POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / El informe policial / P&R
Las dudas sobre la Policía-->MARÍA PERAL
Madrid El conocimiento del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre la presunta financiación ilegal del PP ha generado dudas sobre la corrección de la actuación policial. En otros sectores se ha cuestionado, en cambio, la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de no aceptar este documento. Las siguientes cuestiones intentan aclarar estos reparos.
¿Quién encargó a la Policía la elaboración de este informe?
Nadie. Pero ello no permite poner en duda su validez. La Policía tiene la misión de investigar y perseguir los delitos y entra dentro de sus funciones elevar a la autoridad judicial este tipo de informes aunque no hayan recibido un encargo específico. En este caso, además, los funcionarios de la Brigada de Blanqueo de Capitales actúan como Policía Judicial a las órdenes del magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, y llevan meses analizando los documentos intervenidos en los distintos registros efectuados con autorización judicial.
¿Es el primer informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales?
No. Existen 14 informes anteriores sobre distintos aspectos de la trama Gürtel, principalmente sus estructuras en paraísos fiscales.
¿Qué itinerario siguió el informe sobre la posible financiación irregular del PP de Valencia?
El informe está fechado el 31 de julio de 2009 y su destinatario es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desde el 31 de marzo de 2009 investiga el caso Gürtel tras la inhibición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Ese mismo 31 de julio, el informe fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción, al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y al Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción es la que denunció los hechos y la que está llevando este asunto en todos los tribunales que investigan la trama relacionada con el empresario Francisco Correa. El Tribunal de Valencia abrió el 21 de abril de 2009 un proceso contra el presidente del Gobierno autonómico, Francisco Camps, y otras autoridades por la presunta recepción de unos trajes pagados por la trama Gürtel. El Tribunal Supremo, por su parte, decidió el 23 de junio de 2009 abrir una causa contra el senador Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino por las cantidades que habrían percibido procedentes de ese mismo entramado. La Policía actuó correctamente al enviarles copia del informe, porque así todos los tribunales afectados pueden conocer la evolución de sus investigaciones.
¿Por qué el Tribunal Superior de Valencia rechazó el informe sobre la presunta financiación ilegal del PP valenciano?
El informe fue remitido al Tribunal de Valencia el 31 de julio, pero no ha sido hasta el 8 de septiembre cuando se ha dado cuenta de su recepción a la Sala de lo Civil y Penal de ese Tribunal, según una diligencia de constancia de la secretaria judicial. El 10 de septiembre, el Tribunal valenciano rechazó tomar en consideración el informe por dos motivos. En primer lugar, no era posible incorporarlo al proceso sobre los regalos a Camps porque fue archivado por sobreseimiento libre (inexistencia de delito) en una resolución dictada el 1 de agosto de 2009. Es técnicamente imposible incluir nada en un proceso ya cerrado. En segundo lugar, ese proceso fue abierto para investigar específicamente los regalos a las autoridades autonómicas, algo a lo que no se refiere en absoluto el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales. El objeto de la investigación es, en ese informe, distinto, y los tribunales no pueden modificar a su antojo el objeto de un proceso, máxime si éste ya ha sido archivado. La Sala no le dio el carácter de denuncia, entre otros motivos porque en el propio informe figura como destinatario el Tribunal Superior de Madrid, no el de Valencia. El ponente de esta resolución es uno de los mejores procesalistas españoles, Juan Montero.
¿Qué va a pasar con ese informe?
Lo mismo que con los regalos a las autoridades valencianas o con las cantidades supuestamente cobradas por Bárcenas y Merino: deben ser investigados por los tribunales competentes en un procedimiento específicamente abierto con ese objeto. La competencia para investigar la financiación ilegal de un partido es de los juzgados de instrucción salvo que, como puede ocurrir en este caso, las sospechas recaigan sobre personas aforadas ante el Tribunal Superior de Valencia (Ricardo Costa, David Serra, etc.). El tribunal autonómico puede abrir un procedimiento bien por inhibición del Tribunal Superior de Madrid (igual que ocurrió en el caso de los trajes), bien por denuncia de la Fiscalía o de otra parte.
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La reacción de los 'populares'
Génova descarta iniciar una investigación interna
La dirección nacional arremete contra Rubalcaba mientras algunas voces del partido y del Grupo reclaman explicaciones
-->CARMEN REMÍREZ DE GANUZA
Madrid
Génova aguardaba de un momento a otro un nuevo asalto contra el PP en el caso Gürtel. La propia noticia sobre el informe policial, rechazado por el TSJ de Valencia, ya había sido divulgada. Sin embargo, ni abrió una investigación interna previa ni contempla abrirla ahora, más allá de los discretos contactos telefónicos mantenidos ayer entre Madrid y Valencia. De puertas afuera, la cúpula se mostró, a los propios ojos populares, descolocada y medio paralizada.
