EDITORIALES: 11-M: Se estrecha el cerco sobre Manzano/ Estatut; La unidad jurisdiccional, hecha añicos

SU SUPERIOR LE DESAUTORIZA:
Se estrecha el cerco sobre Manzano

LA FASE DE INSTRUCCIÓN de la querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra Sánchez Manzano está siendo un calvario para el ex jefe de los Tedax, acusado de ocultación de pruebas en la investigación de los atentados. Su superior, el entonces número dos de la Policía, Pedro Díaz Pintado, asestó ayer un duro golpe a la credibilidad de Sánchez Manzano al declarar ante la juez que los vestigios que se encuentran en los lugares de los atentados son pruebas que deben quedar a disposición judicial. Pintado añadió que sólo pueden destruirse con autorización judicial. Se materializa así la creencia del sindicato al que pertenece Manzano, el SPP, de que sus superiores han dejado tirado al ex jefe de los Tedax.

LOS PUNTOS NEGROS DEL 'ESTATUT': Y 5. JUSTICIA:
La unidad jurisdiccional, hecha añicos

LA TARDANZA de los magistrados del Constitucional para resolver los recursos sobre el Estatut catalán resulta más exasperante, habida cuenta de que deben pronunciarse sobre cuestiones tan diáfanas como que en materia de Justicia abundan los artículos inequívocamente inconstitucionales. Nuestra Carta Magna consagra el principio de unidad jurisdiccional para toda España. Existe, por tanto, un único Poder Judicial y hay un solo órgano de gobierno de jueces y magistrados: el CGPJ. Sin embargo, el Estatut asienta las bases para la creación de un Poder Judicial catalán autónomo, y establece la creación de un Consejo con competencias que van mucho más allá de la mera gestión administrativa, para convertirse nada menos que en el intérprete del encaje estatutario y constitucional de las normas aprobadas en Cataluña. El Estatut está trufado de preceptos que contradicen la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, como la aprobación de un Tribunal catalán de defensa de la competencia únicamente para esta Comunidad Autónoma, o el que «las sucesivas instancias de procesos judiciales se agotan ante los tribunales situados en el territorio de Cataluña», dotando de nuevas competencias al TSJ de esta región, que invadirían, claramente, las del Tribunal Supremo. Si añadimos otros despropósitos que se pretenden, tales como la obligatoriedad de que todos los jueces de la comunidad hablen en catalán, no quedan dudas de que el Estatut brinda de facto la independencia de Cataluña en materia judicial.

VUELVE A INVESTIGAR A GARZóN:
El Supremo corrige «la burla» del CGPJ

EL TRIBUNAL Supremo desautorizó ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al reabrir la investigación sobre la remuneración de Garzón por sus cursos en la Universidad de Nueva York. El Supremo había ordenado al CGPJ que investigara si el superjuez había cometido algún tipo de falta. La comisión disciplinaria del CGPJ metió el expediente en un cajón y acordó que Garzón no había cometido ninguna infracción. Nuestro periódico calificó la decisión del CGPJ de «burla al Supremo». Así lo considera el Alto Tribunal, que ha pedido todos los datos sobre la contratación al Santander, patrocinador de los cursos, y a la Universidad de Nueva York. Ello permitirá saber la verdad sobre este asunto, que ha querido ser tapado por los poderosos protectores de Garzón.

EDITORIALES DEL DÍA
LA PROSTITUCIÓN DEBE SER REGULADA, NO PROHIBIDA

LAS FOTOGRAFÍAS aparecidas este verano en la prensa de prostitutas captando clientes en lugares emblemáticos de Barcelona han creado una polémica en la ciudad que se ha extendido al resto de España. Su alcalde, Jordi Hereu, se manifestó a favor de tomar medidas para una regulación mucho más estricta de la prostitución, que, según su propuesta, debería ejercerse en sitios cerrados y de forma controlada.

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido el último en terciar en la polémica, subrayando que «se trata de un oficio que casi debería ser prohibido porque supone una degradación». Una opinión teñida de moralina y bastante más en sintonía con la de Ana Botella que con la de Esperanza Aguirre, partidaria de que sea una actividad más controlada por la ley.

El Gobierno no ha adoptado ninguna posición oficial sobre el asunto si bien ERC ha presentado una proposición no de ley, que se votará la semana que viene, para prohibir los anuncios de prostitución en los medios.

¿Hay que prohibir la prostitución o regularla? Existen, sin duda, argumentos para defender las dos opciones, pero nos inclinamos por la regulación de la actividad, que debería ser legal y, por tanto, sometida a diversos controles, el primero de ellos, médico.

Creemos que no tiene sentido prohibir el ejercicio de la prostitución tanto por razones filosóficas como prácticas: será reprobable pero es una opción individual legítima -mientras sea libre- y ya ha sido prohibida en muchos países y circunstancias sin éxito alguno. La penalización de la prostitución sólo acarrea una mayor marginalidad e indefensión de las que la practican pues facilita que sean explotadas por personas sin escrúpulos.

La ley actual ya castiga el proxenetismo con penas de cárcel. Y así debe seguir siendo porque esta actividad supone una explotación del hombre o la mujer que practica la prostitución, basada en la coacción. En este sentido, las declaraciones del ministro de Interior suenan a farisaicas, ya que en su mano está la desarticulación de estas redes que explotan a las personas. ¿Qué está haciendo? ¿A cuántas personas ha detenido la Policía por proxenetismo en lo que va de año?

Carece de sentido, en cambio, castigar a los ciudadanos que contratan prostitutas y son tratados como delincuentes por la legislación de algunos países nórdicos. O, por supuesto, impedir que los diarios anunciemos servicios que la autoridad no impide prestar. Si fuera menos hipócrita, ERC pediría la prohibición del comercio sexual, no la de su publicidad.

Habría que preguntar a las prostitutas si prefieren que su profesión sea ilegalizada o regulada. Creemos que la mayoría preferiría la segunda alternativa, que les garantizaría vivir de su oficio en condiciones muchos más seguras, higiénicas y sin ser víctimas de esas redes de explotación con las que hay que acabar. Las prostitutas tendrían contratos, pagarían impuestos y estarían protegidas por la Seguridad Social si su actividad fuera legal.

Por lo mismo que defendemos la regulación, también creemos que las prostitutas deberían tener restricciones en los lugares donde pueden ejercer su oficio. No se trataría de crear guettos, pero sí de evitar el espectáculo que se ha visto este verano en las calles de Barcelona, pues la libertad de uno termina donde invade la de los demás.

No existe una categoría moral universal que justifique la prohibición de la prostitución, que en muchas culturas ha sido socialmente aceptada, por lo que la alternativa más práctica resulta legislar las condiciones en las que se ejerce. Es la mejor de las soluciones -o si se quiere la menos mala- en una sociedad laica, en la que nadie puede imponer sus convicciones morales a los demás.

11-M: El jefe de Manzano el 11-M ve insólito que destruyera pruebas

El jefe de Manzano el 11-M ve insólito que destruyera pruebas

El ex 'número 2' de la Policía Díaz Pintado declara que lo recogido en los trenes debió quedar a disposición judicial

-->MANUEL MARRACO

Madrid

El número dos de la Policía el 11 de Marzo, Pedro Díaz Pintado, declaró ayer ante la juez que los vestigios que se encuentran en los lugares de un atentado son «pruebas» que deben quedar a disposición judicial. El ex subdirector general operativo explicó que a lo largo de su carrera siempre había sido así y que sólo se destruían con autorización de un juez.

Sus palabras se suman a las del jefe de los Tedax de Madrid y suponen una nueva desautorización a lo declarado por el ex jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano, interrogado el pasado martes como imputado por una querella de la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M. Manzano dijo que descartó la mayor parte del material seleccionado por los tedax de Madrid en los focos y que se deshizo de ello porque no eran ni restos, ni vestigios ni pruebas, sino simples «objetos».

Como ejemplo de sus palabras, Díaz Pintado explicó que días después de los atentados le informaron de que Renfe estaba preguntando qué hacía con los vagones afectados por las explosiones, y que le resultaba un problema su conservación. La respuesta de Díaz Pintado fue que se trataba de pruebas del delito y que, por tanto, debía ser el juez quien decidiese si se podían destruir. Otra cosa sería insólita. Pese a sus palabras, lo cierto que es que los trenes se destruyeron sin que -al igual que las muestras recogidas- en el sumario del 11-M conste la autorización judicial para ello.

El abogado de las víctimas, José María de Pablo, también le interrogó sobre qué laboratorio -el de los Tedax o el de la Policía Científica- era competente para analizar los restos de la explosión. Díaz Pintado respondió que no sabía si existía una normativa concreta que lo determinara, pero que, en la práctica, los Tedax hacían un análisis de urgencia que servía para orientar a sus técnicos y, posteriormente, la Policía Científica realizaba el análisis definitivo y oficial con los medios necesarios y que podía durar varios días.

A preguntas de la juez, Coro Cillar, Díaz Pintado también repasó otros episodios del 11-M. Entre ellos, la llamada que horas después de los atentados le hizo el superior de Manzano, Santiago Cuadro Jaén, para informarle sobre los explosivos. Insistió en que el comisario general de Seguridad Ciudadana le dijo que los análisis indicaban que había estallado Titadyn con cordón detonante, que tenía testigos de ello y que llegó a anotarlo en ese momento. El dato, desmentido después por Cuadro Jaén, señalaba directamente a ETA.

El siguiente testigo en comparecer fue el experto de la Policía Científica al que hubiera correspondido analizar los restos del 11-M. Según indicaron fuentes jurídicas, el perito Manuel Escribano explicó que la misma mañana de la mascare preparó el laboratorio para recibir las muestras de los focos. Más tarde, en la cafetería del complejo policial de Canillas, se encontró con Sánchez Manzano y otros miembros de la Unidad Central de los Tedax, a los que les informó de que lo tenía todo listo para cuando le enviasen los restos. La respuesta fue que sí, que se los enviarían. Pero pasó el día 11 sin recibirlos. El día 12 coincidió de nuevo con miembros de la Unidad Central y se repitió la escena. Les dijo que aún no tenía las muestras y le respondieron que ya se las enviarían. Al final, esas muestras no llegaron hasta tres años más tarde, cuando lo ordenó el tribunal del 11-M.

