EDITORIALES: El uso de Sitel debe ser regulado por ley orgánica

EDITORIALES DEL DÍA
EL USO DE SITEL DEBE SER REGULADO POR LEY ORGÁNICA

LA SALA de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó anteayer un recurso de un narcotraficante que pedía la nulidad de las actuaciones alegando un uso abusivo del sistema Sitel. El fallo, sin embargo, reconocía que la regulación de las escuchas del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es «raquítica e insuficiente».

Hay ya cinco sentencias del Supremo que avalan la utilización de Sitel en casos concretos en los que el Alto Tribunal constata que se han grabado las conversaciones mediante orden judicial motivada y que la Policía no se ha extralimitado al conseguir las pruebas. Pero el Supremo no ha entrado en la necesidad de regular su uso mediante una ley orgánica.

Quien sí ha manifestado en reiteradas sentencias que el uso de Sitel debe ser regulado es el Tribunal de Estrasburgo, que ha recordado que sólo puede emplearse en la investigación de graves delitos y siempre con motivación y supervisión del juez. Estrasburgo ha recomendado también que el Parlamento español concrete la lista de delitos en los que puede ser empleado.

Por mucho que el ministro del Interior se canse de decir que Sitel se utiliza siempre con control judicial, parece evidente que al tratarse de un sistema que afecta a derechos fundamentales como la intimidad y la privacidad de las comunicaciones tiene que ser regulado mediante ley orgánica, como ha pedido el PP.

Así lo establece expresamente el artículo 81 de la Constitución, que señala que las leyes relativas al desarrollo de «derechos fundamentales y libertades públicas» deben ser orgánicas, es decir, aprobadas por mayoría absoluta en el Congreso. Ésta fue la voluntad del poder constituyente, que consideró que había que reforzar la protección de los derechos básicos.

Nadie niega que Sitel es un instrumento formidable para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico, pero sus inmensas posibilidades hacen también posibles graves abusos, sea por fallos en el control judicial o porque la Policía se extralimita. De ahí la necesidad de una ley que regule el uso de un sistema que no es ya de interceptación telefónica sino de vigilancia electrónica, con posibilidad de acceder a mensajes por móvil, correo electrónico, cuentas bancarias, ubicación del emisor y del receptor y muchos otros datos que van más allá de las tradicionales escuchas.

Uno de los problemas que plantea Sitel es lo que los juristas llaman «dominio del acto». El juez podía hasta hace poco tiempo controlar con relativa facilidad las escuchas telefónicas convencionales pero la complejidad de la grabación, almacenamiento y selección mediante Sitel requiere una cuidadosa regulación que evite los abusos. ¿Qué se hace, por ejemplo, con la información que se graba y no se destruye? ¿Quién la custodia y dónde? ¿Cómo se puede autentificar un documento original al tratarse de un procedimiento electrónico? ¿Existen garantías de que el material no se puede manipular?

En resumen, los enormes avances tecnológicos y las posibilidades que hoy tiene el poder de controlar la vida privada de los ciudadanos aconsejan una ley orgánica que no sólo regule Sitel sino también los límites que el Estado no puede traspasar en materia de comunicaciones. Esta cuestión va mucho más allá de los intereses partidistas y entra de lleno en la calidad de una democracia, por lo que PSOE y PP deberían hacer un esfuerzo para ponerse de acuerdo en la defensa de esos derechos fundamentales

EL GOBIERNO MUESTRA SU DEBILIDAD EN GIBRALTAR:
Del ultraje a la bandera a la simpleza de Moratinos

EL REINO UNIDO pidió ayer disculpas a España por las prácticas de tiro de la Royal Navy contra una boya con la bandera española en aguas frente a Gibraltar. Aunque el incidente se produjo el martes, el Gobierno sólo reaccionó ayer, convocando al embajador británico en nuestro país, después de que EL MUNDO hiciera públicos los hechos. Estamos ante un episodio grave, porque, además de suponer una nueva violación de nuestra soberanía, es un ultraje a uno de los símbolos más importantes para cualquier Estado. Sin embargo, no parece que el Ejecutivo vaya a actuar con la necesaria contundencia diplomática. Así se desprende de las palabras del ministro de Exteriores, que no tuvo empacho en decir que todo está «perfectamente clarificado», ya que no se disparó contra la bandera, sino contra una boya. Resulta indignante que Moratinos trate, de un modo tan pueril, de restar importancia a lo ocurrido. En lugar de decir simplezas, debería trabajar para que se respete de una vez nuestra jurisdicción sobre las aguas que bañan el Peñón y Gibraltar no se siga riendo de nuestra debilidad

EL TC DEBERá PAGAR POR SUS RETRASOS INDEBIDOS:
El Supremo se vuelve a enfrentar al Constitucional
HOY AVANZAMOS una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, aún no hecha pública, cuya trascendencia para los poderes del Estado y para los ciudadanos será enorme. Porque, a partir de ahora, el Estado deberá indemnizar a cualquier persona o entidad que acredite un daño económicamente evaluable como consecuencia del funcionamiento indebido del Tribunal Constitucional. El caso examinado por el Supremo se refiere a una demanda por dilaciones indebidas, en las que tan habitualmente incurre el máximo intérprete de la Constitución. El Supremo ha acordado declarar que le corresponde a él fiscalizar si se está o no ante un supuesto de responsabilidad patrimonial del TC, una declaración que, a buen seguro, irritará al Constitucional y provocará un nuevo episodio de enfrentamiento entre ambos tribunales

PRIMERO LAS ORGíAS Y AHORA LAS COMPRAS DE PISOS:
El PP debe pedir cuentas al alcalde de La Nucía

EL ALCALDE de La Nucía (Alicante) saltó a la actualidad en las grabaciones del caso Gürtel, en las que Correa comentaba «una orgía de puta madre» montada por Bernabé Cano «con tías de su pueblo» en un local denominado «el Choco». Pues bien, según publicamos hoy, este mismo alcalde compró dos pisos en primera línea de playa, muy por debajo del precio de mercado, a un promotor que era, precisamente, el propietario del local donde Correa y los demás implicados en la trama Gürtel celebraban sus fiestas. Se da la circunstancia de que el citado empresario resultó beneficiado con adjudicaciones directas por parte del Ayuntamiento de La Nucía. A pesar de que lo que se desprendía de las grabaciones del sumario era un comportamiento impropio de un alcalde, la dirección del PP ni siquiera le pidió explicaciones. Es de suponer que al conocer a través de este periódico los manejos del alcalde, el PP tome cartas en el asunto. Porque mientras no exija a todos sus cargos públicos un comportamiento ejemplar, iniciativas como la de prohibir los regalos a los responsables políticos no serán muy creíbles.
El Mundo en dos minutos
Una actitud malvada e incoherente

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' : La falsa y cínica De la Vega sigue diciendo que «España no ha pagado ningún rescate» y, como siempre, ataca al PP

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' / Rumbo a casa
Sanos y salvos en tierra firme

JOANA SOCÍAS. ENVIADA ESPECIAL

Puerto Victoria (I. Seychelles)

El Alakrana llegó ayer a puerto seguro y con él la alegría de las familias y los marineros que, por fin, se han librado del acoso de los piratas. Al menos de momento, porque tal y como comentó el patrón del atunero, Ricardo Blach, en su primera aparición ante los medios, el pesquero saldrá a faenar «lo antes posible».

Puerto Victoria se llenó ayer de emociones, lloros y abrazos. Nada más atracar en el dique de las Seychelles, a las 4.30 hora española, los familiares y los ocho marineros gallegos se fundieron en abrazos. Hoy la imagen se repetirá con las familias de los siete marineros vascos y del único andaluz, que no viajaron hasta el archipiélago africano y que a las 8.00 horas les verán por fin en Torrejón,

Los pescadores fueron recibidos por el embajador español en Etiopía, Antonio Sánchez-Benedito; el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, y el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín, que hizo unas polémicas declaraciones al respecto del supuesto pago de un rescate. Preguntado por la cantidad, aseguró: «Desconozco la cifra, sólo sé que el Gobierno ha apoyado al armador».

El patrón, Ricardo Blach, fue el primero y único de los marinos españoles que quiso atender a la veintena de medios de comunicación congregados y lo hizo para «agradecer en especial» al embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, su trabajo en la liberación. «Gracias al Gobierno y a todo el mundo que nos ha sacado del infierno», exclamó, aferrado a su hija Cristina.

Preguntado por si volverá a navegar, Blach contestó con una sonrisa que el del Alakrana había sido su «último viaje» por cuestiones de edad, pero subrayó que, si los marineros no encuentran un «buen trabajo en tierra», tendrán que volver a faenar.

Sin duda, para Blach los 47 días de cautiverio han sido «la peor experiencia». «Nos han tratado muy mal, peor imposible», explicó, y declaró que los piratas la tomaron con él. «Ellos veían que era el que más entero estaba y había que tratar de hundirme. Me pegaban, me amarraron y 1.000 cosas más». «Yo mismo vi cómo uno de los piratas le pegaba una patada al patrón», declaró a EL MUNDO uno de los marineros africanos que ha permanecido cautivo.

Según contaron dos de los pescadores del Alakrana, los que se llevaron la peor parte fueron Blach y el capitán, Iker Galbarriatu, quienes pasaron los 47 días en el puente.

Más tranquilo se mostró Blach sobre el futuro de la pesca en el Océano Índico, dado que a partir de ahora los atuneros saldrán a faenar con agentes a bordo. «Habrá mucha más seguridad, cosa que no teníamos antes», relató.