Y es que el último y más grave de los capítulos de la trama de Correa y El Bigotes sacudió ayer a la dirección nacional del partido y generó una desordenada reacción en cadena en distintos medios de comunicación, desde Federico Trillo a la número dos, María Dolores de Cospedal, pasando por Javier Arenas y Esteban González-Pons, para -con importantes diferencias de matiz- apuntar con el dedo acusador al ministro del Interior y negar de manera genérica cualquier financiación irregular del PP.
Pero ni una palabra de Mariano Rajoy. Ni una rueda de prensa en la sede. Ni un solo anuncio de querella desde Génova contra Pérez Rubalcaba y sus huestes. Y, sobre todo, ni una mención en público al contenido del informe en cuestión, que en las filas del partido y del Grupo parlamentario creó verdadera preocupación. Un informe sobre el que Génova no dejó de lanzar balones a la portería de Valencia, donde un Ricardo Costa más solo que nunca, se encargó de negarlo todo.
Desde el PP nacional, el más contundente fue Trillo, al calificar el informe de «montaje» y «auténtica chapuza», y arremeter contra Rubalcaba -sin siquiera nombrarle- por ordenar su elaboración sin mandato judicial. Curiosamente, Cospedal midió mucho más sus palabras al afirmar que «no se sabe quién ha encargado el informe y por qué», y al defender las cuentas del partido con el argumento de que son «auditadas todos los años por el Tribunal de Cuentas y es una contabilidad legal».
«Que nadie descarte que pueda tratarse de un documento sin demasiada sostenibilidad», dijo, también prudente, Esteban González Pons.
Por su parte, Arenas, además de denunciar el «uso político de policías y fiscales» como inédito en toda la Democracia, se apuntó a la tesis del propio Rajoy sobre que «la veracidad de las acusaciones está en lo que dicen los tribunales». Ésta fue la única declaración del presidente del PP, la misma noche en que los digitales empezaron a escupir el grueso del informe: «Si alguien puede embrollar, puede hacerlo, pero yo me atengo a lo que digan los tribunales».
A la espera de lo que hoy pueda decir en el mitin de Silleda (Pontevedra), ésta fue la tesis mantenida por sus portavoces en Génova: «Este informe no tiene otro objeto que el de forzar a la Fiscalía a montar una querella, después de haber sido rechazado por el tribunal».
Parlamentarios, populares de a pie y con cargo consultados por este diario compartían esta tesis, pero les parecía insuficiente. Unos pedían, como mínimo, «llamar a consultas» al propio Francisco Camps, y otros, la mayoría, «abrir una investigación interna».
«Si es mentira el informe, respaldo total a Valencia y acciones legales contra Interior; si es verdad, solventar responsabilidades hasta donde haga falta», resumía un diputado. «Esto no se parece a los trajes, esto amenaza directamente a Rajoy», insistía otro parlamentario.
«¿Pero por qué hay que abrir una investigación sobre un asunto que ni siquiera ha apreciado el fiscal?», respondían en Génova: «Lo que hay que investigar es quiénes son los funcionarios que, pagados por todos, se dedican desde hace un año a crear, de modo artificial, un caso de financiación irregular del PP.»
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La reacción de los 'populares'
El PP denunciará a los policías del informe
Costa acusa a Interior de instigar un «montaje capcioso» para influir en los tribunales
MARIANO GASPARET
Valencia
El Partido Popular denunciará a los policías que elaboraron el informe en el que se acusa a altos cargos de este partido y del Gobierno de Francisco Camps de haber montado una Filesa popular en Valencia a través de la red Gürtel.
El secretario regional del PPCV, Ricardo Costa, señalado por los investigadores como uno de los cerebros de la supuesta trama de financiación ilegal, aseguró ayer que el informe es «capcioso» y que sus conclusiones «son falsas» porque -aunque se reconoce en el contenido de las conversaciones interceptadas- «tergiversan y mezclan adrede extractos sesgados de grabaciones y de otros informes incorporados al proceso de Madrid». Asimismo, el número dos del PP valenciano insistió en que las cuentas de su partido «son claras y están fiscalizadas y auditadas», y que no tiene nada que ver con la doble contabilidad que la Policía atribuye a Orange Market. El vicepresidente, Vicente Rambla, anunció que se «querellará».
