EDITORIALES: Que Del Olmo explique por qué encarceló a 2 inocentes

EDITORIALES DEL DÍA
MICHAEL JACKSON, EL ÚLTIMO MITO DEL SIGLO XX

UNA MUERTE prematura evitó a Michael Jackson envejecer como cualquier ser humano, un destino que probablemente consideraba insoportable quien tanto se obsesionaba por su aspecto físico.

Como Elvis Presley, como Jimmy Hendrix, como Jim Morrison, Jackson ha muerto a tiempo para alimentar un mito que probablemente nunca se extinguirá. Era «el legendario rey del pop», como dijo su hermano al hacer público su fallecimiento, y, por encima de ello, el último mito del siglo XX.

Podría decirse metafóricamente que el siglo pasado se acaba con la muerte de un artista que llevó la lógica del espectáculo hasta sus últimas consecuencias: hacer de su persona la más fascinante de sus creaciones.

Jackson creaba, cantaba, bailaba, actuaba ante la cámara con una naturalidad innata que despuntó a sus primeros años de edad. Empezó como cantante de los Jackson Five junto a sus hermanos. Logró vender más de 700 millones de discos y consiguió 13 premios Grammy. Su albúm de mayor éxito, Thriller, batió todas las marcas con más de 100 millones de copias.

Jackson es, sin duda, un icono de una industria del disco que ya no volverá. Las descargas en internet hacen imposible alcanzar esas cifras de venta de los años 80, su década dorada, cuando era un artista aclamado en los cinco continentes.

Elvis Presley fue, sobre todo, una estrella americana de los años 50. Pero Jackson fue un ídolo planetario gracias a la extensión de la televisión, que destruyó su intimidad pero le convirtió en una celebridad global.

A pesar o gracias a su excentricidad, Michael Jackson creó un estilo que fascinó a millones de personas en todo el mundo que cantaron sus canciones o bailaron los pasos de sus videoclips. Y ello se produjo por su extraordinario talento, que ya brillaba sobre el resto de su familia cuando fichó para el sello Motown cuando todavía era un niño.

Como todo gran creador, Michael Jackson tenía un lado sombrío que le venía de la infancia y, concretamente, de las difíciles relaciones con su padre. Él mismo confesó que nunca se sintió niño, lo que explica por qué se refugió muchos años después en Neverland, que era un parque de atracciones más que una casa.

Su declive comenzó en 1993 cuando fue acusado de abusos a menores, lo que provocó que se tuviera que sentar en el banquillo, aunque fue absuelto gracias a sus caros abogados y a la ingente fortuna que se gastó en comprar los silencios de algunas familias.

El paso del tiempo relegará al olvido sus miserias, pero engrandecerá su legado artístico. Nadie mejor que Jackson simboliza la música de finales del siglo y la estética de esa época que forma ya parte de nuestro pasado más cercano.

Jackson se había casado con la hija de Elvis Presley y había comprado los derechos de los Beatles, embargados luego por un banco. Los tres nombres simbolizan una cultura que cambió el mundo y marcó a las dos generaciones nacidas después de la II Guerra Mundial.

Empeñado en ser lo que no era, transformado su cuerpo por la cirugía, afectado por insoportables dolores de espalda, el espejo había dejado de reflejar la figura del Peter Pan adolescente que siempre cultivó. Eso tal vez lo mató.

Como sucede con todos los mitos, las circunstancias de su muerte alimentarán la leyenda. Michael Jackson se ha ido a tiempo de un mundo en el que empezaba a ser viejo y cuya música evocaba un pasado que no volverá. Permanecerá en el recuerdo de millones de personas que le aman por lo que fue y lo que son.

UN SINDICATO POLICIAL SE QUERELLA CONTRA EL JUEZ del 11-M:
Que Del Olmo explique por qué encarceló a 2 inocentes

EL PRINCIPIO de igualdad ante la ley debería llevar al juez Del Olmo a comparecer ante la Justicia para justificar su nefasto proceder en el caso de los agentes Rivera y Parrilla. Si ambos tuvieron que responder por las sospechas de haber cometido un acto ilícito, el ex magistrado de la Audiencia Nacional debería explicar su injusta actuación. El primer paso para que lo haga ya está dado. El sindicato policial CEP anunció ayer que se querellará contra Del Olmo una vez que ya es firme la sentencia de la Audiencia de Madrid que absuelve a Rivera y a Parrilla, y que censura al magistrado tanto por procesarles en base a «conjeturas que debieron ser objeto de mayor reflexión», como por las fianzas «absolutamente exageradas» que les impuso. Los agentes pasaron 24 días en prisión por el delito de hablar con un periodista de EL MUNDO en plena efervescencia de la instrucción del 11-M, que Del Olmo dirigía. Muchos creen que el juez les usó para advertir a posibles policías escépticos de que no toleraría una versión distinta a la oficial. Que lo aclare, porque eran inocentes

LUZ VERDE A LA LEY GENERAL AUDIOVISUAL:
Una buena base para dar seguridad a la TDT

UN DÍA antes de que empiece la primera fase del apagón analógico -hoy mismo-, el Gobierno ha sentado las bases del modelo audiovisual de la era digital con la tramitación del anteproyecto de la esperadísima Ley General Audiovisual. Después de seis años de una complicada negociación, el trabajo de María Teresa Fernández de la Vega ha resultado clave para alumbrar una normativa que, por primera vez en la historia, logra algo tan complicado -sobre todo en medio de una crisis- como poner de acuerdo a la mayoría de las empresas audiovisuales del país. Pese a las dificultades previsibles que aún quedan por resolver, estamos ante una ley moderna, clarificadora, que recoge las disposiciones europeas, pone topes a la emisión de publicidad, regula la TDT de pago y el alquiler de canales, limita la explotación de los derechos del fútbol e impide su monopolio, crea un Consejo Estatal de Medios y garantiza la eliminación de los anuncios en RTVE. En definitiva, se trata de una ley que puede resultar eficaz para dar seguridad al sector y mejorar la convivencia entre las cadenas públicas y privadas.

ENVíA UNA CARTA DE EXTORSIóN A UNA NIñA:
Una nueva vileza de ETA que prueba su debilidad

ENTRE LA nueva oleada de extorsión a empresarios navarros, ETA ha enviado una carta amenazadora a una niña de 14 años, hija de uno de sus objetivos. Hace años que la banda terrorista remite también a los familiares de sus víctimas sus cartas de extorsión para aumentar su presión sobre éstas. No es la primera vez que una de estas misivas intimidatorias tiene como destinatario a un menor, aunque nunca antes había trascendido tal vileza. Tanto si la organización terrorista sabía que la persona a quien iba dirigida su carta era una niña como si no, la crueldad de ETA es indicativa de su debilidad. Si lo sabía, porque sólo desde la más abyecta desesperación se puede optar de forma consciente por una estrategia tan cruel. Y si no lo sabía -posibilidad más probable, según las Fuerzas de Seguridad- porque es una prueba de la falta de control por parte del aparato de extorsión de la banda.

11-M: Querella policial contra el juez del 11-M/ Víctimas del 11-M urgen reapertura sumario/ Juez Velasco interrogará a Belhadj en Rabat

Querella contra el juez Del Olmo por el 'caso Parrilla'

FERNANDO LÁZARO/Madrid

Estaba claro que la sentencia del llamado caso Parrilla no iba a cerrar puertas definitivamente sino, más bien al contrario, a abrirlas.

Ayer se confirmó que la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que absuelve a los policías Antonio Parrilla y Celestino Rivera de revelar secretos a un periodista de EL MUNDO ya es firme. El Ministerio Público, que ya tuvo incluso que modificar sus conclusiones durante el juicio, decidió que no tenía elementos suficientes para recurrir.

La Confederación Española de Policía (CEP) no quiere que la actuación judicial y policial contra los agentes quede en un cajón escondida. Y por ese motivo ha anunciado ya la presentación de una querella criminal por prevaricación contra el juez que decidió encarcelar a los dos policías: el ex instructor de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.

La CEP fue el mismo sindicato que impulso la cuestación popular para recaudar la fianza que Del Olmo impuso a los agentes para eludir la prisión, 300.000 euros, cinco veces más alta que la que se fijó, por ejemplo, al propio Arnaldo Otegi cuando estuvo encarcelado.

La asociación policial también quiere ajustar cuentas con los mandos policiales que llevaron a los dos agentes ante el juez de forma injustificada, según la sentencia de la Audiencia de Madrid. Por este motivo, la CEP también interpondrá otra querella contra la comisaria (política) Ana Arias, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía cuando se produjeron las detenciones y encarcelamientos de Parrilla y Rivera.

La CEP pretende que sea la Justicia «quien determine si la actuación del juez y de la comisaria se ajustaron a los principios legales que rigen su profesión», indica el sindicato en una nota. En el caso de la comisaria, actual responsable de la Unidad de Coordinación y miembro de la Junta de Gobierno del Cuerpo Nacional de Policía, la CEP recuerda que la sentencia absolutoria indica que uno de los agentes fue detenido «sin fundamento alguno» y que el otro lo fue «en base a presunciones y conjeturas que debieron ser objeto de mayor reflexión y estudio».

