EDITORIALES: La pandemia de gripe gorrina obliga a estar en guardia

EDITORIALES DEL DÍA
LA PANDEMIA DE GRIPE A OBLIGA A ESTAR EN GUARDIA

EL ANUNCIO de la ministra de Sanidad de que en un año morirán en España víctimas de la gripe A «al menos» 8.000 personas obliga a tomar muy en serio la pandemia. Varios elementos han venido en las últimas horas a inquietar a las autoridades. Por un lado, el aumento de muertes. En nuestro país ya son cuatro los fallecidos por esta causa en

un momento en el que la pandemia está en sus albores y la climatología es benigna. Está además el hecho novedoso de que el virus haya acabado con la vida de una mujer completamente sana, cuando hasta ahora sólo había mostrado toda su virulencia en personas vulnerables por padecer patologías previas o tener otros factores de riesgo. La joven fallecida el jueves en Palma estaba sana y los médicos han mostrado su extrañeza por cuanto la paciente no respondió al tratamiento.

Las informaciones que vienen de fuera tampoco invitan al optimismo. La Organización Mundial de la Salud confirmó ayer que la gripe A se extiende en todo el mundo a «una velocidad sin precedentes». Y en Gran Bretaña, las autoridades sanitarias estiman que hasta 65.000 personas podrían morir en las islas por la gripe A. Estos cálculos dejan las previsiones de mortandad españolas como muy optimistas, ya que, proporcionalmente, de ser certera la predicción del Reino Unido, los casos en nuestro país nunca serían inferiores a los 40.000.

En realidad, es todavía una incógnita cómo puede evolucionar la nueva gripe cuando llegue el otoño, que es la época del año en la que este tipo de afección muestra su mayor intensidad. El sistema público español se está preparando para un elevado nivel de contagio a partir de finales de agosto y principios del mes de septiembre.

El Gobierno, con buen criterio, apostó en un principio por la cautela para evitar el alarmismo. En efecto, han bastado sólo unos meses para comprobar lo errado e incluso ridículo de algunas manifestaciones, como la advertencia de la OMS de que más de la mitad de los europeos acabarían siendo infectados por el virus o la decisión del Gobierno ruso de desaconsejar a sus ciudadanos viajar a España. Las equivocaciones en este tipo de asuntos pueden tener consecuencias devastadoras en la economía, como ha quedado demostrado en México, el país donde se originó la enfermedad.

Sin embargo, la gravedad de las últimas informaciones obliga a estar preparados para afrontar el peor de los escenarios. Y la realidad, hoy, es que el Gobierno sólo ha previsto para este año la compra de vacunas para cubrir al 40% de la población, tal y como anunció Trinidad Jiménez la semana pasada. Ayer la vicepresidenta De la Vega corrigió a su manera a la ministra advirtiendo que la Administración adquirirá todas las vacunas «que sean necesarias», pero sin concretar su número.

Es verdad que la gran mayoría de los más de 1.300 casos de gripe A confirmados hasta ahora en España han sido leves y no han requerido de hospitalización, y es cierto también que conviene ser precavidos para no crear un nerviosismo innecesario en la calle. Sin embargo, el sistema sanitario debe estar alerta y listo para actuar con eficacia. Eso debería incluir un esfuerzo del Estado para adquirir vacunas suficientes que cubran las necesidades de toda la población.

Por otra parte, al margen de la obvia prioridad sanitaria, el Gobierno no debería descuidar las repercusiones sociales y económicas que pueda comportar la pandemia. Un estudio realizado en Oxford indica que afrontar la enfermedad podría costarle al Reino Unido cerca de 70.000 millones de euros y prolongar la recesión dos años más. Se mire por donde se mire, estamos ante una pandemia que obliga a ponerse en guardia... y a rascarse el bolsillo.

AUNQUE LA AUDIENCIA CONSIDERA QUE EL DELITO DE INFORMACIóN PRIVILEGIADA HA PRESCRITO:
El fallo sobre Alierta avala lo publicado por EL MUNDO

EN EL OTOÑO de 2002 EL MUNDO reveló que el ya presidente de Telefónica César Alierta había incurrido en la etapa en la que encabezaba la compañía pública Tabacalera en una conducta coincidente a la tipificada como delito de información privilegiada al utilizar a su sobrino para comprar acciones de la empresa justo cuando él sabía que se iban a revalorizar y obtener una plusvalía de más de 300 millones de pesetas de las de entonces. Nuestro periódico fue objeto de una demanda civil por parte del señor Alierta, sufrió un duro castigo en materia de inversión publicitaria durante un tiempo limitado y tuvo que abandonar su asociación radiofónica con Onda Cero entonces propiedad de Telefónica. La periodista Isabel San Sebastián fue expulsada de Antena 3 -también entonces en manos de la operadora- por negarse a vetar al director de EL MUNDO en su programa. Pues bien, siete años después la Audiencia de Madrid ha considerado acreditados todos aquellos hechos y ha incluido en su sentencia un relato muy reprobatorio sobre la conducta del señor Alierta. Sin embargo se ha visto obligada a absolverle porque la Ley Orgánica del Poder Judicial le hace asumir la doctrina que en materia de prescripción inventó el Tribunal Constitucional para impedir el ingreso en prisión de los Albertos. Esa doctrina permite que el retraso extemporáneo o el criterio equivocado de un juez instructor en la admisión a trámite -en este caso transcurrieron diez meses desde la presentación de la querella- haga correr los plazos, vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva. Puesto que el Tribunal Supremo sigue manteniendo la mucho más razonable tesis de que la mera presentación de la querella basta para interrumpir la prescripción parece lógico que la Fiscalía Anticorrupción tenga fundadas esperanzas en que su recurso de casación sea estimado. Después de tanto tiempo transcurrido, con una relación institucional normalizada y siendo bien patente la muy buena gestión del señor Alierta al frente de Telefónica ningún afán de ajuste de cuentas puede mover ya este comentario. Pero sería muy negativo para el prestigio de la Justicia que de nuevo quedara la sensación de que las normas procesales son siempre el último refugio de los poderosos cuando vulneran la legalidad.

EL SUPREMO LE LLAMA A DECLARAR:
Un paso más en la causa contra Bárcenas

EL TRIBUNAL Supremo citó ayer a declarar el próximo día 22 de julio como imputado a Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP. Hasta hace poco tiempo, el Supremo hubiera debido solicitar un suplicatorio al Parlamento antes de interrogar a Bárcenas. Pero una reciente reforma permite al aforado declarar si lo hace voluntariamente, como sucede en este caso. Así pues, el tesorero del PP tendrá la oportunidad de explicarse la semana que viene ante el Supremo. Escuchado su testimonio, el Tribunal decidirá si le sigue acusando de cohecho y fraude fiscal, lo que exigiría solicitar el suplicatorio para continuar el proceso penal. Sea como fuere, Bárcenas ya debería haber dimitido, ya que no puede continuar como tesorero del PP una persona sobre la que gravita la sospecha de haber cobrado sobornos a cambio de contratos. Bárcenas tiene derecho a la presunción de inocencia en el plano penal, pero políticamente debe dejar su puesto.

Viernes, 17 de Julio del 2.009
Jueces caducados y perezosos

Miércoles, 15 de julio de 2009
Zapatero tiende una cama de Procrustes


En la diana. C. García-Abadillo
Flaco favor a los catalanes

DELENDA EST HISPANIA: Casi nadie confía en que el Constitucional emita una sentencia justa sobre el "Estatut"

EN LA RED:
Casi nadie confía en que el Constitucional emita una sentencia justa sobre el 'Estatut'

La noticia sobre la petición de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, para que los magistrados rehagan la sentencia del Estatut catalán, «sin ninguna prisa», ha causado estupor. Después de tres años desde que se presentaron los recursos de inconstitucionalidad, el Alto Tribunal sigue sin emitir el esperado fallo. Y ello a pesar de que el Estatut ya está surtiendo efecto, como se comprobó hace unos días con la aprobación de la Ley de Educación catalana, de dudosa constitucionalidad. El 88% de los internautas ya no confía en que el TC emita una sentencia justa. Sólo el 12% restante mantiene la esperanza.

LA FALSA, CÍNICA Y SIN VERGÜENZA De la Vega, DICE:
«Nos gustaría que la sentencia del 'Estatut' fuera ágil»

MARISA CRUZ/Madrid

El Gobierno asegura «no tener constancia» de que ningún miembro del Tribunal Constitucional tenga intención de retrasar la sentencia sobre la adecuación del Estatuto de Cataluña a la Carta Magna. Así lo manifestó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al término del Consejo de Ministros.

Sin embargo, los tres años que duran ya las deliberaciones del Alto Tribunal pesan sobre todos los estamentos políticos. De hecho, la número dos del Ejecutivo reconoció que al Gobierno -«a todos»- le gustaría que el procedimiento «fuese más ágil y más rápido». Por el momento, en La Moncloa confían, tal y como señaló, «en que se conozca pronto el pronunciamiento».

