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sábado, 17 de octubre de 2009

EDITORIALES: El Tribunal Supremo juzga la absolución del asesino de Paracuellos dictada por el juez socialista Garzón



AL JUEZ ESTRELLA SE LE ACUMULAN LAS QUERELLAS:
El TS investiga a Garzón ajeno a las presiones

Zapatero embustero EL MAGISTRADO del Supremo que instruye la causa abierta al juez Garzón ha aceptado la petición de la acusación popular de incluir una copia de la querella por los fusilamientos de Paracuellos, que el propio juez estrella archivó en 1998. Asimismo, el Supremo ha pedido las normas que rigen el reparto de asuntos en la Audiencia Nacional para comprobar si las querellas por los desaparecidos del franquismo correspondían a Garzón. Ello indica que el instructor pretende llevar a cabo una investigación concienzuda, sin dejarse influir por las voces que presionan en favor de Garzón. La investigación del Alto Tribunal no es el único problema del juez. La Generalitat valenciana ha presentado una queja contra él ante el CGPJ por los datos exculpatorios para Camps que no fueron enviados al Tribunal de Valencia. Y los abogados escuchados por orden de Garzón cuando se entrevistaban con imputados del caso Gürtel también han anunciado querellas. Es de esperar que el Colegio de Abogados de Madrid les respalde con una reacción contundente que salvaguarde el sagrado derecho de defensa

EDITORIALES DEL DÍA
EL PNV COGE EL DINERO Y SE ECHA AL MONTE

SE HA DICHO con frecuencia que en el PNV coexisten dos almas bien distintas: la posibilista y pragmática, que recurre a los pactos para avanzar en la construcción nacional, y la radical, que empuja hacia la ruptura de la legalidad y apuesta por una alianza táctica con la izquierda abertzale.

Ambas tendencias quedaron ayer escenificadas en dos decisiones de signo contrapuesto. De un lado, el PNV alcanzó un acuerdo con el PSOE para apoyar los Presupuestos a cambio de contrapartidas. De otro, al imponerse las tesis de Joseba Egibar sobre Iñigo Urkullu, la dirección del partido anunció que estará hoy representada al máximo nivel en la manifestación convocada en San Sebastián para protestar por el encarcelamiento de Otegi, Díez Usabiaga y otros tres líderes de la izquierda abertzale, ordenado por el juez Garzón.

Resulta muy difícil de conciliar una cosa y otra, puesto que el respaldo a los Presupuestos de 2010 supone a la vez un importante refrendo a la política de un Gobierno que afortunadamente está impulsando una activa política antiterrorista que persigue que actuaciones como las de Otegi y Usabiaga para reconstruir la cúpula de Batasuna no queden impunes.

Josu Erkoreka, portavoz del PNV en el Congreso, intentó salvar ayer esta contradicción, subrayando que el PNV pacta con el Gobierno porque lo que le interesa de verdad es defender los intereses del País Vasco. Entre esos intereses figura el llamado blindaje del Concierto vasco, por el que se cambiarán varias leyes orgánicas para que las normas fiscales de las Juntas Generales de cada «territorio» tengan rango de ley, como si hubieran sido aprobadas por el Parlamento de Vitoria.

El propio José Antonio Alonso, portavoz socialista en el Congreso, reconoció que el PSOE va a apoyar la elaboración urgente de una nueva ley que contente las aspiraciones de los nacionalistas. Pero no quedan ahí las concesiones del Gobierno, que se ha comprometido a transferir competencias en materia de empleo y la devolución de 450 millones de euros en concepto de IVA reclamados por Álava.

En este contexto, no pueden sonar más sarcásticas las palabras de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, que alabó «el sentido de Estado» de un PNV que sigue comerciando con sus principios cuando le interesa.

Ciertamente, resulta muy difícil de explicar la política de alianzas y acuerdos puntuales del PNV con el Gobierno en Madrid mientras se muestra inflexible en el País Vasco contra el Ejecutivo de Patxi López, al que ha negado desde el primer momento su legitimidad para gobernar en un ejercicio de sectarismo.

El PNV está haciendo lo posible para obstaculizar en el Parlamento de Vitoria la lucha antiterrorista del Gobierno vasco: se ha opuesto a todas las iniciativas de Patxi López para acabar con el chantaje de los proetarras en las calles y a que la Ertzaintza se una verdadera fuerza de combate contra el terrorismo. La culminación de esta política es su respaldo a la manifestación de hoy en la capital donostiarra, que, aunque convocada por los sindicatos ELA y LAB, va a propiciar una reaparición del frente soberanista, formado por todos los partidos nacionalistas y el entorno proetarra, como en los viejos tiempos del Pacto de Lizarra.

Habrá que ver si sus veleidades y la oposición frontal al Gobierno de López le proporcionan rédito electoral al PNV, que al parecer no se ha dado cuenta de que está en la oposición por los errores cometidos por Ibarretxe.

Nuevamente, el PNV ha cogido el dinero de Madrid y se ha echado al monte en el País Vasco, lo que refleja las profundas incoherencias de este partido

LAS AGENCIAS DE CALIFICACIóN SE CONTRADICEN:
Los evaluadores de la banca, sin crédito

LA CREDIBILIDAD de las agencias de calificación financiera no puede estar más en entredicho. Si episodios como su ceguera ante la quiebra de Lehman Brothers ya las dejó en evidencia, ahora nos encontramos con un análisis del sistema bancario español que causa desconcierto. Así, la sociedad francesa Fitch presentó ayer un informe en el que alaba a nuestros bancos, subrayando que han afrontado con éxito la crisis. Sin embargo, sólo tres días antes, la agencia Moody's dibujaba un escenario radicalmente distinto, asegurando que la situación es de enorme riesgo y que la banca está ocultando el deterioro de sus activos. Es indudable que los criterios de evaluación de estos organismos son erráticos y que su reforma no puede esperar más -el G-20 se comprometió a hacerlo hace casi un año-. Porque un sector tan sensible como el financiero no puede estar al albur de evaluaciones tan arbitrarias

NUEVA TESIS PARA JUSTIFICAR LA SALIDA DE COSTA:
Cospedal y Soraya siguen enganchadas en el chicle

LA SECRETARIA general del PP y la portavoz en el Congreso inventaron ayer un nuevo argumento para justificar la destitución de Costa: las manifestaciones en las que éste defendía su inocencia y pedía perdón por las conversaciones con miembros de la trama Gürtel. Según Cospedal ésa es ahora la causa para retirarle la confianza a él y no a Camps, ya que el presidente valenciano «no ha hecho declaraciones» y las de Costa buscan «sus propios intereses». Soraya Sáenz de Santamaría insistía en la misma idea. Se trata de una justificación no sólo inaudita, sino físicamente imposible, porque las palabras de Costa son del martes y su destitución ya la había pedido Rajoy el viernes. Sorprende que 48 horas después de la destitución la dirección del PP siga tratando de apuntalarla con nuevas teorías, prueba de que continúa enredada en el chicle de su incoherencia. Además, que Camps no haya dado explicaciones y Costa sí, a quien debería penalizar es al primero, igual que resulta absurdo que se usen en contra de Costa sus razones para no dimitir sin aportar otras que le desmientan. Un disparate de principio a fin.

JUEZ SOCIALISTA, PREVARICADOR DE OFICIO: El Supremo investigará si Garzón trató por igual el franquismo y Paracuellos



El Supremo investigará si Garzón trató por igual el franquismo y Paracuellos

Pide el auto en el que el juez rechazó una querella por los fusilamientos republicanos

MARÍA PERAL

Madrid

Zapatero embustero El Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia Nacional que le envíe una copia de la resolución en la que el juez Garzón rechazó investigar los asesinatos de Paracuellos y tachó de «fraude» una querella en la que se pedía aclarar esos crímenes, atribuidos al bando republicano. El documento será incorporado al procedimiento en el que el Alto Tribunal investiga si Garzón prevaricó en la instrucción de una causa por las desapariciones del franquismo.

El magistrado de la Sala Penal del Supremo Luciano Varela, instructor del proceso abierto a Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación, ha contrariado Zapatero embustero a la defensa del juez imputado, que había instado la denegación de todas y cada una de las diligencias solicitadas por la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.

Varela no ha aceptado todas las diligencias propuestas por la acusación. Así, ha denegado las relativas a una conferencia pronunciada por Garzón en Colombia en junio de 2008, en la que se pronunció en contra de determinadas prescripciones de la Convención de la ONU sobre Desaparición Forzada de Personas, como que no contempla la imprescriptibilidad de esos delitos y no prohíbe que puedan ser amnistiados.

La acusación estaba interesada en que Varela ordenara la incorporación del texto de esa conferencia al procedimiento contra Garzón para tratar de demostrar que para este juez primarían sus particulares convicciones por encima de las normas legales.

Zapatero embustero El magistrado instructor, sin embargo, ha denegado esa diligencia porque «no resulta ineludible en este momento del procedimiento», según explica en una resolución conocida ayer.

