DESAFÍO NACIONALISTA / Las presiones políticas
El Presidente del Parlamento de Cataluña llama a una marcha preventiva contra el Tribunal Constitucional
Carod-Rovira replica las críticas al editorial pidiendo que «sea delito» las críticas en relación con Cataluña
LEONOR MAYOR
Barcelona 
¿Qué se puede hacer para evitar que la sentencia del Constitucional recorte el Estatut? La pregunta planea sobre la política catalana desde hace tres años, cuando el PP recurrió el texto estatutario. Y una respuesta se repite de forma recurrente: una manifestación preventiva. No cuajó en verano cuando la planteó el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, porque a la ciudadanía le preocupaba demasiado la crisis para lanzarse a la calle por el Estatut. Pero el presidente del Parlament, el republicano Ernest Benach, resucitó ayer la idea advirtiendo de que una manifestación previa a la sentencia «no debe descartarse nunca». «Si primero sentamos la base de que Cataluña responde unitariamente, partidos, medios y ciudadanía, y nos organizamos de manera adecuada, racional, como siempre hemos hecho en Cataluña, justamente porque tenemos la razón, creo que tenemos la batalla ganada», razonó Benach.
El presidente de la Cámara catalana habló animado por el hecho de que 12 diarios catalanes hayan publicado el mismo editorial, La dignidad de Cataluña, exigiendo al Constitucional que no recorte el Estatut, y por la repercusión que esta publicación ha tenido en la sociedad catalana. Sindicatos, patronales, colegios profesionales, emisoras de radio, ayuntamientos y clubes deportivos, como el Barça, se han sumado a la iniciativa, que en dos días ha logrado más de 10.000 adhesiones en un grupo de Facebook.
Pero todos estos apoyos no van a hacer que los políticos catalanes pierdan la cabeza. La serenidad, tras la resaca del editorial, volvió ayer a las sedes de los partidos. «No somos partidarios de convocar ninguna manifestación. Esperaremos a la sentencia y esperamos que sea positiva, porque el Estatut es constitucional», explicó ayer a este diario el portavoz del PSC, Miquel Iceta.
Los socialistas catalanes se mantienen en la tesis que vienen sosteniendo desde hace tres años: «No hay que abrir un problema antes de que se produzca», afirma Iceta. Ése es justo el mensaje de calma que José Montilla intenta trasladar a la ciudadanía desde un primer momento. El presidente de la Generalitat prevé convocar a los líderes de todos los grupos parlamentarios una vez se publique la sentencia, pero no tiene intención de mover ni una pestaña antes de que se conozca el fallo.
Tampoco en Esquerra, el partido de Benach, apuestan por la manifestación preventiva. La dirección de la formación independentista ya desarticuló el pasado verano una propuesta de Carod en ese sentido. Los republicanos insisten en que su estrategia pasa por las urnas, o sea, por los referendos secesionistas que han convocado para el fin de semana del 12 y el 13 de diciembre en diversas localidades catalanas, aunque éstos carezcan de valor jurídico. «Cuanta más gente vaya a votar, mejor. Ésa es nuestra respuesta», afirman.
Mas tajante es el candidato de ICV-EUiA a la Generalitat, Joan Herrera. «No. No estamos por convocar manifestaciones preventivas», explicó ayer a este rotativo. Herrera considera «positivo» y suscribe el editorial conjunto de la prensa catalana. Insiste en que su partido considera que el Tribunal Constitucional debería «dimitir en bloque». Y recuerda que los ecosocialistas tienen un plan B, reformar la Constitución si hay recortes estatutarios, pues eso supondría «una lectura restrictiva del pacto constitucional». Aun así, el líder ecosocialista se muestra esperanzado en que no se llegará a ese extremo.
