Alberto Núñez Feijóo.- En los primeros 100 días hemos modificado la Ley de Función Pública Gallega para que el acceso a la función pública se haga en condiciones de respeto a la cooficialidad. Para que no sea obligatorio para los médicos, los arquitectos o los ingenieros hacer parte de las pruebas en gallego. Y lo hemos hecho de forma que acrediten sus conocimientos en la lengua que elijan porque nos interesa mucho más tener un buen médico que una persona que conozca obligatoriamente una de las dos lenguas. La nueva ley, por tanto, da la libertad a los opositores para hacer el examen en gallego o en castellano. Para determinados puestos, sí hay que acreditar el conocimiento del gallego. Desde luego los docentes, al igual que todas las personas que tengan una relación directa con el público. Sobre el decreto de la lengua en la enseñanza, el bipartito rompió un consenso e introdujo una imposición política que empezó a trasladar a las aulas, a la enseñanza, y de las aulas a la calle. En Galicia no existe un conflicto lingüístico en la calle. Hay que trasladar el bilingüismo cordial y amable de la calle a las aulas. ¿Qué vamos a plantear? Este mes, consultaremos a 333.000 padres sobre el idioma que creen que debe establecerse en las aulas. Con la premisa de que nosotros defendemos el conocimiento de los dos idiomas. Lo mínimo que puede hacer una Administración sensata antes de plantear un decreto que regule el gallego en las aulas es consultar a los padres, y será la primera vez se hace en España sobre un tema tan importante como es la lengua. En esa consulta, que vamos a comenzar esta semana, preguntaremos cuál es el idioma materno, en cuál les gustaría que sus hijos aprendieran a leer y a escribir y qué prefieren para Primaria y Secundaria.
Buscaremos un equilibrio de las dos lenguas, que es lo que llevábamos en el programa. Teníamos dos posibilidades: derogar el decreto y crear un vacío legal sin saber exactamente cómo íbamos a dar las clases o empezar por el principio y consultar a los padres.
Isabel San Sebastián.- Quería saber por qué ha nombrado a un responsable de la política lingüística que es como la bestia negra de los movimientos que reclamaban el bilingüismo. Y, además, ¿cómo piensa garantizar el derecho a la elección de la lengua en la Galicia rural, donde a lo mejor hay una escuela para muchas aldeas?
A. N. F.- Es bueno poner a personas independientes en algunas áreas del Gobierno. La política lingüística que a mí me gustaría no es la del PP. A mí me gustaría que la política lingüística en Galicia trascendiera al Gobierno del PP. Tenemos un compromiso electoral y vamos a ver si somos capaces de consensuarlo sin perder sus principios básicos. En primer lugar, queremos un bilingüismo equilibrado y cordial. En segundo lugar, escuchar y, si es posible, conseguir con la mayor intensidad la libertad de elección. Y por último, eliminar la imposición del idioma. Yo no ficho a amigos para el Gobierno, intento fichar a gente que puede aportar, y al secretario general de Política Lingüística nadie le discute sus conocimientos. Lo que estamos haciendo es muy complicado y si sale bien puede ser un buen precedente para Baleares, Cataluña y el País Vasco.
La pregunta que me hace sobre las escuelas es clave. Vamos a consultar a los padres, pero los límites de esas consultas son, en primer lugar, los recursos económicos, materiales y humanos. Y en segundo lugar, obtener el bilingüismo. El monolingüismo no es lo que queremos en Galicia. Para ejercer la libertad de hablar gallego o castellano es bueno conocer las dos lenguas y después ejercer la libertad efectiva. El monolingüismo es contrario a la libertad porque no da capacidad de elegir.
I. S. S.- ¿Y eso cómo se hace en las escuelas pequeñas?
A. N. F.- En las escuelas pequeñas no vamos a duplicar efectivos y aulas.
I. S. S.- ¿Y en qué lengua van a enseñar?
A. N. F.- A mí me gustaría que me dejasen trabajar. Lo primero es focalizar dónde está el problema, dimensionarlo. Tenemos claro lo que vamos a hacer: no vamos a poner el gallego como idioma vehicular en todas las asignaturas troncales. No vamos a poner el gallego como única lengua en todas las asignaturas con libros de texto. Porque ese problema ya lo hemos detectado. Nosotros hemos criticado que 4.000 gallegos en este momento estén estudiando todas las asignaturas, el 100%, en gallego, que fue una propuesta del bipartito. Nosotros no creemos en el monolingüismo. La inmensa mayoría de los ciudadanos gallegos pide volver a la proporcionalidad.