La vicepresidenta respondió así a la información publicada por este diario dando cuenta de que la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, ha pedido a los magistrados que rehagan «sin prisas» la sentencia, después de que la propuesta de la ponente Elisa Pérez Vera haya sido rechazada por la mayoría de ellos.

«No tengo noticia», afirmó, «de que ningún miembro del TC tenga intención de retrasar un tema de esta envergadura». De la Vega quiere entender que lo que se está produciendo es un «debate» que entra dentro de la «actuación normal» de un tribunal colegiado que debe pronunciarse sobre una cuestión de gran trascendencia.

La vicepresidenta conminó al Partido Popular a «respetar» y «no presionar» a los magistrados, que lo que pretenden es «acabar el trabajo y hacerlo con responsabilidad».

Con estas palabras daba réplica a las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien el jueves acusó al Constitucional de «no haber estado a la altura de las circunstancias» porque retrasa, «por motivos políticos», la sentencia del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatut en 2006.

De la Vega aseguró que el Gobierno «respetará» el dictamen del TC sea cual sea, pero recalcó que confía plenamente en la constitucionalidad de una norma que tiene «toda la legitimidad democrática» por haber sido respaldada por el Parlamento nacional, el autonómico y los ciudadanos de Cataluña.

ALERTA SANITARIA: La pandemia porcina se expande. Sanidad predice 'al menos' 8.000 muertos por la gripe porcina o 'gripe A'

ALERTA SANITARIA / La expansión de la gripe A
Sanidad predice 'al menos' 8.000 muertes por gripe A

La ministra Trinidad Jiménez estima que habrá, como mínimo, tantas víctimas como las que produce la gripe común cada temporada

«Si la gripe estacional es la causa directa o indirecta de 8.000 muertes en España cada año, evidentemente nos podemos encontrar con unas predicciones al menos similares para la gripe A, que es previsible que también provoque un número alto de fallecimientos». Es la ministra de Sanidad, ayer a primera hora en RNE, el estreno de un día en el que una autoridad sanitaria española se atrevió a poner cifras de futuro al virus que ha infectado en el mundo a casi 130.000 personas y ha matado a 681. En España hay 1.308 casos -casi todos leves-, cuatro muertos y 18 personas de nueve comunidades autónomas en las UCI.

Trinidad Jiménez compareció después ante los periodistas con las ojeras que da la «preocupación» por una pandemia que se extiende «a una velocidad sin precedentes», según constata la OMS.

Y es que la máxima organización sanitaria mundial dice que este virus mutante se ha extendido en seis semanas tanto como el de la gripe estacional en seis meses.

Esa velocidad de transmisión, unida a la cada vez menos clara definición de los grupos de riesgo (ya hay casos no sólo en gente joven, no hace falta invierno para que se extienda el virus y hay muertes en personas sin otras enfermedades), es lo que tiene tan alerta a los vigilantes sanitarios del mundo.

El último ejemplo es la nigeriana fallecida el jueves en Palma, una mujer de 33 años que, en principio, no tenía enfermedades de base que complicaran su estado, algo contradictorio con el resto de las víctimas mortales en España, que sí presentaban problemas respiratorios previos a su contagio. Además, la chica fue atacada por el virus con mucha rapidez: murió en cuatro días.

La ministra contó ayer que aún no podía contar mucho, que desconocía si la joven tenía patologías previas, porque los médicos no disponían de su historial clínico, y que no quería especular «hasta que tengamos el resultado de la investigación». Por lo que avanzó ayer la Consejería de Salud de Baleares, no se sabrá mucho más hasta dentro de 15 días.

El caso ha sido remitido a la OMS, porque es la primera vez que pasa en España, aunque no en el mundo. «En varios países se ha registrado una pequeña proporción de casos graves en personas sin antecedentes», dijo ayer el director general de Salud Pública, Ildefonso Hernández.

El comportamiento del virus de la gripe A es una incógnita, pero los países afectados trabajan con modelos estadísticos de la estacional y los extrapolan. Después de que el Reino Unido calculara en 60.000 las muertes que provocará el virus en su territorio, España colocó ayer casi entre dientes la cifra de 8.000. «Tenemos modelos teóricos de predicción, con un margen de error amplio, pero aún no están completados. Por ello, no comunicaremos los datos precisos hasta que se tenga certeza», matizó la ministra.

Sin embargo, a los especialistas no les extrañó el número. La gripe común, que también muta con frecuencia, acaba con la vida de entre 5.000 y 9.000 personas cada año en España, por lo que el dato sugerido por la ministra «puede ser incluso algo conservador», sostiene José María Martín Moreno, ex director general de Salud Pública, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia y asesor de la Oficina Regional de la OMS para Europa. «Los cálculos matemáticos de la gripe estacional en el mundo están cerca de los dos muertos por cada 1.000 afectados. Los de la gripe A se colocan en los cinco por cada 1.000. En términos numéricos, la gripe A es un poco más grave que la estacional. Lo que ha dicho la ministra es muy razonable, e incluso algo conservador».

Martín Moreno cree que en otoño «habrá que prepararse». «Aumentarán los casos y probablemente su gravedad. Hasta hoy es una gripe leve, pero la noticia sería que una cepa nueva apareciera en el mundo sin causar muertes. La clave es evitar los contagios, porque una vez que se multiplican los casos, la proporción de muertes ofrece cifras de futuro como las que ya se manejan».

Y entre los métodos de contención de la pandemia surge uno ansiado: la vacuna. Los expertos no ven probable su llegada hasta diciembre o enero, aunque ayer el Gobierno confió en que España contará con ella «posiblemente en otoño». Lo dijo la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, tras reunirse en La Moncloa con todos los ministros, Trinidad Jiménez incluida.

El Gobierno mantiene el encargo que hizo la semana pasada a las farmacéuticas Novartis y Glaxo para comprarles 37 millones de dosis de vacuna contra la gripe A. Dado que, por el momento, son necesarias dos dosis por persona, esa cantidad cubriría al 40% de la población, aunque algunos especialistas cuentan que se está trabajando para que el adyuvante (la mezcla de proteínas que se administra con la vacuna y que incrementa la capacidad inmune del individuo) permita bajar el número de dosis necesarias para que la vacuna sea eficaz.

El 40% del que se habla hoy le parece escaso al PP, que ayer pidió más vacunas. Sin embargo, la compra de 37 millones de dosis fue aprobada por todas las comunidades autónomas en el sanedrín que toma esas decisiones: el Consejo Interterritorial de Salud. Fuentes de Sanidad no descartan que en el Consejo extraordinario dedicado a la gripe A del próximo miércoles se discuta un aumento del pedido de dosis.

Todo, en un escenario actual de levedad. Sólo están graves 18 de las 1.308 personas afectadas por la gripe A, una enfermedad que, por ahora, se solventa con unos días de fiebre, un antiviral y un alta médica

ALERTA SANITARIA / La expansión de la gripe A
Cinco campamentos de verano con afectados
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ALERTA SANITARIA / La expansión de la gripe A
Dado de alta el niño de 8 años que estaba grave
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ALERTA SANITARIA / La expansión de la gripe A
20 casos confirmados en la base de Afganistán
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ALERTA SANITARIA / La expansión de la gripe A
Víctimas de la psicosis china
Contagiados dos de los siete españoles hospitalizados en Pekín
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ALERTA SANITARIA / La expansión de la gripe A
La Policía Nacional investiga el entorno de la nigeriana muerta
Vivía en una zona de Palma donde son frecuentes los 'pisos patera' y la prostitución
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ALERTA SANITARIA / La expansión de la gripe A
El PP pide vacunas suficientes

El Partido Popular quiere que la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, comparezca con urgencia en el Congreso para explicar las actuaciones que ha llevado a cabo hasta ahora el Gobierno para controlar la gripe A.

En esa comparecencia, según el PP, la ministra también deberá explicar las previsiones que existen en cuanto a la disponibilidad de vacunas para los próximos meses, la población que puede ser inmunizada y la garantía de su suministro.

Desde que se conocieron los primeros casos, a finales de abril, la ministra de Sanidad ha dado numerosas explicaciones en público y en el Parlamento que han sido aplaudidas por el PP. Pero este partido considera que, tras los nuevos casos y las muertes ocurridas en los últimos días, debe comparecer con urgencia en el Congreso.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, también pidió ayer al Gobierno que garantice vacunas suficientes para tratar el virus H1N1.

Durante la clausura de la Escuela de Verano del PP, en Roquetas de Mar (Almería), expresó su voluntad de «ayudar» al Gobierno en la erradicación de este gripe, pero al mismo tiempo pidió al Ejecutivo socialista «mucha transparencia y claridad», según informa la agencia Europa Press.