El Alakrana llegó al puerto escoltado por la fragatas de combate Méndez Núñez y Canarias, que estarán en Seychelles hasta el martes. Fuentes cercanas a ésta última confesaron a EL MUNDO que la espera para la liberación se ha hecho eterna, sobre todo porque la Infantería española «tenía las manos atadas». Asimismo, lamentaron la «falta de medios», ya que la operación Atalanta apenas cuenta con media docena de fragatas «para vigilar 800 millas, que vienen a ser 1.600 kilómetros».

Los pescadores parecían zombis

Los primeros militares españoles que llegaron al 'Alakrana' una vez que fue abandonado por los secuestradores se encontraron con un panorama desolador. «Los pescadores parecían zombis», afirmaba uno de ellos. Habían sufrido maltrato y vejaciones durante 47 días, y en ocasiones sintieron las armas de los piratas apuntando a sus cabezas. Varios de ellos han necesitado atención médica de los equipos sanitarios de las fragatas. En los más de dos días de navegación hasta las islas Seychelles, la confraternización entre marinos y pescadores ha sido absoluta y los liberados, agradecidos, quisieron tener un detalle por el trato recibido por los tripulantes de las fragatas: les regalaron lo único que les quedaba, atún de las cámaras del barco

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
De la Vega recalca que «España no ha pagado ningún rescate» y ataca al PP

MARISA CRUZ / AGUSTÍN YANEL

Madrid

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer, con la intención de decir la última palabra acerca de las dudas sobre el pago de 2,7 millones de euros para la liberación del Alakrana, que «España no ha pagado ningún rescate».

Así lo puntualizó cuando fue preguntada si se han utilizado fondos reservados para pagar a los piratas. E insistió en que «todo ha funcionado de forma razonable».

La vicepresidenta avanzó también que la próxima semana comparecerá ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones «de todo lo acontecido a lo largo del secuestro». «Será», aseguró, «con luz y taquígrafos y transparencia democrática». Hasta entonces, pidió que «no se hagan especulaciones».

Tras felicitar a la tripulación del atunero, que hoy regresa a España, y expresar la «satisfacción» del Gobierno al ver que los marineros se han reencontrado con sus familias sanos y salvos, insistió en sus reproches al PP porque «desde el minuto uno ha intentado obtener rédito electoral de este asunto y sólo dio una pequeña tregua cuando el presidente del Gobierno hizo un llamamiento a la prudencia. Ellos han preferido criticar al Gobierno en lugar de echar una mano».

El PP cumplió ayer el anuncio que había hecho Mariano Rajoy tras la liberación del atunero y presentó en el Congreso la propuesta para reprobar a la vicepresidenta De la Vega, por los «graves errores de coordinación» durante la crisis; a la ministra de Defensa, Carme Chacón, por la tardanza en adoptar medidas para proteger a los pesqueros españoles en el Océano Índico, y al titular de Justicia, Francisco Caamaño, por la estrategia de su departamento con los dos piratas detenidos y traídos a España.

Además, el PP insistirá en este asunto el miércoles próximo en el Congreso, durante la sesión de control al Gobierno, con cinco preguntas dirigidas a la vicepresidenta primera, el ministro de Justicia y la titular de Defensa.

También solicitó la comparecencia en el Congreso de José Luis Rodríguez Zapatero y del director del Centro Nacional de Inteligencia

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
Los familiares del País Vasco no fueron a las Seychelles por «motivos personales»

Decidieron arropar a dos de las esposas, que estaban enfermas
MIKEL OTAEGI

Bilbao

Los familiares de los tripulantes del Alakrana están dolidos. Tras 47 días de incertidumbre, desesperados por la situación de los marineros del atunero bermeano, ayer se vieron envueltos, a su pesar, en una polémica: un rumor aseguraba que habían rechazado viajar a las Islas Seychelles a recibir a los suyos por tener que ir en un avión militar español.

La constante compañía de los alcaldes del PNV había alimentado la idea de que se habían prestado al juego nacionalista. Según las propias protagonistas, la verdad es muy distinta: no se han negado a volar al encuentro de sus maridos por «motivos políticos», sino por otros de índole «personal».

«Ya sabéis que he estado enferma», recuerda María Ángeles Jiménez, esposa de Gaizka Iturbe, engrasador de máquinas del atunero, que ha permanecido medicada durante el secuestro, lo mismo que la familiar de otro de los tripulantes vascos. «Por eso, nuestros maridos nos han dicho a nosotras dos que no viajáramos».

Para que ellos no fueran los únicos marineros del Alakrana a los que no recibieran sus esposas en las Seychelles, el resto de familias vascas decidió no viajar tampoco y recibirlos a todos en Madrid. «Es tan sencillo como eso. Vamos a estar todas juntas, como hemos estado desde el principio. El resto de esposas nos van a arropar a las que no podemos viajar».

«En principio éramos dos o tres familias las que no podíamos viajar, yo entre ellas». Su médico le recomendó permanecer en reposo y aún arrastra el «agotamiento» acumulado en los 47 días de «infierno» que ha vivido. «El viaje a las Seychelles es largo, muy pesado. Mi psicóloga me recomendó» que, en la medida de lo posible, «permaneciera en España».

María Ángeles Jiménez, que se desplazó ayer en autobús, junto al resto de familias, a Madrid, se pasó el día «desmintiendo el bulo». «Me parece que, sin haber llegado todavía los hombres a casa, se están vertiendo unas declaraciones vergonzosas».

«Hemos agradecido a toda la prensa, al Gobierno, a las personas anónimas que nos han apoyado». Las familias aseguraron ayer que han sido respetuosas con todo el mundo. «Yo, en mi caso, os he contestado y os he atendido a todos», señaló María Ángeles. Recordaron, además, que el primer recibimiento que se les hará a las familias será en una «base militar», lo que, a su entender, dejaría sin sentido las acusaciones de las que han sido objeto.

El de Jiménez no fue el único rumor que las familias de los secuestrados tuvieron que desmentir. Argi Galbarriatu, hermana del capitán del atunero, negó que hubieran remitido ninguna carta, ni al Ararteko (defensor del pueblo vasco), ni al Gobierno central, exigiendo que no se tome ninguna imagen del reencuentro de las familias con los marineros en Torrejón de Ardoz.

En declaraciones a Europa Press, Galbarriatu protestó contra quienes habían difundido el rumor, porque, a su entender, «con estas cosas no se puede jugar. Lo único que hemos buscado nosotros hasta ahora ha sido que volvieran los arrantzales (pescadores) a casa».

Argi Galbarriatu pidió respeto, que se les deje «tranquilos», y precisó que la decisión de acudir o no a recibirles a las Islas Seychelles la tomó «cada persona en concreto y es totalmente respetable». «Si vamos o no vamos no es porque les queremos más o menos o porque queramos ir o no con el Gobierno», concluyó

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
El PSE acusa al PNV de «manipular y mentir»

MIGUEL M. ARIZTEGI / MIKEL SEGOVIA

Bilbao

El PSE rompió ayer su silencio en torno al secuestro del Alakrana para pedir responsabilidades políticas al PNV, que no dudó en «desinformar, manipular y mentir» para atacar al Gobierno vasco en su «campaña miserable» en torno a la gestión de la resolución de la crisis. El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, optó, además, por acusar a los nacionalistas de «no ayudar a los secuestrados, sino a los piratas».

Aprovechando una reunión en Vitoria, tanto Pastor como el diputado José María Benegas aplaudieron las gestiones lideradas por el Gobierno español para la finalización del secuestro y rechazaron las numerosas críticas vertidas tanto a sus decisiones como a sus omisiones.

Por su parte, el PNV anunció ayer que impulsará una batería de medidas en Vitoria, Madrid y Bruselas que permitan garantizar la seguridad de los atuneros vascos en el Índico y evitar «que se produzca un Alakrana tres», tras el secuestro de este pesquero y el del Playa de Bakio en abril de 2008. Medidas que impidan que se pueda repetir la «desorganización» y «el ridículo» mostrados por el Gobierno en la gestión del mismo.

«La gestión del Gobierno español ha sido desastrosa. Ha actuado tarde y mal», aseguró el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, quien además acusó al Gobierno vasco de estar «desaparecido» durante el tiempo que ha durado el secuestro. Afirmó que el Ejecutivo que preside el lehendakari no ha sabido actuar con «voz propia, con criterio propio», y se ha limitado a «intentar justificar la mala gestión de Zapatero».

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' /
Los otros

Pasaron tantos días secuestrados como sus compañeros de a bordo, pero a ellos no fue nadie a recibirlos a Puerto Victoria. Su suerte tampoco tuvo en vilo a todo un país. En el Alakrana, además de los 16 tripulantes españoles, viajaban otros 20 marineros de otras nacionalidades: ocho indonesios, cuatro ghaneses, tres senegaleses, dos marfileños, dos malgaches y un seychelliano. Algunos de ellos aparecen en la imagen en la cubierta del barco, observando desde la distancia el recibimiento a los privilegiados pescadores españoles. Por la pasarela ascienden el patrón, Ricardo Blach, y su hija Cristina. Ella, como el resto de familiares, renunció al hotel para pasar la noche en el atunero

SITEL: "Veo todo lo que haces y escucho todo lo que dices"

Sigue la bronca del PP con Rubalcaba

>El PP no da por cerrado el reciente incidente entre su diputado Carlos Floriano y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El miércoles próximo, en la sesión de control al Gobierno, el diputado preguntará: «¿Tiene el ministro del Interior autorización judicial para escuchar todo lo que digo?». El ministro aseguró que, cuando comentó eso, se refería a que ve y escucha todo lo que dice «en las radios y en las teles» sobre supuestas escuchas ilegales a ese partido. Pero Floriano dice que no es verdad.