En cuanto a la obligación de esa remisión de muestras, al igual que Díaz Pintado, declaró que no sabía si lo imponía una norma, pero era lo que se hacía y por eso preparó el laboratorio.

Escribano también rebatió la versión de Manzano de que nunca se enviaban restos explosionados a la Policía Científica, sólo explosivo intacto. Para ello, expuso los datos exactos de los análisis que había realizado mientras Manzano estuvo al frente de los Tedax, entre 2002 y 2006. Dio las cifras de cada periodo y el balance era que más de la mitad eran análisis de sustancias explosionadas como las del 11-M.

En las próximas semanas, la juez también tomará declaración como testigos a tres miembros de los Tedax que estuvieron en los focos del atentado y dos de los peritos del tribunal del 11-M que participaron en el análisis final de los restos.

DELENDA EST HISPANIA: Actividades sobre la independencia de Cataluña en el colegio de Arenys

PP y C's critican la actividad sobre la independencia en el colegio de Arenys

Ambos partidos coincidieron en calificar esos deberes como un «adoctrinamiento»

Barcelona

La decisión de centro escolar Sobirans de Arenys de Munt de encargar a sus alumnos de 11 años una redacción en la que dieran su opinión acerca de la independencia y la consulta popular celebrada en el municipio del Maresme el pasado domingo ha disgustado al Partido Popular y a Ciutadans.

Ambas formaciones reclamaron ayer al conseller de Educació, Ernest Maragall, que dé explicaciones sobre la posición de su departamento al respecto de esta iniciativa, que tuvo continuidad cuando se improvisó la recreación de un referéndum en el marco de la asignatura de Ciencias Sociales, según publicó ayer este diario. El director del centro avaló la actividad afirmando que se trataba de abordar un asunto de candente actualidad en la población y que en ningún caso «se ha pretendido inducir a los niños», afirmó.

A este respecto, el secretario general del PP de Barcelona y concejal en el Ayuntamiento, Alberto Villagrasa, afirmó que «una utilización de los niños en un país democrático no se puede consentir. Es más propio de un sistema totalitario que de una democracia. Esto nos recuerda a tiempos del franquismo, en los que se impartía formación del espíritu nacional en los colegios».

En su opinión, «las escuelas están para enseñar, no para adoctrinar. Hechos como éstos son intolerables y el conseller de Educació se debería pronunciar al respecto».

En esa misma línea se posicionó ayer Ciutadans a través de un comunicado, en el que denunciaba que un hecho como el ocurrido en la escuela de Arenys de Munt pone de manifiesto «la peligrosa politización nacionalista que vive la educación en Cataluña». Según el partido presidido por Albert Rivera, el «modelo educativo [de la Generalitat] confunde formación con adoctrinamiento», una situación que la Ley de Educación de Cataluña «consolida y acentúa».

Ciutadans coincide con el PP en el hecho de que preguntar sobre la independencia supone incluir en los planes educativos «la Formación del Espíritu Nacionalista», cuyos ejes serían el adoctrinamiento en la ideología nacionalista, la exclusión del castellano, la manipulación de la historia y la negación de los vínculos comunes con el resto de España».

Las críticas del partido no nacionalista, no obstante, dieron un paso más allá, al culpar también de la situación que se da en Cataluña a la permisividad del Ministerio de Educación, «que mira hacia otro lado cuando las comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas y sus cómplices usan la escuela para la construcción nacional».

BCN autoriza ahora una campaña en autobuses en defensa del catalán

La iniciativa que denunciaba la discriminación del castellano en la escuela fue vetada

Barcelona

Por la discriminación lingüística del castellano en las escuelas no, pero por la discriminación del catalán en la ley, sí. Mientras la plataforma Asociación por la Tolerancia se encontró con una negativa cuando intentó que la empresa que gestiona la publicidad en los autobuses de TMB aceptara su campaña por la libertad de elección de la lengua de enseñanza en Cataluña, Plataforma per la Llengua ha obtenido un trato distinto. Autobuses de las líneas 17, 22, 24 y 33 de Barcelona lucirán a partir del lunes imágenes de la campaña de la Plataforma per la Llengua El català suma, que mostrarán la «inexplicable desigualdad legislativa» del catalán respecto al castellano en Cataluña, informa Europa Press.

El objetivo de esta campaña, que se inició en julio, es dar a conocer la situación del catalán en diferentes ámbitos de la sociedad y recordar que el uso de esta lengua en cualquier ámbito siempre suma y favorece la cohesión.

La Plataforma per la Llengua señaló ayer en un comunicado que el 99 % de las leyes que obligan a utilizar una lengua determinada en la información de productos distribuidos en Cataluña obligan sólo al castellano. Para la organización, este marco legal «discrimina» a los consumidores catalanes.

Cuando la Asociación por la Tolerancia quiso tirar adelante con su campaña, a principios de año, se encontró con el veto de la empresa que gestiona la publicidad y cuando ya habían adelantado el 50% de la campaña. La retirada de la publicidad se produjo en el mes de marzo, y suponía que autobuses de la línea 32 exhibieran un mensaje en favor de la enseñanza en castellano.

En su momento, y después de que el PP pidiera explicaciones, el Ayuntamiento alegó que no reunía los requisitos legales, al afectar sólo a un autobús. Desde la Asociación por la Tolerancia, sin embargo, se señaló que la empresa jamás les había concretado esta condición, que podrían haber eludido llegado el caso, y recordaron que no les pusieron problemas al hacer el primer pago.

Campañas en bus

La polémica por las campañas publicitarias de autobuses se ha extendido a otro tipo de polémicas, como la que giró en torno a la existencia de Dios en dos campañas opuestas.

CORRUPCIÓN: El Govern admite fallos de control en el caso del 'desfalco Millet' mientras arrecian las críticas políticas
Tresserras reconoce que «no se actuó con eficacia»- Esquerra e ICV denuncian la falta de control público mientras CiU y el PP valoran el desfalco de «vergonzoso»
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La defensa de Millet tuvo acceso al informe del Palau sobre su gestión
En su confesión, el ex presidente de la Fundación asumió sólo los hechos que ya habían sido detectados por el informe
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Teatros y músicos niegan que sea habitual el pago de dinero en negro
Se preparan dos manifiestos, uno de ellos de los grandes equipamientos catalanes
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El coro del Orfeó se refugia en el 'Cant de la Senyera' de Lluís Millet
Actúan a las puertas del Palau para reivindicar su trabajo
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Autodeterminación, melomanía y desfalco

El sinsentido con urnas de Arenys impregna la semana de propaganda, pero no hay consuelo para una España que, tras rotundos pronunciamientos judiciales y gubernamentales, acaba representada por La Falange. Crece el temor a Laporta en CiU y ERC; les preocupa que capitalice el prestigio blaugrana. Mientras, el «ciutadà que ens honora» Félix Millet enciende el ventilador y pone perdidos a cuantos le rodeaban.

JUAN CARLOS GIRAUTA

13 Domingo / Diumenge

Hala, ya tenemos referéndum. Los munícipes de Arenys deberían escribir un manual sobre cómo fabricar noticias desde la nada, o sobre el mucho ruido y las pocas nueces, o sobre rudimentos de la insurrección. Es extraordinario que alguien sea capaz de extraer consecuencias política de la farsa areñiense, de su nivel de participación, de sus síes y noes, de sus porcentajes de referéndum franquista o de congreso rumano de Ceaucescu. Como agitación, reconozcámoslo, no está mal. El abogado del Estado actuó, la juez lo suspendió y el gobierno lo desautorizó. ¿Y qué? Nada. ¡Eso es España! Una vieja nación impotente, desarmada política, jurídica, cultural y moralmente, que consiente una doble burla: la consulta en sí, y ser patéticamente representada por un puñado de camisas azules.

14 Lunes / Dilluns

Este diario lo llama «bufonada» y el ABC «esperpento». Yo lo llamo éxito de quienes han desafiado la ley, al poder judicial y al poder ejecutivo, apéndices inermes de la España final. Tal conclusión me abate; además, vislumbro la semana que me espera, defendiendo en minoría absoluta lo que, curiosamente, dicen desear la gran mayoría de los catalanes. Ojalá convocaran el jodido referéndum de verdad, constataran cuántos son y dejaran de dar la lata durante unos años. El problema es que el derecho de autodeterminación que invocan -amén de no existir dado que no somos una colonia africana sino una comunidad autónoma de un Estado miembro de la ONU- exige periódicas consultas… hasta que sale el «sí». Entonces se deja de preguntar. Se me avería el coche y el RACC tarda dos horas en acudir. I don't like mondays…

15 Martes / Dimarts

Artur Mas echa jarros de agua fría sobre Laporta, quien, subido a los espectaculares triunfos de su equipo, se está poniendo estupendo y se comporta ya como el líder político que no es. He comprobado que en la Esquerra tampoco cae bien tanta ambición. Se especula hace meses con un nuevo partido a la medida del presidente del Barça. Hay un soberanismo convergente abocado al racismo y hay otro aseado, liberal y americanizado. Si Laporta decidiera liderar ese segundo grupo, lo cual no es imposible, le pegaría un bocado mortal a Convergència. En TV3 íbamos a tocar la necesidad de controlar a la banca, pero acabamos entregados al efecto Arenys. Llamo «fiesta» a la consulta y una contertulia me pide que no hiera sentimientos. Le cuento lo que es sentirse herido todos los días por todos los diarios, canales y emisoras catalanes.

16 Miércoles / Dimecres

Más Arenys en BTV. ¡Señores, compasión! Al programa 'Els uns i els altres' hoy deberían cambiarle el nombre por el más fiel Els uns i l'altre. Parecía que «los otros» éramos Joan Tàpia y un servidor, pero el veterano y astuto periodista ha dejado claro desde el principio que no desea ser mezclado conmigo. No se lo reprocho; cada cual tiene su público. Sin embargo, revela la ambigüedad de los socialistas catalanes. ¿Están con De la Vega y la Constitución o con las CUP y la estelada? Pregunten a los hermanos Maragall, adelantados del separatismo guay. ERC evita apoyar la candidatura olímpica de Madrid; sigue haciendo amigos. Carlos Herrera los despierta desde su minarete radiofónico sevillano llamándoles «miserables». Tiene ese don en la voz, y suena como si los estuviera acariciando.