«Siempre es mejor prevenir que curar», subrayó el líder del PP. «Espero que dentro de unos meses no tengamos que estar hablando de cómo tenemos que curar, porque se haya prevenido», añadió.

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN EL CNI: «Bono se ha negado a entregar al PP papeles no reservados» y «que no tienen que ver con la seguridad nacional sino co

Rajoy insta al fiscal a actuar contra Saiz

Denuncia que «Bono se ha negado a entregar al PP papeles no reservados» y «que no tienen que ver con la seguridad nacional sino con actividades privadas»

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA/Roquetas (Almería)

Mariano Rajoy lanzó ayer un cuarto a espadas en relación con la responsabilidad judicial del ex director del CNI Alberto Saiz.

El presidente del PP dejó sentado que no se conforma con que, con su reciente destitución, se hayan solventado las responsabilidades políticas. Por eso, durante la clausura de la escuela de verano celebrada por su partido en Roquetas de Mar (Almería) instó al fiscal general del Estado a actuar penalmente contra Saiz por sus actividades «privadas» al frente del cargo.

«Los españoles», dijo, «reclaman también una investigación de lo que ha ocurrido en el CNI en los últimos tiempos».

Rajoy pidió explicaciones al propio Zapatero y, además, denunció sin ambages la actitud obstruccionista de José Bono, presidente del Congreso y reconocido amigo y mentor político del destituido director del CNI.

«El presidente del Gobierno tiene que dar una explicación de lo que ha ocurrido allí», afirmó, «porque nuestra portavoz parlamentaria ha podido ver en una comisión algunos papeles que no son reservados y que el señor presidente de las Cortes se niega a entregar al Grupo Parlamentario Popular».

Rajoy insistió mucho en que dichos papeles, que comprometen a Saiz, «no tienen que ver con la seguridad nacional sino con actividades privadas, impropias de una persona que está al frente de una administración».

Pero, sobre todo, lo que hizo el líder del PP fue lanzar un reto a Cándido Conde-Pumpido. «El señor fiscal debería ver qué ha pasado en el CNI», reclamó Rajoy, al día siguiente de que la mencionada portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtiera públicamente que, si persiste la falta de colaboración de los socialistas en este asunto, su partido acudirá a los tribunales. «Este asunto, diga lo que diga el señor Bono, o diga lo que diga el Gobierno, el PP no lo va a olvidar», recalcó ayer Rajoy entre aplausos.

Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares pidió ayer que deje de utilizarse este tema «como arma arrojadiza entre los partidos» ya que, según señaló, «hay que dejar actuar a cada institución, en este caso los jueces».

«Yo creo que el PP ha cazado una pieza y sigue dándole vueltas al mismo asunto», apuntó el diputado, e insinuó que, tal vez, los populares, «exagerando el caso del CNI», puedan estar «tapando su caso Gürtel o sus casos políticos». A su entender, con esta actitud «lo único que se hace es deteriorar la imagen de la política».

Llamazares también recalcó, según Efe, que continuar debatiendo políticamente sobre este tema no tiene ninguna finalidad, dado que la responsabilidad política en el sistema democrático «se salda con el cese o con la dimisión», y Alberto Saiz ya ha dejado su puesto. «Qué más se puede hacer, ¿arrastrarlo por los caminos?», ironizó, antes de señalar que «ahora lo que tiene que ocurrir es que el nuevo director del CNI ponga orden en esa casa».

NEGLIGENCIA FATAL/ El relato de los hechos: La enfermera no tenía bebés asignados pero se ofreció a cuidarlos

NEGLIGENCIA FATAL / El relato de los hechos
La enfermera no tenía bebés asignados pero se ofreció a cuidarlos

La dejaron alimentar a Rayan y a otro prematuro, que atendió «correctamente»

Era novata. No tenía experiencia en prematuros. No le habían asignado el cuidado de ningún neonato. Pero, aún así, se ofreció a alimentarlos ella sola. La dejaron. Con Rayan se equivocó y le administró la leche en la vía intravenosa en vez de hacerlo en la sonda nasogástrica. Con el otro bebé, que dormitaba en la incubadora de al lado, lo hizo «correctamente». Uno murió después de 15 horas de agonía y el otro salvó la vida.

La enfermera anónima más famosa de los últimos días, la trabajadora más hundida de toda la sanidad española, es la única responsable de la muerte de Rayan, según se desprende del informe oficial que hizo público ayer la Inspección de la Consejería madrileña de Sanidad.

Poco a poco irán conociéndose los resultados de otras investigaciones -la judicial, la de los enfermeros y la del Defensor del Pueblo- que ofrecerán más pistas sobre este trágico suceso, pero, de momento, este informe se limita a describir los turnos de trabajo y la disposición de las enfermeras en la UCI de Neonatología del hospital madrileño Gregorio Marañón y a ofrecer una pequeña cronología de los hechos. No valora ni establece conclusiones.

Como mucho, admite que las conexiones de la nutrición parenteral (intravenosa) «son compatibles» con las de la nutrición enteral (nasogástrica) y establece como recomendación que se instalen «con carácter urgente» en todas las UCI y en los centros públicos madrileños mecanismos técnicos «que impidan esta compatibilidad». También pide una ley estatal que establezca mecanismos de seguridad al administrar sustancias a los pacientes. Es decir, reconoce implícitamente que, si la sonda nasogástrica no hubiera podido conectarse a la intravenosa, la muerte de Rayan se habría evitado.

El informe también viene a confirmar que, como han denunciado los sindicatos, la enfermera era personal de ida y vuelta que cada vez estaba en un sitio diferente. No es que se tratara de su primer día en la UCI de Neonatología y que sus jefes tuvieran la intención de dejarla allí durante un tiempo, sino que la decisión de trasladarla la tomó la supervisora de Materno Infantil el mismo día de los hechos, a las 15.00 horas, después de comprobar que sobraban trabajadoras en otras unidades.

La enfermera, de 22 años, fue sacada de Pediatría. Aceptó «de buen grado». Dos compañeras la tutelaron y ella pasó la tarde ayudándolas y familiarizándose con el trabajo.

Hasta que, en torno a las 21.00 horas, se quedó sola. Sus tutoras tuvieron que concentrarse en atender a otro bebé que acababa de llegar en estado grave. La auxiliar iba a proceder a alimentar a los otros neonatos pero la enfermera más veterana le dijo que lo retrasara y se centrara en la «emergencia». Es entonces cuando la ATS recién llegada «se ofrece a poner las nutriciones enterales» tanto al pequeño Rayan como a otro prematuro que también tenía que ser alimentado.

Hasta una hora y cuarto más tarde nadie reparó en el error. La enfermera del turno de noche acudió junto a la cuna de Rayan cuando la bomba de infusión la alertó de que la dosis había terminado. Detectó que el niño había recibido leche «por vía venosa periférica». «De inmediato» avisó al médico de guardia. Comenzaron las pruebas analíticas, las maniobras de estabilización y la administración de fármacos, oxígeno y derivados. Rayan fue empeorando. Durante toda la noche se intentó reanimarle. A las 8.00 horas del día siguiente, quisieron realizarle una transfusión, pero no pudieron por «el deterioro progresivo del niño». A las 11.30 horas el bebé murió.

El informe dice que los ratios de personal en la UCI -60 enfermeras y 29 auxiliares, más cinco enfermeras y cinco auxiliares de apoyo, para 16 incubadoras- «se ajustan» a las recomendaciones del Consejo Internacional de Enfermería y de la Asociación Española de Neonatología.

El Defensor del Paciente consideró que este informe «no saca de dudas». La propia Consejería admitió anoche que no habló con la enfermera implicada para hacer el documento y que lo elaboró a partir del testimonio de sus compañeros porque ella no estaba en condiciones para hacerlo.

www.elmundo.es Documento: Lea el informe completo


NEGLIGENCIA FATAL / Las críticas
«Compañera, no estás sola»

Las enfermeras del Gregorio Marañón se concentran para pedir la dimisión del gerente / Denuncian errores estructurales y arremeten contra el colectivo médico

Enfermeras contra médicos. Las críticas contra los facultativos llenaron ayer la concentración de ATS que tuvo lugar en las puertas del hospital Gregorio Marañón para apoyar a la compañera a la que se responsabiliza de la muerte de Rayan.

El centenar de pijamas verdes allí presente se pronunció en la línea de lo expresado anteayer por el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González, que dijo que, si el implicado en el suceso hubiera sido un médico, la noticia no habría tenido el mismo impacto.

«El tratamiento que se nos ha dado no es el mismo que han recibido otros colectivos», se quejaba Luisa Valles, liberada del Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE), recordando que Dalilah, la madre de Rayan, acudió tres veces a Urgencias con la gripe A y fueron los médicos las que la rechazaron. «Y hay más errores que no salen a la luz». «Se está poniendo en tela de juicio a toda una profesión», denunciaba, a su lado, Manoli, de Digestivo.