Mucho más tímida fue la reacción de CiU. Los nacionalistas no quisieron pronunciarse sobre si es o no oportuno invitar a los catalanes a salir a la calle. El partido que lidera Artur Mas se remitió a una carta, que hizo pública ayer, pero que fue enviada por Mas a Montilla el jueves. En la misiva, el dirigente convergente pide por enésima vez al presidente catalán que lidere una respuesta unitaria contra la futura sentencia, ya que «resulta cada día más urgente poder definir una estrategia con el máximo consenso posible». Por enésima vez también, Montilla dio calabazas a Mas, pues su idea consiste en esperar y no liarla antes de conocer el contenido del fallo.
De entre todas las medidas propuestas por los políticos catalanes en relación a esta polémica, la más llamativa es la del vicepresidente, Josep Lluís Carod-Rovira, quien reclamó ayer que el Código Penal incorpore un nuevo tipo delictivo: la utilización del lenguaje «fascista y racista» que, en su opinión, han usado algunos medios de comunicación de Madrid para responder al editorial conjunto de la prensa catalana.
«Esto tendría que ser delito si el marco de convivencia se basa en el respeto absoluto a la pluralidad de naciones, culturas y lenguas del Estado español», aseguró Carod, según informa Efe. Este diario no logró ayer contactar con Carod para que concretara cuáles son las declaraciones «directamente fascistas y racistas en relación a Cataluña» a las que hizo referencia ayer durante una visita a Figueras, para luego avisar de que Cataluña podría estar a punto de despedirse de España.
Lérida se adhiere al editorial unitario >El Ayuntamiento de Lérida aprobó ayer una declaración institucional de apoyo al editorial conjunto. La aprobación contó con los votos favorables de todos los partidos políticos del consistorio a excepción del PP, que se abstuvo.
>Pese a la insistencia de CiU, el PSC rehusó que el Ayuntamiento de Barcelona se sumara a las adhesiones, si bien el alcalde Jordi Hereu sí apoyó personalmente la iniciativa
DESAFÍO NACIONALISTA / Las presiones políticas
Severa crítica de la Fape al editorial
«Se quiere convertir a los medios de comunicación en agentes de la política»
Madrid
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape), que agrupa a 48 organizaciones con 15.500 miembros en toda la Península, lanzó ayer una severa crítica al editorial en defensa del Estatut secundado por 12 periódicos y otros medios de comunicación catalanes.
En declaraciones enviadas a varios medios, la presidenta de la Fape, Magis Iglesias, manifestó que el editorial tiene «una evidente intención de echar un pulso al Tribunal Constitucional», que continúa deliberando sobre el recurso presentado por el PP contra el Estatuto catalán.
Para Iglesias, con su «iniciativa insólita», los periódicos catalanes pretenden «hacer una demostración de fuerza» ante la posibilidad de que el texto del Estatuto sea recortado, y «se quiere convertir» así «a los medios de comunicación en agentes de la política».
Esta práctica no es aceptada de ninguna manera por la Fape, cuya presidenta recordó que la federación «defiende el pluralismo informativo como un valor de democracias actuales como la nuestra». En este sentido, la decisión de publicar un texto idéntico en diversos medios de comunicación sólo tiene justificación, según la Fape, cuando la vida de una persona o la libertad están en peligro. Y éste, desde luego, «no es el caso».
Magis Iglesias no dudó en hacer un poco de memoria histórica, recordando que «ni siquiera durante las tensas horas que precedieron a la muerte de Miguel Ángel Blanco», el 12 de julio de 1997, ni durante el golpe de Estado del 23-F, «los medios españoles actuaron así». Y se entiende que entonces sí que estaban en peligro la vida de una persona o la libertad de todo un país.
Este editorial, sin embargo, es para la Fape «una evidente intención de echar un pulso al Tribunal». Prueba de ello es que «este gesto ha tenido lugar antes de conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional», y no después.
