EDITORIALES: ETA, más cruel y más aislada que nunca

Algún problema ha impedido a EL MUNDO subir hoy su edición digital. Por ello, recorto de la edición ".pdf" lo más destacado.

TERRORISMO: ETA mata a un policía antiterrorista

ECONOMÍA: Botín pide a los políticos que se aparten/ Aznar pide ante Aguirre y Blesa la privatización de cajas de ahorros/ Alemania bloquea el adelant

FIRMAS: Federico Jiménez Losantos, Isabel San Sebastián, Erasmo, Pedro G. Cuartango, Victor de la Serna, Arcadi Espada, En La Red, Jimmy Carter

TITULARES resto noticias. ...

CONTRAPORTADA, titulares de noticias de la capital y de provincia. ...

EDITORIALES: El inconstitucional "Estatut" avanza, pero el TC no se mueve/ Esperpento en las Cortes de Castilla-La Mancha

EDITORIALES DEL DÍA
EL ESTATUTO AVANZA, PERO EL TC NO SE MUEVE

AYER SE CUMPLIERON tres años de la aprobación del Estatuto de Cataluña por consulta popular y el próximo 31 de julio hará también tres años que el PP presentó su recurso de inconstitucionalidad. El partido de Rajoy recurrió 114 de sus 223 artículos, alegando que se trataba de «una Constitución paralela» que produciría «daños irreparables».

A pesar del tiempo transcurrido, el Tribunal Constitucional sigue sin pronunciarse mientras cerca de una veintena de los artículos recurridos han sido aplicados o desarrollados legalmente por la Generalitat. Algo inconcebible en un Estado digno de tal nombre.

María Emilia Casas, presidenta del Constitucional, justificó ayer la tardanza en dirimir el recurso del PP, asegurando que los magistrados trabajan «intensamente y sin interrupciones», aunque lo hacen «en la intimidad». Menuda palinodia.

Casas afirmó que el Constitucional no decide en función de «la agenda política», lo cual es razonable pero no explica por qué lleva sin resolver casi tres años un recurso del que depende la arquitectura institucional del Estado. Parecía razonable suponer que el Constitucional iba a conceder prioridad a este recurso, dada su trascendencia, pero el hecho es que ha transcurrido el tiempo y nadie sabe cuándo se producirá ese fallo tan esperado por los partidos y la opinión pública.

El Constitucional debería darse cuenta de que, cada día que pasa, se hace más difícil declarar la inconstitucionalidad de determinados artículos que ya se han desarrollado mediante leyes del Parlamento catalán. El caso más flagrante es de la lengua: la nueva ley educativa que se va a aprobar en julio establece que la única lengua vehicular para la enseñanza es el catalán, tal como fijan cinco artículos del Estatuto.

Otro ejemplo que hoy recoge EL MUNDO es la creación del llamado Consejo de Garantías Estatutarias, aprobado por ley pero no constituido. El Consejo es una especie de Tribunal Constitucional de Cataluña que decide sobre la legalidad de sus normas.

Ítem más, al amparo del artículo 110 del Estatuto, que blinda las competencias exclusivas, la Generalitat está regulando cuestiones de inmigración o trabajo al margen de la legislación del Estado.

La Generalitat ha puesto también en marcha una reforma del código civil catalán sobre la base del autogobierno y los derechos históricos, creando de esa manera un nuevo derecho de familia que no coincide con el vigente en el resto del Estado.

Hay muchos otros ejemplos pero tal vez la cuestión más relevante es la bilateralidad y el trato privilegiado que el Estatuto consagra para Cataluña en materia de financiación autonómica. El propio Zapatero acaba de prometer a Montilla que Cataluña no quedará decepcionada en relación a lo que establece el Estatuto.

Cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie habrá seguramente un acuerdo de financiación entre la Generalitat y el Gobierno. ¿No hubiera sido mejor contar antes con una sentencia clarificadora que hubiera ahorrado el tira y afloja que se mantiene desde hace más de un año?

Tal vez encerrados en esos despachos a los que no llega el ruido de la política, según dice Casas, los magistrados se han olvidado del mundo real en el que viven y de las urgencias del tiempo presente. Tres años son demasiado para un asunto en el que existen tantos intereses políticos y motivaciones sentimentales. Sea cual sea la sentencia, ya llegará tarde y los miembros de este tribunal serán siempre recordados por su indolencia y su medrosidad jurisprudencial

INSTAN A LA JUSTICIA A QUE SOBRESEA UNA CAUSA:
Esperpento en las Cortes de Castilla-La Mancha

LA APROBACIÓN en el Parlamento de Castilla-La Mancha de una resolución en la que se solicita a los tribunales el sobreseimiento de la causa abierta por el trágico incendio de Guadalajara de 2005 es un absoluto disparate. Es inaudito que desde el poder legislativo se trate de interferir tan burdamente en el poder judicial, indicándole cómo debe hacer su trabajo. La descabellada iniciativa prosperó gracias a la mayoría absoluta de que goza el PSOE en la Cámara. Además, el grupo socialista criticó a la juez por su decisión de poner fin a la fase de instrucción en lugar de darle carpetazo. Cabe recordar que en aquel incendio murieron 11 personas y que 16 cargos y técnicos de la Junta tendrán que sentarse en el banquillo. Pese a ello, la comisión de investigación que abrió el Parlamento autonómico se cerró sin ningún resultado, en lo que el PP calificó de «tomadura de pelo». Resulta inaceptable que se utilice un Parlamento para presionar a los jueces. Se trata de una injerencia en toda regla que debería tener una contundente respuesta por parte del Poder Judicial

LA IGLESIA APELA A LOS CATóLICOS EN EL ABORTO:
La legítima objeción de conciencia de los diputados