DELENDA EST HISPANIA: 153 municipios catalanes votan el 13-D por la independencia

153 municipios catalanes votan el 13-D por la independencia

DANIEL G. SASTRE

Barcelona

La consulta independentista generalizada prevista para el 13 de diciembre en Cataluña toma cuerpo. La coordinadora de la consulta presentó ayer en Barcelona el protocolo de actuación que servirá para los 153 municipios que organizarán votaciones. En total, unas 630.000 personas están llamadas a responder a la misma pregunta que ya se formuló en Arenys de Munt el 13 de septiembre: «¿Está de acuerdo con que Cataluña se convierta en un Estado de Derecho independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?».

La comisión electoral que controlará y verificará el desarrollo de las consultas estará integrada por Josep Cruanyes (abogado e historiador), David Vinyals (promotor de la asociación Catalunya Estat Lliure), Josep Lluís Rodríguez (profesor universitario), Carme Sansa (actriz) y August Gil Matamala (abogado).

Como en Arenys de Munt, estarán autorizados a votar los mayores de 16 años que demuestren estar empadronados en los municipios donde se celebren estas consultas, incluidos los residentes europeos y los no comunitarios. Las urnas se abrirán a las 9.00 horas de la mañana y se cerrarán a las 20.00 horas.

La consulta no tiene ningún valor legal, pero los organizadores se están esforzando por darle una pátina de seriedad y rigor. Por ello, dijeron ayer, han conminado a los ayuntamientos a tener en cuenta la sentencia previa a la consulta de Arenys que prohibía a los consistorios dar apoyo explícito -también material- a las votaciones.

En cualquier caso, pusieron en duda que un Ayuntamiento no pueda facilitar un local para la celebración de una consulta «cuando sí lo hace, por ejemplo, para albergar una conferencia o una exposición».

No tuvieron empacho tampoco en invocar a la Falange para defender su derecho a promover las consultas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) autorizó una manifestación de ese partido ultraderechista el mismo día de la consulta en Arenys porque el hecho de obligar a la formación a celebrarla en otro lugar «privaría al derecho de reunión de su finalidad legítima esencial, cual es la reivindicación o exposición de ideas de forma pública».

En cuanto a las consultas del 13 de diciembre, la Abogacía del Estado anunció a principios de mes que, como en el caso de Arenys, recurriría «una a una» los referendos en los municipios. Fuentes del Ejecutivo consideraron, además, «lógica» esta posición.

Pero los organizadores defienden su actuación: «Si la justicia se amparó en la libertad de expresión para permitir la manifestación de la Falange, pedimos que ahora no ponga trabas ante las consultas, que también sirven para ejercer la libertad de expresión», dijo ayer Josep Lluís Rodríguez. Pese a los avisos, la Abogacía del Estado no ha recurrido hasta el momento ninguna de las mociones aprobadas por plenos municipales de Cataluña para celebrar consultas soberanistas.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, no quiso ayer valorar la convocatoria de estas consultas. Fuentes de la Delegación explicaron a la agencia Europa Press que los ayuntamientos han aprobado mociones que han tenido muy en cuenta la sentencia de un juzgado de Barcelona sobre Arenys.

Los organizadores de las consultas del 13 de diciembre explicaron que el sistema informático que han diseñado centralizará los datos de participación y los resultados, garantizará que ninguna persona pueda votar dos veces y asegurará que el voto sea anónimo. Otros 55 municipios de Cataluña celebrarán su consulta en una fecha posterior.

De San Cugat del Vallés a Gerona

> Unas 630.000 personas están llamadas a pronunciarse acerca de la independencia el 13 de diciembre. Los municipios más importantes que tienen consulta ese día son San Cugat del Vallés, Arenys de Mar, Bañolas, Berga, Canet de Mar, Cardedeu, Castellar del Vallés, El Masnou, Las Franquesas, Manlleu, Premiá de Mar, Ripoll, Roses, Sant Celoni, Tárrega, Torelló, Vilafranca del Penedès, Vilanova y la Geltrú y Vic. Otras 55 localidades celebrarán la consulta más adelante. Entre ellas destaca Gerona, que será la primera capital de provincia en acoger una iniciativa de este tipo

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN CATALUÑA: Carme Moraira (PSC) segunda teniente de alcalde de Santa Coloma

El 'caso Pretoria' se cobra la dimisión de la teniente de alcalde de Santa Coloma

JORDI RIBALAYGUESanta Coloma
El caso Pretoria 2 sigue dejando un reguero de víctimas políticas en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Si el jueves la nueva alcaldesa, Núria Parlón, cesó al imputado Pascual Vela junto a otros dos altos cargos de la confianza de Bartomeu Muñoz, ayer presentó la dimisión la teniente de alcalde de Servicios Territoriales, Carmen Moraira, una de las concejales más próximas al ex edil encarcelado. En un comunicado, el Consistorio admitió que la renuncia de Moraira se debe a la cuestionada política urbanística del municipio, encharcada por la investigación de la Audiencia Nacional. La ex teniente y el otro concejal apresado, Manuel Dobarco, eran los ejecutores de los proyectos ideados por Muñoz, algunos de ellos citados en el auto de Baltasar Garzón. Muchos vecinos han recordado en los últimos días que los decretos de múltiples expropiaciones llevan la firma de Moraira. La ya ex regidora socialista aprobaba las licitaciones de las reformas de gran envergadura, como la polémica reconstrucción del mercado del Fondo, sobre la que también recaen las sospechas del magistrado. Para la oposición y los grupos vecinales más críticos con el Ayuntamiento, Moraira era la correa de transmisión de Muñoz, que replicaba cualquier viso de crítica a la gestión de las transformaciones urbanísticas que se controlaban desde el Consistorio. «Ha sido la defensora de todos los proyectos», explicaba a este diario días atrás el portavoz de la plataforma Gent de Gramenet, Antoni Jaumandreu.
El nombre de la ex teniente fue uno de los cinco que el PSC barajó para ocupar la alcaldía
, aunque el poder que asumió sobre las concesiones de obras y su defensa cerrada de todos los proyectos de la época Muñoz se contaron como desventajas que le restaron opciones para promocionarse para el cargo. Aun así, fue la primera concejal que rompió el silencio de los socialistas colomenses tras el registro de la Guardia Civil para decirse «indignada» con el ex alcalde. En declaraciones a TV3, censuró con dureza a Muñoz, al que señaló diciendo que existen «muchas pruebas» que le incriminan. El concejal Esteve Serrano asumirá las funciones que desempeñaba Moraira



CORRUPCIÓN EN EL PALAU DE LA MÚSICA DE CATALUNYA: El juez investigará las auditorías ordinarias realizadas

El fiscal pidió los informes contables que no detectaron el desvío de fondos

Barcelona Juli Solaz, el juez que investiga el desvío de fondos de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música, no quiere dejar ningún detalle en el aire. Por eso ha ordenado a la empresa Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, que auditaba a la institución cultural, los informes contables de los años que van desde 2000 a 2008, ya que no advirtieron indicio alguno del desvío de fondos de los gestores en esa época y principales acusados, Félix Millet y Jordi Montull. El fiscal pidió al juez que ordenase la presentación de estas auditorías sobre la fundación, la asociación y el Consorcio Palau de la Música, las tres entidades de donde los imputados han desviado, supuestamente, unos 23 millones de euros. En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona pide la «aportación de las notas internas» de los auditores sobre los informes entre los años 2000 y 2008, ya que quiere investigar por qué no se detectó ningún desvío de dinero irregular de estas instituciones, cuando en las últimas auditorías de Deloitte y de la Generalitat constataron un agujero de 23 millones en el mismo periodo. Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría analizó las cuentas anuales de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y, en el ejercicio de 2008, también del Consorcio del Palau de la Música. Cuando se conoció la imputación de Millet y Montull, así como su confesión, la Fundación ordenó una auditoría externa, que también hizo la Intervención General de la Generalitat para el Consorcio. Por otro lado, el conseller de Interior, Joan Saura, afirmó que el caso del Palau de la Música hubiera merecido alguna medida cautelar «más contundente». Según el conseller, la alarma social generada también hubiera merecido un trámite «más rápido» de la justicia. Saura también se refirió al caso Pretoria 2 cuando afirmó que hay opiniones que mantienen que los casos de corrupción afectan más al votante de izquierdas que al de derechas. Sin embargo, destacó que la «pretendida impunidad» ya no existe, ya que quienes han sido corruptos han ido a la cárcel

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: RAMAL DE BAENA: Las grabaciones confirman la red de facturas falsas

Las grabaciones confirman la red de facturas falsas en Baena

MANUEL MARÍA BECERRO

Sevilla

Las grabaciones originales realizadas por la Policía Judicial a los cabecillas de la presunta red de facturas falsas que operaba en el Ayuntamiento cordobés de Baena -cobraban de más para pagarse fiestas en un lupanar- desmienten las acusaciones de «manipulación» realizadas por el alcalde y senador del PSOE, Luis Moreno, para criticar la investigación de la Guardia Civil y las informaciones de EL MUNDO.

Su secretario personal, Rafael Santano, y otro trabajador municipal de su plena confianza, Juan Díaz Pérez, están imputados por malversación de fondos públicos, que usaban para financiar sus visitas al club de alterne de Marbella Milady Palace.

