ERC bloquea el pacto de financiación de Zapatero con Cataluña Ve «insuficientes» los 3.100 millones que la ministra está dispuesta a dar a Cataluña. El PSC e ICV acatan la decisión de los republicanos y optan por seguir negociando
Al PSC y a ICV se les veía ayer con ganas de dar el visto bueno a la última oferta de financiación de la ministra de Economía, Elena Salgado. Son 3.100 millones extras para Cataluña. Una cantidad nada desdeñable, si se tiene en cuenta que las negociaciones empezaron con 1.200 millones sobre el tapete, pero ERC aguó finalmente la fiesta y decidió rechazar la nueva cifra. El tercer socio del tripartito catalán, ERC, no quiere tirar la toalla, piensa que todavía hay algo que rascar y que la ministra puede ser mucho más generosa y acabar por ofrecerles los 3.800 millones de euros de más, que los republicanos vienen reclamando desde que se iniciaron las conversaciones hace más de un año.
Desde Madrid aprietan a la parte catalana para cerrar el acuerdo de una vez por todas, pero todo apunta a que este fin de semana no será el definitivo, como se preveía en principio y como deseaba el Ministerio.
Los republicanos han convocado una reunión extraordinaria de su ejecutiva para mañana. El futuro de la financiación y, quizá, el del propio Govern dependerán mucho de lo que se decida en esa reunión. Y lo que se acuerde en ese encuentro tendrá que ver con lo que Salgado anuncie presumiblemente esta mañana. ¿Subirá su oferta la ministra?
Si no lo hace, los de ERC se mantendrán en sus trece. Hasta ahora, había quien pensaba que iban de farol. Pero ayer, tras una reunión de la dirección de más de tres horas, emitieron una declaración en la que dejaron muy claro que, pese a los «avances significativos» en las negociaciones de los últimos días, no hay acuerdo posible sin los 3.800 millones y un modelo que sitúe a Cataluña por encima de la media en la lista de financiación por persona.
Esta postura de los independentistas condiciona al Govern en pleno. Cuando se iniciaron las negociaciones sobre la financiación, los tres socios tripartitos pactaron que en este asunto irían todos a una y que, si uno de ellos no firmaba el pacto, el resto seguiría su ejemplo.
Este pacto sigue en pie, según reconocieron ayer fuentes de la Presidencia de la Generalitat. De hecho, y a pesar de que transmitieron sus buenas vibraciones con la última oferta estatal, ni el president, el socialista José Montilla, ni el líder de ICV, Joan Saura, quisieron ayer dar por cerrado el acuerdo para ver qué decidían sus aliados republicanos.
Por eso, mantuvieron silencio hasta que, por fin, tras la larga reunión de ayer por la tarde, el secretario general de ERC, Joan Ridao, compareció ante los medios de comunicación para leer la breve declaración dictada por la dirección del partido, sin admitir después preguntas.
Cuando se conoció la respuesta de ERC, el PSC optó por mantener la calma. Fuentes del Departamento de Economía, capitaneado por Antoni Castells, encargado de las negociaciones, aseguraron que no ven la decisión de Esquerra como un no definitivo a la financiación. Y se sumaron a la tesis de los republicanos de que es posible que el Gobierno central se estire un poco más y acabe por dar los 3.800 millones que reclama el partido de Joan Puigcercós.
«De momento, estamos todos en el mismo barco», coincidieron fuentes de Presidencia, tras insistir en que todavía hay «algunos flecos que resolver», algunos desacuerdos con la propuesta de Salgado, en los que coinciden los tres socios.
La principal discrepancia se refiere al principio de ordinalidad. Cuando Cataluña recauda los impuestos se sitúa con 124 puntos en la clasificación de financiación por persona. Ese dinero se entrega al Estado, que se encarga de repartirlo entre las autonomías. Así Cataluña contribuye a la solidaridad con otras comunidades más pobres. Después, Cataluña recupera parte de ese capital, ya sea a través de inversiones estatales en infraestructuras catalanas, ya sea a través del Fondo de Suficiencia. Pero, tras recibir ese capital, esta comunidad baja en el ranking y se queda con 92 puntos, es decir, por debajo de la media e, incluso, por debajo de otras comunidades que aportaron menos inicialmente.
El tripartito en bloque exige al Gobierno que garantice que Cataluña no estará nunca por debajo de esa media. Pero ERC es el único que ha cifrado el asunto: quiere que los catalanes tengan como mínimo 105 puntos en la clasificación tras haber contribuido a la solidaridad.
La última oferta de Salgado hace referencia también a este asunto. La ministra propone que Cataluña alcance los 103 o 104 puntos en un plazo de cuatro años. Algo que, de momento, no es compatible con las exigencias de los independentistas.