17 Jueves / Dijous

Ha escrito Félix Millet una carta al juzgado recreando su entorno cleptolírico, por así decir. El ex presidente del Palau de la Música, de varias respetables entidades más, el hombre galardonado con el premio «Ciutadà que ens honora» a pesar de algunos incómodos antecedentes financiero-festivos, el prohombre a quien hace poco aplaudían y agasajaban en el Palacio de Pedralbes un ministro, un presidente de la Generalitat y seiscientos invitados trajeaditos, ha encendido el ventilador de la mierda y está salpicando a diestro y siniestro mientras se construye una atenuante por confesión. Paralelamente, Núñez, De la Rosa et altri son juzgados con varios lustros de retraso, lo que les abre una puerta a la esperanza. Una puerta con el cartel de «prescripción». Juro que, por error, había escrito «prevaricación». ¿Qué diría Sigmund Freud?

18 Viernes / Divendres

Más Arenys con Manel Fuentes, en Catalunya Ràdio. Pero poco, afortunadamente, pues el tema del día es la carta de Millet. Entrevista previa a su abogado Molins, que esboza un retrato conmovedor del anciano arrepentido, del contexto histórico, de los lamentables «errores», de la importancia del edificio del Palau… Me muestro enormemente conmovido, pero pasado el hipnótico efecto Molins logro dejar algunas cuestiones para la reflexión. ¿Por qué se arrepiente después de entrar la policía a por los papeles y no un mes antes, por ejemplo? ¿Por qué los auditores no advirtieron lo evidente? ¿Por qué, con los antecedentes que había, Millet acumuló tantos cargos de relumbrón en grandes empresas y tantísimos honores? Estrictamente, se juzgará a Millet; en un sentido más amplio, se juzgará a una jet set catalana discreta, melómana, orgullosa e hipócrita.

Las subvenciones de todos los colores del Palau

EXIGEN EXPLICACIONES. Y eso siempre queda bien. Los responsables de todas las formaciones políticas del arco parlamentario se apresuraron ayer, ante la gravedad de los delitos que ha confesado haber cometido Fèlix Millet al frente del Palau de la Música Catalana, a pedir cuentas a las administraciones implicadas -es decir, todas: Ministerio de Cultura, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona- por el escaso control que se ha realizado del destino de las subvenciones que a lo largo de los años se ha concedido a esa institución. Y la canción suena bien, sólo que la melodía está bastante desafinada porque todos esos partidos políticos que ahora reclaman saber por qué los controles no han funcionado han estado en un momento u otro al frente de las administraciones que otorgaban las subvenciones al Palau.

El edificio modernista recibió abundantes contribuciones del Gobierno popular de Aznar; Convergència i Unió estaba aún en el Govern de la Generalitat en 2003, año en que se conocen las primeras irregularidades que investiga ahora la Justicia; los socialistas llevan décadas en el Ayuntamiento de Barcelona y, desde hace unos años están también en el Govern de la Generalitat; y Esquerra Republicana le está pidiendo cuentas al conseller de Cultura, el republicano Joan Manuel Tresserras.

Si se dirime falta de control de la Administración, serán todas las fuerzas políticas quienes tendrán que dar cuentas. Y no sólo pedir explicaciones.

LOS PUNTOS NEGROS DEL 'ESTATUT' (y V): JUSTICIA

LOS PUNTOS NEGROS DEL 'ESTATUT' (y V) / JUSTICIA
Un poder judicial sólo para Cataluña

El 'Estatut' prevé la creación de un Tribunal Constitucional a la catalana y de un Consejo del Poder Judicial autonómico. También permite que la Generalitat convoque referendos

-->LEONOR MAYOR

¿Puede la Generalitat convocar referendos por su cuenta y riesgo? ¿Puede llegar a organizar una consulta independentista con toda legitimidad sin que el Estado pueda impedirlo? ¿Será legal en el futuro una consulta como la del domingo en Arenys de Munt? La competencia sobre consultas populares es una de las que el PP discute en su recurso contra el Estatut. Sin embargo, a la Generalitat no le han frenado las consideraciones de los populares y ha impulsado una ley propia de referendos, que actualmente se tramita en el Parlament. El Govern ha creado también su propio Tribunal Constitucional, el llamado Consejo de Garantías Estatutarias, que se encarga de decidir si las leyes catalanas se ajustan o no a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Este consejo ya está en marcha, y con el beneplácito del PP catalán, pese a que los populares de Madrid lo impugnaron en su recurso. Peor suerte ha corrido el Consejo del Poder Judicial catalán, de cuya creación ni siquiera se ha empezado a hablar.

Barcelona

El Estatut contempla la creación de dos Consells que pretenden emular sendas instituciones estatales. Se trata del Consejo de Garantías Estatutarias, que nace con vocación de ser una especie de Tribunal Constitucional, y del Consejo de Justicia de Cataluña, una suerte de Consejo General del Poder Judicial a la catalana.

Aunque ambas entidades tienen puntos en común, su destino en el transcurso del despliegue estatutario ha sido muy distinto, incluso opuesto. El consejo estatutario ya es una realidad, mientras que de la puesta en marcha del de justicia ni siquiera se ha empezado a hablar.

Pero sea cual sea su estado de creación, el futuro de ambas entidades es incierto. El PP las recurrió y ahora la pelota está en el tejado del Tribunal Constitucional (TC), que será el encargado de decidir si se ajustan o no a la Carta Magna española.

Para los populares, el Consejo de Garantías Estatutarias es inconstitucional porque «está diseñado como un remedo del Tribunal Constitucional» y su labor «puede generar un conflicto de legitimidades».

Algo parecido opina el PP del Consejo del Poder Judicial catalán: «No puede haber, obvio es decirlo, 17 órganos de gobierno del Poder Judicial, uno en cada comunidad autónoma. Según la Constitución, hay un único órgano de gobierno, el CGPJ, que, en su caso, puede estructurarse internamente en órganos de ámbito funcional o territorial inferior», indica el recurso interpuesto hace tres años por Federico Trillo.

Las pegas de los populares al consejo estatutario no detuvieron a las fuerzas políticas catalanas, que, desoyendo las críticas, optaron por impulsarlo. El pasado mes de febrero se aprobó la ley de creación de esta entidad con la única oposición del PP y Ciutadans.

Después, a la hora de ejecutar la ley, las tornas cambiaron, y mientras CiU se desentendió del asunto, el PP se subió al carro del consejo estatutario con el argumento de que, sólo dándole el sí quiero a la entidad, el partido podría tener en su seno un consejero afín a sus planteamientos.

El tripartito -compuesto por PSC, Esquerra e ICV- no tenía fuerza suficiente para crear el consejo, pues la ley establece que se necesita un quórum específico de tres quintas partes del Parlamento para ponerlo en marcha. Al no contar con el apoyo de CiU, el Govern se dirigió al PP, que tras mucho rifirrafe dio el visto bueno al consejo, compuesto por nueve miembros, uno de ellos, Julio Añoveros, propuesto por los populares. Gracias a esa cesión del PP, el tribunal constitucional catalán ya está vivito y coleando.

La otra cara de la moneda la presenta el consejo de los jueces catalanes. El título tercero del nuevo Estatut contempla una reforma profunda del mundo judicial. Una modificación que difícilmente se podrá materializar sin el apoyo del Gobierno central, pues requiere cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De momento, la Generalitat ha optado por no meterse en esta camisa de 11 varas y tan sólo ha logrado que se modifique la ley reguladora del Ministerio Fiscal para dar cabida a la figura del fiscal autonómico, una institución que, por cierto, también fue recurrida por el PP al considerar que «quebranta la unidad del Ministerio Fiscal, rompiendo su estatuto orgánico con predeterminaciones autonómicas».

Otro aspecto del despliegue que ha levantado ampollas es el que otorga a la Generalitat competencias para convocar referendos, de actualidad por la consulta del domingo en Arenys de Munt. ¿Permite este precepto una consulta independentista? Ese es el quid de la cuestión.

El PSC intentó frenar el despliegue del artículo del Estatut que permite los referendos catalanes. Pero la tarea de redactar la ley de desarrollo recayó sobre el conseller independentista de Gobernación, Jordi Ausàs, quien hizo los deberes y consiguió el pasado abril que el Govern diese el visto bueno a su propuesta.

La norma, que se tramita en el Parlamento catalán, permite a la Generalitat convocar consultas «sobre cuestiones de trascendencia para Cataluña». Aunque tiene una pega para los intereses de los independentistas: todo referéndum debe ser autorizado previamente por el Consejo de Ministros. Aun así, los de Esquerra dicen que la ley es para usarla y tienen la mirada puesta en uno de sus sueños: convocar un referéndum soberanista el 11 de septiembre de 2014.

El desarrollo estatutario

>Ley de Consultas Populares. El artículo 122 del 'Estatut' permite a la Generalitat y a los ayuntamientos convocar referendos previa autorización del Consejo de Ministros. El 'conseller' independentista de Gobernación, Jordi Ausàs, ha redactado la ley de desarrollo, que ha sido aprobada por el Ejecutivo y se está tramitando en el 'Parlament'.

>'Consell de Garanties Estatutàries'. Es una suerte de Constitucional a la catalana, creado por ley de 12 de febrero en desarrollo del artículo 76 del texto estatutario. Sus miembros ya han sido nombrados.

LOS PUNTOS NEGROS DEL 'ESTATUT' (y V)
«No hemos hecho la ley para guardarla en un cajón»

Esquerra insiste en que podrá convocar consultas con la nueva norma, mientras que CiU lo niega y estudia una alternativa

-->LEONOR MAYOR

Barcelona

Los partidos catalanistas presionan en bloque para que el Tribunal Constitucional respete el Estatut en su integridad. Se diría que hay dos bandos: el del PP, que ha recurrido buena parte del texto al considerar que éste va más allá de los límites de la Carta Magna, y el formado por CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA, que defiende la legitimidad del texto estatutario.