«Ponderación»

En cuanto al juez Del Olmo, la CEP recuerda que mantuvo durante un mes la prisión preventiva para los dos policías «por el mero hecho de haber tomado un café con un periodista». La sentencia, en referencia al instructor, apunta: «Quienes tenemos atribuidas funciones de autoridad, propias o por delegación» deben ejercitar su trabajo «no solo con aparente y formal legalidad, sino con absoluto respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos», actuando con «ponderación, equilibrio y mesura cuando se trata de restringir los derechos y libertades».

«Las navidades de 2006», recuerda la nota de la CEP, «fueron reveladoras de muchas cosas: la generosidad, fraternidad y compañerismo de miles de policías nacionales (entre ellos el comisario Carlos Garrido, fallecido a los pocos días de testificar en el juicio y rebatir con firmeza y dignidad la versión de la comisaria Arias) y ciudadanos. Pero también hizo aflorar la mezquindad e irresponsabilidad de muchos otros, como el juez y la comisaria contra los que ahora nos querellamos. Mientras tanto, nadie ha pedido disculpas todavía a los dos agentes que vivieron aquel calvario policial y judicial», finaliza el comunicado.

Tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en la que se absuelve a los agentes Parrilla y Rivera, desde el Ministerio del Interior y desde la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil se guardó un escrupuloso e incómodo silencio. La autoridad judicial puso claramente en duda la actuación policial dirigida desde altas instancias de la Policía que preferían silenciar el caso.

Pero en pequeños círculos se tenía confianza ciega por parte de los mandos policiales en que la Fiscalía recurriría la sentencia y que se alcanzará «la justicia de verdad». Se confiaba en el penalti en el último segundo del partido, aunque fuera injusto. La Fiscalía no ha recurrido y ahora sí que queda cerrada la verdad judicial del conocido como caso Parrilla.

Ayer, el director general del Cuerpo, Francisco Javier Velázquez, no dio muchas opciones a preguntas. Solo quería hablar sobre los nuevos uniformes de la Policía, de nada más.

Una comisaria en el punto de mira

>El Sindicato Profesional también tiene en su punto de mira a la actual jefa de coordinación, la comisaria que dirigía la operación contra Parrilla y Rivero. El SP ha pedido por carta al ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, que la destituya, de momento, sin éxito.

>El presidente del sindicato denunció que la comisaria (política) había faltado a la verdad en el juicio. «Se produjo una flagrante falta a la verdad por parte de la señora Arias».

>«No creemos acertado que mientras haya una mínima sospecha fundada sobre su actuación, siga desempeñando su cargo en la Junta de Gobierno»

Víctimas del 11-M urgen al juez a reabrir el sumario

MANUEL MARRACO/Madrid

Víctimas del 11-M han reclamado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que resuelva ya la petición de reapertura del sumario de los atentados y la práctica de nuevas diligencias basada en la ocultación de restos de las explosiones al tribunal que juzgó al masacre.

En un escrito presentado el pasado miércoles, la abogada Manuela Rubio destaca que la solicitud se presentó el pasado 9 de marzo y que el juez dio de plazo a las partes para pronunciarse hasta el pasado 5 de mayo. Añade que hasta la fecha no ha tenido respuesta del magistrado ni se le ha notificado la opinión del resto de acusaciones. El retraso en resolver la petición llega después de otras largas esperas. Así, el escrito recuerda que el juzgado tardó año y medio en denegar una primera petición de diligencias sobre los explosivos. Las víctimas recurrieron la decisión que fue confirmada por la Sala de lo Penal sin celebrar vista y, por tanto, «sin poder explicar a la Sala el contenido del recurso».

Dos días antes del quinto aniversario de la masacre, la letrada planteó una larga lista de diligencias y presentó un documento sorprendente: una fotografía del sumario del 11-M en la que se ve a dos policías recogiendo muestras del cráter que dejó en la estación de El Pozo una de las mochilas-bomba que los Tedax intentaron desactivar sin éxito.

Pese a la evidencia de que se habían recogido, ni el juez Juan del Olmo ni el tribunal del 11-M recibieron muestras de ese foco cuando ordenaron a las Fuerzas de Seguridad que les remitieran todos los vestigios de las explosiones. La lista de desapariciones también incluye las impregnaciones de los otros focos de explosión, según la declaración de los mismos Tedax que recogieron las tierras del cráter, y que constan en el sumario y en la declaración que realizarom en el juicio.

La petición de reapertura del sumario fue presentada en nombre de Gabriel Moris y Pilar Crespo, padres de un fallecido en el 11-M. Moris fue, además, uno de los ocho peritos que intervinieron por orden del tribunal en el análisis de los explosivos de la masacre y que lamentaron la «escasez» de muestras -en total, 23 para una docena de focos-, lo que debilitaba las posibilidades de determinar con precisión el explosivo empleado.

El escrito, firmado por los letrados Manuela Rubio y Juan Carlos Rodríguez Segura, reclama al juez Velasco que investigue «el paradero actual de las muestras de tierra del cráter del andén de El Pozo» recogidas por los Tedax y, por supuesto, pregunta «por qué las tierras recogidas del cráter [...] no fueron enviadas a la pericia ordenada por el tribunal», pese al requerimiento enviado a la unidad entonces dirigida por Juan Jesús Sánchez Manzano.

Pese a que el juez Velasco aún no ha respondido, lo cierto es que ya dispone del criterio de la Fiscalía, que como en ocasiones anteriores se ha opuesto a la reapertura del sumario y a la práctica de nuevas diligencias. Considera que lo que tratan de esclarecer las víctimas -la marca del explosivo que explotó en los trenes y sus suministradores- quedó zanjado en el juicio del 11-M. En su respuesta a la consulta del juez, el Ministerio Público elude cualquier referencia a la fotografía que prueba la recogida de muestras que nunca llegaron a la Audiencia.

Las reivindicaciones de las víctimas se apoyan en la puerta abierta que dejaron tanto la Audiencia Nacional como el Supremo en la determinación del explosivo. Ambas sentencias sostienen la presencia de Goma 2 ECO en todas las explosiones, pero reconocen que la aparición de sustancias ajenas a esa dinamita impide descartar el uso de otro explosivo. A través del hallazgo de nuevos componentes, sostiene el escrito, podría llegarse a identificar a implicados en la masacre que aún permanecen anónimos

El juez Velasco interrogará en Rabat a Belhadj pasado mañana

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco viaja pasado mañana a Rabat para practicar una prueba esencial para determinar la autoría del 11-M: el interrogatorio de Mohamed Belhadj, el imputado por los 191 asesinatos que fue arrestado en Siria el pasado mes de mayo. Además, tomará muestras de su ADN y registrará sus huellas dactilares, aunque ya se sabe que el perfil genético que se obtuvo de sus padres coincide con el que apareció en el piso de Leganés y la casa de Morata de Tajuña en varias prendas de ropa, una toalla, una funda de almohada y algunas maquinillas de afeitar.

Ninguno de los acusados de participar directamente en la matanza que sí fueron capturados tenía un perfil tan relevante ni se le presumía tanta ascendencia dentro de la célula que se suicidó en Leganés como a Belhadj.

La próxima semana, el juez antiterrorista de Marruecos Abdelkader Chentouf interrogará en España a siete personas, todas ellas en prisión, que pueden aportar alguna información sobre la implicación de Belhadj en la matanza.

La intención de Velasco es que antes de que finalice el verano pueda haber reunido todas las pruebas que implican a Belhadj para presentar una denuncia oficial y que sea juzgado en Rabat, ya que el reino alauí no extradita a sus nacionales.

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: "LA BANDA DE LOS CHAVES": Paula Chaves evidencia que la Junta le hizo un 'traje a medida' a Matsa

Paula Chaves evidencia que la Junta le hizo un 'traje a medida' a Matsa

MANUEL MARÍA BECERRO/Sevilla

Paula Chaves, la hija del vicepresidente tercero del Gobierno, deja en evidencia la versión oficial de la Junta de Andalucía para tratar de tapar el escándalo sobre el incentivo de 10,1 millones de euros concedido a la empresa que ella apodera, Minas de Aguas Teñidas (Matsa), una ayuda multimillonaria en cuya aprobación participó su padre pese a que la Ley andaluza de Incompatibilidades de Altos Cargos le obligaba a inhibirse.

Para desmentir la denuncia de EL MUNDO de que Matsa se benefició de un traje legislativo a medida, la Junta viene defendiendo que la empresa no se vio favorecida por cambio legislativo alguno porque su proyecto de planta de transformación sería incentivable «con la orden de 2008, la de 2007 y la de 2005».

Sin embargo, en un recurso de reposición presentado ante la Junta el pasado 2 de abril, Paula Chaves recuerda que, «en fecha 29 de septiembre de 2006», la empresa que apodera «presentó solicitud de incentivos para la construcción de una planta de tratamiento de mineral al amparo de la orden de 2005» y que ésta «fue denegada 'por no reunir el proyecto los requisitos especificados en la orden', dado que entre los beneficiarios no se encontraban las empresas que desarrollen actividades mineras».