En cambio, ha considerado que otras dos actuaciones -la incorporación de las normas de reparto de asuntos en la Audiencia Nacional y de las diligencias relativas a una querella por los crímenes de Paracuellos- «pueden contribuir a esclarecer» los hechos que el Supremo investiga. Además, esas dos diligencias «no generan demoras innecesarias ni son extrañas» al objeto del proceso abierto a Baltasar Garzón.

El Alto Tribunal decidió el pasado 26 de mayo investigar si el juez de la Audiencia Nacional prevaricó en varias de las decisiones que tomó cuando instruía una causa por las desapariciones forzadas ocurridas durante el franquismo.

En concreto, la Sala Penal vio indicios de delito en el hecho de que Garzón centró la investigación en delitos para los que reconoció carecer de competencia (las desapariciones forzadas), salvo por razón de su conexión con otro delito (contra la forma de gobierno) que ni se había denunciado ni estaba vigente ni fue investigado. Además, declaró extinguida la responsabilidad criminal de personas, entre ellas el anterior jefe del Estado, Francisco Franco, contra las que ni siquiera se podía dirigir una acción penal por haber fallecido hace decenios, como era notorio.

Zapatero embustero El instructor del Supremo considera que «a fin de completar la información» sobre la actuación de Garzón en la causa sobre el franquismo, es procedente conocer qué decidió cuando a finales de 1998 recibió en su Juzgado una querella por los fusilamientos cometidos por el bando republicano en Paracuellos (Madrid).

Esa querella, interpuesta por la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas de Genocidio en Paracuellos del Jarama, fue archivada en 24 horas por Garzón argumentando que los preceptos sobre el genocidio invocados eran «inaplicables» y que su cita «quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad». El juez dejaba constancia de «la mala fe procesal y del abuso de derecho y fraude de ley» en la presentación de esa querella.

Respecto al reparto de asuntos en la Audiencia Nacional, Varela, afinando la petición de la acusación popular, ha solicitado no sólo el texto de las normas de reparto, sino también los documentos que reflejen cómo se repartieron las denuncias o querellas presentadas durante los tres meses anteriores a las querellas referidas a los desaparecidos del franquismo

«La Abogacía pedirá responsabilidades por las escuchas»

Santander

Zapatero embustero El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, consideró ayer de «extrema gravedad» la grabación de las conversaciones que mantuvieron en prisión el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, y sus abogados y señaló que la Abogacía «pedirá responsabilidades».

Fue en la primera fase de instrucción del caso, que realizó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuando se autorizó la grabación de esas conversaciones. Carnicer dijo ayer en Santander que «lo que procede es anular esa diligencia» y «todas las consecuencias derivadas de ella», aunque ya se ha producido un «daño irreparable», informa Europa Press.

Destacó que en los países desarrollados, la comunicación entre abogado e imputado es «completamente secreta», y así «lo amparan» el derecho fundamental a la defensa y el derecho a la confidencialidad.

Pero, además, si se desvela este secreto entre un imputado y su cliente, «se destruyen completamente» otros derechos constitucionales, como a no autoinculparse, a no declarar contra sí mismo o a la presunción de inocencia, y se «coloca a la ciudadanía en una manifiesta indefensión frente al Estado», que en un proceso de este tipo tiene «todos los medios» para conseguir «esa verdad» sin sacrificar derechos fundamentales.

Zapatero embustero Carnicer destacó que el Consejo General de la Abogacía ya se pronunció la pasada semana de forma «clara, inequívoca e instantáneamente» sobre este asunto, aunque, si hay «otras medidas que adoptar», se abordarán en la reunión del Consejo del próximo noviembre.

«La catástrofe ya se ha producido», recalcó, pero «hay tiempo suficiente para reflexionar sobre la situación y ver lo que hacen los actores principales», dijo.

Precisó que, aunque «no hay ninguna decisión tomada» por parte del Consejo de la Abogacía, si hay responsabilidades, éste «las pedirá».


Camps planteará en el CGPJ una queja contra Garzón y los fiscales de 'Gürtel'

Les acusa de desestimar y hurtar a la opinión pública «grabaciones exculpatorias»

MARIANO GASPARET

Valencia

Zapatero embustero El Gobierno valenciano cree haber encontrado en el sumario del caso Gürtel artillería suficiente como para, por un lado, eliminar toda sospecha sobre la honradez de Francisco Camps y, por otro, desenmascarar el «montaje orquestado contra el presidente valenciano y a otros dirigentes del PPCV».

La Generalitat apunta hacia Baltasar Garzón -instructor del caso- y los fiscales, a los que acusa de haber escatimado «pruebas exculpatorias» hurtando a la opinión pública información sustancial.

Aunque, en principio, la contraofensiva del Consell se limitará a elevar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado, fuentes de la Generalitat confirman que «a nivel privado [los abogados de Camps] se podrían plantear otro tipo de acciones». La probabilidad de que estas iniciativas judiciales se materialicen en querellas por prevaricación u otro tipo de denuncias es evidente.

Los servicios jurídicos de la Generalitat han seleccionado grabaciones realizadas a los protagonistas de la trama que, según ellos, contradicen la tesis central de la Policía: esto es, que el PPCV se valió de la red Gürtel para financiarse de forma irregular mediante adjudicaciones concedidas a dedo tanto a las filiales de Correa como a empresas amigas que, supuestamente, ayudaban a sufragar la deuda oculta del PP con la banda de El Bigotes.

La primera andanada de esta contraofensiva judicial del Consell fue anunciada ayer por la titular de Justicia y portavoz, Paula Sánchez de León. La Generalitat planteará una queja ante el CGPJ y la Fiscalía «contra el juez Garzón y los fiscales que han actuado en el caso Gürtel», y pedirá que «se valore la información del sumario que no se ha tenido en cuenta».

El Gobierno valenciano asegura que existen «grabaciones y documentos exculpatorios» y «pruebas de descargo» que, bien no se incorporaron al sumario remitido al Tribunal Superior valenciano -que archivó el asunto de los trajes-, bien el instructor ordenó destruir pese a que podían ser determinantes para la defensa de Camps.

De estas grabaciones, algunas entre los responsables de la trama y sus abogados, se desprende que los hombres de Correa negaban tener trato de favor por parte de la Generalitat para hacerse con los stands de Fitur, cuyas adjudicaciones lograron cinco años consecutivos pese a que algunas de sus propuestas eran «las más caras, pero las de más calidad», según la Consejería de Turismo. También han reparado en conversaciones en las que el lugarteniente de Correa, Pablo Crespo, negaba que Orange Market hubiera pagado los trajes a Camps.

La Brigada de Blanqueo también basa su acusación en grabaciones

NACIONALSOCIALISMO CATALÁN: El PP recurre ante el TC la Ley de Educación catalana




El PP recurre ante el TC la Ley de Educación catalana

Los 'populares' rebaten cerca de 30 artículos de la norma, entre ellos los que «limitan» los derechos lingüísticos

DANIEL G. SASTRE

Barcelona

En el último día en que podía hacerlo, el PP presentó ayer ante el Tribunal Constitucional su recurso contra la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Tras constatar el retraso de la sentencia sobre el Estatut, los populares se han decidido a recurrir el texto, entre otras razones, por el modelo lingüístico, que establece el catalán como única lengua vehicular en las escuelas.

El PP ha esperado tanto porque varios de los artículos que recurre tienen mucho que ver con otros del Estatut. En el partido querían que la sentencia sobre el Estatuto apareciera antes y, tal vez, hiciera innecesaria la iniciativa contra la LEC. Pero ayer vencían los tres meses preceptivos para recurrir esa norma, y el partido decidió dar el paso.

El grupo parlamentario del PP en el Congreso registró el recurso por la mañana. Por la tarde, en Barcelona, la portavoz parlamentaria autonómica, Dolors Montserrat, y el diputado popular que participó en la ponencia de la LEC, Rafael López, explicaron los motivos de esa decisión. El más importante tiene que ver con la lengua; según el PP, la norma «limita» los derechos lingüísticos de los catalanes.

El recurso alcanza a cerca de 30 artículos. Los populares subrayaron que la LEC elimina «el único derecho» que la Ley de Política Lingüística, de 1998, reconocía a los padres que quisieran educar a sus hijos en castellano: la posibilidad de recibir la «primera enseñanza» en ese idioma. «Con la nueva ley», explicó López, «eso se reduce al primer año». Además, se establece para esos casos la «atención personalizada», lo que a juicio del PP equivale a «segregar a los niños dentro del aula».

«Queremos una ley que potencie todas las lenguas por igual», dijo López, después de defender su modelo trilingüe. «Y ésta blinda el modelo lingüístico».

El PP también ha recurrido otros dos aspectos de la norma: la facultad que otorga a la Generalitat para establecer el currículo educativo de los alumnos catalanes y las «trabas» que establece a la libre circulación de los profesores.

