baleares

El 'Pacte' aprueba de nuevo una medida corrupta que no implica dimisiones

MARIONA CERDÓ

Palma

Las personas imputadas no podrán ostentar un cargo público en Baleares, pero sólo si son nombradas a partir de ahora. Los partidos que integran el pacto de gobernabilidad de las Islas (PSOE, UM y Bloc) han añadido un nuevo epígrafe a su Código Ético, el documento que en los últimos días ha salvado su enésima crisis interna y ha evitado la ruptura del acuerdo en virtud del cual gobiernan en las principales instituciones del archipiélago.

Como ya ocurre con los aspectos del documento anunciados con anterioridad, se trata de una medida que no afecta a ninguno de los cargos que actualmente están imputados, puesto que simplemente incide en los nombramientos que se vayan a

producir a partir de ahora.

El caso más gráfico en este sentido es el del presidente del Consell de Ibiza, Xicu Tarrés, imputado por el caso Eivissa Centre y sobre el que, al menos de momento, no hay medidas cautelares ni se ha abierto juicio oral. De acuerdo con esta medida, propuesta por el Bloc y aceptada por PSOE y UM, Tarrés no podría ser nombrado a partir de ahora pero, dado que ya fue designado, puede continuar con sus responsabilidades.

Sólo deberá dimitir si se abre juicio oral o un juez dicta medidas cautelares contra él, tal y como también han acordado los socios del Pacte en la negociación del nuevo Código Ético y tal y como ya se publicó ayer.

Del mismo modo, se trata de una medida que no afecta a la mayor parte de los miembros del Pacte ya imputados, puesto que no se encuentran en estos dos supuestos. Sólo tiene incidencia en el caso del diputado del Grupo Mixto -está suspendido temporalmente de militancia de UM- Bartomeu Vicens, que sin embargo no ha querido abandonar su escaño en el Parlament amparándose en el derecho que tiene a conservarlo.

Lo mismo podría ocurrir si se abriera juicio oral o se dictaran medidas cautelares contra la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, o el edil de UM en Palma Miquel Nadal, ambos imputados: no se les podría obligar a abandonar su escaño, por mucho que el acuerdo establece que esta medida también afecta a los políticos con cargos electos.

Las instituciones en poder del Pacte tienen en estos momentos seis imputados, de los que cinco son de UM y uno, Xicu Tarrés, del PSOE

Funcionarios marcados como «UM»

EDUARDO COLOM / ESTEBAN URREIZTIETA

La Policía que investiga cómo el 'Consell' de Mallorca desvió más de siete millones de euros públicos al adjudicar la televisión y la radio públicas a testaferros de sus dirigentes ha hallado documentos en los que los éstos dejaron por escrito de su puño y letra que los órganos de contratación supuestamente neutrales estaban controlados realmente por UM.

Al registrar la sede de Studio Media Comunicació, la empresa de un testaferro del ex número 2 del 'Consell' que se llevó el negocio de la radio insular, han encontrado una copia del pliego de condiciones del concurso público que se convocó para el primer pago por montar una radio en catalán (548.000 euros)

En el apartado en el que se detalla qué personas van a formar parte de la mesa de contratación (órgano mixto de políticos y funcionarios), aparecen manuscritas y a boli las siglas «UM» sobre la mayoría de sus miembros, incluido el secretario general del 'Consell', la máxima autoridad de los funcionarios.

La Policía considera este documento una prueba de que el carácter político de quienes iban a intervenir en la decisión favorable «era un dato determinante» que «evidencia que montaron la empresa para llevarse el concurso».

EL DECLIVE SOCIALISTA El Grupo Parlamentario (II)

EL DECLIVE SOCIALISTA El Grupo Parlamentario (II)
El desánimo político cunde entre los diputados tras perder tres debates

El coste de la 'geometría variable' empieza a hacer mella y lleva al PSOE a cometer graves errores, así como a afrontar lo que resta de legislatura con apoyos inciertos José Luis Rodríguez Zapatero decidió en su segunda legislatura al frente del Gobierno que se acabaron los «socios preferentes» y los «acuerdos parlamentarios encubiertos». A falta de sólo siete diputados para la mayoría absoluta, el presidente del Gobierno quiso evitar el desgaste político y social de depender de grupos minoritarios -y en su mayor caso, nacionalistas- y apostar por acuerdos múltiples y variados, en función de cada ley, de cada proyecto y de cada iniciativa. Cuantitativamente, no le ha salido mal. Apenas una docena de votaciones ha perdido el PSOE en año y medio de legislatura. Pero el desgaste de esta fórmula empieza a pasar factura, provoca concesiones inusuales y, junto al desánimo evidente que hay en las filas socialistas por la situación política, económica y social, acrecienta la depresión interna

MARISA CRUZ / MANUEL SÁNCHEZ

Madrid

Pocos diputados socialistas son capaces de negar que la moral está baja. Unos, lo achacan a la situación económica que vive el país. Otros, al puro desgaste de más de seis años y medio en el Gobierno. Algunos, a que las encuestas son cada vez peores. Y siempre hay un sociólogo despistado que resta importancia al asunto: «El PSOE es propenso a la depresión». Pero la sensación está extendida como la pólvora en las filas del Grupo Parlamentario Socialista.