Aunque el decreto 24/2001, de 13 de febrero, que establecía el marco regulador de las subvenciones de la Junta, habilitaba al Gobierno andaluz para subvencionar a Matsa porque permitía dar dinero público a empresas de actividades mineras, en 2005 todo cambió. Una orden del 24 de mayo cerraba específicamente a este tipo de compañías el acceso a subvenciones de la Junta andaluza. Por tanto, cuando Aguas Teñidas presentó la solicitud por primera vez, la orden del 24 de mayo de 2005 impedía al Gobierno de Chaves aprobar la subvención.

Lo mismo sucedió con el nuevo cambio legislativo de 2007. La orden de incentivos aprobada el 19 de abril de 2007 y que, a su vez, desarrollaba el nuevo decreto 21/2007, de 6 de febrero, sí contemplaba la posibilidad de subvencionar en minería proyectos presentados por «industrias extractivas» para el acceso a los yacimientos «con el propósito de iniciar su explotación», excluyendo las labores ya en la fase de explotación. Pese a la modificación, Matsa quedaba fuera de la posibilidad de ser subvencionada ya que su actividad es también transformadora, algo no contemplado en el citado decreto.

Apenas mes y medio más tarde, la hija de Chaves -según admite Matsa públicamente- empieza a trabajar como «responsable del departamento jurídico» de la compañía. El 11 de octubre de 2007, Matsa vuelve a presentar la solicitud para lograr el incentivo de la Junta. En tan sólo cinco días laborables, la Delegación de la Junta en Huelva califica de «incentivable» un proyecto de gran complejidad técnica. Previamente, ya Paula Chaves dada de alta, se había solicitado también un incentivoante el Ministerio de Industria.

El problema con las costuras legales salta a la vista cuando el Gobierno deniega la ayuda el 24 de abril de 2008, alegando que Aguas Teñidas había iniciado las inversiones antes de la presentación de la solicitud, el 20 de julio de 2007. Y, evidentemente, si las inversiones estaban iniciadas en esa fecha, cuando Aguas Teñidas presenta el 11 de octubre de 2007 la solicitud ante la Junta también lo tenían que estar.

Pero un buen sastre todo lo arregla. El 24 de junio de 2008 el Consejo de Gobierno andaluz aprobó -a propuesta de Presidencia- un nuevo decreto de ayudas, el 394/2008, por el que se suprimían todas las limitaciones al fomento de los proyectos mineros del decreto 21/2007. A partir de ese momento, podía ser incentivado cualquier proyecto de «fomento a la minería».

Además, la orden del 9 de diciembre de 2008 que desarrollaba ese decreto amplió con carácter retroactivo la línea de ayudas a toda iniciativa minera que genere una «transformación del material». De ese modo, se lubricó el procedimiento administrativo para poder subvencionar a Matsa.

Otra firma comprometedora de la hija

>El documento reproducido extracta el recurso interpuesto ante la Junta de Andalucía hace dos meses por Paula Chaves Iborra. Con él, la hija del vicepresidente del Gobierno desmonta la versión oficial de que Matsa no se benefició directamente de ningún cambio legal

El PP pide que responda ante la Diputación Permanente

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que su formación reclamará inmediatamente en la Diputación Permanente de esa Cámara que comparezca el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, para dar explicaciones por no inhibirse en la aprobación del incentivo a la empresa apoderada por su hija.

En la inauguración de la Escuela de Verano del PP andaluz en la localidad malagueña de Torremolinos, Sáenz de Santamaría afirmó que Chaves, ex presidente andaluz, «tiene que dar explicaciones en el Congreso», por lo que le pidió que «fije fecha y hora», tras añadir que desconoce «si busca excusas para comparecer en la Comisión de Fondos Reservados a puerta cerrada y para que no se entere nadie».

También ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, eludió pronunciarse sobre la presentación y posterior retirada por parte del PP de una querella en el Tribunal Supremo contra Chaves y su hija.

«El Gobierno no puede pronunciarse sobre algo que se ha producido y no se ha producido y no se sabe si se va a producir», afirmó la vicepresidenta, antes de afirmar que el PP acostumbra a «instrumentalizar la justicia».

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ESTEPONA: Pringados desde la hija del Presidente del Senado hasta el locutor de la cadena SER

La Policía cree que el ex alcalde de Estepona favoreció a De la Morena

MARGA GARCÍA/Málaga

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) ha detectado durante el tiempo de escuchas e investigación del caso Astapa que el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos, del PSOE, dio un trato de favor al periodista deportivo de la cadena Ser José Ramón de la Morena.

La relación era tan estrecha que Barrientos llega a condicionar un convenio con el Grupo Prasa a que de los tres pisos que adquirió el periodista, la promotora sólo escriturara uno, pese a ser estos hechos constitutivos, al menos, de un delito contra la Hacienda Pública, según se desprende del informe policial y las conversaciones entre ambos amigos.

La investigación policial ha dejado al descubierto que «si bien se tenía constancia de su amistad, en el último periodo de observación [se refiere a noviembre de 2007], se ha constatado un acercamiento importante entre Antonio Barrientos y José Ramón de la Morena, al cual le han dispensado un trato de favor, especialmente en relación con tres apartamentos que éste compró al Grupo Prasa y cuyo presidente, Pepe Romero, le debe algún favor a Antonio Barrientos», reza el sumario.

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De ANDALUCÍA LIBRE

Pedro de Tena

Según las declaraciones de algunos empresarios, la corrupción podría ser incluso superior al caso Marbella: "Las comisiones que hemos tenido que pagar en Estepona son mucho mayores que las que tuvimos que pagar en Marbella en tiempos de Roca".Así se expresaba un empresario de la constructora Proincosta, según uno de los primeros informes policiales conocidos del caso Astapa, tal y como cuenta este viernes El País.

Hay que recordar que Patricia Rojo, hija del presidente socialista del Senado, Javier Rojo, está implicada en los hechos.

En aquella operación policial-judicial, fue detenido el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, otros seis ediles del PSOE y del partido posgilista PES, así como numerosos cargos y técnicos municipales relacionados generalmente con el urbanismo. La apertura del sigilo judicial ha permitido, en primer lugar, confirmar lo que era un secreto a voces en la ciudad: que la causa arrancó gracias a dos concejales, el actual alcalde, David Valadez (PSOE) y su compañera de corporación Cristina Rodríguez, que en noviembre de 2006 denunciaron en Madrid ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal las irregularidades de las que eran testigos. La instrucción, que sigue abierta, acumula 63 imputados.

Igual de evidente es que la dirección del Partido Socialista Andaluz, liderado por Manuel Chaves no hizo caso alguno a dichas denuncias por lo que el alcalde Barrientos siguió en el cargo. Cuenta ABC que una grabación de la Policía revela que la dirección del PSOE de Málaga recibió "un montón" de quejas de los casos de corrupción en Estepona y que la denuncia partió de dos concejales socialistas. Los investigadores grabaron una conversación el 28 de noviembre de 2007 entre el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, y el abogado Juan Simón, ambos imputados en el caso «Astapa», donde el edil socialista le dice al letrado que la Ejecutiva Provincial está recibiendo «un montón de quejas». También le dice que ha pedido una cita con la entonces secretaria provincial, Marisa Bustinduy, actualmente diputada socialista en el Parlamento andaluz, para «poner verde» al concejal de Urbanismo, Rafael Duarte. En la cinta, algunos imputados critican a Duarte por no aprobar convenios irregulares y no inflar el presupuesto municipal.

La Policía tuvo conocimiento de que la dirección provincial fue informada antes de las pasadas elecciones de las irregularidades destapadas hace un año por el Juzgado. La jueza destaca en el sumario que «la Policía Judicial sigue investigando sobre los hechos denunciados, que, dada la complejidad de la causa, su gran volumen y el número de imputados, requieren de varias líneas que actualmente están en su fase álgida». Bustinduy intentó, sin éxito, tapar la crisis de Estepona, junto a miembros de su Ejecutiva y otros cargos orgánicos e institucionales del partido. Además, según militantes del PSOE, la dirección malagueña no es la primera vez que mira hacia otro lado y hace oídos sordos a denuncias sobre irregularidades urbanísticas en otros municipios de la provincia.

El actual alcalde de Estepona, David Valadez, y la concejala socialista Cristina Rodríguez denunciaron la presunta trama de corrupción del Ayuntamiento, según figura en la parte del sumario levantado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, encargado del caso. El Juzgado levanta ahora el secreto de los seis primeros tomos, que suponen desde el folio uno al 2.857, "donde constan todas las actuaciones practicadas hasta principios de junio de 2008", mes en el que se desarrolló la operación policial. La denuncia de ambos ediles fue formulada el día 16 de noviembre de 2006 y en ella se establece que los dos «llevan ejerciendo el cargo desde el mes de junio de 2003 y en el tiempo transcurrido han venido observando distintas irregularidades, las cuales llevan a pensar que pudieran estar cometiéndose presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el entorno del Ayuntamiento de Estepona».