Prácticamente todos los partidos catalanes criticaron duramente la decisió del PP. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, subrayó el «rechazo frontal» de su partido al recurso, y añadió: «Ratifica la hostilidad profunda de este partido por el autogobierno de Cataluña». El consejero de Educación, Ernest Maragall, dijo que la medida popular es «un retorno a la predemocracia».

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, avisó a los populares de que el recurso «levanta una barrera más» entre ambos partidos y dificultará una colaboración en el futuro. En cuanto a ERC, su portavoz,, Anna Simó, acusó al PP de «enarbolar la bandera del anticatalanismo». Sólo el diputado José Domingo, del Grupo Mixto, aplaudió la medida.

El Ministerio de Educación manifestó su «respeto» por el PP e incidió en resolver las posibles incompatibilidades con la legislación estatal -ninguna de ellas sobre la lengua- mediante el procedimiento de conciliación abierto con la Generalitat, informa P. D. Sotero.

CORRUPCIÓN EN CATALUÑA: Agujero de 70 millones en la mutua del presidente del Palau de la Música y de Agrupación Mútua/ El nuevo modelo de financiació



ECONOMIA
Intervenida por un 'agujero' de 70 millones la mutua presidida por Millet

Economía cifra en más de 70 millones de euros el 'agujero' de Agrupació Mútua. El ex presidente del Palau de la Música abandonó la empresa hace sólo un mes y medio

-->LUIS GARRIDO / JUAN EMILIO MAÍLLO

Barcelona / Madrid

El Gobierno intervino ayer la aseguradora catalana Agrupació Mútua, que presenta un agujero de más de 70 millones y déficit de recursos propios para seguir operando. Hasta el mes de julio estuvo presidida por Félix Millet, imputado por un presunto desvío de fondos en el Palau de la Música.

La decisión adoptada por la Dirección General de Seguros, que depende del Ministerio de Economía, conlleva la sustitución de los administradores de la compañía, incluido su presidente, Josep González.

No obstante, el Gobierno desvincula los problemas de Agrupació Mútua de su gestión, según indicó a EL MUNDO Ricardo Lozano, director general de Seguros, que incluso reconoció su «esfuerzo».

Este organismo va a tratar de reconducir las «irregularidades» de la empresa. Tras haber sido salpicada por la imputación del que fuese su presidente, Fèlix Millet -imputado en un presunto fraude en la gestión del Palau de la Música catalán que podría cifrarse en 20 millones-, Economía le transmitió una acta de inspección tras su dimisión que ha desembocado en la intervención.

Lozano explicó que hacía falta «nombrar administradores con experiencia en el mundo del seguro que piloten un proceso de análisis del riesgo inmobiliario, que es el principal problema» de Agrupació Mútua. La aseguradora ya pasó por un proceso similar en 2003.

Debido al fracaso de sus negocios inmobiliarios, la mutua entró en números rojos en 2008 al registrar pérdidas por 13,5 millones, aunque aumentase ingresos y primas netas en el negocio de los seguros.

Tras la dimisión voluntaria de Millet al frente de Agrupació al ser señalado como responsable del supuesto desvío de millones de euros en el Palau catalán, el nuevo presidente de la mutua, Josep González, luchó contracorriente para salvaguardarla y evitar el control del Ministerio, llegando a presentar la pasada semana un plan de viabilidad que, finalmente, no ha cuajado.

El principal escollo que intentaba resolver Agrupació en ese plan era dar salida a la inmobiliaria Amci Habitat, participada por la aseguradora en un 70%, cuya gestión fue muy cuestionada por Seguros y su auditora, BDO, y de la que dan por imposible su viabilidad económica al exigir unas provisiones por 60 millones, que aumentarían las pérdidas de Agrupació hasta más de 70 millones.

La promotora, también presidida por Millet, invirtió 40 millones cedidos por la mutua en unos activos que no le dieron rentabilidad, por lo que no pudo retornar el crédito y arrastró a Agrupació a la situación actual.

González, al frente de la mutua reconoció ayer que la imputación de Millet «podría haber tenido una parte de incumbencia» en la decisión del Ministerio. Y aunque dijo que no han encontrado irregularidades de Millet a cargo de la mutua, sí que dejó caer que «era un presidente sin firma».

El director general de Seguros reconoció que «no nos consta» desvío de fondos por parte de Millet, pero anunció que serán los administradores provisionales los que determinarán si ha habido delito. En ese caso, los datos se remitirán a la Fiscalía Anticorrupción.

González, que tildó de «muy elevada» la decisión tomada por Economía, subrayó que la medida no conlleva la suspensión de contratación de nuevos seguros y que los socios y los clientes «pueden estar tranquilos», ya que no teme por el futuro de la compañía.

Seguros también lanzó un mensaje tranquilizador, pero abrió la puerta a que la mutua cambie de propietarios y sea absorbida por algún rival. González desechó totalmente esta opción, pese a que la catalana Fiatc y la madrileña AMA se habían interesado en Agrupació.

Jacint Boixasa, uno de los dos administradores de la entidad designados por Economía, es un antiguo conocedor de la mutua. Fue responsable de Seguros de la Generalitat cuando, en tiempos de CiU, la dirección general de Seguros seguía de cerca la carrera de Agrupació Mútua, a la que amenazó con la intervención si no dejaba la dirección general Josep Luís Torra.

Una intervención anunciada

>El fracaso inmobiliario. Los negocios inmobiliarios de Agrupació, de la mano de la también presidida por Millet, Amci Habitat, arrastraron a la compañía a unas pérdidas que se cifran en 70 millones.

>La destitución de Millet. El 27 de julio dimitió Félix Millet de la dimisión de la mutua. Ese mismo día, abandonaba el Palau de la Música catalán al verse imputado por una estafa millonaria.

>La inspección de Economía. Tres días más tarde, el ministerio avisa a Agrupació de que será inspeccionada para certificar si ha de ser intervenida.

>Medidas de control. Economía cambiará algunos órganos de la compañía para asegurar a clientes y socios.

Fèlix Millet /Ex presidente de Agrupació Mútua y del Palau de la Música
Manzana 'podrida' de la burguesía catalana

NÚRIA CUADRADO

Barcelona

Agrupació Mútua es uno de los patrones del Palau de la Música. Uno de los mecenas que ha contribuido a la rehabilitación del escenario modernista que hace 150 años construyó Lluís Domènech i Montaner. Pero no es éste el único lazo que une a ambas instituciones: hasta hace poco, menos de tres meses, el timón de ambas estaba comandado por Fèlix Millet. Ahora, las dos atraviesan los que pueden ser los peores momentos de su historia.

Hasta el pasado 23 de julio, hasta la mañana en que los Mossos d'Esquadra entraron en el Palau del Música, Fèlix Millet (Barcelona, 1935) era uno de los miembros más respetados de la burguesía catalana, que había olvidado -y perdonado- que en 1983 pisara una celda de la prisión Modelo a causa del caso Renta Catalana. Presidente de Agrupació Mútua, presidente del Orfeó Català, de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana y presidente ejecutivo del Consorcio del Palau de la Música, Millet estaba a punto de recibir la medalla de oro de Barcelona. Pero, aquella mañana de julio, su destino dio un quiebro de 180 grados: se quedó sin la distinción del Ayuntamiento y sin ninguno de los cargos que lo situaba entre quienes mueven los hilos de la economía y de la sociedad civil catalana.

Tras la entrada de la policía en el Palau a la búsqueda de documentación que probara que Millet -con la ayuda de su segundo, Jordi Montull, y la hija de éste, Gemma- había estado expoliando las arcas de la institución, los datos de la investigación judicial y de la auditoria encargada por los nuevos gestores del Palau han hecho que aquellas sospechas parezcan pecata minuta. Si en julio se hablaba del desvío de un par de millones de euros -en un principio centrados en los ejercicios de 2002 y 2003-, ahora son muchos quienes apuntan a que la cifra podría elevarse hasta los 20 millones de euros.

El propio Millet en una carta que remitió al juez a mediados de septiembre, admitía haberse quedado con 3,3 millones de euros: algunos se los apropió adjudicándose sobresueldos; otros, pagando viajes familiares a paraísos exóticos con dinero del Palau; o costeando obras en su domicilio de L'Ametlla del Vallès -se construyó una piscina y un auditorio- y camuflando las facturas entre las de la rehabilitación del Palau. De todo ello deberá dar cuenta el lunes en su declaración ante el juez.

El nuevo modelo de financiación obstruirá el control del IRPF

Hacienda alerta del riesgo de que las 17 autonomías diseñen sus propias tarifas

FRANCISCO NUÑEZ

Valladolid

El nuevo modelo de financiación autonómica aportará problemas en la lucha contra el fraude fiscal. Según señaló ayer el director general de Tributos, Jesús Gascón, en el XIX Congreso de la Organización Profesional de Inspectores del Estado (IHE) celebrado en Valladolid, la posibilidad de que cada comunidad autónoma fije una tarifa propia, así como los mínimos personales y familiares, puede acarrear «un problema de control futuro de este impuesto».