Por primera vez desde que estalló Gürtel, Costa admitió que «se equivocó al contratar a El Bigotes», si bien echó el resto en intentar demostrar que es una maquinación orquestada en las interioridades del Gobierno. Acusó expresamente al ministro del Interior de haber cocinado un «montaje, utilizando a funcionarios, con la intención de atacar al PP y de influir en la decisión del TSJ valenciano», que a la sazón investigaba la causa contra Camps por haber recibido regalos de El Bigotes.
Costa arguyó que «cuando a Rubalcaba los jueces no le dan la razón, utiliza a la Policía», y apuntaló este juicio en lo «inusitado» del procedimiento seguido por la Fiscalía para poner sobre la mesa del Tribunal Superior de Justicia de Valencia el citado informe.
De hecho, el tribunal declinó hacerse cargo del documento alegando que nadie lo había pedido y que la investigación en Valencia debía circunscribirse al asunto de los trajes, según -paradójicamente- el mismo magistrado que emitió un voto particular en contra del sobreseimiento de la causa. Según Costa, «Interior presentó el informe con un funcionario que se desplazó desde Madrid» sólo tres días antes de que el TSJV decidiera el archivo. La intencionalidad de esta «emergencia» no sería otra que la de «retrasar la decisión de los jueces y agravar la imputación». Costa vinculó esta «operación» a la necesidad del Gobierno de «tapar» la moción de Benidorm y de «desviar la atención en un momento de máxima debilidad de Zapatero tras su anuncio de subida de impuestos».
Camps se remitió a «las palabras de Costa».
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / El informe policial
El 'Bigotes' ingresó 6,3 millones en 'B' del PPLa Policía detalla hasta 31 entradas de dinero sin factura procedente de los 'populares'. La 'caja B' de Francisco Correa se nutría de fondos de la 'caja B' de Orange MarketGEMA PEÑALOSA / MARISOL HERNÁNDEZ
Valencia El PP valenciano ingresó en dos años 6,3 millones de euros a la caja B de la empresa Orange Market en concepto de actos y otros servicios, según el informe de la Brigada Policial de Blanqueo correspondiente al análisis de la cuenta opaca bautizada como Barcelona, en la que no se cobraba el IVA. Los apuntes contables hallados por los investigadores tras rastrear las arcas de la filial valenciana de Francisco Correa proceden, según la documentación, de cantidades pagadas por el PP autonómico, algunas bajo el concepto de «a cuenta» y por actos celebrados en las tres capitales de provincia.
En el periodo de tiempo, comprendido entre enero y noviembre de 2007, la caja B de la empresa que comandaba Álvaro Pérez El Bigotes ingresó 2.856.000 euros del PP, mientras que en 2008 la suma ascendió a 3.446.985 euros. En total, casi 6,3 millones de euros. La contabilidad de 2007 procede de un archivo informático incautado por la Policía donde se reflejan distintas sumas de hasta 350.000 euros, con la fecha, el concepto y el nombre de la persona o la organización que realiza la entrega. En total, unas 31 entradas.
Algunas son especialmente significativas, como la del 23 de marzo de 2007. Se consignan 220.000 euros a cuenta del «acto feria» que abona el PP. Cuatro días después, el líder popular, Mariano Rajoy, era proclamado candidato a la Presidencia del Gobierno en la Feria de Valencia. Además, también aparecen dos apuntes más del 7 y del 28 de mayo por 223.000 y 350.000 euros, respectivamente. En ambos el pago se realizó por la campaña electoral y lo abonó el PP, según la Policía. En la documentación incautada también aparece un ingreso de «Alicante Sonia» de 24.000 euros -Sonia Castedo es la alcaldesa de esta ciudad- y otro de David Serra, vicesecretario del PP valenciano, de 12.000 euros por la campaña de Alicante.
La suma de todas las cantidades presuntamente abonadas por el PP a la caja B de Orange Market en 2007 asciende a 2,8 millones de euros. Esta contabilidad paralela refleja también salidas por importe de 2,6 millones destinadas, según el informe policial, a pagar los gastos de Orange Market. Entre ellos, figuran sendos abonos de 200.000 y 70.000 euros a la caja B de Serrano, la calle de Madrid en la que Francisco Correa, presunto cerebro de la trama Gürtel, tenía sus oficinas. Según la Policía, de esta caja salía el dinero que Correa pagaba a cargos públicos, especialmente de Madrid.
La investigación policial concluye que tanto Orange Market, la empresa de El Bigotes, como Easy Concept Comunicación, radicada en Madrid, eran las principales suministradoras de dinero negro a la trama.