LA PETICIÓN de la Conferencia Episcopal a los diputados católicos de que sean consecuentes con la fe que profesan y con la doctrina de la Iglesia y se opongan a la reforma de la ley del aborto entra dentro de la normalidad y de la lógica. Como sería lógico también que los diputados votaran siempre en asuntos que afectan a su conciencia -ya sea en el caso del aborto o en cualquier otro- atendiendo a sus convicciones. Dado que el escaño es personal y no pertenece a los partidos, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, éstos deberían ser consecuentes y no aplicar sanciones ni presionar a los diputados que se desvíen en un momento puntual de las directrices que marque su formación política. El problema en España es que, en demasiadas ocasiones, el parlamentario no pasa de ser un subordinado que se limita a apretar el botón que le indica su grupo, con lo que se pierde la relación de compromiso que debería existir entre el elector y el elegido, en detrimento de la calidad democrática

NOS CUENTAN QUE... No hace ni tres meses que dejó el potro de tortura de la economía y el ex vicepresidente Pedro Solbes es un hombre nuevo que ya no envidia a los ex, aunque come con ellos y gasta las bromas a las que es tan aficionado. Esta semana, el ex vicepresidente se reunió a comer en un restaurante cercano al Congreso con Ciprià Císcar, ex secretario de Organización del PSOE. Ambos son socialistas de la Comunidad Valenciana, por lo que tenían bastante de qué hablar. Dos mesas más allá en el mismo salón estaba sentado el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro. Pero es que a la hora del café apareció desde el fondo José María Fidalgo, ex secretario general de CCOO, quien se acercó a la mesa del ex vicepresidente para saludarle. Ambos intercambiaron opiniones acerca de lo relajado que se está sin responsabilidades y alabaron cada uno el buen aspecto del otro

SEXTO DíA DE PROTESTAS EN IRáN:
Ahmadineyad hace gestos sólo para ganar tiempo
EL GOBIERNO iraní ha cambiado de estrategia. Tras la estéril pero feroz represión de los últimos días pretende ganar tiempo con la intención de que, poco a poco, vaya calmándose la situación. El presidente, Mahmud Ahmadineyad, ha comprobado cómo las desmedidas cargas policiales encendían aún más los ánimos de los opositores y provocaban el general rechazo internacional. Por eso está dispuesto a valorar ahora una posible revisión de las denuncias de pucherazo -ya van más de 600-, pero no con la idea de conocer la verdad, sino como táctica dilatoria, para demorar el proceso todo lo posible y enfriar así los ánimos de la llamada Marea verde y de su cabecilla, Mir Husein Musavi. La comunidad internacional debe estar muy atenta para evitar que este gesto de aparente mano tendida sea en realidad una nueva mascarada del régimen.
Viernes, 19 de junio de 2009
Lucha sin cuartel contra ETA

UN RETRASO DEL TC A CONVENIENCIA DE LAS FECHORÍAS DE ZAPATERO: Casa justifica que el TC lleve 3 años sin resolver sobre inconstitucional Estatut

MODELO DE ESTADO / A la espera de un fallo clave
Casas justifica que el TC lleve 3 años sin resolver el Estatut

Sostiene que trabajan «intensamente, sin interrupción» y «en la intimidad» / Entre tanto, una veintena de los artículos recurridos están ya siendo aplicados

MARÍA PERAL/Madrid

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, aseguró ayer que el TC trabaja «intensamente, sin interrupción» en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Y no le afectan «en absoluto» las críticas que recibe por el hecho de que aún no haya resolución ni tampoco las declaraciones políticas que lanzan advertencias sobre las consecuencias del fallo. El Tribunal delibera «en la intimidad» y no se siente «presionado» porque su agenda «no es la agenda política ni de la política».

Casas, que hizo esas manifestaciones en la presentación de la memoria del TC durante 2008, no desveló, ni siquiera de forma aproximada, cuándo habrá sentencia. «Lo antes posible», se limitó a repetir. Ayer se cumplían tres años del referéndum sobre el Estatut que, mientras el Constitucional debate, continúa siendo desarrollado.

Dos años llevaba María Emilia Casas sin comparecer ante la prensa para presentar la memoria de funcionamiento del Tribunal. En junio de 2008 se encontraba inmersa en la polémica que generó el conocimiento de una conversación telefónica que mantuvo con una abogada acusada del asesinato de su ex marido (circunstancia que ella desconocía) y en junio de 2007 el Constitucional se hallaba enfrascado en la guerra de recusaciones desatada con ocasión de los recursos contra el Estatuto de Cataluña.

Ayer, sin embargo, la presidenta del Tribunal Constitucional retomó la práctica de dar cuenta de la memoria de actividades. Y, pese a que en ella no figura la resolución de la impugnación promovida por el PP contra el Estatut -recurso que se remonta al 31 de junio de 2006-, Casas hizo una encendida defensa de la institución y exhibió un balance

que calificó de «satisfactorio» porque «el Tribunal ha podido sortear las dificultades con las que se ha encontrado de manera satisfactoria».

Intramuros del Tribunal, la comparecencia pública de Casas y sus manifestaciones se interpretan en clave de proximidad de la sentencia sobre el Estatut. En las últimas semanas, la presidenta ha impuesto una cadencia de reuniones del todo inusual que incluye la convocatoria del Pleno los días de la semana que habitualmente no se reunía y además en un horario maratoniano que se prolonga hasta la tarde-noche. La voluntad compartida de los magistrados es

alumbrar la sentencia antes de que acabe julio, aunque hay quienes no descartan que los debates se prolonguen. Se habla, incluso, de habilitar el mes de agosto con tal de que la resolución salga de una vez.

«Estará lo antes posible». Casas no se salió ayer de este guión, que completó con la reiteración de que el Tribunal trabaja «sin descanso» y con la defensa de la labor de la institución, una defensa no exenta de cierto pesar por el hecho de que «30 años después de la Constitución aún no se entiende bien lo que es el Tribunal Constitucional».