Magis Iglesias finalizó sus declaraciones mostrando su preocupación por que la difusión del editorial, y su gran repercusión, lleve a comparar y a poner al mismo nivel «el espacio del periodismo con el ejercicio de la política»
DESAFÍO NACIONALISTA / El debate sobre el TC
El Gobierno anuncia una reunión con Rajoy de la que el PP no sabe nada
La vicepresidenta dice que «seguramente» Zapatero «abordará» la renovación pendiente del Tribunal Constitucional en la cita que tendría lugar en diciembre
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / J. M. BLANCO
Madrid / Salamanca
El Gobierno anunció ayer una reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, a cuenta de la renovación del Tribunal Constitucional de la que el PP no sabe nada. Así lo aseguraron fuentes del principal partido de la oposición al conocer que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, declaró en la rueda posterior al Consejo de Ministros que la renovación del alto tribunal «se abordará seguramente» en la reunión que ambos dirigentes políticos mantendrían el próximo mes de diciembre.
La número dos del Ejecutivo, abogó por «aparcar ese cierto alarmismo que parece que se está transmitiendo» en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional, pidió «calma y sosiego» y dijo no tener «ninguna duda» de que la decisión del tribunal será «razonada y razonable», según informa Europa Press.
A las pocas horas de esta declaración, Génova aseguraba que Rajoy no había recibido noticias de tal reunión, a la que, por otra parte, no tendría inconveniente en acudir. Más aún, el PP dudaba de que el anuncio responda a un plan deliberado del Ejecutivo y apostaba más bien por una «ocurrencia» improvisada para salir al paso de la presión mediática generada en los últimos días por las declaraciones de políticos y diarios catalanes.
De hecho, los populares descartaban ayer un cambio de estrategia por parte del Ejecutivo para propiciar, ahora, una renovación del órgano que, según afirman, él mismo contribuyó a paralizar. Y es que la renovación del Tribunal Constitucional naufragó con la reforma de la ley orgánica que regula su funcionamiento y que no sólo prolongó el mandato de su presidenta, María Emilia Casas -elegida por el PSOE- sino que cambió el sistema de designación de algunos de sus miembros, antes elegidos por el Senado y ahora por las cámaras autonómicas.
El PP recurrió la ley orgánica ante el propio TC, en tanto desplegaba una estrategia que abortó los planes del Ejecutivo en su puesta en vigor. Y es que al Gobierno no le gustó nada que todas las asambleas autonómicas con mayoría del PP eligieran de manera concertada a los mismos candidatos: los magistrados Francisco Hernando y Enrique López.
Aseguran en la calle Génova que Rajoy no ha vuelto a hablar con Zapatero de la renovación del Constitucional desde aquellos comienzos de legislatura, cuando de su única cumbre bilateral en La Moncloa, en julio de 2008, quedó zanjada la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el acuerdo para algunas reformas de la administración de Justicia.
Ajeno, en cualquier caso, al anuncio del Ejecutivo, Rajoy arremetió ayer contra Zapatero en relación con las «falsas expectativas» trasladadas a los catalanes en torno al Estatut. En un acto celebrado en Salamanca, el presidente del PP culpó a Zapatero de fomentar «divisiones» entre los españoles. «Un gobernante», dijo, «debe actuar con sensatez, sentido común y mesura», y «si no, puede pasar lo que a todos ahora».
Tras acusarle de «frivolidad» y de ejercer una forma de gobernar «de chiste», Rajoy advirtió, en relación a la Constitución y el Estatut, que «todos los que estamos aquí estamos bajo el imperio de ley y por encima de la ley no hay nadie, ni el jefe del Estado, ni el presidente del Gobierno ni los presidentes de los parlamentos, nadie».
En la misma línea, Rajoy solemnizó sobre sus propias promesas de Gobierno: «No haré tonterías, que es lo más importante que se puede decir hoy en España. Me dedicaré en cuerpo y alma a la tarea e intentaré acertar, pero tonterías no haré»
En clave interna, Rajoy señaló que el PP pasó por momentos de «dificultad» pero que los dejó atrás demostrando «capacidad de superación», lo que es un «aval para hacer lo más difícil, que es lo que vamos a hacer pronto, por necesario y urgente: gobernar en España».