EL MUNDO ha tenido acceso a los archivos de audio que figuran en el sumario de este escándalo de corrupción. Su audición permite confirmar que las transcripciones realizadas por los agentes son exactas, sin que quepa acusar a los agentes de la Guardia Civil de manipulación. Tampoco en las conclusiones que aparecen en sus informes, que evitan las especulaciones sobre cualquier responsabilidad en la que pudiera haber incurrido el alcalde y senador socialista.

«Estar al tanto»

La Policía Judicial, que grabó a personal de confianza de Luis Moreno tras la denuncia presentada por un empresario local -uno de los que facturaban en falso al Ayuntamiento para garantizarse más contrataciones, con la ventaja de que el secretario del alcalde siempre devolvía el IVA-, simplemente se limitó a apuntar que el senador «parece estar al tanto» de las «anomalías» contables y de las «actividades delictivas» de Rafael Santano.

«Pudieran haberse utilizado viajes inexistentes para tapar o camuflar las cuentas, estando asimismo el alcalde en conocimiento de esta irregularidad», explicaban en su informe los agentes investigadores, cuyo trabajo ha sido avalado expresamente por el Gobierno. Sin embargo, en las grabaciones del sumario se oye a Santano -igual que se lee en las transcripciones- diciéndole al otro imputado: «Yo con el alcalde tengo mis chanchullos»; o «de los 3.000 [euros] a lo mejor le doy su sueldo al alcalde, que son 1.000 y pico, y ya estoy menos vendido».

Su secretario añade sobre los chanchullos con el alcalde, textualmente: «Yo no te los puedo decir. Ahora mismo estoy vendido porque ya hoy me ha pedido dinero él. Y le he tenido que dar del mío, de mi bolsillo, porque no tengo de ese dinero que tengo que darle. Su sueldo también lo tengo hipotecado. Es que él cobra del Ayuntamiento un dinero».

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Las ramificaciones del 'caso Gürtel'
Un alcalde de Gürtel pagó un dúplex en metálico al propietario de un club

M. GONZÁLEZ IVARS

Alicante

El alcalde de La Nucía (Alicante), el popular Bernabé Cano, y su esposa cerraron en mayo -en plena tormenta por el caso Gürtel, en el que apareció salpicado- la compra de dos pisos en primera línea de la playa de Altea. Se los adquirieron a un promotor al que el edil adjudicó en 2005 un plan urbanístico con más de 3.000 viviendas y un campo de golf. El vendedor también es dueño de un club donde El Bigotes alternaba con prostitutas.

El primero de ellos, un piso de 83 metros cuadrados valorado en 312.526 euros; y el otro, un dúplex de 160 metros tasado en 474.416 euros, que, según figura en la nota registral, pagó de sus propios recursos a través de varias transferencias. De la suma de ambos, 751.234 euros, Bernabé Cano y señora sólo están pagando una hipoteca de algo más de 180.000 euros.

La privilegiada ubicación de ambas viviendas, frente al puerto de Altea (Alicante), las convierte en un lujo reservado a las clases más pudientes. Según las inmobiliarias que operan en la zona, el precio de ambos pisos superaría el millón de euros a precios de mercado. El acuerdo de compra y las adjudicaciones a la constructora coincidirían en el tiempo, según la documentación en poder de este diario.

Las viviendas fueron adquiridas por el alcalde de La Nucía y su esposa a la empresa Rotja 2000 Promociones SA, cuyos administradores son Gerardo Martínez Riquelme y José Ignacio de la Serna de la Garma, ambos empresarios de la construcción con intereses urbanísticos en el municipio y propietarios de txokos -clubes gastronómicos- donde se han celebrado fiestas con sexo en las que, según figura en el sumario del caso Gürtel, participaron Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, entre otros.

En un pasaje de las conversaciones intervenidas, Correa afirmó que Bernabé Cano les iba a montar «una fiesta de puta madre con tías impresionantes». El alcalde ha admitido públicamente su amistad con El Bigotes.

El primer edil inició los pagos para la adquisición de las dos viviendas poco antes de que el Ayuntamiento de La Nucía diera la condición de urbanizador del PAI de La Serreta, junto a otras dos empresas, a la compañía Cases del Pinar SL, cuyo consejero delegado es Gerardo Martínez Riquelme, a quien el propio alcalde le compra los dos inmuebles.

El otro empresario de la promotora de los pisos adquiridos por Cano es José Ignacio de la Serna.

En el caso del dúplex de 160 metros cuadrados -que está ubicado en las plantas cuarta y quinta del edificio-, el munícipe hizo un primer pago en efectivo de 6.430 euros en la cuenta de la promotora el 3 de marzo de 2004; 52.430 euros el 11 de febrero de 2005; y 50.422 euros en diciembre de 2005, mediante transferencia y sin «poderlo justificar», según la nota registral. Y en cuanto a la cantidad restante, 360.106 euros, la pagó mediante un cheque bancario nominativo a la entidad vendedora. Es decir, en este primer caso no tuvo que recurrir al crédito.

En cuanto al otro piso, situado en la parte inferior del edificio, en la tercera planta, su precio de compra fue de 312.526 euros más IVA (336.523 euros).

En esta operación, Bernabé Cano hizo los siguientes pagos: 106.011 euros mediante transferencia realizada en 2005 «sin que lo acredite», según figura en la nota registral, y 67.650 euros mediante cheque nominativo. Para abonar el resto, el matrimonio subrogó una hipoteca del Banco Guipuzcoano, que asciende a más de 180.000 euros. En esta operación hipotecaria, se incluye una plaza de garaje.

Gerardo Martínez Riquelme también era propietario de suelo en otro plan urbanístico que apareció en las conversaciones del caso Gürtel. Se trata del PAI de Pie de Monte.

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«Gozamos de buena situación»

M.G. / Alicante

Bernabé Cano asegura que la compra de las dos viviendas está clara y que puede justificar los pagos. El abono de los más de 750.000 euros (más IVA) se hizo, según él, como sigue: 215.000 euros en aportaciones que recibió de su madre; 180.000 euros en un crédito hipotecario y el resto, aproximadamente unos 356.000 euros, que aportó de sus propios recursos y los de su esposa.

«Ambas familias hemos gozado siempre de una buena situación económica; eso lo saben en el pueblo», aseguró Cano interpelado por EL MUNDO.

El alcalde expuso que recibió las donaciones de su madre después de que ésta vendiera unos terrenos en La Nucía por valor de algo más de 850.000 euros. De esta cantidad, Cano recibió dos donaciones, una de ellas de 109.000 euros, que destinó a la compra del dúplex. En concreto, se refiere a los pagos de 6.430 euros; 52.430 euros y 50.422 euros que Cano y su esposa hicieron a la promotora de Rotja 2000 Promociones SA.

El resto hasta completar los 438.708 (más IVA) que costaba el doble piso en primera línea de playa lo asumió el propio matrimonio, con unos 360.000 euros de sus recursos, «que se pueden justificar sin ningún tipo de problema con los recibos de las transferencias y su origen», según explicó.

En cuanto a la otra vivienda, Cano aportó una primera transferencia de 106.011 euros, cantidad que coincide, según su testimonio, con la segunda aportación que le hizo su madre a través de escritura pública.

La otra aportación -67.650 euros- procedería del matrimonio y la cantidad restante -180.000 euros- son los que Cano y su mujer pagaron con una hipoteca. «No tengo nada que ocultar; tanto mi mujer como yo tenemos nuestros propios trabajos y los recursos los hemos aportado de ahí. Cano es médico de profesión y alcalde desde 1999. Su esposa tiene una gestoría en Altea.

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Las orgías de los 'txokos' y la conexión con Francisco Correa

Alicante

Los dos empresarios a los que el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, adquirió sus dos inmuebles son Gerardo Martínez Riquelme y José Ignacio de la Serna de la Garma, los propietarios de dos txokos -clubes gastronómicos- donde los capos de Gürtel organizaban fiestas con prostitutas y políticos.

De hecho, en el sumario se mencionan estas fiestas desenfrenadas en las que no faltaba el sexo. «Todos los demás estaban allí en pelotas, cada uno con una tía», detalla Francisco Correa en una conversación en la que relata los pormenores de una fiesta en la que supuestamente estaba Cano, del que se consideraba «amigo íntimo».

«Bernabé nos dijo que él les iba a montar una [fiesta] de puta madre con tías en su pueblo, cinco tías impresionantes», dijo el líder de la trama. Al parecer, las mujeres que acudieron al chalé eran de Europa del Este, según Correa.

En un encuentro mantenido en un hotel de Madrid en 2006 con su hombre fuerte en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, el ex edil de Majadahonda, Juan José Moreno, y el denunciante de la trama, José Luis Peñas, Correa les puso al corriente de su amistad con Cano y del singular local en el que cerrarían la recalificación de un PAI bloqueado por motivos medioambientales. El acuerdo se alcanzaría, según las grabaciones, en un establecimiento «cuasisecreto» y dotado de «suite, salón y cocina». Este lugar no era otro que el txoko del empresario Gerardo Martínez Riquelme, al que Cano compró los dos pisos.

En la misma conversación, Correa asegura que, «negociando en Valencia», él y su «amigo íntimo» -como se refiere a Cano- cerraron un restaurante y que el edil nuciero montó un «tinglado con tías buenas». En la misma conversación, el cerebro de Gürtel se refiere a una inmigrante ilegal de nacionalidad rusa. «Hablo con mi amigo Carlos Clemente y le soluciono el tema de los papeles», apunta.

