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martes 7 de julio de 2009

EDITORIALES: Atrapado en una absurda ratonera/ 11-M: la verdad pasa por saber lo que estalló/ Se debe investigar a Saiz



EDITORIALES DEL DÍA
ATRAPADO EN UNA ABSURDA RATONERA

LA CAUSA abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra Francisco Camps dio ayer un importante salto cualitativo. El juez que instruye el caso dictó un auto en el que considera que existen serios indicios del llamado cohecho impropio y que, por ello, debe celebrarse una vista previa el próximo día 15 de julio para decidir si Camps y el resto de los imputados tienen que sentarse en el banquillo.

Ello coloca a Camps al borde del abismo político, ya que se vería abocado al penoso calvario de someterse a un juicio con jurado popular si, como es muy probable, el instructor decide seguir adelante con el proceso. Algo muy difícilmente compatible con el cargo público que ocupa. No resulta extraño, pues, que Camps se sienta atrapado en una absurda ratonera, como el roedor que mira en la fotografía que publicamos en nuestra portada.

El juez explica en el auto que todo apunta a que Camps no pagó cuatro trajes y unos zapatos, pero subraya también que no hay ningún indicio de que el presidente de la Generalitat Valenciana favoreciera a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez. Por tanto, acusa a Camps de haber vulnerado el artículo 426 del Código Penal, que tipifica el cohecho impropio, que consiste en «aceptar regalos en función del cargo para la consecución de un acto no prohibido legalmente».

El delito de cohecho impropio está castigado con una multa de tres a seis meses -unos dos o tres mil euros, según se calcula-, una de las sanciones más benévolas del Código Penal. Y, además, se da la paradoja de que sólo considera delictiva la conducta del funcionario que acepta el regalo pero no la del particular que lo entrega. Por ello, el juez instructor no ha imputado a Álvaro Pérez y su socio Pablo Crespo, que ordenaron el pago de esas prendas, según el auto.

Ello plantea la cuestión de si tiene sentido este artículo del Código Penal que exime de responsabilidad al que busca un trato de favor de la Administración y castiga al funcionario aunque no exista ese trato de favor. La redacción del artículo 426 roza lo surrealista, pero nada cabe reprocharle al juez que se ha limitado en este caso a aplicar la norma vigente, por absurda que pueda parecer.

A este respecto, el instructor señala en su auto que «no es posible llegar a la conclusión de que los hechos no hayan existido» y que la acusación encierra «una verosimilitud» que le impide archivar la causa.

Este párrafo sugiere que el juez cree que Camps no ha pagado los trajes. Y de hecho esa es la tesis que sustenta en base a la documentación incautada, a los testimonios que obran en el sumario y a los tickets de caja del establecimiento. Camps estaba convencido de que el juez archivaría la causa tras escuchar su versión, pero ha sucedido lo contrario. Ello le coloca en una difícil situación, ya que empeñó además su palabra públicamente en que había pagado sus trajes. Le queda, sin embargo, el recurso ante la Sala de lo Penal, que podría archivar la causa si Camps logra desmontar la tesis acusatoria. No es imposible, por lo que conviene aplazar cualquier valoración a ese desenlace.

Dolores de Cospedal y otros dirigentes del PP insistieron ayer en la presunción de inocencia de Camps, pero el asunto se les ha escapado de las manos, ya que si no gana ese recurso, el presidente de una institución como el Gobierno valenciano tendrá que sentarse seguramente en el banquillo y ser juzgado por los ciudadanos. ¿Cómo va a reclutar el tribunal esos nueve hombres justos y sin prejuicios que van a decidir sobre el futuro de quien lidera el principal partido de la Comunidad?

A Camps no se le acusa de corrupción, pero sí de un comportamiento impropio, más censurable probablemente desde el punto de vista ético que jurídico. Pero hoy por hoy se trata de un delito y, por kafkiana que parezca su situación, a nadie se le escapa la erosión que para el prestigio de la clase política supondría ver al presidente de la Generalitat juzgado por sus conciudadanos a cuenta de si pagó o no los trajes.

Camps siempre ha demostrado su sentido institucional, por lo que estamos convencidos de que renunciaría al cargo si los jueces decidieran que tiene que afrontar una vista oral de esas características.

POLéMICA SOBRE LA QUERELLA CONTRA MANZANO:
11-M: la verdad pasa por saber lo que estalló

LA INICIATIVA de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M de querellarse contra el comisario Sánchez Manzano cosechó ayer diversas reacciones. El sindicato policial SUP se manifestó a favor de «saber la verdad cuanto antes» ya que, según su portavoz, «no puede quedar ninguna duda de lo que sucedió». El SUP, sin embargo, no está de acuerdo en la querella contra Sánchez Manzano, al que considera «el eslabón más débil de la cadena». Por su parte, Pilar Manjón se mostró abiertamente en contra de la querella, subrayando que cree en «su buena fe». La fe de cada uno es subjetiva, pero la querella no se basa en lo que creyera el comisario Manzano sino en sus incomprensibles decisiones y en sus falsos testimonios. Su actuación fue clave para que no hubiera un análisis científico fiable de los explosivos, desafiando el sentido común y los protocolos policiales. Eso es lo que debería explicar ante el juez.

DISCRECIóN PERO TAMBIéN TRANSPARENCIA:
Con la renuncia no basta; se debe investigar a Saiz

FELICITACIONES y agradecimientos. El acto de posesión del general Sanz Roldán como nuevo responsable del CNI sirvió ayer para escenificar la huida hacia adelante del Gobierno en relación al caso Saiz. La ministra Chacón aprovechó para distinguir al director saliente: «Has tomado la decisión de abandonar. Enhorabuena por los logros conseguidos, gracias por los servicios prestados, te deseo lo mejor». Ninguna alusión a la vergonzosa relación de reformas y caprichos -del robot limpia-piscinas a una bodeguilla que remite a épocas pasadas, pasando por la ya célebre mesa para cultivar tomates- que Saiz presuntamente abonó con hasta 350.000 euros asignados al centro. La titular de Defensa insistió en «mirar al futuro», pero antes habría que mirar al pasado para saber si el ex director de la Casa no incurrió en comportamientos delictivos. Lo publicado por nuestro periódico revela serios indicios de malversación de fondos públicos. Por ello, el PP pidió ayer que la Fiscalía abra diligencias. Es lo mínimo que puede hacer para que nadie pueda acusarla de doble rasero.

EL BERNABéU, NUEVO 'TEATRO DE LOS SUEñOS':
Ronaldo, hombre récord también en su presentación

DESDE LA puesta de largo de Maradona no se manejaban en el mundo del fútbol guarismos tan apabullantes como los que deja la primera imagen de Cristiano Ronaldo con la camiseta blanca. 80.000 personas, lleno absoluto, se apretaron ayer en el Bernabéu para saludar al que ya es nuevo icono global del madridismo. Si Nápoles encontró en el 10 argentino a su referente deportivo y espiritual, lo mismo podría decirse del jugador robado al Manchester. «Gracias por ser protagonistas de esta imparable fuerza de ilusión y de sueños», saludó a la afición Florentino Pérez, quien ha conseguido trasladar el teatro de los sueños, precisamente, a suelo ibérico. Ronaldo compareció en un escenario propio de Superbowl para dejar muestra de su habilidad con el balón -en eso superó la sobriedad de Kaká - y mostrarse al mundo como showman: enardeció a la afición con un cántico de creación propia y se revistió del oropel de mitos como Di Stéfano o su paisano Eusebio. En una ceremonia que tuvo aire casi religioso, Ronaldo sumó otro récord al del precio de su fichaje.

11-M: SUP y CEP creen que las querellas del 11-M deberían apuntar «más arriba»



SUP y CEP creen que las querellas del 11-M deberían apuntar «más arriba»

Recuerdan que Sánchez Manzano dependía jerárquicamente de otros mandos

JOAQUÍN MANSO/Madrid

Los sindicatos policiales mayoritarios valoraron ayer de manera muy parecida la decisión de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M de querellarse contra el ex comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, al que acusan de haber ocultado pruebas clave para averiguar qué explosivo se utilizó en los trenes. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) coincidieron en que, si existe algún responsable de que no se sepa la verdad sobre el 11-M, estaría «más arriba» de Sánchez Manzano.

En concreto, sus portavoces recordaron que, cuando se produjo el atentado, la Unidad Tedax estaba adscrita a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, cuyo máximo responsable era entonces Santiago Cuadro. Durante el juicio por la matanza, el ex subdirector general operativo de la Policía Pedro Díaz-Pintado acusó a Cuadro de haberle informado hacia las 13.00 horas del 11-M de que el explosivo utilizado había sido «Titadyn con cordón detonante», lo que habría llevado al Ministerio del Interior a sostener en público la autoría de ETA.

El portavoz del SUP, José María Benito, dijo ayer que su sindicato mantiene «que la verdad del 11-M se tiene que saber; no puede quedar ninguna duda sobre el mayor atentado que ha habido en la Historia de España». «No podemos estar eternamente debatiendo sobre si el juicio ha estado bien o sobre si se han ocultado pruebas», añadió, y matizó que el SUP apoyará cualquier investigación que ayude a despejar cualquier duda que pueda surgir sobre la profesionalidad de la Policía antes y después de la matanza.

No obstante, Benito señaló que no comparte la querella contra Sánchez Manzano. «Había que querellarse contra los que no han querido que se sepa la verdad o lo están impidiendo», mantuvo. En este sentido, afirmó que si es cierta la hipótesis de que se ocultaron pruebas, el responsable no sería Sánchez Manzano, sino que estaría «más arriba», ya que el ex comisario se encontraba en dependencia jerárquica de los altos mandos de la Policía, empezando por Santiago Cuadro y siguiendo por el Ministerio del Interior y el propio juez Juan del Olmo.

En el mismo sentido apuntó el portavoz del CEP, Lorenzo Nebreda, que recordó que Sánchez Manzano no era un experto en protocolos de explosivos ni en química, y que por este motivo todos los sindicatos primero criticaron su nombramiento y luego pidieron su dimisión. «Manzano era un gestor», puntualizó Nebreda, y en ese cometido «había responsables de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, y otros cargos políticos, que estaban por encima de él».

El portavoz del CEP añadió que, cuando Sánchez Manzano compareció en el Congreso y luego en el juicio, «seguramente se limitó a transmitir la versión oficial que se le había ordenado».