Respecto al ejercicio de 2008, los ingresos supuestamente realizados por el PP en la caja B de Orange Market ascienden a 3.446.985 euros, según la documentación intervenida en la sede de la empresa. Aparecen, por ejemplo, entregas de dinero del PP regional y del PP de Castellón. En los anexos contables relativos a este año -documento llamado Barcelona Eventos- aparecen apuntes relacionados con actos y sus costes. Entre ellos, 6.390 euros por la visita, el 4 de abril de 2008, de Ángel Acebes y Francisco Camps a la Feria de Valencia. «Jornadas interparlamentarias», señala el apunte. Entre los meses de enero a abril, el PP abona en la caja B de Orange Market 90.420 euros por distintos servicios. En el informe policial se asegura que «no se localiza apunte contable ni factura emitida alguna en esas fechas y por esos importes o por la suma, que permitan inferir que esas cantidades de dinero formen parte del circuito financiero legal».
En 2008, los gastos de la caja B de Orange se elevaron a 3.479.456 euros. La Policía detalla que, pese a los ingresos descritos, el PP se demoraba a la hora de saldar sus deudas con El Bigotes. En este sentido, el informe recoge una conversación entre Álvaro Pérez y Pablo Crespo, mano derecha de Correa, en la que El Bigotes comenta que «le ha dicho Ricardo [Costa] que le iba a pagar todo lo que se ha hecho en Alicante, pero que en Barcelona no le podía pagar nada». En el lenguaje de la trama, Alicante era la caja A y Barcelona, la caja B, según la Unidad de Delitos Económicos, que añade que el dinero aportado a la caja B «tiene su origen en una financiación paralela de los actos del PP valenciano».
En otra de las conversaciones grabadas en diciembre de 2008, Álvaro Pérez vuelve a hablar con Crespo y le comenta una reunión mantenida con Ricardo Costa, en la que el secretario general del PP le había dicho que este año «las cosas estaban muy mal pero que no tenían que temer nada, que la semana que viene iba a quedar todo a cero».
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / El 'modus operandi'
Orange Market mandaba por 'email' asignar facturas del PP a empresasLa Policía considera probado que las constructoras pagaban actos del partido
HÉCTOR SANJUAN / MARISOL HERNÁNDEZ
/ Valencia
El informe de la Policía transcribe toda una serie de correos electrónicos en los que se reproducen las instrucciones dadas por Orange Market para asignar a diferentes empresas constructoras supuestos gastos del PP en congresos y actos electorales.
Estos apuntes son los únicos indicios que relacionan a los cinco empresarios citados con la trama, puesto que los nombres de Enrique Gimeno (dueño de Facsa); Enrique Ortíz (de Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras); Antonio Pons (Piaf); Vicente Cotino (Sedesa) y Luis Batalla (Lubasa) no aparecen, salvo de manera tangencial, en las conversaciones grabadas a Álvaro Pérez, El Bigotes.
Pese a ello, tras examinar la documentación incautada, la Brigada de Blanqueo de Capitales concluye que las constructoras son las «pagadoras reales» de varios actos del PP. A ello puntualizan de forma reiterada en el informe que las cinco empresas «han sido adjudicatarias de numerosos contratos públicos».
Como prueba, el documento policial transcribe un correo electrónico enviado el 5 de febrero de 2008 desde una dirección de Orange Market a una asesoría fiscal (Blanco-Guillamot & Asesores) en el que se pide que se corrija una factura y, en lugar de derivarse al PP, se ponga a nombre de la empresa Enrique Ortiz e Hijos.
«Estas dos facturas que están puestas al PP hay que corregirlas y ponerlas a Enrique Ortiz», se requiere en el texto localizado por la Policía tras el registro efectuado en la sede social de la asesoría. Los extractos referidos en el correo son del 1 de abril de 2008 y, sumados, ascienden a 115.884 euros.
La Policía también cita dos supuestas facturas emitidas por Orange Market (esta vez sin transcripción del correo) en las que se vuelve a demandar, de nuevo, que el pago de actos del PP se impute a un empresario: «Cambia el cliente (era el PP de Castellón) y tiene que ser Facsa», se remarca en el extracto realizado por los agentes. En otra, incluso se requiere que se cambie el importe y se rebaje de los 231.668 euros a sólo 87.487 euros.
Otra de las formas de actuar de Orange Market que descubre la Brigada de Blanqueo son los cambios de última hora al alza o a la baja en la base imponible de las facturas. Así, en uno de los correos enviados desde Orange Market que consta en el informe se explica: «Hay que modificar una cantidad de las facturas emitidas por nosotros, la del Partido Popular, en lugar de ser el importe 200.000 euros pasa a ser de 300.000».