Negociación de un terreno

Pero ésta no es la única alusión a los txokos en los pinchazos telefónicos. Correa también se refiere a estos locales en otra conversación con Pablo Crespo en la que hablan de un viaje a Alicante al que asistirían El Bigotes, Ramón Blanco y el propio Crespo, que explica que irán al citado local y que visitarán los terrenos con Bernabé Cano.

Finalmente, el PAI no se cerró porque los tribunales tumbaron el proyecto al no tener garantizado el suministro de agua.

Otro de los inmuebles es propiedad del constructor José Ignacio de la Serna y funciona como un punto de encuentro para reuniones entre empresarios y políticos.

En la comarca alicantina de la Marina Baja, en la que está ubicada La Nucía, los dos txokos son bastante conocidos, sobre todo por empresarios y ejecutivos

INCONSTITUCIONAL ESTATUT: El Tripartit a la greña. Montilla ahora desautoriza a su consejero Saura

Montilla desautoriza a Saura por pedir la dimisión del TC

XIANA SICCARDI

Barcelona

Los distintos puntos de vista entre PSC e ICV volvieron a mostrarse ayer en relación al Estatut. Tanto es así, que el presidente catalán, José Montilla, desautorizó a su conseller de Interior, el ecosocialista Joan Saura, quien había dicho, por la mañana, que los miembros del Tribunal Constitucional (TC) deberían dimitir «en bloque» ante la tardanza de la sentencia del Estatut, motivada por diferencias de criterios. En una conferencia en Madrid, Saura subrayó que «existe división» en el Constitucional sobre el Estatut, y que «ante el bloqueo» de la sentencia, «la incapacidad» y «las interferencias», sería «importante que el TC, en un gesto de valentía, dimitiera y facilitara su renovación». En su opinión, «existe una división en el TC, en buena parte, con claras influencias políticas».

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Pocas horas más tarde, el presidente Montilla discrepó de su punto de vista, diciendo que hablaba en calidad de presidente de su partido, Iniciativa per Catalunya. No obstante, la agenda del Gobierno catalán era clara: «El conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, analizará el despliegue del nuevo Estatut y la situación creada por el retraso de la sentencia del TC, dentro del ciclo Fórum Europa».

El diputado del PSC David Pérez recordó que la posición socialista es «bien conocida»: «No compartimos esta propuesta». Montilla, por su parte, pidió al TC que dicte la sentencia del Estatut «lo antes posible» y que «diga que es constitucional». «Lo que debería hacer el TC es agilizar sus trabajos y dictar sentencia. E intentar no hacer de tercera cámara y sentenciar que el Estatut es plenamente constitucional. Es lo que creo que espera la sociedad catalana», afirmó.

El diputado del PP en el Parlamento catalán Josep Llobet tildó de «irresponsable» la petición de dimisión a todos los miembros del Tribunal Constitucional formulada por el conseller.

STOP A LA CORRUPCIÓN: Para frenarla el PP propone un Pacto mde

El PP pide que se prohíba recibir regalos

Reclama un «compromiso» político en su propuesta de pacto anticorrupción

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Sevilla

El PP propone prohibir a los cargos electos y personal al servicio de la Administración la «aceptación» de regalos... pero exceptúa «los que respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales». Así se expresa el documento de «bases» para su anunciada oferta de Pacto Anticorrupción, que han preparado en la Intermunicipal reunida en Sevilla, y que hoy terminará de concretar Mariano Rajoy.

El grado de ambigüedad que los populares aplican al capítulo de los regalos -que tanto ha lastrado la imagen del partido a cuenta de los trajes de Francisco Camps- se repite en la mayoría de las propuestas. Al igual que condena los regalos dejando la puerta abierta a usos sociales, como el de la Navidad, pide «la más amplia concurrencia» para las adjudicaciones de contratos, sin comprometerse con ningún cambio específico de la Ley de Contratos de las Administraciones que, por ejemplo, la propia trama Gürtel sorteaba, con el sistema de sumar adjudicaciones directas inferiores a 12.000 euros.

Pero, a la espera de lo que hoy anuncie Rajoy, lo cierto es que el principal partido de la oposición ha articulado la primera respuesta de reforma frente a una lacra de la que es parte afectada. Y eso que, de hacer caso a la vicesecretaria Ana Mato, citando «al fiscal general del Estado», «hay más casos de corrupción en el PSOE que en el PP».

El control sobre las actividades de los cargos electos es uno de los capítulos más mimados en el documento. Además de estrechar el cerco sobre los regalos, quieren que se hagan públicas sus retribuciones íntegras y sus declaraciones de bienes; que se traslade al Registro de Bienes e Intereses sus cambios patrimoniales o de actividades «en el plazo de dos meses»; que se homologuen sus retribuciones; que se limite su actual compatibilidad de actividades públicas y privadas hasta «los términos municipales limítrofes», y que se reduzcan los gastos de protocolo, parque móvil, teléfono móvil y viajes.

Por otra parte, el documento incide en el Pacto Antitransfuguismo como un vehículo contra la corrupción. Piden, entre otros, un compromiso de los líderes políticos para no incluir en sus listas a los tránsfugas y que no tengan «un papel ejecutivo» tras la moción de censura. Además, quieren impedir que los cargos que se encuentren en prisión provisional «sigan ostentando responsabilidades ejecutivas». Esta última propuesta parece hecha a medida del alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, o de la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla (PAR). Claro que el PP también ha tenido su ejemplo en Totana (Murcia), en febrero pasado.

Entre las medidas que el PP propondrá al PSOE y al resto de fuerzas, la que tendrá más aceptación social es la de buscar un «compromiso de reintegrar a los municipios afectados los bienes incautados».

Uno de los ejes del documento es la profesionalización de los ayuntamientos. Así, propone garantizar la cobertura de todas las plazas por oposición y limitar la interinidad. Además, pide atribuir la presidencia de las mesas de contratación a un empleado público de carrera.

El PP lo desautoriza y reitera que no quiere que se anule el sumario

«Queremos llegar hasta el final, depurando responsabilidades»

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Sevilla

La dirección nacional del PP y la Generalitat Valenciana vivieron ayer, como mínimo, un nuevo episodio de descoordinación. Aunque, en realidad, lo que se produjo desde Génova fue una desautorización en toda regla a Francisco Camps por haber sugerido, a través de su portavoz, que la ilegalidad del sistema de escuchas Sitel podría desembocar en la nulidad del caso Gürtel.

Desde el día anterior y durante toda la jornada de la Intermunicipal, en Sevilla, el gabinete de Comunicación se dedicó a negar esta misma tesis. En su empeño por reconducir la polémica política sobre Sitel, tras la bronca mantenida con el ministro del Interior en los pasillos del Congreso y las dudas generadas por la última sentencia del Tribunal Supremo, los populares se emplearon a fondo en abandonar las sospechas sobre las escuchas o la contaminación procesal de los procesos, y en reclamar sólo una ley orgánica. Así que, conocida la pretensión de la Generalitat, el vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, no dudó en declarar con carácter oficial: «El PP no quiere que se anule el procedimiento de Gürtel en ningún caso; primero, porque dejaría una sombra de sospecha; segundo, porque queremos llegar hasta el final, depurando responsabilidades políticas y penales, y tercero, porque nuestra lucha por la legalización de Sitel es en favor de los inocentes que son tratados como sospechosos y no por los sospechosos que quieren ser tratados como inocentes».

Camps pedirá la nulidad de 'Gürtel' si se vulneraron sus derechos con Sitel

El Gobierno valenciano solicitaría el archivo de la parte que afecta a su presidente

MARIANO GASPARET

Valencia

La consejera de Justicia y portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, concatenó ayer varias condicionales para inferir -o anunciar- que la Generalitat se plantea solicitar la anulación de la parte del sumario Gürtel que afecta a Francisco Camps si en la captación de sus conversaciones se vulneraron sus derechos fundamentales.

Aunque se trata de una cuestión sobre la que el Consell «aún no se puede pronunciar», según dijo la portavoz, no parece aventurado afirmar que cualquier iniciativa al respecto partiría del abogado del presidente, Javier Boix, antes que de la propia Generalitat. Sin embargo, las declaraciones de Sánchez de León cobraron mucha relevancia al albur del enfrentamiento que mantienen PP y Gobierno central por la utilización en las investigaciones policiales del polémico sistema de escuchas Sitel, una compleja tecnología de captación de comunicaciones cuyo uso -como mínimo- tensa derechos constitucionales.

El PP no critica Sitel, pero sí el modo en que se utiliza, por lo que ha solicitado que se regule su utilización mediante una ley orgánica. El jueves, de hecho, el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ya explicó que los populares «no quieren que se anule el juicio sobre Gürtel por culpa de Sitel porque eso dejaría una nube de sospecha».

No obstante, si en las grabaciones a Camps se utilizó esta tecnología, y «si se llegara a demostrar que han sido vulnerados derechos fundamentales -matizó Sánchez de León-, ejerceríamos aquellas acciones que fueran necesarias para restituir los derechos vulnerados del presidente de la Generalitat». Si esta hipotética vulneración de derechos «fuera motivo para suspender, por supuesto que pediríamos la suspensión, la nulidad de actuaciones», precisó la consejera de Justicia.

En opinión del Gobierno valenciano, «entendemos que no hay una suficiente regulación» ni «están suficientemente garantizados los derechos fundamentales, no por el sistema Sitel, sino por la forma en que se está aplicando». No obstante, el Tribunal Supremo ya ha avalado en cinco sentencias el modo en que se ha utilizado esta tecnología, que curiosamente fue adquirida por Mariano Rajoy, cuando era ministro del Interior, por 13 millones de euros.

