
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La actuación judicial
Hombres clave de PSC y CiU con esposas y a la cárcel
Garzón dicta prisión incondicional contra Alavedra, Prenafeta y los socialistas Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma, y el ex diputado Luis García Sáez
-->MANUEL MARRACO
Madrid
Los hombres clave del pujolismo Macià Alavedra y Lluís Prenafeta ingresaron anoche en prisión por orden del juez Garzón. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado de la Audiencia Nacional también envió a la cárcel a otros tres hombres importantes del socialismo catalán, el todavía alcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, su edil de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el ex diputado del PSC Luis García, supuesto cerebro de la trama desarticulada en la operación Pretoria 2.
El otro alto funcionario del Ayuntamiento barcelonés, Pascual Vela, y los tres empresarios
arrestados quedaron en libertad con la obligación de pagar antes del lunes fianzas de entre 25.000 y 500.000 euros.
El juez mantiene en su auto que la actividad principal de la trama era «lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda, fraude en las subvenciones de la Unión Europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo». Para lograrlo, cada detenido aportaba su especialidad: unos, sus cargos institucionales; otros, su posición y contactos, y el resto, su actividad empresarial.
El nexo de todos ellos era el ex diputado autonómico socialista Luis García, que tenía un especial vínculo con el alcalde y los responsables de Urbanismo y Servicios de Santa Coloma.
Por sus actividades, García cobraba comisiones, al igual que lo hacían Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat y mano derecha de Jordi Pujol, y Macià Alavedra, ex consejero de Gobernación, Industria y Economía, también con Pujol. Ambos actuaban como intermediarios, aprovechando sus contactos en la administración y el mundo empresarial.
Finalmente, los empresarios arrestados José Singla Barceló y Lluís Casamitjana -con fianzas de medio millón a cada uno -«pagaron las cantidades exigidas en virtud de las adjudicaciones de contratos y las modificaciones de planes conseguidas», mientras que Manuel Carrillo -con fianza de 100.000 euros- «ha entregado cantidades al alcalde».
De acuerdo con la investigación, la actividad principal del grupo se desarrollaba en torno a Santa Coloma, aunque tenía ramificaciones en otras localidades de Cataluña, así como en Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal -Madeira- y las Islas Caimán. Con respecto al extranjero, la investigación se centra en el blanqueo de dinero a través de la adquisición de obras de arte.
La investigación de la Guardia Civil y Anticorrupción expuesta por el juez en su escrito hace especial referencia a tres operaciones urbanísticas: operación Pallaresa (en Santa Coloma), operación Badalona y operación Niesma (en San Andrés de Llavaneras). El juez estima que la cantidad de dinero que dejaron de ingresar esos tres ayuntamientos con estas prácticas ronda los 45 millones de euros.
El auto también detalla lo que pudo llevarse cada implicado. A Prenafeta y Alavedra les atribuye el cobro de «al menos» 637.590 euros cada uno en concepto de comisiones. Ambos, dice el juez, «despliegan en el grupo una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político y público a favor de sus clientes o empresas a ellos vinculadas y percibiendo por ello las cantidades correspondientes».
Sobre el ex diputado del PSC, mantiene que la cifra que habría percibido supera los 8.026.000 euros. En contraste, el primer edil, Bartomeu Muñoz, habría recibido 6.480 euros. La disparidad de cifras encaja con las descripción que el juez hace de ambos personajes. Así, el primero actuaba «como una especie de consejero de facto o en la sombra» que mediatizaba «todas y cada una» de las acciones del alcalde y del responsable de urbanismo.
Al margen de los tres principales pelotazos, el juez indica que se investigan otros en los que ya ha apreciado indicios de delito. Por contra, algunos de los esfuerzos de la trama no tenían recompensa, pero todos reflejaban, dice el juez, una actividad de tráfico de influencias que funcionaba en detrimento de otros licitadores que contaban con la seguridad y limpieza de los concursos.