DESAFÍO NACIONALISTA / La expansión del soberanismo
Consultas independentistas en las Baleares del PSOE
Uno de los socios del socialista Antich reivindica la «autodeterminación»
DANIEL ÁLVAREZ
Palma
Uno de los socios del PSOE en el pacto que gobierna las principales instituciones de Baleares, el Partit Socialista de Mallorca (PSM), pretende promover consultas independentistas en los ayuntamientos del archipiélago a través de una nueva plataforma por el «derecho a decidir», que aboga por la defensa de la «autodeterminación» y por reforzar la colaboración con otros pueblos de los denominados Països Catalans.
«Los pueblos tienen derecho a decidir sobre su presente y su futuro sin tutelas ni coacciones», reza un manifiesto elaborado por esta formación, que también reclama en el escrito «los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera como una nacionalidad histórica integrante de la cultura catalana y europea». Además, pide al Gobierno balear, es decir, a sus socios del PSOE y Unió Mallorquina, la elaboración de un proyecto de ley para regular las consultas populares.
No es la primera vez que una de las fuerzas políticas del pacto que sostiene al socialista Francesc Antich al frente del Gobierno balear muestra su intención de organizar una consulta independentista en Baleares, puesto que también ERC -miembro, junto al PSM, Esquerra Unida y Els Verds, de la coalición del Bloc- se ha marcado el objetivo de trasladar a las Islas la campaña iniciada en Cataluña con la consulta de Arenys de Munt a mediados de septiembre. De hecho, esta iniciativa del PSM de lanzar su propia campaña -una versión a escala reducida de la plataforma decidim.cat- se enmarca en la pugna que mantiene con ERC por hacerse con el voto nacionalista, salpicada por el enfrentamiento que impidió al PSM presentarse a las pasadas elecciones europeas y que refleja las dificultades de reeditar el Bloc en las elecciones de 2011.
La escasa representación de la sucursal balear de Esquerra -apenas nueve concejales en Baleares, sumando tres independientes- frustraba en todo caso sus opciones de que prosperase la convocatoria de este tipo de iniciativas en un ayuntamiento. El PSM, sin dejar de ser también un partido minoritario -entre todos los partidos del Bloc se quedaron en 40.000 votos las pasadas elecciones autonómicas-, cuenta en cambio con 60 ediles y ocupa la alcaldía en seis municipios, aunque sólo en uno gobierna con mayoría absoluta. Es Petra (Mallorca), el posible escenario de la primera consulta soberanista en Baleares. También en Santa María, donde gobierna bajo las siglas de un grupo independiente. Otro panorama menos propicio para sus intereses se presenta en Campanet y Esporles (Mallorca) y en los menorquines de Es Mercadal y Ferreries, pues en todos ellos gobierna con el PSOE.
El manifiesto pretende obtener el respaldo de ERC, está abierto a las adhesiones de otros partidos, «incluidos el PSOE y el PP», según sus impulsores, y de momento sólo es un primer paso antes de promover las consultas populares. La idea es que los cargos electos municipales del PSM presenten mociones en los ayuntamientos a favor de las consultas, si bien la organización se realizaría a través de colectivos o entidades civiles, como ocurrió en Cataluña en el caso de Arenys. Aún nadie se atreve a vaticinar cuándo se podría celebrar la primera consulta ni tampoco cuál sería la pregunta.
Con todo, los planes del PSM obtuvieron ayer una primera respuesta negativa del Gobierno balear. Su portavoz, Joana Barceló (PSOE), aclaró que el Ejecutivo autonómico «no es partidario de que se plantee este tipo de consultas que no tienen una efectividad real», aunque entiende que «deben hacerse en el marco de acción de cada partido».
Manifiesto por el 'derecho a decidir'
>El PSM reclama «los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, como nacionalidad histórica integrante de la cultura catalana y europea», y reivindica su «derecho a la autodeterminación».
>Con esta campaña, pretende liderar en Baleares un movimiento en favor del «derecho a decidir su futuro» y avanzar en este objetivo «en colaboración con otros pueblos de los 'Països Catalans'».