La guerra estaba servida y entró al trapo la Organización Médico Colegial (OMC), que en un comunicado expresó su «indignación» por las palabras de González. «No es éste el camino ideal para avanzar juntos, y comentarios como éstos contribuyen poco a este nuevo escenario», indicó.

La concentración, en cualquier caso, tenía otros fines. Por un lado, pedir la dimisión del gerente del hospital, Antonio Barba, por «acusar de forma temeraria e irresponsable» a su compañera. Por otro, destacar que «este incidente se enmarca dentro de una mala organización y planificación donde diariamente los profesionales sufren una presión asistencial continua, sometida a una insuficiencia de plantilla y movilizaciones forzosas arbitrarias», según el comunicado del Comité de Empresa. Los concentrados recordaron que «todos estos hechos son conocidos por el gerente por reiteradas denuncias de los trabajadores», como publicó ayer EL MUNDO.

Tras guardar un minuto de silencio, las enfermeras corearon lemas como Más seguridad, menos precariedad; Compañera, no estás sola; Dónde estás, señor Güemes; señor Güemes, dónde estás, y Gerente, capullo, el error ha sido tuyo. Aseguran que el gerente se asomó por una ventana y que luego se apartó. Ellas le llamaron de todo

NEGLIGENCIA FATAL / Las críticas
El sindicato Satse denuncia al director ante la Fiscalía

El Sindicato de Enfermería (Satse), presentó ayer una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el gerente del hospital madrileño Gregorio Marañón, Antonio Barba, «por las acusaciones vertidas contra la enfermera presuntamente implicada en la muerte de Rayan sin que se hubiera producido una investigación previa».

El sindicato mayoritario de enfermeros considera que Barba «ha vulnerado la presunción de inocencia al calificar el hecho de 'negligencia profesional gravísima, sin duda ni excusa'». Y dice que «acusaciones tan graves, rotundas e indubitadas en contra de la profesionalidad de una persona, con claro menoscabo a su dignidad, a su fama y a su propia estimación», pueden constituir un delito de injurias.

Por eso, pide a la Fiscalía «que dicte las órdenes e instrucciones oportunas para depurar cualquier eventual responsabilidad penal en que haya podido incurrir el gerente». Y añade que, al margen de la investigación, Barba ha «mostrado ante la opinión pública a esta trabajadora como la única e inexcusable responsable de una muerte, y el juicio social a su profesionalidad ya está hecho».

y6!La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, dijo ayer que la especialización de la enfermería en España es «una reivindicación que merece la pena estudiar con seriedad». Mientras no se desarrollan las especialidades, miembros de su Departamento y del Servicio Madrileño de Salud han propuesto un plan de formación que sirva para acreditar la competencia necesaria para trabajar en las unidades de enfermos críticos, según informa Europa Press.

GÚRTEL: El Supremo cita a declarar a Bárcenas y el PP lo celebra

El Supremo cita a declarar a Bárcenas y el PP lo celebra

El senador Luis Bárcenas, tesorero del PP, ya tiene fecha para su cita con el Supremo. El responsable de las finanzas del principal partido de la oposición tendrá que comparecer el próximo miércoles ante el magistrado Francisco Monterde, instructor de la causa abierta contra Bárcenas por el Alto Tribunal por presuntos delitos de cohecho y fraude fiscal.

El tesorero del PP prestará declaración bajo secreto sumarial, de manera que sólo el instructor, el fiscal y su abogado defensor estarán presentes. Monterde ha accedido a la petición de la Fiscalía de imponer el secreto sobre toda la causa, en la que existe información sobre la red Gürtel procedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde se investiga -también en secreto- el grueso del supuesto entramado de corrupción que afecta al PP. De no declararse la reserva sumarial en las actuaciones del Supremo, el secreto de las pesquisas que se siguen en el TSJM quedaría burlado.

Monterde dictó el jueves un auto, conocido ayer, en el que estima «racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente» la medida de decretar el secreto de las diligencias, lo que ha acordado por 30 días.
Fuentes de la investigación indicaron que la medida no impide el derecho de defensa, puesto que Bárcenas dispone de «todos los elementos» para conocer qué se le imputa: la exposición motivada elevada al Supremo por el instructor del TSJM, Antonio Pedreira; los dictámenes de la Fiscalía y los informes policiales y de la Agencia Tributaria de los que se desprende que, presuntamente, ocultó al fisco la recepción de «percepciones económicas irregulares» por valor de, al menos, un millón de euros procedentes de Correa.

Además de declarar en secreto, lo hará sin suplicatorio, tal como él mismo ha solicitado con la idea de que sus explicaciones consigan evitar que el Supremo dirija al Senado la petición de autorización para proceder penalmente contra él con todas las consecuencias. En la misma situación procesal se encuentra el diputado del PP Jesús Merino, que habría percibido del grupo Correa 317.700 euros. Merino está citado para el próximo jueves.

El instructor del TSJM ha desestimado la petición de libertad de Correa por considerar que hay «indicios bastantes» de que se fugaría en caso de ser excarcelado. Pedreira subraya que, con anterioridad a su detención, el empresario ya pasaba largos periodos fuera de España. Respecto a la claustrofobia que padece, el juez indica que le imposibilita «para subir en un ascensor, pero no le impide tomar un avión».

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / 'Caso Gürtel'
Los 'populares', aliviados por la citación

La dirección del partido confía en que el juez archive el caso este mes de julio

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA/Roquetas de Mar (Almería)

Nunca una noticia tan aparentemente negativa para el PP ha causado un efecto tan positivo en la moral del partido. Con «satisfacción» y, sobre todo, verdadero alivio ha reaccionado la cúpula popular a la citación por parte del Supremo, de su tesorero, Luis Bárcenas, y del diputado Jesús Merino en calidad de imputados.

Las acusaciones que planean sobre ellos -de cohecho y, sólo en el caso del senador, delito fiscal- no pesan tanto en el ánimo del PP como la necesidad de dar con una solución política al asunto que viene monopolizando y lastrando la labor de oposición del partido.

Todas las fuentes consultadas en la dirección del PP se mostraron ayer confiadas en que, tras la declaración de los dos aforados, y a lo largo de la semana que mediará hasta el final de julio, el juez se pronuncie bien sobre el archivo, bien sobre la petición de suplicatorio.

De ser así, y según las mismas fuentes, el Supremo vendría a dar la razón a Rajoy en su estrategia de aguardar a tomar una decisión sobre la continuidad o destitución de Bárcenas de la tesorería. Una decisión que el presidente del PP ha asumido de manera personal y que ahora parece más próxima. Claro que el proverbial optimismo popular no alcanza para negar una segunda derivada, y es que el juez aguarde hasta septiembre, lo que, sin duda, la cúpula cree que «agravaría» la incomodidad en la que se encuentra.

El entorno más próximo a Rajoy apostaba ayer en privado por la más pesimista de sendas previsiones. Sin embargo, no fue ésa la sensación que dio el líder del partido en público cuando, en su clausura de la escuela de verano del partido en Roquetas de Mar, animó a los suyos a centrarse en los objetivos políticos y electorales más próximos y a no distraerse del «ruido» ambiental.

«Ya se sabe que en la vida hay mucho ruido, pero en la política y en la vida hay que distinguir el ruido de lo que es verdaderamente importante», afirmó, antes de lanzar un mensaje de confianza. «Luego surgirá una cosa, la de más allá, pero ya nos iremos manejando», dijo, tras haber presumido, por cierto, de que «hoy el partido está más unido y cohesionado que nunca».

Arenas habló en los mismos términos tras su intervención en el curso. «Van a tener la oportunidad de defender su inocencia, y espero también que con esto se acaben las filtraciones», declaró quien ha pasado a ser reconocido como uno de los partidarios de no precipitar, de momento, la destitución del tesorero.

Curiosamente, los entornos más próximos a Bárcenas y Merino se mostraron algo más prudentes. Las fuentes citadas por Efe cerca del tesorero le atribuyeron su satisfacción «porque por fin podrá explicarlo todo». En cuanto al diputado Merino, fuentes próximas dijeron a este diario que «todo lo que sea declarar antes del verano está bien», porque responde a su propia solicitud.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / 'Caso Gürtel'
El tesorero del PP declarará en secreto como imputado el día 22

Bárcenas y Merino, citado para el día siguiente, comparecerán sin suplicatorio

MARÍA PERAL/Madrid

El senador Luis Bárcenas, tesorero del PP, ya tiene fecha para su cita con el Supremo como imputado. El responsable de las finanzas del principal partido de la oposición tendrá que comparecer el próximo miércoles ante el magistrado Francisco Monterde, instructor de la causa abierta contra Bárcenas por el Alto Tribunal por presuntos delitos de cohecho y fraude fiscal.

