EDITORIALES: Una denuncia tan grave no puede quedar en nada/ La vacuna de la gripe A no admite atajos

EDITORIALES DEL DÍA
UNA DENUNCIA TAN GRAVE NO PUEDE QUEDAR EN NADA

LA DENUNCIA hecha ayer por la secretaria general del PP asegurando que cargos de su partido que no tienen «nada que ver» con sumarios judiciales han sido víctimas de «escuchas telefónicas ilegales» implica una de las acusaciones más graves que se han hecho en nuestra Democracia. Dolores de Cospedal llegó a decir que España vive hoy bajo «un Estado policial» y responsabilizó de ello al Gobierno por, según dijo, «utilizar» de forma partidista «a la Fiscalía General, a la Policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI».

En el comunicado que el PP publicó el pasado 19 de julio culpando al Gobierno de tratar de «aniquilarles», ya se aludía a las «filtraciones de conversaciones telefónicas» y a la violación del derecho al «secreto de las comunicaciones». Cinco días después, Federico Trillo presentaba una denuncia en el juzgado por la «vulneración de ámbitos protegidos legalmente» y la posterior «divulgación a un tercero para su publicación», en referencia a medios afines al Gobierno.

Hace meses que en el PP se tiene la convicción de que se ha pinchado el teléfono a altos cargos del partido. El último en dar la voz de alarma ha sido precisamente Trillo. Tal y como hoy desvelamos, el coordinador de Justicia del PP habló en varias ocasiones por teléfono la semana pasada con el abogado Juan Ramón Montero, que colabora en la defensa de los implicados de este partido en el caso Gürtel. La sorpresa del ex ministro fue comprobar cómo, a las pocas horas, una cadena de radio advertía que Trillo estaba presionando al juez Juan Montero, el magistrado del Tribunal Superior valenciano que a la postre emitió un voto discrepante contra el archivo del caso de los trajes. ¿Se espió a Trillo y quien lo hizo confundió a un Juan Montero con otro? El problema de Trillo y del PP estriba en que es prácticamente imposible probar que le grabaron. Por eso sorprende la rotundidad de la denuncia de ayer de Cospedal, acusando sin matices al Gobierno de «corrupción política» e imputándole un grave delito castigado con penas de cárcel.

Es verdad que el PP tiene motivos para sentirse perseguido por la Fiscalía. Desde que Zapatero llegó al Gobierno ha habido al menos 43 detenidos populares por 20 socialistas. No es sólo que sumarios tan sonados como el abierto contra el presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, hayan acabado en nada, es que se ha dado el caso, por ejemplo, de que una simple denuncia anónima ha servido para que agentes de la Guardia Civil rastrearan las tiendas de Palma preguntando por las compras de la esposa del ex presidente Jaume Matas.

Con todo, el intolerable doble rasero que está empleando el Ministerio Público no debería servir al PP para ponerse una venda en los ojos. Tanto en el caso Gürtel como en buena parte de los casos que se investigan en Baleares, incluido el Palma Arena, parece claro que hay materia suficiente como para que intervenga la Justicia. Al PP debería empezar a preocuparle, por tanto, la gran cantidad de asuntos turbios que están aflorando en las instituciones que gobierna o ha gobernado. Que el PSOE pueda haber engendrado situaciones similares no debe ser ningún consuelo. Y viceversa.

Aunque la vicepresidenta De la Vega aseguraba ayer que las instituciones funcionan en España «con normalidad», no parece normal que el portavoz del PP en Palma, líder de la oposición municipal, detenido por prevaricación, acabe pasando 72 horas en los calabazos. Bartolomé Vicens, dirigente de UM -socio del PSOE en el Govern- acusado en un asunto más grave por un cohecho de más de un millón de euros, nunca fue detenido y simplemente fue llamado a declarar.

En todo caso, la denuncia del PP de que el Gobierno están violando derechos fundamentales es tan tremenda que no puede quedar sólo en eso. Al margen de lo que digan los juzgados, el Gobierno debe responder con datos más precisos a los indicios que conocemos, y el PP debe tratar de aportar más pruebas de las que presenta e incorporarlas a las acciones judiciales emprendidas.

ALERTA FRENTE A INOCULACIONES ANTES DE TIEMPO:
La vacuna de la gripe A no admite atajos

EL MUNDO entero aguarda con cierta ansiedad la llegada de la vacuna para la gripe A. La OMS señaló ayer que presumiblemente estará lista en septiembre. Sin embargo, dio una de cal y otra de arena, ya que empezó subrayando que las primeras pruebas de la vacuna fueron «muy decepcionantes», aunque acto seguido informó de pruebas posteriores -ya en humanos- que parecen positivas. En todo caso, la OMS ha alertado del peligro de que la presión social, política y mediática lleve a que se hagan vacunaciones antes de tiempo, sin que se hayan realizado todos los ensayos clínicos necesarios para descartar contraindicaciones y para confirmar la eficacia tras la inoculación. Y en concreto, hizo una crítica velada a los países que han previsto realizar una vacunación masiva -como Francia y Reino Unido- con tal premura que están dispuestos incluso a suspender algunos ensayos. Los ciudadanos reclaman una vacuna, no un placebo, y si no resulta efectiva o si comporta algún riesgo, es cuando se podría generar un verdadero pánico social.

CASTRACIóN QUíMICA VOLUNTARIA EN CATALUñA:
Una medida efectiva para prevenir reincidencias

CATALUÑA ha dado un paso adelante en la lucha contra la reincidencia de los violadores. Los presos condenados por estas agresiones que estén a punto de abandonar la prisión podrán someterse, a partir de septiembre, a un tratamiento farmacológico voluntario que les inhibirá el deseo sexual. Una comisión de expertos ya recomendó el uso de este método cuando se produjo la excarcelación del segundo violador del Ensanche, que ayer mismo abandonó la localidad de Lloret, en la que residía, debido a la presión vecinal. La Generalitat es la primera Administración que apuesta en España por una medida cuya efectividad, aunque no es total, es alta: funciona en el 95% de las personas tratadas. La castración química, cuya implantación ha planteado también Sarkozy en Francia, puede contribuir así a reducir uno de los delitos más abominables y que tanta alarma social crea. Para los agresores sexuales de difícil curación, la administración de fármacos puede suponer la diferencia entre prevenir una violación a tener que lamentarla

IMPRESIONES / TRICHET HABLA DE CRECIMIENTO EN 2010:
Mensaje optimista que no esconde el drama del paro

EL OPTIMISMO que mostró ayer el presidente del BCE al hablar de una «recuperación gradual con tasas trimestrales positivas de crecimiento en 2010» pretende insuflar confianza a las empresas europeas. Hay datos que indican que lo peor ya ha pasado, que la bolsa comenzará a recuperarse y que los datos del PIB pueden mejorar el próximo año. La economía ha dejado de caer, sí, pero como indicó el BBVA en su último estudio, «nos estamos arrastrando por el fondo». Ni las palabras de Obama, ni el discurso de ayer de Trichet ni las positivas valoraciones del Banco de Inglaterra pueden esconder la dramática tendencia del desempleo. Hoy se publican los datos del paro en EEUU, que pueden superar el 10%, números inéditos desde la Gran Depresión. Hablar de brotes verdes con estas perspectivas parece un ejercicio voluntarista.

DELINCUENCIA GUBERNAMENTAL: El PP acusa al Gobierno de someterlo a escuchas ilegales

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La acusación de los 'populares'
El PP acusa al Gobierno de someterlo a escuchas ilegales

Cospedal denuncia que «España vive en un estado policial» que «pone en grave riesgo la democracia» / Cree que Trillo fue espiado y por eso le acusaron de presionar al juez Montero cuando sólo habló por teléfono con un abogado del partido del mismo apellido.

FERNANDO LÁZARO/Madrid
Firme, contundente y, sobre todo, muy clara. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, lanzó ayer una dura denuncia: su partido está siendo espiado. Los dirigentes de esta formación política son víctimas de pinchazos telefónicos.

En una entrevista con Efe, no dejó dudas abiertas: le consta que se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que «no tienen nada que ver con los sumarios» y a destacados dirigentes nacionales.

María Dolores de Cospedal afirma que la primera víctima de estas escuchas es Federico Trillo, coordinador de Libertades Públicas y Justicia del PP e ideólogo de la estrategia de defensa popular en el caso Gürtel.

Según explican desde el PP, diferentes medios de comunicación acusaron a Trillo de estar presionando a uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que debía decidir sobre la causa contra Francisco Camps. En concreto, hablaban del juez Juan Montero. Se acusaba a Trillo de haberse puesto en contacto telefónico con este magistrado durante el pasado fin de semana.

Pero la realidad, según las mismas fuentes, es que Trillo había contactado con Montero, pero era otro Montero. Se trataba de uno de los abogados que llevan la representación del PP en el caso Gürtel. Y Trillo, como responsable del PP en este caso, estuvo en contacto permanente con el equipo jurídico las horas previas a que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tomara una decisión sobre la causa de los trajes del presidente valenciano.

Además, el juez Montero fue precisamente el magistrado que se posicionó en contra del archivo de esta causa.

Pero, según las mismas fuentes, Trillo no es el único responsable popular en el punto de mira de las escuchas. Desde el PP se asegura que han recibido información por parte de miembros de la Seguridad del Estado de que el teléfono móvil de Cospedal también ha sido pinchado.

La número dos del PP denunció que «se están produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que no tienen nada que ver con algún sumario» judicial. «Y se hacen de manera ilegal, nos consta», puntualizó De Cospedal, quien añadió que hay altos dirigentes nacionales del partido cuyo teléfono ha sido «pinchado».

Y, en contestación a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que exigió al PP que rectifique sus palabras o que denuncie los pinchazos, desde esta formación se le recuerda que el partido ya denunció interceptaciones de sus comunicaciones en el caso Gürtel.