En sus actividades, los miembros de la red pudieron cometer, según el juez, hasta nueve tipos de delito distintos. Al tráfico de influencias se sumarían asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, defraudación a la Hacienda Pública, fraude de subvenciones, fraude y exacciones ilegales, falsedad en documento oficial y mercantil y encubrimiento. Cada detenido habría cometido entre uno y cinco de esos delitos.
Respecto a los cinco detenidos a los que anoche envió a prisión, el juez reconoce que no hay un alto riesgo de fuga, pero sí de que, una vez libres, sigan «en la misma dinámica» e intenten destruir medios de prueba que la investigación aún no ha conseguido asegurar. Más aún cuando algunos de ellos disponen de fondos en el extranjero. Los otros cuatro, además de abonar las fianzas, deberán comparecer cada 15 días en el juzgado
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La actuación judicial
Esposados entre bolsas de basura Duran Lleida protesta por el «injusto» trato de Garzón a los detenidos en 'Pretoria 2'
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MANUEL MARRACO
Madrid
A las siete y media de la mañana, alumbrado a medias por las escasa luz diurna y las farolas que rodean la audiencia, un agente de la Guardia Civil iba cantando los nombres: «¡Macià Alavedra!», «¡Bartomeu Muñoz!»... Conforme los escuchaban, los detenidos, trajeados y esposados, se dirigían a la parte posterior del furgón y recogían la bolsa de basura azul eléctrico que fuera llevaba su nombre y dentro sus pertenencias.
Una imagen insólita en la Audiencia Nacional, donde resulta prácticamente imposible obtener la imagen de terroristas, falsificadores, narcos y presuntos corruptos esposados como los que hace unos meses llegaron a la voz de Gürtel.
Como sucede siempre, los detenidos llegaron esposados, pero esta vez el biombo habitual no bastó para ocultarles. Según fuentes de la Audiencia, lo sucedido fue el resultado de varios elementos: el furgón no era el habitual en los traslados, los agentes tampoco eran los habituales y, esta vez, los detenidos no llevaban consigo sus pertenencias en las celdas individuales del furgón. Esto último fue lo que motivó que, en lugar de pasar directamente al garaje, tuvieran que asomarse a la parte trasera a recoger las bolsas, apartándose del biombo y ofreciendo al público su cara y sus esposas.
Casi todos se retrataron, pero alguno se libró. Por ejemplo, Lluís Prenafeta, que por perezoso o avispado, desoyó la llamada y esperó a que fuera un guardia civil el que le llevara el macuto.
El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, calificó ayer de «injusto» el trato que Garzón ha dispensado a los detenidos por el caso Pretoria 2 si se compara con otros procesos, como el del caso Millet.
Más allá de esta queja, Duran quiso enviar un mensaje de fondo que, al igual que hiciese el pasado miércoles el presidente catalán, José Montilla, se sustenta en la idea de que «no todos somos iguales» en la política.
Por su parte, el portavoz de la Ejecutiva de ERC, Ignasi Llorente, consideró que ahora algunos se dan cuenta de «cómo las gasta determinado juez», en alusión a Garzón
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La actuación judicial
Mas confía en que el caso quede «en menos» El presidente de CiU dice que Cataluña está «en un túnel» tras los escándalos
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HÉCTOR MARÍN
Martorell
El presidente de CiU, Artur Mas, cree que el caso Pretoria 2 se quedará «en menos» de lo que a priori parece. El líder de la federación nacionalista escogió ayer esta fórmula para expresar su deseo de que los convergentes Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, para los que el juez Garzón decretó anoche prisión incondicional, queden en libertad. Mas recordó la relación «de afecto» que le une con los dos detenidos: «En lo humano lo siento muchísimo: me afecta y me entristece», señaló, si bien pidió que la Justicia actúe sobre ellos.
