EDITORIALES: Chávez reinventa la guerra fría en los Andes

EDITORIALES DEL DÍA
CHÁVEZ REINVENTA LA GUERRA FRÍA EN LOS ANDES

LA DECISIÓN del Gobierno colombiano de ampliar el número de sus instalaciones militares a las que, como ya sucede en las actuales, podrán tener acceso las fuerzas estadounidenses, ha elevado la tensión en Sudamérica. Álvaro Uribe, que ayer recibió a la vicepresidenta De la Vega en Bogotá, concluyó horas antes en Brasil un periplo que le ha llevado a siete países de la región para explicar y defender la firma inminente del nuevo acuerdo de cooperación militar con EEUU. En su visita, De la Vega desautorizó a Moratinos, que días atrás había criticado ese acuerdo al asegurar que abre un «proceso de militarización en América Latina». La vicepresidenta mostró ayer el respeto de España a las decisiones que tome Colombia «en el ejercicio de su soberanía», echando indirectamente un capote a EEUU.

Y es que Venezuela y sus aliados (Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia) han iniciado una ofensiva diplomática y propagandística contra Uribe y contra Obama. Hugo Chávez habla abiertamente de la amenaza de «invasión» de EEUU y Fidel Castro califica las bases militares de «puñales en el corazón de América».

Los esfuerzos de Obama para reducir la brecha con el eje chavista -la suavización de las sanciones a Cuba y la condena del golpe en Honduras son sólo dos ejemplos- parecen estrellarse en una muralla. Aunque sean pura retórica, los epítetos utilizados por Chávez, Castro, Evo Morales, Daniel Ortega y Rafael Correa contra este nuevo acuerdo militar de EEUU parecen más discursos de la Guerra Fría que respuestas ajustadas a la realidad.

Colombia tiene una alianza con Washington desde el año 2000, el Plan Colombia, que permite a EEUU mantener en este país un máximo de 800 militares y unos 600 instructores civiles para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Es oportuno recordar que Colombia es el mayor productor mundial de cocaína. Uribe y sus ministros aseguran que, con el próximo acuerdo, ampliaría a siete las bases de uso estadounidense, pero mantendría el techo en el número de fuerzas. Esa ampliación permitiría compensar el cierre, en noviembre, de la base que EEUU utiliza en Manta (Ecuador).

Uribe espera otras compensaciones de Washington, como la firma de un tratado de libre comercio o como el aumento de la ayuda anual, reducida en tres años de más de 700 millones de dólares a 513 millones, si bien Colombia sigue siendo el tercer país del mundo que más ayuda recibe de EEUU, tras Israel y Pakistán.

Aunque la militarización de la región andina no beneficia a nadie, la huida hacia adelante de Colombia no se hubiera producido sin el rearme acelerado de Venezuela, que ha firmado acuerdos militares con Rusia y China por varios miles de millones dólares, si Ecuador hubiese permitido a EEUU seguir utilizando la base de Manta para vuelos de vigilancia en una zona en la que se refugian las FARC o si Chávez y Correa no prestaran su apoyo a este grupo terrorista.

Chávez, que ahora advierte de que el incremento de la presencia militar estadounidense podría desatar una guerra en la región, fue sin embargo el primero en alardear el año pasado de hacer maniobras militares conjuntas con la flota rusa en el Caribe.

Aunque Uribe ha explicado personalmente a los gobiernos sudamericanos que el acuerdo con EEUU no prevé la instalación de nuevas bases sino el uso de las que ya hay, que éstas siempre estarán bajo control de sus mandos y que se trata, en cualquier caso, de una decisión soberana, no ha logrado evitar el incendio. La división está servida. Perú apoya con entusiasmo el nuevo acuerdo entre Colombia y EEUU, y Chile y Brasil respetan la decisión de Uribe. Enfrente, Chávez y sus aliados.

EN RESPUESTA A LA GRAVíSIMA ACUSACIóN DEL PP:
Zapatero emplaza a Rajoy a retratarse

AYER fue el propio Zapatero quien salió al paso de las acusaciones de que el Gobierno habría sometido a escuchas ilegales al PP, tal como denunció Dolores de Cospedal. En una rueda de prensa, el presidente pidió a los líderes populares «sentido de la responsabilidad» y subrayó que «tenemos una justicia que funciona conforme a los criterios del Estado de Derecho». Además, con ironía dijo que no había hablado de este asunto con Rajoy, porque está de vacaciones y «respeta su descanso». Zapatero se ha visto obligado a intentar atajar él mismo toda sospecha de que haya habido escuchas ilegales al PP, al tratarse de un tema de extraordinaria gravedad. Por lo mismo, más allá de la retranca, sus palabras suponen un claro emplazamiento a Rajoy, que le obliga a retratarse y a dejar claro si respalda lo dicho por De Cospedal, o si da marcha atrás. Lo cierto es que ante unas acusaciones de tal envergadura es el presidente del PP, y no la número dos, quien debe trasladar a los ciudadanos todo lo que sepa y aportar alguna prueba para que nadie pueda pensar que sólo es una estrategia para sembrar dudas.

DATO POSITIVO DEL EMPLEO EN EEUU:
Nunca un 0,1% de bajada del paro fue tan celebrado

AUNQUE es pronto para lanzar las campanas al vuelo, Obama ve cómo sus mejores pronósticos se van cumpliendo. Para sorpresa de muchos, la tasa de desempleo en EEUU descendió del 9,5% de junio al 9,4% en julio, la primera bajada del paro desde abril de 2008. Aunque ese 0,1% puede parecer ridículo, ha contagiado de optimismo a Wall Street. Su importancia reside en que la propia Casa Blanca temía que el paro llegara este verano al histórico 10% , y de hecho no descarta que en otoño sea así. Ahora, con este dato, Obama logra que su mensaje de confianza tenga un argumento más sobre el que sustentarse. Los números aún están muy alejados de los tiempos de bonanza, pero parece que las brumas de la crisis financiera comienzan a disiparse: los grandes bancos, a excepción de entidades como el Royal Bank of Scotland, han detenido la hemorragia crediticia, la bolsa sube y, quizás en 2010, los datos del PIB -norteamericano, claro- se muevan en positivo. Pero el fin de la recesión, todavía lejano, no será una realidad hasta que el empleo, el indicador más humano de la economía, se recupere.

INTERIOR ALEGA MOTIVOS ECONóMICOS:
Intolerable retirada de escoltas a jueces y fiscales

LA SORPRENDENTE decisión de Interior de dejar sin escolta a fiscales y jueces de la Audiencia Nacional en agosto recuerda mucho al error de retirar la protección a Rajoy en sus viajes al extranjero, que a la postre el Ministerio hubo de rectificar. Es la primera vez que se quita la escolta a quienes investigan y juzgan los delitos relacionados con el terrorismo. En el caso de que hubiera que replantear la política de protección, extremo que está por ver, debería hacerse de forma gradual, pactada e informando a los interesados con suficiente antelación, no como fruto de una decisión tomada de la noche a la mañana. Los jueces y fiscales de la Audiencia fueron informados a finales de julio, unos días antes de empezar sus vacaciones. El argumento del Gobierno de que la medida se debe a motivos económicos es intolerable. Si hay que hacer recortes, seguro que hay partidas más prescindibles.

NOS CUENTAN QUE... El director general del Inaem, Félix Palomero, ha logrado conciliar vida familiar y trabajo en el Ministerio de Cultura, donde sustituyó a Juan Carlos Marset en las labores de apaciguar el inflamable territorio de las artes escénicas. El caso es que Palomero, mirando por lo suyo, ha contratado como asesor en asuntos de Danza a Jaime Guerra, su marido, que ya formó parte del equipo de José Antonio Campos, ex director general del Inaem en tiempos de Carmen Calvo, como jefe de gabinete. Una decisión, la de Palomero, que no ha dejado de sorprender a buena parte de los trabajadores del Ministerio, que aseguran que su flamante esposo le acompaña en reuniones y viajes de trabajo. Los críticos dicen que una cosa es formar equipo y otra bien distinta que el equipo salga de casa con cargo al presupuesto.

ESCUCHAS ILEGALES, EXPEDIENTES... OTRA VEZ EL PSOE A LAS ANDADAS

Control sobre los aparatos de escucha

Los sindicatos policiales rechazan la implicación de agentes en el espionaje

FERNANDO LÁZARO/Madrid

Los sindicatos policiales SUP, CEP y SPP negaron ayer la participación de cualquiera de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en escuchas telefónicas ilegales porque este tipo de intervenciones deben contar siempre con la autorización de un juez para evitar la vulneración de derechos fundamentales. No obstante, reclamaron mayores controles de los aparatos destinados al control telefónico.

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, no descarta, sin embargo, que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal se haya referido a «los nuevos elementos tecnológicos de los que disponen los Cuerpos de Seguridad -Policía, Guardia Civil o CNI- que les permiten interceptar y escuchar las conversaciones que se emiten desde los teléfonos móviles sin dejar ningún rastro».

«Es verdad que eso pasa, que hay una falta absoluta de control y nosotros apoyaremos que eso se regule», añadió Sánchez Fornet, quien animó a De Cospedal a denunciar ante los tribunales esas escuchas: «Si lo hace, nosotros lo apoyaremos».

El portavoz del SUP no cree que «la señora De Cospedal se haya vuelto loca y haya dicho esto sin más» sino que «algún indicio tiene que tener cuando lo dice».

El secretario de organización de la Confederación Española de Policía (CEP), Lorenzo Nebrera, considera que si la dirigente del PP no denuncia esos posibles delitos en los tribunales, «lo que está haciendo es sembrar de dudas en la sociedad española la labor de más de 61.000 funcionarios de Policía», según informa Efe.