Curiosamente, esta situación se produce cuando se empieza a consolidar la figura de José Antonio Alonso como portavoz parlamentario. Y, además, funciona bien la dirección del Grupo con Eduardo Madina como secretario general.

Sin embargo, ni Alonso ni Madina son ajenos a esta sensación generalizada, pese a que no se pierdan votaciones los martes, se aprueben los proyecto de ley los jueves, y se de una cierta imagen de estabilidad, como se ha conseguido tras aprobarse los Presupuestos Generales del Estado o las leyes más complicadas en esta etapa.

Los motivos son coyunturales, incluso ajenos al mero funcionamiento del Grupo Parlamentario, pero los tres últimos grandes debates han pesado como una losa en la moral de los socialistas, porque la sensación mayoritaria es que se han perdido y, cada vez, queda menos capacidad de reacción. A esto se unen los charcos en los que se mete el Grupo Socialista que, en opinión de varios diputados, sólo provocan más desgaste entre su electorado. Por ello, no son pocas las voces que desean un triunfo de CiU en Cataluña y enterrar el invento de la geometría variable en aras de una mayor estabilidad parlamentaria, al menos, el último año de legislatura. Lo cierto es que el desánimo está instalado en las filas del PSOE.

eEl estreno de Salgado. Fue el primer gran debate y la primera gran decepción. Desde antes de que llegara Jesús Caldera como portavoz parlamentario en la oposición, no estaban los pasillos del Congreso más vacíos de socialistas que aquella tarde tras el debate de los Presupuestos Generales para 2010. A nadie gustó la intervención de Salgado, ni mucho menos la réplica de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Fuentes de la dirección parlamentaria del PSOE reconocieron a EL MUNDO dicho desánimo e, incluso, admitieron que tuvieron que arengar a los suyos para que a la mañana siguiente se visualizara un cierto apoyo en la bancada socialista. Ese debate, pese a que se ganara la votación, empezó a quebrar seriamente la moral de los socialistas.

Soraya vs De la Vega. El debate sobre el secuestro del Alakrana fue la segunda depresión entre los socialistas. La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, puso contra las cuerdas a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Es cierto que la portavoz popular se defiende bien en la tribuna, que tenía munición de sobra para disparar a diestro y a siniestro, y que era un asunto muy complicado para el Gobierno. Pero lo que se percibe en cada sesión de los miércoles quedó nítidamente reflejado en ese debate. Fue la consolidación de Sáenz de Santamaría y la visualización de que la vice, pese a su innegable capacidad de trabajo, esfuerzo y desvelo, empieza a pagar también el desgaste del cargo.

e Zapatero, sostenible. Pese a la torpeza política de Salgado y al difícil debate que tenía que afrontar De la Vega, el duelo parlamentario del pasado miércoles es el que ha hecho más daño interno.

El PSOE esperaba a Zapatero y su Ley de Economía Sostenible como «agua de mayo». El líder iba a poner las cosas en su sitio y a dar moral a los suyos, volviendo a ganar el debate más difícil. «Lo del Consejo de Ministros es una broma, los grandes anuncios los dirá él en el Parlamento», afirmó a este diario un diputado entusiasta de su presidente, al ver en qué había quedado el gran proyecto gubernamental.

Y es posible que el presidente del Gobierno no perdiera el debate, pero ni lo ganó, ni convenció. Los datos objetivos los da una información de Europa Press: «Zapatero recibió un aplauso, y ni siquiera unánime, durante su intervención. Mariano Rajoy sumó nueve». No es que haya que instalar un aplausómetro en el Congreso, pero fue evidente lo que ocurrió en el Hemiciclo.

No hubo anuncios nuevos, ni llamativos, y la Ley de Economía Sostenible siguió pasando como una entelequia que sólo entiende Zapatero, pero que no son capaces de ver el resto de los ciudadanos.

e Los crucifijos. La torpeza sólo se puede explicar por la obsesión de la geometría variable. Nadie en el Grupo Socialista entiende que se entrara en este debate días después de haber pasado con toda normalidad de la llamada Ley del Aborto, y a las puertas de las Navidades. Bocado sabroso para la polémica y la división de opiniones, aunque realmente no se trate de un asunto que preocupe a la mayoría de los ciudadanos. El Gobierno prometió, cuando ganó las pasadas elecciones, aprobar una Ley de Libertad Religiosa que contemplara la nueva realidad social española en la que se mezclan cultos y creencias en un marco constitucional laico. Hasta la fecha, la propuesta de norma no ha visto la luz, pero poco a poco salen a flote cuestiones que sin duda formarán parte de su articulado. ¿Se trata de globos sonda? La más importante ha sido la idea, por el momento recogida sólo en una proposición no de ley suscrita por los socialistas, de retirar todos los símbolos religiosos -esencialmente los crucifijos- de las escuelas. Al principio, el texto hablaba de escuela pública, después lo de pública se suprimió. La polémica estaba servida. También en este caso Zapatero ha tenido que salir a escena para intentar poner un poco de orden, aunque sus palabras -«la cuestión no está de momento en la agenda del Gobierno, habrá que esperar al proyecto de ley»- no han resultado muy esclarecedoras. La ambigüedad o la confusión parecen formar parte del ADN del Ejecutivo y el Grupo Socialista, lo sufre.