Cuestionado sobre si los casos Millet y Pretoria suponen un antes y un después en el panorama sociopolítico catalán, Mas no dudó ni un ápice en responder afirmativamente. «Estamos en un túnel, y evidentemente escándalos como éstos no ayudan nada a levantar la moral del país», dijo. «Son casos complicados, pero no hay que tirar la toalla», espetó, haciendo también referencia a la crisis económica. «Ahora se trata de superar la crisis y subir el país. Hay que tener esperanza y no mirar sólo lo malo. Debemos ser capaces de ver la luz al final del túnel», apostilló.
El presidente de CiU aseguró que su intención era hablar lo antes posible con Alavedra y Prenafeta para conocer su versión de los hechos. «Sea como sea, son personas que actúan a título estrictamente personal, porque es público y notorio que tanto uno como el otro no tienen ninguna responsabilidad de partido desde hace muchos años».
El líder de CiU reclamó justicia «hasta el final» contra los dos detenidos de su partido: «La Justicia deberá actuar contra ellos», concedió Mas, quien, no obstante, auguró que los hechos por los que ambos están imputados «serán mucho menores de lo que parece».
A continuación, Mas cargó las tintas contra el PSC: «Será quien deberá dar muchas más explicaciones por este caso, ya que, a diferencia de CiU, ellos tienen cargos electos imputados», dijo en referencia al alcalde de Santa Coloma de Gramanet y sus dos colaboradores.
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La actuación judicial
La Sindicatura dice que no fue «más allá» por falta de medios -->DANIEL G. SASTRE
Barcelona
La Sindicatura de Comptes insiste en que su informe de 2003 que adelantaba irregularidades detectadas en Santa Coloma de Gramanet pudo haber tenido una mayor repercusión. El síndic major, Joan Colom, que ayer presentaba en Barcelona un trabajo sobre prótesis quirúrgicas, no rehuyó las preguntas acerca del escándalo del caso Pretoria 2.
Colom subrayó que las irregularidades detectadas en Santa Coloma en 2003 eran más graves de lo habitual, pero aseguró que la Sindicatura no pudo «ir más allá» por la limitación de medios y competencias que tiene.
El máximo responsable del organismo que fiscaliza el sector público catalán -y que ayer recibió críticas del Parlament por no haber enviado el informe al Tribunal de Cuentas, aunque sí lo hizo- se refirió así al documento de la Sindicatura que dio a conocer irregularidades en la gestión de este Ayuntamiento en 2003, un documento que los grupos políticos no debatieron cuando llegó al Parlament.
En un primer momento, CiU pidió al síndic que acudiera a la Cámara para detallar el contenido del estudio. El artículo 166 del Reglamento del Parlament establece que, pese a que la Cámara normalmente no debate los informes municipales, sí puede hacerlo a petición de algún grupo parlamentario. Pero, en marzo de 2009, la propia CiU retiró su petición porque el orden del día era demasiado largo.
Colom afirmó ayer que las irregularidades que se detectan normalmente en los análisis de la Sindicatura no son «tan fuertes» como las que hallaron en Santa Coloma de Gramanet.
«No nos veíamos en condiciones, con los medios que tenemos [de avanzar en la investigación]. No podíamos ir más allá», dijo Colom para explicar las limitaciones de la Sindicatura, aunque aseguró que, como ocurre con cada informe, se remitió una copia al Tribunal de Cuentas
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Las acusaciones
Tres municipios en los que actuaba la red dejaron de ingresar 45 millones Los 'pelotazos' afectaron a Santa Coloma, Badalona y San Andrés de Llavaneras
-->MANUEL MARRACO
Madrid
A los vecinos de Santa Coloma, Badalona y San Andrés de Llavaneras se les esfumaron 45 millones de euros. Para ser exactos, 44.754.000. Las cantidades acabaron pagándose, pero nunca llegaron a las arcas municipales, sino a los bolsillos de la trama investigada. Estas son las tres operaciones detalladas por Garzón.