Preguntada sobre la documentación que el juez Pedreira ha reclamado a la Generalitat y a sus organismos públicos en el marco de la investigación sobre Gürtel en el Tribunal Superior de Madrid (TSJM), Sánchez de León respondió que requirió «documentación sobre la Fundación V Encuentro», encargada de gestionar la visita del Papa a Valencia en 2006. Pedreira también pidió el contrato entre RTVV y la empresa Teconsa, que cubrió el sonido de la visita de Benedicto XVI

ROSA Díez: «UPyD es el único partido que defiende al Estado» frente a PSOE y PP

Díez: «UPyD es el único partido que defiende al Estado» frente a PSOE y PP

Su informe de gestión, aprobado por un 77,3% de los votos en la apertura del congreso

LUIS ÁNGEL SANZ

Madrid

Rosa Díez abrió ayer el I Congreso de Unión Progreso y Democracia (UPyD) con la intención de dotar a su partido de una estructura que lo convierta «en la tercera fuerza política» de España. Pero lo hizo en un congreso con una importante presencia de críticos que, capitaneados por Valia Merino, que lidera una lista alternativa, se hicieron presentes desde el inicio.

La portavoz del partido defendió su informe de gestión ante el cónclave, que se celebra en el Palacio de Congresos de Madrid, y destacó el carácter continuista con la política desarrollada en los últimos dos años. En el mismo, presentó a su partido como el único «que defiende al Estado» frente al PSOE y el PP, que, según dijo, renunciaron hace tiempo a hacerlo.

Su gestión fue aprobada, en votación a mano alzada, por 341 votos a favor (77,33%), 57 en contra (12,92%) y 43 abstenciones (9,75%).

Díez aseguró que ni socialistas ni populares «son capaces de defender la unidad de la nación española como instrumento para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, la cohesión y la competividad de nuestro país». El primero, el PSOE, por «su propia decisión de dejar de ser lo que fue a lo largo de toda su historia» para «convertirse en una federación de partidos». El segundo, el PP, porque «se ha convertido en la alianza de las derechas autónomas».

«Ni el PSOE ni el PP tienen ya un discurso nacional», argumentó frente a los delegados presentes. «Ni en política educativa, ni en política económica, ni en política fiscal, ni en política sanitaria... En nada», recalcó.

Díez apuntó que su partido ha hecho posible «que hayamos roto el maleficio y en sólo dos años nos hayamos convertido en la tercera fuerza política nacional» (en las europeas, aún fue la cuarta, a 130.000 votos de IU) y adelantó que ahora tiene por delante «unas perspectivas fantásticas». «No sé lo que ocurrirá desde el punto de vista electoral en el corto plazo; pero entre los ciudadanos crece el respeto y la confianza en nosotros», dijo.

La portavoz del partido, que se presentará mañana a la reelección, lanzó varios guiños a los críticos que durante meses han denunciado su excesivo poder y aseguró que es su intención «dar protagonismo a los afiliados» y fomentar la «democracia interna». Precisamente por una supuesta falta de democracia, varios miembros fundadores, como Mikel Buesa, dieron hace meses el portazo y salieron de UPyD. Y por ese mismo motivo, el candidato alternativo, Valia Merino, se ha decidido a presentar una candidatura sin posibilidades de salir elegida, pero que servirá como termómetro interno para medir el grado de cohesión conseguido por Díez en dos años.

Tras la exposición del informe, 14 delegados solicitaron intervenir a favor del mismo y cinco en contra. El debate se produjo a puerta cerrada y en el mismo se escucharon gruesas críticas a la gestión de Díez y su equipo.

Tras la votación, Díez se mostró «muy contenta» por el apoyo alcanzado y agradeció «tanto las intervenciones a favor como las que se han producido en contra».

Merino, sin embargo, reconoció a este diario que cree que su lista -que se votará hoy a través de internet desde las sedes de UPyD en toda España- no tiene «ninguna posibilidad» porque, según él, el modelo de congreso «prefabricado por la dirección» es «plebliscitario» a favor o en contra de Díez.

Tres opiniones de España

>Fernando Savater: El fundador de UPyD dijo que su partido es «de los ciudadanos, no de los territorios» y aseguró que «la concepción nacionalista o regionalista» reduce a los ciudadanos a ser «siervos de la gleba».

>Francisco Sosa Wagner: El eurodiputado aseguró que la democracia española «está dormida» y la función de UPyD debe ser «despertarla». «Estamos creando nacionalismos artificiales», dijo y España está yendo, añadió, en la dirección contraria de la que va el mundo.

>Álvaro Pombo: En una intervención sarcástica y caótica, explicó que en España hay «una gran falta de seriedad política» y la escenificó con «dos ejemplos» de lo que llamó «lo ridículo» -como la liberación del 'Alakrana'- y «lo cursi», para lo que citó la imagen de Francisco Camps en un Ferrari junto a Fernando Alonso y Rita Barberá

ECONOMÍA: El campo español se paraliza paramanifestarse

LA SANGRÍA DEL PARO / Las movilizaciones
El campo español se paraliza para reclamar auxilio al Gobierno

CARMEN LLORENTE

Madrid

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, sufrió ayer en carne propia la ira y frustración de los agricultores ante la situación de desesperación del sector agrario y ganadero, que sufre la mayor crisis de toda su historia. En el primer día de huelga general del campo, el brazo derecho de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, fue abucheado, zarandeado y empujado por un grupo de manifestantes de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) en Segovia.

Al grito de «sinvergüenza, chorizo y traidor», más de una docena de agricultores intentó agredir a Puxeu, que pese a la fuerte presencia policial y en el corto trayecto desde la sede del PSOE de Segovia al coche oficial, recibió varios empujones. Fue éste el principal incidente, en una jornada en la que más de dos millones de agricultores y ganaderos de toda España dejaron su trabajo y salieron a las carreteras y ciudades para gritar al Gobierno «basta ya» y exigirle medidas urgentes para frenar la agonía que vive el sector.

Las protestas de los agricultores provocaron cortes en las carreteras en varias comunidades autónomas, especialmente en La Rioja, donde más de 1.500 tractores dejaron prácticamente sitiada durante varias horas Logroño, al cortar de forma intermitente seis puntos de las carreteras en Aldeanueva, Calahorra, Santo Domingo, Briones y Rincón de Soto.

Las tractoradas también provocaron cortes y grandes retenciones en algunas carreteras de Cataluña, en la N-I a la altura de Burgos y en la comunidad Navarra.

Paralelamente, ayer en la plaza mayor de muchas ciudades y pueblos de toda España, se vivieron multitudinarias manifestaciones, que en algunos casos estuvieron agasajadas con el reparto gratuito de frutas y verduras.

«Ha sido un éxito rotundo. Más del 90% de las cooperativas agrarias ha paralizado su actividad. También se han unido a la protesta y han dejado de trabajar muchas empresas auxiliares del sector agrícola», afirmó Pedro Barato, presidente de Asaja, la primera patronal agraria del sector, quien pronosticó para hoy «una manifestación agraria sin precedentes en la capital de España».

Por primera vez, las tres principales organizaciones agrarias, Asaja, Coag, UPA, las 3.200 cooperativas agroalimentarias que hay en el país y las asociaciones de regantes han unido sus fuerzas para manifestarse conjuntamente y exigir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero medidas para frenar la «megacrisis» que vive el sector, golpeado por unos precios en origen cada vez más bajos mientras que los impuestos, las tarifas energéticas y el agua no dejan de subir. Así, mientras los agricultores perciben por sus frutas y hortalizas precios desconocidos en más de 30 años, los costes de producción se han elevado en más de un 35%.

«No hay una sola actividad dentro del sector agrícola y ganadero que se salve de la crisis. Nunca en la historia había pasado esto», afirma Barato.

La protesta se coronará hoy con la manifestación en Madrid de más de 100.000 agricultores que llegarán a la capital de todos los puntos de España y que frente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural harán oír su voz alta y clara. «Queremos un pacto de Estado para poner freno al desmantelamiento del campo español», anuncia Miguel López, presidente de Coag.

Los productores agrarios afirman que Zapatero se ha olvidado totalmente del campo, un sector estratégico en la economía española. «No existe una política o una estrategia agrícola por parte del Gobierno», clamó el secretario de Organización de UPA, Marcos Alarcón.

En los tres últimos años, la renta del sector agrario ha bajado un 26% y se han destruido 124.000 empleos. En total, en España hay 1,2 millones de explotaciones agrarias en las que, directa o indirectamente, dan empleo a más de cinco millones de personas. Sin embargo, de no llevar a cabo de forma inmediata medidas claras, las patronales agrarias vaticinan la desaparición de muchos puestos de trabajo.

Además de exigir precios justos para los productos, las organizaciones reclaman mayor transparencia en los precios de los insumos agrarios; una fiscalidad adecuada; un plan de financiación y refinanciación del sector y el establecimiento de una Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2013.

P&R

El porqué de la huelga

C. LL. / Madrid

Los agricultores y ganaderos españoles han convocado un paro general, golpeados por una situación económica que consideran «insostenible» y piden una rápida actuación del Gobierno.

¿Por qué por primera vez en la historia los agricultores se han unido para protestar ante el Gobierno?

Porque los productores agrarios no pueden soportar más unos precios en origen por los suelos mientras que los costes de producción no dejan de subir. La patronal Asaja afirma que de seguir en esta situación en España desaparecerán el cultivo de cereales, el olivar tradicional y la ganadería.

¿Qué piden los agricultores?

Un pacto de Estado. Que todos los partidos se pongan de acuerdo para poner en marcha y de forma urgente un paquete de medidas que frene el rápido declive del sector agrícola y ganadero.