eLa agenda de 2010. A José Antonio Alonso no se le cae de la boca lo orgulloso que se siente del Grupo Socialista. Pero es el primero que sabe que la agenda de 2010 será ambiciosa y difícil. En la precariedad parlamentaria en la que se encuentra, abordará el próximo periodo de sesiones con importantes proyectos de ley que, a día de hoy, no cuentan con una mayoría. No obstante, Zapatero minimiza la situación. Como dijo un día ante las quejas de Alonso: «Esto del Congreso se pone interesante».

MAÑANA. La situación del Partido Socialista

HAIDAR, POLISARIO/ LA BURLA MARROQUÍ: El Gobierno solicita al juez la alimentación forzosa de Haidar

JAQUE A LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA / La estrategia del Ejecutivo
El Gobierno solicita al juez la alimentación forzosa de Haidar

Zapatero antepone las relaciones con Marruecos a la suerte de la activista

MARISA CRUZ / YIRA ARREDONDO

Madrid/ Arrecife

El Gobierno antepondrá las buenas relaciones con Marruecos a cualquier reivindación de Aminatu Haidar. Zapatero está decidido a preservar la vida de la activista saharaui y el Gobierno ya ha pedido al juez autorización para su alimentación forzosa, para lo que cuenta con el apoyo del Partido Popular. El juez de guardia visitó anoche a Haidar y, por ahora, parece que le permitirá continuar con la huelga de hambre.

«La relación de vecindad prima», según el presidente, «porque es del interés general». Pero más allá de esta decisión, no se plantea la posibilidad de hacer un gesto político de protesta y exigencia ante Rabat. El presidente no quiere dejar margen para las especulaciones. Lo que debe «prevalecer» es el «interés general» de España y éste pasa por preservar las buenas relaciones de amistad que se han labrado con Rabat en los últimos cinco años.

En el Ejecutivo se argumenta que ya se han hecho todos los ofrecimientos posibles para que la activista desista de su huelga de hambre e, incluso, para que prosiga su lucha en favor de un Sáhara independiente desde territorio español. Hasta el momento ninguna de las fórmulas ha sido acogida.

La intransigencia de los planteamientos de Haidar ha reforzado la tesis del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, de que en su entorno pesan decisivamente algunas voces dirigidas desde el bando polisario y argelino que la obligan, aun a costa de su vida, a mantener una posición intratable.

En esta tesis coincide la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, para quien no hay duda de que el problema al que se enfrenta España tiene su raíz primera en Marruecos -el país que impidió a Haidar regresar a su casa, retirándole el pasaporte y obligándola a volver a territorio español -, y a ella se han sumado los intereses de Argelia y del Frente Polisario.

Tal es el convencimiento del Ejecutivo que desde Exteriores, según explican fuentes gubernamentales, se están realizando gestiones ante el Gobierno argelino para que ejerza toda su influencia ante la activista saharaui «y su entorno».

«Para ellos el problema tiene un solo nombre y no es Aminatu Haidar; se trata sólo del Sáhara y de su soberanía», resume un miembro del Ejecutivo quien reconoce que en estos términos la cuestión se presenta irresoluble.

Por ahora, tal y como apuntó ayer Zapatero, el Gobierno no se plantea llamar a consultas al embajador de España en Rabat, Luis Planas, ni elevar ante el Ejecutivo marroquí una protesta. «Esta es una situación nada fácil», aseguró ayer el presidente a su llegada al acto de conmemoración del 31º aniversario de la Constitución. «El Gobierno trabaja dentro de los límites que están a su alcance y lógicamente no puede hacer lo que no está en su mano», en referencia a la posibilidad de que Haidar vuelva al territorio saharaui bajo administración marroquí. El Gobierno está dispuesto a alimentarla en contra de su voluntad en cuanto sea necesario.

Anoche, el juez de guardia de Lanzarote, Jerónimo Alonso, -acompañado de un médico forense, una secretaria judicial y cuatro agentes de Policía- se presentó en el aeropuerto para examinar el estado de salud de Haidar, a instancias de la Delegación del Gobierno en Canarias. Ésta solicitó por escrito al juez de guardia adoptar «las medidas necesarias» para «garantizar la vida e integridad física» de la activista, incluido «el ingreso en un centro hospitalario» y, en todo caso, «la realización de cuantos controles se estimen necesarios por los facultativos del Servicio Canario de Salud o del médico forense para evaluar el estado físico» de la activista.