'OPERACIÓN PALLARESA'. La víctima del primer pelotazo fue el municipio de Santa Coloma. Se fraguó entre 2001 y 2005, pero su ejecución final apenas requirió nueve días. Consistió en una modificación del plan urbanístico que permitió disminuir la superficie comercial y la dedicada a vivienda protegida para destinarlas, de forma significativa, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Los adjudicatarios del proyecto inicial -implicados en la investigación- dijeron que no era viable y lo vendieron a otras entidades igualmente implicadas que, tras la modificación del plan, hicieron caja revendiéndolo por 13 millones de euros más. Por esta única operación, el ex diputado del PSC Luis García se embolsó 1,3 millones de euros, la mitad de ellos llegados desde Suiza a través de una empresa costarricense.
'OPERACIÓN BADALONA'. Para esta localidad barcelonesa, el pelotazo supuso dejar de ingresar 14 millones de euros entre 2002 y 2004. Esta vez consistió en comprar a una empresa municipal un solar junto al puerto deportivo que 15 meses después se revendió por una cantidad considerablemente superior. «De lo expuesto se concluye que el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o conseguidores», dice el juez. El epicentro volvió a ser Luis García, cuyo beneficio superó, esta vez con holgura, el millón de euros. Otra parte del botín fue a parar a Prenafeta y Alavedra.
'OPERACIÓN NIESMA'. Se trata de una venta de terrenos en San Andrés de Llavaneras (Barcelona), donde se 'esfumaron' 17.754.000 euros. Veintidós meses después de la compra, y una vez hecha la pertinente modificación del plan urbanístico, ya era posible un aumento considerable de la edificabilidad, lo que automáticamente se traducía en la revalorización del terreno. En términos generales, donde en 2003 había 12 viviendas unifamiliares en 2007 ya cabían 83 en altura. El reparto de comisiones volvía a incluir al omnipresente Luis García junto a Prenafeta y Alavedra.
OTRAS INVESTIGACIONES. El juez cierra el apartado tercero de hechos probados con la advertencia de que hay otras operaciones que están siendo investigadas, «en las que igualmente existirían irregularidades con alcance de ilícito penal». Se centran de nuevo en Santa Coloma, donde se analiza la posible emisión de facturas falsas para justificar la recepción de fondos europeos por valor de 1,3 millones. La red veía negocio en todas partes, incluso en las guarderías del municipio barcelonés. En este caso, el conseguidor Luis García -de acuerdo con el alcalde y el jefe de Servicios- se dedicaba a buscar empresas para la construcción de los centros, «marcando los tiempos para adjudicar con anterioridad a la publicación oficial del concurso de construcción y gestión de estas guarderías, procedimientos que aprueba el alcalde y con los que está de acuerdo Pascual Vela y que será el encargado de elaborar los documentos necesarios».
Unas «pautas comunes»
>El primer paso consistía en lograr que los ayuntamientos adjudicaran los proyectos urbanísticos a empresas del entorno del ex diputado del PSC Luis García, que para ello ponía en marcha sus contactos.
>La empresa adjudicataria nunca llegaba a realizar el proyecto, que quedaba paralizado hasta la modificación del plan urbanístico.
>Una vez modificado el plan, el proyecto se revendía al constructor por cantidades mucho mayores. Siempre en beneficio del adjudicatario, nunca del municipio.
>En todo el entramado, las comisiones servían para engrasar la «compleja red de tráfico de influencias» que permitía «controlar los tiempos de desarrollo urbanístico y la obtención de beneficio».
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Las acusaciones
El PSC expulsará a Bartomeu Muñoz, Manuel Dobarco y Pascual Vela -->Barcelona
El PSC suspenderá de militancia el lunes al alcalde de Santa Coloma de Gramanet y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, Bartomeu Muñoz; al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y al director de Servicios Municipales, Pascual Vela, después de que el juez Garzón haya decretado prisión incondicional y fianza de 25.000 euros para los dos primeros y el último, respectivamente, por su implicación en la trama de corrupción destapada en Cataluña.
El partido anunció anoche una reunión extraordinaria de su Comisión Ejecutiva, el lunes al mediodía, para tomar «formalmente» las medidas anunciadas en la declaración del PSC del 27 de octubre: que serían suspendidos de militancia y se les pediría renunciar a sus cargos si eran imputados.