El contenido de las irregularidades

La policía concluye que "los partidos políticos de Estepona, más concretamente el PES y el PSOE, tendrían al menos ciertas irregularidades en su financiación que podrían derivarse en actividades ilícitas". Se cita el caso de un convenio, tasado en 1,2 millones de euros que supuestamente sirvió para pagar la lujosa campaña electoral del PSOE esteponero en mayo de 2007. Para disimular esta financiación irregular, Barrientos supuestamente pidió a sus compañeros de lista que suscribieran un préstamo de 6.000 euros cada uno.

También se detectaron contrataciones y procesos de selección de personal "amañados" y aumentos injustificados de sueldo. El ex jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, uno de los cerebros de la trama, propuso para él un complemento de 1.800 euros mensuales para que el entonces edil de Hacienda, Francisco Zamorano, lo presupueste, según la policía.

Valadez y Rodríguez entregaron a la policía una declaración de 18 folios acompañada de una carpeta amarilla con información sobre 15 convenios urbanísticos en la localidad, en la mayor parte de los casos con tasaciones de terrenos a la baja, lo que suponía tanta ventaja para los promotores como quebranto económico para el municipio.

Los principales implicados en el caso Astapa eran conscientes de la posibilidad de que la policía hubiera pinchado sus teléfonos y tomaron sus precauciones. El 24 de abril de 2007, el entonces alcalde Antonio Barrientos telefoneó a la que entonces era secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy. En un momento de la conversación, ésta le pregunta al alcalde si tiene teléfono fijo en su casa para "comentarle un temilla". Barrientos responde: "Yo tengo un teléfono blindado y controlado aquí en el Ayuntamiento ¿sabes? con todo tipo de medidas de seguridad, un teléfono rojo".

La discreción telefónica se extendía a los regalos que los concejales y altos cargos municipales percibían de empresarios. El abogado de la promotora Valle Romano, Daniel Delgado, estaba preparando una partida de "regalos navideños" para personas del entorno político, periodístico y empresarial de Estepona. Delgado llamó a la secretaria del responsable de la empresa y le conminó a que las dádivas fueran "una cosa discretita": "Es necesario que la entrega de regalos se haga de forma individualizada y muy discreta, de manera que nadie sepa qué regalos han recibido los otros".

Según el sumario, los imputados políticos no hacían ascos a la procedencia del dinero, siempre que éste llegara puntualmente y en metálico. El concejal del Partido Estepona (PES) Manuel Reina, pidió supuestamente 42.000 euros a repartir con otros dos imputados a cambio de otorgar licencia para el Club Oasis, un local de alterne. Los imputados exigieron el dinero en dos plazos mientras los vecinos de la zona protestaban por la implantación del prostíbulo en su vecindario.

Tres cajas municipales, dos de dinero negro

En la Estepona de Barrientos el Ayuntamiento tenía tres cajas, una legal y dos para comisiones particulares. La corrupción estaba “asumida e interiorizada”. La caja A era donde estaba el dinero fiscalizado y destinado a los fines previstos por la ley. La caja B se reservaba para las comisiones ilegales de las promotoras y en la caja C se ingresaba presuntamente el dinero destinado a cuentas particulares, según el relato de los concejales.

Valadez y Rodríguez presentaron a la juez un dossier de 18 folios en los que realizaban una exposición de los hechos irregulares que habían detectado en el Ayuntamiento, que podían ser constitutivos de presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, entre otros, y que ellos contemplaron en el equipo municipal desde junio de 2003, durante tres años. Entonces se decidieron a denunciar.

Patricia Rojo, hija del presidente del Senado

Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, el socialista Javier Rojo, fue asimismo imputada nuevamente a pesar de haber negado su participación en el caso. Patricia Rojo, salió del despacho de la jueza imputada y acusada de prevaricación y cohecho. La que era coordinadora de Urbanismo interrumpió sus vacaciones para declarar ante la juez Isabel Conejo imputada de presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Sobre las 9.15 del 17 de julio de 2008 llegó a los juzgados acompañada de su abogado y salió unas tres horas después, confirmándose su imputación.

Según contó en su día El Confidencial, "el destino de Patricia Rojo está ligado al del alcalde de Estepona,el socialista detenido en el marco de la Operación Astapa, Antonio Barrientos. Ella es una persona de su confianza. Cuando cese él, cesará ella”. De las distintas tramas existentes en el Ayuntamiento esteponero, Rojo era ‘miembra’ de la del alcalde “la que se encargaba de las grandes operaciones”, explicaban fuentes conocedoras de la actividad del Consistorio. “Imposible que no estuviera al corriente de sus manejos”, añaden.

Patricia Rojo fue citada a declarar ante la Policía porque se encargaba de la coordinación del área de Urbanismo en la localidad vecina a Marbella. ¿Pero qué hacía una chica como Patricia Rojo en un nido de corrupción como el Ayuntamiento de Estepona? De formación abogada, fue fichada en prácticas por Antonio Caba, ex alcalde socialista de Estepona, cuando gobernaba junto a PP, PA e IU entre 1999 y 2001. Caba es el antecesor, mentor y abogado de “El pollo”, que es como llaman a Barrientos en su pueblo. Su relación era tan intensa que Caba es su abogado. En el momento de su detención, Caba le acompañaba como letrado.

Las actividades del alcalde hoy detenido no podían serle ajenas a Rojo. El 23 de marzo del año 2007, la comunidad de propietarios del complejo Playa Dor denunció ante la Fiscalía al alcalde de Estepona, Antonio Barrientos; a la coordinadora del área municipal de Urbanismo, Patricia Rojo; a un técnico municipal de esta área; al imputado en el Caso Malaya Giovanni Piero Montaldo –empresario italiano vinculado a la mafia calabresa-; y a las empresas Promociones Los Ansares, S.A., vinculada a José María del Nido, y Moansa, S.A. por la comisión de un presunto delito urbanístico.

Casualmente, Barrientos departía –y hay suficiente material fotográfico que lo demuestra- tanto con el presidente del Senado, Javier Rojo, como con el presidente del Congreso, el también socialista, José Bono.

EpC, ADOCTRINAMIENTO SOCIALISTA PARA LA CIUDADANÍA: Dos niños de 6 y 14 años leerán el manifiesto del "orgullo gay"

Denuncian que dos menores lean el manifiesto del 'Orgullo Gay' en Palma

El Instituto de Política Familiar cree que se «utiliza y manipula» a los niños

MANUEL AGUILERA/Palma

Los derechos de gays y lesbianas se han mezclado con los derechos de los menores en Baleares. El Instituto de Política Familiar denunció ayer en la Oficina del Menor que dos niños de 6 y 14 años vayan a participar en la lectura del manifiesto esta noche en la celebración del Día del Orgullo Gay. La Agrupación de Gays, Transexuales y Lesbianas de Baleares, Ben Amics, se ha negado a contestar a la denuncia porque «viene de una asociación que representa la homofobia».

Ben Amics decidió incorporar este año a las celebraciones unas actividades de Orgullo Infantil. El objetivo es «transmitir a los más pequeños la libertad que deben tener todas las personas para vivir plenamente su propia identidad y orientación sexual». Ayer por la noche, se llevó a cabo la primera actividad, que consistió en un tablero gigante de Twister donde los colores representaban las diferentes orientaciones sexuales. La idea era transmitir que todas son igualmente válidas y respetables. También hubo cuentacuentos, música y juegos malabares. El colofón será esta noche con la participación de dos menores en la lectura del manifiesto.

El Instituto de Política Familiar, una entidad privada que dice defender la familia tradicional, afirma que «no se puede utilizar y manipular a menores para adoctrinar sobre una tendencia sexual». Dice que se están vulnerando la legislación española y la Declaración Universal de los Derechos del Niño. En su opinión, la participación de los menores en las actividades «implica un adoctrinamiento de los posibles niños participantes con respecto a opciones sexuales, respetables, sin duda, pero que no pueden ser objeto de inducción subliminal en los menores de edad».

Las actividades se reanudarán esta tarde con actuaciones de DJs y grupos de percusión, y a las 22.30 horas se realizará la entrega de un premio en positivo y otro en negativo.

La asociación Ben Amics ha propuesto a tres candidatos para reconocerles su trabajo en favor de los derechos de los homosexuales (Siurell Rosa) y otros tres por todo lo contrario (Dimoni Rosa). Los nominados para esto último son la Reina Doña Sofía, por sus declaraciones contra el matrimonio de gays y lesbianas aparecidas en el reciente libro de Pilar Urbano; el obispo de Mallorca, Jesús Murgui, por la misma razón; y el colegio religioso más importante de Baleares, Madre Alberta, que es quien está ganando las votaciones en la web de Ben Amics por goleada.

Según denunció el padre de una alumna el pasado mes de mayo, en este colegio una médico dijo en una conferencia que «la homosexualidad era como una enfermedad psicológica, pero que tenía solución con tratamiento». La Consejería de Educación pidió explicaciones al colegio y éste contestó que la denuncia era «rotundamente falsa». El portavoz de la patronal Escuela Católica, Marc González, afirma que «la información que le llegó al padre estaba totalmente tergiversada» y lamenta que haya quien recurra a lo fácil, que «es cebarse con un colegio religioso».