Nebreda, no obstante, defendió el derecho de las víctimas a encontrar su verdad «de la forma en que crean conveniente».

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) declinó posicionarse de una manera clara sobre la querella hasta que su equipo jurídico haya informado convenientemente a su Junta Directiva. Después, ésta decidirá sobre un abanico que incluye la posibilidad de sumarse a la acción penal o mostrarle apoyo en una declaración pública.

También ayer, Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, declaró a Servimedia que no comparte la querella contra el ex jefe de los Tedax. Dijo que cada asociación es libre de querellarse, pero opinó que Sánchez Manzano «ya ha sufrido lo suficiente».

Manjón sostuvo que cree en la «buena fe» de personas como Sánchez Manzano, del que afirmó que actuó lo mejor que pudo al investigar los atentados de Madrid. Insistió en que cada asociación puede querellarse contra quien considere oportuno, y añadió que ella misma tiene «mucha más gente» contra la que querellarse: «Pero tengo la mala suerte de que el fiscal me informa negativamente».

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CORRUPCIÓN EN LA DIRECCIÓN DEL CNI: «Alberto, enhorabuena y gracias. Te deseo lo mejor»/ El PP reclama que la Fiscalía investigue a Saiz como a Bárcen



POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Relevo en el CNI
«Alberto, enhorabuena y gracias. Te deseo lo mejor»

Chacón despide a Saiz en la toma de posesión de Félix Sanz, al que pide «la discreción que siempre debe ser marca del CNI»

«Alberto, has tomado la decisión de dejar el puesto», demostrando «tu sentido de la responsabilidad. Enhorabuena por los logros conseguidos y gracias por los servicios prestados. Te deseo lo mejor». Breve, sin alabanzas, pero amable y cordial, Carme Chacón despidió ayer al hombre que ha dirigido los servicios secretos durante los últimos cinco años.

Alberto Saiz asistió al que seguramente fue el acto más ingrato de su vida: el de su relevo. Durante todo el fin de semana se había especulado si el ex director del CNI, que el jueves pasado presentó su dimisión, acudiría a la toma de posesión de su sucesor, el general Félix Sanz. Finalmente, lo hizo, en un acto medido para atenuar lo máximo posible la incomodidad que se respiraba ayer en el Ministerio de Defensa.

Pasado el mediodía, a un lado de la 10ª planta del Ministerio esperaban las autoridades del departamento. Entre ellos, algunos directivos del CNI, como la secretaria general, Elena Sánchez. En el otro extremo, el resto de invitados, incluyendo la reducida presencia gubernamental, que no incluía a ningún ministro.

Por Moncloa, acudió el secretario general de la Presidencia, Bernardino León. Por Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Velázquez. Y por ex de Defensa, Eduardo Serra. Ni rastro de José Bono, ni de María Teresa Fernández de la Vega ni de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Poco después de las 13.00 horas, hicieron su entrada Alberto Saiz y Félix Sanz. Vestidos ambos de civiles, se acercaron al estrado y se dieron un apretón de manos. Uno forzaba una media sonrisa. El otro, la ofrecía de forma sincera.

La imagen trasladaba que el traspaso de poderes en el CNI se hará rápido y sin problemas, una de las cosas que preocupaba al Gobierno y al general Sanz.

De hecho, Saiz no intervino en el acto. Sí lo hizo el nuevo jefe de los espías, aunque sólo para jurar el cargo. La única que pronunció unas palabras fue la ministra de Defensa. Y aunque su discurso sonó cordial y conciliador, hubo mensaje en él.

Chacón agradeció a Saiz los servicios prestados y recordó que los últimos cinco años han sido «un periodo de gran eficacia». Pero no hubo alabanzas a su persona. Es público y notorio que no mantenían una buena relación y la titular de Defensa, en la línea seguida en las últimas semanas por ella y por su departamento, se mantuvo dentro del guión y no ensalzó al ex jefe de La Casa.

Todo lo contrario hizo con Félix Sanz. «Has dado sobrada cuenta de tus dotes de liderazgo», «eres planificador y negociador», «sabes dialogar, pero también mandar», fueron algunos de los elogios recibidos por el nuevo director del CNI.

A él, y a todos los presentes, dejó además claro la ministra el principal objetivo a corto plazo de «la nueva etapa que comienza»: volver a la discreción. Sacar al Centro de los titulares de prensa, gestionar sin publicidad los servicios secretos -lo que Chacón llamó la «labor silenciosa» del CNI- y arreglar el desaguisado interno dejado por Saiz.

La ministra habló de «discreción» en sus alabanzas a Sanz, cuando recordó que en ella y en «el trabajo» se basa la trayectoria del general. Y la situó en lugar preeminente cuando, proclamando el inicio de una nueva etapa en los servicios secretos españoles, pronosticó que «los éxitos se ampliarán, con la discreción que debe ser siempre marca del CNI».

Sólo quedaba dejar claro que, a partir de aquí y oficialmente, para el Gobierno se hace borrón y cuenta nueva. «Lo esencial es mirar al futuro y ponernos a trabajar en la seguridad de los españoles», concluyó Chacón.

Con sus palabras, y con el abrazo que al final se dieron Sanz y Saiz, se cerró el acto, escasos minutos después de haberse iniciado. Los periodistas -muchos, casi más que invitados- fueron desalojados. A lo mejor, para empezar desde ya con la citada discreción.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Relevo en el CNI
El PP reclama que la Fiscalía investigue a Saiz como a Bárcenas

«Por utilización fraudulenta de fondos públicos para fines privados»

Zapatero embustero

La dirección del PP está convencida de que la Fiscalía tiene una doble vara de medir: una para los presuntos hechos delicitivos cometidos por los dirigentes populares y otra para los altos cargos del PSOE. Por eso, ayer, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pidió al fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, que demuestre «su independencia» y abra de inmediato una investigación al ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz, «por una supuesta utilización fraudulenta de fondos públicos para fines privados».

Los supuestos delitos de Francisco Camps o Luis Bárcenas, para el PP, no implican uso de fondos públicos, por lo que no les parecen «comparables».

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, trató ayer de dejar en evidencia a la Fiscalía y le pidió que «trate a todos por igual» cuando exigió al fiscal general que investigue al ex director del CNI por «una supuesta utilización fraudulenta de fondos públicos», dado el presunto uso de medios del centro para asuntos privados, tal y como ha venido revelando EL MUNDO. El alto cargo dimitió la semana pasada por todos estos hechos.

Tras la reunión del Comité de Dirección de su partido, la número dos del PP expresó su deseo de que el fiscal «demuestre su independencia» e investigue al alto cargo socialista, al igual que lo ha hecho con los dirigentes del PP imputados y encausados en el caso Gürtel.

De Cospedal criticó la pasividad de la Fiscalía ante las presuntas irregularidades desveladas por este diario: «Nos parece tremendamente grave que, conocidos estos hechos, la Fiscalía no haya realizado ninguna actuación, no haya tomado cartas en el asunto y no haya practicado ninguna investigación de oficio».

Cospedal comparó los casos del tesorero del PP, Luis Bárcenas, o del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, con el de Saiz para resaltar que en este caso, «no ha habido ni una sola actuación desde la Fiscalía», al contrario de lo que ha ocurrido con los otros dos dirigentes populares, a pesar de que en el caso de Saiz ha habido «una posible utilización fraudulenta de fondos públicos para obtener un beneficio personal». Por eso, reclamó que el Ministerio Público «trate a todos por igual», sean o no del PP.

De Cospedal recordó que el Grupo Popular en el Congreso ha pedido al presidente de la Cámara, José Bono, que ordene que toda la información y documentación que Saiz presentó en la Comisión de Gastos Reservados sea trasladada a la de Defensa.

Fuentes del Grupo Popular resaltaron que han pasado más de 10 días desde esa petición y no han obtenido respuesta. En opinión de la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, al tener la Comisión de Gastos Reservados carácter secreto, la documentación que Saiz presentó quedó en poder del secretario general de la Cámara Baja, «por lo que los papeles sólo pueden ser consultados por los portavoces de los grupos, en presencia de un funcionario y no se pueden hacer fotocopias». Además, De Cospedal añadió que esos documentos no afectan a la seguridad del Estado.

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CAMPS, al borde del banquillo/ El PP sigue respaldando a su barón hasta el final




POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / La acción de la Justicia
Camps, al borde del banquillo

El juez le imputa cohecho por aceptar cuatro trajes y unos zapatos por 5.410 euros. También ve indicios contra Costa, Campos y Betoret, y les emplaza ante un Jurado

MARÍA PERAL/Madrid

El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Francisco Camps, tiene desde ayer un pie en el banquillo de los acusados. En contra de las expectativas del Ejecutivo valenciano y del PP, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), el magistrado José Flors, no ha archivado la investigación sino que, bien al contrario, ha hallado «suficientes indicios racionales» de criminalidad para imputar un delito de cohecho al «Muy Honorable Señor Presidente de la Generalitat Valenciana», como se refiere a Camps en una resolución dictada ayer.

Salvo que lo remedie la Sala de lo Civil y Penal del TSJV, ante la que cabe recurrir la decisión de Flors, Camps está abocado a un juicio ante el Tribunal del Jurado, competente para juzgar los delitos de cohecho. Nueve ciudadanos legos en derecho elegidos por sorteo decidirían si el jefe del Gobierno autonómico debe ser condenado por aceptar cuatro trajes a medida, tres americanas y un par de zapatos -todo ello por valor de 5.410 euros- que, «en un grado de realidad muy probable», le habría regalado el entramado empresarial de Francisco Correa durante 2006 y 2007.

Sería el primer juicio por Jurado de la historia en el ámbito de un Tribunal Superior de Justicia, ante el que están aforados los miembros del Gobierno regional y también los parlamentarios autonómicos. Ello quiere decir que, aunque Camps dimitiese como presidente de la Generalitat, seguiría siendo juzgado por un Jurado ante el TSJV si se mantiene como diputado en las Cortes valencianas.