Lo hizo el pasado 24 de julio, en una denuncia presentada ante un juzgado de instrucción de Madrid, en la que el PP solicitó también que se tomara declaración al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y al comisario jefe de la Policía Judicial, José Antonio González, por un presunto delito continuado de revelación de secretos.

La denuncia será ampliada tras los incidentes del pasado fin de semana con las comunicaciones de Federico Trillo.

Además, Cospedal se reafirmó en las declaraciones que hizo hace dos días en un vídeo de su propio partido, cuando pidió al Gobierno que persiguiera a ETA antes que al PP, y lamentó, además, que España viva ahora «un Estado policial» como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía.

Un «Estado policial» que, a su juicio, lleva al Gobierno a «utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la Policía Judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia». «Perseguir a la oposición resulta propio de un sistema antidemocrático», dijo.

«Esto es lo que practica el Gobierno aunque al PSOE no le guste oírlo; pero es así y así está poniendo en grave riesgo a la democracia», aseguró.

Advirtió de que tanto el Partido Socialista como el Gobierno «intentan corromper a las instituciones de la democracia», incurriendo así en un caso de «corrupción política».

Aseguró que «los fiscales están muy molestos con la actuación del Gobierno» en la instrucción del caso Gürtel, ya que pertenecen a una institución que, tal y como estipula la Carta Magna, ha de ser «garante de la Ley y del Derecho para todos los ciudadanos».

Ese malestar, indicó, se acrecentó después de que De la Vega anunciase desde Costa Rica que el Ministerio Público recurriría el auto que archiva la causa contra Francisco Camps.

«La Fiscalía está para perseguir a los delincuentes, los delitos y a los etarras, y no para perseguir o aniquilar a la oposición como pretende el PSOE», apostilló la dirigente popular, quien no se retracta de ninguna de sus últimas palabras, pese a las críticas y advertencias lanzadas durante los últimos días desde las filas socialistas

Barridos periódicos en Génova ante posibles escuchas

FERNANDO LÁZARO/Madrid

Trabajo adicional. Las empresas de seguridad privada tuvieron que realizar horas extra cuando estalló el caso del supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid. Tras la publicación de que se habían producido seguimientos a altos responsables del PP y del Ayuntamiento de Madrid, en Génova saltaron todas las alarmas.

Ante un posible caso de espionaje general en el partido se decidió contactar con una de las empresas de seguridad privada que habitualmente trabajan para la formación liderada por Mariano Rajoy.

El encargo fue claro: había que saber si en los despachos de los máximos responsables del PP había micrófonos o sus teléfonos habían sido objeto de escuchas ilegales.

Así, la sede del PP fue «rastreada», «barrida», a la caza de posibles micrófonos ocultos en alguna de las dependencias. Entre las oficinas analizadas, además de la del líder popular y la de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, también fueron rastreados y barridos los despachos de todos los miembros de la dirección popular.

También estuvieron en el punto de mira las líneas de teléfono fijas. Incluso, los ordenadores.

Como explican a este periódico especialistas policiales en escuchas, es muy difícil o prácticamente imposible detectar si un teléfono móvil ha sufrido escuchas. Estas fuentes indican que este tipo de dispositivos de comunicación son interceptados desde la cercanía, con sofisticados aparatos de alta tecnología que apenas ocupan un maletín y que no dejan huella de la actuación.

Es decir, la interceptación de las comunicaciones en estos casos es prácticamente indetectable salvo que se compruebe cuando se está produciendo. A posteriori es casi imposible detectarla.

Las fuentes consultadas por este periódico aclararon que en ese barrido en la sede del PP no fue detectada ninguna circunstancia extraña.

No era la primera vez que se ponía en marcha un dispositivo de búsqueda como éste. De hecho, según explicaron fuentes de esta formación, de forma periódica se realiza este tipo de revisiones.

Pero, desde que estalló el escándalo de Madrid y ahora, ante la sensación generalizada de que están siendo objeto de seguimientos y de escuchas, los responsables populares han acortado los plazos entre cada una de las revisiones.

No es el Partido Popular el único que, periódicamente, revisa sus instalaciones ante posibles fugas de información. Casi todos los partidos representativos también toman sus medidas de seguridad internas. Ninguno de los partidos ha detectado algún incidente grave o digno de denuncia durante los últimos tiempos

COMO A ÉL MISMO
Trillo sugiere que se espió a Camps

El secretario de Justicia del PP, Federico Trillo, sugirió anoche que otro de los posibles espiados por los «instrumentos del Estado» habría sido el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Durante una intervención en Veo7, la televisión de Unidad Editorial, Trillo reveló que un inspector de Policía se puso en contacto con Camps para notificarle su imputación en el 'caso Gürtel' «a través de su número privado», de manera inexplicable, a su juicio.

El dirigente 'popular' también abundó en los argumentos que le situarían a él mismo como posible espiado. Además, apuntó que el PP ampliará la denuncia por las filtraciones del caso a las dos fiscales que dirigen la investigación: Miriam Sabadell y Concha Segura.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La posición del Gobierno
De la Vega exige a Cospedal que vaya a los tribunales o que rectifique

Acusa al PP de lanzar «sombras de sospecha sobre el Estado de Derecho»

El ataque de la número dos de Mariano Rajoy contra el Gobierno, la Fiscalía y la Policía produjo ayer una respuesta contundente, pero medida desde el otro lado del Atlántico. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que continúa su gira oficial por Iberoamérica, exigió a María Dolores de Cospedal que «vaya a los tribunales si cree que se está cometiendo algún delito» o, si no es así, que «se retracte».

Preguntada al respecto en la embajada de España en Asunción tras su entrevista con el presidente paraguayo, Fernando Lugo, De la Vega acusó a los dirigentes del PP de estar «lanzando sombras de sospecha sobre el funcionamiento del Estado de Derecho» -«que hemos construido entre todos con mucho esfuerzo», apuntó-. Y acusó a De Cospedal de «despreciar el trabajo de la Policía, los jueces y los fiscales».

Fuentes del entorno de la vicepresidenta se mostraron muy preocupadas por lo que consideran «una utilización partidaria» de las instituciones del Estado por parte del PP para defenderse de las investigaciones judiciales que le acosan y también para atacar al Ejecutivo e intentar dar la vuelta a los procesos de corrupción que sufren.

De la Vega manifestó ayer que «la escalada verbal de los dirigentes del PP evidencia su nerviosismo» y en varias ocasiones les animó «a serenarse». «No hay conspiración contra el PP», continuó, «lo que hay es un funcionamiento normal del Estado de Derecho».

Ese «funcionamiento normal» consiste, según la número dos de Zapatero, en que «si hay indicios de delito, se investigan, se produzcan donde se produzcan, en Madrid, Valencia o Palma de Mallorca y afecten a quien afecten». En concreto, y sobre la investigación de Baleares, «es el PP el que debe, desde un punto de vista político, dar explicaciones».

La portavoz del Ejecutivo reiteró cuál es la política del Gobierno a este respecto: «Tolerancia cero contra la corrupción» y «respeto a la actuación de la Fiscalía y los jueces, a sus tiempos y a sus decisiones».

De la Vega también fue preguntada por el bloqueo del PP al nombramiento de Leire Pajín como senadora, que calificó como «intolerable». La actuación de los populares en este asunto es «mezquina y cicatera», según la vicepresidenta, porque «pretenden entorpecer el legítimo derecho» de Pajín a ser senadora.

Por ello, consideró positivo que los dirigentes populares «dejen de entorpecer el funcionamiento de las instituciones y los acuerdos de las instituciones democráticas», por lo que les emplazó a «abandonar de una vez por todas esa obsesión de utilizarlo todo de forma partidaria».

«Confío en que rectifiquen», añadió, «que rectifiquen y recapaciten». De la Vega acusó al PP de haber «roto un acuerdo parlamentario y político».

No quiso responder De la Vega a la pretensión del PP valenciano de que las Cortes de esa comunidad la reprueben y pidan su dimisión por anunciar el recurso de la Fiscalía contra el archivo de la investigación a Francisco Camps antes que el fiscal. A ese respecto, dijo que el PP puede pedir lo que quiera, y ante una posible decisión de las Cortes, «el Gobierno manifiesta respeto».

La escalada de la tensión entre el PP y el Gobierno a cuenta de los escándalos que salpican al primero están marcando el día a día de la quinta gira oficial por Latinoamérica que realiza Fernández de la Vega.

Hoy comienza su sexta y última etapa con su parada más importante: Colombia. La intención del presidente, Álvaro Uribe, de instalar bases norteamericanas en su país ha provocado una fuerte contestación en toda la región y puede convertirse en un nuevo foco de conflicto.

DELINCUENCIA GUBERNAMENTAL: El PP denuncia el «castigo» de la Fiscalía tras el 'caso Camps'

El PP denuncia el «castigo» de la Fiscalía tras el 'caso Camps'

El PP de Baleares denunció ayer una «estrategia de castigo» en su contra por parte de la Fiscalía Anticorrupción y vinculó el momento elegido para detener a altos cargos del partido, el pasado miércoles dentro de la investigación de la construcción del Palma Arena, al archivo tres días antes de la causa contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

«Cuanto menos es curioso que la operación se haya producido ahora, cuando se acaba de cerrar otro caso a nivel nacional que afecta al PP y teniendo en cuenta que la investigación del Palma Arena se realiza desde hace un año», remarcó ayer el portavoz del PP balear, Carlos Simarro. «Y también es curioso que miembros de otros partidos puedan ir a declarar a pie y que los del PP sean detenidos y estén encerrados durante 72 horas, cuando hace tiempo se han ofrecido a declarar ante el juez», se quejó, en alusión al portavoz en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán.