>Este partido minoritario forma parte de una coalición con ERC, Esquerra Unida y Verds -aliada del PSOE en el Gobierno balear-, y ocupa seis alcaldías, aunque sólo gobierna con mayoría absoluta en un municipio (Petra). En el resto, depende de pactos con el PSOE
EL CORREO CATALÁN:
El Notari y L'Emprenyat
ARCADI ESPADA
Querido J:
Te doy por enterado del editorial sobre la dignidad de Catalunya, tú que siempre has sido un gran lector del Diari de Sabadell. Así podemos pasar directamente al comentario. Previo pago de unas risas. Porque no me puedo quitar de la cabeza el dúo, tan castizo, que lo ha escrito mayormente. El señor notario. ¡Cómo me divierte ese hombre! Cada vez que lo leo, y lo hago siempre que puedo, veo un notario disfrazado de notario. ¡Qué sobredosis, chico! No es que el señor notario escriba. ¡Quia!, escribir como un mero pobre hombre... El notario escritura. Cada palabra, una fita. Fita es vernáculo de mojón. Donde moja el florón nuestro patricio. Pero es que, además, fita es hito, objetivo anhelado. Desde que se puso en notaire à penser, nuestro hombre lleva un lío tremebundo de fites en la cabeza. Hoy organiza España y mañana, el Garraf; ayer clama por la federación y luego, por la reunión; por las islas Reunión, digo. Hoy nieva, mañana llueve. A quien vaya pagando le voy yo escriturando. Fiiiiiitas, fiiiiiitas, fiiiiiiitas... El vuelo gallináceo del notari.
Su compañero no tiene menos gracia. Visto el que técnicamente ocupa el sillón de Gaziel, ha decidido ser Gaziel. Una decisión plenamente unilateral. No es raro. El periodista es un hombre propenso. Hace unos años puso en marcha la teoría del «català emprenyat». Parecía conocerlo bien. Pero lo cierto es que el animalito no aparecía por parte alguna. Era tan invisible como L'home dels nasos, ése que tiene una sola nariz, que aparece en Cataluña cada 31 de diciembre y que es una metáfora bastante exacta y profunda del delirante pavoneo local. Pero él siguió, como es lógico, pues no tiene otra posibilidad la alienación. Siguió hasta aquellas memorables elecciones en que el català emprenyat (como reflexionaba el pensador Oriol Trillas, sobre todo célebre por la coda invariable de sus meditaciones «Merda de país petit!») le dio su voto masivo a Montilla, después de los desastres del aeropuerto, el AVE y el Carmel. La carraquilla calló por una temporada. Hasta que hace unas semanas dio un paso al frente y tomó la drástica decisión. Es cierto que la primera versión del editorial cejijunto empezaba diciendo: «Catalunya está empreñada, porque la ponen a parir...» Pero no hubo manera de que el notario entendiera el juego de palabras.
Un editorial es una pieza de sinécdoque delicada. Lo escribe uno en nombre de todos, siendo uno el honrado amanuense y todos, el director del periódico. Que un editorial pretenda representar a la comunidad de un periódico es un atrevimiento intelectual y moral considerable. Que pretenda representar a 12 añade poca cosa al caso: los 12 cobran de la misma caja B moral y técnica. Ahora bien: que el editorial tome el nombre de Catalunya sólo es posible si uno se atiene a la hechura gigantesca del Notari y l'Emprenyat. Pocos se atreverían a hablar en nombre de la dignidad de Catalunya. No ya de Catalunya, que eso está al alcance de cualquiera; sino de su dignidad. Y no, me adelanto, querido amigo: no me valdrá que digas que hablan en nombre de CataluNYa, ese New York o más. Tú y yo sabemos que, escribiendo en castellano, eso no es lo mismo que Cataluña. Pero ellos no. Ellos no distinguen.