Sólo la renuncia a todos sus cargos le haría perder el fuero. En ese caso, sería juzgado igualmente por un Jurado, pero ya en el ámbito de la Audiencia Provincial y sin desempeñar función política alguna, una especie de inhabilitación anticipada que, sin embargo, no está prevista como pena en el delito que Flors le imputa: el cohecho que describe el artículo 426 del Código Penal castiga únicamente con una sanción de multa de tres a seis meses a «la autoridad o funcionario que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función». En otras palabras, Camps está en trance de perder su carrera política por un delito que, de ser probado, supondría el pago de una multa y ni siquiera le inhabilitaría.

La resolución que el instructor emitió ayer contra Camps y tres de sus colaboradores -Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret- no es aún la apertura de juicio oral, pero la hace altamente previsible. La ley del jurado prevé una comparecencia de acusaciones y defensas -que se celebrará el próximo día 15- y una audiencia preliminar durante las que el juez puede todavía archivar el procedimiento. Es, no obstante, bastante improbable que lo haga si se tiene en cuenta que el auto de ayer, en el que Flors refleja claros indicios de criminalidad contra los cuatro aforados, ha sido dictado después de haber oído las explicaciones de los imputados y una vez conocidos los argumentos de sus defensores a favor del cierre del proceso.

De esta forma, sólo la eventual estimación de los recursos que van a interponerse ante el Tribunal Superior libraría del banquillo a Camps.

En ese banquillo, curiosamente, sólo estarían las autoridades que presuntamente recibieron regalos indebidos, pero no quienes se los dieron. Serían juzgados los corrompidos, pero no los corruptores. A diferencia de otros tipos de cohecho, el que está tipificado en el artículo 426 deja impune la conducta de quienes hayan ofrecido las dádivas, en este caso (según el auto del instructor) Álvaro Pérez, administrador de Orange Market, y Pablo Crespo, mano derecha de Correa.

Flors, que ha realizado una vertiginosa investigación en sólo dos meses, afirma que Pérez y Crespo acordaron con José Tomás, el director comercial de Milano (un establecimiento de Madrid especializado en prendas de vestir) abrir una cuenta en la que se iba anotando el precio de las compras que ellos, u otras personas introducidas por ellos, realizasen en ese comercio.

En 2005, Tomás se desplazó a Valencia por indicación de Álvaro Pérez con el fin de tomar medidas a Ricardo Costa, actual portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas; Víctor Campos, en aquel momento vicepresidente del Consell de la Generalitat, y Rafael Betoret, en aquel momento jefe del gabinete del consejero de Turismo.

Existe constancia documental de que, una vez tomadas las medidas, Costa se encargó tres trajes en 2005 por valor de 2.400 euros; tres pantalones, un traje y dos americanas en 2006, y un traje y seis pantalones en 2007, éstos últimos ya en el comercio Forever Young, en el que pasó a trabajar José Tomás.

Betoret encargó seis trajes a medida, un abrigo a medida, otro de confección, tres americanas y un pantalón en 2005, y una americana, cinco trajes y un abrigo entre finales de 2006 y principios de 2007.

Campos recibió tres trajes, dos americanas y cinco pantalones por valor de 4.850 euros en 2005 y un chaqué en 2006.

Por lo que se refiere a Camps, el instructor le atribuye haber recibido tres americanas por valor de 2.400 euros a principios de 2006, cuatro trajes a medida por valor de 2.880 euros tras el verano de 2006 y unos zapatos «de una reputada marca comercial» valorados en 130 euros que se llevó en una visita personal a Forever Young en la primavera de 2007.

El juez consigna sólo aquello que ha podido verificar documentalmente. Excluye, por esa razón, otras prendas de las que ha hablado José Tomás en sus declaraciones judiciales, como corbatas o un esmoquin.

«No existe constancia de que los receptores de esas prendas abonaran su precio ni directa ni indirectamente al establecimiento vendedor», señala Flors. Particularmente, en el caso del presidente de la Generalitat «no existe constancia de que fueran abonados en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de los trajes, como afirmó el señor Camps», subraya el instructor, dejando en entredicho que el Muy Honorable dijera la verdad en su declaración.

Aunque recuerda que Orange Market fue adjudicataria de contratos con la Administración valenciana por valor de siete millones de euros entre 2005 y 2009, Flors no ha encontrado indicios de que las empresas de Correa hicieran esos regalos a cambio de adjudicaciones. «La finalidad perseguida», dice, «no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación».

A su juicio, no se trataba de regalos «admisibles» de acuerdo con los usos sociales. Aunque el precio de las prendas pudiera parecer «escaso o aun ridículo», señala, ello «no excluye» su carácter delictivo salvo que se «degraden los principios que deben regir en todo caso la actuación de quienes ejercen funciones públicas».

El Jurado

>Nueve más uno. El Tribunal del Jurado se crea en 1995 y tiene competencia sobre algunos delitos, entre ellos el cohecho impropio. Lo componen nueve ciudadanos y lo preside un magistrado.

>Candidatos. Se elige por sorteo a 36 ciudadanos. Pueden recusarse por causas tasadas. Se les convoca y se van sacando sus nombres de una urna para que las partes les hagan preguntas. Pueden rechazar a cuatro las acusaciones y otros tantos las defensas, hasta que se seleccione a nueve titulares y dos suplentes. Los que se nieguen serán multados, con alguna excepción.

>Siete votos. Celebrado el juicio, el juez someterá a votación cada uno de los hechos probados. A continuación, se vota sobre la culpabilidad: serán necesarios siete votos para condenar a un acusado y cinco para absolverle. Si al tercer intento no se obtiene esa mayoría,se repite el juicio con otro jurado.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Las reacciones
El entorno de Camps liga su futuro a que se admita su recurso y no haya juicio

El auto hace saltar las alarmas en el partido y el horizonte se define como incierto

«Resistir es vencer», pero no siempre y no en todas las circunstancias. A Negrín no le valió la consigna. A Francisco Camps puede que tampoco. El presidente de la Generalitat Valenciana vivió ayer otro día en el infierno, pese al envío urgente del salvoconducto de Génova con la voz de Cospedal. Se encerró en su despacho rodeado de su entorno más directo, con su abogado Javier Boix muy cerca. Arropado en lo personal -se vio con la alcaldesa Rita Barberá-, respaldado en lo político, pero también solo en la decisión de hasta cuándo aguantar en el cargo.

La imagen de Camps sentado en el banquillo causa verdadero estupor en la Generalitat, hasta el punto de que dirigentes del PP creen que el presidente podría tirar la toalla antes de llegar ese momento.

Fuentes de su entorno más directo aseguraron ayer que tienen la esperanza de que pueda prosperar el recurso para evitar un desenlace precipitado. Se basan especialmente en la versión de José Tomás, conocido como El sastre, que se da en todo momento por buena pese a las denuncias de su ex empresa Forever Young.

Es conocido que Camps ejerce con devoción su cargo y que asume con entrega la representación. Su sentido institucional, mantienen algunos colaboradores directos, impediría que sometiera la Presidencia de la Generalitat a la tensión de un juicio.

En el Palau conviven en los últimos meses la indignación por lo que consideran una operación de acoso y derribo contra el presidente con la irritación de que «cuatro trajes» puedan dar al traste con una trayectoria política «intachable». Fuentes del entorno del presidente aseguran que su futuro está íntimamente ligado a que finalmente se celebre el juicio.

En el Partido Popular y en el Consell nadie se atrevía ayer a negar cuánto se han complicado las cosas judicial y políticamente para Camps. Y el horizonte se definía como incierto. Sin embargo, pese a admitir que el auto del magistrado José Flors es «duro», Presidencia no da nada por perdido y defiende con vehemencia su recurso, pues entienden que los supuestos regalos «no han sido probados documentalmente y además nunca se han producido». En un comunicado, la Generalitat resaltó ayer que se ha descartado cualquier ilegalidad en la Administración, financiación irregular o tráfico de influencias y que todos estos posibles delitos han sido desestimados. Todo se circunscribe a un posible cohecho.

Por eso Javier Boix se lo va a jugar todo a una carta: ¿Qué vale más la palabra del presidente o la de El sastre? En esta disyuntiva y en las lagunas que para la defensa presenta el auto basarán el recurso que pretende salvar el futuro de Camps. Todo, arguyen sus colaboradores, se ha quedado en un traje a medida, tres americanas y un par de zapatos. Tres meses después del auto de Garzón: «¿Dónde está el Barbour?»

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Las reacciones
El PP sigue respaldando a su barón hasta el final

«Bárcenas será tesorero si no hay nada que destruya su presunción de inocencia»

De momento, no hay decisión judicial que pueda con el apoyo inquebrantable que la dirección nacional del PP está dispuesta a ofrecer a Francisco Camps. Así lo puso ayer de manifiesto su secretaria general, María Dolores de Cospedal, aunque con otras palabras. A pesar del auto que sitúa al dirigente del PP al borde del banquillo, De Cospedal reiteró que el PP «va a seguir defendiendo la presunción de inocencia» del líder popular, y «va a seguir confiando en la Justicia» y «esperando que termine cuanto antes el procedimiento».

En rueda de prensa -convocada antes de que se supiera que se iba a hacer público el auto-, De Cospedal se enfrentó a infinidad de preguntas referidas a Camps y a su tesorero, Luis Bárcenas. Y dejó traslucir que el apoyo a este último no es tan rotundo como el dado al valenciano.

La número dos de Mariano Rajoy restó importancia al auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) porque, explicó, «lo que hemos conocido es un auto que dice que se terminan las diligencias previas. Un auto que es recurrible, que cita a las partes y que permite volver a solicitar el sobreseimiento y archivo de la causa», subrayó.

Sobre la situación del tesorero del PP, Luis Bárcenas, De Cospedal aseguró que seguirá siéndolo mientras «no haya algún elemento que destruya su presunción de inocencia», y de momento, dijo, «no los hay». Con esta medida frase, la secretaria general dejó abierta la puerta a que nuevas revelaciones hoy desconocidas o nuevos pasos judiciales, puedan hacer cambiar la posición de Rajoy y del PP.

De Cospedal evitó decir si el también senador ha puesto su cargo a disposición del partido, como sí ha hecho el diputado Jesús Merino.