En 2010 entrará en vigor el reparto al 50% de la recaudación del IRPF entre Estado y autonomías, que permite ampliar esta capacidad normativa a las regiones. De esta forma, puede suceder que cada comunidad tenga una tarifa propia y, a la vez, distinta a las de las demás. Es decir, además de la única nacional, puede haber otras 17 tarifas de IRPF distintas (también deducciones.

Es más: ni siquiera tienen que tener los mismos tramos. Tan solo tienen que mantener la progresividad (que paguen más los que más declaren). Así, mientras la tarifa nacional tendrá cuatro tramos, en las autonómicas podrá haber dos como mínimo. Un puzzle difícil de desentrañar para la Hacienda estatal.

Gascón señaló que el IRPF se convertirá en un «impuesto dual», es decir, el Estado definirá «el hecho imponible» y las autonomías diseñarán «la estructura impositiva». De aquí que comparara el modelo actual con una palmera: ahora existe un tronco y 17 ramas y, en el futuro, se producirá una especie de «baobá», un arbol deforme con muchas ramas de un lado para otro, sin orden ni concierto y sin tronco.

El responsable de Tributos hizo un somero repaso a todas las figuras impositivas y confirmó que la subida de las rentas de capital en 2010 (del 19% al 21%) es «coyuntural».

Sin embargo, la subida del IVA se consolidará, ya que aún «estamos por debajo» de los tipos de la media europea. No se mostró partidario de subir los tipos marginales máximos del IRPF, como se ha insinuado en la negociación parlamentaria de los Presupuestos para el próximo ejercicio. «No es lo más oportuno cuando se están bajando en otros países», apostilló. En cualquier caso, manifestó que habría que revisar o suprimir los incentivos fiscales, en particular el de la deducción por vivienda, porque tienen un coste muy elevado (50.000 millones).

También intervino en este Congreso el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, que confirmó que, a partir del 1 de enero, los bancos tendrán que pasar información a Hacienda de todas las operaciones que se realicen en metálico, sea cual fuere la denominación de los billetes, superiores a 3.000 euros, incluídas las compra mediante tarjeta de crédito.

En ese sentido, indicó que la campaña sobre los billetes de 500 euros ha proporcionado al fisco 307 millones de recaudación por declaración extemporánea, y que se han enviado 90 expedientes por delito fiscal a los tribunales (por valor de otros 100 millones).

Además, se cursan expedientes por otros 130 millones por vía administrativa.

Pedroche, que no se atrevió a dar una cifra sobre el volúmen de la economía sumergida, apuntó que en la próxima semana la Agencia se reunirá con la inspección de la Seguridad Social para realizar «una puesta en común para atacar este fenómeno».

Más impuestos y una presión del 40%

Con una presión fiscal del 33,1% del PIB como la actual, las cuentas públicas son «absolutamente insostenibles», aseguró ayer el director general de Tributos. Según Jesús Gascón, cuando mejore la situación económica y la presión fiscal alcance la del 37,1% de 2007, habría que plantearse alcanzar el 40%, que es la media europea. En esta línea, apuntó que es imposible recuperar la presión fiscal «sin subir impuestos». Así, destacó el margen de subida que tienen algunos tributos (como el IVA y los Especiales) porque el agujero en la recaudación del sector inmobiliario no se va a recuperar «ni con un nuevo crecimiento económico»


Aguirre rechaza imposiciones en Caja Madrid

Niega la autoridad exclusiva de Rajoy en el relevo de Blesa y reclama «consenso»

CARMEN SERNA

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, negó ayer autoridad exclusiva al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, para designar al nuevo presidente de Caja Madrid.

Aguirre, aseguró ayer que «no puede haber imposiciones» tras una información de EL MUNDO, sobre que Rajoy no quiere al frente de la caja al vicepresidente primero del Gobierno regional, Ignacio González, y que está dispuesto a aceptar a Rodrigo Rato.

La presidenta regional mantiene como candidato preferido para relevar a Miguel Blesa en la presidencia de la caja a González y reclamó ayer consenso de «todos los implicados». Fuentes de la Comunidad señalaron que Aguirre no quiere imponer su opinión, pero tampoco que se la impongan. «Corresponde a un proceso electoral para renovar los órganos de Caja Madrid en el cual todos los implicados, todos, lo que queremos es lograr un consenso», aseguró la presidenta regional.

Con esa frase echó un nuevo capote a González, que es el muñidor de un consenso con PSOE, Izquierda Unida, UGT y la rama bancaria de Comisiones Obreras que ha devuelto una mayoría a Aguirre en los órganos de gobierno de la caja. En opinión de la Comunidad, González ha acreditado capacidad de lograr acuerdos estables en la entidad, mientras que otros candidatos no. También están en la quiniela Manuel Pizarro -con apoyo de José María Aznar y el alcalde de Madrid- sin olvidar a Luis de Guindos, avalado también por Rajoy.

Aguirre se mostró optimista sobre que el consenso entre todas las partes para designar al próximo presidente de Caja Madrid «parece que está en este momento a punto de lograrse». «Todo eso que se dice de que si alguien quiere poner a alguien o yo misma quiero poner... Aquí no hay nada más que los órganos implicados. Todos ellos tenemos que llegar a un acuerdo», agregó.

Preguntada por si ha mantenido alguna reunión con el presidente del PP para tratar el asunto, la dirigente regional aseguró que no ha habido ningún encuentro. «No he tenido ninguna reunión ni la tendré», afirmó. Negó «reuniones», pero nada dijo sobre conversaciones telefónicas. La última vez que se vio a Aguirre y Rajoy juntos en público fue el pasado día 2 en Copenhague en la presentación de la candidatura olímpica de Madrid.

La convulsión en la caja coincide con la decisión de ayer de la agencia Fitch de calificación de riesgos (ver información en la página anterior). Fitch resalta que Caja Madrid es la única de las grandes entidades con un nivel de solvencia por debajo del 7%, aunque cree que podrá combatir su exposición al ladrillo

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CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: Firmas falsificadas en el caso Mercasevilla



Una firma falsificada avaló en el Pleno el pliego técnico de Mercasevilla

MARÍA RIONEGRO

Sevilla

Un mismo presidente y dos firmas diferentes. La rúbrica que avaló, ante el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla del 15 de diciembre de 2005, el pliego técnico para la venta de los suelos de Mercasevilla -que investiga una juez- fue falsificada.

La firma, en nombre de la presidencia del mercado de mayoristas, es radicalmente distinta a la del entonces verdadero presidente de la sociedad pública, Gonzalo Crespo, quien sí rubricó su aprobación definitiva en el consejo de administración de Mercasevilla del 30 de noviembre de 2005.

Así lo desveló ayer el Partido Popular durante la sesión plenaria, donde mostró los documentos que verifican esta acusación.

La última página de ambos pliegos -el definitivo y el que se llevó a Pleno- recoge la firma tanto del presidente de Mercasevilla como del secretario, Jorge Piñero. Mientras que la firma de este último es la misma en los dos documentos, la que se refiere al presidente no se corresponde en uno y otro.

Además, en el pliego que se aprueba en el consejo de administración se hace referencia al cargo y al nombre del presidente, Gonzalo Crespo. Sin embargo, en el que se votó en Pleno -y que defendió el propio Crespo con el respaldo de todos los grupos políticos- tan sólo se refiere al cargo.

Desfase temporal

La oposición se preguntó cómo era posible que el pliego de condiciones técnicas que se elevó a sesión plenaria en el mes de diciembre fuera distinto si 15 días antes, el 30 de noviembre, fue aprobado el documento definitivo tanto por el consejo de administración de Mercasevilla como por la junta de accionistas. Y es que el PP desveló más de una irregularidad.

El Partido Popular incidió en las diferencias detectadas y señaló que el documento que se aprobó en el Pleno del Ayunamiento es un «borrador en fecha», que incluso contaba con espacios en blanco en algunos tramos cuando el pliego técnico se había aprobado 15 días antes.

Otra de las cláusulas que aparecen modificadas es la relativa a las cargas reales y condiciones urbanísticas, un requisito que también facilitó que la empresa Sando se hiciera con la adjudicación de los terrenos de Mercasevilla que investiga la juez

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MANIFESTACIÓN CONTRA EL ABORTO: El aborto genera un negocio de 50 millones



El aborto genera un negocio de 50 millones

Los convocantes de la marcha de hoy denuncian el lucro de las clínicas privadas

RAFAEL J. ÁLVAREZ

Madrid

Veinticuatro años no son nada. Un cuarto de siglo después de que el aborto se despenalizara, los grupos provida vuelven en masa a la calle: «Holocausto silenciado, sí a la vida». El Foro de la Familia y 40 grupos más afirman que quieren contar hoy un millón de personas con Aznar y Aguirre en la pancarta y calientan el otoño acusando a las clínicas de un «fraude fiscal» con los 50 millones de euros anuales que mueve el «negocio del aborto en España». Enfrente, los centros privados meditan querellas, algunos católicos dicen que no cuenten con ellos para esta tarde y el PSOE sostiene que detrás está el PP. Veinticuatro años no son nada.