Para abordar estos «flecos» que todavía subsisten en las negociaciones, se sucedieron ayer las llamadas y las reuniones. Montilla habló por teléfono con Salgado. También se encontró por la mañana con Castells, quien le puso al tanto de la situación de las negociaciones. El conseller no paró, porque también informó a Saura y a Puigcercós, que a última hora de ayer se entrevistó con el president.
Tras estas conversaciones, no hay nada roto en el tripartito, pero tampoco se puede decir que todo esté entero. La brecha entre ERC y sus socios se ha ido abriendo en los últimos días y podría conducir a una ruptura. Si Montilla logra superar los escollos que todavía subsisten, es posible que decida firmar el acuerdo, aunque sea por menos de los famosos 3.800 millones.
Al fin y al cabo, a Montilla no sólo le conviene estar a buenas con sus socios catalanes, sino también con sus aliados del PSOE. Si ERC se desmarca del acuerdo, porque no consigue sus objetivos, se verá obligada a abandonar el Govern -como ya ocurrió en 2006 cuando rechazó el Estatut- y Montilla tendrá que convocar elecciones, pues carece de apoyo suficiente para gobernar en solitario.
Y mientras, los de CiU, ansiosos por volver al poder en Cataluña, se frotan las manos. Anoche denunciaron la «falta de coordinación» y de «madurez» del tripartito y calificaron de «ridículas» las idas y venidas que los socios de Govern protagonizaron. También insistieron en que lo que Cataluña necesita son 5.000 millones.
El acuerdo rechazado
>La vicepresidenta Elena Salgado ofreció el jueves a Cataluña 3.100 millones adicionales al año, además de partidas específicas para prisiones y la red de Cercanías de Renfe.
>ERC la rechaza porque es inferior a los 3.800 millones de euros y no garantiza que Cataluña quede cinco puntos por encima de la media en recursos 'per cápita'
Zapatero dará más dinero a Cataluña y Andalucía por el aumento de población
Daba ayer prácticamente por cerrado el acuerdo tras hablar por teléfono con Montilla en la noche del jueves desde ItaliaEl presidente del Gobierno dio ayer, en Italia, prácticamente por cerrado el acuerdo sobre el modelo de financiación. «Está muy cerca, muy cerca. Nuestro objetivo», precisó, «es convocar en torno al 15 de julio al Consejo de Política Fiscal y Financiera». Y añadió: «El trabajo que hemos realizado para llegar al pacto merecerá un cum laude». Zapatero explicó que ayer mismo por la mañana, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, se mantenía al habla con todas las comunidades para hacer «precisiones», cerrar detalles y recibir «las últimas peticiones» que, dijo, «serán atendidas».
El presidente del Gobierno habló de este asunto al término de la Cumbre del G-8 celebrada en L'Aquila (Italia). Confirmó que, el jueves, Salgado se reunió con «representantes de Cataluña y Andalucía» y, ya por la noche, fue él mismo, desde la sede de la Cumbre, quien contactó por teléfono con el presidente de la Generalitat, José Montilla.
Tras estas conversaciones, Zapatero se mostró seguro de que el acuerdo era algo hecho. Y más aún: garantizó que el modelo pactado dará satisfacción a todas las comunidades porque «todas ganarán más, tendrán más recursos y el reparto de los mismos será más equitativo». Convencido de que el pacto está listo, ayer no tenía previsto participar personalmente en la ronda de últimos contactos.
El presidente insistió muy especialmente en el baremo de la población, como «clave» para la distribución de los fondos, ya que en función de este criterio «se proyectarán los recursos de cada una».
Así, aseguró que las comunidades que, como Cataluña y Andalucía -especialmente la primera de ellas-, han conocido un incremento muy importante de habitantes en los últimos cinco años, «mejorarán claramente posiciones» respecto a la situación financiera que han tenido hasta ahora. «Ambas», confirmó, «van a tener bastantes más recursos». También se refirió a Baleares como una de las grandes beneficiarias del nuevo modelo. «Pero», puntualizó, «incluso las que han crecido muy poco, e incluso nada, también tendrán más recursos».
Quizá consciente de que había citado con especial énfasis el caso de las dos comunidades socialistas más importantes, Zapatero se apresuró a recalcar que en el diseño del nuevo marco de financiación autonómica «el color político no ha condicionado al Gobierno», y repitió una vez más que «todas tendrán más, especialmente para cubrir las necesidades en Educación y en Sanidad».
«Los objetivos del nuevo modelo» explicó, «son dos: que todas obtengan más recursos y que el reparto sea más equitativo». El acomodo de estos dos principios fundamentales con las demandas y necesidades particulares de cada autonomía ha requerido del Estado, según Zapatero, «un esfuerzo extraordinario» que se saldará con una «satisfacción amplia» de todas ellas.