La presidenta expresó su lamento por la vía de enfatizar la situación del Tribunal de Karlsruhe, que «ha recibido el reconocimiento de la sociedad alemana sobre el papel que ha jugado en la aplicación efectiva de la Ley Fundamental».

Casas reclamó respeto -«la lealtad a la Constitución es también lealtad al TC»- y admitió que «la lectura de determinadas cosas en la prensa o de algunas declaraciones produce tristeza, sorpresa, perplejidad» porque «no se corresponden con la realidad» o porque se olvida que «entender lo que es el TC es la esencia de la democracia». Pero eso son «valoraciones personales» que «no afectan al trabajo del Tribunal», dijo.

«Les aseguro que no hay presión», insistió en relación a los debates sobre el Estatut. «Ni afecta la prensa ni afectan las declaraciones de los políticos, porque éste es un Tribunal que garantiza la eficacia normativa suprema de la Constitución y su agenda no es la agenda política ni de la política».

Casas vino a sostener que no hay retrasos indebidos en el examen del Estatut. Lo argumentó recordando que la sentencia sobre el Estatuto valenciano (impugnado con anterioridad al catalán) se dictó a finales de 2007 y que no fue hasta diciembre de ese mismo año cuando se cerraron las incidencias procesales que rodearon al recurso contra el Estatut, «algunas de las cuales conllevaban la paralización del procedimiento», dijo en referencia a las recusaciones.

La expectación sobre el fallo del Estatuto de Cataluña hizo que pasara desapercibido el hecho de que en 2008, por primera vez, el TC resolvió más asuntos de los que ingresó. Lo hizo, eso sí, a costa de la masiva inadmisión de las demandas de amparo, que a partir de la reforma legal llevada a cabo en 2007 pueden ser rechazadas con la mera afirmación de que el recurrente no ha justificado su «trascendencia constitucional»

EL REVÉS DE LA TRAMA
Una espera interminable

JUSTINO SINOVA

El 12 de octubre pasado, un magistrado del Tribunal Constitucional de quien tengo las mejores percepciones me reprochó, con la confianza que da el mutuo afecto, mi pesi-mismo acerca de los trabajos de la alta institución sobre la discutida constitucionalidad del Estatuto catalán. Yo había publicado una columna en la que lamentaba que el Tribunal no hubiera fallado dos años después de la entrada en vigor del Estatut sobre los siete recursos presentados contra él (Un mal servicio al Estado). Durante la recepción del Rey por la Fiesta Nacional, escenario de aquel encuentro, era motivo de comentario muy extendido el caminar parsimonioso del Constitucional al tiempo que se extendía el rumor de que tan prolongado examen de la ley estaba a punto de concluir. Hoy ya sabemos que el rumor no fue espontáneo, sino deliberado, porque ha seguido corriendo el reloj y todo sigue igual; o sea, los magistrados dando vueltas a la cuestión (al parecer) y los demás en una espera que se hace interminable.

Ahora se ha completado otro aniversario: tal día como ayer de hace tres años el Estatut fue votado en referéndum. Y mientras se acerca el tercer cumpleaños de su vigencia, dentro de siete semanas, el 9 de agosto, reaparecen rumores sobre un pronto alumbramiento aunque la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, preguntada ayer por los periodistas, no soltó prenda y no dijo que la docta voz esté próxima a hacerse oír ni que seguirá callada, sino todo lo contrario.

Como seguimos en donde estábamos, el lector me permitirá que me autocite y copie aquí un párrafo de entonces que no necesita hoy ni el retoque de una coma. Escribía en septiembre esto:

«Lo menos que se puede decir de la gestión del Constitucional sobre esta ley es que está haciendo un mal servicio al Estado. Yo creo que el TC está en las horas más bajas de su historia. Lo primero que necesita la institución es que los políticos quiten las manos de ella, pero su recuperación sólo pue-de venir en serio de la gestión de sus magistrados en una defensa decidida, radical y rápida de la Constitución. Lo malo es que eso hoy parece mucho pedir».

Siento disgustar de nuevo a mi querido magistrado, pero el alargadísimo retraso resulta temerario. En este tiempo el Estatut se ha utilizado, como es lógico pues se trata de una ley orgánica vigente, mientras las dudas sobre su completa constitucionalidad se mantienen como al principio. Es evidente que cada día que pase será más difícil aplicar una sentencia, en especial si fuera fuertemente correctora.

Ante la previsión de ásperos problemas, algunos intuyen una sentencia «interpretativa» que dé margen no sólo a la deducción sino también a su cumplimiento, una sentencia que trate de dejar las cosas más o menos como están y de complacer a todos al mismo tiempo. A lo mejor, el retraso se debe a la búsqueda de tal prodigio de la equidistancia. Pero si hablamos en serio, habremos de reconocer que la labor del Tribunal no consiste en contentar a todos, ni mucho menos a los políticos de turno, sino en defender y aplicar la Constitución a costa de lo que sea. Veremos si lo consigue y cuándo.

MODELO DE ESTADO / Las consecuencias
Financiación por «la puerta de atrás»

ERC veta una oferta de 2.500 millones porque 500 irían a Prisiones y Cercanías
Sigue la carrera por el acuerdo de financiación con malas vibraciones para la parte catalana. El consejero de Economía, Antoni Castells, anunció ayer que su última reunión con la ministra del ramo, Elena Salgado, se saldó con una mejora «sustancial» de la oferta estatal, pero que todavía es «insuficiente» y, por tanto, inaceptable para el Ejecutivo catalán.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere quitarse ya de encima el lastre que le supone la eterna negociación de la financiación. Ha dado una fecha para cerrar el asunto: el 15 de julio, pero no lo tiene fácil, porque se está encontrando con el rechazo de la parte catalana a sus propuestas.