La que los grupos provida califican como la «mayor manifestación de la historia de la democracia» acontece hoy en Madrid después de casi un año de planes, el tiempo que hace que el Gobierno anunció una nueva ley para archivar aquella despenalización de 1985 y convertir en derecho lo que aún hoy es un delito.

El escenario se parece a las marchas montadas a mediados de los 80 por los padres católicos: grupos antiabortistas organizando, derecha política y jerarquía eclesiástica apoyando y socialismo gobernando.

Pero, en medio, «un holocausto silenciado de 700.000 seres humanos entre 2000 y 2007», según la plataforma Derecho a Vivir, una de las organizaciones convocantes, que ha repartido por España miles de trípticos y de carteles opinando sobre el aborto: «Es la muerte cruel y violenta de un ser humano, un drama para la mujer que sufre, un fracaso colectivo de la sociedad y supone el negocio de la muerte».

En su publicidad -en la que también aparece una foto de una embarazada con muchos meses de gestación bajo el lema Zona libre de pena de muerte-, Derecho a Vivir no hace referencia a los abortos practicados en la era Aznar, unos 500.000 en ocho años, un argumento utilizado por la izquierda para desacreditar los ataques populares a la reforma socialista. «Incomprensible», dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno cuando le preguntaron por la manifestación.

La movilización, que según los convocantes ha costado 130.000 euros salidos de sus bolsillos, «sería imposible sin el PP, que ofrece su red para apoyar la organización. Sin el entramado del PP es imposible una convocatoria como ésta, porque la derecha y la Iglesia siempre salen a la calle para cercenar los derechos de las mujeres, nunca para avanzar. Sólo les preocupa el aborto cuando gobierna la izquierda». Lo decía ayer Elena Valenciano, miembro del Comité Federal del PSOE y presidenta de la Fundación Mujeres, uno de los grupos feministas que ha editado un vídeo «dirigido a quienes quieren mantener el aborto como un delito, lo que implica que las mujeres puedan ir a la cárcel».

Valenciano hablaba así cinco horas después de que tres grupos provida acusaran a las clínicas privadas de protagonizar un «fraude fiscal» que oscila «entre 50 y 150 millones de euros anuales», un montante repartido entre 82 centros privados y en manos de 43 empresarios.

Tras un encargo de la Confederación Nacional Católica de Padres de Familia y Alumnos (Concapa) y del Foro Español de la Familia, el Instituto Efrat presentó un estudio de 41 páginas en el que admite que la oscilación entre los 50 y los 150 millones depende de las fuentes utilizadas para calcular los dineros del aborto. Son 50 millones si se toman las cifras oficiales de interrupciones facilitadas por el Ministerio de Sanidad (112.138 en 2007), 100 si se calculan en función de las declaraciones de algunos altos cargos de la cartera de Trinidad Jiménez que sostienen que el número real de abortos en España duplica al conocido y 150 si se usa como referencia a un jefe de Ginecología de un hospital vasco, que dijo en 2006 que se aborta el triple de lo que se declara.

Efrat ha utilizado un precio medio de 500 euros por aborto y ha echado cuentas. Aunque con una horquilla ampliamente millonaria. «La industria del aborto trabaja sin pausa, a un aborto cada cinco minutos. Además, los abortistas son opacos y no entregan factura», aseguró ayer David del Fresno, autor del estudio.

Santiago Barambio es uno de los empresarios citados en el informe. Pero también es el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), y desde ahí, dijo a Europa Press que no descarta presentar una querella contra Concapa y el Foro de la Familia. «Esa acusación de fraude es ridícula y absurda. Deberían sustentarla en algo concreto. La asociación estudiará si ha de presentar una querella».

Clínicas que practican abortos sugirieron a este periódico que la acusación de fraude fiscal «podría volverse contra quienes la realizan, porque los delitos hay que probarlos». «Registramos cada intervención médica que realizamos y ahí están las inspecciones y las declaraciones fiscales para demostrarlo».

Y antes de que el viernes se esfumara, se apuntaron a la marcha más popes del PP. El último, una mujer: Esperanza Aguirre, que se dejará ver con José María Aznar y Jaime Mayor Oreja. El propio Aznar justificó esta semana por qué no abolió la Ley del Aborto en los ocho años que gobernó: la diferencia es que el Gobierno socialista va a convertir en «un derecho» lo que siempre se consideró «un delito», despenalizado en algunos supuestos.

Más discreta que el PP se ha asomado al sábado la jerarquía eclesiástica. No ha organizado la marcha, ni estará de forma oficial, pero algunos obispos irán hoy por las calles de Madrid junto a miles de católicos.

Pero no todos los cristianos están contra la regulación del derecho al aborto. Católicas por el Derecho a Decidir apoya la nueva ley y asegura que los antiabortistas «sólo defienden la vida del feto y de las mujeres que quieren ser madres, sin tener en cuenta las decisiones de las mujeres que libremente quieren decidir cuándo quieren ser madres y cuántos hijos desean tener».


El debate de nunca acabar

>El Foro de la Familia y Rajoy. «No echamos de menos ni al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ni a representantes de la Conferencia Episcopal, porque es una protesta de la sociedad civil en la que no se admiten adhesiones ni de partidos políticos ni de confesiones religiosas», dijo el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco.

>Cayo Lara. «Es muy fuerte cómo la Iglesia Católica aborda el problema del aborto al considerar asesinas a las personas que lo defienden. Por muy masiva que sea la manifestación, pido al Gobierno que no cambie, porque debe primar el derecho de la mujer. Espero que el Gobierno haga caso a su conciencia e inteligencia», dijo el coordinador general de IU. Gaspar Llamazares cree que la marcha convocada contra la reforma de la ley conducirá precisamente a lo contrario, a una legislación «más amplia y comprensiva» con las necesidades de las mujeres.

>Presidente de Murcia. «Me parece perfecto que un movimiento espontáneo, no dirigido aunque sí organizado, se manifieste contra algo que es totalmente ofensivo para la sociedad. No es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas. Es la defensa de la vida», dijo ayer Ramón Luis Valcárcel, jefe del Ejecutivo murciano.

>Feministas. «La ley trata de reducir el número de abortos que se producen y busca acabar con la inseguridad jurídica de las mujeres. La manifestación va contra los derechos de las mujeres» (Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas). «Pedimos que quienes vayan a la manifestación se comporten de manera respetuosa, porque la reforma de la ley no hace más que colocarnos al nivel de los países de nuestro entorno» (Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis)

RECHAZO ABSOLUTO A LOS PRESUPUESTOS: Los rechazan hasta los que los aprobarán corrompidos por las dádivas



LAS CUENTAS DEL ESTADO / La negociación política
El PSOE, con sus 'amigos' del PNV

El nacionalismo vasco salva los Presupuestos, tras el rechazo conjunto de la izquierda

MANUEL SÁNCHEZ

Madrid

La política hace extraños compañeros de cama. El viejo dicho parece de lo más acertado para entender cómo el PSOE logró ayer salvar los Presupuestos Generales del Estado para 2010 y, en buena medida, toda la legislatura, gracias al apoyo de la formación política a la que desalojó del Gobierno vasco hace sólo unos meses.

Y es que ha sido el Partido Nacionalista Vasco -«mis amigos del PNV», como decía Felipe González- el último flotador al que ha podido agarrarse el Grupo Socialista para evitar la devolución de las Cuentas del Estado, a las que ha dado la espalda toda la izquierda parlamentaria.

Con sus seis diputados, más los dos de Coalición Canaria, el PSOE suma 177 escaños en el Congreso, es decir, una mayoría absoluta que le sirve hasta para levantar un hipotético veto del Senado.

El portavoz socialista, José Antonio Alonso, salió más que satisfecho por el resultado de una dura negociación, aunque en el fondo el acuerdo estaba casi resuelto desde que conversaron la pasada semana José Luis Rodríguez Zapatero e Iñigo Urkullu para pactar el blindaje del Concierto vasco. Cuando el martes el PSOE dio su voto favorable a la Proposición de Ley emanada del Parlamento vasco, ya había Presupuestos Generales para 2010.

De hecho, según fuentes consultadas, Zapatero se fue de gira internacional sabiendo que los Presupuestos Generales del Estado estaban garantizados -hizo también el trabajo previo en Canarias-, y dependía de Alonso el resto de los apoyos que pudiera sumar en esta primera fase de negociación.

De hecho, el acuerdo con el PNV se fundamenta en aprobar antes del 15 de diciembre el blindaje del Concierto vasco, porque las otras dos premisas que ponían los vascos eran de menor calado. La devolución del IVA de coches de importación a la Hacienda Foral de Álava se hará, pero es un asunto que está judicializado y la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. Y el traspaso de las políticas activas de empleo es una reivindicación del propio lehendakari vasco, Patxi López, que ya se está negociando.