Además de los e-mails que involucran a las empresas, el informe reproduce varios ejemplos del modus operandi que, según la Policía, emplearon los populares con Orange Market durante años. Uno de ellos se localiza en Castellón, en enero de 2007. Hay un ingreso de 72.000 euros por un acto realizado allí, por el que la Policía «únicamente» localiza en los libros de registro de contabilidad de la empresa de El Bigotes la emisión de una factura por 16.412 euros con fecha 5 de marzo de ese año en concepto de «Presentación Candidatos Alcaldía. Montaje, Azafatas, Auditorio, Varios». «Se desconoce la justificación contable-administrativa por la diferencia entre las dos cantidades -72.000 y 16.412 euros-, así como el posible origen de ese dinero», concluye el informe.
El documento policial recoge multitud de ejemplos de esta naturaleza. «La forma en la que se ocultan estas operaciones que permiten incorporar a la caja de la empresa esos fondos, así como su posterior empleo, son variadas habiéndose concretado en diferentes métodos», recalca la Policía.
elmundo.es Especial: Los protagonistas del 'caso Gürtel'. Opine: Opine sobre el tema.
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / El 'modus operandi'
Las pagos del congreso regional-->GEMA PEÑALOSA
La Policía reproduce en el informe un texto muy gráfico que refleja cómo se desviaba el dinero de los circuitos legales y que hace referencia al X Congreso regional del PP que se celebró en Valencia en el año 2002. El coste total del acto se fijó en 240.582 euros de los que, según el informe, 90.151 se facturaron por los cauces legales -con IVA- mientras que 150.430 se pagaron 'en negro'.
El dinero que sí se declaró se transfirió con un cheque el 10 de diciembre de 2002 mientras que la cantidad facturada en 'B' se pagó también 'en negro' a la empresa de Correa en cuatro cobros de 25.000, 30.000, 75.421 y 18.500 euros entre septiembre de 2002 y enero de 2003. Los investigadores establecen una correlación entre las cuentas del congreso y la 'Caja x PC', la cuenta personal de Francisco Correa.
El informe reproduce que tres de las entradas provenientes de los cobros de la organización de este acto de 2002 se anotan en la cuenta personal de Correa, una de ellas descontando ya el dinero entregado a 'El Bigotes' (20.000-1.500). La entrada que no se anota, la que hace referencia a la suma de 72.000 euros, «no llega a entrar en caja porque se da 73.000 a Correa y 2.000 a Álvaro Pérez», según la Policía. «El dinero recibido en efectivo correspondiente a los cobros en 'B' que se anota en el archivo 'Congreso regional de Valencia' se apunta como entrada de fondos en la cuenta del sistema de contabilización 'B' del grupo, concretamente en la cuenta personal de Correa, que se nutre con entradas procedentes de comisiones pagadas por personas de empresas constructoras, de aportaciones de Álvaro Pérez o de cobros de procedencia desconocida», recoge el informe.
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA
El Gobierno y los policías responden
-->>De la Vega. «Ya es hora de dar explicaciones», invitó ayer la vicepresidenta primera al presidente del PP. «Son ya muchas las semanas en que se le han pedido sin que Rajoy se haya molestado en decir ni una sola palabra. Sin embargo, dedica toda su energía a lanzar acusaciones contra jueces, fiscales, policías y el propio Gobierno». Y añadió que Rajoy «no puede seguir mirando hacia otro lado».
>Pepiño Blanco. El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento advirtió de «una mano negra» tras la financiación del PP e instó a Rajoy a «tomar decisiones», porque «cada minuto que pasa es tarde».
>Sindicatos policiales. La Confederación Española de Policía y la Unión Federal de Policía defendieron que las investigaciones policiales están siempre respaldadas por una orden judicial y rechazaron la «utilización política» del Cuerpo Nacional. «Lo importante», insistieron, es valorar si ha existido delito, quién ha ordenado el documento y los motivos por los que fue rechazado por el TSJV
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Las grabaciones a los implicados
Costa: «Doy instrucciones hoy mismo de dónde tiene que estar el dinero»Las conversaciones del informe revelan las gestiones para pagar a 'El Bigotes'
-->JOAQUÍN MANSO
Madrid
El informe sobre la presunta financiación ilegal del PP valenciano incluye la transcripción de 26 conversaciones telefónicas entre el empresario imputado en el caso Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, y otros implicados en la supuesta trama corrupta. Destacadamente, el secretario general del partido en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, y su número dos, David Serra.