El tesorero del PP prestará declaración bajo secreto sumarial, de manera que sólo el instructor, el fiscal y su abogado defensor estarán presentes. Monterde ha accedido a la petición de la Fiscalía de imponer el secreto sobre toda la causa, en la que existe información sobre la red Gürtel procedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde se investiga -también en secreto- el grueso del supuesto entramado de corrupción que afecta al PP. De no declararse la reserva sumarial en las actuaciones del Supremo, el secreto de las pesquisas que se siguen en el TSJM quedaría burlado.

Monterde dictó el jueves un auto, conocido ayer, en el que estima «racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente» la medida de decretar el secreto de las diligencias, lo que ha acordado por 30 días.

Fuentes de la investigación indicaron que la medida no impide el derecho de defensa, puesto que Bárcenas dispone de «todos los elementos» para conocer qué se le imputa: la exposición motivada elevada al Supremo por el instructor del TSJM, Antonio Pedreira; los dictámenes de la Fiscalía y los informes policiales y de la Agencia Tributaria de los que se desprende que, presuntamente, ocultó al fisco la recepción de «percepciones económicas irregulares» por valor de, al menos, un millón de euros procedentes de Correa.

Además de declarar en secreto, lo hará sin suplicatorio, tal como él mismo ha solicitado con la idea de que sus explicaciones consigan evitar que el Supremo dirija al Senado la petición de autorización para proceder penalmente contra él con todas las consecuencias. En la misma situación procesal se encuentra el diputado del PP Jesús Merino, que habría percibido del grupo Correa 317.700 euros. Merino está citado para el próximo jueves.

El instructor del TSJM ha desestimado la petición de libertad de Correa por considerar que hay «indicios bastantes» de que se fugaría en caso de ser excarcelado. Pedreira subraya que, con anterioridad a su detención, el empresario ya pasaba largos periodos fuera de España. Respecto a la claustrofobia que padece, el juez indica que le imposibilita «para subir en un ascensor, pero no le impide tomar un avión».

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / 'Caso Gürtel'
El juez no suspende la causa

El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que investiga la trama valenciana del denominado 'caso Gürtel', José Flors, no suspenderá la causa, tal y como solicitaron los letrados de los imputados el pasado día 15, mientras la Sala de lo Civil y Penal resuelve los recursos interpuestos, según informó en un comunicado el TSJCV.

El magistrado resolvió de esta manera las peticiones realizadas por los abogados de Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

ECONOMÍA: La morosidad se triplica en un año

CRISIS FINANCIERA / La situación de las entidades
La morosidad se triplica en un año hasta el 4,6%

La tasa de créditos de dudoso cobro llega al nivel más alto desde finales de 1996, con un 5,2% en las cajas y un 4% en los bancos


El sector financiero suele decir que la morosidad está íntimamente ligada a la evolución del desempleo. Los parados, sobre todo cuando agotan la prestación a la que tienen derecho, se ven abocados a dejar de pagar sus préstamos.

Sin embargo, esta máxima no ha acabado de cumplirse en el mes de mayo. Entonces, el número de desempleados, según los registros del Ministerio de Trabajo, se redujo en 24.741 personas. Pero la morosidad de bancos y cajas de ahorros volvió a subir, hasta situarse en las cotas más altas de los últimos 13 años.

Bien es cierto que lo hizo menos que en abril, pero superó los datos de marzo y prácticamente igualó los de mayo del pasado año, cuando el paro se incrementó.

A la moderación de la morosidad contribuye también el descenso del Euribor, que está aliviando la carga financiera de muchas familias, que ven cómo la letra mensual de su hipoteca se reduce en niveles próximos al 40%.

Pese a todo, el volumen de créditos de dudoso cobro se situó al cierre de mayo en 86.317 millones de euros, lo que elevó la tasa de morosidad del sistema financiero hasta el 4,642%. No se daba un nivel tan alto desde noviembre de 1996.

En abril la mora era del 4,503%, mientras que en mayo de 2008 el ratio de activos dudosos, ya en claro incremento desde mediados de 2007, era de un 1,546%.

Los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de poner un techo a la morosidad al cierre de este ejercicio. José Carlos Díez, de Intermoney, apunta a tasas próximas al 6%. Susana Felpeto, de Atlas Capital, es más optimista y pronostica un 5%, informa Efe.

Otros analistas consultados por este diario temen que la morosidad empiece a repuntar con fuerza a la vuelta del verano, cuando se acaben los efectos del Plan E del Gobierno en el mercado laboral y el goteo del paro se reanude.

Apuntan, además, a las consecuencias que pueden tener las refinanciaciones de créditos a empresas que están haciendo buena parte de los bancos y las cajas de ahorros. «Son patadas hacia delante que acabarán reflejándose en la morosidad», pronostican desde una consultora.

La propia patronal de cajas de ahorros augura que la morosidad podrá superar el 7%. No en vano, el peso de los activos dudosos de las cajas supera ampliamente al de los bancos y en mayo el margen se volvió a ampliar.

Las cajas de ahorros presentaron ese mes una morosidad del 5,208%, frente al 5,047% de abril. En un año el ratio se ha multiplicado por más de tres, desde el 1,665% de mayo de 2008. Las cajas tienen actualmente 46.095 millones de euros de créditos malos.

En el caso de los bancos su volumen es claramente inferior, de 31.929 millones de euros, lo que coloca su tasa de morosidad en el 3,945%. También se ha triplicado en el último año, cuando el ratio era del 1,233%. El incremento en mayo ha sido inferior al de las cajas, puesto que partían del 3,81%.

En el caso de las cooperativas de crédito, pueden presumir de tener la morosidad más baja del sector financiero, con un 3,836%. Aunque eso no las libra de un notable incremento en los últimos 12 meses, cuando sus créditos dudosos eran el 1,482%.

En el lado contrario se sitúan las financieras, que no pueden captar depósitos pero sí dar créditos. Es un segmento en el que aparecen, por ejemplo, las divisiones de financiación de las compañías automovilísticas o de las grandes superficies comerciales.

Sus activos dudosos son el 7,979% del total, aunque se mantienen prácticamente congelados desde el mes de marzo. No obstante, el Banco de España tiene menos información de estas entidades y suele actualizar los datos al alza al cierre de cada uno de los trimestres, por lo que habrá que esperar al dato de junio para corroborar si esta tendencia de contención es tal cual se vislumbra actualmente.

En mayo del pasado año los establecimientos financieros de crédito presentaban una morosidad del 3,981%, lo que supone que se ha duplicado en los últimos 12 meses.

El alza de la morosidad tiene una segunda consecuencia, que es el descenso de la cobertura, que mide las provisiones que tienen bancos y cajas en función de sus créditos de difícil cobro.

Para el conjunto del sistema está en el 57%, es decir, hay 57 euros por cada 100 de morosidad. Hace un año había más del doble, 132 euros.

Las cajas, fruto de sus peores ratios de dudosos, presentan niveles inferior a los de los bancos. Su tasa de cobertura estaba en mayo en el 50,6%, frente al 65,1% que ofrecían sus competidores.

Habrá que ver el impacto que en esta rúbrica tiene el cambio de criterio adoptado por el Banco de España esta misma semana. Según fuentes financieras, contribuirá a alargar la duración de las provisiones genéricas o anticíclicas, constituidas en los tiempos de bonanza.

Los nuevos criterios darán 'oxígeno'

>El Banco de España envió este lunes a las patronales de bancos, cajas y cooperativas una carta son sus nuevos criterios a la hora de determinar qué provisiones se deben hacer por los créditos morosos, en particular los hipotecarios y los de consumo.

>Por tanto, la morosidad correspondiente al mes de mayo no se ve aún afectada por la decisión adoptada por el supervisor. Tampoco hay, por tanto, aplicación en las cifras de provisiones, que son las más bajas de la historia.

>No obstante, las entidades ya habían sido advertidas previamente por el Banco de España de que se iba a producir esta actualización de sus criterios de interpretación de la circular contable del año 2004. Y algunas han aprovechado para implantarlas en las cuentas del primer semestre.

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El aeropuerto de Ciudad Real da un paso más hacia la quiebra
Un juez admite a trámite la demanda de un acreedor al que deben 17 millones de euros
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Alierta absuelto al prescribir el delito de información privilegiada
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HONDURAS: El Gorila Rojo Hugo Chávez trata de sublevar anunciando que el golpista «Zelaya está en camino y que llegará en las próximas horas»

«Zelaya está en camino»

Una colaboradora del ex presidente advierte de que llegará a Honduras y Chávez asegura que será «en las próximas horas»

JACOBO GARCÍA(amiguete de Gorilaya) / ESPECIAL PARA EL MUNDO/Tegucigalpa

Casi tres semanas después de ser expulsado del poder y del país por el Parlamento depositario de la Soberanía Nacional, su propio partido y la Corte Suprema, el golpista y títere de Hugo Chávez, Manuel Zelaya, se prepara para intentar volver a Honduras por segunda vez. El hecho de que quien fuera su ministra de Exteriores, Patricia Rodas, soltara un ambiguo «ya está en camino», convirtió Tegucigalpa en un hervidero de rumores, y al Gobierno hondureño de facto en un manojo de nervios. Sobre todo después de que el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunciara que la llegada de Zelaya era «cuestión de horas».