Desde el punto e vista de la delegación del Gobierno, «el peligro que para su vida e integridad física supone el mantenimiento de su actitud, obliga a una actuación urgente de asistencia sanitaria», tras 22 días de huelga de hambre.

Sin embargo, una integrante del equipo jurídico de Haidar -Lola Travieso- aseguró tras la visita del juez que éste comunicó a la activista que iba a respetar su deseo de seguir en huelga de hambre. Haidar se encontraba «consciente y en pleno uso de sus facultades» durante la visita del juez y el examen del forense, según Travieso.

La comitiva judicial entró en el cuarto donde descansaba Aminatu Haidar e hizo salir a su cuidadora, impidiendo el paso a su abogada y a su médico. «Esto parece como si yo estuviera aún en Marruecos», dijo Haidar. «He sufrido tortura psicológica», aseguró, la activista, según informaron sus acompañantes

A CONTRAPELO
Otra huelga de hambre

SANTIAGO GONZÁLEZ

No hay dos sin tres. Después de las dos huelgas de hambre que le planteó Iñaki de Juana, la que le está declarando en el aeropuerto de Lanzarote, cogía a Zapatero más curtido en estos trances. Ayer, el presidente del Gobierno explicó su consideración de que en este asunto debe prevalecer el interés general.

No siempre se ha expresado en términos tan sensatos. La vez anterior que se enfrentó a una huelga de hambre, accedió a la exigencia de quien lo extorsionaba: régimen de prisión atenuada junto a casa para Iñaki de Juana. No hay comparación entre un asesino como De Juana y una respetable activista política como Haidar.

Hay otra diferencia: él podía acercar a De Juana a casa, incluso indultarlo, pero todo lo que podía hacer por ella ya lo dijo Moratinos al borde de un ataque de nervios: estatus de refugiada o la nacionalidad española. Ella no quiso.

Tiene razón Zapatero, y el interés general de España es mantener buenas relaciones con Marruecos, por muy respetable, digna y justa que sea la postura de Haidar, que lo es. Pero la política exterior de un Gobierno no puede definirla una persona que amenaza dejarse morir de hambre. Ella tiene razón, pero su actitud no es razonable. Su acusación se invalida en los propios términos en los que la formula: «España es incapaz de resolver la situación que ha creado conmigo. Es cómplice de Marruecos y ambos quieren empujarme hacia la muerte». La incapacidad para salvarla de la muerte es incompatible con la voluntad de emularla hacia ella.

Entre todos los países que han padecido un régimen colonial, nadie tan desdichado como el Sáhara. Le tocó España y en qué momento. Seis años antes habría accedido a su independencia como Guinea, pero en 1975 Franco se moría, su régimen se descomponía y no tuvo reacción alguna cuando más de 300.000 marroquíes se arrancaron en la marcha verde, que era como lo de Forrest Gump, pero en plan superproducción y sabiendo adónde iban: a ocupar el Sáhara.

El dictador murió 15 días después y desde entonces se sucedieron los gobiernos de la Transición y de la democracia que aplicaron una estrategia idéntica en el Sáhara: no emplearon una mala palabra; no desarrollaron una buena acción. Todos los presidentes comenzaron sus mandatos con una visita al Rey de Marruecos. Todos sostuvieron una posición favorable a la autodeterminación de los saharauis bajo supervisión de la ONU, lo que acabó siendo la sustancia del plan que el antiguo secretario de Estado de Bush padre formuló y que llevó su nombre. Comparado con Moratinos, un trotskista.

Zapatero se estrenó diciendo que «el Plan Baker está superado» (14 de julio de 2004), lo que le fue reprochado por el Frente Polisario. Y ahora se enfrenta a algo para lo que no está preparado, pese a su experiencia: otra huelguista de hambre. No puede hacer nada que justifique el «nosotros creemos en el valor supremo de la vida», con que explicó el caso De Juana. El intento de mentir sobre el permiso del Gobierno marroquí para que Haidar volviese a El Aaiún, ha salido mal, claro. Ahora tiene a una huelguista en estado grave y un conflicto con Marruecos. Continuará

JAQUE A LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA / La estrategia del Ejecutivo
La saharaui se siente presionada

YIRA ARREDONDO / ANA DEL BARRIO

Lanzarote / Madrid

Aminatu Haidar ya no habla personalmente con el jefe de Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, Agustín Santos. Lo hace, tan fatigada como decepcionada, a través de intermediarios. No es para menos, después de la rocambolesca operación del Ejecutivo para tratar de llevarla al Sáhara Occidental sin la autorización de Marruecos.