«Si ella tiene conocimiento de que una persona, un agente o un inspector de policía» está haciendo esas escuchas, que lo ponga en conocimiento de la autoridad judicial «porque nosotros somos los más interesados en que se aclare», insistió Nebrera.

El vicepresidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), José Manuel García Catalá, manifestó estar «absolutamente convencido de que el Cuerpo Nacional de Policía no ha tenido ninguna participación en este asunto, y todas las intervenciones telefónicas que realiza la Policía están sometidas a autorización judicial».

«Los conocimientos que tenga De Cospedal serán sus conocimientos. Lo que no nos gusta es que determinado tipo de declaraciones se emitan sin una base razonada», aseguró García al destacar que lo que se debe saber es que «ningún policía es capaz de este tipo de decisiones o que se sustraiga a lo que marque un juez».

Zapatero pide 'responsabilidad' al PP

Subraya que Rajoy está de vacaciones mientras su partido hace una grave denuncia- El PP endurece los ataques y emplaza al Gobierno a «demostrar» que no hay escuchas

El presidente del Gobierno fue ayer parco en palabras a la hora de valorar, y siempre a petición de los periodistas, las acusaciones de dirigentes del PP al Gobierno por el supuesto uso político interesado que hace de las Fuerzas de Seguridad y de la Fiscalía General del Estado.

Al fin y al cabo, las críticas y las acusaciones han llegado en oleadas de aquí y de allá, de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y del coordinador de Justicia y Libertades Públicas del partido, Federico Trillo, y siguen llegando de otros populares, como Cristóbal Montoro, Alberto Núñez Feijóo, José Luis Ayllón... Pero no de su rival político directo, Mariano Rajoy. Y el presidente, con su casi silencio, puso el acento sobre el silencio del líder de la oposición.

«Creo que está de vacaciones y lógicamente respeto su descanso», respondió a los periodistas cuando le preguntaron si había hablado con Rajoy del asunto con el que su partido está alimentando el debate político agosteño.

Él también está de vacaciones, en La Mareta de Lanzarote, y ayer hizo un paréntesis político para agradecer a Canarias su hospitalidad con una demostración de atención pública. Junto al secretario general del PSOE canario, Juan Fernando López Aguilar, prometió una «estrategia» especial contra la crisis en las Islas, que se concretará en el Consejo de Ministros del próximo 9 de octubre.

De la situación económica en Canarias iba la cosa cuando los periodistas cambiaron de tema y preguntaron por la denuncia de escuchas ilegales a miembros del PP «que no tienen nada que ver con los sumarios», según dijo De Cospedal.

«Pediría sentido de la responsabilidad a algunos dirigentes del PP a la hora de hacer determinadas valoraciones y declaraciones», respondió el presidente. Después, sugirió que los dirigentes populares mienten y dejó en su tejado la pelota: «Ellos saben muy bien que tenemos una Justicia que funciona conforme a los criterios del Estado de Derecho».

Volvió a apelar a la «responsabilidad» política, dejó unos segundos de silencio elocuente y remató con un misterioso «y deseo quedarme ahí».

Pero el PP reaccionó rápido para devolverle la patata caliente cuanto antes. Una vez más, atacó por varios frentes con duras palabras, pero ninguna de ellas era de Rajoy.

Primero, el coordinador de Economía del partido, Cristóbal Montoro, emplazó al Gobierno socialista a «demostrar» que «son falsas» las denuncias que ha hecho su grupo. Después criticó el «deterioro grave» que, a su juicio, está sufriendo la democracia porque el Ejecutivo «está utilizando las instituciones del Estado de Derecho para tratar de acosar al principal partido de la oposición».

Al ser preguntado sobre si el PP tiene pruebas de las escuchas ilegales, Montoro indicó que esas pruebas «están ya incluso presentadas» en la denuncia por las supuestas filtraciones del caso Gürtel que registró el PP el pasado 24 de julio en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid.

Era su forma de responder también a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que el jueves emplazó al PP a ir «a los tribunales si cree que se está cometiendo algún delito». «Si ya las denuncias están presentadas, no sé quién se llama ahora a escándalo», dijo Montoro.

Volvió a recordar el anuncio de De la Vega de que el fiscal general del Estado iba a recurrir el archivo del caso Gürtel, y añadió que «el Gobierno está para velar por la calidad de las instituciones democráticas y no para aniquilar» a la oposición. «Es un interés partidista inadmisible por parte de un Gobierno que representa los intereses de todos los españoles», sentenció.

Desde el frente parlamentario, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, anunció que su grupo ha pedido que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acuda a la Cámara a presentar un informe sobre los procesos emprendidos contra cargos populares y los iniciados contra socialistas para comparar qué consecuencias han tenido unos y otros en las últimas fechas.

Ayer, EL MUNDO hacía balance de detenidos e imputados por corrupción en corporaciones locales de uno y otro partido desde 2004, y éste era el resultado: 43 detenidos y 50 imputados en el PP; 20 detenidos y 51 imputados en el PSOE.

También habló ayer el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien en una entrevista a Europa Press, afirmó que los dirigentes populares están «menos seguros» que los socialistas por el «uso del aparato del Estado» que hace el Gobierno. También avaló la denuncia de Dolores de Cospedal afirmando que «es abogada del Estado y ha trabajado en el Ministerio del Interior».

PROHIBIDO HABLAR ESPAÑOL: Saura (IU), quita el castellano en la autoescuela

Saura quita el castellano en la autoescuela

Argumenta que los aspirantes a profesores deben saber comunicarse en catalán

XIANA SICCARDI/Barcelona

Los exámenes que tienen que pasar los aspirantes a profesores de autoescuela deben hacerse exclusivamente en catalán, y ésa debe ser, también, la única lengua para el material didáctico. Así lo recuerda el consejero catalán de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, en una respuesta parlamentaria al portavoz adjunto del Grupo Mixto, José Domingo.

Domingo preguntó por escrito al conseller por qué los exámenes de la fase de enseñanza a distancia para profesor de autoescuela son en catalán, recordando que «el Estatut de Autonomía establece, en su artículo 6.2, que el castellano, como lengua oficial del Estado español, lo es también de Cataluña». Resaltaba, en este sentido, las dificultades idiomáticas que pueden tener los aspirantes llegados de otras partes de España y pedía su retirada.

Domingo inquirió a Saura sobre esta cuestión, tras conocer el caso de un alumno que, tras suspender las pruebas, pidió por escrito al tribunal que le juzgaba para el próximo examen de recuperación, de tipo test, que éste fuera en lengua castellana. Pero el tribunal se negó, amparándose en la normativa lingüística vigente, algo que Domingo considera una «discriminación».

Saura respondió el pasado 16 de julio, en un escrito en el que explica que este examen de acceso «es igual al de anteriores convocatorias». Asegura que la prueba de procedimiento previo de selección se distribuye en las dos lenguas oficiales, catalán y castellano, y que «son los exámenes de la fase de enseñanza a distancia del curso los que se hacen únicamente en catalán, ya que es la lengua utilizada tanto en el desarrollo del curso como en el material didáctico de apoyo», que sólo están disponibles en catalán, según establecen las bases de la convocatoria. El motivo es que el catalán «es la lengua vehicular del curso».

El conseller argumenta, además, que «la aptitud profesional de los examinados comporta un grado de conocimiento del catalán a nivel, al menos, de comprensión», debido a que «los profesores de educación vial, en su tarea docente, deben estar en condiciones de garantizar el derecho de sus alumnos/clientes a utilizar la lengua catalana». Por último, Saura responde que la elaboración por parte de la Generalitat de los cuestionarios de las pruebas y los mismos materiales didácticos en catalán «no constituye extralimitación ni comporta discriminación ni desigualdad en las oportunidades de los examinados en el resto del Estado». Y concluye que el hecho de que nadie se haya quejado así lo demuestra. Paradójicamente, sobre el caso puntual del alumno que suspendió y que pidió que su examen de recuperación fuera en castellano, Saura, pese a asegurar que no se está produciendo una exclusión, escribe que «el presidente del tribunal le dirigió un escrito en el que se explicaban las razones por las que tanto el curso como el enunciado de las pruebas son en catalán».

«¿Ha sido tratado con cordialidad por el agente que le ha detenido?»

Los Mossos aplicarán en octubre un sistema de evaluación de calidad

«¿Quiere denunciar a la persona que le ha detenido?». Ésta es una de las preguntas que podrían incluirse en los interrogatorios de los Mossos d'Esquadra a partir del 15 de octubre. El departamento de Interior catalán que dirige Joan Saura pondrá en marcha en esta fecha un sistema de gestión de calidad destinado a que, en un futuro no muy lejano -algunas voces apuntan al 2011-, la policía autonómica obtenga el certificado ISO 9001. Se trata del mismo sistema, gestionado además por la misma empresa, que utiliza desde hace 12 años la Ertzaintza.

Para conseguir el título, que se usa para avalar la calidad de productos y servicios, el departamento de Interior prepara un sistema de evaluación que incluye, entre otros instrumentos, un cuestionario de satisfacción de la persona detenida y otro, de las mismas características, para que sea respondido por el abogado de la misma.

«¿Considera que las condiciones higiénicas han sido las adecuadas durante su detención?», «¿Ha sido tratado con la necesaria empatía?», «¿Ha podido ser visitado por todas las personas que ha solicitado?» o «¿Quiere denunciar a la persona que ha procedido a su detención?» son algunas de las preguntas que incluye este formulario, tal y como lo narraron algunos agentes que ya han recibido el cursillo previo a la aplicación del nuevo sistema. Tanto el Sindicato Autonòmico de Policia-UGT (SAP-UGT) como el Sindicato de Policía de Cataluña (SPC) alertaron ayer sobre lo que consideran un ataque a la presunción de inocencia del agente que realiza la detención.