VARIOS: China exige al Gobierno que cierre la causa sobre el Tíbet/ Cadávares exhumados/



China exige al Gobierno que cierre la causa sobre el Tíbet

MANUEL MARRACO/ Madrid

El Gobierno chino no tiene ninguna intención de colaborar con la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra ocho dirigentes chinos por la muerte de 203 tibetanos el año pasado. En su respuesta a la Comisión Rogatoria del juez Santiago Pedraz, el Gobierno chino reclama al español que «asuma las responsabilidades del Derecho Internacional que le corresponden y adopte las medidas inmediatas y eficaces para prevenir cualquier abuso» del tratado de asistencia judicial entre ambos países, «haciendo cesar definitivamente y cuanto antes» la tramitación de la causa, según informa Efe.

Pedraz había pedido a las autoridades chinas que informaran de la investigación a los imputados, y pedía su colaboración para interrogarles en España o en China. La respuesta ha sido que «China deniega con firmeza cualquier solicitud de asistencia judicial relacionado con este caso».

CADÁVERES EXHUMADOS
El hallazgo de más restos impulsa la investigación policial

DAVID VIGARIO

CÁCERES.-
Los vecinos de Valverde del Fresno (Cáceres) volvieron a levantarse ayer sobresaltados con el descubrimiento de una segunda fosa donde han sido arrojados más cadáveres exhumados del cementerio municipal, esta vez a la entrada de una finca privada.

Fueron varios viandantes que daban un paseo los que descubrieron los restos junto a la carretera comarcal que une este pueblo, de apenas 2.500 habitantes, con Eljas. En este segundo lugar también se localizaron cráneos, huesos, lápidas rotas y dentaduras que desde el Ayuntamiento también habían intentado ocultar.

Ante la contundencia de los hechos e imágenes que publicó ayer EL MUNDO, la Comandancia de la Guardia Civil de Coria decidió abrir una investigación del caso y envió a varios agentes a la localidad.

Su primera visita fue al cementerio municipal, para intentar conocer la versión de los hechos de la empresa a la que adjudicó el Ayuntamiento- a través de 55.000 euros aportados por el Plan E- las obras de remodelación del cementerio, que tenían como fin la instalación de nichos en el lugar donde había tumbas, que levantaron y vaciaron a las afueras del pueblo. El Instituto Armado también acudió al Valle de las Huertas, lugar donde aparecieron la semana pasada los primeros restos.

Esquerra presiona a Montilla para no bajar el listón de la financiación

Puigcercós insiste en que no aceptará menos de 3.800 millones para Cataluña

Esquerra se mantiene firme detrás de José Montilla para evitar a toda costa que el ánimo del presidente de la Generalitat flojee y éste acabe por pactar con José Luis Rodríguez Zapatero un acuerdo de financiación por debajo «del mínimo exigible».

Por eso, el presidente de los republicanos, Joan Puigcercós, reiteró ayer cuál es el listón mínimo que exige su partido para cerrar el pacto de financiación: 2.500 millones extras para Cataluña el primer año, con el objetivo de llegar a los 3.800 millones en tres años y un nuevo modelo que asegure que esta comunidad no quedará nunca por debajo de la media en el ránking de financiación per cápita tras haber contribuido a la solidaridad con otras comunidades.

Las exigencias de Esquerra ya eran conocidas, pero Puigcercós decidió ayer comparecer ante la prensa tras la reunión de la ejecutiva de su partido para recordarlas. Un gesto que en realidad es un nuevo intento de presionar a Montilla para que desvele cuáles son sus cartas en la negociación de la financiación.

Puede que las presiones de los independentistas estén haciendo mella en el presidente de la Generalitat, pero sólo de puertas para adentro. Montilla prefiere, de momento, no mostrar su juego. Fuentes de la Consejería de Economía, encargada de negociar con Madrid, insistieron ayer en que no revelarán cuáles son sus exigencias para evitar que el Gobierno haga una oferta a la baja.

El desenlace de esta casi eterna negociación financiera -que ya cumple casi un año de retraso- podría tener graves consecuencias en la política catalana. Esquerra ha dicho claramente por activa y por pasiva cuáles son sus aspiraciones. Si el acuerdo está por debajo de esos parámetros, los republicanos lo rechazarán.

En principio, existe un pacto entre los tres socios del Govern, PSC, Esquerra e ICV, para ir todos a una y aceptar o rechazar el acuerdo en bloque. Pero si el PSC decide acatarlo y Esquerra se desmarca, se abrirá una brecha en el Gobierno catalán, que sólo puede conducir a las elecciones anticipadas.

!El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro, afirmó ayer que no permitirá el cierre del sistema de financiación autonómica «al margen de los ayuntamientos», informa Nuria López.

Las guerra de las fechas del acuerdo

> La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, volvió a a insistir ayer en que el Gobierno y el partido siguen trabajando con el objetivo de que haya un principio de acuerdo antes del 15 de julio, como se comprometió José Luis Rodríguez Zapatero.

> El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, cree que habrá un buen acuerdo de financiación autonómica antes de las vacaciones, que «ya toca».

> El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, confió en que se logrará un «buen acuerdo» de financación antes o después del 15 de julio, lo que dependerá de los plazos.

Las comunidades 'pobres' del PP quieren hacer frente común

Núñez Feijóo y Herrera pactan 18 criterios para firmar

Comparten vecindad, color político en las altas esferas, características orográficas y sociales muy similares y, además, una idéntica visión de cómo debe articularse el nuevo modelo de financiación autonómica. Por ello, Castilla y León y Galicia rubricaron ayer en Valladolid una declaración conjunta, con 18 criterios básicos, para defender con una única voz una financiación «sin privilegios», basada en el «coste real de los servicios y no en el censo de población», y que respete los principios de «suficiencia», «igualdad» y «corresponsabilidad fiscal».

Expresiones como «multilateralidad», «lealtad institucional», «población ajustada» o «corrección de déficits» fueron pronunciadas por Juan Vicente Herrera y Alberto Núñez Feijóo en la rueda de prensa tras su primera reunión oficial de presidente a presidente.

Y, por supuesto, envejecimiento, superficie, baja densidad de población y dispersión como variables «indispensables» a la hora del reparto financiero. Dispersión que, según concretaron, «no debería de pesar nunca menos del 1,2%». Pero a esos criterios ya reiterados se sumó ayer uno que hasta ahora no contemplaba Castilla y León, pero sí Galicia, como es la emigración.

El protocolo que ambos presidentes autonómicos sellaron es milimétricamente idéntico al que hace justo un año firmó el presidente castellano y leonés con su homólogo del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces. Tan sólo un punto nuevo: «La garantía de que las comunidades mantengan el peso relativo en la financiación total».

Castilla y León y Galicia no quieren quedarse solas en ese frente común. De hecho, su intención es lograr «un acuerdo para que todo el noroeste español hable el mismo lenguaje en Madrid», dijo Feijóo.

A la espera, como dijo Herrera, del «santo advenimiento» dictado por el Gobierno, los dos presidentes se comprometieron a acudir al Consejo de Política Fiscal y a «levantarse los últimos» de esa mesa, «incluso sí hay que decir que no».

ECONOMÍA: Ofensiva contra el 'lobby nuclear'




CERROJAZO NUCLEAR / La reacción del Gobierno
Ofensiva contra el 'lobby nuclear'

El PSOE propone imponer a las eléctricas «responsabilidad ilimitada» si hay desastres. Moncloa presionó a última hora para endurecer la Orden Ministerial de Sebastián

Zapatero abrió ayer ante la Ejecutiva del PSOE una ofensiva contra las empresas eléctricas propietarias de centrales nucleares imponiéndoles una nueva legislación más dura y en la que tendrán que asumir más costes que hasta ahora.

El presidente del Gobierno se muestra molesto ante su entorno por la presión a la que se ha visto sometido en las últimas semanas por el llamado lobby nuclear y está dispuesto a eliminar subvenciones y endurecer permisos. «Por ejemplo, no es razonable que, en caso de desastre, las eléctricas sólo asuman una responsabilidad civil de daños por valor de 700 millones de euros, que es la horquilla más baja de la UE», afirmó ayer a este diario Hugo Morán, secretario de Medio Ambiente en la Ejecutiva del PSOE, tras la reunión en la que Zapatero explicó su decisión sobre el cierre de la central nuclear burgalesa.

Morán propone que la nueva ley que ha anunciado Zapatero tome de referencia el modelo alemán, «en el que la responsabilidad de los propietarios de nucleares es ilimitada». En su opinión, «no debe haber privilegios para ningún sector productivo y no es razonable que el Estado asuma el coste de daños que corresponden a los propietarios».

Sobre todo, en opinión de Morán, en un parque como el nuclear español, en que «los estudios cifran que puede dejar cada año como beneficio neto a las empresas eléctricas más de 2.500 millones de euros».

El portavoz socialista, que está siendo el más activo -junto a Jesús Caldera- de la Ejecutiva del PSOE en materia nuclear, también plantea que hay que imputar a las eléctricas el coste de la gestión de los residuos, tal y como sucede en Francia.

El modelo alemán que, según Morán, debe inspirar la reforma legal en España, establece una vida útil de las centrales nucleares de 32 años. Pero el diputado socialista considera que en España está ya consolidada la fecha de 40 años. Zapatero cree que hay que fijar, no obstante, por ley, qué se entiende por vida útil. En opinión de Morán, «las centrales nucleares deben desaparecer en cuanto haya alternativas razonables. Garoña era ya reemplazable por otro tipo de energías». El presidente del Gobierno se mostró resuelto ayer a modificar una legislación española que, según el PSOE, es «permisiva y antigua», puesto que data de 1964. Esta normativa hace «que si se hacen bien las cuentas y se eliminan subvenciones y privilegios, la energía nuclear no es la más barata, como se dice, sino la más cara», según Morán. Éste llama también a recordar los Costes de Transición a la Competencia y otras medidas de apoyo del Estado al sector. Ningún miembro de la Ejecutiva cuestionó ayer a puerta cerrada la decisión de Zapatero. Caldera, partidario del cierre en 2011, guardó silencio.

El malestar de Zapatero con las eléctricas coincide con la presión que ejerció Moncloa la semana pasada para endurecer la Orden Ministerial de cierre. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consideró demasiado laxo el texto inicial del ministro de Industria, Miguel Sebastián -el más pronuclear del Gobierno- y dio instrucciones para que el texto fuera lo más intimidatorio posible para las eléctricas y que se abstuvieran de intentar mantener Garoña con vida más allá de 2013.