«El Gobierno nos ha engañado», denunciaba ayer la abogada de la activista saharaui, Inés Miranda. Y contaba que les aseguraron que había un documento de acuerdo «al más alto nivel entre España y Marruecos» y le garantizaron que Haidar aterrizaría en El Aaiún y la llevarían a su casa. Pero nada de eso sucedió. Hoy la activista entra en su tercera semana en huelga de hambre en el aeropuerto de Arrecife (Lanzarote) y, pese a los intentos de la Delegación de Gobierno de Canarias, se niega a recibir atención sanitaria. Una ambulancia medicalizada llegó ayer al aeropuerto para atenderla.

Haidar pidió a la comunidad internacional protección en El Aaiún para sus hijos, Hayat y Mohamed, de 15 y 13 años, ante la agresión permanente que están recibiendo por la Policía marroquí.

A tres periodistas españoles se les ha prohibido tener contacto con la familia de Haidar, argumentando que los hijos no tienen autorización para hablar con extranjeros y menos si son periodistas. Su casa está vigilada por las fuerzas policiales. Perdida la confianza en que Marruecos acepte su entrada, su hermana Leila Haidar instó ayer a que «el Gobierno español se esfuerce para que Aminatu regrese con sus hijos», según informa Efe.

Por otra parte, el PP, según anunció ayer el diputado Ignacio Cosidó, pedirá la comparecencia en el Congreso de Francisco Velázquez, director general de la Policía y de la Guardia Civil, para que explique el cese del inspector que, el viernes, se negó a aceptar que entrase de nuevo ilegalmente Aminatu en territorio español

A FONDO: La última pirueta del juez estrella

A FONDO
La última pirueta del juez estrella


Nuestro juez estrella global, el hombre que investigó los GAL, que procesó a Pinochet, que ilegalizó Batasuna, el que quiso empurar a los peritos del 11-M, el que pretendió iniciar una causa general contra el franquismo y el que tiene en vilo al PP y al PSC por asuntos de corrupción, podría dejar en breve la Audiencia Nacional.

Cansado, después de más de 20 años al frente de su juzgado y acosado por una querella que puede acabar con su carrera, aspira ahora a un cargo multinacional para el que necesita el respaldo del Gobierno.

Garzón no sólo es el juez español más famoso, sino el más polémico, el que despierta adhesiones y odios más apasionados. Su particular forma de instruir le ha hecho célebre entre sus colegas, que, mayoritariamente, le consideran un «pésimo juez».

Las dos causas con dimensión política que sigue en paralelo, Gürtel y Pretoria, son una muestra de esa peculiar forma de investigar, que consiste en iniciar sumarios que nunca cierra del todo y del que cuelga piezas separadas que aparecen en momentos muy concretos.

Para entender lo que ha sucedido en esos dos casos hay que situarse en el paraíso fiscal de Jersey, más concretamente en la oficina del BBVA Privanza. Durante muchos años, aquella oficina fue un lugar seguro. Pero allí se registraban algo más que cuentas opacas. El presidente del Banco de Vizcaya, Pedro Toledo, fallecido hace ahora 20 años, fue el primero en utilizar Jersey como un basurero de lujo.

En 1987, KIO llegó a tener algo más del 8% del capital del Vizcaya. El entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, autorizó a Toledo la recompra de esas acciones, que llevó a cabo el banco suizo UBS. Lo hizo a través de cuatro sociedades con cuentas en Jersey.

Desde entonces, esa oficina funcionó como un banco paralelo. Desde allí, el BBV pagó dinero a Hugo Chávez o a Fujimori. En esa oficina se domiciliaron los 22 planes de pensiones secretos de Alico de los consejeros del BBV, que afloraron tras la fusión con Argentaria en 2002 y que provocaron una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Pero también allí se habían domiciliado pagos de las comisiones del AVE o de la Expo 92, cobradas por el PSOE. Era Garzón quien investigaba ese caso.

Por ello, el juez de la Audiencia Nacional se hizo cargo de la instrucción del conocido caso de las cuentas secretas del BBVA. El director de la oficina de Jersey cantó de plano y no sólo aportó los datos correspondientes a las cuentas de los consejeros del BBV, sino que proporcionó al juez la extensa lista de los clientes VIP de aquella valiosa sucursal. En total, 600 cuentas con un saldo conjunto de 420 millones de euros.

El BBVA Privanza Jersey se convirtió así en una mina inagotable para Garzón. La investigación no sólo puso de relieve su funcionamiento como banco paralelo, sino como caudaloso recipiente para el reciclado de dinero negro. Uno de los primeros filones de aquel yacimiento fue la llamada Operación Suéter, llevada a cabo a finales de 2006, y que sacó a la luz irregularidades fiscales realizadas desde el Banco Espíritu Santo, la sociedad Cartera Meridional, la aseguradora Cahispa y que también provocó la imputación del propietario de Burberrys España, Eugenio Mora. En esa misma investigación, desgajada del sumario original, se localizaron dos despachos de abogados: G. Petrus (Barcelona) y De Miguel & Abogados (Madrid).