Pero entre los partidos catalanes también hay discrepancias sobre el contenido del Estatut. Esquerra se desmarcó desde el principio. Para los republicanos, la redacción salida de las Cortes era insuficiente, por lo que pidieron el no al texto en el referéndum y dieron por cerrada la vía estatutaria. CiU, PSC e ICV fueron los partidos que avalaron la reforma.

Sin embargo, estas formaciones no ven siempre las cosas del mismo color. Un buen ejemplo de estas discrepancias es el asunto de las consultas populares. El Estatut permite que la Generalitat y los municipios catalanes convoquen referendos. Para Esquerra, este precepto abre la puerta a uno de sus grandes sueños: emular a Arenys de Munt y preguntar a los catalanes si quieren la independencia.

Por eso, el conseller republicano de Gobernación, Jordi Ausàs, se ha apresurado a desarrollar el Estatut con la Ley de Consultas Populares por Vía de Referéndum, que acaba de iniciar su fase parlamentaria. El PSC ha acatado el texto de Ausàs, sabedor de que cualquier referendo debe ser autorizado por el Consejo de Ministros, lo que le da garantías de que nunca se celebrará una consulta soberanista. El Gobierno central de turno lo impedirá sea cual sea su color.

Ausàs insiste en que su ley, a pesar del límite, servirá para amparar un referéndum de independencia. «No hemos hecho la ley para guardarla en un cajón», sostiene. Los de CiU no se lo creen. Por eso, los nacionalistas han buscado una alternativa, según explica a este diario el diputado convergente Quico Homs. Este plan se basa en la jurisprudencia que dictó el TC a raíz del controvertido plan Ibarretxe.

Los jueces dijeron entonces que un plebiscito tiene el carácter de referéndum -con independencia de si es o no vinculante- cuando se realiza en función del censo electoral. En cambio, cuando se utiliza otro mecanismo para llamar a las urnas -una base de datos, por ejemplo- se debe hablar de consulta.

«La ley es muy clara: el Estado tiene la competencia exclusiva en materia de referendos, pero la Generalitat puede organizar consultas sin más cortapisas. Por eso hay que usar la imaginación. ¿Por qué no va la Generalitat a consultar a sus usuarios, que no al censo? El Estado siempre buscará argumentos, pero cada vez lo tendrá más difícil», explica Homs.

La Justicia y los límites del 'Estatut'

CIU / Quico Homs

>«CiU estudia alternativas a la ley juguete de Esquerra, que no permite convocar referendos sin la previa autorización del Estado y que, por eso, ha sido consentida por el PSC. La Generalitat puede hacer consultas a sus usuarios sin necesidad de usar el censo y, por tanto, éstas no tienen la categoría de referéndum, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional».

PSC / Miquel Iceta

>«La ley de Consultas Populares que ha aprobado el 'Govern' se ajusta a la Constitución. La autorización de los referendos corresponde al Estado y así se recoge en el texto. El 'conseller' Jordi Ausàs puede decir lo que quiera, porque la realidad es que él también reconoce que la autorización del Gobierno es imprescindible y así lo pone en la ley».

Esquerra / Jordi Ausàs

>«No hemos redactado la nueva Ley de Consultas Populares por Vía de Referéndum para guardarla en un cajón. Nuestra intención es usarla para conocer la opinión de los catalanes sobre cuestiones de trascendencia para Cataluña y sus municipios. La nueva ley servirá también para incrementar la participación ciudadana».

PP / Federico Trillo

>«En el fondo, lo que se quiere atribuir son las consultas populares y excluir de ellas toda intervención del Estado, aunque para ello se mencionan otras figuras, con lo que también se incurre en inconstitucionalidad. Poco le falta al precepto para resucitar el plebiscito y encontrar por ahí una grieta por la que penetren las competencias autonómicas, por supuesto exclusivas».

LOS PUNTOS NEGROS DEL 'ESTATUT' (y V)
Justicia a la catalana

JORGE DE ESTEBAN

El Poder Judicial es el único de los tres poderes del Estado que la Constitución menciona como tal, a diferencia del Legislativo, que lo denomina Cortes Generales; o del Ejecutivo, que lo designa como Gobierno y Administración. Esta diferenciación no es una casualidad porque, a veces, las leyes son más inteligentes que los legisladores.

El Poder Judicial se diferencia del resto en dos características. Primero, porque no es un órgano colectivo concentrado, como son el Gobierno y las Cortes, sino que se trata de un Poder atomizado, pues lo forman todos los jueces que estén en activo. La segunda diferencia consiste en que, en el actual Estado de las Autonomías, la Constitución reconoce que mientras haya gobiernos y parlamentos diferentes del Gobierno central y de las Cortes, es decir, con su propia organización reglamentaria, en lo que se refiere al Poder Judicial no se reconoce esta dualidad.

El Poder Judicial es único para toda España, por las siguientes razones: porque el artículo 117 de la Constitución dispone el principio de la unidad jurisdiccional en toda España; porque el artículo 122 establece que existirá un cuerpo único de jueces y magistrados; porque el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, como señala el mismo artículo; porque el artículo 152 establece que los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culmina la organización judicial en cada ámbito territorial, y, por último, porque el artículo 123 señala que «el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales».

Estas disposiciones, lo que vienen a confirmar es que el único Poder que es igual para todos los españoles en cualquier región es el Judicial, garante así de la igualdad de los derechos de todos. El Gobierno y los parlamentos, tanto nacional como autonómicos, pueden ser de uno u otro signo, pero eso entra dentro de los rasgos del Estado compuesto, porque quien vertebra realmente España es, sobre todo, un Poder Judicial único.

Pues bien, todo lo que acabo de exponer lo contradice el Estatut de Cataluña en varios artículos. Por un lado, se habla de un tribunal catalán de defensa de la competencia únicamente para Cataluña, en el artículo 154. Por otro, en el artículo 95 no sólo se difiere de todo lo que he mencionado arriba respecto a lo establecido en la Constitución, como basta para comprobarlo una mera lectura del mismo, sino que afirma cosas que contradicen continuamente la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta norma, si no lo remedia el Tribunal Constitucional, tendrá que ser modificada para adecuarla a lo que los parlamentarios catalanes, con la complicidad de los de las Cortes Generales, han acordado, como uno de esos ejemplos del mundo al revés, ya que una norma inferior quiere reformar incluso lo que señala la Constitución.

En definitiva, lo que buscan es tener un Poder Judicial estrictamente catalán, con un órgano de gobierno propiamente catalán y con jueces que hablen catalán y sean manejables por el Poder político catalán. Ahora bien, mientras se acaba consumando este golpe de mano a la Constitución y a la LOPJ, el que quiera ser juez en España tendrá que pasar por la Escuela Judicial, que está… en Barcelona. El surrealista Dalí estaría encantado.

JUEZ SOCIALISTA, PREVARICADOR DE OFICIO: El Supremo reabre la investigación sobre el pago a Garzón en Nueva York

El Supremo reabre la investigación sobre el pago a Garzón en Nueva York

MARÍA PERAL

Madrid

La Sala Penal del Supremo ha reclamado al Banco Santander el expediente completo relativo al patrocinio de las actividades desarrolladas por Baltasar Garzón en la Universidad de Nueva York, donde el juez estuvo en 2005 y 2006 gracias a una singular licencia de estudios que le otorgó el Consejo General del Poder Judicial.

El Alto Tribunal también ha reclamado a la Universidad de Nueva York la «contabilidad detallada» del empleo de las cantidades entregadas por el Santander al Centro Rey Juan Carlos I, adscrito a esa Universidad. Se trata de un total de 302.000 dólares que fueron destinados a financiar dos series de coloquios dirigidas por Garzón, aunque también se sufragaron gastos de viaje del juez por importe de 21.125 dólares e incluso la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidades (21.650 dólares).

Las nuevas indagaciones del Supremo sobre los cobros de Garzón en Nueva York se deben al conocimiento de datos aparecidos después de que la Sala Penal archivara, en una resolución dictada el pasado 2 de febrero, una primera investigación en la que no apreció indicios de delito de cohecho y prevaricación, aunque remitió las diligencias al Consejo General del Poder Judicial a efectos disciplinarios (ver información anexa).

En el curso de esa primera investigación se supo que, aparte de la financiación del Santander a los coloquios del Centro Rey Juan Carlos, Garzón percibió un sueldo de 160.333 dólares cuyo pagó asumió el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad neoyorquina. Esos pagos se sumaron a las cantidades que cobró en España como juez de la Audiencia Nacional.

La Universidad de Nueva York informó al Supremo de que los 302.000 dólares entregados por el Santander «fueron recibidos y administrados íntegramente por esta Universidad a través del Centro Rey Juan Carlos y el departamento contable».

Esto fue lo que llevó al Tribunal Supremo a afirmar en su resolución del 2 de febrero que «en modo alguno puede decirse que la entidad bancaria [el Banco Santander] le entregase su patrocinio al juez». Sin embargo, luego se conoció que en la web oficial del Centro Rey Juan Carlos I (www.nyu.edu/kjc/main_spa.php?dnr) se afirma que fue Garzón el que «obtuvo los fondos necesarios» para organizar los coloquios que dirigió.

Este dato llevó a los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, autores de la querella inadmitida el 2 de febrero, a promover una segunda querella basada en los datos de la citada web. Panea y Mazón recuerdan que Garzón, tras su reincorporación a la Audiencia Nacional, rechazó una querella contra Botín y otros directivos del Santander.

El Supremo ha acordado pedir información al banco y a la Universidad de Nueva York antes de decidir si hay o no motivos para admitir a trámite esta segunda querella.

Entre otros datos, ha reclamado al Santander que le informe de «la identidad de las personas que han intervenido en la ideación y gestión de los patrocinios [a las actividades de Garzón] desde los primeros contactos hasta el acuerdo final para su efectiva realización».

Al Centro Rey Juan Carlos le ha pedido, además de la contabilidad del empleo de las cantidades entregadas por el Santander, que diga por qué afirma en su web que Garzón «obtuvo los fondos necesarios» para los coloquios que celebró.

La decisión ha sido tomada por una Sala de cinco magistrados que, salvo su presidente, Juan Saavedra, son distintos de los que acordaron la primera investigación sobre los millonarios cobros de Garzón en Nueva York. En particular, no figura Luciano Varela, que investiga una presunta prevaricación de Garzón en la causa por las desapariciones del franquismo.