Sobre la dignidad, en general y hablando en plata, tengo una lección que darles. ¡A ver si voy a ser el único español que se va a prohibir una pedagogía! La da uno de los mayores filósofos de nuestro tiempo: «La dignidad es moralmente significativa: no debemos ignorar el fenómeno que hace que una persona respete los derechos e intereses de otra. Pero también explica por qué la dignidad es relativa, fungible y, a veces, dañina. La dignidad es superficial: es el chisporroteo, no el solomillo; la portada, no el libro. Lo que verdaderamente importa es el respeto por la persona, no las señales perceptivas que típicamente las provocan. De hecho, el hueco entre la percepción y la realidad nos hace vulnerables a las ilusiones de dignidad».
Pinker, claro. Lo escribió en The New Republic, a raíz de un informe sobre Dignidad y Bioética redactado por los asesores de George Bush, en un artículo titulado The Stupidity of Dignity que describía los problemas del concepto de dignidad. Me molesta mezclarlo en esto. Pero hay que ventilar la habitación.
Después de la publicación del cejijunto, los periódicos empezaron a buscar analogías. Es una digna obligación del periodismo. Pero a veces le pierden las formas. Es como la otra semana, cuando se empeñaron en buscar analogías de otros muros, confundiendo el ladrillo con el comunismo. Ahora sólo se han interesado por los editoriales conjuntos. Pero lo sustantivo no es el sudor, sino otra vez el comunismo. La grotesca evidencia de que 12 periódicos presionen y amenacen al Constitucional y a los ciudadanos, mediante la burda estrategia de convertir a Catalunya en la damisela ofendida. Esos periódicos han clamado cientos de veces por la necesidad de que se respete la independencia del Poder Judicial y han escrito docenas de editoriales contra los manejos políticos en torno a los jueces. Ahora incurren en lo que reprocharon con su voz tan hueca. Fuera de los sistemas totalitarios, donde los periódicos son el panfleto de los escuadrones, tal conducta no tiene precedentes ni analogías posibles.
Acabo por donde procede. Esa frase final del editorial («Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable»), y su evocación del movimiento fundacional nacionalista Solidaritat Catalana. Hay muchos lugares por donde cogerla. Por un lado, concreta el demente discurso de los que tratan de enfrentar la soberanía popular y la ley, como si en democracia la ley viniera de Dios. Aunque, por supuesto, el irracionalismo apenas puede ocultar la estrategia nacionalista de identificar la ley con España y la soberanía con Cataluña, y es una interesante audacia que don José Montilla la haya aplaudido. La evocación es, también, moralmente indigna, como cualquier otra que intentase comparar un régimen donde tribunales militares entendían sobre delitos de opinión (el asalto militar a un semanario catalán y la Ley de Jurisdicciones de 1906 están en el nacimiento de Solidaritat Catalana) con el actual régimen constitucional español.
Sin embargo, amigo mío, qué quieres. Ante este párrafo, me domina otra vez la risa de ver a nuestro unilateral gazielet firmemente convencido de que su papel de periódico puede salvar la patria amenazada. No es el más infeccioso de los anacronismos.
Pero sí es el más cruel.
Sigue con salud.
A
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EL GOBIERNO aprobó ayer un anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que es un compendio de iniciativas ya anunciadas, buenos deseos y medidas banales que apenas tendrán impacto sobre la actividad económica. Elena Salgado señaló que el objetivo de esta norma es cambiar el patrón de crecimiento económico a un plazo vista de 10 años. Ello suena a la práctica de Josep Borrell cuando era ministro de Obras Públicas y presentaba planes de inversiones para 25 años, de los cuales naturalmente nadie se acuerda hoy. 
Entrando en el análisis de las medidas, el anteproyecto carece de objetivos de creación de empleo y de crecimiento del PIB, por lo que será muy difícil evaluar su cumplimiento con un criterio objetivo. Inicialmente, el Gobierno contempla para financiar su plan la creación de dos fondos, dotados con un total de 20.000 millones de euros hasta finales de 2011, aportados por el ICO y la banca privada. 
Entre los planes del Gobierno figuran también la agilización en los trámites de creación de empresas, la reducción de las tasas administrativas y la reforma de la ley de contratos del Estado, temas que han estado en la agenda de todos los Ejecutivos en los últimos 30 años. 