¿Qué es lo que quiere la Generalitat? Como mínimo, el Govern reclama 2.500 millones de euros extra para Cataluña este año, con la intención de ir aumentando esa cifra hasta alcanzar los 3.800 millones extra al final del quinquenio. Pero, además, y ése es un requisito irrenunciable, el Govern exige un cambio de modelo de la financiación autonómica, para que Cataluña no salga perjudicada al aplicar el criterio de solidaridad.

¿Qué es lo que ofrece Zapatero? En un primer momento, Pedro Solbes se avino a dar 1.200 millones más para Cataluña este año. Una propuesta que la parte catalana consideró sonrojante. Ahora, según explican fuentes conocedoras de las negociaciones, el Ejecutivo central está dispuesto a aflojarse el bolsillo y entregar cerca de 2.000 millones extra para Cataluña a cuenta de este ejercicio.

Como esa cantidad está todavía alejada de las pretensiones de la Generalitat, Zapatero ha puesto sobre la mesa la posibilidad de completar la oferta con otros 500 millones, que entregaría al Govern al margen de la financiación. Este dinero tendría desde un primer momento un destino concreto: la mejora de las prisiones catalanas y la inversión en Cercanías de Renfe, cuya gestión no acaba de traspasarse por falta de la dotación económica que reclama la Generalitat.

Para el presidente del Gobierno, ésta sería una solución al problema, cuyo trasfondo es más político que económico. Zapatero puede darle a Cataluña el dinero que pide, pero teme hacerlo a bombo y platillo, pues se arriesga a que la oposición se le eche encima por beneficiar a los catalanes o por sucumbir a las presiones del presidente de la Generalitat, José Montilla, y del tripartito.

Para evitar el desgaste que eso le supondría, Zapatero, cuya situación de soledad en el Congreso es cada vez más acuciante, ha pensado en la posibilidad de completar la financiación oficial con esos 500 millones extra para las prisiones y los trenes.

Pero el tripartito no tiene ninguna intención de aceptar esa oferta. Al menos, por lo que respecta a Esquerra. Los republicanos consideran que la propuesta del presidente no es más que una fórmula para arreglar el culebrón de la financiación «por la puerta de atrás».

Los independentistas no están dispuestos a que los fondos lleguen a Cataluña ya hipotecados desde su origen. Consideran que eso perjudicaría a los intereses del Govern, que perdería capacidad de decisión y que, además, no aseguraría el ansiado cambio de modelo

MODELO DE ESTADO / Las consecuencias
Despliegue estatutario sin red

La Generalitat ha impulsado el desarrollo legislativo de una veintena de artículos del Estatut, pese a que están pendientes de la sentencia del Constitucional

LEONOR MAYOR/Barcelona

El Estatut celebró ayer su tercer aniversario rodeado de problemas. Sobre la viabilidad del texto pende la sentencia del Constitucional a los recursos que interpusieron el PP, el Defensor del Pueblo y otras comunidades autónomas. Un fallo que, pese al tiempo transcurrido, no acaba de ver la luz. Además, el Estado ha demostrado escaso interés en desarrollar el contenido del texto. De las reformas legislativas dependientes del Gobierno central para adaptar el ordenamiento jurídico al Estatut ni siquiera se ha empezado a hablar.

Tampoco se ha materializado la mayoría de los traspasos de competencias previstos en el texto. Sólo la Generalitat ha impulsado determinadas modificaciones normativas, aunque algunas se refieren a cuestiones recurridas, por lo que no sería descartable que, en un futuro, y a la vista de la esperada sentencia, el Govern se viera obligado a dar marcha atrás. Estos asuntos son:

DERECHOS HISTÓRICOS. El artículo 5 reconoce la «posición singular de la Generalitat en relación con el derecho civil, la lengua, la cultura». El Govern ya ha emprendido una reforma del Código Civil catalán que incorpora, entre otros aspectos, la obligación de los padres de desvelar su origen a los hijos adoptados.

LENGUA. El PP recurrió los artículos 6, del 33 al 37 y el 131 relativos al uso del catalán. De ellos se deriva que el catalán es «la lengua de la educación» y así lo recoge la nueva Ley de Educación de Cataluña, cuya aprobación en el Parlament está prevista para julio.

SÍMBOLOS DE CATALUÑA. Son la bandera, el Onze de Setembre y el himno de Els Segadors. A los redactores se les olvidó incluir la sardana como baile nacional. A petición de CiU, se han iniciado las gestiones para dictar un decreto que subsane este descuido.

REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR. Gracias a los artículos 195 y 196, la Generalitat tiene capacidad para firmar acuerdos de colaboración, convenios y tratados internacionales. El vicepresidente y responsable de la política exterior catalana, Josep Lluís Carod-Rovira, se ha apresurado a hacer uso de esta prerrogativa en sus muchos viajes al extranjero.

GARANTÍAS ESTATUTARIAS. El Estatut prevé la creación de un Consell de Garantías Estatutarias, una especie de Tribunal Constitucional a la catalana. Una ley de reciente aprobación creó este organismo, que todavía no ha iniciado su andadura porque los partidos políticos no logran consensuar los nombres de sus miembros.

CONSULTAS POPULARES. La redacción de la ley que permitirá a la Generalitat organizar referendos está muy avanzada. El proyecto superó el miércoles en el Parlament las enmiendas a la totalidad. En cualquier caso, las consultas populares convocadas por el Govern necesitarán siempre la previa autorización del Consejo de Ministros.