El CGPJ, otra vez en evidencia

La decisión de la Sala Penal del Supremo deja en evidencia a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que el 2 de julio archivó a toda prisa las diligencias que le había enviado el Alto Tribunal sobre los cobros de Garzón en Nueva York (que el juez nunca puso en conocimiento del CGPJ). La Comisión Disciplinaria, integrada por Pío Aguirre, Miguel Carmona, Gemma Gallego, Gabriela Bravo y Margarita Uría, archivó el asunto sin llevar a cabo ni una sola de las diligencias pedidas por los denunciantes -entre ellas, que se investigase lo afirmado en la web de la Universidad neoyorquina- porque «ya están realizadas todas las diligencias necesarias».

SUBIDA DE IMPUESTOS, ZAPATERO EMBUSTERO: Zapatero pide respaldo al PSOE para subir impuestos

UN PAÍS EN CRISIS / La estrategia del presidente
Zapatero pide respaldo al PSOE para subir impuestos

A través de la resolución que someterá hoy a votación en el Comité Federal

-->MANUEL SÁNCHEZ

Madrid

«Desde el Comité Federal del PSOE compartimos plenamente los planes del Gobierno de España de aumentar la presión fiscal, porque entendemos que la única forma de salir de la crisis es seguir incrementando la inversión pública y la inversión productiva para compensar el descenso de la inversión privada. Los socialistas apoyamos la elevación temporal y limitada de la presión fiscal».

De esta forma tan explícita, clara, y un tanto inusual, la propuesta de resolución política del Comité Federal del PSOE busca lograr hoy el pleno aval del partido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tanto a la subida de impuestos que se propondrá desde el Ejecutivo tras el Consejo de Ministros del próximo sábado, como al resto de las medidas contra la crisis aprobadas y ejecutadas desde La Moncloa.

La resolución política debe ser aprobada por el Comité Federal del PSOE. Y aunque puede ser objeto de modificaciones durante la reunión, todo indica que saldrá textualmente como se ha redactado desde la dirección del partido, que siempre busca un consenso previo con las principales federaciones socialistas.

De ser así, José Luis Rodríguez Zapatero saldría de la reunión del máximo órgano del PSOE entre congresos absolutamente fortalecido en su política económica y, a la vez, enterraría cualquier atisbo de crisis interna.

Lo llamativo de la redacción del párrafo es que se menciona directamente al Comité Federal como sujeto de la decisión. No deja de ser una obviedad, porque las resoluciones políticas son asumidas siempre por este órgano, pero parece reforzar el interés que tienen la dirección del partido y su secretario general en buscar un respaldo, sin la más mínima fisura, a su política contra la crisis económica.

En buena medida, es esto lo que se dilucida hoy en el Comité Federal del PSOE. Su desarrollo servirá para medir el nivel de crítica interna que hay contra José Luis Rodríguez Zapatero tras las lecturas y comentarios de todo tipo vertidos esta semana.

Sin embargo, todo indica que el líder socialista saldrá reforzado y que no sólo obtendrá el aval expreso para la resolución política, sino en la mayoría de las intervenciones que se produzcan durante la reunión.

De hecho, en la dirección del PSOE la preocupación es mínima en cuanto al desarrollo del Comité Federal y, aunque no descartan advertencias, consejos y críticas por actuaciones concretas, aseguran que el consenso con la política del Gobierno será muy mayoritario.

Además, José Luis Rodríguez Zapatero -aunque lleva años disfrutando de unos comités federales de mero trámite- se esforzará hoy por dar ánimos a los suyos, el principal problema que sufre el PSOE.

Por ello, según las fuentes consultadas, se espera de él un discurso potente en el que se reafirme en sus políticas socialdemócratas y mantenga la bandera de que no dará un paso atrás en derechos sociales o en los derechos de los trabajadores.

La propia propuesta de resolución política está sembrada de guiños de este tipo, en los que el presidente profundizará más en su intervención inicial y en su réplica final. Así, en el texto se puede leer: «Los socialistas nos podemos sentir orgullosos de un Gobierno que establece como prioridad la cohesión social [...]. El camino que el Gobierno ha recorrido en su política frente a la crisis ha tenido un norte y sentido. El norte ha sido, en cada momento y ante cada nueva adversidad, impedir que las familias españolas sucumbiesen de forma irreparable a los diferentes efectos de la crisis. El Gobierno ha trabajado para que nadie quede al margen de los sistemas de protección».

La resolución política, además, critica con dureza la actitud del Partido Popular y, sobre todo, insiste en poner en valor que es un momento idóneo para distinguir entre las políticas de derechas y las de izquierdas.

«Aprovechando la crisis», afirma el texto, «algunos podrían justificar fácilmente políticas de recorte social. Por eso es precisamente en este momento cuando se han puesto de manifiesto de forma descarnada las grandes diferencias ideológicas y políticas entre el PSOE y el PP».

Por todo esto, justifica la necesidad de la subida impositiva, aunque advierte de que se hace «sin dogmatismos». En concreto, se afirma que el único motivo para el incremento de la presión fiscal es «mantener el Estado de bienestar y la inversión productiva». Y añade: «Es un aumento coherente y tiene una finalidad que coincide con nuestro compromiso social, con nuestros valores y con nuestro programa electoral».

En contraposición al PP, la dirección socialista considera que «la disminución de impuestos por la que aboga la derecha, especialmente en estas circunstancias, no puede tener otra finalidad que el adelgazamiento del Estado, el debilitamiento de las instituciones y los servicios públicos y el deterioro de la cohesión social, en aras de una supuesta vigorización económica».

Parece difícil que en el PSOE alguien enmiende párrafos de este tipo y, aunque hay mucha prudencia, no se teme la escenificación de una crisis interna ni nada que se le pueda parecer.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, aseguró ayer que en el Comité Federal del PSOE se pondrá de manifiesto la «gran convicción» de todos los que integran las filas socialistas de aplicarse «a la tarea de salir de la crisis, y de hacerlo lo antes posible».

Salgado insistió en que el presidente del Gobierno no está solo ni en el partido ni en el Parlamento, y dio casi por hecho que los Presupuestos para 2010 tendrán una amplia mayoría parlamentaria.

No obstante, por primera vez en muchos años el Comité Federal del PSOE no va a ser un simple trámite para José Luis Rodríguez Zapatero.

Como ya le ocurrió desde 2000 a 2003, el líder del PSOE deberá ganarse y convencer a un partido que, si bien está ahora muy domesticado, siempre tiene un componente que nadie controla por muchas medidas de seguridad que se tomen previamente.

Los compromisos

> «Ahora que la situación es difícil y que las restricciones presupuestarias son evidentes, el Gobierno socialista sigue comprometido con la ampliación y mejora de los derechos sociales».

> «El aumento de la presión fiscal es una medida de solidaridad para evitar que el coste más doloroso de la crisis lo paguen los que tiene más dificultades o menos medios de defensa, y los desempleados».

> «Aplicamos las recetas pactadas, pero con lealtad a los valores socialistas».

UN PAÍS EN CRISIS / La estrategia de la oposición
Rajoy renuncia a pedir elecciones anticipadas

Exige a Rodríguez Zapatero que «escuche» y «rectifique» / Pone en marcha la maquinaria electoral con presidentes provinciales

-->CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Córdoba

El líder de la oposición no tiene prisa por desalojar a Zapatero. Mariano Rajoy parece asistir complacido a su lento derrumbe, sin renunciar a demandarle un milagro político tanto o más impensable que el adelanto electoral: que cambie su política frente a la crisis.

Lo dejó ayer bien claro en la clausura de la reunión de dos días mantenida en Córdoba por el aparato de Génova con los presidentes provinciales del PP de toda España. Rajoy les encargó la puesta en marcha de la maquinaria electoral de las municipales de 2011. «Dependemos de lo que hagáis para ganar», les dijo. Eso sí, aprovechó las declaraciones del presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro para decir que «ahora ya hay voces de importancia que reclaman elecciones anticipadas». Sin embargo, se limitó a certificar esa reclamación como un «reflejo» de «un estado de ánimo de mucha gente» y de que «la sociedad va por un lado y Zapatero, que está perdido, por otro».

Tan alejado se mostró de abundar en la propuesta de interrumpir la legislatura que extrajo una tercera lectura en positivo, al afirmar que «revela un gran deseo de cambio de la sociedad para salir de la crisis».

Rajoy está tan empeñado en contestar la política económica de Zapatero como en lanzar un mensaje optimista a la sociedad española. A una semana del acto de protesta contra el paro y los impuestos organizado por el partido en el polideportivo de Dos Hermanas (20.000 plazas), el presidente popular subrayó que «de esta crisis los españoles vamos a salir». «Se puede salir, se debe salir y debemos hacerlo a la vez que el resto de la UE», enfatizó, al tiempo que repetía que el PP tiene «alternativa» y que es «distinta» a la política de Zapatero.

Rajoy ha modificado sutilmente su discurso. Ya no es tanto el propio Zapatero el problema para salir de la crisis, sino su «empecinamiento en el error». «Es preocupante la situación en la que estamos, pero es más preocupante ver a un presidente encerrado, aferrado a un error, a una política disparatada», afirmó. «Es absolutamente imprescindible que Zapatero escuche y rectifique. España no se puede permitir el lujo de vivir con cuatro millones de personas que quieren trabajar y no pueden. Es inaceptable».

Rajoy comparó la «rectificación» económica que ahora demanda con la que Zapatero hizo en materia antiterrorista. Al líder de la oposición se le advierte mucho más cómodo y acompañado ahora que cuando reclamaba un cambio en la lucha contra ETA en la anterior legislatura. «Por rectificar no pasa nada. Ha rectificado la política antiterrorista, le hemos apoyado y no pasa nada», dijo, antes de exhortarle a cambiar no ya las medidas de fondo, sino «las formas». «Hay que escuchar, y si no a la oposición, por lo menos a los organismos internacionales, a los servicios de estudios y a las personas de la UE y de su partido».

En el capítulo de «las formas», Rajoy hizo capítulo especial de la polémica sobre la TDT de pago. «No se puede gobernar por decreto ley todo el día. En esta legislatura, el nivel de reales decretos leyes pulveriza todos los récords de la Historia», afirmó.