Según han podido constatar la propia Nuclenor -la dueña de Garoña participada por Iberdrola y Endesa-, los borradores de la orden se fueron endureciendo a medida que se acercaba la publicación en el Boletín Oficial del Estado. La modificación más llamativa, según ha podido saber EL MUNDO, fue la del llamado artículo quinto, que es el que establece que «el titular de la explotación no podrá realizar modificaciones y propuestas de actuación que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación en la fecha establecida» (ver información adjunta).

Sebastián tuvo que aceptar las modificaciones, según se deduce del texto final. Ayer declaró que más que una nueva ley, lo importante es abrir un debate «con seriedad, con rigor y viendo todos los pros y los contras». Lo que sí dio por seguro es que llevará al Parlamento en otoño la propuesta pendiente de la pasada Legislatura de planificación energética hasta el año 2030.

Los cambios por la presión de De la Vega

>Intimidación a las eléctricas. Fruto de la presión de De la Vega quedó así el artículo quinto de la orden ministerial: «El titular de la explotación no podrá realizar modificaciones y propuestas de actuación que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación en la fecha establecida en la presente Orden, sin perjuicio de las que se deriven de las condiciones contenidas en el Anexo, así como de las que adicionalmente puedan ser requeridas por razones de seguridad nuclear, y/o protección radiológica, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, o para garantizar el cumplimiento de los umbrales de incremento máximo de temperatura contenidos en la autorización de vertido, de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro». Además, se agregó este párrafo a última hora: «Asimismo, el titular planificará el calendario de recargas teniendo en cuenta la fecha de cese definitivo de la explotación».

>Sin «arbitrariedad». En la consideración décimocuarta de la orden, el párrafo original era: «La presente Orden, por la que se acuerda la fecha de cese definitivo de la central y la renovación de su Autorización de explotación, se adopta en el marco de las normas anteriores, ponderando la totalidad de las circunstancias que concurren con expresa motivación de las decisiones adoptadas». A última hora se agregó «evitando cualquier asomo de arbitrariedad», intentando adelantarse al recurso de las eléctricas contra la orden de cierre de Garoña

CERROJAZO NUCLEAR / Las consecuencias
La postura de Zapatero deja a España sin opciones para liderar la OIEA

El candidato del Gobierno se queda fuera de la carrera para suceder a ElBaradei

La postura antinuclear de José Luis Rodríguez Zapatero ya ha tenido sus primeras repercusiones a escala internacional. La decisión del Gobierno de clausurar el reactor de Garoña ha dejado a España fuera de la carrera para suceder a Mohamed ElBaradei al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El primer pagano de la campaña del presidente del Ejecutivo contra la energía nuclear ha sido Luis Echávarri. El que fuera director técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) quedó eliminado el pasado jueves como candidato para ocupar uno de los más prestigiosos cargos multilaterales. Es decir, sólo unas horas después de que el Gobierno filtrara su intención de cerrar Garoña a los cuatro años, en contra del criterio del CSN y de la opinión de destacados socialistas como Felipe González.

El Gobierno decidió designar a Echávarri para el cargo a principios de año, precisamente, por su brillante currículum y su amplia experiencia en materia nuclear. Además de trabajar en varios reactores españoles, Echávarri ocupa desde 1997 la dirección general de la Agencia de la Energía Nuclear, un organismo dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

España nunca ha estado tan cerca de hacerse con un puesto de tanta envergadura en materia energética. Prueba de ello es que Luis Echávarri estaba entre los tres favoritos para sustituir al egipcio Elbaradei. El pasado marzo se celebró la primera ronda de votaciones para elegir al sucesor. Y el español quedó entre los tres primeros. Junto a él, pasó la criba el japonés Yukiya Amano y el sudafricano Abdul Minti. El proceso de elección tuvo que aplazarse, ya que ninguno de los aspirantes logró el respaldo de dos tercios del consejo de la OIEA, tal y como exige la normativa interna del organismo.

Tras la votación de marzo, todo el sector nuclear daba por hecho que uno de los tres candidatos sería el elegido para gobernar la OIEA. Se iniciaba así una segunda ronda para recabar apoyos. El problema es que la complicada carrera que conduce al puesto ha coincidido en el tiempo con el tramo final del debate sobre Garoña. El ascenso de cualquier profesional a la cúpula de la OIEA requiere el respaldo sin fisuras del Gobierno en cuestión, y en el proceso tienen enorme influencia los lobbies políticos y empresariales. Evidentemente, Echávarri no ha contado con el primero de los requisitos.

El pasado jueves, un día antes de que expirara el plazo del Ejecutivo para decidir sobre Garoña, el consejo de la OIEA se reunió en su sede de Viena para realizar una nueva votación. Para entonces ya estaba clara la tesis que refrendaría el Consejo de Ministros. Pero el veredicto se filtró a primera hora de la mañana y la noticia fue confirmada por la tarde por el ministro de Industria, Miguel Sebastián.

La suerte estaba echada para Luis Echávarri. Esta vez, el aspirante bilbaíno ni siquiera pasó el primer corte. El puesto se lo acabaron disputando los candidatos japonés y sudafricano. Después de cinco votaciones fallidas por falta de mayoría, se llevó la palma Yukiya Amano, con 23 votos y una abstención del consejo de gobierno, compuesto por 35 miembros. El relevo se hará efectivo el próximo noviembre, cuando Mohamed ElBaradei suelte el testigo después de 12 intensos y convulsos años que le han hecho merecedor del Premio Nobel de la Paz.

El Ejecutivo, a contracorriente

>La crisis económica y, sobre todo, la necesidad de frenar la emisión de gases contaminantes ha llevado a varios países occidentales a reabrir el debate nuclear.

>Reino Unido ya ha puesto en marcha un programa de construcción de nuevos reactores en el que participa la española Iberdrola. El presidente estadounidense, Barack Obama, también ha reconocido que es el momento de replantearse la opción nuclear para luchar contra el cambio climático.

>Italia, que prohibió en referéndum la energía nuclear en 1987, ha vuelto a abrir el debate sobre la energía atómica. En España, la moratoria nuclear fue aprobada en 1987 por el Gobierno de Felipe González. El ex presidente del Gobierno, en los últimos años, ha abogado por replantear la opción atómica.

>Varios países mantienen intacta su apuesta nuclear. Entre ellos, dos de los más desarrollados, Francia y Japón. Este último, precisamente, es el que ha logrado situar a su representante (Yukiya Amano) al frente de la OIEA

CERROJAZO NUCLEAR / Las consecuencias
Garoña enfrenta a Cospedal y Pajín

El PP critica la «irresponsabilidad» del Gobierno con la nueva legislación nuclear

El futuro de la energía nuclear y el anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de su intención de fijar por Ley la vida útil de las centrales centraron ayer buena parte del tradicional encuentro de los lunes del PP y PSOE con los medios de comunicación.

«Irresponsabilidad». La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, calificó de «tremenda irresponsabilidad» la pretensión del Gobierno de redactar una nueva regulación del periodo de funcionamiento de las centrales nucleares, pues, a su juicio, dependerá sólo de «la conveniencia» del PSOE. Según la número dos del PP, la irresponsabilidad radica principalmente en que «sea la mayoría del PSOE», que «varía según sus propios intereses», la que determine «si una central es segura o no lo es». Además, criticó que Zapatero haya contribuido a restar «credibilidad» a organismos reguladores como la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Cospedal recomendó al presidente que prescinda al CSN si no va a tener en cuenta sus informes.

¿Cuál es el plan energético del PP?. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, también aprovechó su rueda de prensa de los lunes para retar al PP a que diga cuál es su plan energético, cuántas centrales nucleares construiría, dónde las ubicaría y qué haría con los residuos. No obstante las críticas que lanzó contra el principal partido de la oposición, la dirigente socialista mostró el deseo de que el plan energético que ayer anunció el presidente del Gobierno cuente con el apoyo de los grupos parlamentarios y de los sectores afectados, informa Europa Press.

ERC, IU e ICV piden explicaciones a Sebastián. El grupo parlamentario que comparten ERC, IU e ICV registró ayer en el Congreso una petición para convocar la Diputación Permanente de la Cámara Baja para autorizar que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, explique este mes las razones que han llevado al Gobierno a decidir el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña en 2013, dos años después del fin de su vida útil, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias. Los partidos firmantes han venido criticando en los últimos días la postura del Ejecutivo. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, considera que la decisión supone «jugar a la ruleta rusa» y demuestra «otro incumplimiento de Zapatero», quien, en su momento, recuerda que «pregonaba una nueve cultura energética» para España. De su lado, el diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, considera que se trata de una decisión «salomónica» que, a su juicio, «no contenta a nadie ni resuelve el problema sobre el modelo energético».

Greenpeace pide el cambio de una ley de la época de Franco. La organización ecologista urgió ayer al Gobierno a reformar la legislación nuclear, que data de 1964, por ser preconstitucional y porque «no recoge ninguna consideración de impacto ambiental, de transparencia ni de participación pública». Según Greenpeace, la ley actual data de cuando el entonces jefe de Estado, Francisco Franco, quería «que España fuera una potencia nuclear» por lo que la promoción de esta energía era «una obligación del Estado».

Zapatero ha falseado los datos, según la patronal nuclear. La presidenta del Foro Nuclear, María Teresa Domínguez,afirmó ayer que Zapatero, «ha ofrecido datos falsos» en el debate sobre Garoña. «Quizá haya sido por ignorancia o con ánimo de ocultar la verdad sobre la energía nuclear», dijo la presidenta del Foro en referencia a la actitud de Zapatero.

lunes 6 de julio de 2009

EDITORIALES: Ofensiva clave en la guerra contra los talibán



EDITORIALES DEL DÍA
OFENSIVA CLAVE EN LA GUERRA CONTRA LOS TALIBÁN

TAN SÓLO tres días después de que cayera en Helmad el oficial británico de mayor graduación muerto en combate desde la guerra de las Malvinas, otros dos soldados de Reino Unido perdieron ayer la vida en esta provincia del sur de Afganistán. Por otro lado, 16 empleados de una empresa de remoción de minas han sido secuestrados. Todo indica que el incremento de bajas en la lucha contra los talibán no ha hecho más que comenzar, lo que pone de manifiesto el alto precio que están dispuestos a pagar los aliados para culminar con éxito la mayor ofensiva militar terrestre en este país asiático desde que comenzaron las operaciones en 2001.