El PSC comunicó entonces que propondría al pleno municipal la elección «inmediata» de un nuevo alcalde -el que más suena es Antoni Fogué, presidente de la Diputación de Barcelona y concejal de Santa Coloma- y nombrará dos comisiones gestoras de la agrupación de Santa Coloma y la federación socialista del Barcelonès Nord, cuyo primer secretario es Muñoz desde 1981
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Un personaje clave / MACIÀ ALAVEDRA Ex consejero de la Generalitat
El 'bon vivant' que conectó a Pujol con los grandes negocios -->DANIEL G. SASTRE
Barcelona
Macià Alavedra (Barcelona, 1934) desayunaba el martes en su casa de Barcelona cuando se presentaron varios agentes de la Guardia Civil. En principio no se puso nervioso, seguramente porque, a lo largo de su dilatada carrera, tuvo que lidiar con policías y fiscales. Pero en esta ocasión, por primera vez, los agentes llevaban orden de detenerle.
Era el principio del fin de Alavedra, el conseller eterno, el contacto de Jordi Pujol -siempre repudiado por los patricios barceloneses- con la alta burguesía y los negocios. Durante sus 15 años en la Generalitat ocupó las carteras de Gobernación, Industria y Economía, donde precedió a Artur Mas, antes de dejar el Gobierno catalán en 1997 al aparecer su nombre relacionado en demasiadas ocasiones con pájaros de la talla del financiero Javier de la Rosa y el juez Lluís Pasqual Estevill
La conexión con la política le viena a Alavedra, sin embargo, de mucho antes. En concreto desde el día en que nació, como hijo del poeta Joan Alavedra, que fue secretario de los gobiernos de Francesc Macià y Lluís Companys durante la Generalitat republicana. Tras la Guerra Civil, pasó su infancia en el exilio francés, del que regresó a Barcelona para licenciarse en Derecho e iniciar su carrera hacia el éxito.
Con 19 años se afilió al clandestino Front Nacional de Catalunya. En 1974 se unió a Ramon Trias Fargas para fundar Esquerra Democràtica de Catalunya. Cuando esta formación se integró en Convergència, Alavedra entró en el nuevo partido por la puerta grande: fue diputado en el Congreso en la legislatura constituyente y en la posterior, y en 1982 volvió a Cataluña para entrar en el Gobierno de Pujol.
Su físico contundente y su eterno bronceado fueron una de las señas distintivas del pujolismo. También sus grandes contactos con el mundo económico: siempre se le consideró uno de los principales integrantes del llamado sector negocios de CiU. Si durante el caso Banca Catalana, que puso contra las cuerdas a Pujol, su nombre sonó como posible recambio del president, su cénit llegó en 1989. Paradójicamente, la muerte de su compañero de lucha antifranquista, Ramon Trias Fargas, durante un mitin de la campaña electoral de ese año le abrió la puerta del Departamento de Economía.
En sus ocho años en esa conselleria, Alavedra cultivó su fama de bon vivant, ora en su lancha motora en aguas del Empordà ora en los mejores restaurantes de Barcelona. Fue también la época en que los cuadros de su esposa, Doris Malfeito, decoraban los despachos de los grandes empresarios catalanes -la cotización de esas pinturas ha bajado drásticamente desde que abandonó la Generalitat-, le abría a De la Rosa la puerta del Palau o invitaba a su casa a cenar a Pasqual Estevill.
«Al final, en la sentencia ni siquiera se me menciona», se jactaba Alavedra cuando le preguntaban por su relación con el juez corrupto. No parece que en el caso abierto por Baltasar Garzón vaya a tener la misma suerte. Él, que había gestionado magníficamente su salida de la política -fue presidente de Autopistas de Cataluña, de Abertis y Kern Pharma-, no ha podido esquivar finalmente el calabozo
Etiquetas: Corrupción Psoe