En cuanto a las rectificaciones de fondo, Rajoy se ensañó con la «mentira» de la política social del Gobierno. «Un país donde hay más de cuatro millones de personas que no pueden trabajar, donde se cierran pequeñas y medianas empresas, donde no hay crédito, es un país sin política social», insistió.

Desacuerdo entre la CEOE y la CECA
> El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, señaló ayer que es al Gobierno a quien corresponde anunciar elecciones. De esta forma, salió al paso de las declaraciones del presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, en las que sostuvo que si no se alcanzaba un gran acuerdo para salir de la crisis, habría que convocar nuevos comicios. Díaz Ferrán también resaltó la importancia de acometer reformas estructurales para salir de la crisis.

Reunión con Obama el próximo 13 de octubre

Bernardino León y Moratinos perfilaron el encuentro con James Jones y Hillary Clinton

MARISA CRUZ

Madrid

Barack Obama y José Luis Rodríguez Zapatero mantendrán su primer encuentro bilateral oficial en la Casa Blanca el próximo 13 de octubre, tal y como anunciaron ayer Madrid y Washington.

Será la primera vez que las puertas del Despacho Oval se abran expresamente para el presidente del Gobierno español, ninguneado políticamente durante su primera legislatura por la anterior Administración norteamericana, encabezada por George W. Bush, que tan próxima se había mostrado a su predecesor José María Aznar.

La reunión a solas se venía fraguando desde primavera, cuando ambos se estrecharon por primera vez la mano con motivo de la Cumbre del G-20 en Londres y dos días más tarde mantuvieron un breve encuentro de cortesía en Praga.

En aquel momento se vislumbró con claridad que el tono de la relación bilateral, tensa y conflictiva desde que Zapatero sustituyó a Aznar, cambiaría de signo con el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

La visita del presidente del Gobierno a Washington se producirá apenas 15 días después de que ambos se encuentren en Nueva York la próxima semana, en la Asamblea General de la ONU, y en Pittsburgh, en una nueva Cumbre del G-20.

A lo largo del verano, el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Bernardino León, y el asesor de Seguridad Nacional de Obama, el general James Jones, perfilaron los planes para una cita inminente de ambos. En este propósito colaboró también el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en sus múltiples contactos con la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

En principio se planteó la posibilidad de que el encuentro se llevara a cabo antes de la inauguración de la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, la llegada a España del nuevo embajador norteamericano, prevista para la próxima semana, aconsejó retrasar los planes. El diplomático enviado por Washington presentará sus cartas credenciales a primeros de octubre. Probablemente, Zapatero será el primer mandatario extranjero al que reciba Obama tras la maratón de Nueva York y Pittsburgh.

Fuentes diplomáticas explican que uno de los temas centrales que abordarán ambos será la nueva relación que tanto Madrid como Washington quieren entablar con Rusia.

La Casa Blanca se ha mostrado muy complacida con el mensaje lanzado el pasado lunes en Yaroslav por Zapatero, quien insistió en la necesidad de impulsar desde la Presidencia de la UE nuevos lazos estratégicos con Moscú. Sólo dos días más tarde, Obama ha anunciado su decisión de cancelar el plan de Bush de instalar un escudo antimisiles en el este de Europa, un proyecto que Rusia siempre ha contemplado como una clara amenaza. En este contexto de repaso internacional también se abordará la situación en Afganistán y Pakistán.

Además, Washington contempla con especial interés la gira que el presidente Zapatero tiene previsto realizar por Oriente Próximo este otoño. La visita podría ser clave si finalmente se abre camino un nuevo proceso de paz, como pretende Obama y que, sin duda, volverá a estar sembrado de dificultades.

La reunión de la Casa Blanca será el momento apropiado para que ambos presidentes marquen las líneas de la nueva Agenda Transatlántica, el pacto que guía las relaciones privilegiadas entre los 27 socios de Unión y Washington, que debería ratificarse en la Cumbre UE-EEUU que se celebrará durante presidencia española

FIRMAS: Federico Jiménez Losantos, Las cuatro esquinas

EDITORIALES: TDT: al menos Zapatero no está en venta

EDITORIAL
TDT: al menos Zapatero no está en venta

DESPUÉS DE UNOS DÍAS de alta temperatura política, el Gobierno sacó adelante ayer en el Congreso con los votos del PSOE, CiU, CC y ERC el decreto ley que regula la TDT de pago. A modo de preámbulo a la opinión sobre esta regulación legal, tenemos que dejar claro que EL MUNDO no es parte directamente interesada en el asunto. Aunque la empresa editora de este diario es concesionaria de una licencia de televisión, no tiene en estos momentos proyecto alguno para ofrecer la modalidad de pago. Así pues, desde la distancia y la neutralidad, consideramos que la TDT es el soporte ideal para desarrollar la televisión de pago, porque mejora la calidad del servicio y también porque supone una nueva opción de negocio abierto a todos los operadores del mercado. Lo que no sería justificable, ni en términos de eficiencia ni de igualdad de oportunidades para competir, es que el Ejecutivo no hubiera dado vía libre al desarrollo de esa tecnología, permitiendo la continuidad del monopolio de Sogecable, el único operador de televisión con posibilidades de emitir en régimen de pago, desde que el Gobierno de González le concedió este privilegio en el año 89. Como bien dijo el ministro de Industria, Miguel Sebastián, «se ha terminado con 20 años de monopolio, por tanto, los ciudadanos están de enhorabuena y la industria también».

Cabe reprochar al Gobierno el procedimiento utilizado de decreto ley urgente, que impide la celebración de un debate parlamentario de fondo. La regulación de la TDT de pago se ha hecho tarde y mal, ya que tenía que haberse aprobado hace meses junto con la Ley General Audiovisual. Detrás de este retraso, se esconde el deseo del Gobierno de dar una oportunidad a la venta del obsoleto Canal Satélite en las mejores condiciones para Prisa. Una vez que la citada operación empresarial no se formalizó, el Gobierno ya no tenía más remedio que aplicar la urgencia porque el propio desarrollo tecnológico le obligaba a ello. La rapidez de la tramitación del decreto está perjudicando, sobre todo, a los usuarios que no han tenido tiempo de informarse de quién, cómo y cuándo emite los partidos de fútbol, que son la estrella de esta modalidad de televisión.

Cuando el ministro Sebastián dijo desde la tribuna que el «interés general consiste en que el Gobierno anteponga el beneficio de los ciudadanos al beneficio particular de cualquier grupo o empresa» estaba poniendo el dedo en la llaga. De forma tan aparatosa y descarada como hipócrita, el Grupo Prisa ha utilizado toda su artillería para coaccionar al Gobierno a fin de impedir la aprobación del decreto. La intimidación comenzó con un artículo del consejero delegado, Juan Luis Cebrián, y arreció editorialmente contra Zapatero en los últimos días, conforme se acercaba la votación. Además, los responsables de Prisa extendieron su presión al resto de los grupos parlamentarios conminándoles a que se opusieran. En este sentido, hay que destacar la extrañeza que produce el voto contrario del PP, teniendo en cuenta que es un ardiente defensor de la libre competencia.

Como se refleja a diario en estas mismas páginas, discrepamos con buena parte de las políticas de Zapatero, aunque es justo reconocerle el mérito de resistir a la coacción y al chantaje de un grupo empresarial muy vinculado a un sector de la vieja guardia del PSOE. Al defender con su actuación la primacía del interés general sobre el lucro económico de una empresa con fuerte capacidad de desestabilizar sus propias filas, Zapatero ha demostrado integridad personal y entereza política. Se podrán decir muchas cosas, pero al menos, el presidente del Gobierno no está en venta.

MAL HORIZONTE PARA MANZANO:
Hasta los policías le dan la espalda

TRAS LA SENTENCIA en la que la juez desestima su demanda contra EL MUNDO, el ex jefe de los Tedax se encuentra ahora con la no menos desagradable descalificación de los sindicatos policiales a sus negligencias durante la investigación del 11-M. Pero lo que más debería preocuparle es la reacción de su propia organización sindical, el SPP, que denuncia que los jefes de Sánchez Manzano «le han dejado tirado». En el caso de que finalmente el ex responsable de los Tedax tenga que sentarse en el banquillo, la única exculpación que podría argüir para justificar su necomportamiento en los días posteriores al 11-M -al dirigir la investigación en un sentido- sería que obedeció órdenes de sus superiores

LOS PUNTOS NEGROS DEL 'ESTATUT': 4. FINANCIACIÓN:
El dislate de la relación de bilateralidad

SI HAY un apartado del Estatut de Cataluña en el que resulta nítida la inconstitucionalidad ése es el de la financiación. Nuestra Carta Magna afirma que las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera para la ejecución de sus competencias, con arreglo a dos principios: el de coordinación con la Hacienda estatal y el de solidaridad entre todos los españoles. Y para ello se creó el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano multilateral en el que los ministros de Economía y de Administraciones Públicas, junto a todos los consejeros de Hacienda, armonizan los aspectos de la actividad financiera del Estado autonómico. Sin embargo, el Estatut consagra un principio que rompe con este sistema al establecer una relación de «bilateralidad» entre el Gobierno central y Cataluña -como si de dos estados se tratase- para abordar la financiación de los catalanes. A causa de ello, este verano se ha materializado la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómico, fruto de la larga negociación bilateral entre Moncloa y el tripartito. Así, todos los españoles soportan ya las consecuencias de un apartado del Estatut que podría resultar anulado por el Constitucional, ya que es uno de los capítulos recurridos. Y en cuanto a la solidaridad entre regiones, ha quedado igualmente rota, ya que el Estatut impone al Estado nada menos que la obligación de garantizar que la aplicación de mecanismos de nivelación no alterará «en ningún caso la posición de Cataluña en renta per cápita».