LA MINISTRILLA DE DEFENSA Y SU CREADOR EL DOCTOR BACTERIO: La cúpula antiterrorista del CNI dimitió hace un mes en cadena y no informaron a la ministr

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / El jefe de los espías
La cúpula antiterrorista del CNI dimitió hace un mes en cadena

A la renuncia del jefe de Área se sumaron sus mandos, el jefe de División y el jefe de Departamento / Saiz no informó a Chacón y ella le pidió, la semana pasada y por escrito, que se lo explique

ANTONIO RUBIO/Madrid

«Tenemos un problema interno». Ésas fueron las palabras que pronunció en el Congreso Alberto Saiz, director del CNI, cuando el pasado 20 de mayo intentó explicar a los diputados qué es lo que ocurría en los servicios secretos. Y era verdad. Sobre su mesa había una carta de dimisión del subdirector de Contraterrorismo del CNI por «desavenencias con la actual dirección del servicio de Inteligencia». Pero ésa no fue la única dimisión por esas fechas dentro de ese Área. El segundo del subdirector de Contraterrorismo, que se encargaba de la División en la lucha contra ETA, también había anunciado su renuncia. A esas dos, se unió una tercera, la del jefe de Departamento anti ETA.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, de quien depende el CNI, no había sido informada de ninguna de esas dimisiones.

Alberto Saiz no explicó en el Congreso ninguno de estos «problemas internos» a sus señorías, ni a su ministra, y se limitó a atacar a sus subordinados en el CNI con frases como: «Se descuelgan del proyecto […]; no trabajan con esmero […]; ellos se autoeliminan».

Carme Chacón se enteró de la dimisión del subdirector de Contraterrorismo del CNI, cuyas iniciales son A. T., el pasado 24 de mayo y a través de los medios de comunicación. Con tal motivo, la ministra envió un escrito a Alberto Saiz conminándole a que se personara en su despacho para informarle de las dimisiones que se habían producido en los servicios secretos. Cuando Chacón cursó ese escrito al director del CNI, todavía no sabía nada de la dimisión del jefe de Área, cuyas iniciales son I. P., y tampoco de la del jefe de Departamento, R. S.

La situación interna en el CNI, y especialmente en la lucha contraterrorista, según los directivos del Centro, es muy delicada porque a la dimisión de los tres anteriores ahora se ha unido una más. Alberto Saiz le ha abierto un «expediente informativo» al representante de los servicios secretos en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA).

Ese Centro Antiterrorista se creó en mayo de 2004, tras los atentados del 11-M, y se encarga, fundamentalmente, de «potenciar la estructura de la lucha contra el terrorismo […] y, como misión esencial, integrar, analizar y valorar toda la información de la que se disponga en materia de terrorismo». En ese organismo hay representantes de Policía, Guardia Civil y CNI y depende del Ministerio del Interior.

El ya ex representante de los espías en el CNCA ha sido apartado de todas las labores anti ETA, se le ha designado un puesto burocrático y a finales del mes de mayo nombraron en su puesto a otro miembro de los servicios secretos sin experiencia.

Hay que recordar que esta escalada de dimisiones y de sustituciones arranca en junio de 2008. En esa fecha, Saiz cesó de manera fulminante al director de Inteligencia y en su lugar nombró al coronel Agustín Casinello, hasta entonces destinado en la embajada de Londres.

Agustín Casinello es hijo del general Andrés Casinello, que en su día fue subdirector de los servicios secretos españoles y uno de los hombres que mejor conocía las entrañas de ETA. El coronel Casinello fue el protagonista principal de la operación que llevaron a cabo las Fuerzas de Seguridad españolas, en colaboración con las francesas, para detener al dirigente etarra Garikoitz Aspiazu, Txeroki, en la localidad francesa de Cauterets. El CNI llegó hasta ese jefe de ETA a través de sus correos electrónicos.

Agustín Casinello fue a su vez sustituido en el cargo de director de Inteligencia, en noviembre, por R. G. En la actualidad, según informan los expertos del CNI en la lucha antiterrorista, Alberto Saiz «se ha echado en los brazos de F. M., jefe de la División de Operaciones Especiales, que no le discute nada y que, además, se encarga de arreglarle todos los problemas personales y profesionales que tenga».

El pasado 19 de enero, EL MUNDO publicó un exhaustivo análisis de la situación interna del CNI e informaba que «desde que llegó Alberto Saiz al cargo en abril de 2004 ha nombrado y relevado a 31 responsables en puestos clave de los servicios secretos».

A aquellos 31 directivos del CNI hay que unir ahora las cuatro últimas bajas. Ya son 35.

Lo que va a preguntar el PP

> «¿Mantiene la ministra de Defensa que no tiene conocimiento de irregularidades por parte del director del CNI?».

> «¿Ha iniciado la ministra de Defensa algún tipo de investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por el director del CNI?»

A FONDO
La carta

Veinticuatro de mayo, domingo. Un teletipo de la agencia Europa Press da cuenta de la dimisión del jefe de la División de Contraterrorismo del CNI «por desavenencias» con el director del mismo, Alberto Saiz.

El País y El Mundo reprodujeron la información al día siguiente.

La noticia era relevante, aunque no del todo exacta. Quien había presentado su dimisión, días antes, era el responsable del Área de Contraterrorismo (I. P.) y, en efecto, por desacuerdos con Saiz.

I.P. llevaba en el cargo desde el mes de julio de 2008.

Tras conocer esa decisión, sus jefes inmediatos hicieron lo propio. Es decir, el jefe de División (A. T.) y el jefe de Departamento (R. S.) siguieron los pasos de su subordinado y dejaron descabezada una de las actividades más importantes del CNI, la que se dedica a la lucha contra ETA.

Tanto el jefe de División como el de Área habían sido nombrados por Agustín Casinello tras ser ascendido en julio de 2008 a la jefatura de Inteligencia (que engloba las Divisiones de Exterior, Contraterrorismo y Contrainteligencia). Casinello apenas sí duró cuatro meses en el cargo.