En cuanto a Coalición Canaria, la cosa ha sido sólo cuestión de «más dinero», aunque el pacto importante ya se hizo durante el pasado Consejo de Ministros en las islas. Alonso no lo quiso cuantificar, pero en síntesis se trata de un «conjunto de actuaciones» en materias de empleo, infraestructuras y políticas sociales.

Tras este apoyo, Alonso no se cansó de decir que seguirá buscando más respaldo parlamentario y que siguen las puertas abiertas en la negociación con IU-ICV, ERC y el BNG. De hecho, el Grupo Socialista aspira a lograr en diciembre 185 votos favorables a los Presupuestos.

El portavoz socialista se jactó de decir que tiene margen de maniobra en materia fiscal, y dio por hecho que está abierto a mantener la desgravación de los 400 euros a las rentas más bajas, al igual que a subir el tipo a los deportistas de elite que no sean españoles.

Que vayan adelante estas medidas dependerá, en buena parte, de la actitud que adopten los partidos de izquierda, pero se da por hecho que el PSOE las llevará adelante como iniciativa política propia, o podría dejar que otros se cuelguen las medallas.

La que parece descartada es la polémica subida de los tipos del IRPF para las rentas más altas, así como la supresión del incremento del IVA acordado por el Gobierno.

Sobre el primer punto, fuentes de la dirección del Grupo Socialista indicaron que nunca estuvo encima de la mesa y que las propuestas de los grupos parlamentarios a este respecto fueron remitidas para ser consultadas con el presidente del Gobierno y la vicepresidenta económica. Nunca hubo negociación concreta al respecto.

Tampoco se modificará las subidas del IVA acordadas por el Gobierno porque, como dijo ayer José Antonio Alonso, a los socialistas les «parecen justas, adecuadas y proporcionadas».

No obstante, todo apunta a que la izquierda parlamentaria, tras el órdago de ayer, flexibilizará sus posiciones durante el trámite parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado.

De hecho, Alonso se ha esforzado en acercar posiciones, aunque más por motivos políticos que por diferencias insalvables, los grupos de izquierda presentaron finalmente su enmienda a la totalidad.

El debate, no obstante, es largo y complejo. Se iniciará el próximo martes con una mujer, por primera vez en la historia democrática, defendiendo los Presupuestos de un Gobierno. Hasta diciembre, quedan muchas emboscadas que ver.

LOS QUE APOYAN

«Logramos las pretensiones exigidas»

VPNV. El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, advirtió ayer de que el acuerdo alcanzado con el PSOE para permitir salvar el debate de totalidad de los Presupuestos de 2010 garantiza el inicio de las negociaciones, pero no un acuerdo global y definitivo a favor de las cuentas.

Erkoreka justificó el pacto alcanzado porque, según dijo, los socialistas le han dado a su partido «garantías suficientes» de que van a cumplir con las tres «precondiciones» que les habían puesto.

Tras este pacto inicial que permite la tramitación de los Presupuestos, Erkoreka aseguró que su grupo quiere seguir llegando a acuerdos con sus enmiendas parciales, si bien, advirtió, están abiertas «todas las posibilidades» y puede haber tanto «éxito como fracaso».

El portavoz del PNV admitió su satisfacción por el acuerdo alcanzado, que responde a «todas las pretensiones exigidas» por su partido.

Sin embargo, advirtió de que, una vez cumplido su compromiso de votar en contra de las enmiendas a la totalidad, el PNV iniciará la negociación del contenido del proyecto.

«Canarias sale más beneficiada»

CC. La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, informó ayer de que no presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al considerarlos una «buena noticia» para Canarias, con acuerdos que garantizan inversiones de hasta 1.000 millones de euros en las islas, aunque estimó que las cuentas son «manifiestamente mejorables».

Oramas dio cuenta del acuerdo entre el Grupo Parlamentario Socialista y CC sobre los PGE, mediante el cual el archipiélago recibirá, entre otras partidas, 15 millones de euros en el próximo ejercicio para la atención a los menores inmigrantes no acompañados, así como 10 millones para infraestructuras ferroviarias en Tenerife, cantidad que en el caso de Gran Canaria será de 5 millones.

En definitiva, Oramas apuntó que los PGE supondrán una inversión en Canarias «suficiente» para no presentar una enmienda a la totalidad, al tiempo que opinó que las islas salen más beneficiadas que otras comunidades y diagnosticó que las cuentas son «mucho mejores que las de 2009».

LOS QUE NO APOYAN

«PNV y CC son cómplices del paro»

PP. El responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, advirtió ayer a PNV y Coalición Canaria de que el acuerdo que han alcanzado con el PSOE en torno a los Presupuestos Generales del Estado para 2010 les convierte en «cómplices» de las cuentas públicas «del paro y la resignación ante la crisis económica».

Montoro defendió la devolución del texto al Gobierno por tratarse de unos presupuestos que, desde su punto de vista, confirman «el agujero negro» de un déficit público que hará «insostenible» el sistema de bienestar, contienen la «mayor subida de impuestos de la democracia» destinada a sufragar «el despilfarro del Gobierno socialista», aumentan «vertiginosamente la deuda pública» y restringen el acceso al crédito bancario de familias, empresas y autónomos. Por todo ello, justificó el voto en contra del PP.

«Se va a castigar a las clases medias»

CiU. El portavoz de Convergencia i Unió (CiU) en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, ya entregó el pasado jueves en el Registro de la Cámara Baja su anunciada enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2010, tras la ruptura de negociaciones con los socialistas.

Duran Lleida justificó la presentación de la misma mostrando sus discrepancias con el cuadro macroeconómico establecido por el Gobierno en su proyecto, en el que no comparten el déficit previsto, los intereses de deuda y las estimaciones de paro.

Asimismo, apuntó que CiU está en desacuerdo con la política de ingresos, puesto que, según criticó, éstos se concentran en una subida de impuestos «que va a castigar a las clases medias, el consumo y el ahorro, y además va a impedir la generación de empleo».

«Seguimos con la mano tendida»

ERC/IU-ICV. Los independentistas catalanes ya anunciaron el pasado jueves su enmienda a la totalidad y su rechazo a las cuentas del Estado. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya lo concretó durante la mañana de ayer.

No obstante, ambos grupos, pese a sus discrepancias, mostraron su disposición a seguir negociando con el Grupo Socialista.

Así, el diputado de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, lamentó que no hayan logrado llevar los PGE hacia la izquierda en las negociaciones de los últimos días con el Grupo Socialista. «Ha habido una negociación intensa con el Gobierno y el PSOE para hacer girar este PGE hacia la izquierda, pero no lo hemos logrado», insistió.

A pesar de esto, aseguró que mantendrán la «mano tendida hasta el último minuto» para conseguir un acuerdo presupuestario.

«Tenemos discrepancias profundas»

BNG/UPyD. Aunque por distintos motivos, las dos formaciones pertenecientes al Grupo Mixto formalizaron sus enmiendas a la totalidad.

La diputada de UPyD, Rosa Díez, lo hizo el jueves y afirmó que el Presupuesto «ni es austero, ni reequilibra las cuentas públicas ni favorece el cambio de modelo económico, y es propio de un Estado residual».

El BNG justificó ayer desde Galicia su posición. Su portavoz en el Congreso, Francisco Jorquera, calificó de «absolutamente insuficientes» y de «retroceso» las partidas previstas en el proyecto de Presupuestos para Galicia, y aseguró que no hubo por parte del PSOE «cambios significativos» que permitiesen un apoyo de los nacionalistas. Jorquera reconoció la existencia de «discrepancias profundas» con los socialistas en la elaboración de las cuentas públicas.

El PNV comparte pancarta con la izquierda radical contra los arrestos

Los cinco líderes territoriales protestarán por la detención de dirigentes de Batasuna

MIKEL SEGOVIA

Bilbao

Todos los partidos nacionalistas vascos saldrán hoy a la calle para denunciar la detención, el pasado martes, de 10 miembros de la izquierda abertzale radical, acusados de intentar recomponer la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna. Cinco de ellos ingresaron ayer en prisión.

El PNV anunció ayer que enviará a los presidentes de sus cinco ejecutivas territoriales a la manifestación que esta tarde se celebrará en San Sebastián y en la que compartirán pancarta, entre otros, con representantes de la izquierda abertzale radical, el sindicato LAB, Aralar, EA y el Movimiento pro Amnistía.

A la marcha, convocada por los principales sindicatos nacionalistas -ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, HIRU y EHNE- bajo el lema Askatasunaren alde, eskubide guztiak guztiontzat (En favor de la libertad, todos los derechos para todos), no está previsto que acuda el presidente del PNV, Iñigo Urkullu. En un nuevo ejercicio de equilibrios, los jeltzales han preferido salvaguardar a su presidente de la fotografía que unirá a sus dirigentes territoriales con significados representantes del mundo radical abertzale.