'Tanto al año'. (Álvaro Pérez con el gerente de la 'red Gürtel', Pablo Crespo, el 6/11/2008)
'El Bigotes': Salgo ahora del despacho de Vicente [Rambla, vicepresidente de la Generalitat Valenciana]. Y he pasado por el laboratorio para contarle a la dama también cómo me había ido [se refiere, según la Policía, a la esposa del presidente de esa comunidad, Francisco Camps, que regenta una farmacia].
Crespo: ¿Qué tal te ha ido? [...].
'El Bigotes': Le dije: «Tío, lo único que te pido es que ejecutes, que, como puedes, pues que ejecutes. Nada más, te lo pido por favor que ejecutes y que me dejes estar y que lo controles y que digas: 'Tanto al año'».
Crespo: ¿Y qué te dice?
'El Bigotes': «¿Qué quieres, que te lo jure por mis hijos, que lo voy a hacer?». [Le digo]: «No, que te preocupes de ayudar a Ricardo [Costa] para que me pueda pagar todo lo que me debe».
Trato de favor. (Pérez con Crespo, el 5/12/2008)
La transcripción, que no es literal, recoge cómo El Bigotes cuenta a Pablo Crespo que el ex vicepresidente autonómico Vicente Rambla le ha favorecido «con distintos negocios de los que tiene conocimiento por razón de su cargo de carácter público», según la Policía.
'Hay movida'. (Pérez con Francisco Correa, el 8/11/2008)
Correa: Quédate aquí, que no está el horno para bollos. El lunes hay movida.
'El Bigotes': ¿Con la prensa?
Correa: Sí.
'El Bigotes': A mí me dijo ayer Pablo que había hablado con Pepe, con Manolo Delgado [uno de sus abogados], con Miguel Ángel Liso [director editorial del Grupo Zeta], y con todo el mundo y que tú no sales.
'Ric está dolido'. (Pérez con Crespo, el 18/12/2008)
'El Bigotes': Quiero que hables con Ric [Ricardo Costa].
Crespo: Hay poco que hablar, las cosas son como son [...].
'El Bigotes': Ric está muy dolido. Ayer estuve contigo porque teníamos que hablar con Enrique García Candelas [director de banca comercial del Santander] porque tenemos que pagar un montón de pagarés y no tenemos cómo pagarlo. Ric ha dicho que él eso no lo va a consentir, que hay que liquidar.
'Que no lo sepa'. (Pérez con Costa, el 22/12/2008)
Costa: Entre mañana y el viernes te voy a dar todo lo que te falta, que te debemos nosotros, pero yo necesito que el presidente eso no lo sepa, y entonces que le digas, que éste [Rambla] es un hijo de puta.
'El Bigotes': No te preocupes. Es que me ha llamado hoy para ver si puedo desayunar con él y ¿sabes lo que me ha dicho por teléfono? Lo que pasa que no te puedo calentar. Me ha dicho: « ¿Tú hablas con Ricardo, no?» Y yo le he contestado que sí. «Pues tú tranquilo, que ya estoy intentando solucionarlo todo».
Costa: Sí coño, pero es que esto, ¿desde hace cuánto tiempo lleva solucionándolo?
'El Bigotes': Es un jeta, hazme caso que es un jeta [...].
Costa: Yo doy instrucciones hoy mismo de dónde tiene que estar el dinero, aunque me quede sin tener que pagar el alquiler en tres meses.
'El Bigotes': Tampoco es eso, Ricardo no vayas hacer ninguna tontería por mí. [...]. Pero no te preocupes que voy a hincharme, si he quedado mañana con Isabel [la mujer de Camps] para comer.
'Me voy a hinchar' (Pérez con Crespo, el 22/12/2008)
'El Bigotes': Acabamos de salir de la reunión [con Costa]. Me van a dejar a deber ciento y algo.
Crespo: ¿No hay otra solución?
'El Bigotes': No tiene otra solución, yo voy a ponerle un mensaje al presi ahora, porque he pactado una cosa con Rich [Ricardo]. Me ha dicho Rich que por favor que le ayude, que este hijo de puta, el Rambla, se hace el sueco. Así que nada, voy a mandarle un mensaje al presi a ver si me llama y mañana desayuna con Rambla y me voy a hinchar, claro.
'Base, 123.000'. (Pérez con el administrador de Orange Market, el 23/12/2008)
'El Bigotes': Haces una factura al grupo parlamentario por los servicios del segundo semestre del 2008, base imponible 123.000 más IVA.
'Quedará a cero'. (Pérez con Crespo, el 23/12/2008)
'El Bigotes': De la reunión con Vic [Rambla] todo amor y cariño. Me ha dicho que este año las cosas están muy mal, pero que yo no tengo que temer nada.
Crespo: Y al final con Rich, ¿en qué quedaste?