Cuando en 2008 el ex concejal de Majadahonda José Peñas denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la trama de Correa, no sólo habló de cobro de comisiones y delito fiscal, sino de blanqueo de dinero, lo que elevó el caso a la Audiencia Nacional. ¿A qué abogado le había encargado Correa el entramado societario encaminado a eludir los controles de Hacienda? A Luis de Miguel. Y ahí se abrió el segundo gran filón para Garzón proveniente de las cuentas del BBVA Privanza de Jersey. Pero esta vez con un añadido relevante: su dimensión política. No sólo se trataba de investigar los posibles delitos de Correa y su grupo de empresas, sino de averiguar si altos cargos del PP habían participado o se habían beneficiado de sus negocios.

El partido de Rajoy ha vivido desde el pasado mes de febrero momentos de zozobra a cuenta de ese sumario, que se ha llevado por delante al tesorero Luis Bárcenas y que tiene pendiente del Supremo la posible imputación del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

El pasado mes de octubre Garzón comenzó a explotar el tercer gran filón, que tenía su veta en el despacho Petrus: la Operación Pretoria. La investigación ha puesto al descubierto una trama de corrupción urbanística en Santa Coloma y en otros pueblos de Barcelona, que ha llevado al procesamiento de miembros relevantes del PSC (Bartomeu Muñoz, Luis García Sáez), de CiU (Macià Alavedra y Lluís Prenafeta), y al gerente del Instituto Catalán del Suelo (Emili Mas), entre otros.

Así que tenemos al juez estrella de la Audiencia Nacional con dos investigaciones abiertas que afectan de forma directa a los tres principales partidos con representación parlamentaria: PSOE, PP y CiU.

Por primera vez en muchos años, en el PSOE, que ha defendido a capa y espada a Garzón contra los ataques recibidos por parte del PP y por amplios sectores de la judicatura, ahora empiezan a oírse voces críticas.

¿Qué busca Garzón?, se preguntan. Como si la Operación Petrus tuviera un fin político, encaminado a lograr un objetivo particular. En el horizonte del juez hay un asunto de enorme trascendencia. La querella por prevaricación admitida a trámite por el Supremo por la llamada causa general contra el franquismo. Garzón podría ser suspendido si el Supremo le condena por ese grave delito.

El juez lleva tiempo comentando a sus íntimos su deseo de abandonar la Audiencia. Su sueño sería convertirse en juez de enlace para América Latina. Un cargo de nueva creación que colmaría sus aspiraciones. Ahora hay tres jueces de enlace: uno con Marruecos, otro con Italia y otro con Francia. El Gobierno le ha hecho abrigar esperanzas. Sin embargo, a algunos países latinoamericanos no les hace gracia la idea de tener a Garzón revoloteando sobre sus asuntos penales. Según fuentes solventes, las gestiones del Gobierno podrían vencer esas justificadas suspicacias. Algunos de sus compañeros ven en su nuevo cargo la culminación de sus aspiraciones. Otros, una simple huida hacia adelante.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

GORILA ROJO Y SUS CHIMPANCÉS COLORAOS: Gorila celebra la victoria de su chimpancé Evo, mientras llora al extinguido chimpancé hondureño

ELECCIONES PRESIDENCIALES
Chávez alaba la «pureza» de Evo


La Paz

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró ayer que «todo indica» que su homólogo boliviano Evo Morales ganará de forma «aplastante» un nuevo mandato en las elecciones que se celebraron ayer en el país andino. «!Evo, dale compadre! ¡Viva Evo, viva Bolivia!», dijo el mandatario. «El pueblo boliviano está desplegado y al frente está el jefe indio, su líder», indicó el jefe de Estado venezolano en su programa de radio y televisión 'Aló presidente'.

Chávez dijo que intentó hablar por teléfono con Morales en la mañana de ayer, pero que no pudo hacerlo porque el presidente boliviano ya estaba votando, informa la agencia Efe. «Él vota en El Chapare, con su gente. Evo es un hombre puro, Dios lo cuide porque le odian, nos odian, por indio, por negro», señaló el líder bolivariano.

El triunfo de Morales es esperado por Chávez y otros líderes izquierdistas latinoamericanos, que de ese modo se aliviarían tras la derrota política que sufrieron hace una semana en Honduras, donde no lograron impedir que el Gobierno 'de facto' de Roberto Micheletti llevara adelante sus cuestionadas elecciones generales.

Sin embargo, aunque es un declarado admirador de Chávez y de la Revolución cubana liderada por Fidel Castro, Morales también ha dado señales de que su política puede ser menos radical y más pragmática. De hecho, el presidente boliviano aseguró recientemente que el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva es «el mejor presidente de Latinoamérica» y «un ejemplo que hemos de seguir».

ELECCIONES PRESIDENCIALES / El futuro de Bolivia
Evo Morales ya planea su próxima reelección

Insinúa, al conocer su victoria por el 60% de los votos, que volverá a presentarse en 2015

RAMY WURGAFT. ENVIADO ESPECIAL

La Paz

En una jornada sin sobresaltos y con altos índices de participación, los bolivianos volvieron a depositar su confianza en Evo Morales. El presidente en funciones fue reelegido para un segundo mandato, por un margen cercano al 60% de los votos, según la encuesta a pie de urna, de la red televisiva PAT.