El que parece que se llevará el Siurell Rosa es precisamente el padre que denunció en un periódico local y a la Consejería de Educación al colegio Madre Alberta, Josep Benet. Los otros nominados son el Tribunal Supremo, por no reconocer la objeción a Educación para la Ciudadanía; y el Instituto Balear de la Juventud.

TERRORISMO VASCO: ETA envía a una niña de 14 años la carta de extorsión a su padre

ETA envía a una niña de 14 años la carta de extorsión a su padre

ÁNGELES ESCRIVÁ/Madrid

Las diferentes variantes que ETA ha puesto en marcha desde hace años para robar el dinero a los empresarios vascos y navarros con el objetivo de financiar sus asesinatos han encontrado una manifestación todavía más mezquina de lo habitual: ayer se supo que la banda envió a una niña de 14 años la carta de extorsión que iba dirigida a su padre.

José Manuel Ayesa, el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, reveló este extremo.

Ayesa confirmó que, en el mes de mayo, al menos 12 empresarios de la Comunidad Foral han recibido las cartas de extorsión con reclamaciones que alcanzan los 400.000 euros y denunció que las listas radicales que se presentan a las elecciones tengan acceso al censo que contiene los datos de los ciudadanos que después son amenazados.

No es la primera vez que un menor recibe una carta de ETA destinada a un empresario, pero sí que es la primera que trasciende y que se plantea la duda sobre si la banda terrorista puso en la misiva el nombre de la destinataria consciente de que se la enviaba a una menor, o si su pretensión era llegar al entorno adulto del extorsionado.

En realidad, se trata de una duda meramente técnica. Si el envío fuera estudiado significaría que la banda, con más problemas que antaño, habría intensificado su grado de mezquindad en el asunto del mal llamado impuesto revolucionario; y si el destinatario no fue elegido expresamente, se trataría de un fallo operativo producto de su desorganización.

De hecho, las Fuerzas de Seguridad se inclinan por esta segunda posibilidad basándose en algunas evidencias que se han ido acumulando con los últimos envíos de cartas. Más concretamente con esta última remesa de mayo. Los funcionarios policiales han venido constatando errores reiterados en las misivas en las que ETA exige la que denomina cínicamente aportación revolucionaria. La organización ha estado enviando sus amenazas a ciudadanos que no son empresarios y que tampoco tienen una capacidad económica lo suficientemente solvente como para garantizar un pago de los exigidos por la organización.

El desbarajuste ha sido tal que antes de que trascendiera el envío de la carta a la niña hoy protagonista, ya habían llegado a la conclusión de que entre los últimos detenidos se encontraba el responsable del aparato económico -probablemente Ekaitz Sirvent, arrestado en París en abril- y que el nuevo encargado no había podido recabar información correcta sobre sus víctimas.

En cualquier caso, la recepción de esta misiva es consecuencia de la práctica mezquina que la banda viene aplicando desde hace años y que tiene como objetivo no sólo a los empresarios a los que pretende extorsionar, sino a los familiares más cercanos.

La organización, que inicialmente remitía una sola carta, pasó a enviar hasta cinco misivas por extorsionado que iban incrementando gradualmente su tono admonitorio. La última era la destinada a informar de que a partir de ese momento el empresario y sus propiedades iban a ser atacados.

Este procedimiento se vio reforzado por otro posterior que incluía a los familiares entre los receptores de las cartas. La banda conseguía la dirección de los allegados al empresario y la estampaba en el remite, de modo que si éste la rechazaba acababa inevitablemente en manos de su familiar. Las Fuerzas de Seguridad creen que esto es lo que puede haber ocurrido en este caso.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Manuel Ayesa, lamentó ayer los efectos «perniciosos» de permitir la presencia de listas de partidos del entorno de ETA en las elecciones porque, con ello, acceden a los censos. «El envío de cartas es absolutamente aleatorio. ETA tiene acceso a una serie de bases de datos y esto no se ha valorado lo suficientemente a la hora de permitir que se presenten a las elecciones. Por eso se dan situaciones kafkianas, como que una niña de 14 años reciba una carta de extorsión», denunció.

Ayesa informó ayer de que la llegada de misivas es tan continua que «ya no se puede hablar de remesas». Las últimas llevan el número 50 incorporado al anagrama de ETA en referencia a los 50 años del nacimiento de la banda terrorista y la cuantía exigida es mayor. La media ronda los 100.000 o 200.000 euros, pero en algunos casos la exigencia llega a ser de 400.000 euros.

El presidente de la patronal navarra defendió que la mayoría de los empresarios es absolutamente consciente de que no debe «aproximarse para nada a la banda terrorista». «No hay que pagar. La banda está en una situación de deterioro muy importante por las últimas detenciones y yo estoy seguro de que cada día pagan menos empresarios. Tenemos que terminar de una vez con esta lacra social», argumentó.

REACCIONES: «No van a dejarse amedrentar»

La mayor parte de las instituciones y partidos navarros y vascos condenó las amenazas a los empresarios y les mostró su solidaridad, a ellos y a sus familiares. El Gobierno navarro hizo constar su reconocimiento «hacia los emprendedores navarros que, además de afrontar las dificultades económicas, deben soportar el chantaje mafioso de los profesionales del asesinato». UPN apeló a la unidad de los demócratas y añadió que «el tejido empresarial navarro no va a dejarse amedrentar». El PSN calificó de «repugnantes» las extorsiones.

EL ALCALDE DECANO: Licinio Prieto/ NUEVO UNIFORME POLICIAL: Azul marino

«Tantos años como Licinio»

El presidente del PP, Mariano Rajoy, y el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, homenajearon ayer en Cuevas del Valle (Ávila) a Licinio Prieto, que con 87 años es el alcalde más anciano de España y el más longevo en el cargo.

Accedió al cargo por primera vez en 1954 y desde entonces ha repetido siempre, excepto en 1974 y 1982. Rajoy aseguró que pretende estar en política «tantos años como Licinio»

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Policía en azul marino

Cambia el uniforme tras 20 años y añade una gorra de béisbol

FERNANDO LÁZARO/Madrid

Tras más de 20 años de azul claro, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se convertirá en marino. Las calles de Madrid serán las primeras que reciban a los agentes con sus nuevos uniformes, que mandarán al ropero a los actuales, que llevan más de 20 años vistiendo al CNP.

Los policías han pasado desde el gris, al marrón (por eso el mote de maderos), al azul claro y, ahora, al azul marino.

La cúpula policial presentó ayer en sociedad la nueva vestimenta para los patrulleros, un uniforme mucho más deportivo y funcional que, como explicaron la docena de agentes que sirvieron de modelos, se acoplará mejor a las necesidades de los agentes.

La gorra de plato es sustituida por una gorra de béisbol; la camisa, por un polo con botones; los clásicos pantalones de pinzas con raya, por unos mucho más deportivos y cómodos; los zapatos, por unas botas bajas más adaptadas para el patrullaje callejero; los nuevos calcetines, con un gran anagrama del cuerpo policial... Y, sobre todo, el color, el nuevo azul marino, cercano al negro, donde resalta mucho más el color oro de los anagramas bordados del CNP que todas las prendas llevan incorporadas. Y también la bandera de España en todas las prendas.

La nueva uniformidad se repartirá durante este mes a más de 6.000 agentes de Madrid, ya no llevará la placa en el pecho. Será sustituida por un bordado. Lo que sí llevará cada uno de los agentes es su número de escalafón.

«Es mucho más cómodo para trabajar», apuntaron los agentes que han servido para mostrar a los medios de comunicación la nueva uniformidad, que servirá para sustituir al anterior uniforme que era utilizado desde 1986.

Para el invierno, el mismo polo pero con manga larga y, además, un jersey de cuello de pico que sustituirá al clásico de cuello cerrado.

Quizá la imagen más curiosa del día era ver a algunos de los máximos responsables de la Policía con el nuevo atuendo, sin el uniforme de gala. La gorra de béisbol calada en la cabeza de los comisarios principales generó mucha sorpresa, y alguna sonrisa despistada, entre sus subordinados.

«No tienen mala pinta. Seguro que para los que patrullan en los zetas a diario es mucho más cómodo que lo que llevan ahora», comentaba un agente del complejo policial de Canillas que asomaba el ojo para ver de «primera mano» la uniformidad que rompe con los últimos 20 años de azul claro. «Acabaremos vistiendo de negro», apuntaba otro policía. «No, que esos son los beltzas de la Ertzaintza», le contestó otro.

ECONOMÍA: Nueva inyección millonaria de dinero de NUESTROS IMPUESTOS para tapar los desfalcos en las Cajas de Ahorros "Amontilladas"

INYECCIÓN MILLONARIA / Batería de medidas
36.000 millones para ayudas en 2009...

El Gobierno aprueba el fondo de reestructuración para bancos y cajas de ahorros - El Frob movilizará hasta 99.000 millones para un proceso que durará «varios años»

JUAN EMILIO MAÍLLO / CARLOS SEGOVIA/Madrid

Cuando en otros países los bancos ayudados por sus gobiernos empiezan a devolver las ayudas, el Ejecutivo español dio ayer el visto bueno al Real Decreto que regula el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

El nombre ya chirría. En los bancos no gusta el último apellido, ya que creen que este instrumento será usado, sobre todo, por las cajas de ahorros. Y en tono jocoso hay directivos que opinan que «sólo faltaría que el proceso fuese desordenado».