'El Bigotes': De puta madre, que la semana que viene queda todo a cero.
Crespo: Bueno, ya me contaréis cómo lo vais hacer.
'Ya fetén'. (Pérez con David Serra, el 23/12/2008)
Serra: El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, ya fetén. Lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le presentéis al de las galletas la factura, igual que la otra.
La deuda de Fabra. (Pérez con Serra, el 23/12/2008)
Serra: Hay ahí dos conceptos que no quiere que se paguen, pero si no se pagan no lo vais a cobrar. No tiene solución. Quien lo tiene que pagar no lo va a pagar.
'El Bigotes': Vale [...]. Y luego hay otra. Por ejemplo Fabra, 50.000 mil, Fabra [el presidente de la diputación de Castellón], eso es lo que me ha dicho Ric. ¿Vale? Yo sé que lo del puerto no lo voy a cobrar, lo ha intentado Víctor, lo ha intentado Ricardo y entonces me ha dicho que iba él a hablar por última vez con el tuerto [Fabra], pero vamos, jodido. Pero yo al tuerto, ¿por qué coño le voy a regalar 50.000 euros?. [...].
Serra: ¿Con Rambla has hablado?
'El Bigotes': Tengo que mandarle un mensaje esta noche para ver si me llama, que me llamará, y decirle todo lo que me ha dicho Ric que le diga. Ricardo me ha dicho lo que le tengo que decir, y cómo se lo tengo que decir…
'Lo sabe todo'. (Pérez con Serra, el 29/12/2008)
'El Bigotes': Por la tarde hablé con el presi y le dije: «Que sepas que Ricardo tiene toda la documentación». Y él me contestó: «No sé ni de lo que me hablas». Y yo le dije: «Ya, ya sé cómo me dices».
Serra: Ése lo sabe todo.
'El Bigotes': Ya, ya lo sé.
'Las hostias a Camps'. (Pérez con Costa, el 31/01/2009)
Costa: Una posible buena noticia, igual la semana que viene.
'El Bigotes': Ni te lo imaginas lo buena que sería.
Costa: Sí, porque llamó [Víctor] Campos [entonces, vicepresidente de la Generalitat], que puede ser que eso lo tenga y entonces le dije que todo para ti...
'El Bigotes': Vale, vale, vale... [...].
Costa: Vale, de acuerdo. Oye, llamé a Pedro [García], y le dije que no se preocupara, porque...
'El Bigotes': Lo sé [...].
Costa: Le dije que no se preocupara porque el escándalo sería tan grande, porque las hostias no irían para él, las hostias irían para el presidente, entonces no se lo puedo permitir, de hecho creo que estuvo con Gerardo [Camps].
'Alicante y Barcelona'. (Pérez con Crespo, el 2/02/2009)
Crespo: ¿Tú que vas hacer, macho? Es que al final no queda más remedio, porque..
'El Bigotes': Ya, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que si él me da los tres y pico..., ya se acabó, ya no me da nada más, claro [...]. Y además, como él dice, claro, «yo te pagaré todo lo que se ha hecho en Alicante; en Barcelona no te puedo pagar nada», y es una tristeza, es una tristeza por varias razones, primero porque saldremos en algún tebeo...
[La Policía interpreta que el término Alicante significa pagos en A, y Barcelona, en B, en dinero negro].
Crespo: Que está bien, que él pague lo de la Comunidad Valenciana, oye, está bien...
'Ha dicho 100.000'. (Pérez con Yolanda García, tesorera del PP valenciano, el 2/02/2009)
García: Me ha dicho Ricardo que te llame para una factura.
'El Bigotes': Sí, para que me pagues, me ha dicho que 100.000.
'Ver el concepto'. (Pérez con García, el 3/02/2009)
'El Bigotes': Ayer hablamos Ric y yo. [...]. Le gustaría ver el concepto, sobre todo, qué concepto ponemos, entonces, claro, pero yo lo necesito, entonces voy a llamar a Ric y le voy a decir que te firmo un recibo oficial y ya está.
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La reacción de los empresarios
Tres de las cinco sociedades niegan su participaciónSedesa, Facsa y Lubasa refutan a la Policía y dicen que no financiaron al PP
-->Valencia
Tres de las cinco empresas puestas en el punto de mira por la Brigada Policial de Blanqueo de Capitales emitieron ayer sendos comunicados para negar taxativamente su participación en cualquier operación que implicara, directa o indirectamente, la financiación irregular de un partido político, y para anunciar posibles acciones legales.
Más allá del sentido de estos pronunciamientos, la cuestión esencial es si la Policía podrá demostrar, tal como sostiene en su informe, que, a cambio de contratas públicas, estas empresas sufragaban los eventos que Orange Market organizaba para el PP valenciano y la Generalitat.