El pasado jueves Obama lanzó a 10.000 marines al asalto del bastión talibán de Helmad, una zona en la que ya hay desplegados cerca de 8.000 soldados británicos. Esta operación de gran alcance responde al cambio de estrategia en Afganistán prometido por el presidente de EEUU. Los aliados toman la iniciativa tras ocho años que sólo han servido para constatar que Al Qaeda no es un enemigo fácil, así como el hartazgo de la opinión pública occidental ante lo que parece un conflicto sin solución. Washington y Londres saben que del éxito o fracaso de esta ofensiva puede depender el curso de la guerra y han optado por la estrategia más eficaz para acabar con los talibán, pero tal vez por la más arriesgada a corto plazo.

Obama prometió una mayor implicación en Afganistán y la combinación de las acciones militares con la reconstrucción del país. En este sentido, la ofensiva de Helmad responde a varios objetivos. Por un lado se trata de limpiar la región para dirigir los ataques hacia la provincia de Baluchistán (Pakistán), donde la inteligencia aliada sitúa a la cúpula de Al Qaeda. Por otro, estadounidenses y británicos tratan de complementar las acciones del ejército de Pakistán, que hace dos meses inició su propia ofensiva en su frontera con Afganistán, con el objetivo común de dificultar la principal baza de la insurgencia: su continua movilidad en un terreno muy dificultoso, una táctica que les ha permitido resistir los embates de una organización tan poderosa como la OTAN. Además, Helmad es la principal región productora de amapola de Afganistán y los aliados quieren dejar a los rebeldes sin su principal fuente de financiación: el tráfico de heroína. Los mandos han decidido reducir al máximo los ataques aéreos, que tantas bajas inocentes producen y tanta animadversión crea hacia las tropas internacionales, y apuestan por llevar a cabo ocupaciones de larga duración para ganarse la confianza de la población civil. De ahí que la ofensiva de Helmad podría convertirse en la primera de una serie de operaciones sucesivas en distintas zonas del país de aquí a las elecciones del próximo 20 de agosto. La OTAN necesita consolidar la influencia de las autoridades de Kabul, así como su implicación en la estabilización del país, siguiendo un modelo muy similar al de Irak. Más allá de las objeciones que merece el Gobierno de Hamid Karzai por su corrupción y alianzas con los señores de la guerra, conseguir una alta participación en el proceso electoral es un objetivo importante para articular un Estado que se haga cargo del control de las zonas rebeldes.

La ofensiva de Helmad responde pues a una estrategia audaz para golpear a Al Qaeda en su feudo talibán, por más que el compromiso de la mayoría de los países de la UE -a excepción de Reino Unido y Polonia- sea testimonial. España sólo contribuirá con un contingente de 450 soldados, para garantizar el proceso. Así las cosas, la cuestión es ponderar hasta qué punto EEUU y el Reino Unido podrán sostener una ofensiva de largo alcance para ocupar y pacificar un país en el que históricamente todas las potencias han fracasado.

LOS COSTOSOS CAPRICHOS DEL EX JEFE DEL CNI:
Ni lío interno ni nada, Saiz cayó por sus abusos

EL RELEVO de Alberto Saiz al frente del CNI -hoy tomará posesión su sucesor, el general Sanz Roldán- sigue dando que hablar. Tanto el presidente Zapatero como algunos medios insisten en atribuir su dimisión/destitución a los «problemas internos» del centro o a las presiones de determinados generales con apellidos de largo abolengo militar. Sin embargo, la realidad es la que con todo detalle publica hoy el vicedirector de EL MUNDO Casimiro García-Abadillo. El relato de los abusos de Saiz, utilizando medios y personal del centro para reformar su casa y satisfacer sus caprichos personales, es demoledor e incluso resulta increíble que un hombre que se comporta de esta forma haya estado al frente de una institución tan importante más de cinco años. El argumento de que las obras de su casa familiar tienen la cobertura de la seguridad suena a broma. ¿Qué relación tiene con la seguridad del Estado la construcción de una mesa para cultivar tomates? Si Alberto Saiz no hubiera incurrido en estos comportamientos impropios de un alto cargo, aún seguiría al frente del CNI.


ZAPATERO REFORMARá LA NORMATIVA NUCLEAR:
¿Una ley más acorde con sus prejuicios atómicos?

ZAPATERO anunció ayer una «reforma legal» que establezca «qué es la vida útil» de una central nuclear, y que «para prorrogar su funcionamiento obligue a evaluar su impacto ambiental». El presidente pretende tal vez sacarse la espina de las movilizaciones contra su intento de cerrar la planta de Garoña adecuando la legislación a sus particulares prejuicios. Una central nuclear tiene una «vida de diseño» -el periodo para el que fue concebida-, que se prorroga o se acorta en función de distintas variables directamente relacionadas con su funcionamiento. Es incomprensible que para Zapatero los informes del Consejo de Seguridad Nuclear no basten a la hora de determinar si una central nuclear es o no segura, que es de lo que se trata. Además, resulta frívolo que en lugar de abrir con rigor el debate nuclear en España, Zapatero se limite a plantear una modificación normativa restrictiva, mientras España parchea su grave déficit energético comprándole a Francia electricidad generada en plantas atómicas galas.

CRISIS INTERNA EN EL PARTIDO DE ROSA DíEZ:
UPyD, una esperanza que no debe frustrarse

EL SONORO portazo con el que Mikel Buesa abandonó hace días UPyD dio la voz de alarma sobre la situación interna. Pues bien. Según publica hoy este periódico, la dirección del partido ha abierto expediente disciplinario a 14 dirigentes, algunos de ellos coordinadores autonómicos o provinciales, por los contenidos de una página web en la que anuncian una candidatura al I Congreso de UPyD previsto para noviembre. Los expedientados formulan acusaciones bastante graves contra la dirección. Hablan de «sectarismo», de «purgas» contra los discrepantes y se quejan de que no se acepten las listas abiertas. UPyD ha despertado grandes expectativas como alternativa a los partidos tradicionales. Muchos ciudadanos le han dado su voto en las últimas convocatorias electorales. La cúpula que encabeza Rosa Díez no puede caer en los vicios propios de la partitocracia si no quiere que la aventura se frustre.

NOS CUENTAN QUE... La amplia delegación del PSOE y del Gobierno que asistió a la gran marcha del Orgullo Gay celebrada el sábado en las calles de Madrid, encabezada por la ministra Bibiana Aído y Leire Pajín, ha sido muy comentada. Sin embargo, hubo dos asistentes que pasaron inadvertidas para todos. Se trata de las dos hijas del presidente Zapatero. Laura, de 15 años, y Alba, de 13, participaron en la manifestación subidas en la carroza con la que el PSOE acude todos los años a esta convocatoria. La presencia de las dos muchachas no fue detectada ni siquiera por los encargados de la organización de la carroza socialista, ya que ni Laura ni Alba son muy conocidas debido al celo con el que el presidente y su mujer, Sonsoles Espinosa, las han mantenido a cubierto de los flashes de los fotógrafos desde que viven en La Moncloa.

Lunes, 6 de julio de 2009
Querella contra Manzano, un paso más en la búsqueda de la verdad










11-M: Víctimas del 11-M se querellan contra el jefe de los Tedax en los atentados



Víctimas del 11-M se querellan contra el jefe de los Tedax en los atentados

Acusan a Juan Jesús Sánchez Manzano de «omisión del deber de perseguir delitos»

MANUEL MARRACO/Madrid

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M va a presentar esta semana una querella contra el responsable de los Tedax en el momento de los atentados, Juan Jesús Sánchez Manzano, y la perito que se hizo cargo de los primeros análisis sobre el explosivo. La asociación, que ejerció la acusación en el juicio por la masacre, les atribuye la comisión de tres delitos: «omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento por ocultación de pruebas y falso testimonio».

El escrito de la asociación que preside Ángeles Domínguez recuerda que Manzano fue destituido «a petición unánime de todos los sindicatos policiales, y como consecuencia precisamente del descrédito que para los Tedax supusieron los hechos que se relatan en esta querella». Pero va más allá. A su juicio, la actuación del comisario y su subordinada tuvieron consecuencias en la sentencia del 11-M, ya que dificultó la determinación inequívoca del explosivo y, por tanto, la de quienes lo suministraron. Además, los datos que aparecieron años después en el juicio hubieran permitido «abrir nuevas vías de investigación».

La querella, firmada por el abogado José María de Pablo, arranca con las declaraciones de los tedax ante el tribunal del 11-M. Entre ellas, la del responsable de la Brigada Provincial de Madrid: «Nos dedicamos a recoger todo, todo tipo de muestras y vestigios que pudiéramos». Una docena de tedax declaró en esa misma línea. La querella resalta que, pese a que «un ejército de tedax estuvo varios días (al menos el 11 y el 12 de marzo) recogiendo kilos y kilos de muestras de los 12 focos de explosión», los peritos designados por el tribunal apenas recibieron una veintena. El encargado de su custodia era Sánchez Manzano.

El tribunal no fue el único al que se le hurtaron vestigios de los focos. La querella relata cómo el perito encargado del laboratorio de la Policía Científica esperó en vano el día de los atentados a que los tedax les hicieran llegar el material. No lo recibió pese a que el propio Manzano, acorralado por las denuncias sobre su actuación, acabó reconociendo las deficiencias de su laboratorio. Hasta el de la Policía Científica, el único homologado, tardaron casi tres años en llegar, cuando lo ordenó el tribunal. De dos de los focos no se recibió nada. Tampoco llegaron restos no lavados previamente, pese a que la perito reconoció en el juicio que los había. Su examen habría facilitado la identificación del explosivo.

A la desaparición de vestigios y a su ocultación a la Policía Científica y al tribunal los querellantes suman los falsos testimonios. En el caso de Manzano, por partida doble. Primero ante Del Olmo, cuando intentó escaparse de sus palabras en la Comisión de Investigación, donde dijo que habían encontrado nitroglicerina en todos los focos. Cuando EL MUNDO destacó que la nitroglicerina no forma parte de la Goma 2 ECO -y sí del Titadyn-, le aseguró al juez que hablaba de atentados en general, no del 11-M. Inverosímil, dice la asociación.

La segunda mentira, ésta compartida por la perito, llegó en el juicio. Ambos intentaron justificar la retención de los vestigios diciendo que su unidad se encargaba de analizar restos no pesables, mientras que a la Policía Científica sólo llegaban los restos pesables. También falso, señala la querella, porque existe una abrumadora cantidad de antecedentes de lo contrario. También lo demuestra el siguiente gran atentado. En el caso de la T-4, los Tedax no lograron averiguar el explosivo. A diferencia del 11-M, remitieron los vestigios a la Policía Científica, cuyos análisis, esta vez sí, identificaron sin duda el explosivo.






Los delitos de los que acusan las víctimas

>Omisión del deber de perseguir delitos. «Por la desaparición de vestigios de los focos. La 'tedax' dijo que no lavó todos con acetona, pero han desaparecido los no lavados. Por tirar el agua y acetona del lavado. Por ocultarlos a la Policía Científica».

>Encubrimiento por ocultación de pruebas. «Por lo mismo que el anterior delito».

>Falso testimonio. «Sánchez Manzano cometió falso testimonio cuando dijo a Del Olmo que mencionó la nitroglicerina en el Congreso 'hablando, no del 11-M, sino de los atentados en general' y cuando dijo en el juicio que nunca enviaban las sustancias no pesables a la Policía Científica». «La 'tedax' cometió falso testimonio cuando dijo en el juicio que 'casi nunca' enviaban las sustancias no pesables a la Policía Científica».






«Irán caminito de Jerez»

Varias acusaciones del 11-M, entre ellas la Asociación de Ayuda, reclamaron al tribunal que en la sentencia ordenara investigar a varios miembros de las Fuerzas de Seguridad que, a su juicio, habían podido cometer delito durante la investigación de la masacre.

Estaban convencidas de que así sería, en parte por las palabras que el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, les había dejado caer: que algunos de esos funcionarios irían «caminito de Jerez».

Sin embargo, la Sala -integrada, además del presidente, por los magistrados Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás- sostuvo que no podía acceder a su petición hasta que la sentencia fuera firme, ya que el Tribunal Supremo podría modificar partes que afectasen a las deducciones de testimonio.

Llegó la sentencia del Supremo y no modificó nada que afectase a esas solicitudes, pero, hasta ahora, la querella de la Asociación de Ayuda ha sido la única iniciativa de ese tipo.

Hace unos meses, la presidenta de la asociación, Ángeles Domínguez, lamentó la actuación del tribunal del 11-M en una carta remitida a la Audiencia Nacional. En ella, transmitía «la terrible sensación de soledad y desamparo», así como el «dolor» que sus últimas decisiones habían provocado en las víctimas. Se refería a las dificultades que, a su juicio, estaba poniendo para recabar el material con el que formular una querella. Sobre todo, a la negativa a entregar una copia de los vídeos en los que quedó registrada la prueba pericial de los explosivos. Finalmente, el tribunal rectificó su negativa y accedió a la solicitud de esa asociación.

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GAROÑA: Zapatero anuncia una reforma de la legislación nuclear



LOS ARGUMENTOS DEL PRESIDENTE / El debate energético
Zapatero cambiará la ley nuclear

Anuncia una reforma de la legislación que defina «qué es la vida útil de una central»- Será obligatorio un informe de impacto ambiental para la obtención de las prórrogas

MANUEL SÁNCHEZ/Galapagar ( Madrid)

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer una reforma de la legislación en energía nuclear que «establezca qué es la vida útil de una central nuclear».

El líder del PSOE, ante los cuadros jóvenes del partido que iniciaron ayer los cursos de formación política de la Escuela Jaime Vera en Galapagar (Madrid), indicó que la decisión sobre la central nuclear de Garoña le ha llevado a reflexionar sobre las lagunas legislativas en esta materia.

Así, Zapatero indicó que el Gobierno regulará y reformará las condiciones de obtención de las prórrogas, que incluirán la obligatoriedad de contar con un informe de impacto ambiental. A su juicio, no es comprensible que «las renovaciones de una central, en sus primeros 30 años de vida, se hagan cada uno o cada dos. Y cuando se llega a los 30 o 40 años, las renovaciones son cada 10».

Para el presidente del Gobierno, que debe haberse empapado de legislación sobre las centrales nucleares, esto es tan absurdo como que no haya una evaluación de impacto ambiental: «Hoy tenemos que hacer estudios de impacto ambiental para la menor obra pública, pero no se exige un estudio de impacto ambiental en condiciones para una central que produce residuos radioactivos, y Garoña es la que produce más residuos radioactivos». Por ello, insistió en que hay «un déficit en la legislación que hay que reformar». El Gobierno presentará dicha reforma al Parlamento el próximo otoño.

Zapatero mostró, una vez más, su voluntad inquebrantable de terminar con la energía nuclear en España en cuanto se pueda y apostar, decididamente, por las energías alternativas. «Si queremos de verdad que nuestro país sea de energías renovables, y cumplir con el 20% que fija la UE para 2020, tenemos que decir que el horizonte va en esa dirección. Para que lo sepan las empresas. En energías renovables podemos ser grandes líderes mundiales».

Explicó que, con la decisión sobre la central nuclear de Garoña, ha defendido el programa del PSOE y sus convicciones políticas y personales. Además, echando un cable a Jesús Caldera ante las críticas de Felipe González, recordó que su compromiso estaba explicado en dicho programa: «Porque seguimos queriendo sustituir, progresivamente, la energía nuclear por otras más limpias, más seguras y renovables».

De hecho, Zapatero aseguró que, «sin interpretar el poder de los poderosos, en el Gobierno que presido la autonomía en la decisión es absoluta. Nada ni nadie va a afectar al cumplimiento del programa electoral y a lo que es la decisión del presidente del Gobierno. Y eso quedó demostrado desde el primer día que tomé posesión en 2004».

Mejora de la economía

En cuanto a materia económica, Zapatero siguió dando muestras de su optimismo antropológico. No habló de «brotes verdes», pero aseguró que en el segundo semestre «hay síntomas positivos en el empleo, en el consumo y las exportaciones». A su juicio, eso se debe a «una cierta mejoría en el mercado mundial y al Plan E del Gobierno, a las medidas del Ejecutivo, al apoyo al automóvil, al plan de las pymes».

El líder del PSOE dio por hecho una disminución del paro y un crecimiento del empleo, aunque admitió que «habrá oscilaciones» coyunturales. No desaprovechó la oportunidad para ironizar sobre la postura de la derecha ante los datos del paro del mes de junio: «Como nunca reconocen nada, dicen que es por la estacionalidad. No sé si nevó en junio de 2008, cuando el paro aumentó en 36.000 personas».

Finalmente, anunció que, tras el verano, se empezarán a configurar las primeras líneas de su próximo proyecto, denominado economía sostenible. Habrá una ley, medidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 y una vocación política clara de luchar por este objetivo. Zapatero vaticinó que no afrontar este problema «será la próxima crisis mundial en 20 o 30 años».

Programa pactado con la ciudadanía

> Zapatero anunció que el PSOE, a partir del 1 de enero, va a poner en marcha un registro de asociaciones y colectivos que quieran hacer el programa electoral con el PSOE para 2011.

> Los acuerdos a los que se llegue serán firmados. El PSOE rendirá cuentas cada año ante esos colectivos sobre su cumplimiento.

> Impulsa esta medida porque un programa electoral es «una decisión colectiva»

LOS ARGUMENTOS DEL PRESIDENTE / El debate energético / P&R
Una moratoria disfrazada

JULIÁN GONZÁLEZ/Madrid

El presidente del Gobierno vino a anunciar ayer una nueva moratoria nuclear disfrazada, al querer definir con más claridad qué es la vida útil y qué es la vida de diseño de las centrales nucleares. Con esta idea, quiere poner coto a la posibilidad de tener que alargar el periodo de explotación de las centrales españolas más allá de los 40 años inicialmente establecidos y tener que lidiar con los colectivos antinucleares y las empresas eléctricas. Es cierto también que los conceptos de vida útil y de diseño no encuentran unanimidad entre los expertos.

¿A qué se refiere el periodo de diseño de una central nuclear ?

Se trata del periodo de tiempo que los ingenieros, la empresa constructora y el Consejo de Seguridad Nuclear establecen -40 años- para asegurar que la central funcionará con las debidas garantías de seguridad y fiabilidad. Este tiempo previsto inicialmente de 40 años es una hipótesis conservadora, pudiéndose ampliar ese plazo. Por ese motivo, superar la vida de diseño de una instalación no significa que haya concluido la vida de una central.

¿Qué se considera como vida útil de una central?

Se refiere al periodo que una central nuclear puede estar funcionando siempre que cumpla con las exigencias de seguridad impuestas en su autorización y que sea económicamente rentable. La operatividad de las centrales españolas no tiene un periodo fijo establecido. Depende de los informes del CSN. La renovaciones se hacen por un tiempo de 10 años.

¿Se han prorrogado los periodos de vida útil en otros países?

Existen ejemplos como el de Estados Unidos, donde se han renovado los permisos de explotación a 54 reactores y se está evaluando la renovación de 12 más. Francia concede plazos sin límites. Respecto a centrales similares a Garoña, han sido renovados hasta 60 años las licencias de las centrales de Dresden 2 (en 2004), Mondicello (2006) y Oyster (en 2009).

¿Es rentable ampliar el tiempo de explotación?

La mayoría de los expertos opina que sí. ¿Por qué? No requiere una inversión tan fuerte como la construcción de una nueva instalación y es el tiempo en el que la central está totalmente amortizada.

A CONTRAPELO
Escuela de calor
Hay asuntos, y sobre todo auditorios, ante los que el presidente consigue sacar lo mejor de sí mismo. Uno de estos públicos lo forman los ecologistas. Otro, los jóvenes y un tercero, las mujeres. Los tres se dieron cita ayer en Galapagar con motivo de la inauguración de la Escuela de Verano Jaime Vera. Había una cierta paridad, eran jóvenes socialistas y, por tanto, concienciados. Tuvo discurso sobre casi todo, salvo la financiación: el aborto, el pacifismo, la economía (que va a mejor), el CNI, y, por supuesto, Garoña y el asunto nuclear.
«Soy el más antinuclear del Gobierno», proclamó Zapatero a mediados de junio de 2005 ante los representantes de los principales movimientos ecologistas y la ministra Narbona. «Se notó que le interesa el medio ambiente», comentó en tono aprobatorio el director de Greenpeace, Juan López de Uralde.

Ayer, ante un auditorio como el descrito, Zapatero se vino arriba: «Sin referirme al poder de los poderosos, en el Gobierno que presido la autonomía en la decisión es absoluta. Nada ni nadie va a afectar a lo que es cumplir el programa electoral y lo que es la decisión del presidente del Gobierno». La señal de que el presidente se está recreando en la faena es casi siempre perifrástica: «lo que es cumplir» y «lo que es la decisión», en vez de decir, sencillamente, «el cumplimiento» y «la decisión».

Es muy creíble, en cambio, que nada ni nadie van a afectar su decisión. Ni siquiera el programa electoral del PSOE 2008, que no obliga en modo alguno al cierre de la central, las leyes de la física o, más sencillamente, realidad. Hace justamente 18 días se soltó el pelo en Las mañanas de la Cuatro y describió el estado del arte. Donde él dijo «sólo hay una central nuclear en construcción en el mundo. Está en Finlandia», Nuclenor, la empresa propietaria de Garoña, le corregía: «En el mundo hay actualmente 50 centrales en construcción y 51 en proyecto», y así con otras cuatro afirmaciones rotundas basadas en datos apócrifos, en tiempos en los que cualquiera tiene los hechos a un click de ratón.

El presidente y una parte de sus partidarios no confían en el criterio de autoridad, aun en asuntos científicos complejos que se escapan a sus conocimientos. Este fin de semana, una televisión encuestaba a las bases del valle de Tobalina. Una mujer sin especial cualificación expuso su criterio: «La central es peligrosa, diga lo que diga el Consejo de Seguridad Nuclear». Lo mismo parece pensar el presidente, pese a que el citado órgano está formado por expertos altamente cualificados, la mitad de los cuales han sido designados por el partido del Gobierno.

Tal vez debería pensar qué hacer con el CSN: disolverlo o poner a su frente al cineasta Fernando Colomo. En su lugar, va a hacer una ley para tratar de establecer qué es vida útil y qué vida programada, como si cupiera confusión entre los dos conceptos. Bueno, sí cabe. Vida útil de una central es la que le permite el presidente del Gobierno. En este caso, 42 años. Los 40 quedaban demasiado cerca de las elecciones de 2012 y de los encarecimientos del recibo de la luz que nos esperan. No sé si me explico

LA ENTREVISTA DE ESTHER ESTEBAN
«Garoña está al final de su ciclo vital. Su cierre no es reversible, le guste al PP o no» LEIRE PAJÍN

Es consciente de que todos los días, haga lo que haga, está en el ojo del huracán, que la mezcla de ser mujer, joven y con un cargo de altísima responsabilidad puede resultar explosiva para algunos, pero ni se queja ni se achanta. Mantiene un discurso firme, de izquierdas y feminista. No tiene complejos.

ESTHER ESTEBAN

Zapatero embustero Cuando hoy hace exactamente un año recibió una llamada del presidente del Gobierno para ofrecerle la Secretaría de Organización del PSOE, Leire Pajín llamó a sus padres, de quienes había mamado socialismo desde la cuna. «Les dije que se sentaran y, tras darles la noticia, se hizo un silencio ensordecedor. Sabían por experiencia propia lo dura que podría ser esta responsabilidad, por lo que supongo que para ellos la noticia tuvo un cierto sabor agridulce», comenta al recordar sus primeros momentos en su cargo y condición. Ha pasado un año y, aunque ya ha sufrido en carne propia el sabor amargo de la derrota -tras el resultado de las europeas-, mantiene una determinación, unas ganas y una fuerza propia de quien ha sido precoz en todo lo que tiene que ver con la cosa pública y mira al futuro con esperanza.

Pregunta.- El Gobierno ha decidido cerrar Garoña en 2013, y no han contentado a nadie, ni a quienes defienden su continuidad ni a los ecologistas…

Respuesta.- Suele pasar, cuando se toman decisiones razonadas, equilibradas, después de escuchar a todas las partes y pensando en el interés del país. La decisión del Gobierno cumple con el programa electoral del PSOE, que apuesta por sustituir la dependencia de la energía nuclear por energías limpias y renovables. Es coherente con nuestra apuesta por las energías alternativas y tiene en cuenta el futuro económico de esa zona y de los trabajadores de esa central.

P.- Tal vez, pero ni siquiera socialistas respetados como González defienden la decisión de Zapatero…

R.- Zapatero ha escuchado a todos los sectores económicos y sociales, y también a todas las voces del PSOE. Pero la decisión final le corresponde a él, y es una decisión compartida y apoyada por todo el PSOE y todo el Gobierno. Garoña está al final de su ciclo vital y ya estamos en tiempo de descuento.

P.- Vamos, que no ha sido un capricho ideológico con tics nostálgicos de los años 70, como se le acusa a Zapatero.

R.- Una decisión así no es un capricho ideológico. Este cierre se ha hecho pensando en los intereses del país. Sólo desde la irresponsabilidad se puede hacer ese tipo de acusaciones al presidente.

P.- El PP ya ha dicho que si ellos ganan las elecciones en 2012 la central tendrá vida útil 10 años más.

R.- El PP ha hablado de su apuesta por la energía nuclear, pero nunca ha dicho dónde colocaría las supuestas nuevas centrales y dónde los residuos. Cuando un país toma la decisión de cerrar una central y pone en marcha los mecanismos necesarios para hacerlo, el proceso no es reversible, le guste al PP o no.

P.- Menuda liberación para usted no tener que seguir explicando actuaciones inexplicables como las del ex director del CNI. ¿Ha sido una destitución ejemplarizante?

R.- Lo ejemplarizante es el hecho de que el Gobierno era consciente de una situación, la ha resuelto y empieza una nueva etapa. Sustituir a Saiz pone de manifiesto una forma responsable de actuar que tiene este Gobierno.

P.- Y Manuel Chaves, viendo lo que ha pasado con Saiz, ¿puede poner sus barbas a remojar?

R.- El tema de Chaves es el claro ejemplo del intento desesperado del PP por construir casos donde no los hay, y por intentar tapar las vergüenzas propias con supuestos casos ajenos. No hay caso Chaves. La estrategia del PP es tan kafkiana que un día presenta una querella ante el Supremo y al siguiente la retira. Ésa es la prueba de la actitud irresponsable del PP, que utiliza la técnica del calamar para ensuciarlo todo.

P.- Usted conoce bien al presidente del Gobierno. ¿Es cierto que se ha convertido en un hombre sin piedad, en un killer que no pestañea a la hora de prescindir de colaboradores, como ha hecho con Caldera, Bermejo, Saiz, etcétera?

R.- No es creíble que Zapatero pase de bambi a killer en cinco años. El presidente conforma los mejores equipos para hacer la mejor política y da al país lo mejor que tiene. Toma decisiones y va renovando los equipos en función del momento. Es un hombre amable, respetuoso y generoso con sus colaboradores.

P.- ¿Cree que Rajoy debería hacer con Bárcenas lo mismo, ponerle de patitas en la calle?

R.- El caso de Saiz y el de Bárcenas no se pueden equiparar en absoluto. Rajoy no tiene ninguna voluntad de depurar responsabilidades en su partido ni de llegar al final en las investigaciones internas, ni menos de apartar a los supuestos corruptos de sus filas. Hay muchas voces dentro del PP pidiendo a gritos que aparte a Bárcenas, cuyo caso es especialmente grave, porque es el responsable de las finanzas y las campañas electorales de ese partido. Si Rajoy le mantiene, por algo será.

P.- ¿Ha entonado el mea culpa por el resultado de las europeas? Porque, para ser sus primeras elecciones como secretaria de Organización, no le han salido bien.

R.- Hemos hecho autocrítica y somos muy conscientes de que tenemos que esforzarnos más para merecer el apoyo de esas personas que, siendo votantes del PSOE, se quedaron en su casa. Dicho esto, las encuestas reflejan que el mapa electoral no se ha movido en exceso de cara a las generales y, de celebrarse hoy, el PSOE volvería a ganarlas.

P.- Cambiando de asunto. ¿El Gobierno debe recurrir algún aspecto de la Ley de Educación catalana, teniendo en cuenta que la Generalitat ha desobedecido la obligatoriedad de las tres horas de enseñanza en castellano?

R.- Es al Gobierno a quien corresponde analizar si la Ley de Educación catalana tiene algo recurrible, pero primero hay que hacer un análisis jurídico. Dicho esto, la ley se ha venido debatiendo en los últimos meses con todos los sectores sociales y educativos de Cataluña; ha sido consensuada. El PP debería no crear problemas con la lengua que no existen, y en Cataluña se convive con el bilingüismo en plena normalidad.

P.- ¿Y usted está segura de que el próximo 15 de julio habrá un nuevo sistema de financiación, que se habrá solucionado el sudoku?

R.- Llegaremos a un acuerdo. Todos los sudokus tienen solución y éste también la va a tener. Lo importante del nuevo modelo es que van a ganar los ciudadanos, vivan donde vivan.

P.- ¿Y hay dinero para desarrollarlo? Porque las cuentas no salen…

R.- Las cuentas salen y hay dinero para el nuevo modelo de financiación.

P.- ¿Y por qué ya no es válido eso que decía Zapatero de que bajar los impuestos es de izquierdas? ¿Porque ha cambiado de opinión o porque ahora lo pide la derecha?

R.- No creo en los estereotipos. La línea que nos separa es que nosotros ponemos el acento en ayudar a la gente que peor lo está pasando y ellos quieren congelar las pensiones y que haya menos gasto social.

P.- ¿Por qué tienen tanto miedo a afrontar una reforma laboral, que muchos socialistas reclaman?

R.- Nosotros decimos que el diálogo social es el mejor instrumento para luchar contra la crisis y el desempleo, y en ese diálogo se pueden abordar los temas que se crean convenientes, pero hay límites, como la desprotección de los derechos de los trabajadores o el despido barato. No se trata de hablar de reformas laborales en abstracto. Que Rajoy se atreva a decir de dónde quiere recortar.

P.- ¿Usted considera, como IU, que una persona que gana 7.000 euros al mes es rica?

R.- No es un problema de ricos o pobres, sino que debe hacer más esfuerzo el que más gana, y debe estar más protegido el que menos gana. Eso se llama justicia.

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