Anécdotas aparte, lo cierto es que este nuevo instrumento, cuya entrada en vigor es inmediata, contará este mismo año con 36.000 millones de euros para acudir en ayuda de bancos y cajas en dificultades, o que quieran hacer uso de la ayuda pública para acometer procesos de fusión e integración.

Un montante que contrasta con las palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, quien ayer, al término de la reunión del Consejo de Ministros, afirmó que «estamos en una situación inmejorable».

«Las entidades sistémicas no tienen absolutamente ningún problema. Muchas de las otras tampoco, pero algunas podrían tenerlos si continúa la crisis económica internacional, y si la caída de la actividad económica les lleva a dificultades por el estrechamiento de márgenes».

Pero en la exposición de motivos del decreto, el Ejecutivo va mucho más allá. «Renunciar a la ordenación pública de este proceso podría entrar un quebranto difícil de asumir» para los tres fondos de garantía de depósitos, que apenas suman 7.000 millones.

Lo que el Gobierno pretende con este proceso de ayudas -en el que se movilizarán hasta 36.000 millones este año (27.000 millones en deuda y avales, y los 9.000 con los que nace el Frob) y otros 63.000 millones a partir de 2010- es que el crédito vuelva a fluir con normalidad.

Reforzar al sector «quiere decir garantizar que pueda cumplir su papel en una economía de mercado, que es captar recursos que puedan ofrecerse después en forma de créditos». Sin embargo, en ningún punto del texto articulado del Real Decreto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se impone condición alguna para que las ayudas deriven en más préstamos para familias y empresas.

De los 9.000 millones con los que nace inicialmente el Frob -al que se suma su capacidad de endeudamiento-, 6.750 millones los aporta el Estado con dinero sobrante del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (del que sólo se ha usado el 40%) y los 2.250 millones proceden de los fondos de garantía de bancos, cajas y cooperativas de crédito.

La ministra Salgado da por hecho que las arcas públicas no corren riesgo con las ayudas a la banca. «No tenemos previsto que haya gasto para el contribuyente», y eso que entre las opciones figuran avales, compras de activos o adquisición de acciones y cuotas participativas, además de ayudas a fondo perdido.

Fruto del acercamiento al Partido Popular, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, comparecerá cada tres meses en el Congreso para informar sobre el comportamiento del Frob. El presidente de este fondo, Javier Aríztegui, subgobernador del Banco de España, lo hará justo después de cada una de las veces en que este instrumento se use.

La vicepresidenta Salgado admitió que el proceso de ayudas al sector financiero «va a durar varios años». De momento, el mandato de los ocho integrantes de la Comisión Rectora del Frob es de cuatro años, ampliables.

Salgado confió en que el Gobierno pueda contar con un «amplio consenso» a la hora de la preceptiva ratificación en el Congreso del Real Decreto Ley aprobado ayer. Pero las críticas se sucedieron ayer entre los partidos de la oposición. Ninguno le dio su pleno respaldo al texto del Ejecutivo, aunque el Gobierno ve improbable que el PP y otros grupos osen votar en contra de rescatar al sector financiero.

El Ejecutivo rechazó la pretensión del PP de aprovechar este proceso para despolitizar a las cajas de ahorros ni anular el veto que pueden imponer las comunidades autónomas a las fusiones de cajas. «No hemos querido que fuera de otra manera, no nos parece que sea necesario y no tiene sentido abordarlo en este momento», replicó Salgado sobre el veto regional, que le hubiera supuesto un duro enfrentamiento con los barones regionales socialistas y los partidos nacionalistas, que incluso critican que ese veto se anule cuando el Banco de España interviene una entidad.

Y en cuanto a la despolitización de las cajas, reprochó al PP que, mientras pide cambiar la ley de cajas para avanzar en ese camino, «al mismo tiempo en Caja Madrid se producía una clara interferencia política». Pese al reproche, Salgado espera el voto favorable del PP.

Partido Popular

>Mariano Rajoy dijo ayer que el Frob es «un parche» que no solucionará el acceso al crédito de familias y pymes.

Convergencia i Unió

>Josep Sánchez Llibre reprochó al Gobierno que el Banco de España tenga la última palabra en fusiones.

Izquierda Unida

>La formación comunista denunció que el Frob esconde una «privatización encubierta» de las cajas.

Asociación de Banca

>La AEB reclama que no se use el dinero público para salvar entidades individuales, sino el conjunto del sistema.

Cajas de ahorros

>La CECA se queja de que el plazo de un mes para que una entidad tenga un plan de viabilidad es muy corto

INYECCIÓN MILLONARIA / Los intereses políticos
... y Montilla los aprovecha para lanzar una fusión de cajas catalanas

Caixa Sabadell, Terrassa, Manlleu y Manresa preparan su integración

DANI CORDERO/Barcelona

Tras las presiones del Banco de España y el beneplácito de la Generalitat, Cataluña intenta acabar con su atomizado sector de cajas, formado por 10 entidades para poco más de siete millones de habitantes en la comunidad. Cuatro cajas -Sabadell, Terrassa, Manlleu y posiblemente Manresa- están inmersas en una negociación que podría acabar con la creación de la octava entidad nacional de este sector.

Las negociaciones llevan en marcha unos cuantos meses, según avanzó ayer La Vanguardia y confirmaron las entidades, con el objetivo de crear una única caja o ahondar en una plataforma común de servicios que, más pronto que tarde, estaría llamada a convertirse en una caja única. El grupo resultante podría llegar a superar los 30.000 millones de euros de activos, lo que la llevaría a la tercera posición del ranking catalán de cajas, por detrás de Caixa Catalunya y por delante de Caixa Penedès. Caixa Sabadell, con sus 12.381 millones de activos, lideraría la operación, seguida por Terrassa, con un tamaño de 11.835 millones de euros. Manlleu (2.630 millones) es mucho menor, mientras que Manresa aportaría 6.595 millones, pero el balance más sano de las cuatro.

Fuentes conocedoras de los contactos aseguraron ayer que «hace meses ya se estaban hablando de nombres», de la nueva entidad, llamada a convertirse en el referente económico y financiero de la denominada Catalunya central. El director general de Caixa Sabadell, Jordi Mestre, podría convertirse en el nuevo director general, si bien en el baile de nombres también entraría Feliu Formosa, su homónimo en Manresa, en el caso de que ésta aceptara entrar en la operación. La presidencia quedaría en manos de Jaume Ribera, que acaba de aterrizar en la presidencia de la caja de Terrassa.

Las cuatro entidades implicadas en las negociaciones han cerrado este año 32 sucursales.

Pese a ser reacios inicialmente a procesos de fusión, los avisos procedentes del Banco de España, del Ministerio de Economía y de la propia Generalitat han provocado que las direcciones de las distintas cajas iniciaran contactos entre ellas para avanzarse a posibles y forzados matrimonios de conveniencia. La operación que se conoció ayer se suma a otra que suena más desde hace años y que parece haber vuelto a tomar fuerza: la de las entidades de fundación pública Caixa Catalunya, Tarragona y Girona, que serviría sobre todo para limpiar los balances de las dos primeras.

¿Y el resto? De ese nuevo mapa sólo se libran tres entidades. La Caixa -mayor caja española- parece tener reservado un papel de salvadora de pequeñas entidades en el caso de que el Gobierno así se lo pida. El director de Caixa Penedès ha señalado en diferentes ocasiones que la expansión deseada está fuera de Cataluña, operaciones que no acaban de gustar en el seno del Gobierno catalán. Y queda una última entidad, Caixa Laietana, cuya dirección quedaría a expensas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

FIRMAS: Federico Jiménez Losantos, Erasmo, Pedro G. Cuartango, Victor de la Serna, Arcadi Espada, En La Red, Jimmy Carter

#LAS CUATRO ESQUINAS

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EL CORREO CATALÁN: Conócete a ti mismo (I)

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EDITORIALES: Cajas, una reforma con graves vicios/ Presentamos la prueba fehaciente, firmada y sellada, de que Paula Chaves solicitó y recibió los 10M

EDITORIALES DEL DÍA
CAJAS, UNA REFORMA CON GRAVES VICIOS

MENOS DE un año después de que Zapatero cantara las excelencias de nuestro sistema financiero, el Consejo de Ministros se dispone a aprobar -seguramente hoy- un decreto por el que se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que ascenderá a un máximo de nada menos que 99.000 millones de euros.

Esta considerable suma de dinero servirá para reordenar el sector financiero -en concreto, las cajas de ahorro- mediante un proceso de fusiones que será supervisado por el Banco de España. El Gobierno reforzará la capitalización de las entidades que se fusionen mediante este Fondo, aunque en principio no dispondrá de derechos políticos; es decir, no intervendrá en la gestión.

El aspecto más polémico de la reordenación de las cajas es que el actual marco legislativo confiere a las comunidades autónomas la capacidad de vetar una fusión si la considera lesiva para sus intereses. La vicepresidenta Elena Salgado declaró públicamente que el Gobierno iba a eliminar este veto, pero posteriormente quedó desautorizada por el propio Zapatero.