Ante el vacío de poder en una división tan esencial, Saiz pidió al jefe de departamento que no abandonase su puesto hasta que no se le encontrara un sustituto.

Lo importante es que el responsable del Área de Contraterrorismo había dimitido por las continuas intromisiones del director del CNI en su trabajo. Saiz, según las fuentes consultadas, decide personalmente si una operación se lleva o no a cabo, o si la información se comparte con la Guardia Civil, la Policía o las Fuerzas de Seguridad francesas. Hay que tener en cuenta que la División de Contraterrorismo ha logrado importantes éxitos en la lucha contra ETA (como la detención de 'Txeroki') y que tiene en marcha operaciones de mucho calado.

Fue el responsable de Área (y no el de División, como apuntaba la información de El País) el que remitió una carta explicando los motivos de su renuncia a Saiz.

La carta, escrita en tono correcto y respetuoso, ha motivado la apertura de un expediente disciplinario, que está siendo instruido por el coronel J. N., jefe de Inteligencia del CNI.

Aunque las fuentes oficiales del CNI aseguran que los cambios a alto nivel son hasta cierto punto «normales», llama la atención que sea precisamente en la actividad más sensible y en la que se maneja información más comprometida donde se han producido las dimisiones (o destituciones) más importantes.

Carme Chacón no fue informada del último terremoto. La ministra de Defensa no ha logrado sintonizar con Saiz.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / El jefe de los espías
Agentes del Centro estudian denunciar en Anticorrupción

Un grupo de agentes y directivos del Centro Nacional de Inteligencia está estudiando presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el director del CNI, Alberto Saiz, por malversación de fondos públicos. El portavoz de ese grupo, con el que EL MUNDO ha podido contactar, asegura que «sería la única forma de demostrar que Saiz ha presentado toda una serie de documentos amañados y preparados ad hoc para justificar sus viajes y las reformas de su residencia personal».

Los directivos del CNI van aún más lejos en sus comentarios sobre la documentación que Alberto Saiz esgrimió el pasado 20 de mayo en el Congreso: «Todos los documentos del CNI son reservados de cara al exterior y, bajo ese pretexto, Saiz hace y deshace a su antojo. La única manera de saber cuánto y cómo se ha gastado el dinero del Centro sería con la declaración, ante la Fiscalía Anticorrupción, de los directivos que han participado en la adquisición o prestación de servicios para el director. Y de esos tenemos sus nombres y apellidos».

Los agentes de los servicios españoles que están dispuestos a dar un paso al frente y presentar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción consideran, además, que «si no es con el testimonio de los implicados y en un órgano judicial no hay ningún tipo de garantías».

Esos mismos directivos del Centro mantienen que «lo que se está produciendo ahora es una burla que no se puede permitir en un Estado de Derecho. El CNI se ha convertido en una isla inescrutable donde es imposible perseguir las irregularidades y el delito, y el abuso de poder está a la orden del día».

Los miembros del CNI concluyen su análisis con el siguiente razonamiento: «Si la Fiscalía Anticorrupción quisiera podría actuar por iniciativa propia en este asunto y presentar la correspondiente denuncia en el órgano judicial competente y convertir la información que se viene publicando en una notitia in criminis, como ya ocurrió en 1999 con el caso saqueo de Marbella».

A CONTRAPELO
ZP, función discreta

SANTIAGO GONZÁLEZ

Uno de los problemas epistemológicos de Zapatero es de origen matemático. Él no concibe la vida como una función continua, sino discreta; no como una línea, sino como una serie de puntos o impactos en el ánimo de los electores. El paro son los puntos con que la Encuesta de Población Activa representa cada mes el número de desempleados. Asumido el impacto de los cuatro millones, los datos de la próxima EPA serán negativos si el número de nuevos parados es mayor que en meses anteriores. Si es menor, será una desaceleración, un punto de inflexión que abonará un discreto optimismo gubernamental.

Si el número total de parados disminuye, se interpretará el dato en sí mismo, sin relacionarlo con el comportamiento estacional de la variable o con su carácter efímero. «Veo brotes verdes», dijo Salgado tres semanas antes de las ele-cciones. Una vez pasado el impacto (y los comicios), ya se puede hablar de la función continua. Decreceremos el 3,6% del PIB este año y aún en 2010 tendremos crecimiento negativo, un déficit del 10% y llegaremos a 2012 con cuatro millones de parados.

Una perspectiva como ésta no le parece pavorosa al presidente del Gobierno. Hasta 2012 quedan 30 impactos de la EPA. Si el número de parados no aumenta, quiere decir que «lo más duro de la crisis ha pasado ya». Hasta 2012 no vamos a tener un crecimiento superior a ese 2%, que es el umbral de creación de empleo en la ineficiente economía española; si las previsiones del Gobierno no fallan, que hasta ahora lo han hecho todas.

No habrá más oleadas de la EPA que nos abrumen con 200.000 nuevos parados. Hemos tocado fondo y ésa es una noticia que no justifica todavía la sonrisa institucional. Felipe González, que piensa en función continua y se sincera más fuera del mitin, advierte de que podemos reptar por el suelo durante los próximos 10 años.

Se equivoca el presidente al creer que ha descontado ya a esos cuatro millones de parados. Cada uno será un problema mayor durante los próximos tres años. Esa contabilidad que amortiza con tanta rapidez los datos negativos recuerda uno de sus argumentos preferidos en lo que a él le pareció un proceso de paz: llevamos dos años y medio, tres, tres años y medio sin muertos. Pilar Ruiz Albizu, la madre de los Pagaza, le explicó cómo llevan las víctimas su contabilidad, la función continua de la sangre: «Para muchos de nosotros son tres, o cinco, o 10 o 20 años con muertos […]. Para mí hoy son 1.340 días sin mi hijo».