La Generalitat, por su parte, aseguró que los formularios no están cerrados, pese a que se empezarán a aplicar el próximo 15 de octubre, tal y como marca la instrucción que el pasado tres de agosto se distribuyó en el cuerpo de policía. Aunque sí confirmó la existencia del formulario, aclaró que, por el momento, no se ha concretado «si se entregará a todos los detenidos ni cuáles serán las preguntas concretas» que se realizarán.

Desde los sindicatos critican, además, que se utilice un sistema en que los términos cliente y producto marcan la pauta. «Nuestro cliente no es el detenido, es el ciudadano», recalcó Valentín Anadón, de SAP-UGT, el sindicato mayoritario en la policía autonómica. Además, auguró que, «dado que el detenido es una persona privada de libertad contra su voluntad, las respuestas que pueda ofrecer no reflejarán, precisamente, una buena opinión» como «clientes de nuestro servicio».

Otra de las críticas de los sindicatos, que vuelven a plantar cara a la política de Joan Saura al frente del departamento -ya vivieron enfrentamientos sonados a propósito de la instalación de cámaras en las comisarías o las críticas del conseller a las cargas anti Bolonia de los Mossos d'Esquadra-, pasa por la falta de consenso de la medida. «No es una prueba piloto, ya que se aplica a todo el cuerpo, sino un sistema que se pondrá en marcha sin contar con los sindicatos», criticó Anadón.

Desde el SPC añadieron a las críticas el hecho de que un sistema que, sobre el papel, busca objetivos tan loables a primera vista como «unificar criterios de detención» o «evaluar la calidad del sistema» será inviable teniendo en cuenta los recursos materiales y humanos con los que cuenta el cuerpo en la actualidad. Y es que la aplicación del nuevo modelo implica, según el mismo sindicato, la reforma del sistema informático y de los vehículos en los que se realizan las detenciones. Además, advirtieron de que supondrá una carga burocrática extra para los agentes.

La Ertzaintza lo usa desde hace 12 años

>No es la primera vez que la aplicación en un cuerpo policial de la norma ISO 9001 suscita críticas entre los sindicatos. El Erne (Sindicato Independiente de la Policía Vasca) critica que el sistema haya convertido las comisarías en cadenas de montaje.

>Desde su aplicación, critican, «se trabaja para cumplir un expediente, a veces incluso engañando al sistema, y se necesita un gran número de personal extra para poder llevar a cabo todos los protocolos».

MORATINOS DESAUTORIZADO: De la Vega rectifica a Moratinos y dice de él que criticó las bases militares en Colombia sin conocer el pacto con EEUU

De la Vega afirma en Colombia que Moratinos criticó las bases sin conocer el pacto con EEUU

Se ofrece a Colombia para mediar ante los gobiernos de Ecuador y Venezuela

LUIS ÁNGEL SANZ. ENVIADO ESPECIAL/Bogotá (Colombia)

María Teresa Fernández de la Vega corrigió ayer a Miguel Ángel Moratinos, y manifestó una posición distinta a la que había expresado públicamente el ministro de Exteriores sobre el conflicto abierto en América Latina por el acuerdo entre Colombia y EEUU para que éste pueda usar hasta siete bases militares del país andino.

La corrección se produjo en la quinta jornada del viaje oficial de la vicepresidenta a Iberoamérica y después de que se reuniera con el presidente colombiano, Álvaro Uribe. De la Vega aseguró que «España respeta la decisión soberana» del estado andino, y explicó que «el Gobierno de Colombia entiende que es útil para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo». El apoyo al mandatario colombiano, aseguró, es «una cuestión de ética y política».

Tras estas palabras, la vicepresidenta fue preguntada en rueda de prensa si esto suponía un cambio de opinión del Gobierno de España. Lo negó: «Mis palabras no son una modificación de opinión del Ejecutivo». Y justificó que Moratinos manifestara otra opinión por la poca información de que disponía cuando hizo aquellas declaraciones: «El ministro Moratinos no tenía toda la información sobre el contenido del acuerdo», dijo, para añadir que él mismo ya había matizado sus declaraciones y había hablado con su homólogo colombiano para aclararlo.

Moratinos, tras reunirse con el canciller de Brasil hace sólo una semana, criticó el acuerdo adoptado por el Gobierno de Uribe y alertó de que podía provocar «un proceso de militarización en América Latina».

Ayer, De la Vega respetó la decisión colombiana y enfatizó que «España camina y caminará al lado de Colombia y del presidente Uribe en su lucha contra el terrorismo».

El propio Uribe ha llevado a cabo esta semana una gira maratoniana por América Latina (ha visitado siete países en cinco días) con el objetivo de sumar apoyos a su proyecto. Finalmente, sólo Perú respalda sus intenciones. Otros estados, como Venezuela, Ecuador o Bolivia, se oponen radicalmente a las mismas.

De todas formas, Uribe ha conseguido en su gira que se maticen algunas de las críticas, como ha ocurrido con Brasil. Ayer también arrancó a María Teresa Fernández de la Vega una declaración formal de «respeto» a su decisión.

Este asunto ocupó buena parte de la entrevista de ambos mandatarios. Durante el encuentro, De la Vega transmitió a Uribe que su Ejecutivo está dispuesto a mediar y a mantener conversaciones con algunos de los gobiernos que se oponen a la presencia norteamericana -como Ecuador o Venezuela- para desactivar el conflicto. El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha llegado a decir esta semana que la llegada de «los yanquis» podría provocar «una guerra».

Uribe acompañó a De la Vega hasta la sala de ruedas de prensa de la Casa de Nariño, pero no se quedó a las preguntas porque, dijo, tenía que marcharse con urgencia. Antes de la entrevista, la vicepresidenta se reunió con representantes de la sociedad civil colombiana para hablar del conflicto armado que sufre el país y de otros de sus problemas. Con De la Vega estuvieron el secretario de la Conferencia Episcopal colombiana, el ex presidente de la Corte Constitucional o el fundador de la Consultoría por los Derechos Humanos y el Desplazamiento.

Durante la reunión, pidieron a De la Vega ayuda para fortalecer los derechos humanos en Colombia y le sugirieron que tanto España como la UE sigan mejor el rastro del dinero procedente del narcotráfico.

La tarde del viernes (madrugada de hoy en España), De la Vega visitó Cartagena de Indias, donde inauguró una reunión de cooperación. Ya por la noche, dio por concluida su maratoniana gira por Latinoamérica.

TERRORISMO VASCO: Interior deja a fiscales y jueces de la Audiencia sin escolta en sus vacaciones

Interior deja a fiscales y jueces de la Audiencia sin escolta en sus vacaciones

FERNANDO LÁZARO/Madrid
De nuevo, por motivos económicos. Ese es el argumento que recibieron a finales del pasado mes de julio jueces y fiscales de la Audiencia Nacional cuando, desde el Ministerio del Interior, se les informó de que durante sus vacaciones les iban a retirar la protección. La medida se centraba en agosto. Durante el tiempo que permanezcan fuera de Madrid, estarán sin la protección que tienen el resto del año.

Viene de primera página

Según explicaron a este periódico varios de los afectados, el Departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba les indicó que tenía previsto reducir la protección «en líneas generales» a los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional durante el periodo estival. Es decir, se trata de que en el mes de agosto, cuando los profesionales de la Audiencia viajen fuera de Madrid, no lo hagan acompañados de sus escoltas. Hasta ahora, los magistrados de la Audiencia siempre disponían de protección personal cuando abandonaban la capital, bien fuera por motivos laborales o por vacaciones. Siempre dentro del territorio nacional.

Estas fuentes recuerdan que es la primera vez que se reduce la protección en esta sede judicial. Indican que en la Audiencia Nacional es justo donde se investigan y se juzgan todos los delitos relacionados con terrorismo, no sólo el de ETA sino también de organizaciones de alcance internacional. Y también son los profesionales de esta estancia los que investigan las tramas de delincuencia organizada consideradas de máxima peligrosidad. Es el caso de las mafias albano kosovares o rusas, recuerdan estas fuentes. Incluso, en estas dependencias judiciales también se investigan los casos de corrupción política. El riesgo de estos profesionales de la Justicia, según todos los expertos en seguridad, es de los más altos. Los potenciales enemigos, numerosos.

Teóricamente, la medida adoptada por Interior «por motivos económicos» finalizará una vez que el juez o el fiscal al que se le ha retirado la protección vuelva a Madrid de sus vacaciones. Fuentes policiales indicaron que el gasto en dietas que supone cubrir las vacaciones de todos los jueces y magistrados es muy elevado y que se están revisando todos los números.

Desde hace meses el Ministerio del Interior estudia un recorte importante en materia de escoltas. Entiende que son muchos los protegidos en este país y que conviene sentarse y recapacitar sobre los que deberían tener protección y cómo debería llevarse a cabo. Son muchos los profesionales que entienden que, en la mayoría de los casos, con medidas de contravigilancia sería suficiente para proteger a los que se presume que están amenazados.

Las fuentes consultadas por este periódico indicaron que algunos magistrados, cuando tuvieron noticia de las intenciones de la Secretaría de Estado de Seguridad (organismo de Interior sobre el que recae la responsabilidad de las escoltas), contactaron con el Ministerio para pedir explicaciones por esta decisión. En estas conversaciones, algunos de los magistrados pusieron sobre la mesa la especial sensibilidad del trabajo que se desempeña en la Audiencia Nacional. Tal fue la presión que el Ministerio del Interior reconsideró algunas de las retiradas de escoltas. Otros jueces, la mayoría, optaron por guardar un prudente silencio. De hecho, este periódico contactó con algunos de ellos y se negaron a comentar esta circunstancia «por motivos de seguridad».