Quien sí estará será el presidente de la formación en Guipúzcoa, Joseba Egibar, quien tras las detenciones aseguró que los arrestos han sido impulsados por personas «que no quieren la desaparición de ETA», porque encarcelan a dirigentes que apuestan por encaminar al entorno radical hacia vías pacíficas. Egibar añadió el jueves que, con actuaciones como ésta, el Estado «pretende controlar todos los procesos, y los políticos y democráticos que se pudieran sustanciar con ETA desaparecida se escapan al control del Gobierno español», para añadir después que «en otro tipo de escenarios se vive muchísimo mejor».

Declaraciones que fueron calificadas de «miserables» por el consejero de Interior, Rodolfo Ares, quien pidió a Urkullu que se posicionara ante las mismas. El presidente del PNV se ha limitado a afirmar que las detenciones de Otegi, Díaz Usabiaga y las otro ocho personas le suscitan «interrogantes e incógnitas» que le llevan a dudar si esconden «un cálculo político».

Junto a Egibar, el PNV anunció ayer la presencia en San Sebastián de sus presidentes en Vizcaya, Andoni Ortuzar, y Álava, Iñaki Gerenabarrena, así como sus máximos dirigentes en Navarra, José Angel Agirrebengoa, y en Iparralde, Txaro Goikolea. Todos ellos pertenecen al Euskadi Buru Batzar (EBB), máximo órgano del partido.

La detención del que fuera secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga, contra quien ayer Garzón dictó ingreso en prisión, ha llevado a este sindicato a liderar las movilizaciones en los últimos días. La operación ha vuelto a abrir el debate sobre la posibilidad de que sea el preámbulo de una posible ilegalización de la central abertzale, en cuya sede guipuzcoana se produjeron la mayoría de las detenciones. Por el momento, el Ministerio del Interior considera «prematuro» hablar de esta posibilidad.

Precisamente ayer, el PP pidió al departamento de Interior que abra una investigación para esclarecer «el tipo de colaboración» prestada por el sindicato LAB a la ilegalizada Batasuna «para facilitar su actividad».

Ayer, la actual máxima responsable del sindicato, Ainhoa Etxaide, destacó que el amplio número de adhesiones recibidas a la manifestación «demuestran que hay una demanda real en Euskal Herria de iniciativas políticas que encaucen, de una vez y definitivamente, las ganas de trabajar por un nuevo escenario para nuestro país».

Desde la izquierda radical abertzale, el histórico dirigente Tasio Erkizia aseguró ayer que «se equivocan» quienes creen que con las detenciones se «anulará» la oferta política que plantea este mundo. Erkizia afirmó que continuarán trabajando para alcanzar un «escenario democrático en el que se reconozca el derecho a decidir».

Entre las adhesiones a la marcha también figuran las de partidos como Aralar, Hamaikabat, Eusko Alkartasuna, Alternatiba y de un importante número de sindicatos y movimientos sociales

La falsa y cínica De la Vega elogia al PNV y CC y esconde el mercantilismo de la operación

AGUSTÍN YANEL

Madrid

Zapatero embustero La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, celebró ayer el «sentido de Estado y la enorme responsabilidad» de los grupos del Congreso que han alcanzado un acuerdo con el PSOE en torno a los Presupuestos Generales del Estado para 2010, en referencia al PNV y Coalición Canaria. Felicitó a todos los grupos parlamentarios porque, según dijo, desde sus distintas posiciones sobre las cuentas públicas para el año próximo han actuado «con la voluntad de trabajo que se exige a los poderes públicos y a los representantes políticos en un momento de dificultad». «Ahora hay que seguir negociando», añadió.

RICARDO COSTA



POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La crisis de los 'populares' valencianos
Génova culpa a Costa de su comunicado

Cospedal y Sáenz de Santamaría coinciden en incluir entre los motivos para su relevo la comparecencia ante «los medios» y el «reconocimiento de sus errores»

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Madrid

«No hemos oído a don Francisco Camps hacer declaraciones en el sentido que las ha hecho don Ricardo Costa o emitir manifestaciones en medios de comunicación en el mismo sentido», argumentó ayer María Dolores de Cospedal para justificar la distinta vara de medir aplicada por el PP a sendos dirigentes del partido en Valencia, en relación con el caso Gürtel.

Así, la secretaria general del PP introducía además ayer una nueva explicación al relevo de Costa, al reprocharle la pública lectura de su comunicado del pasado martes, en el que pedía explicaciones de su anunciado cese a las direcciones regional y nacional del partido.

En la misma línea se pronunció la número tres del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, al afirmar que Costa «reconoció él mismo, en un comunicado, que había cometido errores de los que podía sentirse incluso avergonzado». La portavoz del Grupo Popular agregó además en RNE que, como secretario general, «tiene un plus de ejemplaridad».

Siempre en este sentido, Cospedal sentenció en los micrófonos de la Ser que un secretario general «tiene que saber muy bien dónde está» y que a él se le exige «un plus a favor de la organización y no de sus propios intereses o beneficios personales». Además, la número dos de Rajoy subrayó que Costa «se equivocó en su forma de actuar».

Sobre Camps, Cospedal no vertió elogio personal alguno, pero afirmó que «es el que los valencianos quieren que sea su presidente y lo seguirá siendo». Y en este sentido, justificó también el respaldo que Rajoy le otorgó la víspera, en una comparecencia, por cierto, «muy valiente y muy sincera». Dijo que Camps está realizando «una gran labor» y que le parecía «muy bien que sea así».

Por su parte, Camps agradeció desde Valencia el apoyo recibido de Rajoy y su ratificación como candidato del PP a las elecciones autonómicas de 2010. Lo interpretó como una forma de «ratificar el esfuerzo y el trabajo hecho desde hace dos años por la Comunidad Valenciana». «La Historia», añadió, «le pasará factura» al Gobierno de Zapatero.

Por último, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, salió en defensa de Rajoy, al extremo de argumentar que Génova no había intervenido para forzar el cese de Ricardo Costa. Feijóo subrayó que «quien ha cambiado al portavoz del grupo parlamentario de las Cortes valencianas ha sido el PP en Valencia». «Yo he dicho en varias ocasiones que lo importante en estos asuntos no es cómo empiezan o se desarrollan, sino cómo acaban», aseveró, en consonancia con el propio Rajoy. En su opinión, «el asunto de Valencia» se cerró «con una decisión muy respetable».


Tres 'perlas' sobre el PP y el 'Gürtel'

>Javier León de la Riva (PP). El alcalde de Valladolid dijo que sería «prudente» que, «a ciertas edades», Fraga, haga «menos declaraciones».

>Cayo Lara (IU). El líder de la coalición aseguró que «los chorreones de aceite llegan hasta Génova» porque «aquí se ha metido la mano en el bolsillo» de los ciudadanos.

>Ramón Valcárcel (PP). El presidente de Murcia recordó que la confianza «es un tema personal», por lo que si Rajoy la tiene en Camps, «nadie le va a decir que no debe confiar».

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La actuación de la Justicia
Camps planteará en el CGPJ una queja contra Garzón y los fiscales de 'Gürtel'

Les acusa de desestimar y hurtar a la opinión pública «grabaciones exculpatorias»

MARIANO GASPARET

Valencia

El Gobierno valenciano cree haber encontrado en el sumario del caso Gürtel artillería suficiente como para, por un lado, eliminar toda sospecha sobre la honradez de Francisco Camps y, por otro, desenmascarar el «montaje orquestado contra el presidente valenciano y a otros dirigentes del PPCV».

La Generalitat apunta hacia Baltasar Garzón -instructor del caso- y los fiscales, a los que acusa de haber escatimado «pruebas exculpatorias» hurtando a la opinión pública información sustancial.

Aunque, en principio, la contraofensiva del Consell se limitará a elevar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado, fuentes de la Generalitat confirman que «a nivel privado [los abogados de Camps] se podrían plantear otro tipo de acciones». La probabilidad de que estas iniciativas judiciales se materialicen en querellas por prevaricación u otro tipo de denuncias es evidente.

Los servicios jurídicos de la Generalitat han seleccionado grabaciones realizadas a los protagonistas de la trama que, según ellos, contradicen la tesis central de la Policía: esto es, que el PPCV se valió de la red Gürtel para financiarse de forma irregular mediante adjudicaciones concedidas a dedo tanto a las filiales de Correa como a empresas amigas que, supuestamente, ayudaban a sufragar la deuda oculta del PP con la banda de El Bigotes.

La primera andanada de esta contraofensiva judicial del Consell fue anunciada ayer por la titular de Justicia y portavoz, Paula Sánchez de León. La Generalitat planteará una queja ante el CGPJ y la Fiscalía «contra el juez Garzón y los fiscales que han actuado en el caso Gürtel», y pedirá que «se valore la información del sumario que no se ha tenido en cuenta».

El Gobierno valenciano asegura que existen «grabaciones y documentos exculpatorios» y «pruebas de descargo» que, bien no se incorporaron al sumario remitido al Tribunal Superior valenciano -que archivó el asunto de los trajes-, bien el instructor ordenó destruir pese a que podían ser determinantes para la defensa de Camps.