En la mente de todos sigue muy fresco el recuerdo del temerario intento del 5 julio, cuando un avión venezolano intentó aterrizar en la capital con el derrocado presidente a bordo. El Ejecutivo de Micheletti lo evitó al interponer camiones en la pista de aterrizaje, mientras cientos de hondureños protestaban junto al aeropuerto, lo que provocó unos disturbios en los que murió por atropello una persona, única víctima mortal hasta el momento.

Pero, según el ultimátum lanzado por el propio Zelaya, hoy vence el plazo para conocer las conclusiones de la mesa de negociación instalada en Costa Rica y en la que participan comisiones de ambas partes. Si no se anuncia su «inmediata vuelta al poder», dijo, dará por «fracasadas» las conversaciones e intentará por otras vías su regreso al país. Una vez más, contará con la ayuda de sus aliados en Venezuela y Nicaragua. Así se expresó ayer Hugo Chávez, informa Reuters: «Zelaya dijo que en las próximas horas entra a Honduras. Pues nosotros estamos con él. Hay que apoyarlo».

Hasta el momento la única propuesta sobre la mesa de negociación es la que hoy dará a conocer el presidente costarricense y mediador, Óscar Arias, quien sugiere para salir de la crisis la formación de un gobierno de reconciliación compuesto por ministros de ambas tendencias y presidido por Manuel Zelaya, así como la aplicación de una amnistía política. La propuesta ya ha sido rechazada.

El primero en reaccionar fue el presidente de Nicaragua. «Ese tipo de iniciativa de gobierno interino donde se junten los golpistas con los constitucionalistas ( ja ja ja) que fueron depuestos es una aberración», dijo Daniel Ortega: «Sería legitimar que en cualquier país de Latinoamérica se unan los militares con cualquier grupo de poder para dar un golpe». En la misma línea, se pronunció la ex ministra de Exteriores de Zelaya, Patricia Rodas, quien anunció «medidas más agudas» si el depuesto presidente no es restituido hoy en el poder. Desde Bolivia, donde participó en el bicentenario de la independencia, Rodas dijo que Zelaya conducirá personalmente desde el interior de Honduras «la resistencia popular». «El presidente tendrá que anunciar a la comunidad internacional en qué momento y en qué lugar se establece la sede gubernamental», afirmó.

También la delegación de Micheletti se ha mostrado inflexible hasta el momento. Las únicas propuestas filtradas tienen que ver con un adelanto electoral, ya que el propio mandatario de facto condicionó su salida del poder a que Zelaya no volviera al país. Micheletti advirtió además que el Ejército y la Policía de su país «están preparados para repeler» cualquier intento de intervención extranjera.

Mientras tanto, en las calles de Honduras hoy volverán a repetirse cortes de carreteras y concentraciones de protesta financiadas con el petróleo del Gorila Rojo. Unas marchas que hasta ahora no han logrado alterar la vida normal del país ni crear problemas de abastecimiento. Tampoco la huelga general convocada tuvo repercusión alguna, pero el anuncio de Zelaya ha desatado una ola de rumores sobre la formación de guerrillas para atacar al nuevo Gobierno o sobre la preparación de atentados en la capital.

EDITORIALES: Diez magistrados que no merecen ninguna piedad

EDITORIALES DEL DÍA
DIEZ MAGISTRADOS QUE NO MERECEN NINGUNA PIEDAD

LOS MIEMBROS del jurado que aparecen en la famosa película de Sidney Lumet, Doce hombres sin piedad, tienen en sus manos la decisión sobre la vida de un hombre que puede ir a la silla eléctrica. El veredicto es muy difícil porque los hechos no están claros, pero cumplen con su obligación tras un apasionado debate. La realidad no imita a la ficción, porque los 10 magistrados del Alto Tribunal que tienen que fallar sobre el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña que puede matar a la España constitucional llevan tres años deliberando, sin llegar a ninguna conclusión.

EL MUNDO publica hoy que la precaria mayoría de seis a cuatro construida sobre el último borrador de la sentencia se ha roto el pasado lunes. Ese día, la ponente Elisa Pérez Vera presentó la última versión del tercer borrador, del que había suprimido más de 100 páginas de fundamentos jurídicos. Varios magistrados se opusieron a la eliminación de esa parte, que, según su parecer, desnaturalizaba el fallo al privarle de criterios interpretativos.

Los atónitos letrados del Constitucional se han enterado de que la presidenta María Emilia Casas no tiene «ninguna prisa» en rehacer ese tercer borrador que refuerce los fundamentos jurídicos de la sentencia. Ello impedirá con toda probabilidad que el fallo esté listo a finales de este mes, como estaba previsto y se había filtrado en algunos medios de comunicación.

¿Habrá sentencia en septiembre? ¿Tal vez en octubre? ¿O antes de las Navidades? Nadie se atreve a pronosticar una fecha, ya que el retraso del Constitucional ha superado todas las previsiones. Baste un solo dato: su presidenta María Emilia Casas y otros tres miembros finalizaron su mandato legal en enero de 2008, pero ahí siguen. Ni PSOE ni PP se atreven a iniciar los trámites de renovación del Constitucional para no provocar nuevas demoras en este asunto.

Estamos sencillamente ante un flagrante incumplimiento de las obligaciones institucionales por parte de estos 10 magistrados, que, en lugar de dar ejemplo de responsabilidad, están demostrando una incapacidad vergonzosa para estar a la altura de las elevadas funciones que tienen encomendadas.

Mientras ellos siguen ajenos a «la agenda política», como dijo hace unas semanas María Emilia Casas, el Parlamento de Cataluña ha aprobado una Ley de Educación que impide a los padres educar a sus hijos en castellano y el Consejo de Política Fiscal ha dado luz verde al nuevo modelo de financiación autonómica, dictado y condicionado por el Estatuto de Cataluña.

Tres años después de su aprobación como ley orgánica por el Parlamento, el Estatuto se ha plasmado en decenas de leyes y decretos de la Generalitat de Cataluña en todos los ámbitos: del comercio a la enseñanza, de la justicia a la organización territorial. Cada día que pasa se hace más difícil deshacer este corpus legal basado en el Estatuto, que va impregnando progresivamente los comportamientos de la sociedad catalana.

La información que hoy publica EL MUNDO apunta a que los magistrados del Tribunal Constitucional llevan muchos meses trabajando en una sentencia interpretativa, que declararía inconstitucionales unos pocos de los 114 artículos recurridos por el PP, pero establecería unos criterios jurídicos para interpretar los demás dentro de la Constitución.

En este sentido, la última ponencia consideraba que la utilización del término «nación» en el preámbulo del Estatuto de Cataluña no es inconstitucional porque se trata de la expresión de un sentimiento que no surte efectos jurídicos. Tampoco declaraba inconstitucionales los artículos referentes al uso obligatorio del catalán en la enseñanza y en la Administración autonómica, precisando que ello debe ser compatible -menuda tomadura de pelo- con el respeto al uso del castellano.

Si el fallo del Constitucional se produce en estos términos, estaremos ante un fraude jurídico en toda regla, ya que no es posible dejar al albur de la interpretación decenas de artículos del Estatuto que contradicen abiertamente y de manera expresa lo que dice nuestra Carta Magna. Por ejemplo -para muestra un botón-, el artículo 110, que señala que las normas de la Generalitat prevalecerán sobre las del Estado en materia de competencias exclusivas, lo que supone cuestionar el principio de soberanía nacional que fundamenta la Constitución española.

Si los jueces del Constitucional no llaman a las cosas por su nombre para no quedar mal ante el Gobierno de Zapatero y sus aliados nacionalistas, van a abrir un nuevo periodo de incertidumbre en el que el propio Tribunal tendrá que dirimir durante años continuos recursos contra las leyes y disposiciones de la Generalitat.

Más les valdría hacer una sentencia clara y coherente con los principios que han jurado o prometido defender. Pero no hay razones para ser optimistas. Los tres años transcuridos ya indican el escaso entusiasmo del Alto Tribunal por mojarse en un asunto del que depende el modelo de Estado. La falta de prisa de María Emilia Casas sugiere que sigue apostando por camuflar la inconcreción en los hechos consumados. Estos magistrados no merecen, pues, ninguna piedad y se habrán ganado los peores reproches si, además de hacer su trabajo tarde, terminan haciéndolo así de mal.