No es la primera vez que una decisión parecida levanta la polémica. No hace tantos meses que el Ministerio del Interior tuvo la idea de retirarle la protección al líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, cuando abandonara España, tanto en sus viajes de trabajo como en sus vacaciones.

Así, el líder popular, que no hizo queja expresa al Gobierno, llegó a realizar dos viajes a países europeos, Polonia y Bélgica, sin ningún tipo de protección. El argumento que también recibió en su día es que el recorte se producía por motivos económicos.

Después de que EL MUNDO desvelara esta situación, el Departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba rectificó inmediatamente y volvió a ponerle la protección en el exterior al presidente del Partido Popular.

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MAFIA RUSA

La marcha atrás de Interior

En una de las últimas remodelaciones, Interior retiró la protección a 60 cargos y ex altos cargos de la Administración. Entre los que se vieron privados de la seguridad personal se encontraban los fiscales que estaban investigando las tramas de la mafia rusa implantada en España. En tres operaciones se detuvo a los principales responsables de varias de estas organizaciones. Pero esta situación fue rectificada a las pocas horas por Interior. Algunos analistas en seguridad llegaron a la conclusión de que estos fiscales estaban (y están) en el primer nivel de la seguridad y alertaron de la «gran peligrosidad» de estas mafias. Así, la Secretaría de Estado de Seguridad reconsideró su decisión

Los radicales desafían a Interior ante las fiestas de San Sebastián

Cargas de la Ertzaintza zanjan una protesta no autorizada

. M. ARIZTEGI / O. TORRES/San Sebastián / Vitoria

Los militantes más jóvenes del mundo radical se emplearon ayer a fondo en su apuesta por ganar protagonismo en las calles donostiarras. Pese a la prohibición expresa del Departamento vasco de Interior, unos 200 manifestantes trataron de que se oyeran en el Casco Viejo sus habituales consignas.

Intento baldío, puesto que las unidades antidisturbios de la Ertzaintza desplegadas en el bulevar cargaron contra ellos tan pronto los avistaron y zanjaron el conato de protesta.

Los manifestantes huyeron en desbandada por las calles del Casco Viejo, y siguieron 45 minutos de carreras entre ellos y los agentes antidisturbios, sin que se registraran detenciones. La novedad estribó en que la Ertzaintza no se limitó a dispersar a los manifestantes. Un vehículo de la Policía se adentró por las calles que antes eran feudo exclusivo de los radicales y se dedicó a limpiarlas de carteles con propaganda proetarra.

La furgoneta fue recogiendo telas y plásticos que comparaban al PSOE con los GAL, clamaban contra la guerra sucia contra ETA, pedían la independencia y el socialismo para Euskal Herria y demás consignas, casi todas bajo la firma de la ilegal Segi, el movimiento juvenil de la izquierda abertzale. No dejaron un solo espacio propagandístico.

Cuando acabaron, un par de agentes apostados en cada acceso al Casco Viejo desde el bulevar fue suficiente para mantener el orden. Los radicales se limitaron a gritar a los ertzainas a una distancia prudencial y evitaron enfrentamientos directos. No hubo piedras ni botellazos.

Por otro lado, la izquierda abertzale comunicó ayer la desconvocatoria de la manifestación que tenía previsto celebrar hoy en San Sebastián después de que el Departamento de Interior anunciara la prohibición de la marcha, que pretendía recorrer las calles de la capital guipuzcoana coincidiendo con el inicio de la Semana Grande.

Ainhoa Landaberea, la persona que había comunicado la convocatoria según los trámites preceptivos, acudió poco antes de las 17.00 horas de ayer a una comisaría para advertir de la desconvocatoria, según informó el Gobierno vasco. El Departamento de Interior no quiso valorar la aparente marcha atrás e informó de que Landaberea tiene «una amplia trayectoria de vinculación a organizaciones ahora ilegalizadas».

El acto formaba parte de un amplio programa de actos de la izquierda radical. La convocatoria podría ser sustituida por otra en las próximas horas, aunque no cumpliría con los plazos preceptivos. En ese caso, la aparente rectificación de la convocante habría sido sólo un intento de eludir responsabilidades.

ECONOMÍA: Una mísera bajada del paro en EEUU sirve para desatar la "exuberancia irracional"

RECESIÓN GLOBAL / Las perspectivas
La bajada del paro en EEUU lleva optimismo a la economía

Obama asegura que «se ve luz al final del túnel» y que ha salvado a su país de la «catástrofe»/ Las Bolsas mundiales reaccionan con fuertes subidas

PABLO PARDO. ESPECIAL PARA EL MUNDO/Washington
Barack Obama declaró ayer que EEUU ha esquivado «la catástrofe» y que «lo peor podría haber pasado», mientras las Bolsas de todo el mundo registraban alzas generalizadas después de que se hiciera público que el desempleo ha caído por primera vez desde abril de 2008. El descenso, de una décima, deja la tasa en el 9,4%, que se debe a la menor destrucción de empleo en julio, un mes en el que se perdieron 247.000 puestos de trabajo.

El significado de la caída del desempleo estadounidense venía ayer resumido en una nota de Aaron Smith y Ryan Sweet, del servicio de estudios Economy.com, propiedad de la agencia de calificación de riesgos Moody's: «Es sólo el principio de un largo y doloroso proceso de curación» de la economía de EEUU. Steven Weiting, de Citigroup, era más específico, al predecir todavía nuevos aumentos del paro, pero matizaba que esos aumentos «serán de forma muy gradual».

Por su parte, la OCDE -la organización que agrupa a los países más desarrollados del mundo- explicaba que, en función de los datos del mes de junio, hay perspectivas de recuperación más fuertes en Francia, Italia, EEUU, Reino Unido, Alemania, Canadá y Japón.

Los datos parecen avalar el optimismo de Barack Obama, que se apresuró ayer a capitalizar políticamente la mejoría del mercado laboral con una apresurada intervención en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en la que dijo que «se ve la luz al final del túnel».

Esa afirmación se basa en varios hechos: la economía de EEUU está destruyendo un tercio de los empleos que liquidaba hace seis meses; el empleo en la industria, que hasta ahora había sufrido enormemente por la crisis, se ha empezado a recuperar; y, acaso lo más importante, la jornada laboral no ha disminuido por primera vez en un año, lo que parece indicar que las empresas necesitan aumentar su producción de bienes y servicios.

Ese análisis entró en las Bolsas de todo el mundo, que acogieron los datos con euforia. El Ibex se dio la vuelta y cerró en su máximo anual, a un paso de consolidar los 11.000 puntos. Por su parte, los índices más significativos de Nueva York -el Dow Jones, el Standard and Poor's y el Nasdaq- cerraron con alzas próximas al 1,5% gracias a los buenos datos. Incluso en la calle, en Estados Unidos, la cifra del desempleo había sido recibida con alegría.

«Es una buena noticia». Así reaccionaba ayer Robert, de 46 años, que está sin empleo desde marzo, después de haber leído en la edición digital de The New York Times el dato de la caída del paro en julio. Sin embargo, Robert no se hace ilusiones sobre su futuro. A pesar de su experiencia de 22 años trabajando, el 3 de marzo perdió su empleo como directivo de una de las mayores universidades de EEUU. Ahora, la falta de puestos de trabajo le ha llevado a decidir marcharse a China o a Corea del Sur para trabajar como profesor de inglés «durante uno o dos años, hasta que las cosas mejoren de verdad».

Efectivamente, las Bolsas viven de expectativas. Pero los ciudadanos viven de hechos. Y, como solía decir John Adams, el segundo presidente de EEUU, «los hechos son unas cosas muy tercas y o los reconoces, o ellos te reconocerán a ti». Por de pronto, sólo la industria de la salud -que se encuentra además en el centro de una tremenda controversia por la decisión de Obama de reformarla para hacerla más accesible a los ciudadanos- generó empleo en julio.

Además, la mejoría de la tasa de paro llega maquillada por un factor estadístico: la tasa de población activa, es decir, el porcentaje de personas en edad de trabajar que tiene un empleo o está en búsqueda activa de un puesto de trabajo, está cayendo. Y, como explicaba ayer Richard Beales, de Breakingviews, «ése no es un signo de reactivación económica». De hecho, en los últimos 10 años, el sector privado no ha generado un solo empleo neto en EEUU.

Esta situación, que también empieza a producirse en España, significa que un número creciente de trabajadores ha dejado de buscar empleo, simplemente porque no cree que pueda encontrarlo. En el preciso instante en que una persona toma esa decisión, deja de estar oficialmente parado. Y, según las estadísticas, la población activa cayó en 422.000 personas en julio. El número de estadounidenses que están «vinculados de forma oficial al mercado de trabajo» -el eufemismo administrativo para decir que llevan 12 meses sin buscar empleo- se ha triplicado desde agosto de 2008, hasta alcanzar los 2,3 millones de personas. En ese periodo, la población activa ha registrado un espectacular desplome del 1,3 puntos porcentuales.

Todas esas cifras sólo significan una cosa: la gente tiene menos dinero para gastar. Si no, que se lo pregunten a los parados. Robert, por ejemplo, cobra un subsidio de 384 dólares (267 euros) semanales. Es el paro más alto que se puede percibir en el Distrito de Columbia, donde está la ciudad de Washington, pero es una cifra que casi se la llevan los gastos fijos: seguro médico (139 euros mensuales), la hipoteca de la casa (498 euros) y la comunidad de propietarios (174 euros).