Es, ya digo, un problema epistemológico. El presidente da una pista sobre el mismo en la increíble biografía que le escribió Suso de Toro, un libro imprescindible para acercarse a la ontología presidencial. Le abrió los ojos un pastor que se encontró a orillas del río Cueño: «Me dijo: 'Soy pastor, no he podido estudiar, pero se acordará de una cosa que le voy a decir […]. Las cosas que se aprenden sin estudiar no se olvidan'. Lo he repetido muchas veces».

Que un sencillo pastor tome por conocimiento las habilidades psicomotrices básicas: alimentarse, caminar, andar en bici, nadar o copular, tiene un pasar. Que lo haga el presidente del Gobierno es un problema.

EL PARLAMENTO SOCIALISTA de Castilla-La Mancha, contra una juez: Reclaman que no imputen a sus altos cargos

Las Cortes, contra una juez

El Parlamento castellano-manchego reclama a la magistrada del incendio de Guadalajara que no impute a técnicos y altos cargos

DAMIÁN VILLEGAS. CORRESPONSAL/Toledo

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron ayer, con los únicos votos del Grupo Socialista, una resolución en la que piden el sobreseimiento de la causa abierta contra cuatro responsables del Ejecutivo regional y 13 trabajadores del servicio de extinción por el incendio en la Riba de Saelices (Guadalajara) en julio de 2005, en el que murieron 11 trabajadores y otro resulto herido de gravedad.

Asimismo, los socialistas solicitaron la imputación de los ocho excursionistas que encendieron la barbacoa que provocó el fuego, a la vez que criticaron con vehemencia a la titular del Juzgado número 1 de Sigüenza, Mari Mar Lorenzo Calvo, que instruye la causa.

El pasado 20 de mayo, la juez dio por finalizada la fase de instrucción del sumario y abrió las puertas a la celebración de un juicio con 20 imputados. Entre ellos, la ex consejera de Medio Ambiente Rosario Arévalo; el ex director general de Medio Natural José Ignacio Nicolás; el delegado de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González; el director del Parque Natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz, y el ex alcalde de Saelices José Luis Samper.

Ante la imputación de miembros del Gobierno socialista y de técnicos de la Junta, el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, dijo ayer que «la juez de Guadalajara no es consciente de la repercusión de su auto, porque ha generado inseguridad en los trabajadores de los servicios de extinción de toda España».

Su línea argumental fue seguida por el portavoz del Grupo Socialista, Santiago Moreno, que descalificó a la juez por supuestos graves errores y de proporcionalidad en la instrucción, porque «ha sobreseído a personas que encendieron el fuego y no hicieron nada por apagarlo, e intenta sentar en el banquillo a personas que trabajaron para apagarlo».

Moreno también lanzó dardos dialécticos contra la presidenta del PP de Castilla-La Mancha y diputada regional, María Dolores de Cospedal. «Desde que llegó ella, el PP sólo quiere desgastar al presidente Barreda, aun a costa de crear el miedo y la inseguridad de los técnicos de extinción, que corren el riesgo de sentarse en el banquillo después de extinguir un incendio», aseguró.

Además, el portavoz socialista acusó a De Cospedal de denegar los medios para la lucha contra el incendio, puesto que entonces era consejera de Medio Ambiente de Madrid. «Es capaz del peor carroñerismo político, la da igual todo y está intentando conseguir en los tribunales lo que no le dan los ciudadanos en las urnas», enfatizó.

La portavoz del Grupo Popular, Ana Guarinos, consideró muy graves las acusaciones vertidas por los socialistas hacia la juez y les exigió que, «si tienen certeza de que esto es así», acudan «a los juzgados a denunciarlo». En su opinión, «esto es una lamentable injerencia en el Poder Judicial». «Ustedes manipulan y se creen que todo el mundo hace lo mismo. Pues no», dijo Guarinos a los diputados socialistas.

La portavoz popular recriminó al PSOE por estar utilizando el Parlamento regional, a su juicio, «como medio de presión a los tribunales de este país, lo que vuelve a ser un acto de cobardía, porque echan la culpa a todos con tal de no asumir responsabilidades». «Nadie podrá negar que en el incendio se produjeron fallos y errores, y hubo mucho caos», afirmó.

Para Guarinos, «ha llegado el momento de dar la cara», así que preguntó a los socialistas: «¿Qué piensan hacer, seguir manteniendo el sufrimiento de las familias y continuar utilizando a los técnicos de la región como coraza?». En este sentido, la portavoz del PP acusó directamente al presidente de la Junta, José María Barreda, de esconderse en los técnicos para eludir sus propias responsabilidades.

Barreda intervino para pedir al PP que le haga único responsable de todo lo sucedido y dirijan contra él «todas las campañas políticas que quieran», pero dejando «al margen a los trabajadores y a los familiares». Aseguró además que, desde el primer momento, los populares pensaron que podían derribar el Gobierno y que mantienen esa posición «a ver si una vez suena la flauta».

También tuvieron su protagonismo una decena de técnicos de extinción de incendios. Uno de ellos, José Almodóvar, que dijo hablar en nombre todos sus compañeros de España, mostró el apoyo total a sus compañeros imputados y agradeció la defensa del consejero y del presidente Barreda.

Los imputados

>La instrucción del caso finalizó el pasado mes de mayo, casi cuatro años después del incendio, con la imputación de 20 personas. Entre ellas hay una ex consejera y un ex director general, entre otros altos cargos de la Junta.