Simarro también acusó a la Fiscalía de actuar por fines partidistas, de utilizar «una doble vara de medir, según se trate del PP o de otros partidos», y diferenció a los jueces, «que son independientes y neutrales», del Ministerio Fiscal, un órgano «dependiente» del Gobierno socialista. El líder del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, lo resumió al afirmar sobre el caso que el partido «tiene que apartar y limpiar lo que haya que limpiar, pero también ser consciente de que parece que se trata de una operación de la Fiscalía para intentar destruir al rival político», declaró a Onda Cero.

«Pongo la mano en el fuego»

En Baleares, el PP defiende la legalidad de la gestión del Palma Arena, pese al sobrecoste de la construcción en decenas de millones de euros, pues lo considera «normal» en obras de tal envergadura y porque sostiene que «todas las partidas están justificadas», y no piensa apartar a nadie por ahora, sino que defiende a Durán y a los dos altos cargos del anterior Gobierno autonómico -el ex director general de Deportes Pepote Ballester y el ex gerente del velódromo Jorge Moisés-.

«Yo pongo la mano en el fuego por todos los afiliados y cargos del partido», afirmó Simarro con el argumento de que, «a priori, toda la gente es buena hasta que se demuestra lo contrario». El PP balear mantiene en su cargo de portavoz municipal a Durán, que ayer continuaba en los calabozos.

Durán se acogió el miércoles a su derecho a no declarar y, de madrugada, su abogado, José Ramón Orta, presentó un hábeas corpus en el juzgado de guardia para «adelantar el plazo de 72 horas lo máximo posible, ya que no va a comparecer ante la Policía, sino ante el juez». «Nada justifica que siga detenido», dice, pues sólo está acusado de un delito de prevaricación que no acarrea pena de cárcel.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / El informe
43 detenidos y 50 imputados desde 2004

El PP denuncia una cacería política que busca el desprestigio 'popular' en la era Zapatero

VÍCTOR MARTÍNEZ / JAVIER G. NEGRE/Madrid

Detenidos, imputados, acusados y, algunas veces, encarcelados. Entre los años 2004 y 2009 hay entre dirigentes del Partido Popular a todos los niveles -local, autonómico y nacional- al menos 43 detenidos y otros 50 imputados por su presunta participación en tramas de corrupción urbanística o malversación de fondos públicos. Cohecho, falsificación de permisos, estafa, prevaricación, tráfico de influencias... son algunos de los delitos que la Fiscalía atribuye a los populares, que en muchas ocasiones se quedan en nada. Por eso, en Génova se sienten víctimas de una persecución y acusan al Gobierno de utilizar al Ministerio Público como un instrumento de batida política. Ésta es la relación de los principales casos que han salpicado al PP.

ABRIL DE 2004. Un concejal de Villanueva del Algaidas (Málaga) es detenido por un presunto delito de falsificación de permisos de trabajo.

JUNIO DE 2005. Se denonimó caso Eolo. Celso Perdomo, ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, cumplió prisión preventiva por malversación, cohecho y tráfico de influencias, implicado en las irregularidades detectadas en la convocatoria de un concurso público de energía eólica en Canarias.

OCTUBRE DE 2005. Un concejal en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla) es detenido por un presunto delito de soborno. Una edil no adscrita denunció que el popular le había ofrecido dinero a cambio de votar a favor de un proyecto urbanístico. Fue puesto en libertad sin cargos.

NOVIEMBRE DE 2005. Caso Faycán. El alcalde de Telde (Gran Canaria) y ocho concejales más son acusados de cohecho, entre un total de 26 imputados. La operación estalló tras la denuncia de una empresaria de la localidad, que afirmó que la Concejalía de Obras Públicas le había exigido el pago de un comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. La principal imputada fue la ex concejal de Obras Públicas, Contratación y Vivienda, quien permaneció en prisión durante 62 días acusada de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secretos.

NOVIEMBRE DE 2006. Caso Andratx. El ex alcalde de Andratx (Mallorca) es detenido por prevaricación y blanqueo de dinero en el seno de una trama de corrupción urbanística. Jaume Massot, director de Ordenación del Territorio en el Govern popular, también es imputado por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. La trama se refería en torno a la construcción de un chalé para el alcalde en unos terrenos protegidos. Los dos fueron finalmente condenados.

ENERO DE 2007. Operación Góndola. El alcalde de Mogán (Gran Canaria), la primera teniente de alcalde, el secretario del Ayuntamiento y el ex jefe de la oficina de Urbanismo son detenidos acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias. Las infracciones se localizaron en la firma de un convenio del Ayuntamiento con la promotora Anfi-Tauro, mediante el cual se establecían compensaciones al municipio con tres parcelas que nunca revirtieron en el patrimonio público. Pocos días después fue detenido el concejal de Hacienda y portavoz del PP en Mogán. En octubre de 2008 se reabre el caso. Anticorrupción pide investigar al líder del PP en Canarias, José Manuel Soria, por un posible delito de cohecho por sus relaciones con el propietario del complejo turístico, quien al parecer le había invitado a viajar con él a Noruega de forma gratuita para ganarse un trato de favor. En febrero de 2009 el juez archivó la causa contra cuatro de los imputados y en el mes de mayo también cerró el procedimiento contra Soria.

MARZO DE 2007. Un concejal de Urbanismo de Alhendín (Granada) es detenido por la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, alteración del precio de las cosas, contra la Hacienda Pública y contra la ordenación del territorio.

NOVIEMBRE DE 2007. Operación Tótem. El alcalde de Totana (Murcia) es detenido por una presunta trama de corrupción urbanística en este municipio. Fue investigado por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental por haber, supuestamente, participado en el cobro de comisiones a cambio de recalificaciones.

FEBRERO DE 2008. El ex alcalde de Aljaraque (Huelva) y su concejal de Urbanismo son detenidos acusados de cometer delito fiscal y blanqueo de capitales.

JUNIO DE 2008. El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca es detenido acusado de una presunta malversación de 50.800 euros a cargo de una tarjeta de crédito de la Empresa Municipal de Obras Públicas, que había utilizado en clubes de alterne. De Santos devolvió el dinero al conocerse el caso.

AGOSTO DE 2008. Operación Scala. La Policía detiene en Palma de Mallorca a cinco personas por corrupción durante el Gobierno balear de Jaume Matas (PP). En septiembre, el juez decreta prisión incondicional sin fianza para Antonia Ordinas y su esposa, Isabel Rosselló. Un caso de contratos irregulares, sobornos, facturas hinchadas, autoalquiler de oficinas y gastos privados con fondos públicos que afecta a 11 imputados, entre ellos cuatro ex altos cargos del PP.

NOVIEMBRE DE 2008. La Audiencia de Palma condena al alcalde de Llucmajor a tres años de prisión por malversación de caudales públicos.

FEBRERO DE 2009. Comienza el caso Gürtel, que salpicará en pocos meses a la cúpula del PP. El juez Baltasar Garzón ve indicios de delito en un gran número de altos cargos populares, muchos de ellos aforados, por lo que se inhibe en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, las dos comunidades por las que se extiende una trama corrupta de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El mismo presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, es imputado al existir indicios de delito, al igual que Luis Bárcenas, tesorero del partido. El pasado 3 de agosto el TSJV archiva la causa contra los aforados valencianos, mientras que el Tribunal Supremo ya ha pedido el suplicatorio para levantar la inmunidad parlamentaria de los aforados y poder seguir con el proceso.

AGOSTO DE 2009. José Luis Pepote Ballester, ex director de Deportes del Govern de Jaume Matas, es detenido el pasado miércoles 5 de agosto en el marco de la denominada operación Spada, que investiga el espectacular desfase presupuestario que hubo en la construcción del velódromo Palma Arena, cuyo presupuesto pasó de 48 a 110 millones. También fue detenido el portavoz del PP de Palma, Rafael Durán, que presidió el Consorcio público para la construcción de la instalación. La Fiscalía les imputa falsedad, prevaricación y malversación.

Con la información del departamento de Documentación

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Y en el PSOE, 20 arrestados

La cifra de operaciones policiales y judiciales contra alcaldes y ediles socialistas, en ejercicio o retirados del cargo, se reduce notablemente. Desde 2004, se han contado en la prensa al menos 51 socialistas imputados y 20 detenidos (también imputados) por delitos de corrupción, prevaricación y enchufismo; la mayoría de ellos, relacionados con la gestión urbanística.

Entre los casos más sonados, la 'operación Astapa', de 2008, en la que fueron detenidos el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, y otros cuatro ediles, y resultaron también imputados otros dos concejales. También en Málaga, en 2007, fue detenido el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín, y su concejal de Urbanismo.

Este año, en Lorca (Murcia), fueron arrestados el ex alcalde Miguel Navarro y tres de sus concejales. En Madrid, en Torrejón de Ardoz, fueron imputadas la ex alcaldesa y 'número 2' del PSM, Trinidad Rollán, y otros seis ex ediles socialistas.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Los orígenes de la investigación
110 millones sin un solo contrato

El juez abrió la 'operación Espada' al denunciar los técnicos del Gobierno balear que el PP dobló el precio del velódromo de Palma sin tramitar ningún expediente

Uno de los principales detonantes de la denominada operación Espada ha sido un demoledor informe de los servicios jurídicos del Gobierno balear que concluye, a petición del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, que el millonario expediente administrativo del velódromo de Palma de Mallorca es «nulo de pleno derecho». Además, advierte «un sobreprecio excesivo» en el coste final del que fuera uno de los proyectos estrella del Govern presidido por el popular Jaume Matas.

Argumentan los técnicos del Ejecutivo balear, presidido por Francesc Antich (PSOE), que no ha mediado «expediente de contratación alguno» y que, por ello, algunos detenidos, como José Luis Pepote Ballester, ex director general de Deportes del Govern y campeón olímpico de vela en Atlanta'96, el actual portavoz del PP de Palma, Rafael Durán y el ex director gerente del recinto deportivo Jorge Moisés «incurrieron en responsabilidad penal» al disparar, en menos de dos años, el coste del Palma Arena de 48 a 110 millones de euros «sin que mediara contrato alguno».