Así que la única solución que ha podido adoptar ha sido «cortar en un 36% mis gastos mensuales y reducirlos a lo estrictamente indispensable», tomar cada mes un crédito de alrededor de 400 euros usando su casa como aval, y vender algunas propiedades, como su Rolex, por el que ha recibido 1.700 euros, la mitad de lo que le costó. Es el día a día de muchos ciudadanos de la primera economía mundial, que viven en una situación que, tras el dato del paro de julio, sólo es «un poco menos terrible», en palabras de Smith y Sweet en Economy.com.

El optimismo 'repetitivo' de ZP

>7 de agosto. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiró ayer de nuevo de su optimismo al asegurar que «lo más duro de la crisis ha pasado». No es, sin embargo, la primera vez que Zapatero se atreve a anticipar la recuperación económica.

>18 de junio. Hace dos meses Zapatero aseguró en el Congreso de los Diputados que «lo más duro de la crisis ha pasado ya», y que a partir de ese momento «la recuperación se irá produciendo progresivamente.

>4 de junio. Sin embargo fue dos semanas antes, durante una visita a Barcelona, cuando dijo por primera vez que «lo peor de la crisis» ya ha pasado

RECESIÓN GLOBAL / El balance
Dos años de crisis: más de 10 billones perdidos

El estallido de la crisis 'subprime', en agosto de 2007, marcó el inicio de la mayor recesión global en 50 años

Cómo se puede cuantificar una crisis económica global? Tal vez con los 2,9 billones de euros destinados a activar las economías de las principales regiones del planeta (EEUU, Europa y Japón), según el FMI. O con los 10 billones que han perdido las Bolsas de todo el mundo. O, mejor, con los más de 4 billones de euros que han inyectado los principales bancos centrales al sistema financiero.

Da igual la cifra que uno quiera utilizar para medir el impacto. Pasarán años antes de que una nueva crisis supere las abismales pérdidas que ha generado ésta tras dos años de devastador paso por la economía de todo el planeta. Porque tal día como hoy hace dos años, el colapso del mercado hipotecario en Estados Unidos y los coletazos de la quiebra de dos hedge funds de Bear Stearns hacían saltar las alarmas en las Bolsas de todo el mundo. A partir de ese momento, los bancos centrales comenzaron a bombear ingentes cantidades de dinero que todavía hoy siguen llegando a la banca en forma de subastas extraordinarias de liquidez.

Desde la primera intervención del BCE (el 9 de agosto de 2007), de 95.000 millones a un interés del 4%, hasta la última, que tuvo lugar este miércoles por un importe de 27.964 millones de euros y un tipo del 1,17%, la institución monetaria ha rebajado el precio del dinero en 375 puntos básicos hasta el 1% actual. Algo casi tan agresivo como la política monetaria practicada por la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha dejado el dinero literalmente gratis para recuperar el mercado financiero.

Revolución en Wall Street

Pero al margen del incesante soporte de los bancos centrales, los primeros brotes verdes que aparecen en EEUU y Europa se deben a una auténtica revolución financiera que ha cambiado radicalmente el mapa que existía antes del estallido de la crisis subprime. Como por ejemplo la desaparición de la banca de inversión tras la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. A partir de ese momento, Merrill Lynch tuvo que ser absorbido por Bank of America, al tiempo que JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley se veían obligados a convertirse en bancos comerciales.

Precisamente fue en aquellos momentos, en el otoño de 2008, cuando la crisis financiera vivió su momento más convulso. El Euribor reflejaba con su máximo histórico de septiembre -5,334%- las restricciones del crédito y fue entonces cuando al presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, no le quedó más remedio que iniciar una tardía (y muy criticada) política expansiva a través del recorte de tipos.

Las Bolsas, que por entonces sumaban ya minusvalías del 40% espoleadas por otros hitos anteriores igual de nefastos -la nacionalización del británico Northern Rock en enero de 2008 o el rescate a Freddie Mac y Fannie Mae a finales del verano- se precipitaron a un pozo del que no han empezado a salir hasta hace unos meses.

Ahora, no obstante, parece que en el segundo aniversario de la crisis se puede empezar a hablar de cierta recuperación. La renta variable ha recuperado en cinco meses un 60% en lo que parece casi una nueva burbuja. Los datos del paro dan una tregua veraniega a la incesante escalada del desempleo y los organismos oficiales vislumbran ya una salida de la recesión a finales de este año o comienzos del próximo.

Para entonces quedará por delante un nuevo y duradero reto. Pagar todos esos billones de euros que ha costado mantener en pie a la banca y salir de esta recesión

RECESIÓN GLOBAL / El balance
El desempleo se «desbordará» en España

La tasa de paro (actualmente del 17,9%) y el número de parados (4,1 millones) se verán «desbordados» en el segundo semestre, según el 'Avance del mercado laboral' que elaboran Afi (Analistas Financieros Internacionales) y la Asociación De Grandes Empresas De Trabajo Temporal (Agett).

Los autores del estudio consideran que serán los trabajadores fijos y los autónomos los que noten más intensamente el desplome, toda vez que el impacto sobre los empleados temporales ha sido ya muy intenso (siete trimestres consecutivos con aumento de desempleados) y que los primeros no se verán beneficiados por los proyectos municipales del Plan E.

La tasa de temporalidad en estos momentos es del 25,2%, la más baja desde el primer trimestre de 1989, según informa Efe.

El 'Avance del mercado laboral' reseña que en julio la destrucción de empleo fue menor, en gran medida por el efecto estacional y por los más de 400.000 puestos de trabajo temporales creados por el Plan E, pero avisa de que la caída del empleo en tasas interanuales se intensificará en agosto y septiembre hasta el -7,7%, y terminará octubre con el -7,1%.

La conclusión más directa del informe es que a finales de año la tasa de desempleo llegará al 19,5%.

En cuanto a la situación de los trabajadores extranjeros, Afi y Agett indican que están sufriendo un ajuste de empleo menor que los nacionales, si bien la tasa de desempleo de este colectivo es superior al 20% en todas las comunidades, excepto en Cantabria y el País Vasco, que ya rozan este nivel.

EDITORIALES: Una denuncia tan grave no puede quedar en nada/ La vacuna de la gripe A no admite atajos

EDITORIALES DEL DÍA
UNA DENUNCIA TAN GRAVE NO PUEDE QUEDAR EN NADA

LA DENUNCIA hecha ayer por la secretaria general del PP asegurando que cargos de su partido que no tienen «nada que ver» con sumarios judiciales han sido víctimas de «escuchas telefónicas ilegales» implica una de las acusaciones más graves que se han hecho en nuestra Democracia. Dolores de Cospedal llegó a decir que España vive hoy bajo «un Estado policial» y responsabilizó de ello al Gobierno por, según dijo, «utilizar» de forma partidista «a la Fiscalía General, a la Policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI».

En el comunicado que el PP publicó el pasado 19 de julio culpando al Gobierno de tratar de «aniquilarles», ya se aludía a las «filtraciones de conversaciones telefónicas» y a la violación del derecho al «secreto de las comunicaciones». Cinco días después, Federico Trillo presentaba una denuncia en el juzgado por la «vulneración de ámbitos protegidos legalmente» y la posterior «divulgación a un tercero para su publicación», en referencia a medios afines al Gobierno.

Hace meses que en el PP se tiene la convicción de que se ha pinchado el teléfono a altos cargos del partido. El último en dar la voz de alarma ha sido precisamente Trillo. Tal y como hoy desvelamos, el coordinador de Justicia del PP habló en varias ocasiones por teléfono la semana pasada con el abogado Juan Ramón Montero, que colabora en la defensa de los implicados de este partido en el caso Gürtel. La sorpresa del ex ministro fue comprobar cómo, a las pocas horas, una cadena de radio advertía que Trillo estaba presionando al juez Juan Montero, el magistrado del Tribunal Superior valenciano que a la postre emitió un voto discrepante contra el archivo del caso de los trajes. ¿Se espió a Trillo y quien lo hizo confundió a un Juan Montero con otro? El problema de Trillo y del PP estriba en que es prácticamente imposible probar que le grabaron. Por eso sorprende la rotundidad de la denuncia de ayer de Cospedal, acusando sin matices al Gobierno de «corrupción política» e imputándole un grave delito castigado con penas de cárcel.

Es verdad que el PP tiene motivos para sentirse perseguido por la Fiscalía. Desde que Zapatero llegó al Gobierno ha habido al menos 43 detenidos populares por 20 socialistas. No es sólo que sumarios tan sonados como el abierto contra el presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, hayan acabado en nada, es que se ha dado el caso, por ejemplo, de que una simple denuncia anónima ha servido para que agentes de la Guardia Civil rastrearan las tiendas de Palma preguntando por las compras de la esposa del ex presidente Jaume Matas.

Con todo, el intolerable doble rasero que está empleando el Ministerio Público no debería servir al PP para ponerse una venda en los ojos. Tanto en el caso Gürtel como en buena parte de los casos que se investigan en Baleares, incluido el Palma Arena, parece claro que hay materia suficiente como para que intervenga la Justicia. Al PP debería empezar a preocuparle, por tanto, la gran cantidad de asuntos turbios que están aflorando en las instituciones que gobierna o ha gobernado. Que el PSOE pueda haber engendrado situaciones similares no debe ser ningún consuelo. Y viceversa.

Aunque la vicepresidenta De la Vega aseguraba ayer que las instituciones funcionan en España «con normalidad», no parece normal que el portavoz del PP en Palma, líder de la oposición municipal, detenido por prevaricación, acabe pasando 72 horas en los calabazos. Bartolomé Vicens, dirigente de UM -socio del PSOE en el Govern- acusado en un asunto más grave por un cohecho de más de un millón de euros, nunca fue detenido y simplemente fue llamado a declarar.