Su principal adversario, el derechista Manfred Reyes Villa obtuvo un poco más del 25% del sufragio y Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN) quedó en tercer lugar con cerca del 10% de la votación.

Pese a su holgada victoria a nivel nacional, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) no logró unir a los bolivianos bajo una sola bandera. En tres de las nueve provincias en que se divide el país, los ciudadanos dieron su voto a los candidatos de la oposición. Aquellas son las provincias de Beni, de Pando y de Santa Cruz, donde se concentran los principales recursos naturales de Bolivia, como el gas natural y el petróleo. Morales acrecentó su votación en las provincias de La Paz, de Potosí y de Oruro, donde la mayoría de la población es indígena o mestiza.

«El panorama sigue siendo el mismo que cuando Evo llegó por primera vez a la presidencia en 2005. Existen dos Bolivias: la de las regiones pobres del occidente y la de las prósperas comarcas del oriente y del sur del país», observó Roberto Palacios, politólogo de la Universidad de Sucre.

Pocas horas antes de conocerse los primeros resultados, Evo Morales advirtió de que no será tolerante con los grupos que a su juicio, incitan a la violencia y a la ingobernabilidad. «Hemos tenido mucha paciencia pero eso se agota cuando ciertos prefectos (gobernadores) buscan la forma de iniciar una guerra civil». Morales se refería al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, a quien el gobierno vincula con un grupo terrorista, formado por extranjeros, que habría recibido apoyo logístico y dinero de los dirigentes y empresarios de esa provincia del sureste.

El mandatario indígena sorprendió a todo el mundo cuando confesó que no descarta la idea de presentarse nuevamente (por tercera vez) como candidato presidencial, en 2015. En las negociaciones que mantuvo con la oposición, a finales del 2008, Morales prometió a sus adversarios que sólo por esta vez se postularía a la reelección, y que el próximo candidato oficialista sería elegido por la asamblea de su partido, Movimiento Al Socialismo (MAS).

El ex dirigente cocalero justificó la idea que comienza a rondar por su cabeza, con una alambicada interpretación de las leyes bolivianas. «Estas elecciones (las de ayer) han sido convocadas en base a la nueva Constitución. Eso significa que esta es mi primera candidatura y que dentro de cinco años podría pensar en la reelección. Pero eso va a depender de lo que decidan los compañeros del MAS y las organizaciones sociales», explicó Morales.

El candidato del oficialismo no había completado su anuncio, cuando sus adversarios comenzaron a citar a la prensa a sus bunker. Manfred Reyes Villa, de Plan Progreso para Bolivia (PPB) dijo que las declaraciones de Morales confirman lo que él venía advirtiendo desde hace años. «Sabíamos que en el algún momento a Evo se le caería la máscara y aparecería tal como es: el típico político con vocación de dictador con el que estamos familiarizados los bolivianos. Suerte que la verdad salió a relucir cuando los ciudadanos todavía están a tiempo de considerar su voto», expresó el ex capitán de Ejército.

Samuel Doria Medina, candidato de Unidad Nacional (UN) se mostró sorprendido de que un político con las habilidades de Morales, cometiera semejante desacierto cuando la mitad de los ciudadanos aún no habían depositado su voto. «Ahora ya saben que Morales no es más que la versión boliviana de Hugo Chávez: un individuo que manipula las leyes para perpetuarse en el poder», afirmó el empresario de la construcción.

Roberto Choquehuanca, uno de los dirigentes de la campaña oficialista, salió al paso de esas acusaciones, alegando que la prensa había puesto fuera de contexto las declaraciones de su jefe. «Evo no quiso decir que la postulación para el 2015 es una decisión que haya tomado. Nada más expresó que esa posibilidad está abierta», explicó Choquehuanca.

Mientras que Bolivia se convertía en un hervidero de rumores, el protagonista de tanto revuelo, disputaba un partido de fútbol - su «antídoto» contra el estrés- con sus ex camaradas del Sindicato de Campesinos Cocaleros (SCC) de Chaparé, la región donde le correspondía votar.

En vísperas de la jornada electoral, el vicepresidente Álvaro García Linera, que también se postula a un segundo período junto a Morales, vaticinó que los partidos tradicionales de la oposición «se vendrán abajo como los árboles que se desploman por estar podridos por dentro».

El ex líder del Ejército Guerrillero Túpac Katari, que en 1986 fue atrapado cuando dinamitaba torres del tendido eléctrico, consideró que «los viejos partidos cavaron su propia fosa al adoptar el terrorismo como último recurso para defender los intereses de la oligarquía».