¿Cuál es la principal medida que piden los productores?

Que se fijen unos precios mínimos para frenar los abusos que ejercen los grandes grupos de distribución, que suelen recurrir a la exportación de productos agrícolas de otros países para forzar una bajada de los precios en España.

¿Cuáles son las demandas económicas de los agricultores?

Condiciones especiales para poder refinanciar las grandes deudas que han acometido en los últimos años para modernizar sus producciones y un recorte de las cargas fiscales

LA SANGRÍA DEL PARO / Las demandas
Trabajo desoye a los autónomos y limita a 6 meses su seguro de paro

JUAN EMILIO MAÍLLO

Madrid

De nada han servido las negociaciones ni la documentación que se le ha puesto encima de la mesa. El Gobierno no se ha movido de su posición inicial y ha limitado a seis meses el periodo máximo en que un autónomo podrá cobrar la prestación por desempleo, una cuarta parte que un asalariado. Percibirá el 70% de su base reguladora.

Para cobrar seis meses deberá haber cotizado tres años. El sistema tiene un carácter mixto, voluntario para unos autónomos y obligatorio para los que ya cotizan por accidentes de trabajo y para los autónomos económicamente dependientes (son los que reciben la mayoría de sus ingresos de un único pagador). Inicialmente, la cifra de población que se podrá acoger al mismo ronda el medio millón, si bien el Gobierno augura que llegará al millón de forma rápida.

Pese a ello, la estimación del Ejecutivo, según la memoria económica que acompaña al anteproyecto de ley que ayer se remitió a consultas, es que quienes realmente cobren la prestación sean unos 27.000 emprendedores que se vean obligados a cerrar su negocio.

El Gobierno no detalló ayer las causas para ser beneficiario, pero en su propuesta habla de caídas de ingresos de más del 40% o el cese del contrato en el caso de los autónomos económicamente dependientes.

Las dos mayores asociaciones de autónomos, ATA y UPTA (vinculada a UGT), aunque dieron la bienvenida a esta nueva protección, denunciaron que se queda corta, sobre todo en el plazo de duración de la prestación.

Entre ellas también hay discrepancias. Mientras ATA es partidaria, dado que el sistema es voluntario, de elevar algo más la cotización (los autónomos pagarán inicialmente un 1% de recargo) a cambio de extender el plazo de la prestación. UPTA, sin embargo, considera que, con la actual coyuntura de crisis, sería difícil para los autónomos soportar un coste adicional.

Las críticas al Gobierno también llegaron del lado político. El portavoz de Trabajo del PP en el Congreso, José Eugenio Azpíroz, tachó de «cicatero» al Ejecutivo y mostró su «sorpresa» por haber desatendido las propuestas del sector. Carles Campuzano, de CiU, lamentó que se apruebe un sistema que «llega tarde» -los autónomos no cobrarán el paro, como pronto, hasta bien entrado 2011- y con «demasiadas» restricciones.

Tanto PP como CiU anunciaron que, cuando el sistema llegue al Congreso en forma de proyecto de ley tratarán de mejorarlo con las reivindicaciones de los autónomos.

Desde el Gobierno, por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, dijo a Servimedia que, aunque «podemos habernos equivocado», el Ejecutivo considera que el sistema elegido, de carácter voluntario y con una cuota pequeña, es la mejor opción. Admitió, además, que había un «rechazo frontal» de la patronal de empresarios CEOE a crear un sistema universal.

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El nuevo plan de Corbacho

>Los trabajadores autónomos que cesen en su actividad de manera involuntaria tendrán un sistema de protección que va de los dos a los seis meses.

>La cuantía del subsidio, durante todo el periodo de disfrute será del 70% de la base por la que venía cotizando durante los 12 meses anteriores al cese.

>Sobre la base de 833,40 euros mensuales para 2009, la prestación alcanzaría los 583,38 euros. La máxima puede llegar a 1.383,9 euros en el caso de tener dos o más hijos. Se ha establecido un tipo de cotización del 1,5% de la base

FIRMAS: Federico Jiménez Losantos: Las 4 esquinas

EDITORIALES: Una ofensa que no puede quedar sin respuesta

EDITORIALES DEL DÍA
UNA OFENSA QUE NO PUEDE QUEDAR SIN RESPUESTA

QUE LA ARMADA británica se dedique a hacer prácticas de tiro frente a la costa de Gibraltar y lo haga utilizando como diana la bandera española es una doble provocación que debe llevar de inmediato al Gobierno a pedir explicaciones a las autoridades de las Islas. Llueve además sobre mojado. Tal y como EL MUNDO reveló este lunes, desde el verano han sido frecuentes los casos en los que las patrulleras de la Royal Navy han hostigado a las españolas frente al Peñón. ¿Es casualidad que, sólo un día después de denunciarlo en nuestra portada, las ametralladoras británicas afinaran su puntería en la zona disparando a la enseña de España?

Hasta ahora, las autoridades de nuestro país han hecho la vista gorda ante estos incidentes, limitándose a pedir a los agentes de la Guardia Civil que eviten el enfrentamiento y redacten informes sobre los hechos. Según esos informes, sus naves han sido interceptadas en varias ocasiones por buques británicos, que han llegado a bloquear su paso de forma intimidatoria.

Son habituales las protestas oficiales de España ante Londres por este tipo de hechos. Pero sólo un mal entendido sentido de la prudencia puede haber llevado al Ministerio de Asuntos Exteriores a no ser más enérgico, sobre todo cuando se ha producido una escalada de tensión por parte británica. Al consentir que la Royal Navy actúe así, el Gobierno comete dos errores. Permite que, de facto, Gran Bretaña se enseñoree de aguas españolas. Esa apropiación de nuestra zona marítima ha impedido ya en algún caso que las embarcaciones de la Guardia Civil realizaran tareas de vigilancia en la zona, obstaculizando así actuaciones para prevenir el narcotráfico. Cabe recordar que el Tratado de Utrecht estipula la cesión del Peñón, pero no de las aguas limítrofes.

Por otra parte, al aceptar la política de hechos consumados que impone la Armada británica se le da pie a que se envalentone y se reafirme en su actitud. Quizás eso ha influido en el ánimo de quienes el martes decidieron colocar una boya con la bandera española para tirotearla. Desde luego, sorprende que barcos de guerra hagan prácticas de tiro en una zona de tanto tráfico como es la del Estrecho, a menos que el objetivo sea simple y llanamente el de la provocación.

Toda vez que Zapatero ha sido el presidente español que más concesiones ha hecho a Gran Bretaña en el conflicto con Gibraltar -permitiendo incluso la primera visita oficial de un ministro de Exteriores a la colonia- y dado que no ha obtenido contrapartidas a cambio, tal vez ha llegado el momento de que el Gobierno español se replantee la estrategia. Por lo pronto, debería solicitar formalmente a Londres que abra una investigación sobre los hechos y, llegado el caso, sancione a los responsables, pida disculpas y obtenga el compromiso de que episodios así no se volverán a repetir.

Es impropio e insultante que militares de un país elijan como blanco de tiro la bandera de otro, pero resulta absolutamente inadmisible cuando hablamos de dos estados aliados y socios de la Unión Europea. Más aún, cabría añadir, después de que el presidente Zapatero haya apoyado a una británica prácticamente desconocida para ser la nueva superministra de Exteriores de la UE.

Por el bien de las relaciones bilaterales, el Gobierno británico debe dar cuanto antes una explicación convincente a España

DECEPCIONANTE ACUERDO DE LOS VEINTISIETE:
Dos pilotos para Europa sin carisma ni pujanza

NI TIMONEL ni rumbo a seguir. La Unión Europea ha vuelto a encallar con la elección del primer ministro belga, Herman Van Rompuy, como primer presidente estable, y de la comisaria británica, Catherine Ashton, como superministra de Exteriores. El acuerdo alcanzado ayer por los líderes de los Veintisiete resulta muy decepcionante, porque confirma el peor presagio: no hay voluntad de crear una UE fuerte. De ahí el nombramiento de una baronesa sin apenas experiencia, que responde a una cuota de género ofensiva para cualquiera -y en especial para las mujeres-, y de Van Rompuy, un político sin carisma y desconocido, que, si bien cuenta con un currículum meritorio, tiene un perfil muy alejado del que necesita Europa para devolver a los ciudadanos la ilusión en el proyecto comunitario. Porque su cargo exige una personalidad con encanto y autoridad para tratar de tú a tú a los líderes mundiales. Pero claro, ni Alemania, ni Francia, ni nadie, quiere dirigentes que les hagan sombra, y con Van Rompuy lo tienen garantizado, a costa, eso sí, de que Europa siga instalada en la irrelevancia internacional

NOS CUENTAN QUE... Fredrik Reinfeldt, el primer ministro sueco, afrontó anoche una difícil tarea en Bruselas. Cerrar el nombramiento del presidente y el superministro de Exteriores de la UE resultaba complicado, pero aún más lo era convencer a sus 26 colegas de las bondades de la gastronomía nórdica, ya que su país ejercía de anfitrión de la cena. Reinfeldt estaba nervioso por Nicolas Sarkozy, que ofendió a eslovenos y checos en cumbres de sus presidencias de turno al rechazar su comida y pedir tortilla francesa (el chef no disponía de huevos y recurrió a un sucedáneo). José Luis Rodríguez Zapatero dijo estar cansado de salmón, un pescado delicado, como descubrió el finlandés Matti Vanhanen. En una cita de similares características, se topó con kilos en mal estado por un descuido en el transporte desde su país. La trufa blanca, la lubina y el chocolate fundido con cáscara de lima sí ofrecieron anoche su mejor aroma