De hecho, si la Policía prueba que estos pagos corrieron a cargo de estas empresas, la financiación irregular estará demostrada, algo que el informe no acredita. La Brigada Policial de Blanqueo señala a Facsa, Enrique Ortiz, Piaf, Sedesa y Lubasa como puntales de la trama en distinto grado.
Sedesa, el grupo empresarial de la familia del vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, aseguró en un comunicado que «nunca ha participado en ninguna operación que implicara, directa o indirectamente, financiación a partido político alguno».
Asimismo, el grupo advirtió de que actuará «con absoluta firmeza ante las instancias que correspondan para defender la honorabilidad y el buen nombre de la compañía, acreditado a lo largo de más de 65 años de actividad, así como la transparencia de todas sus operaciones mercantiles y comerciales», añadió.
Según el informe policial, este grupo empresarial ha logrado adjudicaciones de la Generalitat Valenciana por 539 millones de euros en tan sólo los dos últimos años.
Juan Cotino, acaso sintiéndose aludido por las informaciones publicadas, porfió ayer que «todas» las obras que adjudica el Consell «las da legalmente, por concurso, por subasta, pero con la ley en la mano».
Por su parte, las empresas Facsa y Lubasa emitieron sendos comunicados en los que aseguraron que «nunca» han participado en la financiación irregular de ningún partido político.
La Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), compañía dedicada a la captación, distribución y depuración de agua, añadió que, con más de 130 años de experiencia en la gestión de servicios públicos, adoptará «cuantas acciones resulten necesarias en plena defensa de sus intereses». Según el informe policial, Facsa ha facturado a la Generalitat 13.876.087 euros desde 2005.
Por su parte, la constructora Lubasa, tras indicar que «nunca» ha financiado a partido político alguno de manera irregular o ilícita, reiteró que «se reserva el derecho a emprender las acciones que la asistan en defensa de sus derechos y su buena imagen».
Lubasa recordó que, durante más de 50 años, «ha contribuido a generar riqueza en las comunidades en que está presente, con la creación de más de 1.500 puestos de trabajo».
Enrique Ortiz y Piaf no han dicho nada de momento sobre el contenido del informe policial.
POLÍTICOS BAJO SOSPECHA
Correa espió los regalos de 'El Bigotes'Contrató a detectives para que controlaran sus actividades
-->FERNANDO LÁZARO
Madrid
En las filas del Partido Popular tienen el convencimiento de que entre Correa y El Bigotes hubo mucha guerra sucia. El primero no se fiaba del segundo y sospechaba que le hacía todas las trampas que podía cuando de repartir los beneficios se trataba.
Y por este motivo, según explicaron fuentes de las filas populares, Francisco Correa encargó a una empresa de detectives de Madrid, ubicada en la calle Almagro, que elaborara un informe sobre las actividades de su socio Álvaro Pérez, El Bigotes.
Y es que sospechaba que no era claro con los dineros, que no le revertía lo que le correspondía a él de los beneficios de las empresas y que, cuando menos, le «sisaba».
Pero el siseo que detectó era más importante. Siempre según estas fuentes, al parecer, El Bigotes facturaba a cargo de la empresa caros regalos que, según los listados que él mismo preparaba, iban a parar a altos cargos de la Administración popular valenciana.
De hecho, este periódico ya publicó el listado de altos cargos del Gobierno valenciano que en las pasadas navidades recibió regalos por parte de la empresa Orange Market. Correa sospechaba que esos regalos no llegaban a sus destinatarios y se le quedaban entre las manos a su socio, que se los daba a personas diferentes de las que constaban en la documentación de la empresa.
Desde el Partido Popular se negó por activa y por pasiva que en Navidades se recibieran regalos de gran valor de la empresa Orange Market. Entre los presuntamente beneficiados, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, con caros bolsos, o el actual vicepresidente valenciano, Juan Cotino, con un chaquetón valorado, según la lista de El Bigotes, en 300 euros. Esas prendas nunca llegaron a sus destinatarios, según estas fuentes
.Etiquetas: Corrupción Psoe
UN AGUDO JURISTA vinculado a la antigua AP acostumbraba a decir que cuando se tiene razón hay que ir al fondo de las cosas y, cuando no se tiene, hay que agarrarse al derecho procesal. Transmite poca confianza la reacción inicial de la dirección nacional del PP, que ayer hizo hincapié en que el informe policial sobre la trama de financiación ilegal en Valencia ha sido hecho sin autorización del juez y que, por tanto, está viciado de origen. 