RETIRADA DEL ESCUDO ANTIMISILES:
Obama quiere a su lado al Kremlin

OBAMA zanjó ayer todo atisbo de nueva guerra fría entre EEUU y Rusia tras anunciar la retirada del proyecto de escudo antimisiles en Europa, aprobado por Bush, y que el Kremlin consideraba una desafiante amenaza. Obama tuvo que confirmarlo apresurado, después de que el presidente checo desvelara la noticia. Dirigentes de Polonia y de República Checa han criticado la decisión, llegando a tachar al presidente estadounidense de «traidor». Es cierto que esta resolución allana las relaciones con Moscú. Pero Obama debe hacer ahora encaje de bolillos para convencer a Centroeuropa de que no ha cambiado el compromiso con su seguridad, y, a la vez, lograr una mayor implicación de Rusia en la lucha contra el terror yihadista y los planes nucleares de Irán.

NOS CUENTAN QUE... El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, no deja de sorprender por su forma de ser, y sus comportamientos siguen concitando todo tipo de comentarios dentro y fuera del Hemiciclo. Ayer, tras acabar el pleno en torno a las 14.15 horas, abandonó a toda velocidad la tribuna. Se dirigió a su despacho y, veloz, se despojó del traje y la corbata. Seguidamente, se vistió de sport y se colocó una chaqueta cortavientos azul marino -regalo de la Capitanía General de la Armada durante su etapa de ministro de Defensa-, en la que luce dos banderas de España, muy visibles, en cada hombro. Bono se paseó por todo el pasillo con su nueva indumentaria, que no pasó inadvertida a varios diputados. Fuera le esperaba su hijo, José Bono Jr., jinete profesional, con quien había quedado para comer

11-M: El sindicato del comisario Manzano dice que sus jefes 'le han dejado tirado'

El sindicato de Manzano dice que sus jefes 'le han dejado tirado'

Otras tres centrales recuerdan que pidieron su destitución cuando dirigía los Tedax


--> FERNANDO LÁZARO

Madrid

Lo tienen claro. Desde las filas del sindicato al que pertenece el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano se denuncia que el que fuera jefe de los Tedax ha sido abandonado por sus superiores. «Le han dejado tirado». El Sindicato Profesional de Policía, por boca de su máximo responsable, José Ángel Fuentes Gago, considera que, cuando Manzano investigó el 11-M, fue respaldado por sus mandos, pero que ahora sólo hay silencio.

El SPP defiende la profesionalidad de Manzano. Fuentes Gago aseguró ayer a este periódico que le parecía «tremendamente injusto lo que le ha pasado a Manzano». En su opinión, el que fuera responsable de los Tedax cuando se produjeron los atentados del 11-M «cumplió, acertada o equivocadamente, con su trabajo, y su labor contó con el respaldo implícito de todos sus superiores».

De hecho, Gago recordó que cuando arreciaron las críticas hacia la gestión de Sánchez Manzano por su actuación en las investigaciones sobre la masacre, él mismo pidió a sus superiores que investigaran su actuación, que abrieran un procedimiento interno sobre las órdenes y actuaciones de la unidad que él mandaba tras la masacre de Madrid para que se comprobara que no había incurrido en ninguna irregularidad. «Y esa investigación no fue ordenada. En ese momento, Sánchez Manzano contó con el respaldo implícito de todos sus superiores; de hecho, no fue destituido en su cargo sino confirmado por el Ministerio del Interior». Gago sitúa esta circunstancia alrededor de marzo de 2006. Ahora, según el máximo responsable del SPP, sus superiores «le han dejado tirado». Adelantó que Sánchez Manzano tiene intención de recurrir la sentencia.

El trabajo de Manzano durante el 11-M fue duramente criticado por agentes de los Tedax en el sumario que se sigue contra este comisario. Incluso el pasado miércoles, un mando de este cuerpo declaró ante el juez que Sánchez Manzano mandó destruir restos de los focos del 11-M que sólo pueden ser eliminados por orden judicial.

La Confederación Española de Policía (CEP) considera que la sentencia «demuestra, una vez más, que no todas las cuestiones relativas a la investigación de los atentados del 11-M fueron desarrolladas con la pericia y profesionalidad requerida, especialmente ante un hecho de semejante gravedad».

En declaraciones a EL MUNDO, el secretario general de esta formación, Ignacio López, aseguró: «Afortunadamente, las Unidades del Cuerpo Nacional de Policía son mucho más que los responsables que las dirigen y, especialmente, en el caso de este comisario, el prestigio y profesionalidad de los Tedax está por encima de esta persona que, no lo debemos olvidar, ha sido ampliamente cuestionado por policías de todas las escalas destinados allí».

«Creemos en la necesidad de que los jueces vayan hasta las últimas consecuencias en la investigación de cualquier fleco no resuelto de este atentado», añadió.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, se quejó de que desde el Ministerio del Interior no se hayan atendido nunca sus quejas para que Sánchez Manzano fuera destituido como jefe de los Tedax. «Si hubiese cesado cuando lo pedimos algunos sindicatos, (en el caso del SUP en cinco ocasiones, tres con el gobierno del PP -que lo nombró- y dos con el del PSOE), tal vez no estaría ahora en esta situación». Para el máximo responsable del SUP, Sánchez Manzano ha sido «el peor jefe que han tenido nunca los Tedax, por desconocimiento de la especialidad y por su soberbia ejerciendo el mando. Ha hecho un flaco favor a la Policía y ha prestado un servicio impagable a la teoría de la conspiración», indicó.

La Unión Federal de Policía (UFP) reclamó a Sánchez Manzano que aclare «si recibió órdenes y de quién. No creemos que lo haya hecho por iniciativa propia». Alfredo Perdiguero, responsable de comunicación del sindicato, considera que la sentencia ha dejado claro que este comisario «ha mentido y ha manipulado» en el 11-M. Recordó también que la UFP pidió su destitución en reiteradas ocasiones y que estaba al frente de una de las unidades más especializadas de la Policía sin haber realizado el curso de los Tedax. «Si ha mentido, que lo pague», reclamó Perdiguero. «Él sabrá por qué ha ocultado pruebas a la Justicia», indicó el representante sindical. «Ha ocultado y ha manipulado pruebas de los atentados más graves de la historia de España», añadió

Manjón se fía de su «buena fe»

--> Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, afirmó ayer que el ex jefe de los Tedax Sánchez Manzano actuó «de buena fe» en sus investigaciones sobre los atentados. Manjón, en declaraciones a Servimedia, valoraba así los procesos judiciales que afectan al comisario respecto a la investigación que realizó sobre la masacre. A este respecto, Manjón sostuvo que no tiene «por qué dudar» de la actuación del ex jefe de los Tedax, «como no dudo de los otros veintitantos policías que pasaron por el desescombro de Leganés», en referencia a la explosión del piso de esta localidad madrileña donde murieron varios de los autores del 11-M. Tiene «muy claro» quiénes mataron a su hijo: «La Justicia me ha dicho que unos islamistas radicales robaron los explosivos en la Mina Conchita, vinieron a Madrid y el 11-M me mataron a mi hijo».

LOS PUNTOS NEGROS DEL 'ESTATUT' (IV) / FINANCIACIÓN

LOS PUNTOS NEGROS DEL 'ESTATUT' (IV) / FINANCIACIÓN
Un tercio del dinero, para Cataluña

Tras la sustitución de Pedro Solbes por Elena Salgado en la Vicepresidencia económica del Gobierno, se desencalló el nuevo sistema de financiación, que aporta más dinero a la Generalitat

-->LEONOR MAYOR

¿Es Cataluña insolidaria con otras comunidades autónomas más pobres? Para las fuerzas políticas catalanistas, la respuesta es un rotundo no. El tripartito y CiU denuncian desde hace años que Cataluña está mal financiada y exigen un cambio de modelo, que otorgue más recursos a la Generalitat y le permita, entre otras cosas, construir nuevas infraestructuras y prestar más o mejores servicios sociales. El pasado julio, con un año de retraso, se firmó un nuevo acuerdo de financiación, nacido del contenido del Estatut, que reportará unos 3.800 millones más a las arcas del Govern en el año 2011. Para CiU y Esquerra, este modelo no deja de ser insuficiente, porque está muy alejado del sistema de cupo que opera en el País Vasco y Navarra. En cambio, para el PP, que recurrió el grueso del apartado estatutario referido a la financiación, el nuevo modelo es inconstitucional, porque «ha incrementado la autonomía financiera de Cataluña, sin haber aumentado al mismo tiempo y en la misma medida la solidaridad y la coordinación».

Barcelona

Mucho sudor, puede que algunas lágrimas y un año entero de negociaciones ha necesitado el conseller de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, para conseguir que el Gobierno central se rascase el bolsillo y aceptase modificar el sistema de financiación de las comunidades autónomas para que Cataluña disponga de más recursos, tal como establece el Estatut.

Lo de la financiación -no se le escapa a nadie-, es la esencia del Estatut, la verdadera razón por la que se impulsó la reforma del texto de 1979. Los impuestos que se recaudan en este territorio son superiores a lo que después el Estado invierte en esta comunidad. Esa diferencia es lo que se ha dado en llamar déficit fiscal, y de su existencia viene lamentándose la mayoría de la clase política catalana desde hace años.

Estos políticos miran con indisimulada envidia el sistema que opera en el País Vasco y Navarra, donde los gobiernos autonómicos recaudan todos los impuestos y se los quedan, con la salvedad de un cupo, que entregan al Estado para contribuir a los gastos comunes. Con idea de imitar este modelo, se redactó el Estatut aprobado por el Parlament en septiembre de 2005.

Pero aquella redacción empezó a bajar de tono una vez llegó el texto al Congreso. El Estatut definitivo dibujó un modelo muy distinto, la llamada cesta de impuestos, por el que la Generalitat se queda con una participación de algunos de los tributos que se recaudan en su territorio: el 50% del IRPF, el 58% de los Impuestos Especiales que gravan el alcohol y el tabaco y el 50% del IVA.

Sin embargo, en la negociación cerrada este pasado verano entre el conseller Castells y la vicepresidenta Elena Salgado, mucho menos reticente al acuerdo que su predecesor, Pedro Solbes, Cataluña consiguió un tercio de los recursos adicionales que el Gobierno puso encima de la mesa para el conjunto de las autonomías. Es una cantidad sensiblemente superior al peso de la economía catalana en el conjunto de la española (18%), a su población (16%) y al porcentaje que recibía con el reparto de la vieja financiación (16%).