En todo caso, la denuncia del PP de que el Gobierno están violando derechos fundamentales es tan tremenda que no puede quedar sólo en eso. Al margen de lo que digan los juzgados, el Gobierno debe responder con datos más precisos a los indicios que conocemos, y el PP debe tratar de aportar más pruebas de las que presenta e incorporarlas a las acciones judiciales emprendidas.

ALERTA FRENTE A INOCULACIONES ANTES DE TIEMPO:
La vacuna de la gripe A no admite atajos

EL MUNDO entero aguarda con cierta ansiedad la llegada de la vacuna para la gripe A. La OMS señaló ayer que presumiblemente estará lista en septiembre. Sin embargo, dio una de cal y otra de arena, ya que empezó subrayando que las primeras pruebas de la vacuna fueron «muy decepcionantes», aunque acto seguido informó de pruebas posteriores -ya en humanos- que parecen positivas. En todo caso, la OMS ha alertado del peligro de que la presión social, política y mediática lleve a que se hagan vacunaciones antes de tiempo, sin que se hayan realizado todos los ensayos clínicos necesarios para descartar contraindicaciones y para confirmar la eficacia tras la inoculación. Y en concreto, hizo una crítica velada a los países que han previsto realizar una vacunación masiva -como Francia y Reino Unido- con tal premura que están dispuestos incluso a suspender algunos ensayos. Los ciudadanos reclaman una vacuna, no un placebo, y si no resulta efectiva o si comporta algún riesgo, es cuando se podría generar un verdadero pánico social.

CASTRACIóN QUíMICA VOLUNTARIA EN CATALUñA:
Una medida efectiva para prevenir reincidencias

CATALUÑA ha dado un paso adelante en la lucha contra la reincidencia de los violadores. Los presos condenados por estas agresiones que estén a punto de abandonar la prisión podrán someterse, a partir de septiembre, a un tratamiento farmacológico voluntario que les inhibirá el deseo sexual. Una comisión de expertos ya recomendó el uso de este método cuando se produjo la excarcelación del segundo violador del Ensanche, que ayer mismo abandonó la localidad de Lloret, en la que residía, debido a la presión vecinal. La Generalitat es la primera Administración que apuesta en España por una medida cuya efectividad, aunque no es total, es alta: funciona en el 95% de las personas tratadas. La castración química, cuya implantación ha planteado también Sarkozy en Francia, puede contribuir así a reducir uno de los delitos más abominables y que tanta alarma social crea. Para los agresores sexuales de difícil curación, la administración de fármacos puede suponer la diferencia entre prevenir una violación a tener que lamentarla

IMPRESIONES / TRICHET HABLA DE CRECIMIENTO EN 2010:
Mensaje optimista que no esconde el drama del paro

EL OPTIMISMO que mostró ayer el presidente del BCE al hablar de una «recuperación gradual con tasas trimestrales positivas de crecimiento en 2010» pretende insuflar confianza a las empresas europeas. Hay datos que indican que lo peor ya ha pasado, que la bolsa comenzará a recuperarse y que los datos del PIB pueden mejorar el próximo año. La economía ha dejado de caer, sí, pero como indicó el BBVA en su último estudio, «nos estamos arrastrando por el fondo». Ni las palabras de Obama, ni el discurso de ayer de Trichet ni las positivas valoraciones del Banco de Inglaterra pueden esconder la dramática tendencia del desempleo. Hoy se publican los datos del paro en EEUU, que pueden superar el 10%, números inéditos desde la Gran Depresión. Hablar de brotes verdes con estas perspectivas parece un ejercicio voluntarista.

DELINCUENCIA GUBERNAMENTAL: El PP acusa al Gobierno de someterlo a escuchas ilegales

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La acusación de los 'populares'
El PP acusa al Gobierno de someterlo a escuchas ilegales

Cospedal denuncia que «España vive en un estado policial» que «pone en grave riesgo la democracia» / Cree que Trillo fue espiado y por eso le acusaron de presionar al juez Montero cuando sólo habló por teléfono con un abogado del partido del mismo apellido.

FERNANDO LÁZARO/Madrid
Firme, contundente y, sobre todo, muy clara. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, lanzó ayer una dura denuncia: su partido está siendo espiado. Los dirigentes de esta formación política son víctimas de pinchazos telefónicos.

En una entrevista con Efe, no dejó dudas abiertas: le consta que se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que «no tienen nada que ver con los sumarios» y a destacados dirigentes nacionales.

María Dolores de Cospedal afirma que la primera víctima de estas escuchas es Federico Trillo, coordinador de Libertades Públicas y Justicia del PP e ideólogo de la estrategia de defensa popular en el caso Gürtel.

Según explican desde el PP, diferentes medios de comunicación acusaron a Trillo de estar presionando a uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que debía decidir sobre la causa contra Francisco Camps. En concreto, hablaban del juez Juan Montero. Se acusaba a Trillo de haberse puesto en contacto telefónico con este magistrado durante el pasado fin de semana.

Pero la realidad, según las mismas fuentes, es que Trillo había contactado con Montero, pero era otro Montero. Se trataba de uno de los abogados que llevan la representación del PP en el caso Gürtel. Y Trillo, como responsable del PP en este caso, estuvo en contacto permanente con el equipo jurídico las horas previas a que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tomara una decisión sobre la causa de los trajes del presidente valenciano.

Además, el juez Montero fue precisamente el magistrado que se posicionó en contra del archivo de esta causa.

Pero, según las mismas fuentes, Trillo no es el único responsable popular en el punto de mira de las escuchas. Desde el PP se asegura que han recibido información por parte de miembros de la Seguridad del Estado de que el teléfono móvil de Cospedal también ha sido pinchado.

La número dos del PP denunció que «se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que no tienen nada que ver con algún sumario» judicial. «Y se hacen de manera ilegal, nos consta», puntualizó De Cospedal, quien añadió que hay altos dirigentes nacionales del partido cuyo teléfono ha sido «pinchado».

Y, en contestación a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que exigió al PP que rectifique sus palabras o que denuncie los pinchazos, desde esta formación se le recuerda que el partido ya denunció interceptaciones de sus comunicaciones en el caso Gürtel.

Lo hizo el pasado 24 de julio, en una denuncia presentada ante un juzgado de instrucción de Madrid, en la que el PP solicitó también que se tomara declaración al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y al comisario jefe de la Policía Judicial, José Antonio González, por un presunto delito continuado de revelación de secretos.

La denuncia será ampliada tras los incidentes del pasado fin de semana con las comunicaciones de Federico Trillo.

Además, Cospedal se reafirmó en las declaraciones que hizo hace dos días en un vídeo de su propio partido, cuando pidió al Gobierno que persiguiera a ETA antes que al PP, y lamentó, además, que España viva ahora «un Estado policial» como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía.

Un «Estado policial» que, a su juicio, lleva al Gobierno a «utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la Policía Judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia». «Perseguir a la oposición resulta propio de un sistema antidemocrático», dijo.

«Esto es lo que practica el Gobierno aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo a la democracia», aseguró.

Advirtió de que tanto el Partido Socialista como el Gobierno «intentan corromper a las instituciones de la democracia», incurriendo así en un caso de «corrupción política».

Aseguró que «los fiscales están muy molestos con la actuación del Gobierno» en la instrucción del caso Gürtel, ya que pertenecen a una institución que, tal y como estipula la Carta Magna, ha de ser «garante de la Ley y del Derecho para todos los ciudadanos».

Ese malestar, indicó, se acrecentó después de que De la Vega anunciase desde Costa Rica que el Ministerio Público recurriría el auto que archiva la causa contra Francisco Camps.

«La Fiscalía está para perseguir a los delincuentes, los delitos y a los etarras, y no para perseguir o aniquilar a la oposición como pretende el PSOE», apostilló la dirigente popular, quien no se retracta de ninguna de sus últimas palabras, pese a las críticas y advertencias lanzadas durante los últimos días desde las filas socialistas

Barridos periódicos en Génova ante posibles escuchas

FERNANDO LÁZARO/Madrid

Trabajo adicional. Las empresas de seguridad privada tuvieron que realizar horas extra cuando estalló el caso del supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid. Tras la publicación de que se habían producido seguimientos a altos responsables del PP y del Ayuntamiento de Madrid, en Génova saltaron todas las alarmas.

Ante un posible caso de espionaje general en el partido se decidió contactar con una de las empresas de seguridad privada que habitualmente trabajan para la formación liderada por Mariano Rajoy.

El encargo fue claro: había que saber si en los despachos de los máximos responsables del PP había micrófonos o sus teléfonos habían sido objeto de escuchas ilegales.

Así, la sede del PP fue «rastreada», «barrida», a la caza de posibles micrófonos ocultos en alguna de las dependencias. Entre las oficinas analizadas, además de la del líder popular y la de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, también fueron rastreados y barridos los despachos de todos los miembros de la dirección popular.

También estuvieron en el punto de mira las líneas de teléfono fijas. Incluso, los ordenadores.

Como explican a este periódico especialistas policiales en escuchas, es muy difícil o prácticamente imposible detectar si un teléfono móvil ha sufrido escuchas. Estas fuentes indican que este tipo de dispositivos de comunicación son interceptados desde la cercanía, con sofisticados aparatos de alta tecnología que apenas ocupan un maletín y que no dejan huella de la actuación.

Es decir, la interceptación de las comunicaciones en estos casos es prácticamente indetectable salvo que se compruebe cuando se está produciendo. A posteriori es casi imposible detectarla.

Las fuentes consultadas por este periódico aclararon que en ese barrido en la sede del PP no fue detectada ninguna circunstancia extraña.