En cualquier caso, consciente de que en cuanto se haga público el modelo habrá un baile de cifras y cálculos y que de él se extraerán conclusiones de orden político, el presidente reclamó «cierta prudencia estimativa» sobre los efectos económicos para cada comunidad. En su opinión, hay que dejar que el nuevo sistema empice a funcionar, darle un tiempo razonable, para poder opinar con criterio sobre sus efectos.
Zapatero advirtió de que las cantidades concretas dependerán finalmente de los ingresos que obtenga el Estado, de la evolución del aumento de la población y de la actividad económica de cada comunidad.
Aprovechando que minutos antes, en la Cumbre, el tema central de debate había sido el incremento de ayuda a los países más pobres para garantizar su seguridad alimentaria y erradicar el hambre, el presidente lanzó un mensaje a las comunidades para que dediquen parte de sus nuevos fondos a aumentar su compromiso con el desarrollo.
Por último, el presidente se refirió al atentado de ETA contra la sede del PSE en Durango para descartar que «responda a la situación política en Euskadi» y que se trate de una estrategia de la banda contra el nuevo Gobierno vasco
Las comunidades del PP votarán en contra pero sin renunciar al dinero
Montoro califica el planteamiento del Gobierno de «estrictamente partidista»
Una de las grandes decisiones para el modelo de Estado, el reparto del dinero para las comunidades autónomas, se tomará sin acuerdo entre los dos grandes partidos políticos.
Las autonomías gobernadas por el PP -hasta nueve, si se incluye a Ceuta y Melilla- votarán en contra la próxima semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que decidirá el nuevo modelo de financiación. Así lo vaticinó ayer el coordinador económico del PP y ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. «Me extrañaría que alguna votara a favor», afirmó. No obstante, matizó que desde la sede de Génova se intentará una posición común sin dar instrucciones de voto.
Pero las comunidades gobernadas por el PP lo tienen fácil políticamente. Pueden votar en contra sin renunciar al aumento del dinero que, según promete el Gobierno, cosecharán a corto plazo en el nuevo modelo. En el CPFF basta con que una sola comunidad autónoma vote junto a la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, para que salga adelante. Y hay siete comunidades gobernadas por el PSOE: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cantabria (en coalición), Extremadura y, sobre todo, Cataluña.
Posteriormente, el Gobierno promulgará una Ley que forzará a Salgado a cerrar con cada comunidad el reparto del dinero. Es en ese momento, cuando las comunidades del PP pueden firmar -lo más probable- o descolgarse como hicieron en 1996 Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, que prefirieron seguir con el modelo antiguo de Felipe González antes que con el nuevo de José María Aznar.
Montoro consideró compatible votar en contra y aceptar el nuevo modelo, porque «con la que está cayendo, cualquiera renuncia a nuevos recursos».
Pero criticó el modo y el calendario con que el Gobierno está planteando el nuevo modelo de financiación. «Es estrictamente partidista», afirmó, tras criticar el concepto de negociar «no con Cataluña, sino con el tripartito, que no es lo mismo».
En opinión de Montoro, «en un momento gravísimo en términos presupuestarios como el actual», no es el momento de reformar el modelo de financiación.
El conseller de Economía de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps (PP), elevó a 1.900 millones de euros el dinero extra que deberá recibir tras conocer que Cataluña obtendrá al menos 3.100 millones. Al igual que el vicesecretario del PP, Javier Arenas, criticó el «oscurantismo» de Salgado. Hasta la noche de ayer, en el Ministerio ni cogían el teléfono a los consejeros del PP. «Se negocia sólo con unos y luego se quiere que se reconozca» por todos, lamentó Camps.
En el campo socialista, la consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, -tan clave políticamente como el catalán Castells para el Gobierno central- calificó de «normal» que no se conozcan a estas alturas las cifras del modelo y dijo que espera recibir hasta 1.700 millones más. La consejera afirmó tener una «percepción positiva».
Sin embargo, la portavoz del Gobierno balear, Joana Barceló, aseguró que la oferta «no es suficiente» y que no lo firmará.
Congelado el gasto en Dependencia El secretario general de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda, Luis Espadas, anunció ayer que, «en principio», el gasto en materia de Dependencia para atender a ancianos y discapacitados «se va a congelar» en 2010. «No está proyectado que podamos incrementarlo», advirtió, según informa Europa Press. Espadas dio por hecho que habrá «bronca política» y acertó. Apenas horas después de sus declaraciones en Santander, la coordinadora de Participación Social del PP y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, exigió a Salgado que desmienta a Espadas para evitar una «catástrofe social» y «un incumplimiento gravísimo».Etiquetas: Independencia Cataluña
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