«Todos los modificados y complementarios se realizaron sin contrato porque no se podían hacer por esas cantidades», aseguran los servicios jurídicos de la Consejería de Deportes del Ejecutivo balear, que recalcan que los «responsables del órgano de contratación» delinquieron al saltarse «todo el procedimiento administrativo» para la construcción del velódromo.

A las conclusiones de los servicios jurídicos del Govern se han sumado, también a petición del juez, la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria. De esta manera, todos los peritajes encargados concluyen que las irregularidades administrativas que alberga el recinto adquieren una envergadura jamás conocida hasta la fecha en la Administración pública balear.

La operación Espada, bautizada así en referencia a la bicicleta con la que Miguel Indurain batió el récord de la hora en 1994, y puesta en marcha el pasado miércoles, acumula ya un total de siete detenidos.

El último de ellos es el ex responsable de Deportes del organismo público S'Institut, dependiente del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, que ingresó en los calabozos de la Jefatura de la Policía Nacional de Palma ayer por la tarde. La Fiscalía Anticorrupción les imputa la comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Asimismo se investiga si el desfase millonario del coste de la obra fue empleado para pagar comisiones. De momento, por parte de los investigadores ha sido acreditado el pago, por importe de varios millones de euros, de obras que nunca que se realizaron, así como de facturas infladas de materiales y elementos promocionales de la instalación. La principal línea de investigación apunta a si el PP se benefició de estos sobrecostes para financiar la campaña electoral de 2007, así como el grado de implicación de Matas en las ilegalidades.

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¿Quién fichó a los García-Ruiz?

El eje sobre el que gravita el escándalo del Palma Arena es el posible contrato a dedo suscrito por el 'Govern' de Jaume Matas con dos arquitectos mallorquines, Luis y Jaime García-Ruiz, por importe de más de nueve millones de euros pagados con dinero público.

La pregunta clave que el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y la Policía formulan sistemáticamente a los detenidos es quién ordenó contratar a estos arquitectos. El objetivo pasa por intentar determinar si la decisión última fue del ex presidente balear.

A pesar de lo elevado de la cuantía -más del triple de los baremos establecidos por el Colegio de Arquitectos-, no medió concurso público alguno para la elección de los García-Ruiz a los que se facultó por escrito para emplear discrecionalmente el dinero. Es más, de los nueve millones de euros, un total de 6,6 les fueron entregados sin que hubiera factura, incurriendo con esta práctica, tal y como sostiene Anticorrupción, tanto 'Pepote' Ballester como Rafael Durán, en un delito de prevaricación.

Y es que a los García-Ruiz no sólo se les encomendó por parte del 'Govern' la dirección de la obra. Acabaron haciéndose cargo hasta del 'catering' de los actos de presentación y de los pagos de publicidad.

Según fuentes próximas a los arquitectos, los honorarios que se llevaron por dirigir una de las mayores obras públicas del pasado 'Govern' fueron tres millones de euros. Los otros seis millones habrían servido para pagar a otras empresas y profesionales contratados por ellos para poder llevar a buen término el proyecto. En estos pagos se advierten sobreprecios de hasta un 40%, cuyo destino final se investiga.

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN CASTILLA-LA MANCHA: Trama de Toledo, ramal Casa "del Pueblo" de Seseña: Sólo del edil socialista dependió la reclasificación

LOS ESCÁNDALOS URBANÍSTICOS / Rectificación y respuesta/ DIARIO EL MUNDO
La reclasificación del suelo sí dependió sólo de Martín

EL MUNDO se ratifica en las informaciones que ha presentado bajo los titulares Un mafioso pagó 700.000 euros al edil que ayudó a El Pocero y El ex alcalde de Seseña dice que no recuerda por qué cobró el dinero. Existe un procedimiento penal abierto contra el ex alcalde José Luis Martín por prevaricación y cohecho en la aprobación de ese proyecto, y la Fiscalía centró su interrogatorio contra el imputado precisamente en los extremos destacados por este periódico y pidió la declaración del representante legal de la empresa que pagó esos 700.000 euros.

- El 8 de mayo de 2003 se aprueba el PAU, como puede comprobarse en la web del Ayuntamiento de Seseña y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Y faltaban para ello dos documentos indispensables: «Conociendo que no constaban en el expediente los informes preceptivos de la Comisión Provincial de Urbanismo [CPU] y de la Consejería de Medio Ambiente, el alcalde convocó el día 6 de mayo un nuevo Pleno extraordinario para el 8 de mayo de 2003 [...]. El resultado fue la aprobación de lo propuesto por el alcalde». El entrecomillado pertenece a la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.

- El 8 de mayo era el último día en que podía reunirse el Pleno antes de las elecciones, en las que existía el riesgo real de que ese alcalde perdiese el puesto y de que se alterasen las mayorías, como así ocurrió. Pues bien: ese día se aprueba de manera definitiva e irrevocable la reclasificación del suelo, el punto más importante y el que genera mayores plusvalías. El Pocero es el propietario de las tres cuartas partes de esos dos millones de metros cuadrados, que multiplicaron exponencialmente su valor. Contra ese extremo, la ley no autoriza un «recurso de reposición».

- El 8 de mayo se aprueban también la adjudicación del PAU y el convenio. El nuevo alcalde, Manuel Fuentes, tramitó el 29 de septiembre de 2003 un «recurso de reposición» contra esos puntos, que fueron declarados nulos de pleno derecho. Una vez reparados esos defectos, se aprueban de nuevo el 9 de octubre.

- Las dos sentencias que menciona el texto de Alfredo Urdaci no avalan la actuación del ex alcalde -¿por qué estaría imputado, en tal caso?-, sino que se refieren a aspectos meramente administrativos que no afectan a la reclasificación del suelo. La del TSJ de 19 de febrero de 2007 habla de la posibilidad de aprobar un plan de ese volumen a través de una «modificación puntual de las normas subsidiarias». La otra, de un juzgado de Toledo y con fecha 23 de febrero de 2007, resuelve sobre el proyecto de reparcelación.

- Fue el constructor el que informó el pasado 10 de junio de que dejaba la obra: «Ahora traslado mis equipos y mis trabajadores a otros lugares donde creo que es posible seguir creando riqueza», decía la nota. De las 13.000 viviendas del Residencial, a El Pocero le corresponde construir casi 10.000. De momento, sólo ha levantado 5.096 pisos.

- Asimismo, es absolutamente cierto que la Caja Castilla-La Mancha financió la primera fase de la operación.

- Por último, la ley exige una resolución de la Junta autorizando a resolver el convenio. Hasta que no se produzca, los servicios debe prestarlos El Pocero. Hasta esta redacción han llegado quejas de que no lo hace, al menos en parte.

LOS ESCÁNDALOS URBANÍSTICOS / Rectificación y respuesta / 'PACO EL POCERO'
El ex alcalde imputado no aprobó el Residencial

«El Grupo Francisco Hernando quiere expresar su más enérgica protesta por el tratamiento que su periódico está dando a esta empresa. Sitúan su nombre en una información sin ningún dato que permita demostrar una relación de causa y efecto entre los hechos que ustedes relatan.
- Aseveran en su artículo que el Consistorio aprobó en mayo de 2003 el PAU del Quiñón. El 8 de mayo no fue aprobado, puesto que fue recurrido por «recurso de reposición» que anuló por completo todas las actuaciones del 8 de mayo. El PAU se aprobó el 9 de octubre de 2003, con Manuel Fuentes como alcalde.

- Aseguran que el Plan fue aprobado sin la declaración de impacto ambiental y el informe de la Comisión Provincial de Urbanismo. Como bien saben y les consta, en la documentación que se les entregó en su día figuran los dos documentos. Es lamentable que sigan insistiendo en este extremo cuando ustedes tienen toda la documentación relativa al caso.

- Sobre la tramitación del PAU del Quiñón y del PEI existen dos sentencias judiciales, de dos tribunales distintos, de lo Contencioso Administrativo, favorables al trámite administrativo, y que contestan uno por uno los argumentos que su periódico esgrime en el editorial y en la información.

- Al margen de los calificativos que utilizan en su editorial, faltan a la verdad cuando dicen que hemos abandonado la obra y que hemos hecho menos viviendas de las comprometidas. No podemos comprometernos a hacer todas las viviendas cuando no somos el titular de todo el suelo del Residencial. Además, y como bien saben, existe un plan de etapas de la edificación que va de 2007 a 2017.

- Es falso que, como se afirma en su editorial de fecha 5 de agosto de 2009, el Grupo Hernando se haya apoyado en la Caja de Castilla-La Mancha. Es más, la Caja ha estado al margen, desde el primer momento, de la financiación del Residencial Francisco Hernando.

- Es falso, como se afirma en su editorial del 5 de agosto de 2009, que «el Ayuntamiento tiene que salir en auxilio de los nuevos vecinos, que ni siquiera pueden afrontar por sí solos los pagos para mantener el residencial». El Ayuntamiento está obligado por la legislación urbanística vigente, y por el convenio urbanístico firmado en su día con esta empresa, a recibir la Urbanización y a dar a los vecinos, a los que cobra los impuestos, los servicios a que tienen derecho. Es más, a pesar de que el plazo del convenio urbanístico venció en abril, el Grupo Hernando sigue haciéndose cargo de los gastos del mantenimiento de la urbanización, gastos que corresponden legalmente al Ayuntamiento.

- Reiteramos nuestra absoluta confianza en la Justicia y en sus Instituciones, como hemos hecho hasta la fecha, y nuestra actitud de colaborar con los Tribunales, en todo aquello que se nos requiera. Esa ha sido la forma y el estilo de esta empresa, y así seguirá siendo».