De estas grabaciones, algunas entre los responsables de la trama y sus abogados, se desprende que los hombres de Correa negaban tener trato de favor por parte de la Generalitat para hacerse con los stands de Fitur, cuyas adjudicaciones lograron cinco años consecutivos pese a que algunas de sus propuestas eran «las más caras, pero las de más calidad», según la Consejería de Turismo. También han reparado en conversaciones en las que el lugarteniente de Correa, Pablo Crespo, negaba que Orange Market hubiera pagado los trajes a Camps.

La Brigada de Blanqueo también basa su acusación en grabaciones

GORILA ROJO Y SUS CHIMPANCÉS COLORAOS: Chávez quiere un rector atómico/ Roto el diálogo en Honduras



Chávez negocia la compra a Francia y Rusia de un reactor nuclear

Los expertos venezolanos se decantan por la opción francesa, más avanzada

JAIME LÓPEZ. ESPECIAL PARA EL MUNDO

Caracas

Zapatero embustero El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quiere entrar en el club de la energía nuclear. Para ello, negocia con varios estados la compra de un pequeño reactor. Francia, Rusia, China y Japón fueron los primeros en establecer negociaciones con el Gobierno de Chávez, que estudia todas las ofertas antes de tomar una decisión final.

Aunque un acuerdo para desarrollar energía nuclear con Moscú encaja dentro de la «alianza antimperialista» y el «mundo multipolar» que dice impulsar Hugo Chávez, cercanos colaboradores le han aconsejado estudiar la propuesta del gigante energético francés, Areva.

Las razones esgrimidas por la Dirección de Energía Atómica, encabezada por el profesor de la Universidad Central, Héctor Constant, son que la tecnología francesa es mucho más avanzada y moderna que la rusa. Además, Chávez ganaría un sólido aliado internacional para desarrollar su controvertido programa, que ya levanta resquemores antes de comenzar.

Autoridades francesas en Caracas dijeron a EL MUNDO que no tienen «una petición oficial del Gobierno de Venezuela para firmar un acuerdo en energía nuclear, pero forma parte de la política francesa asesorar a los países emergentes que pidan este tipo de ayuda».

Francia creó en mayo de 2008 una agencia internacional que coopera con 35 países del mundo, incluidas Sudáfrica, China y la Libia del coronel Gadafi. Recientemente, Areva desarrolló un nuevo reactor electronuclear, el EP3, que ya ha vendido a Finlandia y a otros países del Golfo Pérsico y el Magreb. «La industria nuclear francesa siempre propone una oferta global: firmamos un acuerdo bilateral que se hace público; proveemos el reactor, la tecnología y el know-how», agregaron las mismas fuentes. Los contratos oscilan entre los 3.000 millones y los 7.000 millones de dólares.

Otros países que poseen tecnología para fabricar reactores rechazan cooperar con Chávez en este campo. Ése es el caso de Reino Unido, Alemania, Canadá o Estados Unidos.

La idea de Chávez de desarrollar este tipo de energía en Venezuela no es nueva. En 1957, el dictador Marcos Pérez Jiménez instaló un pequeño reactor para fines experimentales y médicos. Hasta los 70 estuvo en funcionamiento, pero por falta de mantenimiento y actualización de la tecnología, quedó obsoleto. Luego, la planta fue desmantelada, y se envió el uranio usado a EEUU para su reciclaje. En 2001, el Gobierno invirtió 2,1 millones de dólares para transformar el reactor en una fábrica de esterilización por rayos gamma. La llamada Pegamma, orgullo del Instituto de Investigaciones Científicas (IVIC), es la única que existe en el país capaz de desinfectar productos médicos y quirúrgicos.

«Es una decisión política. No tiene sentido que Venezuela -con las segundas reservas de petróleo y las quintas de gas - haga una inversión de este tipo para comprar un reactor», explica Laszlo Sajo, físico nuclear de la Universidad Simón Bolívar, que en los 70 trabajó en este proyecto. Aunque esta compra, agrega, podría tener un valor estratégico. Las economías petroleras, sobre todo las del Golfo Pérsico, están apostando por un modelo de negocio basado en otras fuentes de energía. El objetivo es abastecer el mercado interno con energía no fósil y gas, para exportar así el máximo de barriles de crudo.

«El problema es que Venezuela carece de recursos para acompañar la instalación de una planta nuclear. Tampoco posee una industria de proveedores que se encargue de su mantenimiento y su uso», apunta Sajo, quien estima más rentable desarrollar un reactor propio, en lugar de comprarlo. Argentina, con dos reactores, México, con tres, y Brasil, con dos vetustos aparatos de tecnología alemana, son los únicos países que desarrollan energía nuclear en Latinoamérica.

Roto el diálogo en Honduras entre Micheletti y el títere hondureño de Hugo Chávez

El depuesto títere de Hugo Chávez exige que el Congreso decida su restitución en el cargo

JACOBO G. GARCÍA. ESPECIAL PARA EL MUNDO

Tegucigalpa

Zapatero embustero La mesa de diálogo de Tegucigalpa de rompió después de muchas horas de negociación y de un sin fin de idas y venidas. El depuesto presidente, Manuel Zelaya, rechazó la propuesta de Roberto Micheletti para que la Corte Suprema decida sobre su eventual vuelta al poder y exigió que sea el Parlamento el que decida su restitución para poner fin a la crisis que vive el país centroamericano. La ruptura de las negociaciones fue comunicado por el antiguo ministro de Interior de Zelaya, Víctor Meza.

A pesar de que las partes habían anunciado un acuerdo de hasta el 95% en los puntos en discusión, el 5% restante, el que se refería al cómo y cuando de la restitución de Zelaya en la presidencia de Honduras atoró las conversaciones.

Según explicó a EL MUNDO la vicecanciller del gobierno de Roberto Micheletti, Marta Beatríz Alvarado, «nosotros insistimos en que sean los tribunales los que decidan el futuro de Zelaya», acusado de varios cargos penales, frente a lo que propone la delegación del derrocado mandatario, «que quiere que sea el Congreso» del país el que decida sobre su posible regreso.

Las palabras de la vicecanciller fueron un jarro de agua fría a la mesa de negociación. El espíritu positivo que vivía el país, gracias a la clasificación de su selección para el Mundial de Sudáfrica, no llegó hasta la novena planta del hotel Clarión de Tegucigalpa, donde seis personas (tres de cada parte) volvieron a reunirse ayer frente a frente por noveno día consecutivo

El día anterior la delegación de Manuel Zelaya se había mostrado muy optimista sobre la posibilidad de firmar hoy un acuerdo que implicara la vuelta del ganadero de Olancho al poder. «Estamos a un punto de lograr un acuerdo definitivo», explicó Víctor Meza, que ejerce como jefe de la misión del depuesto presidente.

En la misma línea de optimismo se expresó el enviado de la OEA (Organización de Estados Americanos), John Biehl, «El problema que tienen lo están solucionando de buena fe ambas partes y tenemos plena confianza en que lo van a lograr», recalcó. La OEA se refería así al punto que ha centrado las discusiones de los últimos días: el regreso de Zelaya al poder a partir de las elecciones presidenciales del próximo 29 de noviembre.

Con el paso de las horas se conoció la nueva propuesta de Roberto Micheletti para que sean los tribunales los que decidan si el depuesto presidente está o no habilitado para regresar al poder. Una maniobra del presidente de facto que ha sido considerada «dilatoria» y «canallesca» en fuentes diplomáticas cercanas a la negociación.

La reunión de ayer estuvo dedicada a analizar las observaciones que tanto Micheletti como Zelaya hicieron a un texto consensuado previamente. Según las fuentes consultadas, las partes habrían pactado ya la vuelta al poder de Manuel Zalema aunque estarían tratando de lograr que su regreso estuviese vacío de poder y sin posibilidad real de impulsar cambio legislativo alguno. Un gobierno simbólico que duraría apenas dos meses, hasta el 27 de enero, día de la toma de posesión del nuevo presidente.

El pasado jueves era la fecha señalada inicialmente por Zalema antes de dar por fracasadas las negociaciones y antes de pasar al boicot activo de los comicios con los que Roberto Micheletti propone poner punto y final a la crisis. «Hemos decidido ampliar las conversaciones para dar una oportunidad al diálogo» dijo el hombre fuerte de Zelaya en la mesa de negociación. Un diálogo tan delicado que ayer se movía con el paso de las horas entre la fumata blanca y la ruptura definitiva.

Si no hay un acuerdo las consecuencias «serán la ingobernabilidad, el desorden, la intranquilidad del país, la convulsión social» explicó Meza, porque, «si no encontramos una salida pacífica a la crisis, ésta se desbordará y nos superará a todos» explicó.

Pero mientras las partes apuraban la última oportunidad de encontrar una salida a la crisis, en la calle la decepción no tenía que ver ni con Zelaya ni con Micheletti sino con la selección de fútbol que, desbordada por la gente, no pudo llegar hasta el santuario de la Vírgen de Suyapa para agradecer su victoria

FIRMAS: Federico Jiménez Losantos: Las 4 esquinas



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