No era la primera vez que se ponía en marcha un dispositivo de búsqueda como éste. De hecho, según explicaron fuentes de esta formación, de forma periódica se realiza este tipo de revisiones.

Pero, desde que estalló el escándalo de Madrid y ahora, ante la sensación generalizada de que están siendo objeto de seguimientos y de escuchas, los responsables populares han acortado los plazos entre cada una de las revisiones.

No es el Partido Popular el único que, periódicamente, revisa sus instalaciones ante posibles fugas de información. Casi todos los partidos representativos también toman sus medidas de seguridad internas. Ninguno de los partidos ha detectado algún incidente grave o digno de denuncia durante los últimos tiempos

COMO A ÉL MISMO
Trillo sugiere que se espió a Camps

El secretario de Justicia del PP, Federico Trillo, sugirió anoche que otro de los posibles espiados por los «instrumentos del Estado» habría sido el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Durante una intervención en Veo7, la televisión de Unidad Editorial, Trillo reveló que un inspector de Policía se puso en contacto con Camps para notificarle su imputación en el 'caso Gürtel' «a través de su número privado», de manera inexplicable, a su juicio.

El dirigente 'popular' también abundó en los argumentos que le situarían a él mismo como posible espiado. Además, apuntó que el PP ampliará la denuncia por las filtraciones del caso a las dos fiscales que dirigen la investigación: Miriam Sabadell y Concha Segura.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La posición del Gobierno
De la Vega exige a Cospedal que vaya a los tribunales o que rectifique

Acusa al PP de lanzar «sombras de sospecha sobre el Estado de Derecho»

El ataque de la número dos de Mariano Rajoy contra el Gobierno, la Fiscalía y la Policía produjo ayer una respuesta contundente, pero medida desde el otro lado del Atlántico. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que continúa su gira oficial por Iberoamérica, exigió a María Dolores de Cospedal que «vaya a los tribunales si cree que se está cometiendo algún delito» o, si no es así, que «se retracte».

Preguntada al respecto en la embajada de España en Asunción tras su entrevista con el presidente paraguayo, Fernando Lugo, De la Vega acusó a los dirigentes del PP de estar «lanzando sombras de sospecha sobre el funcionamiento del Estado de Derecho» -«que hemos construido entre todos con mucho esfuerzo», apuntó-. Y acusó a De Cospedal de «despreciar el trabajo de la Policía, los jueces y los fiscales».

Fuentes del entorno de la vicepresidenta se mostraron muy preocupadas por lo que consideran «una utilización partidaria» de las instituciones del Estado por parte del PP para defenderse de las investigaciones judiciales que le acosan y también para atacar al Ejecutivo e intentar dar la vuelta a los procesos de corrupción que sufren.

De la Vega manifestó ayer que «la escalada verbal de los dirigentes del PP evidencia su nerviosismo» y en varias ocasiones les animó «a serenarse». «No hay conspiración contra el PP», continuó, «lo que hay es un funcionamiento normal del Estado de Derecho».

Ese «funcionamiento normal» consiste, según la número dos de Zapatero, en que «si hay indicios de delito, se investigan, se produzcan donde se produzcan, en Madrid, Valencia o Palma de Mallorca y afecten a quien afecten». En concreto, y sobre la investigación de Baleares, «es el PP el que debe, desde un punto de vista político, dar explicaciones».

La portavoz del Ejecutivo reiteró cuál es la política del Gobierno a este respecto: «Tolerancia cero contra la corrupción» y «respeto a la actuación de la Fiscalía y los jueces, a sus tiempos y a sus decisiones».

De la Vega también fue preguntada por el bloqueo del PP al nombramiento de Leire Pajín como senadora, que calificó como «intolerable». La actuación de los populares en este asunto es «mezquina y cicatera», según la vicepresidenta, porque «pretenden entorpecer el legítimo derecho» de Pajín a ser senadora.

Por ello, consideró positivo que los dirigentes populares «dejen de entorpecer el funcionamiento de las instituciones y los acuerdos de las instituciones democráticas», por lo que les emplazó a «abandonar de una vez por todas esa obsesión de utilizarlo todo de forma partidaria».

«Confío en que rectifiquen», añadió, «que rectifiquen y recapaciten». De la Vega acusó al PP de haber «roto un acuerdo parlamentario y político».

No quiso responder De la Vega a la pretensión del PP valenciano de que las Cortes de esa comunidad la reprueben y pidan su dimisión por anunciar el recurso de la Fiscalía contra el archivo de la investigación a Francisco Camps antes que el fiscal. A ese respecto, dijo que el PP puede pedir lo que quiera, y ante una posible decisión de las Cortes, «el Gobierno manifiesta respeto».

La escalada de la tensión entre el PP y el Gobierno a cuenta de los escándalos que salpican al primero están marcando el día a día de la quinta gira oficial por Latinoamérica que realiza Fernández de la Vega.

Hoy comienza su sexta y última etapa con su parada más importante: Colombia. La intención del presidente, Álvaro Uribe, de instalar bases norteamericanas en su país ha provocado una fuerte contestación en toda la región y puede convertirse en un nuevo foco de conflicto.

DELINCUENCIA GUBERNAMENTAL: El PP denuncia el «castigo» de la Fiscalía tras el 'caso Camps'

El PP denuncia el «castigo» de la Fiscalía tras el 'caso Camps'

El PP de Baleares denunció ayer una «estrategia de castigo» en su contra por parte de la Fiscalía Anticorrupción y vinculó el momento elegido para detener a altos cargos del partido, el pasado miércoles dentro de la investigación de la construcción del Palma Arena, al archivo tres días antes de la causa contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

«Cuanto menos es curioso que la operación se haya producido ahora, cuando se acaba de cerrar otro caso a nivel nacional que afecta al PP y teniendo en cuenta que la investigación del Palma Arena se realiza desde hace un año», remarcó ayer el portavoz del PP balear, Carlos Simarro. «Y también es curioso que miembros de otros partidos puedan ir a declarar a pie y que los del PP sean detenidos y estén encerrados durante 72 horas, cuando hace tiempo se han ofrecido a declarar ante el juez», se quejó, en alusión al portavoz en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán.

Simarro también acusó a la Fiscalía de actuar por fines partidistas, de utilizar «una doble vara de medir, según se trate del PP o de otros partidos», y diferenció a los jueces, «que son independientes y neutrales», del Ministerio Fiscal, un órgano «dependiente» del Gobierno socialista. El líder del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, lo resumió al afirmar sobre el caso que el partido «tiene que apartar y limpiar lo que haya que limpiar, pero también ser consciente de que parece que se trata de una operación de la Fiscalía para intentar destruir al rival político», declaró a Onda Cero.

«Pongo la mano en el fuego»

En Baleares, el PP defiende la legalidad de la gestión del Palma Arena, pese al sobrecoste de la construcción en decenas de millones de euros, pues lo considera «normal» en obras de tal envergadura y porque sostiene que «todas las partidas están justificadas», y no piensa apartar a nadie por ahora, sino que defiende a Durán y a los dos altos cargos del anterior Gobierno autonómico -el ex director general de Deportes Pepote Ballester y el ex gerente del velódromo Jorge Moisés-.

«Yo pongo la mano en el fuego por todos los afiliados y cargos del partido», afirmó Simarro con el argumento de que, «a priori, toda la gente es buena hasta que se demuestra lo contrario». El PP balear mantiene en su cargo de portavoz municipal a Durán, que ayer continuaba en los calabozos.

Durán se acogió el miércoles a su derecho a no declarar y, de madrugada, su abogado, José Ramón Orta, presentó un hábeas corpus en el juzgado de guardia para «adelantar el plazo de 72 horas lo máximo posible, ya que no va a comparecer ante la Policía, sino ante el juez». «Nada justifica que siga detenido», dice, pues sólo está acusado de un delito de prevaricación que no acarrea pena de cárcel.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / El informe
43 detenidos y 50 imputados desde 2004

El PP denuncia una cacería política que busca el desprestigio 'popular' en la era Zapatero

VÍCTOR MARTÍNEZ / JAVIER G. NEGRE/Madrid

Detenidos, imputados, acusados y, algunas veces, encarcelados. Entre los años 2004 y 2009 hay entre dirigentes del Partido Popular a todos los niveles -local, autonómico y nacional- al menos 43 detenidos y otros 50 imputados por su presunta participación en tramas de corrupción urbanística o malversación de fondos públicos. Cohecho, falsificación de permisos, estafa, prevaricación, tráfico de influencias... son algunos de los delitos que la Fiscalía atribuye a los populares, que en muchas ocasiones se quedan en nada. Por eso, en Génova se sienten víctimas de una persecución y acusan al Gobierno de utilizar al Ministerio Público como un instrumento de batida política. Ésta es la relación de los principales casos que han salpicado al PP.

ABRIL DE 2004. Un concejal de Villanueva del Algaidas (Málaga) es detenido por un presunto delito de falsificación de permisos de trabajo.

JUNIO DE 2005. Se denonimó caso Eolo. Celso Perdomo, ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, cumplió prisión preventiva por malversación, cohecho y tráfico de influencias, implicado en las irregularidades detectadas en la convocatoria de un concurso público de energía eólica en Canarias.

OCTUBRE DE 2005. Un concejal en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla) es detenido por un presunto delito de soborno. Una edil no adscrita denunció que el popular le había ofrecido dinero a cambio de votar a favor de un proyecto urbanístico. Fue puesto en libertad sin cargos.