Texto remitido a EL MUNDO por Alfredo Urdaci, dircom del Grupo Francisco Hernando

TERRORISMO VASCO: Ares dice que ETA quiere un partido legal que condene la violencia

OFENSIVA TERRORISTA / La estrategia de los violentos
Ares dice que ETA quiere un partido legal que condene la violencia

Sostiene que no es una opinión y que conoce «movimientos» entre los radicales

O. TORRES/Vitoria
El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, afirmó ayer que su departamento cuenta con información que confirma que Batasuna pretende lograr su legalización, o la de un nuevo partido vinculado al terrorismo, de acuerdo con una estrategia diseñada por ETA. Sostiene que esta formación estaría dispuesta a utilizar la «trampa» de condenar la violencia para lograr este estatus.

Ares defendió que en el futuro no bastará con una condena del terrorismo para que una organización de la izquierda abertzale heredera de Batasuna logre cobertura legal, como ya aseguró el lunes Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque el titular de Interior no explicó que tenía los datos desvelados ayer por Ares.

«Conocemos los movimientos que se están dando en el mundo de los radicales abertzales, respondiendo a una estrategia de ETA, para intentar convertirse en un partido legal. No estoy dando una opinión, conocemos estos movimientos», señaló en una entrevista a Radio Euskadi.

El consejero se refirió a esta estrategia como «intentos de buscar subterfugios, de engaño al conjunto de la sociedad vasca», y recordó que ésta no es la primera vez que el «mundo de ETA» pretende confundir sobre sus intenciones. Ares recomendó a los vascos que no olviden lo sucedido en el pasado, y recordó que Euskal Herritarrok (EH), una de las marcas de Batasuna, manifestó su «apuesta por las vías políticas y democráticas» en la firma de los acuerdos alcanzados en 1999 con el PNV y EA para apoyar al primer Gobierno de Juan José Ibarretxe y luego actuó con pautas bien distintas.

También señaló que, más recientemente, la candidatura para las elecciones europeas Iniciativa Internacionalista condenó la violencia para pasar el filtro del Tribunal Supremo, prestar su voz a Arnaldo Otegi de inmediato y advertir después a Patxi López sobre los «tiempos de mucho dolor» que seguirían al asesinato del inspector Eduardo Puelles en caso de que no negociara con la banda.

«Hubo un debate absolutamente inoportuno. Y los partidos que defendían que estuviera en las elecciones deberán reconocer que, después de lo que pasó con Otegi de estrella, haciendo sus mítines, y, especialmente, después de que uno de sus principales promotores hiciera declaraciones tan intolerables como las que hizo tras el asesinato de Puelles, estaban absolutamente instrumentalizados».

Según Ares, el Estado de Derecho no va a permitir a Batasuna «que busque subterfugios y trampas para hacer lo que ha hecho siempre, amparar y justificar la violencia terrorista». En este sentido, aclaró cual será el papel del Gobierno vasco: «Trasladar las informaciones de las que disponemos a los tribunales y decirles a la ciudadanía y al conjunto de los partidos democráticos que no nos dejemos engañar».

Además, recordó la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que dio el visto bueno a la ilegalización, y cómo ésta admite que «existe una imperiosa necesidad de dejar fuera del juego político legal a la formación supeditada a ETA».

El consejero del Interior también lamentó que desde el PNV se siga defendiendo un «final dialogado», y recordó que su presidente ha defendido el empleo de todos los instrumentos del Estado de Derecho para acabar con ETA. Para Ares, la unidad de los partidos democráticos resulta imprescindible para decirle a la banda que no hay nada que negociar. El error reside, defendió el consejero, en que algunos creen que el final de ETA «puede satisfacer reivindicaciones del conjunto del nacionalismo, y esto es una equivocación». El titular de Interior rechazó que exista una campaña «para evitar que el PNV tenga responsabilidades de gobierno en el futuro» y calificó de interesadas las acusaciones de los últimos días

Detenido un histórico etarra acusado de seis asesinatos

Inciarte fue expulsado por México, donde residía desde 1996

FERNANDO LÁZARO/Madrid

Histórico y sanguinario. Fue llegar al aeropuerto de Barajas desde México y, de nuevo, ser detenido. El juez Baltasar Garzón envió a Juan Manuel Inciarte Gallardo, Jeremías, a prisión. Este etarra llegó ayer a Madrid tras ser expulsado por México, donde se presume que residía desde 1996.

Está acusado de seis asesinatos, entre otros los de dos agentes de la Policía Nacional y de la esposa de uno de ellos cuando integraba el comando Vizcaya de ETA en 1983.

También se le acusa de intervenir en el asesinato del guardia civil Antonio Torrón Santamaría, cometido en Portugalete en 1984, y del agente del mismo cuerpo Eugenio Recio García, ocurrido el 18 de junio de 1985 en Santurce.

Según el auto de prisión, intervino en el asesinato del teniente de Policía Julio Segarra, del cabo Pedro Barquero y de su esposa embarazada, María Dolores Leto García. Garzón indica además en este auto que el detenido, «según los datos aportados por la Policía», pudo haber participado también en el asesinato del inspector del Cuerpo Superior de Policía Moisés Cosme Herrero, el 26 de mayo de 1984 en la localidad vizcaína de Guecho, y en el ataque a la Comisaría de San Ignacio de Bilbao, así como al cuartel de la Guardia Civil de las Arenas (Vizcaya), el 19 de agosto de 1984, en el que una niña resultó gravemente herida, según informa Efe.

Con respecto al asesinato de los tres policías, Garzón explica que Inciarte integraba el comando Vizcaya de ETA junto a Enrique Letona, Viteri, Enrique Iztueta, José Félix Zabarte, Félix Ignacio Esparza Luri y Sebastián Echaniz cuando acordaron «llevar a cabo el secuestro del teniente de Policía Julio Segarra Blanco» el 4 de mayo de 1983 en Bilbao.

Para ello, los terroristas robaron un Renault 12 a su dueño y se desplazaron con él hasta un garaje en el número 12 de la calle El Carmelo de Bilbao, «lugar donde sabían, por la reiteradas vigilancias que los seis habían hecho, que aparcaba su coche» Segarra.

Cuando el policía entró en el garaje para coger su coche, los etarras se abalanzaron sobre él y le maniataron y amordazaron «con el fin de introducirlo en el maletero del vehículo sustraído. En ese momento entró en el garaje María Dolores Leto García, acompañada de su esposo, Pedro Barquero, cabo de la Policía Nacional, quien, «al observar lo que acontecía, extrajo su pistola para hacer frente a los agresores», que en ese instante eran cuatro.

Los terroristas reaccionaron y tres de ellos le mataron a él y a su esposa de «cuatro y tres disparos, respectivamente», mientras que Letona asesinó de «un solo disparo en la cabeza» a Segarra.

PROTESTA 'ABERTZALE'
«Marchaos antes de que se encabronen»

Villabona (Guipúzcoa)

La izquierda 'abertzale' culpó ayer a la «paranoia represiva» del PSE de la muerte de Remi Ayestaran, concejal de ANV fallecido el pasado viernes a causa de un fallo cardiaco. El representante radical Txelui Moreno afirmó frente al Ayuntamiento de Villabona (Guipúzcoa) que el único culpable del fallecimiento es el «acoso policial». Moreno también criticó la «despreocupación» del resto de los grupos municipales de Villabona -PNV, PSE y EB-, que el lunes no participaron en el Pleno convocado por ANV. Las declaraciones estuvieron arropadas por el silencio de una plaza llena de comercios cerrados. Se había convocado una huelga en memoria del concejal fallecido. La protesta se vio potenciada por pintadas como «Gora ETA». Además, fotos de presos de la banda terrorista decoraban la plaza. Antes de que diera comienzo el encuentro, una portavoz de la familia se dirigió a los medios: «La familia ha pedido que no estéis aquí, yo os recomiendo que os vayáis antes de que se encabronen los de aquí atrás».

castración química a los violadores en septiembre

Cataluña ofrecerá la castración química a los violadores en septiembre
La polémica castración química, la inyección de hormonas que disminuye el nivel de testosterona para reducir, e incluso prácticamente eliminar, el deseo sexual, podrá comenzar a aplicarse en territorio catalán dentro de un mes, según informó la Consejería de Salud. De esta forma, Cataluña será pionera en España en esta iniciativa, cuya principal característica es que debe ser de aplicación voluntaria y consentida por parte del recluso.

La consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura, detalló ayer el calendario de puesta en marcha de este espinoso problema. A día de hoy, los expertos de la Generalitat «están ultimando el protocolo» de la castración química, «que podrá empezar a aplicarse a partir de septiembre», explicaron fuentes de la Consejería de Justicia.

De esta manera se pretende que los internos que están acabando de cumplir condena por agresiones sexuales y que tienen un alto índice de reincidencia puedan contar con una herramienta más para controlar un determinado impulso irrefrenable. La castración química, por tanto, sólo podrá aplicarse en casos muy concretos. Para empezar, el recluso de este perfil tiene que estar a punto de terminar su condena y enfrentarse a la vida en libertad.

Y no sólo eso: también hay delincuentes sexuales sobre los que se ha minimizado al máximo el riesgo de recaída porque han seguido con éxito en la cárcel el programa de rehabilitación de agresores sexuales. En caso de que éste hubiera fracasado y el recluso quisiera, sólo queda la garantía de la inyección de hormonas, que siempre iría acompañada de un seguimiento psicológico profesional.

No obstante, aunque los casos de violadores de mujeres o niños que vuelven a agredir despiertan una gran alarma social, son, según recordó ayer la Generalitat, «muy pocos». Las cifras así lo avalan, desmontando el tópico de una reincidencia. Dentro del grueso de los delincuentes reincidentes por cualquier tipo del delito, los que están condenados por violaciones y repiten la agresión son sólo en 5,8% del total, y el restante 94% se reinsertó correctamente en la sociedad. Éste fue el resultado de un trabajo hecho público por la Generalitat el pasado mes de abril, después de seguir de cerca la evolución de 315 delincuentes sexuales liberados entre 1998 y 2003, y analizados hasta el año 2007.

Son tan pocos casos -aunque se da el caso de que son, también, los más alarmantes- que la consejera Tura explicó, hace unos meses, que en caso de que la castración química finalmente tuviera luz verde, «si el primer año se acogieran tres o cuatro reclusos, ya podríamos considerar que la medida ha sido un éxito».

Que el método pueda comenzar a aplicarse en unas semanas en Cataluña no es una decisión, ni mucho menos, resultado de la esponaneidad. La primera insinuación se remonta a la puesta en libertad de Alejandro Martínez Singul -conocido como el segundo violador del Eixample y que hoy sigue siendo noticia-, y de José Rodríguez Salvador, el violador de Vall d'Hebron. Eran dos delincuentes sexuales que salían de la cárcel con pocos meses de diferencia, pero que tenían en común el que, en todo ese tiempo, Servicios Penitenciarios no había conseguido rehabilitarles.

Fue entonces, cuando se conoció su inminente puesta en libertad, cuando comenzaron las temerosas reacciones y cuando la Generalitat encargó a un grupo de expertos que buscasen nuevas soluciones para nuevos peligros. Éstos se reunieron para sugerir y debatir, bajo la presidencia del ex fiscal jefe de Cataluña José María Mena, en lo que posteriormente se llamó informe Vilardell. Unos meses después presentaban sus conclusiones ante los medios de comunicación.

Una de ellas era, precisamente, su respaldo a la aplicación de la castración química, determinando como premisa esencial su carácter voluntario. Otra de las medidas que apoyaron fue la creación de un banco de ADN de delincuentes sexuales -para cotejar posibles pruebas en el futuro- y una apuesta clara por la libertad vigilada; un aspecto que choca, de momento, con el derecho constitucional a la libertad de movimientos.

Montserrat Tura detalló ayer que el tratamiento «se tiene que tomar voluntariamente» porque si no estas personas «se tomarán la primera dosis, pero la segunda, cuando estén en la calle, ya no se la tomarán». Y explicó que aquellos violadores que se sometan al tratamiento «tienen que entender que les puede ayudar a resolver el problema, no volver a cometer delitos, no volver a prisión y, sobre todo, que no haya más víctimas de su actitud», explicó en declaraciones a la Cadena Ser.

En una entrevista concedida esta semana a Europa Press, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró que, si bien el proyecto de reforma del Código Penal endurecerá las condenas para los delincuentes sexuales, no incluirá la castración química para los condenados que lo soliciten. Esta posibilidad fue barajada por el ex ministro Mariano Fernández Bermejo si contaba con la «colaboración» de los implicados. «Se descarta, por supuesto», zanjó Caamaño.

Un problema sin solución médica

Los expertos no confían en los fármacos como medio de control de los pederastas

La mayoría de los expertos e investigadores coinciden al señalar que la castración química de los pederastas no es la solución definitiva para este comportamiento sexual, del que se desconocen las causas.

El psiquiatra David Huertas, autor del libro Neurobiología de la Agresividad Humana, asegura que la pedofilia es una enfermedad mental, que funciona por impulsos y es repetitiva, y que afecta más a los hombres porque está influida por la testosterona. «Los antiandrógenos consiguen inhibir el deseo, pero tienen que tomarlos toda la vida y de forma voluntaria. Tienen unos efectos secundarios, como la feminización, que no suelen ser bien aceptados», señalaba a raíz del caso Nanysex, el pederasta catalán que pidió la castración química el año pasado.

A ello añadía el hecho de que muchos pederastas son, además, psicópatas, por lo que no sufren por las víctimas, que son menores de edad.

Tampoco el forense José Cabrera considera que pastillas o inyecciones sean la solución definitiva. Cabrera afirma que «cuando un pederasta sale de la cárcel se pierde el control sobre su tratamiento y no se le puede obligar a seguirlo», lo que conllevaría un control judicial continuo.

«La sexualidad humana no es sólo cuestión de hormonas. Ni los fármacos ni la psicoterapia garantizan al 100% que no haya reincidencia en conductas descontroladas», añadía su colega Luis Borrás. Para este psiquiatra, la única solución eficaz contra la reincidencia sería colocarles pulseras con GPS cuando dejan la prisión «o encerrarles para siempre». Coincidía en este diagnóstico con el presidente de la Asociación Española de Psiquiatría, José Luis Pedreira, para quien «es un trastorno de la personalidad en el que no hay pruebas concluyentes de que la castración química funcione». «En mi opinión, no tiene solución», concluía.

LA BANDA DEL GORILA ROJO se subleva contras las bases que el "Imperio" Obama quiere instalar en Colombia

NUEVA ERA DE LA CASA BLANCA / Las reacciones
Castro tacha de 'puñaladas' las bases de EEUU en Colombia

En un artículo publicado en el diario Granma, con el título Siete puñales en el corazón de América, Fidel Castro expresó su temor por las bases militares que EEUU quiere instalar en Colombia y dijo que la amenaza va dirigida contra todos los países del Sur.

«Sería un error grave pensar que la amenaza es sólo contra Venezuela; [porque] va dirigida a todos los países del Sur», escribió el ex presidente cubano. Fidel Castro, quien mantiene una estrecha relación con Hugo Chávez, desestimó que Venezuela «se arme contra el pueblo hermano de Colombia, sino contra el Imperio, que intentó derrocarlo ya y hoy pretende instalar en las proximidades de la frontera venezolana sus armas sofisticadas».

Su hijo político, sin embargo, duda de que sean siete el número de bases que instalará el Pentágono en el vecino país. Al principio, dijo Chávez durante una rueda de prensa celebrada el miércoles, «eran tres, luego cinco, pero ya van por siete… No sabemos si mañana dirán que son 10 ó 15», apuntó.

El presidente venezolano, que está dispuesto a heredar la bandera antiimperialista que enarboló Fidel Castro en décadas pasadas, afirmó que el objetivo del acuerdo militar firmado entre Washington y Bogotá son los ricos yacimientos de petróleo de Venezuela, segundo exportador de crudo a Estados Unidos después de Arabia Saudí.

El mandatario, que pese a su agresiva retórica contra lo que él llama el «Imperio» suministra 1,3 millones de barriles al día a Estados Unidos, aseguró que su país está «dispuesto a compartir ese petróleo con todo el mundo». Pero advirtió: «Si vienen a invadirnos, no habrá petróleo aquí para nadie».

Chávez dijo que la instalación de estas bases militares «podría ser inicio de una guerra en Suramérica. Se trata de los yankees, la nación más agresora de la Historia de la humanidad».

Con matices históricos, el líder bolivariano parece estar dispuesto a desenterrar viejas crisis de la Guerra Fría en Latinoamérica, y aprovechó la coyuntura militar para anunciar un nuevo viaje a Moscú, donde firmará un contrato de compra de «unos 40 tanques», modelos modelos BMP3, MPR y T-72.

«Va a ser un acuerdo importante de armamento para incrementar nuestra capacidad defensiva, no sólo de armas, también de nuestros sistemas defensivos, de nuestra defensa antiaérea, etcétera», dijo Chávez, quien el miércoles mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro ruso, Vladimir Putin, para programar esta visita a mediados de septiembre y avisarle del peligro que representa para Caracas la instalación de estos centros de operaciones.

La semana pasada, Chávez y el viceprimer ministro ruso, Igor Sechin, firmaron un acuerdo que incrementa los intercambios entre las fuerzas armadas de ambos países, para incluir desde la venta de armamento hasta la realización de maniobras conjuntas, pasando por el intercambio de tecnología.

Entre 2005 y 2007, Moscú y Caracas han firmado contratos armamentísticos por 3.850 millones de euros para la compra de 24 cazas Sukhoi, 50 helicópteros de combate y 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov, entre otros.

Chávez, quien ha contribuido a la pequeña carrera armamentística que está sacudiendo la región (desde Perú y Chile, hasta Brasil y Colombia), asegura que estas adquisiciones tienen carácter defensivo y son por el veto del Senado, que prohíbe vender material militar estadounidense a Venezuela.

El general retirado Alberto Müller Rojas, ex asesor militar de Chávez y vicepresidente de Partido Socialista (PSUV), declaró que el objetivo de las bases estadounidenses es frenar la influencia de Chávez en el Caribe y Centroamérica, y establecer «un punto de encuentro entre el Pacífico hasta el Caribe».

«Es una vieja máxima militar que quien domina el mar, domina el comercio y quien domina el comercio domina el mundo», apuntó Müller Rojas, quien considera que «EEUU utiliza a Colombia, como pretende utilizar a Honduras, para recuperar su influencia en América Latina», región considerada como su patio trasero

La 'guerra de la gasolina'

En la frontera entre Venezuela y Colombia se trafica con 'oro negro'

JAIME LÓPEZ / ESPECIAL PARA EL MUNDO/S. Antonio (Venezuela) / Cúcuta (Colombia)

A escasos metros del puente Simón Bolívar -el mayor paso fronterizo entre Venezuela y Colombia- nace un laberinto de trochas sin asfaltar que utiliza diariamente un ejército de contrabandistas para evitar los controles militares. Otro ejército, el venezolano, ha redoblado la vigilancia de esta zona desde hace una semana, cuando Hugo Chávez rompió relaciones con el vecino país.

«El Comandante [Chávez] mandó restringir el comercio con Colombia y estamos cumpliendo una orden», dice un capitán que patrulla con un Kalashnikov este sector conocido como La Muralla, donde viven muchos colombianos que se benefician del contrabando de gasolina.

En la región fronteriza del Táchira, por donde se moviliza el 70% del intercambio binacional, la crisis entre Venezuela y Colombia ha originado fuertes retrasos en el paso de vehículos y malestar entre la población que sufre en carne propia las consecuencias de los enfados presidenciales.

A las restricciones en el transporte de carga, se suman nuevos controles de la Guardia Nacional a vehículos particulares y motocicletas. Si los coches con matrícula colombiana sufren retenciones para cruzar el puente, los venezolanos sólo pueden pasar a Colombia con medio depósito de combustible.

El contrabando de oro negro en la frontera es un negocio tan lucrativo como el de armas o droga. La subvencionada gasolina venezolana cuesta 0,025 euros el litro, mientras que en los departamentos colombianos que lindan con Venezuela su precio es de 80 céntimos de euro.

«En este pueblo todos somos traficantes», admite un conductor de motocicletas que pide el anonimato. «Yo soy taxista, pero cuando hay poco trabajo hago de maletero, principalmente de gasolina y comida», dice al tiempo que señala los «caminos verdes» que utiliza para burlar los controles.

En estos días, las gasolineras venezolanas tienen, paradójicamente, menos trabajo que de costumbre: «Oficialmente sólo podemos llenar el tanque hasta la mitad, tres bolívares [casi un euro] por vehículo», dice un dispensador de una estación de servicio. El ingenio popular también consigue burlar estas limitaciones.

Freddy Rozas, un colombiano con más de 15 años en el pueblo fronterizo de San Antonio, tenía hasta hace pocos meses un coche fantástico. No es que su Chevrolet Cavalier hablara, pero tenía un depósito con una capacidad para 250 litros. «Exactamente, tenía dos tanques pegados, es una modificación que muchos vecinos hacen para traficar con gasolina», cuenta entre risas. Su coche está retenido en un depósito de la Guardia Nacional, junto a otros vehículos confiscados.

El ministro de Energía, Rafael Ramírez, dijo a principios de esta semana que el Gobierno de Chávez está «revisando» el convenio de suministro de combustible a las zonas fronterizas de Colombia. Según estimaciones de la petrolera estatal de Venezuela, cada día cruzan ilegalmente 29.000 barriles de petróleo, que deja en el camino un jugoso negocio de 1,5 millones de euros.

EDITORIALES: Las Instituciones como arma arrojadiza

EDITORIALES DEL DÍA
LAS INSTITUCIONES COMO ARMA ARROJADIZA

LA OPERACIÓN judicial contra cargos del PP en Mallorca, justo 48 horas después de que se archivara el asunto de los trajes de Camps, acrecienta aún más las dudas sobre la falta de neutralidad de la Fiscalía y el uso partidista que el Gobierno pueda estar haciendo de la institución. El caso se destapa, además, cuando no hace ni un mes que Conde-Pumpido denegó al fiscal jefe de Baleares la prórroga para seguir investigando a Jaume Matas, después de seis meses de intensas pesquisas -interesadamente aireadas- sin resultados aparentes.

Sorprende, por tanto, que la operación se centre en la última obra emblemática del ex presidente balear, el velódromo Palma Arena. Pero además, se salda con la detención de dos nombres de peso: José Luis Ballester, campeón olímpico de vela y director general de Deportes del último Gobierno del PP; y Rafael Durán, portavoz de este partido en Palma. Habrá que valorar hasta qué punto el fiscal anticorrupción ha conseguido convencer al juez para dar este paso, que ha conllevado la detención preventiva de Ballester y de Durán, cuando quizás hubiera bastado con citarles a declarar. En el caso Gürtel, por ejemplo, no ha habido detención de políticos.

Sin poner en duda que haya materia suficiente como para que la Justicia tome cartas en el asunto, llama la atención el doble rasero que el Ministerio Público está teniendo en Baleares según los implicados en asuntos turbios sean del PP, de Unión Mallorquina -socio de los socialistas en el Govern- o del propio PSOE. Y si bien es cierto que algunas investigaciones sobre casos de corrupción vinculadas al PP han estado justificadas -como el caso Turismo Joven o el caso Ordinas-, y han puesto de manifiesto que el último Gobierno de Matas fue, como mínimo, un nido de abusos e irregularidades, otras operaciones a las que se dio gran trascendencia mediática han resultado ser absolutos fiascos, como el caso licencias o el caso Caballistas.

El uso de las instituciones como arma arrojadiza contra el adversario político no es exclusivo de Baleares. Resulta escandalosa la posición de la Fiscalía General del Estado en el caso Gürtel. No sólo es que la vicepresidenta De la Vega se apresurara a anunciar desde Costa Rica que habría recurso contra el sobreseimiento del asunto de los trajes antes de que lo hiciera saber el Ministerio Público, es que además esta institución entra de oficio en asuntos menores cuando hay políticos del PP de por medio y se inhibe absolutamente cuando es el PSOE el que puede salir perjudicado, como en la cacería de Bermejo o en la dilapidación de fondos públicos en el Centro Nacional de Inteligencia.

Lo que a estas alturas es un hecho es que los partidos han entrado en la dinámica perversa de usar las instituciones que gobiernan o controlan para tratar de desgastar al adversario. Ayer conocíamos otro ejemplo que prueba que no estamos ante un problema de territorios ni de siglas. En una iniciativa sin precedentes, el grupo popular en las Cortes Valencianas pretende someter a Leire Pajín a un examen de valencianidad antes de aceptarla como senadora. El fin de esta insólita medida es dilatar el nombramiento de la secretaria de Organización del PSOE, que debe cubrir una vacante en la Cámara Alta. Dado que Pajín será senadora por el cupo territorial, y depende por tanto de un trámite del Parlamento autonómico, el PP está haciendo valer torticeramente su mayoría absoluta para demorar la situación.

Si estas actitudes partidistas son siempre repudiables, cuando el país afronta una situación límite en lo económico y tiene sobre la mesa problemas como el del terrorismo, todavía hacen más patente la pequeñez y la mezquindad de la clase política.

NO RECUERDA POR QUé COBRó SUMAS ESCANDALOSAS:
La increíble declaración del ex alcalde socialista de Seseña

LAS RESPUESTAS con las que José Luis Martín ha tratado de justificar en sede judicial su incremento patrimonial y las razones por las que aprobó el polémico y fracasado proyecto de El Pocero moverían a risa si no estuviéramos ante uno de los grandes escándalos urbanísticos del país. El ex alcalde socialista de Seseña declaró que no recordaba en concepto de qué había cobrado centenares de miles de euros, explicó que si dio curso a la obra en el último pleno municipal de su mandato fue por la «ilusión» que le hacía y derivó cualquier responsabilidad en los técnicos aduciendo sus «dificultades para leer». Cada vez que se rebobina la película de lo acontecido, lo que sorprende es que ninguna autoridad por encima de este alcalde pudiera impedir la barbaridad urbanística que se cometió. Cuando menos hay una responsabilidad autonómica por la que el Gobierno de entonces, presidido por José Bono, debería dar explicaciones.

GRAN DIFERENCIA DEL CRUDO AL CARBURANTE:
Petroleras: unas tarifas alejadas de la realidad

LAS PETROLERAS han vuelto a poner en práctica su tradicional oportunismo vacacional, algo de lo que ya se ha dado cuenta todo conductor que llena el depósito del coche estos días estivales. Mientras que el barril de crudo hoy se cotiza a 74 dólares, casi un 50% menos que hace un año, cuando se pagaba por él 142, el precio de la gasolina sólo ha bajado un 13% en el mismo periodo. Lógicamente, no se puede exigir una traslación exacta entre la rebaja del petróleo y la aplicada en la gasolinera, porque hay factores, como el impuesto de hidrocarburos, que encarecen el producto final, pero la diferencia es tan enorme que resulta artificial y, por tanto, escandalosa. La propia Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ya multó el pasado jueves a las tres grandes petroleras, que controlan el 80% de los establecimientos del país, con ocho millones de euros por el abuso que suponía imponer los precios finales en las gasolineras independientes. Ahora, la CNC y el Ministerio de Industria deben estar atentos e investigar estas sospechosas tarifas tan alejadas de la evolución del mercado.

OCCIDENTE NO FELICITA AL PRESIDENTE IRANí:
Repudio a la 'coronación' de Ahmadineyad

CON LA JURA de su cargo, Mahmud Ahmadineyad comenzó ayer su segundo mandato presidencial en Irán. Se ha impuesto así el statu quo del núcleo duro del régimen. La comunidad internacional venía manteniendo un perfil muy bajo ante la crisis iraní. Sin embargo, como protesta por el descarado pucherazo electoral y para evitar ser cómplices de la legitimación de Ahmadineyad, casi todos los países occidentales han optado no sólo por no enviar a la investidura a ningún alto cargo, sino por no transmitir tampoco la protocolaria felicitación. Aún es pronto para saber hasta dónde llegará este boicot, encabezado por EEUU, Reino Unido, Italia y Alemania. Pero, por lo pronto, un portavoz de la Casa Blanca dijo ayer que habían cometido una equivocación al calificar a Ahmadineyad como «presidente electo», casi a la vez que Hillary Clinton, secretaria de Estado, manifestaba su admiración por la resistencia iraní. En todo caso, es obligado actuar con inteligencia para que no se rompan todos los cauces de diálogo con un país que, no lo olvidemos, podría disponer en breve del arma atómica.

NOS CUENTAN QUE... La sensación de orfandad mediática que padece el PNV tras la pérdida del Gobierno vasco podría provocar inminentes cambios en la cúpula del diario nacionalista Deia. El partido que preside Íñigo Urkullu ha recurrido a su influencia sobre la sociedad Iparragirre, editora del periódico, para relevar a Enrique Santaren de la dirección y sustituirlo por el ex director de Radio Euskadi Íñigo Camino. Según hemos podido saber, el actual jefe de prensa de Andoni Ortuzar -presidente del PNV de Vizcaya-, llegará a Deia en septiembre con el objetivo prioritario de dar guerra al Ejecutivo de Patxi López. El cambio ha sorprendido en el resto de los medios del Grupo Noticias, el principal accionista de Deia, que mantienen con el PNV una fría relación, y que creen que en plena crisis hay que pensar en objetivos económicos y no en hacer oposición política desde el papel.