EL úLTIMO, LA VIOLACIóN DE UNA NIñA DE 13 AñOS:
Cada vez hay más delitos cometidos por menores

LOS MIEMBROS del jurado que aparecen en la famosa película de Sidney Lumet, Doce hombres sin piedad, tienen en sus manos la decisión sobre la vida de un hombre que puede ir a la silla eléctrica. El veredicto es muy difícil porque los hechos no están claros, pero cumplen con su obligación tras un apasionado debate. La realidad no imita a la ficción, porque los 10 magistrados del Alto Tribunal que tienen que fallar sobre el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña que puede matar a la España constitucional llevan tres años deliberando, sin llegar a ninguna conclusión.

EL MUNDO publica hoy que la precaria mayoría de seis a cuatro construida sobre el último borrador de la sentencia se ha roto el pasado lunes. Ese día, la ponente Elisa Pérez Vera presentó la última versión del tercer borrador, del que había suprimido más de 100 páginas de fundamentos jurídicos. Varios magistrados se opusieron a la eliminación de esa parte, que, según su parecer, desnaturalizaba el fallo al privarle de criterios interpretativos.

Los atónitos letrados del Constitucional se han enterado de que la presidenta María Emilia Casas no tiene «ninguna prisa» en rehacer ese tercer borrador que refuerce los fundamentos jurídicos de la sentencia. Ello impedirá con toda probabilidad que el fallo esté listo a finales de este mes, como estaba previsto y se había filtrado en algunos medios de comunicación.

¿Habrá sentencia en septiembre? ¿Tal vez en octubre? ¿O antes de las Navidades? Nadie se atreve a pronosticar una fecha, ya que el retraso del Constitucional ha superado todas las previsiones. Baste un solo dato: su presidenta María Emilia Casas y otros tres miembros finalizaron su mandato legal en enero de 2008, pero ahí siguen. Ni PSOE ni PP se atreven a iniciar los trámites de renovación del Constitucional para no provocar nuevas demoras en este asunto.

Estamos sencillamente ante un flagrante incumplimiento de las obligaciones institucionales por parte de estos 10 magistrados, que, en lugar de dar ejemplo de responsabilidad, están demostrando una incapacidad vergonzosa para estar a la altura de las elevadas funciones que tienen encomendadas.

Mientras ellos siguen ajenos a «la agenda política», como dijo hace unas semanas María Emilia Casas, el Parlamento de Cataluña ha aprobado una Ley de Educación que impide a los padres educar a sus hijos en castellano y el Consejo de Política Fiscal ha dado luz verde al nuevo modelo de financiación autonómica, dictado y condicionado por el Estatuto de Cataluña.

Tres años después de su aprobación como ley orgánica por el Parlamento, el Estatuto se ha plasmado en decenas de leyes y decretos de la Generalitat de Cataluña en todos los ámbitos: del comercio a la enseñanza, de la justicia a la organización territorial. Cada día que pasa se hace más difícil deshacer este corpus legal basado en el Estatuto, que va impregnando progresivamente los comportamientos de la sociedad catalana.

La información que hoy publica EL MUNDO apunta a que los magistrados del Tribunal Constitucional llevan muchos meses trabajando en una sentencia interpretativa, que declararía inconstitucionales unos pocos de los 114 artículos recurridos por el PP, pero establecería unos criterios jurídicos para interpretar los demás dentro de la Constitución.

En este sentido, la última ponencia consideraba que la utilización del término «nación» en el preámbulo del Estatuto de Cataluña no es inconstitucional porque se trata de la expresión de un sentimiento que no surte efectos jurídicos. Tampoco declaraba inconstitucionales los artículos referentes al uso obligatorio del catalán en la enseñanza y en la Administración autonómica, precisando que ello debe ser compatible -menuda tomadura de pelo- con el respeto al uso del castellano.

Si el fallo del Constitucional se produce en estos términos, estaremos ante un fraude jurídico en toda regla, ya que no es posible dejar al albur de la interpretación decenas de artículos del Estatuto que contradicen abiertamente y de manera expresa lo que dice nuestra Carta Magna. Por ejemplo -para muestra un botón-, el artículo 110, que señala que las normas de la Generalitat prevalecerán sobre las del Estado en materia de competencias exclusivas, lo que supone cuestionar el principio de soberanía nacional que fundamenta la Constitución española.

Si los jueces del Constitucional no llaman a las cosas por su nombre para no quedar mal ante el Gobierno de Zapatero y sus aliados nacionalistas, van a abrir un nuevo periodo de incertidumbre en el que el propio Tribunal tendrá que dirimir durante años continuos recursos contra las leyes y disposiciones de la Generalitat.

Más les valdría hacer una sentencia clara y coherente con los principios que han jurado o prometido defender. Pero no hay razones para ser optimistas. Los tres años transcuridos ya indican el escaso entusiasmo del Alto Tribunal por mojarse en un asunto del que depende el modelo de Estado. La falta de prisa de María Emilia Casas sugiere que sigue apostando por camuflar la inconcreción en los hechos consumados. Estos magistrados no merecen, pues, ninguna piedad y se habrán ganado los peores reproches si, además de hacer su trabajo tarde, terminan haciéndolo así de mal.

NOS CUENTAN QUE...

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, estaba ayer de celebración: cumplió 61 años. Con ese motivo, congregó al equipo de gobierno en su despacho, donde ofreció un copetín. Los presentes le obsequiaron con un detalle de la firma Loewe que incluía un pareo y un neceser. El año pasado recibió más regalos -varios ramos de rosas y centros de flores-, extremo que alguno de los asistentes justificó por el efecto de «la crisis» y porque en aquella ocasión el cumpleaños era redondo: 60. Eso sí, ayer el presente iba «con factura», para evitar suspicacias, según explicaron los concejales. En los corrillos posteriores al brindis no faltaron las bromas acerca de si llegarían las famosas anchoas del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, motivo de polémica por la comparación que hizo Barberá con el supuesto «cohecho impropio» del que se acusa al presidente Camps.

ESPAñA ESTARá EN LA CITA DEL G-20 EN PITTSBURGH:
Un éxito diplomático del Gobierno de Zapatero

ESPAÑA tendrá una silla por derecho propio en la próxima reunión del G-20 que se celebrará en Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre. Así lo confirmó ayer un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, que informó que Obama cursará una invitación oficial a Zapatero en los próximos días. El Gobierno español ya sabía extraoficialmente que Obama quería contar con la presencia de Zapatero en esa tercera cita del G-20 para proseguir la reforma del sistema financiero internacional. No hay duda de que se trata de un éxito diplomático del Gobierno español, que inicialmente había sido excluido por Bush. Su relevo en la Casa Blanca ha facilitado el entendimiento con la nueva Administración de Obama, que ha dado un giro de 180 grados en la relación con el Ejecutivo de Zapatero. Siempre fuimos muy críticos en estas páginas con los graves errores cometidos por Zapatero en la relación con EEUU. Ahora nos alegramos de que vuelva a existir un clima de confianza y cooperación entre las dos Administraciones. Ello va a facilitar que España esté representada de forma permanente en el G-20 y en otros foros internacionales, en los que ambos países tienen mutuos intereses que defender.

Viernes, 17 de julio de 2009
Jueces caducados y perezosos

ESTATUT INCONSTITUCIONAL: La presidenta del TC puesta por el Psoe, no tiene prisa/ Una chapuza de un Tribunal político obediente a su amo

MODELO DE ESTADO / El futuro del 'Estatut'
Casas quiere una sentencia sin prisas

El último proyecto presentado por la ponente ha provocado las críticas de la mayoría - Varios de los magistrados que iban a firmar la resolución han retirado ya su apoyo

VICTORIA PREGO/Madrid

El tapiz se ha deshecho de nuevo. En el Tribunal Constitucional ha vuelto a romperse la delicada mayoría que había logrado apuntalarse después de meses de deliberación sobre el Estatut. Pero la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, ha hecho saber a sus colaboradores que no hay «ninguna prisa» para elaborar un nuevo proyecto de sentencia que logre el apoyo suficiente de los magistrados.

Ha sido la tercera propuesta la que ha desatado la caja de los truenos y al menos dos de los jueces que habían aceptado inicialmente poner su firma en la resolución de fondo -que, aun declarando inconstitucionales en el fallo pocos preceptos, ponía a salvo en los fundamentos jurídicos las competencias del Estado- se han negado a respaldarla.

El magistrado Guillermo Jiménez, que la semana pasada ya se había mostrado dispuesto a a sumar su voto a los defensores de esta sentencia interpretativa-manipulativa, fue el primero que se plantó el pasado lunes y se negó en redondo a apoyar la propuesta que se le había puesto delante de los ojos y que consideró «intolerable». El voto de Jiménez era precisamente el que iba a componer esa mayoría de 6 a 4 que habría proporcionado un poco más de solidez a la resolución.