En algunas regiones de la periferia se registraron incidentes. En Pando, cerca de un centenar de personas pidió la liberación de Leopoldo Fernández, ex gobernador de esa provincia norteña, que fue recluido hace un año como presunto autor intelectual de la masacre de decenas de campesinos, a mediados del 2008

«Por fin los emigrantes no sólo valemos para enviar dinero»

Los bolivianos residentes en España votan por primera vez en unos comicios

AIRE PARDO. ESPECIAL PARA EL MUNDO

Madrid

Eulalio viaja solo en un tren de Cercanías. Son las 11:00 horas y es domingo. Hace ya ocho años que abandonó Cochabamba para venir a trabajar a España. Es un hombre mayor y se le ve cansado, pero se dirige al Centro Cultural de Orcasur en Madrid para ejercer -por vez primera fuera de Bolivia- su derecho al voto.

«¿A quién voy a votar? ¡A Evo!», responde sorprendido ante la supuesta obviedad de la pregunta. «Él ha hecho cosas que jamás nadie hizo, como instaurar la jubilación para los ancianos o las ayudas para que los niños vayan a la escuela», afirma este albañil en paro. Como Eulalio, unos 18.000 bolivianos se acercaron ayer a los dos centros de votación habilitados en el distrito madrileño de Usera. Alrededor de 30.000 hicieron lo propio en Barcelona y Valencia.

«Por fin el emigrante valdrá para algo más que para mandar dinero», se oye decir a algunos hombres. En la estación de tren de Orcasitas, centenares de personas preguntan por el centro cultural más buscado de la ciudad. «Sigan el paseo de chopos», dicen los vecinos una y otra vez. Y al final de una ancha acera cubierta de hojas, empieza la multitud.

Miles de bolivianos serpentean en un descampado. «Yo apuesto por el cambio, por eso votaré a Manfred Reyes Villa», afirma Rosa, una joven de 27 años. «Si Evo fuera un político que de verdad apoyara a los pobres, yo no estaría en España», sentencia. Rosa llegó de La Paz hace siete años y trabaja como asistenta interina en Madrid. Está convencida de que el líder indigenista está siendo «manipulado por Castro y Chávez», y tiene miedo a que su país «encierre» a la gente. «No quiero que Bolivia se convierta en la próxima Cuba», dice preocupada.

Alrededor del centro cultural las interminables filas avanzan a paso de hormiga. Un grupo de niños juega a la pelota en una cancha adyacente; las madres esperan con los carritos de sus hijos y todos utilizan el móvil para saber en qué oculto tramo de la cola están sus familiares y amigos. «¿No sabes que Evo Morales pagó los autobuses que vienen desde Granada y Sevilla? ¿Y que pasan sin hacer cola? Lo mismo ocurrió en las inscripciones», denuncia María, una cruceña de 51 años. «Morales no ha hecho una campaña electoral limpia, como tampoco lo ha sido su mandato».

Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, de los 200.500 bolivianos que residen en España, 50.000 se inscribieron en el Registro Electoral Biométrico, una especie de padrón que se ha realizado tanto fuera como dentro del país andino. Un registro que ha provocado cierta polémica, pues para algunos ha sido manipulado por el Gobierno.

«Es un argumento comprensible, teniendo en cuenta el contexto actual», explica Álvaro Will Ibáñez, abogado y uno de los coordinadores de la jornada electoral. «Los conflictos económicos que existen entre los empresarios y el Estado han alcanzado una dimensión social e incluso étnica. Y ahora que estamos en elecciones no es de extrañar que se ataque a cualquier cosa. Sin embargo, es imposible que el registro esté alterado. Además, ha supuesto un gran avance estadístico para el país. Y no hay que olvidar que la Corte Nacional Electoral de Bolivia es un órgano apolítico», dictamina el coordinador.

Entre salteñas callejeras (empanada andina de pollo) a euro y medio, y refrescos, los votantes acceden con lentitud y algarabía al interior del recinto. Medio centenar de mesas electorales -más otras 26 instaladas en otro centro- acogen a los votantes. Y aunque hay quejas por la «deficiente organización», muchos opinan que ahora «el emigrante boliviano afianza su derecho de pertenencia a su país».

Pocos incidentes y «gran participación»

El presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), Antonio Costas, destacó ayer la «gran participación» y la «gran presencia» de los ciudadanos en la jornada de votación, tanto en su país como en el exterior, donde los emigrantes pudieron votar por primera vez. Así, los bolivianos acudieron a las urnas en Brasil, Estados Unidos o España, informa Efe. Costas reconoció que en Argentina se presentaron algunos problemas por la falta de recintos electorales, lo que obligó a que varias mesas de votación se fusionaran para salir del apuro. También en el país andino se registraron algunos incidentes por problemas de logística en el reparto del material electoral. El mayor conflicto se produjo en la ciudad de Oruro, cuando una vocal de la Corte Departamental Electoral fue retenida varias horas por los ciudadanos, que protestaban porque en su recinto de votación no existía la documentación que les permita votar. El problema fue solucionado cerca del mediodía.