LA "MONTERÍA" DEL PSOE CON LOS RECURSOS DEL ESTADO: La repugnante De la Vega dispara Pumpidos

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La actuación de la Justicia
De la Vega niega que el Ejecutivo ordenara al fiscal recurrir el archivo

«Nada más normal que la Fiscalía informara al Gobierno de un asunto tan importante»

LUIS ÁNGEL SANZ / ENVIADO ESPECIAL

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que anunció desde Costa Rica el recurso del fiscal general del Estado contra el archivo de la causa contra Francisco Camps, respondió ayer desde Brasil que no ha habido presiones al Ministerio Fiscal en este asunto y que éste ha obrado «con autonomía» y «en coherencia con su actuación en todo el proceso».

De la Vega aseguró, preguntada por este asunto, que «ni la Justicia ni la Fiscalía se dejan utilizar por nadie, tampoco por el Gobierno». «A no ser que cuando ellos gobernasen, la utilizasen», dejó caer, sugiriendo que el PP sí pudo hacerlo cuando José María Aznar fue presidente.

De la Vega respondió así al aluvión de críticas que se han desatado desde el PP después de que, con su anuncio desde Costa Rica, se adelantara en 30 minutos a una nota oficial de la Fiscalía. La misma informaba de que el Ministerio Público iba a recurrir en casación al Tribunal Supremo el archivo de la rama valenciana del caso Gürtel.

En rueda de prensa en Brasilia y después de entrevistarse con el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, la portavoz del Ejecutivo aseguró que no hay «nada más normal que la Fiscalía informe al Gobierno de un asunto tan importante».

A preguntas de los periodistas, detalló que alguien de su equipo se puso en contacto el lunes con la Secretaría General Técnica de la Fiscalía para informarse sobre este asunto. Entonces le dijeron que ya habían informado al ministro de Justicia de que iban a recurrir ante el Supremo.

«Se produjo la noticia y ustedes me preguntaron», explicó. «El Gobierno actúa con absoluta y total transparencia, las sombras de sospecha forman parte sólo de la estrategia del PP», añadió.

De la Vega concluyó que «son los responsables del PP quienes tienen un problema con la Justicia», para rechazar después las acusaciones de este partido de que el Gobierno les persigue como la Inquisición: «Ni persecución, ni conspiración. Actuación judicial en el marco de la ley».

Trillo considera que al Gobierno «se le ha caído la careta»

El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, manifestó ayer que a la vicepresidenta De la Vega «se le ha caído la careta», tras oír las explicaciones sobre su conversación con la Fiscalía General del Estado tras el sobreseimiento libre de la causa contra el presidente valenciano, Francisco Camps.

Trillo se preguntó «qué es lo que hace la vicepresidenta en Brasil y antes en Costa Rica, en sus viajes a cuenta del contribuyente», y «si es normal que se vaya tan lejos para llamar a todas horas al fiscal general del Estado y preocuparse por el caso Gürtel».

Para el PP, dijo, el anuncio de De la Vega el lunes pasado de que el fiscal iba a recurrir el auto de los jueces valencianos «evidencia que el Gobierno socialista ha estado siempre detrás de la manipulación del caso Gürtel y de su utilización contra el PP». «Al plegarse a los intereses del Gobierno, la Fiscalía se convierte en instrumento del Gobierno y no del Estado», añadió.

En el PSOE, la Comisión Ejecutiva Federal exigió ayer a Mariano Rajoy que haga rectificar a su número dos, María Dolores de Cospedal, por haber dicho que el Gobierno ha utilizado la Fiscalía «no para perseguir a ETA, sino para perseguir a un partido político por el hecho de ser el PP».

«Ajo, agua y resina»

En un comunicado, el PSOE tachó de «indigno» que De Cospedal «recurra, en la enloquecida estrategia del PP, a mezclar la política antiterrorista, una cuestión de Estado que debe quedar fuera de la lucha política, con el caso Gürtel».

Para el PSOE, las palabras de De Cospedal son «intolerables» en un dirigente político. «Con la lucha de los demócratas unidos frente al terrorismo, ni se juega, ni se frivoliza», remachó la dirección socialista, según informa Europa Press.

Por su parte, el presidente del PP de la provincia de Castellón, Carlos Fabra, respondió a los socialistas que «el archivo del caso Gürtel les ha sentado a cuerno quemado». «Pero, como dicen en mi pueblo, ajo, agua y resina: a joderse, a aguantarse y a resignarse», añadió.

El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, declaró que el presidente de la Generalitat «debería mantenerse respetuoso en espera de que el proceso avance» en el Supremo, y que, «por higiene democrática», debería «dimitir».

El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, tachó a Alarte de ser «la representación perfecta de un desvergonzado» y «una deshonra para la política valenciana», que «debería dimitir por vergüenza y por faltar al respeto a las decisiones judiciales». «Poco puede decir de ética y honradez quien representa la opción política más corrupta que ha habido en España», añadió Costa.

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN CASTILLA-LA MANCHA: Trama de Toledo, ramal Casa "del Pueblo" de Seseña: El edil socialista se embolsó 700.000€ por aprobar el

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Los escándalos urbanísticos
El ex alcalde de Seseña dice que 'no recuerda' por qué cobró el dinero

José Luis Martín aseguró ante la juez que tiene «dificultades para leer y escribir» y que se dio «prisa» para aprobar el PAU porque «le hacía ilusión»

JOAQUÍN MANSO/Madrid

El ex alcalde de Seseña José Luis Martín (PSOE) reconoció a la juez que le investiga por la adjudicación a Paco el Pocero de una urbanización de 13.000 viviendas que cobró «distintos importes en los años 2002 y 2003» de alguna de las empresas controladas por Gianni Montaldo, relacionado con la mafia de Calabria y procesado en el caso Malaya. En realidad, lo que percibió fue la fabulosa cifra de 700.000 euros. Eso sí, no aclaró por qué: «No recuerda en qué concepto», señala la declaración, a la que ha tenido acceso EL MUNDO.

Martín se hizo rico coincidiendo con la aprobación del PAU, pero descargó la responsabilidad en los técnicos municipales porque él tiene «dificultades para leer y para escribir», según dijo.

El ex alcalde compareció como imputado por prevaricación, cohecho y fraude fiscal en el Juzgado de Instrucción número 4 de Illescas (Toledo), cuya titular es Carmen Martín, el 27 de abril, nueve meses después de que la Fiscalía Anticorrupción le denunciase por la adjudicación de la urbanización, la mayor de España acometida por un solo promotor.

Las preguntas de la fiscal Belén Suárez se centraron en dos puntos: el extraordinario enriquecimiento que se observó en su patrimonio entre 2002 y 2003, coincidiendo con la tramitación del proyecto, y la reunión que mantuvieron en Toledo el mismo 8 de mayo de 2003, horas antes de aprobarse el plan, el entonces consejero de Obras Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha, Alejandro Gil; Paco el Pocero y su hijo mayor, y el propio ex alcalde.

Sobre el primero de los puntos, José Luis Martín fue casi un folio en blanco: «No recuerda si fueron ventas o comisiones» la fuente de unos ingresos que le permitieron suscribir tres fondos de inversión por 144.000 euros; «tampoco recuerda de dónde obtuvo el dinero para las inversiones realizadas en diciembre de 2002 por importe de 132.000 euros» [ese mes cobró una cantidad casi idéntica de Gianni Montaldo, según reveló ayer EL MUNDO]; «respecto a los ingresos en efectivo realizados en abril de 2003 en esa misma cuenta, tampoco recuerda de dónde obtuvo el dinero», y «tampoco recuerda cómo obtuvo el importe de 77.528 euros del fondo de inversión suscrito en abril de 2007».

La fiscal sacó en ese punto los fabulosos ingresos obtenidos a través de la firma Servicios y Desarrollos Culturales Norte, que hasta 2002 no había tenido ninguna actividad. Martín reconoció que «prestó los servicios para la empresa Inverespaña Sema por los que cobró distintos importes en los años 2002 y 2003». Fueron 700.000 euros, según publicó ayer este periódico, y se los abonaron dos sociedades del amigo de Juan Antonio Roca Gianni Montaldo: Inverespaña Sema, en 2002, y Sur Inversiones Sema, en 2003. Eso sí: «No recuerda en qué concepto se hizo la transferencia de los importes recibidos», pero aseguró que aportaría el contrato para justificarse. A principios de julio, todavía no lo había hecho y la Fiscalía le apremió para que lo hiciese.

Martín también explicó a la juez que, tras sendas reuniones con el consejero de Obras Públicas el 6 y el 8 de mayo de 2003, obtuvo los últimos informes que hacían falta para aprobar el plan. En realidad, fueron aportados sin sello de entrada al Pleno que se convocó, precisamente, el 6 de mayo y se celebró el 8, el último que día hábil antes de las elecciones municipales que acabó perdiendo José Luis Martín.

En su declaración en Anticorrupción, el 10 de enero de 2008, la fiscal preguntó por qué «tanta prisa»: el ex alcalde se defendió respondiendo que le «hacía ilusión aprobarlo él, porque creía en ese proyecto». Fue aquel día en el que intentó justificar sus ingresos diciendo que le había tocado el cupón de la ONCE.

Trasladar el caso a la Audiencia

> La Organización Impulsora de Discapacitados ha pedido al Juzgado de Instrucción número 4 de Illescas (Toledo) la inhibición en favor de la Audiencia Nacional de la causa que se sigue contra el ex alcalde socialista de Seseña José Luis Martín porque afectaría a varias provincias.

> El abogado de esta asociación, personada como acción popular, manifestó que «se deben investigar presuntas conexiones con otros casos del territorio nacional como el 'caso Malaya', investigar sociedades, personas físicas radicadas en otras provincias, comisiones rogatorias en otros países, etcétera».