EL PORTAVOZ SOCIALISTA de Madrid compara la victoria de la derecha en Europa con la ocupación del III Reich

'Como la expansión de los nazis'

El portavoz del PSOE de Madrid, Eduardo Sotillos, compara la victoria de la derecha en Europa con la ocupación del III Reich

J. G. TRECEÑO/Madrid

«Miro los mapas coloreados que ofrecen los periódicos para ilustrar los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo y me viene a la memoria el recuerdo de aquellos otros en los que se visualizaba nuestro continente en plena expansión de la Wehrmacht». En estos términos se expresa el secretario de Comunicación del Partido Socialista de Madrid (PSM), Eduardo Sotillos, en un artículo publicado por la Fundación Sistema la pasada semana.

Sotillos, que fue portavoz del primer gobierno de Felipe González, fue fichado el otoño pasado por el secretario general del PSM, Tomás Gómez, como cerebro de la estrategia de comunicación de la federación. «Naturalmente, no estoy comparando a la derecha democrática que ha triunfado en Portugal, Gran Bretaña, España, Francia, Italia, Holanda o Alemania, con la amenaza nazi...», prosigue en su escrito titulado Autocrítica y que reflexiona sobre la derrota de la socialdemocracia en Europa.

No cree que la comparación sea «desafortunada». «No estaba en mi ánimo. Mi única intención era establecer una relación visual. Para nada he hecho esa interpretación», precisaba ayer.

Sotillos se mostró sorprendido ya que, según precisó, «en la semana que lleva publicado el artículo nadie me había hecho ese análisis». La revista de la Fundación Sistema está dirigida por José Félix Tezanos y su subdirector es el ex secretario general del PSM y diputado nacional Rafael Simancas.

Se trata de una publicación política centrada en analizar la realidad desde una perspectiva de izquierdas. Por lo que se refiere al artículo en cuestión, Sotillos hace un análisis de la derrota de la socialdemocracia y lo observa desde la óptica de la Comunidad de Madrid.

Pone sobre la mesa el ascenso de UPyD como tercera fuerza regional y deja claro que el problema no es una cuestión de nombres, sino de ideas.

LA CULTURA DE MUERTE DEL PSOE: La Iglesia a los diputados: un católico no puede votar 'sí' al aborto

La Iglesia a los diputados: un católico no puede votar 'sí' al aborto

Amenazan con la excomunión a los médicos y a las mujeres que lo practiquen

JOSÉ MANUEL VIDAL/Madrid

Con la objeción de conciencia como principal ariete contra una ley que, según los obispos españoles, convierte en derecho «atentar contra la vida de los que van a nacer», la Conferencia Episcopal advirtió ayer a los diputados católicos de que, «de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, nadie coherente con su fe podrá aprobar» la normativa en trámite «ni darle su voto».

Monseñor Martínez Camino pidió que objeten también a los médicos y los amenazó con la excomunión si practican un aborto, igual que a las mujeres que se sometan a él.

«Ante una ley que llama derecho a la violación del derecho fundamental a la vida es legítima la objeción de conciencia». Así de tajante se pronunció el secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, ayer, en la presentación de la «declaración episcopal sobre el anteproyecto de Ley del Aborto».

Después de la advertencia lanzada a los diputados católicos, amenazó con la excomunión «latae sententiae» (automática) al médico y al personal sanitario que realice un aborto. Pero, como precisó Camino, «la excomunión sólo se aplica a los que intervienen directamente en un aborto que se ejecuta». Y añadía: «No es aplicable a otros casos».

¿Y la mujer que se somete al aborto?, se le preguntó al portavoz episcopal. «Queda excomulgada», respondió.

De todas formas, a la Iglesia Católica no le gusta insistir en las penas, y sacar amenazas y excomuniones del baúl de la Historia. Dice que lo que pretende con este documento es «anunciar el Evangelio de la vida».

Convencidos de que el anteproyecto del Gobierno pertenece al ámbito de la «cultura de la muerte» y es «un serio retroceso respecto a la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta», los prelados ponen de manifiesto, en 11 apretados folios, las maldades de la nueva ley.

Uno de los aspectos «más sombríos» del anteproyecto socialista es, según los prelados, «su pretensión de calificar el aborto provocado como un derecho que habría de ser protegido por el Estado». Ésta es «una fuente envenenada de inmoralidad e injusticia que vicia todo el texto», porque «en las primeras 14 semanas, la gestante decide sobre la muerte del que va a nacer: la violación del derecho a la vida, tratada como si fuera un derecho».

También desmonta la jerarquía católica la idea que vende el Gobierno del «aborto como un derecho que forma parte de la salud sexual y reproductiva». Esto es, para los obispos, una falacia que convierte a «la salud en excusa para eliminar a los que van a nacer». Por lo tanto, «la medicina y la sanidad quedan falseadas y al servicio de la muerte».

El tercer «pecado» de la nueva ley reside, según los obispos, en que «niega o devalúa al ser humano para intentar justificar su eliminación». El texto episcopal lo denuncia así: «Frente a la evidencia de que donde hay un cuerpo humano vivo, aunque sea incipiente, hay un ser humano y una dignidad humana inviolable, se establecen plazos de gestación y de presencia humana de los que no es posible dar razón suficiente».

Tampoco comulgan los obispos con el supuesto feminismo de la futura ley. Porque «no apoya a la mujer para ahorrarle el trauma del aborto y sus graves secuelas», y la convierte en «víctima del aborto».

Se rebelan, asimismo, contra la idea de que «privar de la vida a los que van a nacer es algo privado». A su juicio, «eliminar una vida humana no es nunca un asunto meramente privado», sino «un acto de gran trascendencia pública que afecta gravemente al bien común».

Por último, los jerarcas católicos denuncian la «instrumentalización de la educación al servicio del aborto» y recuerdan a los ciudadanos que «tienen derecho a contar con leyes justas que no confundan la injusticia con el Derecho». Por ello, esperan «que este anteproyecto no se convierta en ley»