La razón es que el nuevo sistema incluye, por ejemplo, el principio de ordinalidad, lo que supone que Cataluña no pierda puestos en el ranking autonómico de recursos per cápita tras contribuir a la solidaridad con otras comunidades, como venía ocurriendo hasta ahora.

El Estatut recoge también la creación de un consorcio tributario, formado entre el Estado y Cataluña, para gestionar, recaudar y liquidar los impuestos que se devenguen en esta comunidad. Por último, el texto insiste en que los asuntos tributarios se traten bilateralmente, o sea, de tú a tú, entre los gobiernos central y catalán.

El PP recurrió el grueso de las disposiciones del Estatut en materia de financiación, al considerar que el nuevo modelo «rompe el equilibrio constitucional consagrado en el artículo 156.1 de la Constitución entre los principios de autonomía financiera, solidaridad y coordinación».

¿Hasta qué punto desarrolla el Estatut el pacto financiero firmado en julio entre Castells y la vicepresidenta Elena Salgado? Las respuestas a esta cuestión son dispares. Para el tripartito, el nuevo modelo garantiza la autonomía fiscal y financiera, otorga capacidad normativa, es solidario, cumple con los principios de lealtad institucional y bilateralidad y situará a Cataluña por primera vez por encima de la media de las comunidades autónomas en la clasificación de recursos per cápita, según se desprende del balance del despliegue del Estatut elaborado el pasado agosto por la Consejería de Relaciones Institucionales, que dirige el ecosocialista Joan Saura.

La opinión de CiU es casi contraria. Los nacionalistas consideran que el acuerdo de financiación se ha saltado a la torera una buena parte de lo que establece el Estatut. El diputado de CiU en el Parlamento catalán Quico Homs hace una lista de los incumplimientos: 1) No se ha firmado el acuerdo en el seno de la Comisión Mixta como manda el Estatuto. 2) La ley establece que la educación, la sanidad y otros servicios sociales esenciales del Estado del bienestar prestados por los diferentes gobiernos autonómicos puedan alcanzar niveles similares ante un esfuerzo fiscal también similar; una cláusula que no recoge el acuerdo. 3) El pacto, sigue Homs, tampoco ha tenido en cuenta la población, rectificada por el coste diferencial de la vida y por la inmigración, como ordena el Estatut. Y 4) En opinión del diputado nacionalista, tampoco se cumple el principio de ordinalidad.

Lo que sí se creó por ley y también por mandato estatutario fue la Agencia Tributaria de Cataluña, aunque la norma se limitó, a grandes rasgos, a convertir la antigua Dirección General de Tributos en la nueva Agencia Tributaria.

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El desarrollo estatutario

>El nuevo sistema de financiación. Se pactó el pasado mes de julio con un año de retraso. La Generalitat calcula que Cataluña dispondrá de 3.800 millones de euros extras para el ejercicio de 2011, un tercio de los recursos adicionales del Estado, muy por encima de la aportación de la economía catalana al conjunto de la española.

>La Agencia Tributaria. Se creó por ley la Agencia Tributaria de Cataluña; por el momento, apenas una reconversión de la antigua Dirección General de Tributos, ya que carece de nuevas competencias. Esta entidad debe consorciarse con Hacienda.

LOS PUNTOS NEGROS DEL 'ESTATUT' (IV) / FINANCIACIÓN
«Hemos plantado cara al Estado y hemos ganado»

ERC se vanagloria del nuevo sistema de financiación, CiU cree que incumple el 'Estatut' y el PSC, que es constitucional

-->LEONOR MAYOR

Barcelona

Los independentistas catalanes tienen un argumento muy directo a la hora de defender que el Concierto económico es constitucional: este sistema de financiación opera en Navarra y en el País Vasco sin que nadie lo haya denunciado por ser contrario a la Carta Magna española. Amparándose en esta idea, Esquerra defiende desde hace años que Cataluña debería financiarse con un sistema similar.

En septiembre de 2005, el Parlament aprobó un Estatut que, gracias al acuerdo de CiU y Esquerra, establecía para Cataluña un sistema de financiación muy parecido al Concierto. Eso sí, con unas dosis de solidaridad hacia las autonomías más pobres, que el PSC consideró requisito sin equa non para respaldar el proyecto.

Cuatro años después, la ministra de Economía, Elena Salgado, ha dado el visto bueno a un nuevo sistema de financiación para las autonomías, basado en lo que dispone el Estatut, que está muy alejado de ese modelo vasco y navarro, pero que supondrá un aumento de ingresos para las ahora maltrechas arcas de la Generalitat.

Las opiniones sobre este acuerdo son, como viene ocurriendo con muchas de las aristas del Estatut, más que dispares. El PP lo ha recurrido ampliamente ante el Tribunal Constitucional, al considerar que es insolidario. Los de Esquerra le han dado el visto bueno, tras ser parte decisiva en los últimos días de negociación, aunque han dejado muy claro que su objetivo es el de lograr el Concierto económico.

Para los socialistas catalanes, el nuevo sistema de financiación «es plenamente constitucional» y esa condición se verá ratificada en breve cuando se modifique la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para adaptarla a la reforma. «Muchos de los casos que se critican requieren de una reforma de leyes orgánicas para que estén operativos, lo que les da un plus de constitucionalidad, pues para ponerlos en marcha necesitan de un nuevo visto bueno de las Cortes», subraya el portavoz del PSC, Miquel Iceta.

En el último Consejo de Ministros, se aprobaron los proyectos de ley de financiación autonómica y de modificación de la Lofca «Hemos plantado cara al Estado y hemos ganado», dijo el líder de ERC, Joan Puigcercós.

CiU es, en este caso, la otra cara de la moneda. Los nacionalistas no están satisfechos con el reciente acuerdo de financiación, porque consideran que 3.855 millones extras para Cataluña en 2012 es una cifra insuficiente y calculan que, con el Estatut en la mano, esta comunidad debería recibir alrededor de 5.000 millones de más. CiU critica también que el acuerdo no recoge muchos de los principios pactados en el Estatut.

Mañana: Justicia.

Lo que opinan los políticos

CIU / Quico Homs

> «El acuerdo de financiación que ha cerrado el tripartito con el Gobierno central no cumple el 'Estatut'. El modelo debería haberse revisado en el seno de la Comisión Mixta y tendría que incorporar criterios estatutarios como el mayor coste de la vida o la inmigración. Tampoco respeta el principio de ordinalidad y no contempla la creación del consorcio tributario».

PSC / Miquel Iceta

> «El nuevo sistema de financiación es plenamente constitucional. Ahora hay que modificar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para adaptarla al acuerdo, lo que seguramente ocurrirá antes de final de año. El PSOE tendrá que buscar el acuerdo de Esquerra, Iniciativa y algún otro partido para culminar la reforma».

Esquerra / Joan Puigcercós

> «Hemos plantado cara al Estado y hemos ganado», subrayó el líder de Esquerra tras pactar que Cataluña contará con 3.855 millones de más en el año 2012. En el pleno parlamentario monográfico sobre financiación, Puigcercós insistió en que su partido avala el acuerdo, pero recordó que Esquerra «aspira al Concierto económico para Cataluña».

PP / Federico Trillo

> «Consideramos que la comprensión del artículo 156.1 de la Constitución es una clave para entender el modelo existente en nuestra Carta Magna. La autonomía financiera de las comunidades no es un principio aislado, sino que se somete a límites y debe respetar e incluso 'subordinarse' a las exigencias que imponen los principios de coordinación y solidaridad».

LOS PUNTOS NEGROS DEL 'ESTATUT' (IV) / FINANCIACIÓN
Coordinación y solidaridad

MANUEL LAGARES

La Constitución establece en su artículo 156.1 que «las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles». La autonomía financiera de las comunidades está sometida, por tanto, a que su financiación esté coordinada con la Hacienda estatal y a que sea solidaria respecto a todos los españoles.

Además, está limitada por el hecho de que la Constitución enumera de forma cerrada las fuentes financieras de las autonomías y establece igualmente que, mediante ley orgánica, podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras de las Comunidades Autónomas. La Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas (Lofca) ha desarrollado el precepto constitucional creando el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Está constituido por el ministro de Economía y Hacienda, el ministro de Administraciones Públicas y el consejero de Hacienda de cada comunidad o ciudad autónoma, y tiene como competencia la coordinación de todos los aspectos de la actividad financiera de las comunidades y del Estado, lo que se ha venido efectuando hasta ahora mediante acuerdos multilaterales alcanzados en el seno de tal Consejo.

Sin embargo, el nuevo Estatuto de Cataluña ha creado una Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, integrada por un número igual de representantes del Estado y de la Generalitat, que se define como «el órgano bilateral de relación entre la Administración del Estado y la Generalitat en el ámbito de la financiación autonómica», y al que le corresponden «la concreción, la aplicación, la actualización y el seguimiento del sistema de financiación, así como la canalización del conjunto de relaciones fiscales y financieras de la Generalitat y el Estado». Desde un punto de vista más concreto, corresponde a la citada Comisión acordar el alcance y condiciones de la cesión de tributos con los porcentajes de participación en su rendimiento; acordar la contribución a la solidaridad y a los mecanismos de nivelación; establecer los criterios de coordinación y de armonización fiscal y valorar los traspasos de servicios del Estado a la Generalitat, entre otros.

Se rompe así la multilateralidad de la Lofca para pasar, en el caso concreto de Cataluña, a la bilateralidad. Eso dificulta muy gravemente la necesaria coordinación de ingresos entre la Hacienda del Estado y las comunidades autónomas; y conduce, como de hecho ya ha ocurrido en este ejercicio, a una mayor cesión de recursos de la Hacienda estatal a las restantes haciendas autonómicas para alcanzar un acuerdo multilateral a la vista de lo acordado previamente con Cataluña.

El segundo principio que condiciona la autonomía financiera de las comunidades es el que esa financiación deberá ser solidaria respecto a todos los españoles. Difícilmente podrá alcanzarse esa solidaridad si una comunidad negocia y establece sus recursos financieros tratando de modo independiente y bilateral con el Estado, como ocurre ahora con Cataluña.

Y todo ello sin perjuicio del nuevo principio establecido en el Estatuto catalán de que «el Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación», criterio limitativo que no aparece en la Constitución ni, por ahora, en ningún otro estatuto de autonomía.