SENTENCIA HISTóRICA DE LA CORTE INTERAMERICANA:
Ciudad Juárez: justicia para las asesinadas

LA SENTENCIA de la Corte Interamericana que considera al Gobierno mexicano responsable de las muertes de ocho mujeres en Ciudad Juárez tiene una indudable trascendencia, ya que es la primera decisión judicial de importancia que se produce desde que en 1993 comenzaran los llamados feminicidios en la ciudad fronteriza. La extrema violencia contra mujeres trabajadoras -secuestros, violaciones, mutilaciones y asesinatos- se ha cobrado ya 480 vidas y es un drama que ha sido denunciado por asociaciones de Derechos Humanos, cineastas, artistas y escritores, pero que nunca ha logrado despertar el celo de las autoridades mexicanas por esclarecer estas muertes. Prácticamente todos los asesinatos han quedado impunes en una ciudad en la que nadie se atreve a imponer la ley. La sentencia que concede amparo a las víctimas es una buena noticia y debería llevar al Gobierno mexicano a hacer justicia

POLéMICA POR EL GOL ILEGAL DE HENRY:
El fútbol debe incorporar las nuevas tecnologías


LA MANO de Henry que permitió a Francia marcar el gol de clasificación para el Mundial ha creado una gran polémica. La Federación de Irlanda pidió ayer la repetición del partido, algo casi sin precedentes. Lo cierto es que el conjunto irlandés se vio apeado del Mundial por un fallo garrafal en la prórroga del juez de la contienda. A España le sucedió algo muy similar en el Mundial de 2002 ante la local Corea con la anulación de un gol legal de Morientes. Una solución para evitar estas injusticias sería la implantación de un sistema similar al ojo de halcón que se emplea en el tenis. El árbitro podría parar el juego unos segundos para ver una grabación de vídeo de las jugadas confusas, al menos de las decisivas. También los entrenadores podrían pedir este recurso en dos o tres ocasiones como máximo por partido. Ello evitaría errores que causan un perjuicio económico y deportivo que luego no es posible evitar. El mundo del fútbol tiene que dar un paso e incorporar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, como defendió ayer Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros
El Mundo en dos minutos
Un agudo problema de credibilidad

DELINCUENCIAS ZP: El PP «quiere que Sitel se legalice» y ofrece un pacto a Rubalcaba

El PP «quiere que Sitel se legalice» y ofrece un pacto a Rubalcaba

«No queremos que se anule el juicio del 'caso Gürtel'», afirma González Pons

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Madrid

Los populares dejaron ayer a un lado sus últimas acusaciones sobre las escuchas de Sitel para insistir en su regulación, y ofrecer al Gobierno un pacto para «hacer juntos una ley que legalice el sistema».

Así lo expresaba el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, al tiempo que afirmaba a este diario: «Nosotros queremos que Sitel se legalice. Por eso, ofrecemos a Rubalcaba un pacto para hacer una ley orgánica, cuya iniciativa dejaríamos al Gobierno, para que la garantía de los derechos civiles de los españoles esté a salvo».

De este modo, Pons venía ayer a reconducir el debate sobre Sitel al tono de su primera comparecencia de prensa, en la que denunció la alegalidad del sistema. En aquella ocasión, el portavoz popular se negó a trasladar explícitamente sus sospechas sobre el caso Gürtel, pero sí sugirió problemas de «nulidad» para procesos como éste que afecta al PP.

Pero ayer, para desmentir precisamente éstas y otras sospechas expresadas por Rubalcaba, el portavoz popular fue muy directo al negar la mayor: «No queremos que se anule el juicio del caso Gürtel por culpa de Sitel, porque eso dejaría una nube de sospecha injusta e innecesaria».

Y aún insistió en diluir su hipótesis de hace 15 días: «El peligro de que se anulen juicios por la utilización ilegal de Sitel no es tan grande si recordamos que la inconstitucionalidad de la Ley Corcuera no implicó la anulación de los juicios en los que se había aplicado». Para el dirigente popular, «lo importante es preservar los derechos humanos de los españoles en una ley orgánica».

Pons negaba, en todo caso, que la sentencia dictada ayer por el Tribunal Supremo sobre la legalidad de las grabaciones a unos narcos por el sistema Sitel haya frenado el ímpetu opositor del PP. Muy al contrario, el portavoz popular aseguraba que la sentencia les «da la razón».

Se atenía, para ello, a un párrafo de la sentencia [motivo octavo] en la que, asumiendo otra sentencia anterior, el Alto Tribunal establece que «es un tema que interesa a la Administración y el Poder Legislativo determinar el sistema a seguir para conservar o no conservar, y controlar las conversaciones telefónicas legalmente intervenidas y grabadas». Según Pons, la propia sentencia reconoce que el Parlamento debe regular qué hacer con el material sobrante de las grabaciones.

Pero ello no le impidió llegar a reprochar al Supremo que le resulte «indiferente» que «la custodia de lo que Sitel graba y no utiliza el juez, quede en poder del Ministerio del Interior o del Poder Judicial». «Sólo el Poder Judicial puede garantizar a los ciudadanos que conservará con imparcialidad y sin manipulaciones el pedazo de su intimidad que Sitel le haya sustraído», dijo; y aún añadió: «Tengo la sensación de que el magistrado que ha escrito la sentencia no sabe en realidad cómo funciona técnicamente Sitel».

A la espera de «próximas sentencias contrarias a Sitel», el PP pide que los jueces no tengan que «suplir» la «pereza» de los legisladores.

ELMUNDO.es Gráfico: Así funciona Sitel

El vicepresidente del CGPJ pide una ley orgánica para regularlo

Madrid

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, defendió ayer que el sistema de interceptación de comunicaciones Sitel esté regulado por una ley orgánica para que haya más seguridad jurídica y tranquilidad. En la misma línea se manifestó el juez decano de Madrid, José Luis González-Armengol.

De Rosa, que expresó su respeto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera que, cuando se trata de restringir derechos, una ley que regule ese tipo de actuaciones afianza al Estado de Derecho, recordando que así lo demandaba un informe del CGPJ cuando el sistema Sitel iba a ponerse en marcha.

González Armengol, señaló que, en consonancia con la doctrina del Tribunal Constitucional, cualquier sistema que suponga restricción o limitación de derechos y libertades debería ser regulado por ley orgánica, según informa Europa Press.

El juez decano declinó valorar la sentencia, ya que aún no la ha leído, si bien coincidió con De Rosa, en el sentido de que cualquier restricción de derechos fundamentales, en este caso del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, precisa ser regulada mediante ley orgánica.

En sentido opuesto, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró que el «marco legal» con el que cuenta España en materia de intervención de las comunicaciones telefónicas, unido a un «sistema tremendamente garantista», le da «absoluta tranquilidad» sobre la legalidad del sistema de escuchas Sitel.

El secretario de Estado explicó que las leyes orgánicas sólo son necesarias para regular derechos fundamentales, pero no «cuestiones técnicas o instrumentales», y que Sitel «es un instrumento técnico».

La Sala Penal del Supremo tacha de «raquítica e insuficiente regulación legal» del empleo del sistema de escuchas SITEL

MARÍA PERAL

Madrid

La Sala Penal del Supremo notificó ayer una sentencia en la que vuelve a avalar la utilización del sistema de escuchas Sitel, esta vez en un caso de narcotráfico. Es la quinta sentencia en la que la jurisdicción penal del Alto Tribunal no aprecia tacha de legalidad en el uso de Sitel, aunque se trata de la primera resolución que se conoce después de que el PP iniciase, el 4 de noviembre, una campaña sobre la supuesta ilegalidad de ese sistema.

Esta última sentencia rechaza el recurso interpuesto por dos personas condenadas por la Audiencia de Orense a cuatro años y medio de prisión por tráfico de cocaína. Entre otros argumentos, el recurso sostenía que el sistema Sitel «es inconstitucional» por la «deficiente» cobertura normativa reguladora de las intervenciones telefónicas. Se quejaba, asimismo, de que la Audiencia de Orense había denegado la práctica de una prueba pericial para determinar la «naturaleza, alcance y efectos» de Sitel.

La Sala Penal rechaza todas las alegaciones. Por lo que se refiere a la cobertura normativa de las interceptaciones telefónicas, recuerda que el Supremo ha establecido «un sólido y coherente cuerpo doctrinal sobre el protocolo a seguir cuando se solicita la intervención telefónica como medio excepcional de investigación, que completa la raquítica e insuficiente regulación legal contenida en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aceptado esta regulación «complementada» con la doctrina del Supremo. Es la misma respuesta que la Sala dio en una anterior sentencia, dictada el pasado 6 de julio, que avaló igualmente el empleo de Sitel.

En cuanto a la prueba pericial solicitada para determinar qué es Sitel, la Sala reitera el criterio ya expuesto en su sentencia de 13 de marzo de 2009, en la que dio por buenos los principios de actuación del sistema -centralización del servidor y administrador, seguridad, automatización y procedimiento de trabajo- descritos de forma detallada. «Todo lo cual pone en evidencia la superfluidad de la pericia propuesta y la pertinencia de su no admisión» por la Audiencia de Orense, concluye el Supremo.

La Sala también menciona la jurisprudencia constitucional según la cual el control de las escuchas no exige que la Policía remita al juez las transcripciones íntegras, sino que «resulta suficiente el conocimiento de los resultados obtenidos a través de las transcripciones de las conversaciones más relevantes y de los informes policiales».