Sin su voto a favor, la relación de apoyos en el seno del TC habría quedado de nuevo en un empate 5 a 5, lo que habría requerido el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, para inclinar la balanza en sentido favorable al Estatut. Una hipótesis que Casas rechaza contemplar, entre otras cosas porque esa proporción convertiría la sentencia en un escándalo político de primera magnitud.

Otro de los miembros del Alto Tribunal, Ramón Rodríguez Arribas, que también estaba a punto de apoyar la sentencia con su voto si se aceptaban determinadas reclamaciones por su parte para que se llevara al fallo alguna cuestión llamativa pero no conflictiva, se ha negado igualmente a votar a favor del proyecto que se les ha presentado. El voto de Rodríguez Arribas era el que habría podido conformar la relación de 7 a 3 que habría permitido al Tribunal salir a la palestra pública con una resolución respaldada por una amplia mayoría. Incluso dos de los jueces pertenecientes al llamado sector progresista como son Manuel Aragón y Pascual Sala han transmitido igualmente a sus compañeros su opinión extremadamente crítica sobre el proyecto.

La razón de este revuelo inesperado está en que en este último borrador presentado por la ponente Elisa Pérez Vera se ha metido tal cantidad de tijera a los fundamentos jurídicos y los ha despojado tan rotundamente de citas de jurisprudencia, que ha dejado el proyecto dramáticamente desguarnecido y carente de la solidez jurídica exigible. De ese texto casi ha desaparecido la doctrina, de modo que se ha convertido en una sentencia puramente decisionista, lo que en el lenguaje de la calle significa más o menos «esto es así porque lo digo yo» y por ninguna otra cosa.

En esas condiciones los consensos han saltado por los aires. Incluso podría decirse que ha habido casi un conato de sublevación. Cuando todo parecía estar ya pactado en lo esencial.

El resultado es que esta tercera propuesta de sentencia ha resultado definitivamente inadmisible para una mayoría de magistrados que, a finales de la semana pasada, estaban dispuestos a estampar su firma en una sentencia que, aunque llevando muy pocos preceptos al fallo declarándolos inconstitucionales, se apoyaba ampliamente en los fundamentos jurídicos para dar la vuelta a una parte importante del articulado salvaguardando así la competencia del Estado.

El procedimiento ya ha sido descrito por EL MUNDO: en los fundamentos jurídicos se interpretaba que algunos de los preceptos no dicen en el fondo lo que en realidad sí dicen; se dejaba sin sentido la letra de otros muchos añadiéndoles la cláusula de que no vinculan al Estado o la afirmación de que lo contenido en el artículo se puede admitir pero «sin perjuicio de» la competencia del Estado en esa materia.

Pero sucede que lo que ha quedado tras «aligerar» la sentencia en más de 100 folios ha resultado un bodrio, dicho esto en román paladino. Es decir, que no es que se haya «aligerado» el texto, protestan sus señorías, es que se ha «cortado» y que lo que resulta de ese corte es una pieza jurídicamente indigerible. Traducido de nuevo al lenguaje de un lego, el texto resultante podría estar más cerca de una ponencia política que de la sentencia de un Tribunal Constitucional. Y por eso ni siquiera los inicialmente partidarios de no tocar demasiado el Estatut estarían ya dispuestos a apoyar este proyecto.

Así que todo se ha ido abajo. Para empezar, tras el revuelo organizado a la vista del texto del tercer borrador, el pleno convocado para el lunes pasado fue suspendido. Hubo, eso sí, varias reuniones de magistrados pero la reunión plenaria, que habría durado varios días para examinar la sentencia completa sobre el Estatuto entero, no tuvo lugar.

La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, ha recibido con gran incomodidad esta rebelión de los magistrados, algunos de los cuales estarían incluso dispuestos a aceptar que se designara un nuevo ponente. Eso no ha ocurrido, pero lo que sí es cierto es que varios letrados del TC están ahora mismo elaborando nuevas notas sobre los puntos más conflictivos del proyecto.

Y aquí viene lo asombroso: convencidos de que el encargo que recibían de la presidencia era de la máxima urgencia, y dispuestos ya a trabajar a uña de caballo, los letrados - profesores universitarios y magistrados, es decir, auténticos estudiosos y expertos en las materias de las que se ocupan- han sabido que la presidenta del Alto Tribunal se enfrenta «sin ninguna prisa» a la resolución de este nuevo obstáculo para la tan esperada sentencia. ¡Sin ninguna prisa!

Y, sin embargo, no todo está perdido. Los días que quedan de la semana presente sí que están echados a perder y en las dos semanas que restan para que termine julio, vista la «ninguna prisa» expresada por la presidenta, no debemos esperar la fumata blanca antes de agosto. O de septiembre.

Pero no todo está perdido porque el contenido esencial del proyecto de sentencia se mantiene. Lo que se negoció, negociado está. Y lo que va al fallo sigue yendo al fallo. Sólo los fundamentos jurídicos han de ser rescatados y apuntalados con la doctrina jurisprudencial imprescindible. Es verdad que, con ese corta y pega implacable, la ponente ha destrozado la coartada jurídica de los reticentes y, en consecuencia, ha destruido también el consenso. Pero si se pretende recuperar el pacto y facilitar la coartada de quienes, siendo muy críticos con la fórmula con la que se iba a envolver el varapalo al Estatut, estaban dispuestos a respaldarla, hay que desandar lo andado.

Este es el trabajo que ahora tienen por delante los letrados del alto tribunal que probablemente se vean en la necesidad de regresar al segundo borrador y empezar de nuevo a perfilar desde ahí la redacción definitiva de esta sentencia de nunca acabar.

EL REVÉS DE LA TRAMA
Una chapuza
JUSTINO SINOVA

En tres semanas se cumplirán tres años de la vigencia del nuevo Estatuto de Cataluña y aún el Tribunal Constitucional no ha logrado pronunciarse sobre los siete recursos presentados contra él, sino que además parece que habrá que seguir esperando un tiempo a que sus señorías los magistrados elaboren su sentencia. Lo menos que se puede decir -y se dice- de este retraso en la fijación de la legalidad de una norma que se está aplicando es que resulta una chapuza que desacredita a una alta institución y que mantiene sobre la eficacia de la Constitución una sombra de inquietud. Con tal dilación inconcebible, quiebra la misión confiada al Tribunal de asegurar la adecuación de toda norma a la letra constitucional y se malgasta un instrumento defensivo de la legalidad.

Un efecto de la incertidumbre que provoca ese entumecimiento operativo lo sufre España estos días: de acuerdo con la ley recurrida, el presidente del Gobierno ha negociado bilateralmente con la Generalitat catalana la financiación autonómica y ha elaborado un nuevo modelo que parte de la cuota previamente pactada y que condiciona los fondos adicionales que las demás comunidades recibirán del Estado. ¿Qué pasaría si el Tribunal sancionara inconstitucional esta precedencia de la Generalitat? Habría que empezar otra vez, con la tensión y la inseguridad que el nuevo proceso generaría. Aunque la pregunta que muchos se formulan es esta otra: ¿Se atreverá el Tribunal a poner patas arriba el proceso ya consumado o cederá ante la desigualdad introducida en la España autonómica por el Estatuto catalán y ultimada por el jefe del Gobierno? Es evidente que esta pregunta contiene la sospecha de que el Tribunal se achicará, o sea, la falta de confianza en su firmeza. Pero el Tribunal se la está ganando.

Claro que, en estas circunstancias, Rodríguez Zapatero podría haber optado por encauzar con normalidad democrática el proceso y por demostrar que sus promesas de diálogo y de transparencia iban en serio. En vez de pactar con el principal partido de la oposición, en vez de convocar a todas las comunidades a estudiar la financiación, en vez de explicar a los ciudadanos lo que va a hacer con sus dineros, en vez, en fin, de aplicar el principio democrático de la luz y los taquígrafos, ha preferido apoyarse en su propio grupo y negociar con pequeños partidos, como ERC, que creen en el dinero pero no en España, para asegurar andamios personales a su política. Ha sido un espectáculo indecoroso el ofrecido por un Gobierno que subasta contingentes de dinero, como si fuera suyo, mientras los órganos colectivos de la democracia han de limitarse a esperar el resultado de las maniobras.

Yo me he acordado estos días de una vieja tira del humorista argentino Quino en la que se ve a Mafalda que consulta en el diccionario la palabra democracia y cuando lee la definición -«predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado»- estalla en una risotada incontenible. La verdad es que aquella carcajada quería ser más bien un lamento, como el que provoca este monumento a la chapuza que han erigido un Tribunal que no logra salir de su encierro y un político para el que no existen límites.