NOVIEMBRE DE 2005. Caso Faycán. El alcalde de Telde (Gran Canaria) y ocho concejales más son acusados de cohecho, entre un total de 26 imputados. La operación estalló tras la denuncia de una empresaria de la localidad, que afirmó que la Concejalía de Obras Públicas le había exigido el pago de un comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. La principal imputada fue la ex concejal de Obras Públicas, Contratación y Vivienda, quien permaneció en prisión durante 62 días acusada de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secretos.

NOVIEMBRE DE 2006. Caso Andratx. El ex alcalde de Andratx (Mallorca) es detenido por prevaricación y blanqueo de dinero en el seno de una trama de corrupción urbanística. Jaume Massot, director de Ordenación del Territorio en el Govern popular, también es imputado por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. La trama se refería en torno a la construcción de un chalé para el alcalde en unos terrenos protegidos. Los dos fueron finalmente condenados.

ENERO DE 2007. Operación Góndola. El alcalde de Mogán (Gran Canaria), la primera teniente de alcalde, el secretario del Ayuntamiento y el ex jefe de la oficina de Urbanismo son detenidos acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias. Las infracciones se localizaron en la firma de un convenio del Ayuntamiento con la promotora Anfi-Tauro, mediante el cual se establecían compensaciones al municipio con tres parcelas que nunca revirtieron en el patrimonio público. Pocos días después fue detenido el concejal de Hacienda y portavoz del PP en Mogán. En octubre de 2008 se reabre el caso. Anticorrupción pide investigar al líder del PP en Canarias, José Manuel Soria, por un posible delito de cohecho por sus relaciones con el propietario del complejo turístico, quien al parecer le había invitado a viajar con él a Noruega de forma gratuita para ganarse un trato de favor. En febrero de 2009 el juez archivó la causa contra cuatro de los imputados y en el mes de mayo también cerró el procedimiento contra Soria.

MARZO DE 2007. Un concejal de Urbanismo de Alhendín (Granada) es detenido por la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, alteración del precio de las cosas, contra la Hacienda Pública y contra la ordenación del territorio.

NOVIEMBRE DE 2007. Operación Tótem. El alcalde de Totana (Murcia) es detenido por una presunta trama de corrupción urbanística en este municipio. Fue investigado por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental por haber, supuestamente, participado en el cobro de comisiones a cambio de recalificaciones.

FEBRERO DE 2008. El ex alcalde de Aljaraque (Huelva) y su concejal de Urbanismo son detenidos acusados de cometer delito fiscal y blanqueo de capitales.

JUNIO DE 2008. El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca es detenido acusado de una presunta malversación de 50.800 euros a cargo de una tarjeta de crédito de la Empresa Municipal de Obras Públicas, que había utilizado en clubes de alterne. De Santos devolvió el dinero al conocerse el caso.

AGOSTO DE 2008. Operación Scala. La Policía detiene en Palma de Mallorca a cinco personas por corrupción durante el Gobierno balear de Jaume Matas (PP). En septiembre, el juez decreta prisión incondicional sin fianza para Antonia Ordinas y su esposa, Isabel Rosselló. Un caso de contratos irregulares, sobornos, facturas hinchadas, autoalquiler de oficinas y gastos privados con fondos públicos que afecta a 11 imputados, entre ellos cuatro ex altos cargos del PP.

NOVIEMBRE DE 2008. La Audiencia de Palma condena al alcalde de Llucmajor a tres años de prisión por malversación de caudales públicos.

FEBRERO DE 2009. Comienza el caso Gürtel, que salpicará en pocos meses a la cúpula del PP. El juez Baltasar Garzón ve indicios de delito en un gran número de altos cargos populares, muchos de ellos aforados, por lo que se inhibe en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, las dos comunidades por las que se extiende una trama corrupta de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El mismo presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, es imputado al existir indicios de delito, al igual que Luis Bárcenas, tesorero del partido. El pasado 3 de agosto el TSJV archiva la causa contra los aforados valencianos, mientras que el Tribunal Supremo ya ha pedido el suplicatorio para levantar la inmunidad parlamentaria de los aforados y poder seguir con el proceso.

AGOSTO DE 2009. José Luis Pepote Ballester, ex director de Deportes del Govern de Jaume Matas, es detenido el pasado miércoles 5 de agosto en el marco de la denominada operación Spada, que investiga el espectacular desfase presupuestario que hubo en la construcción del velódromo Palma Arena, cuyo presupuesto pasó de 48 a 110 millones. También fue detenido el portavoz del PP de Palma, Rafael Durán, que presidió el Consorcio público para la construcción de la instalación. La Fiscalía les imputa falsedad, prevaricación y malversación.

Con la información del departamento de Documentación

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Y en el PSOE, 20 arrestados

La cifra de operaciones policiales y judiciales contra alcaldes y ediles socialistas, en ejercicio o retirados del cargo, se reduce notablemente. Desde 2004, se han contado en la prensa al menos 51 socialistas imputados y 20 detenidos (también imputados) por delitos de corrupción, prevaricación y enchufismo; la mayoría de ellos, relacionados con la gestión urbanística.

Entre los casos más sonados, la 'operación Astapa', de 2008, en la que fueron detenidos el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, y otros cuatro ediles, y resultaron también imputados otros dos concejales. También en Málaga, en 2007, fue detenido el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín, y su concejal de Urbanismo.

Este año, en Lorca (Murcia), fueron arrestados el ex alcalde Miguel Navarro y tres de sus concejales. En Madrid, en Torrejón de Ardoz, fueron imputadas la ex alcaldesa y 'número 2' del PSM, Trinidad Rollán, y otros seis ex ediles socialistas.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Los orígenes de la investigación
110 millones sin un solo contrato

El juez abrió la 'operación Espada' al denunciar los técnicos del Gobierno balear que el PP dobló el precio del velódromo de Palma sin tramitar ningún expediente

Uno de los principales detonantes de la denominada operación Espada ha sido un demoledor informe de los servicios jurídicos del Gobierno balear que concluye, a petición del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, que el millonario expediente administrativo del velódromo de Palma de Mallorca es «nulo de pleno derecho». Además, advierte «un sobreprecio excesivo» en el coste final del que fuera uno de los proyectos estrella del Govern presidido por el popular Jaume Matas.

Argumentan los técnicos del Ejecutivo balear, presidido por Francesc Antich (PSOE), que no ha mediado «expediente de contratación alguno» y que, por ello, algunos detenidos, como José Luis Pepote Ballester, ex director general de Deportes del Govern y campeón olímpico de vela en Atlanta'96, el actual portavoz del PP de Palma, Rafael Durán y el ex director gerente del recinto deportivo Jorge Moisés «incurrieron en responsabilidad penal» al disparar, en menos de dos años, el coste del Palma Arena de 48 a 110 millones de euros «sin que mediara contrato alguno».

«Todos los modificados y complementarios se realizaron sin contrato porque no se podían hacer por esas cantidades», aseguran los servicios jurídicos de la Consejería de Deportes del Ejecutivo balear, que recalcan que los «responsables del órgano de contratación» delinquieron al saltarse «todo el procedimiento administrativo» para la construcción del velódromo.

A las conclusiones de los servicios jurídicos del Govern se han sumado, también a petición del juez, la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria. De esta manera, todos los peritajes encargados concluyen que las irregularidades administrativas que alberga el recinto adquieren una envergadura jamás conocida hasta la fecha en la Administración pública balear.

La operación Espada, bautizada así en referencia a la bicicleta con la que Miguel Indurain batió el récord de la hora en 1994, y puesta en marcha el pasado miércoles, acumula ya un total de siete detenidos.

El último de ellos es el ex responsable de Deportes del organismo público S'Institut, dependiente del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, que ingresó en los calabozos de la Jefatura de la Policía Nacional de Palma ayer por la tarde. La Fiscalía Anticorrupción les imputa la comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Asimismo se investiga si el desfase millonario del coste de la obra fue empleado para pagar comisiones. De momento, por parte de los investigadores ha sido acreditado el pago, por importe de varios millones de euros, de obras que nunca que se realizaron, así como de facturas infladas de materiales y elementos promocionales de la instalación. La principal línea de investigación apunta a si el PP se benefició de estos sobrecostes para financiar la campaña electoral de 2007, así como el grado de implicación de Matas en las ilegalidades.

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¿Quién fichó a los García-Ruiz?

El eje sobre el que gravita el escándalo del Palma Arena es el posible contrato a dedo suscrito por el 'Govern' de Jaume Matas con dos arquitectos mallorquines, Luis y Jaime García-Ruiz, por importe de más de nueve millones de euros pagados con dinero público.

La pregunta clave que el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y la Policía formulan sistemáticamente a los detenidos es quién ordenó contratar a estos arquitectos. El objetivo pasa por intentar determinar si la decisión última fue del ex presidente balear.

A pesar de lo elevado de la cuantía -más del triple de los baremos establecidos por el Colegio de Arquitectos-, no medió concurso público alguno para la elección de los García-Ruiz a los que se facultó por escrito para emplear discrecionalmente el dinero. Es más, de los nueve millones de euros, un total de 6,6 les fueron entregados sin que hubiera factura, incurriendo con esta práctica, tal y como sostiene Anticorrupción, tanto 'Pepote' Ballester como Rafael Durán, en un delito de prevaricación.

Y es que a los García-Ruiz no sólo se les encomendó por parte del 'Govern' la dirección de la obra. Acabaron haciéndose cargo hasta del 'catering' de los actos de presentación y de los pagos de publicidad.

Según fuentes próximas a los arquitectos, los honorarios que se llevaron por dirigir una de las mayores obras públicas del pasado 'Govern' fueron tres millones de euros. Los otros seis millones habrían servido para pagar a otras empresas y profesionales contratados por ellos para poder llevar a buen término el proyecto. En estos pagos se advierten sobreprecios de hasta un 40%, cuyo destino final se investiga.