El presidente del Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás por las presiones de Montilla y Griñan -reyezuelos de taifa antes que socialistas-, que se oponían a perder el derecho de vetar las fusiones de sus cajas por miedo a perder el control. Ésta es la tesis que desgraciadamente se ha impuesto.

A lo largo de los últimos meses, el Gobierno ha intentado llegar a un acuerdo con el PP para reformar el sistema financiero, pero el pacto no ha sido posible porque Mariano Rajoy quería acabar con el derecho de veto y, además, desconfiaba de la neutralidad política del Banco de España en la determinación de las fusiones y en la exigencia de responsabilidades a los gestores. Anoche, el Gobierno aceptó la creación de una comisión parlamentaria que controlará el proceso.

Las suspicacias de Rajoy no son imaginarias. Tienen base en la forma cómo el Gobierno tuvo que intervenir Caja Castilla-La Mancha, que se hizo tarde, mal e intentando ocultar en un primer momento la incompetencia de los gestores.

Nadie duda en estos momentos que el sector financiero se encuentra en una situación difícil y, más concretamente, que hay más de una docena de cajas que necesitan capitalización para afrontar sus problemas de liquidez. También es evidente que el proceso de concentración es la solución más racional, teniendo en cuenta que hay un sobredimensionamiento del sector.

Pero las fusiones no pueden ser abordadas para satisfacer las apetencias de poder de los barones autonómicos sino para fortalecer y sanear unas entidades que se tambalean. Lo lógico y lo coherente sería las concentraciones de cajas complementarias geográficamente, lo que permitiría aumentar su implantación territorial y, por ello, la competitividad del sistema.

Ello choca con las pretensiones de algunos presidentes autonómicos que quieren fusionar cajas de la misma comunidad para reforzar su poder y evitar intrusiones de fuera en detrimento de una mayor competencia. Por citar un ejemplo, Montilla apoyaría la absorción de Caixa Catalunya por La Caixa con ayudas públicas, pero no aceptaría una fusión con Bancaja, que opera en Valencia, ya que ello supondría además difuminar el carácter identitario de su primera entidad financiera.

Parece claro que el proceso de ordenación de las cajas está condenado al fracaso si al final priman los intereses políticos sobre la racionalidad económica. Pero además el Gobierno está dejando pasar la gran oportunidad de modificar su régimen jurídico para profesionalizar su gestión y blindarlas de interferencias políticas.

En conclusión, existe el riesgo de dilapidar unos recursos considerables para perpetuar un sistema que ya ha demostrado su ineficiencia.

DEMOSTRAMOS DOCUMENTALMENTE QUE SU HIJA PIDIó Y RECIBIó LAS AYUDAS:
Chaves tendrá que explicarse en los tribunales... si el PP se decide a querellarse

EL PARTIDO de Chaves impide que se le investigue en el Parlamento, pero el vicepresidente tercero tendrá que responder ante los tribunales. Eso promete al menos el PP, que ayer ofreció toda una demostración de descontrol. Había interpuesto una querella en el Supremo por prevaricación, tráfico de influencias y malversación contra el actual vicepresidente tercero del Gobierno y su hija Paula -según el partido el lunes, según el Alto Tribunal el miércoles-, por el caso de las subvenciones a Matsa. Pero decidió retirarla tras las protestas esgrimidas por el PP andaluz, que al parecer no había sido consultado. Génova anunció que tiene intención de presentarla ampliada en los próximos días. Sobran motivos y pruebas para hacerlo. Entre ellos, el documento que hoy ofrecemos a nuestros lectores, prueba fehaciente, firmada y sellada, de que Paula Chaves solicitó y recibió los 10 millones de subvención de la Junta presidida por su padre. Puesto que el PSOE andaluz ha vuelto a abortar la solicitud de una comisión de investigación en el Parlamento autonómico, y Chaves responde en el Congreso a las preguntas sobre el caso con insultos y echando mano del 11-M y del Yak-42, la única forma de esclarecer este asunto es recurrir a la Justicia. Sus ejercicios de escapismo no tendrán validez ante los tribunales. Y allí tampoco le servirán las falacias con las que intentó dar respuesta a lo publicado por EL MUNDO.

CONTROVERSIA EN LA JUSTICIA POR EL CASO DEL ASESINO DE LAS DOS POLICíAS:
La alarma no la crea el fallo del Supremo, sino la reacción de la Fiscalía de Cataluña

LA SENTENCIA del Supremo que anula la condena de más de 80 años de cárcel impuesta al asesino y violador de dos mujeres policías en L'Hospitalet en 2004 ha causado un lógico revuelo. El Alto Tribunal señala que debería haber sido un Jurado popular, y no jueces profesionales, el que viese el caso, por lo que ordena repetir el juicio. Hay que advertir que la decisión no comportará que el reo quede en libertad, y de hecho el Supremo se aseguró con buen criterio de que este peligroso sujeto no sería excarcelado, ya que cumple condena por delitos anteriores. Dada la abundancia de pruebas, es más que probable que vuelva a ser condenado. Lo que sorprende y crea en realidad alarma social es la reacción de la Fiscalía de Cataluña que, sin esperar tan siquiera a conocer los fundamentos de la sentencia, aún no publicada, se ha apresurado a manifestar que crea «dudas e incertidumbre» y que es «contradictoria» con otras resoluciones del Alto Tribunal. La Audiencia de Barcelona decidió prescindir del Jurado en este caso ateniéndose seguramente más a cuestiones prácticas -como el hecho de que un juicio tan mediático corría el riesgo de convertirse en un espectáculo- que a lo que establece la Ley del Jurado. Pero el fallo del Supremo es impecable desde el punto de vista técnico. Tanto el allanamiento de morada como el asesinato de las policías corresponden juzgarlos al Jurado, y los demás delitos aparecen conectados con aquéllos, por lo que estamos ante la aplicación estricta de la ley.

NOS CUENTAN QUE... Los diputados populares que se identifican a sí mismos con el nombre de El balconcillo, por ocupar los escaños más altos del Hemiciclo, convocaron una cena el lunes a modo de despedida del curso. El acto congregó nada menos que a 58 parlamentarios. El organizador, Juan Carlos Grau, diputado por Menorca, fue obsequiado con una corbata de Loewe por su implicación. Hubo además premios para cuatro diputados: para Pilar Barreiro, alcaldesa de Cartagena, por haber obtenido los mejores resultados del PP en las europeas; para Carlos Floriano, por ser el único portavoz que saluda a los diputados de a pie, y para Esteban G. Pons, por tener el «mejor perfil» del grupo. Todos recibieron una flauta menorquina. Soraya Sáenz de Santamaría no pudo recoger el suyo -estaba de regreso de la India- a «la mejor portavoz». Se lo entregaron ayer: una botella de sangría con forma de bailarina andaluza.

Viernes, 26 de junio de 2009
Un atajo hacia Neverland

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: LA BANDA DE LOS CHAVES: La prueba fehaciente, firmada y sellada, de que Paula Chaves solicitó y recibió los 10M

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Las pruebas
El PSOE impide investigar el caso tras confirmarse la incompatibilidad

Paula Chaves firmó como apoderada la aceptación de la ayuda aprobada por su padre

J. CARO ROMERO / M. Mª BECERRO/Sevilla

El PSOE utilizó ayer la mayoría absoluta con que cuenta en el Parlamento andaluz para impedir que prosperase la creación de una comisión de investigación que tanto el PP como IU reclamaban sobre el caso del incentivo de más de 10 millones de euros concedidos a Minas de Aguas Teñidas (Matsa) siendo Manuel Chaves presidente de la Junta, y su hija, apoderada de esta sociedad.

Lo hizo justo después de que desde los bancos del Grupo Popular airearan la prueba definitiva de que, en contra de la versión oficial, la hija del vicepresidente tercero del Gobierno no es una simple trabajadora más entre los 450 empleados de Matsa: la firma de Paula Chaves aceptando el incentivo avalado por su propio padre, un documento que EL MUNDO pudo verificar ayer que consta en el expediente original, tras retirar la Junta el veto a este diario.

Como ha venido publicando este periódico durante las últimas semanas, la hija de Chaves fue quien rubricó el pasado 23 de febrero la aceptación de la ayuda en calidad de apoderada de Matsa, y pese a que su propio padre no se había inhibido en la aprobación de la ratificación del incentivo en el Consejo de Gobierno del 20 de enero, cuando Paula Chaves ya contaba con poderes para solicitar la subvención.

El documento de la aceptación viene a probar la relación directa de Paula Chaves con el incentivo y su plena capacidad para adoptar decisiones directivas en Matsa, condiciones necesarias para concluir que su padre, tres meses antes de abandonar la Presidencia de la Junta de Andalucía, incumplió el artículo 7 de la Ley andaluza de Incompatibilidades de Altos Cargos.

Éste establece que «los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil».

Manuel Chaves participó en el Consejo de Gobierno del 20 de enero como presidente de la Junta, esto es, en calidad de alto cargo. Y debió inhibirse cuando llegó el momento de abordar la aprobación de la ratificación del incentivo porque él tenía que saber que en ese asunto estaba involucrada directamente su hija, familiar de primer grado, ya que así lo ha reconocido la propia Matsa.