Pedro J. Ramírez.- ¿Pero en qué proporción de sitios habrá desdoblamiento?
A. N. F.- Lo que nos preocupa básicamente es la Educación Infantil. En esa etapa entendemos que los padres tienen derecho a elegir la lengua en la que sus hijos aprenden a leer y a escribir. En ese periodo, vamos a hacer todos los esfuerzos para poder llevar a efecto la decisión de los padres. A partir de los ocho años, tendremos que buscar aulas donde el bilingüismo sea el principio. En Primaria y Secundaria, habrá que recobrar el equilibrio lingüístico de las asignaturas, de los materiales didácticos y de los libros de texto y volver al bilingüismo cordial de la calle.
Justino Sinova.- ¿Cómo perciben en el PP que usted no vaya a aplicar la política lingüística del PP?
A. N. F.- Le agradezco la pregunta, porque como publiquen ustedes eso... El objetivo del PP es buscar el consenso lingüístico y si el precio del consenso es renunciar a algunas cuestiones, estamos dispuestos a negociar. Lo que no se puede decir es que queremos consenso pero, a la vez, que el consenso consiste en la interpretación literal y sistemática de mi programa. Ahora bien, ese consenso no puede ser a cambio del bilingüismo ni de recuperar el equilibrio de ambos idiomas. Ni puede ser en ningún caso el consenso lo que quieran los nacionalistas, porque ésa fue la política lingüística del PSOE. El conflicto en Galicia surgió porque los socialistas asumieron las tesis minoritarias de los nacionalistas. Nosotros ofreceremos ahora el consenso al PSOE, y esperemos que se adhieran los nacionalistas.
El lehendakari ha dicho ahora lo que dijimos nosotros un mes antes y son tres cuestiones básicas. Que tiene que haber dos lenguas vehiculares en la enseñanza, que no se puede imponer ningún requisito previo en la selección de los funcionarios de la Administración vasca en función del idioma y que se debe recuperar la cordialidad de los idiomas. Si el Partido Socialista en Euskadi está dispuesto a pactar con el PP una política lingüística como la que pretende el PP de Galicia, ¿por qué yo no puedo también pactar esa política que el PSOE asume en el País Vasco?
P. J. R.- Porque en el País Vasco mandan ellos y en Galicia usted.
A. N. F.- No, no. En el País Vasco mandamos a medias.
P. J. R.- ¿Usted cree?
A. N. F.- Antonio Basagoiti me dijo que sí. Yo intentaré convencer al PSOE de que hagamos una política lingüística que perdure y que no sea la del señor Núñez Feijóo, con un plazo de cuatro años. Me gustaría sacar la discusión gallego-castellano de las escuelas para introducir el inglés. Ése es el verdadero problema que tiene la educación en Galicia y creo que en la inmensa mayoría de España.
J. S.- ¿Cuáles han sido los agujeros negros que se ha encontrado al llegar a la Xunta?
A. N. F.- En primer lugar, nos hemos encontrado una Administración demasiado grande que reflejaba la duplicidad del Gobierno, direcciones generales duplicadas. Una Xunta hipertrofiada por los altos cargos, personal de gabinete, asesores... Había dos gobiernos y era necesario nutrir esos dos compartimentos estancos. Después, nos hemos encontrado un presupuesto irreal que estaba descuadrado en nada más y nada menos que el 10%. Y eso son 1.200 millones de euros. Por último, nos hemos encontrado una Administración sin proyectos estratégicos.
V. P.- Todavía no he conseguido despejar mis dudas sobre el asunto de los muebles, las sillas y los coches. La opinión general, desde luego en el PSOE, es que uno de los grandes errores cometidos por Touriño es que no supo explicar que no existían esos gastos. Luego he leído que sí existían. También le quería preguntar por su Citroën, que no sé al final si es caro, barato, francés o gallego.
A. N. F.- Los muebles, las sillas y los coches están a su disposición y las facturas también. Todo lo que hemos dicho es absolutamente cierto. Se han gastado seis millones de euros -1.000 millones de pesetas- en reformar unas salas donde se reúne el Gobierno y unos despachos donde estaba el presidente y su gabinete. Son obras ciertas, certificadas y pagadas. También han gastado medio millón de euros en un Audi, lo cual es excesivo e innecesario, dado que había dos Audi blindados del anterior presidente. Uno de ellos con muchos kilómetros, pero el otro tenía 120.000; y un coche con 120.000 kilómetros de esa categoría no requiere ser cambiado. Todo eso existe y la prensa gallega lo ha visto y lo ha fotografiado.
Sobre mi coche: mi vehículo es uno de los que utilizaba el vicepresidente anterior, Anxo Quintana, que tenía un Audi A8 y un Citroën C6. Yo he cogido el C6. Si también les parece mal que coja uno de los coches ya utilizados para convertirlo en el coche del presidente, no sé qué más puedo hacer. Yo he dicho siempre que iba a utilizar los coches de la marca que da empleo a 40.000 personas en Galicia. Si algún personaje simpático me quiere decir que lo que tengo que utilizar es uno de los coches fabricados en Vigo, solamente tengo dos posibilidades: una furgoneta Partner o un monovolumen familiar. No tengo ningún problema en viajar en una furgoneta, pero probablemente no sea operativo.
El Gobierno anterior se equivocó. Tenía una obsesión por las sedes, los despachos... Tiene que haber una dignificación de las instituciones, pero entre la dignificación y el lujo tiene que buscarse un equilibrio. En la Xunta había una tendencia al lujo que una Administración como la gallega no se puede permitir.
Jorge de Esteban.- El artículo dos de la Constitución habla de nacionalidades y regiones. Cuando los constituyentes incluyeron esa distinción lo hicieron pensando en el País Vasco, Cataluña y Galicia. ¿Piensa que debe haber una distinción entre esas tres comunidades y el resto o debemos ir hacia una España igualitaria en competencias y en derechos?
A. N. F.- Por supuesto que todas las personas tienen que tener los mismos derechos, vivan donde vivan. Y no sólo me refiero a derechos legales, sino a los derechos efectivos. Es decir, el acceso a prestaciones públicas y a la movilidad mercantil, empresarial y personal en una unidad que es la nación española. Probablemente, la discusión entre nacionalidades y regiones está saldada. En aquel momento es probable que el constituyente quisiera que las nacionalidades tuviesen un elenco competencial superior a las regiones, pero lo cierto es que aquella frase del café para todos vino modificando el espíritu constitucional y hoy prácticamente hay poca diferencia competencial.
El problema no está en el Estado autonómico, sino en los factores que lo han distorsionado. Yo diría dos. Primero, el poco compromiso constitucional de los partidos nacionalistas; eso nos ha llevado a tener muchas tensiones innecesarias en el Estado. Ha habido un escaso -incluso nulo en el nacionalismo radical- compromiso constitucional. El segundo factor es un PSOE muy débil, sobre todo en la última época, que cada vez se ha ido apoyando más en los nacionalismos y menos en un partido que puede sucederle en el poder como el PP. Como en su día ocurrirá con el Partido Socialista cuando nosotros estemos gobernando. Esas dos cuestiones son las que han traído más problemas al modelo constitucional.
Pedro García Cuartango.- Se está planteado el cambio en el modelo de la financiación autonómica sin acuerdo. ¿Cuáles son los criterios que va a defender para Galicia? ¿Es partidario de llegar a un acuerdo de todos en el Consejo de Política Fiscal?
A. N. F.- La financiación y las actuales conversaciones nos producen desconfianza hacia el Gobierno por las reuniones públicas, incluso a veces excesivamente anunciadas, entre miembros del Ejecutivo y dirigentes del Partido Socialista de Cataluña (PSC). Todo parece indicar que al PSOE le preocupan más los votos y el apoyo del PSC que un sistema de financiación equilibrado.
Pero a las comunidades autónomas ricas no creo que les interese una España pobre, hemipléjica. Eso es un error. Tenemos que equiparar los niveles de renta para que todos podamos incrementarla. Por tanto, espero que el sistema de financiación sirva para todo el Estado y no para que el PSOE pueda acabar su legislatura sin una tensión como la que se está viviendo por las exigencias del PSC.
Nosotros no podemos firmar sistemas de financiación que rompan la equidad, o sea, que disminuyan en términos comparativos las capacidades de Galicia para dar una sanidad, una educación y unos servicios sociales como los del resto de las comunidades autónomas.
¿Qué cuáles son los criterios? El coste real de los servicios. Cuando iniciamos la descentralización no se asignaba a cada comunidad un dinero en función de la población. Nunca se hizo así. Cuando se transferían las competencias se transferían en función del gasto real del Estado en esa comunidad. Si ahora lo único que se tiene en cuenta es la población, las comunidades con mayor población tendrán más renta y las de menor población tendrán un servicio de peor calidad. Eso es un problema del Estado. El sistema de financiación tiene que ser un acuerdo multilateral. Mientras no ocurra eso, será un apaño.
P. J. R.- ¿No le parece impresentable que haya comunidades del PP que estén dispuestas a respaldar ese criterio injusto y contrario a los valores constitucionales?
A. N. F.- Espero que es no ocurra. Lo que es cierto es que el PSOE está intentando romper a las comunidades del PP. No he visto a Madrid enarbolar la bandera de la población y sí a Cataluña. Se puede llegar a un acuerdo con las comunidades del PP en el que el factor poblacional no sea el básico.
APOYOS
CORRUPCIÓN
«No mantendría a Chaves en mi Gobierno»
Rafael Moyano.- Ha defendido varias veces la honorabilidad de Francisco Camps, ¿usted habría actuado de otra forma?
Alberto Núñez Feijóo.- Lo único que queremos es que se dicte sentencia. Tenemos un Estado de Derecho garantista para conocer las responsabilidades y garantista también para no condenar a nadie sin pruebas. En este momento, estoy absolutamente tranquilo porque veo a Camps absolutamente tranquilo. Conviene que se deje actuar a la Justicia. De momento, nadie ha podido poner en duda la honorabilidad de Camps con pruebas.
Me parece desproporcionado que ocurra esto por unos trajes cuando tenemos a un vicepresidente del Gobierno [Manuel Chaves] que se ha adjudicado una subvención de 10 millones de euros modificando las reglas para la obtención de subvenciones en la comunidad que presidía y con un familiar de primer grado en la empresa beneficiaria.
Pero el PP le hace un mal juego al PSOE si intenta enfangar la campaña. Además, no es útil a los españoles. Lo útil es conocer que hay una alternativa. Hay miles de personas del PSOE que están deseando cambiar al PP; miles de votantes socialistas que en 2008 creyeron que lo de la crisis era una cuestión de los antipatriotas del PP y se han sentido engañados. Ellos están dispuestos a darnos la confianza si sabemos ganárnosla.
Pedro García Cuartango.- Me sorprende que ponga tanto énfasis en las responsabilidades penales y no mencione las políticas. Puede, en el caso Camps, que hubiera un archivo, pero ello no le eximiría de responsabilidades políticas si se acredita que aceptó los trajes como regalo.
A. N. F.- No me atrevo a dar consejos a ningún compañero porque no conozco el asunto. Lo que sé es que la sentencia que se dicte será suficientemente aclaratoria. De momento, parece que hay una serie de señores que se han beneficiado de un partido. Ése es el nudo gordiano. Unos señores que decían que eran de un partido se estaban beneficiando económicamente de él.
Pedro J. Ramírez.- ¿Había unos que decían que eran del PP y en realidad no lo eran?
A. N. F.- Sin duda. Lo que tenemos que ver es si algún alto cargo tiene responsabilidad. A los que creímos que la tenían los hemos apartado del PP. Con la misma independencia, no lo hemos hecho con los que creemos que no tienen responsabilidad.
P. J. R.- ¿Se siente cómodo viendo a Luis Bárcenas como el tesorero del partido?
A. N. F.- Las personas que han propuesto a Bárcenas le conocen y creen que es una persona que merece la pena que forme parte...
P. J. R.- ¿Usted no le conoce?
A. N. F.- Yo no conozco a todos los dirigentes del PP. Conozco a los presidentes autonómicos, a ex ministros... Al señor Bárcenas, no se le ha acreditado nada.
Iñaki Gil.- ¿Si Chaves hubiera sido consejero suyo, lo hubiera destituido?
A. N. F.- Si su hija tenía funciones de apoderada y se modifican después las normas, a ese consejero no lo tengo en mi Gobierno.
Casimiro García-Abadillo.- ¿Y a Camps, sí?
A. N. F.- Yo hablaría con él y le pediría explicaciones. Si me convence, continuaría y si no me convence, no. Lo que es evidente es que Camps de momento no ha modificado ninguna normativa para beneficiar a nadie. En segundo lugar, no se ha podido acreditar en ninguno de los contratos de la Generalitat ningún trato de favor a esas organizaciones de interés económico y en tercer lugar, nadie ha probado que Camps haya utilizado dinero público para beneficiar a nadie.
CONSECUENCIAS DEL 7-J
«El PP está obligado a ganar»
Luis Ángel Sanz.- En esta campaña se ha hablado de todo menos de Europa. ¿No cree que ese planteamiento puede llevar a la abstención más alta de la Historia? Todas las encuestas dan ganador al PP, pero si gana el PSOE, ¿qué debería hacer Rajoy?
Alberto Núñez Feijóo.- Al PSOE ya le vamos conociendo el manual. Cada vez que hay elecciones o un problema, se inventa otro. Cada vez que hay un periodo electoral, hablamos del aborto. De lo que se trata es de no hablar de España, su eslogan lo dice: Este partido se juega en Europa, como si España no formase parte de Europa. España vota en función de los intereses españoles en Europa. Y solamente hay dos posibilidades: que los defienda el PSOE o el PP. Todo parece indicar que en Europa va a ganar el Partido Popular Europeo (PPE). Por eso, tenemos que decidir si queremos estar con el partido de los ganadores o con el de los perdedores.
¿Que qué tiene que hacer mi partido tras las elecciones? Lo primero, recontar los votos y lo segundo, una valoración. Yo pregunto: ¿qué tendría que hacer Zapatero tras perder, en tres meses, dos elecciones (gallegas y europeas)? El PP está obligado a ganar las elecciones y estoy convencido de que podemos ganar.
Nuestro manual de campaña debe ser entrar en la explicación. Que la gente no olvide que mientras un partido es especialista en meternos en crisis, otro ha sido especialista en sacarnos.
Pedro J. Ramírez.- Si le piden: diga a la gente del PP por qué tiene que ir a votar, ¿qué les diría?
A. N. F.- Sólo hay dos posibilidades: que gane el PSOE o el PP. Que la política económica de un Gobierno que nos ha situado en el vagón de cola de la UE triunfe o que triunfe una política que nos llevó a ser una de las cabezas tractoras de Europa. Si no vamos a votar, estamos consolidando un Gobierno que no tiene ni una hoja de ruta para salir de la crisis.
Rafael Moyano.- No ha contestado a una pregunta anterior, ¿qué debería hacer Rajoy si pierde las elecciones?
A. N. F.- Me he convertido en especialista en responder qué tiene que hacer el partido si no gana... (Risas). Lo he intentado explicar. Esa pregunta es razonable siempre que tenga otra derivación: ¿qué hará Zapatero si vuelve a perder? Seguro que nada. Hay algunos que cuando pierden no hacen nada y no pasa nada y hay otros que están en la oposición y si no ganan, pues tienen que hacer algo importante.
Estoy convencido de que vamos a ganar, por eso no puedo contestar, no contemplo ese escenario. La única alternativa real que tiene España para poner proa en la dirección a la salida de esta tormenta económica se llama Partido Popular.
Isabel San Sebastián.- ¿Cree que el actual equipo del PP es comparable al que tuvo Aznar?
A. N. F.- El PP tuvo un excelente Gobierno. No sé si es comparable o no, pero lo que sí sé es que el equipo del PP es mucho mejor que el equipo del PSOE. Como todavía no hemos ganado unas elecciones generales, tenemos un problema, pero no podemos ponernos nerviosos. Ahora, creo que estamos en condiciones de ganar las próximas generales. Si eso no se confirma, evidentemente, tendremos que abrir un periodo de reflexión.
Casimiro García-Abadillo.- Tres cuestiones muy concretas, sobre todo teniendo en cuenta que la política del PSOE es presentar al PP como la derecha más retrógrada de Europa. ¿Está a favor de una ley de plazos en el aborto? ¿Y de abaratar el despido? ¿Hay que aplicar el criterio según el cual hasta que un político no esté condenado en firme tiene que seguir en su cargo?
A. N. F.- Empezando por la última, si hay indicios contrastados de que se ha cometido un delito, no se puede mantener la confianza en un político.
¿Abaratar el coste del despido? Hemos gobernado y lo hemos hecho. Al PSOE no le queda más alternativa que decir esas cosas, recurrir a la estrategia del miedo.
Sobre la Ley del Aborto, no hay consenso. Y mi opinión personal es que mientras no haya un debate en la sociedad y se llegue a un acuerdo, no plantearía ni votaría a favor de una ley de plazos del aborto porque es un tema de una enorme profundidad moral.