Conviene recordar que Aguas Teñidas admitió que Paula Chaves se encarga desde el 2 de julio de 2007 de «la gestión y tramitación del incentivo de ayudas» y de «la representación ante cualquier Administración pública» como responsable del departamento jurídico de la firma, «ostentando facultades de representación de la compañía». Aparte, en el Registro Mercantil figuran dos amplísimos apoderamientos inscritos a favor de la hija de Chaves, uno escriturado en octubre de 2008 y el otro el pasado 14 de enero: seis días antes de que el Consejo de Gobierno diera luz verde al incentivo.

No obstante, tanto el actual vicepresidente del Gobierno como la Junta mantienen que el primero no incumplió la Ley de Incompatibilidades porque la firma de Paula Chaves sólo figura en el expediente al final, en la aceptación de la ayuda, fechada el 23 de febrero, un mes después de que su padre participara en el acuerdo del Consejo de Gobierno y lo rubricara.

En realidad, la firma de Paula Chaves se produce cuatro días antes, el 19 de febrero, y la Junta ya la reconoce en un documento como apoderada el 12 de febrero, cuando le envía el escrito que certifica la subvención. Además, es muy discutible que su padre esté eximido de culpa porque sólo se pueda documentar su participación en la tramitación del expediente en el acto de aceptación. En este sentido, resulta esclarecedor una afirmación del diputado del PP en el Parlamento andaluz José Luis Rodríguez: «Es que sería muy sencillo vulnerar la ley, porque cualquier alto cargo podría decir: 'Hijo mío, tú ejerce de apoderado y gestiona directamente la ayuda que te voy a conceder. Pero ya que tramitas tú el expediente, no seas tonto y asegúrate de que no aparezca tu nombre en los papeles para que papá pueda darte el dinero sin que me acusen de nada'».

A CONTRAPELO
Ahora ya le consta

SANTIAGO GONZÁLEZ

El periodista Furio Colombo contaba en un libro publicado hace unos años que en el despacho del director del Wall Street Journal hay un cartel que dice: «Creemos que la verdad en periodismo se construye como las catedrales góticas piedra sobre piedra: con un hecho encima de otro hecho, encima de otro hecho». A esta máxima contraponía el periodista italiano que el periodismo actual amontona una declaración sobre otra declaración, sobre otra declaración.

Ayer, el caso Chaves se enriquecía con otro hecho: la aparición del documento en el que Paula Chaves Iborra, hija, se declara representante de Matsa, solicitante de incentivos para la empresa a la que apodera y acepta la concesión de la subvención que había sido firmada por su padre un mes antes.

Es un documento formal, no una carta de amor filial. No dice gracias, papá, pero es que ahora los hijos vienen muy despegados. El pequeño de los míos me llama por mi nombre de pila, no digo más. En una enternecedora falta de ortografía escribe «se hayan recogidas» donde debería haber escrito «se hallan recogidas». Es sólo una falta, ya digo, pero trastoca los verbos al convertir el presente de indicativo del verbo hallar en el presente del subjuntivo del verbo haber.

Es un hecho sobre otro hecho, como explicaba Colombo. El primero, la piedra angular, es la Ley 3/2005 de 8 de abril de Incompatibilidad de Altos Cargos de la Junta de Andalucía. Vayamos por partes: ¿Era Manuel Chaves González titular de un alto cargo de la Junta en enero de 2009? ¿Era Paula Chaves Iborra «persona de su familia dentro del segundo grado civil»? ¿Tenía entonces Paula Chaves Iborra «alguna parte» en la dirección, asesoramiento o administración de la empresa interesada? Si ha respondido afirmativamente a las tres preguntas, Chaves ha infringido dicha ley en su artículo 7º por no inhibirse aquel día, girar una visita a la plaza de toros de Ronda o ir a ver cómo había afectado el invierno al fresón de Lepe. Cualquier cosa menos estampar su firma en la concesión.

Frente a esto, Chaves y los suyos no han hecho sino amontonar una declaración sobre otra declaración, proclamaciones de inocencia o de derechos individuales que no son del caso. «Uno de esos 450 empleos [creados por Matsa] es el de mi hija, que es una trabajadora asalariada, afiliada al régimen general de la Seguridad Social». El 27 de mayo pasado, a Chaves no le constaba que su hija hubiera tramitado la subvención, eso está en las hemerotecas.

«Mi hija tiene todo el derecho a trabajar sin irse de Andalucía». ¿Quién se lo habrá discutido? El hecho de que Matsa ofreciera un cargo al alcalde de Almonaster que había aprobado la licencia, colocara a varios familiares suyos y pagara el viaje de bodas de su hijo a Canadá. ¿Quieren que mi familia sea indigente? ¿Es que mi hijo no tiene derecho a casarse? ¿Por qué no puede ir de luna de miel a Canadá?

Y todo en este plan. Es la traducción al andalú del axioma enunciado por Zapatero el 27 de octubre de 2007 en Leganés: «Los valores de la derecha cotizan en la Bolsa, y los de la izquierda lo hacen en el corazón». Bárcenas y Chaves, avaricia y amor a la familia, derecha e izquierda.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Cerco al vicepresidente
El PP pone una querella contra Chaves y su hija y luego la retira

Génova la presentará una vez ampliada / Los 'populares' andaluces ignoraban la iniciativa / El PSOE impide una comisión de investigación en Andalucía

El PP protagonizó ayer un episodio jurídico-político próximo al vodevil. Un «error» de comunicación interna indujo al partido de Rajoy a retirar por la tarde la querella contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, que había sido registrada el pasado lunes en el Tribunal Supremo sin el conocimiento del abajo firmante: el PP andaluz.

El estupor más absoluto se adueñó del entorno de Javier Arenas y de los propios despachos de Génova cuando ayer conocieron esa presentación a través de las agencias de prensa. La decisión de preparar la querella se había adoptado en el Comité de Dirección pero nadie se hacía ayer responsable de haber autorizado su «precipitado» registro. Finalmente, el PP la retiró y anunció que la presentará, ampliada, en los próximos días.

El abogado del Partido Popular, Juan Ramón Montero, fue, según las fuentes recogidas en Génova, quien se llevó toda la bronca después de que el coordinador de Justicia del partido, Federico Trillo, negara en círculos internos haber dado el okey al escrito.

Pese a los intentos de diluir la polémica interna, y de exculpar a quien pudiera corresponder el fallo, la dirección no ocultaba la «metedura de pata» que había malogrado, en parte, una estrategia largamente pensada y pilotada desde Andalucía.

La idea de querellarse contra Chaves estuvo presente desde el comienzo mismo de la ofensiva emprendida a cuenta de la subvención de 10 millones concedida por la Junta de Andalucía a la empresa apoderada por su hija.

Sin embargo, el PP andaluz ha sido escrupuloso -hasta provocar la impaciencia de algunos miembros de la propia dirección- en cuidar los tiempos. Primero, decidió esperar a que la propia Junta cumplimentara la entrega del expediente de la concesión -lo que sólo se hizo ayer- y a que la Consejería de Presidencia contestara la denuncia administrativa del partido sobre el incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de Andalucía. Con ello, el PP andaluz, respaldado por Rajoy, pretendía armarse con futuros argumentos políticos contra el Gobierno autonómico en caso de un futuro fallo judicial favorable en el Supremo.

Además, los populares aguardaban a ver el resultado de la denuncia presentada contra Chaves por los mismos hechos por parte de Manos Limpias ante la Fiscalía de Andalucía que, precisamente, ésta remitió anteayer al Supremo.

Por otra parte, siempre según fuentes recabadas en Génova, el momento de presentar la querella, justo en la semana en la que el Alto Tribunal abría causa contra dos de sus aforados, no era el más «oportuno» porque podría dar lugar a equivocadas teorías compensatorias.

Así las cosas, y una vez superado el shock que mantuvo paralizado al PP nacional durante algunas horas, se impuso la decisión de volver sobre los pasos dados para atenerse al plan trazado.

A través de un comunicado, Génova anunció que «en los próximos días, finalizados los análisis jurídicos, el PP interpondrá las acciones judiciales correspondientes». Además, justificaba que «en las últimas 48 horas el PP ha recibido la copia del expediente sobre la subvención a la empresa Matsa. De la primera observación, se han obtenido nuevos datos, por lo que el PP ha decidido retirar la querella interpuesta el pasado lunes, a fin de ampliar la documentación y formularla en todos sus extremos».

Fuentes populares confirmaban a continuación que la querella contra Chaves se registrará en breve ante el Alto Tribunal, y daban por hecho que mantendrán las acusaciones formuladas en el escrito retirado ayer, que, según informaba Efe, abarca los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En su comunicado, el PP aclaraba que sus «equipos jurídicos trabajan en Andalucía y a nivel nacional» y que su conclusión es que «además de la exigencia de responsabilidades políticas, procede presentar acciones judiciales en las vías contencioso-administrativa y penal».

Por último, el PP aprovechaba para recordar que ayer mismo el PSOE había «rechazado» la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz.