CONFLICTO LINGÜÍSTICO / La política educativa
Una hora extra muy conflictivaLEONOR MAYOR/Barcelona
El conflicto sobre la tercera hora de castellano se alargó durante casi un año. La polémica llegó con un decreto del Gobierno central que introducía en las escuelas catalanas una hora extra de clase de español a la semana. Actualmente, se imparten dos horas de este idioma. El resto de las asignaturas se da en catalán, ya que éste es el idioma vehicular de la enseñanza.
Al PSC, en un principio, la idea del Gobierno no le pareció mal, pero sus socios de Esquerra e ICV se mostraron inflexibles al respecto, pues consideraron que esa hora extra ponía en peligro el sistema de inmersión lingüística.
El 'conseller' de Educación, el socialista Ernest Maragall, llegó a proponer que alguna asignatura como Matemáticas o Sociales se impartiese en castellano, pero la propuesta no obtuvo el respaldo de sus socios.
Después de muchas disputas, los de Esquerra se salieron con la suya y lograron que el 'Govern' dictase el decreto que regula los contenidos del ciclo de Educación Primaria, y que no incluyó la famosa tercera hora en el currículo de los alumnos 
catalanes.
Esta normativa, no obstante, dejó un pequeño resquicio para que algunas escuelas puedan impartir una hora más de español. Al incorporar el principio de «autonomía curricular», se permite al equipo docente «adaptar el currículo a las características del grupo de alumnos y a la situación socioeconómica y lingüística del centro y su entorno social». Es decir, las escuelas podrán pedir dar una hora más de castellano a la Generalitat, que lo estudiará y lo permitirá en algunos casos. Según Esquerra, en muy pocos.
CONFLICTO LINGÜÍSTICO / La política educativa
El PP advierte que recurrirá la ley catalana de educación y el Gobierno dice que también lo hará
El Ejecutivo apelará al Constitucional si la Generalitat no asume la tercera hora de castellano / Los 'populares' piden a Montilla que imite a Patxi López y defienda el derecho de los padres a elegir / Rosa Díez exige la dimisión de los jueces del TC por no pronunciarse sobre el 'Estatut'
MARISA CRUZ/Madrid
La futura Ley de Educación de Cataluña (LEC), cuyo texto fue aprobado el jueves en la Comisión de Educación del Parlament, ha encendido las alarmas en el seno del Gobierno y en las filas del primer partido de la oposición.
Tanto el Ejecutivo como el PP, cada uno por su parte, están dispuestos a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la norma si no cumple con el marco legal nacional.
En el caso del Gobierno, el foco de atención se fija prioritariamente en la obligatoriedad de garantizar un mínimo de tres horas de clase de castellano a la semana. En el caso del PP, la reclamación es más amplia ya que este partido entiende que la futura ley no asegura un «bilingüismo armónico e integrador».
Por parte del Gobierno central, tal y como aclaró ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se esperará a que el Pleno del Parlament apruebe definitivamente el texto legal.
Será entonces cuando, superados todos los trámites parlamentarios, en los que el Ejecutivo no puede inmiscuirse, se estudiará detalladamente la ley -«como se hace siempre con toda la legislación de las comunidades autónomas»-, a fin de «analizar todas las novedades que incluya en el sistema educativo».
Si se considera que alguno de los preceptos no se adecua al marco normativo, entonces el Gobierno «actuará en consecuencia». Hasta entonces, según De la Vega, «hay que ser prudentes, respetuosos y no prejuzgar».
Fuentes gubernamentales aseguraron a EL MUNDO que si, finalmente, la LEC esquiva el decreto del Ministerio de Educación que insta a impartir tres horas semanales de castellano en la escuela, el Ejecutivo abrirá un proceso de diálogo con la Generalitat a fin de que la norma sea reinterpretada o modificada. Si finalmente la conciliación no fuera posible, el Gobierno presentará contra los preceptos oportunos un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La LEC, que está pendiente de ratificación por el Pleno del Parlamento de Cataluña, blinda el actual modelo lingüístico de inmersión en catalán y avala la política del Gobierno de la Generalitat en relación con la tercera hora de enseñanza en castellano. En la actualidad, la mayoría de las escuelas catalanas sólo imparte dos horas semanales de español, puesto que el Gobierno tripartito ha dejado en manos de los propios centros escolares la elaboración de un proyecto lingüístico sobre la enseñanza de las lenguas.
La vicepresidenta primera del Gobierno apuntó ayer, en relación con el debate abierto en torno a la futura ley catalana, que hay que partir del principio clave de que «la enseñanza del castellano está y estará garantizada en Cataluña y en el resto de las comunidades autónomas, como lo ha estado siempre».
Para sustentar esta afirmación, la número dos del Ejecutivo se refirió a los datos «muy similares» de aprendizaje del castellano por los alumnos en las distintas comunidades. E incluso afirmó: «A veces es más elevado en las que tienen lenguas cooficiales».
De la Vega, además, rechazó que la tardanza del propio Tribunal Constitucional a la hora de pronunciarse sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña propicie debates como el que se ha suscitado a propósito de la futura Ley de Educación catalana.
En el PSC no tenían ayer noticia de que el Gobierno de Zapatero no descarta recurrir la nueva norma legal si ésta no cumple con el decreto de la tercera hora de castellano, pero sí sabían que el PP se plantea llevar este proyecto al Tribunal Constitucional.
Por eso, el secretario de Organización de los socialistas catalanes, José Zaragoza, aprovechó para cargar contra Mariano Rajoy.
Zaragoza acusó a los populares de «recurrir contra los intereses de Cataluña» y a su líder de tener «una fijación enfermiza» contra esta comunidad, informa Leonor Mayor.
También se pronunció sobre esta cuestión la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien destacó que la futura ley lleva dos años gestándose y consensuándose. Según Pajín, su carácter es «meramente instrumental y no ideológico», porque lo que se pretende con ella es «hacer operativo un pacto lingüístico que existe en Cataluña desde hace muchos años».
CONFLICTO LINGÜÍSTICO / Las reacciones
Maragall defiende la legalidad de la norma que excluye el castellano
El 'conseller' de Educación aspira a que sea «una lluvia fina»
Plenamente acorde con la Ley Orgánica de Educación (LOE). El conseller de la Generalitat Ernest Maragall defiende la legalidad de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) que tramita el Parlamento catalán. Según Maragall, la «libertad» de la que hace gala la Generalitat para decidir la aplicación del currículo de las materias escolares, incluida la de lengua castellana, no entra en contradicción con la LOE.
La Ley blinda el actual modelo lingüístico de inmersión en catalán y avala la política del Govern respecto a la tercera hora del castellano, y su desobediencia a las sentencias que le obligan a prever una casilla para el aprendizaje en español en las hojas de preinscripción.
Maragall confía en que la nueva norma sea como «una lluvia fina, persistente, benéfica, y que vaya demostrando, paso a paso y curso a curso, que es una ley que se cumple», según sus propias palabras.
La controvertida Ley de Educación fija que la lengua vehicular de la enseñanza es el catalán y, recogiendo las competencias ampliadas sobre enseñanza que le otorga el Estatuto, da capacidad a la Generalitat para «determinar detalles, contenidos y aplicaciones del currículo del conjunto de las materias y de la organización y del horario para todas ellas», según manifestó ayer Maragall.
'Països Catalans'
El conseller visitó un instituto de Barcelona donde ha distribuido material didáctico para dar a conocer la Unión Europea a los centros docentes. Se trata de una iniciativa pionera y, entre la documentación distribuida, Maragall exhibió un mapa de Europa sin fronteras donde aparecen en un círculo los Països Catalans.
El titular de Educación de la Generalitat considera que la Ley está justificada por la «realidad social» y la «voluntad explícitamente plurilingüe» de Cataluña. En concreto, señaló que el catalán tiene una función central porque es reconocida como lengua vehicular, en una valoración que considera compatible con «el dominio pleno del castellano» por parte de los alumnos, así como de un tercer idioma.
Maragall prefiere hablar de trilingüismo antes que de bilingüismo. «Es el modelo que la Ley contempla y es lo que vamos a hacer con respeto, con rigor y con la evidencia de que el objetivo del trilingüismo se cumple, con el catalán como lengua vehicular y con garantía del dominio del castellano».
La LEC también impide que los alumnos puedan recibir clases en castellano. Sólo recoge la posibilidad de que los escolares de primaria tengan un apoyo en esta lengua y siempre que así lo soliciten los padres al formalizar la matrícula en el centro correspondiente.
CONFLICTO LINGÜÍSTICO / Las reacciones
El PP llevará la ley al TC si Montilla «no rectifica»
Sáenz pide al presidente catalán que tome ejemplo de la actitud de Patxi López
LEONOR MAYOR/Barcelona
Si el presidente de la Generalitat, José Montilla, «no rectifica», el PP llevará la nueva Ley de Educación de Cataluña ante el Tribunal Constitucional. Los populares consideran que, con la actual redacción, «la norma no representa a la sociedad catalana ni es buena para los padres y los alumnos, pues no incluye un bilingüismo armónico e integrador ni apuesta por la libertad de las personas», según explicó ayer la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, durante una visita a Barcelona, donde se reunió con los diputados de su partido en el Parlament.
El PP tomará la decisión de acudir al Alto Tribunal en función de los próximos pasos de Montilla. De momento, la polémica ley educativa ha sido aprobada en comisión parlamentaria, gracias al apoyo de CiU, PSC y Esquerra, que suman una amplia mayoría en la Cámara catalana. Lo que sí tiene decidido el PP catalán, según ha podido saber este diario, es pedir un dictamen al Consejo Consultivo, el órgano catalán que se encarga de determinar si las leyes se ajustan al Estatuto y la Constitución.
El partido que dirige Alicia Sánchez Camacho ha tomado esta decisión tras recibir ayer los informes de sus juristas sobre el contenido de esta ley. Lo que más irrita a los populares es el ámbito lingüístico, «pues se blinda un modelo que es discriminatorio y recorta la libertad de los alumnos y los padres».
Pero también hay otros aspectos de la controvertida norma que el PP no ve claros, como el hecho de que la ley «blinda las competencias de la Generalitat» e impide que los decretos estatales en materia de educación se apliquen en Cataluña, pese a que el Estado y la Comunidad tienen competencias compartidas en esta materia.
Por último, los populares tampoco ven correcto que la ley permita la creación «de un cuerpo de docentes propio de Cataluña en una escala diferente a la nacional», explican fuentes del partido a EL MUNDO. El recurso del Consultivo, que demorará la aprobación de la ley, es previo al del Constitucional, al que los populares sólo podrán acudir cuando la norma sea aprobada definitivamente en el Parlament.
El PP no da este recurso por interpuesto, dado que aún mantiene la esperanza de que Montilla cambie de actitud. Alimenta esta esperanza en el hecho de que los socialistas «hacen una cosa en una comunidad y la contraria en otra». Y es que la ley catalana llegó el mismo día en que el lehendakari, Patxi López, anunció que suprimirá la imposición del vasco en las escuelas. «Montilla debería copiar a López», aconsejó ayer Sáenz de Santamaría.
CONFLICTO LINGÜÍSTICO / Las reacciones
Díez: Los jueces «deberían dimitir»
La diputada de UPyD, Rosa Díez, reclamó ayer la «dimisión» del Tribunal Constitucional, al atribuir a este órgano, en última instancia, la responsabilidad por la aprobación en comisión parlamentaria en Cataluña del dictamen para una ley educativa que «blinda la exclusión del castellano» en la enseñanza en Cataluña, según sostiene. Díez asegura que la Comisión de Educación del Parlamento catalán ha podido sacar adelante esta norma gracias a lo que describe como «incompetencia» del TC, al que reprocha una «política seguidista» del Gobierno. «Esta política es la que ha permitido que en el Parlamento catalán se haya producido un golpe antidemocrático», añadió.
CONFLICTO LINGÜÍSTICO / El problema en las aulas
Un informe psicológico certifica que Olav sufre la dislexia que el 'Govern' niega
Para no examinarle en español, la 'consellera' balear dijo que el problema no existía
ISRAEL RODRÍGUEZ/Ibiza
El único argumento esgrimido por el Govern balear para negar a Olav su petición de examinarse utilizando el castellano se ha venido abajo. Un informe elaborado por un prestigioso instituto pedagógico de Ibiza confirma que el alumno de 11 años, que estudia sexto de Primaria en un colegio de la isla, padece un trastorno de aprendizaje. El certificado psicológico detalla que el estudiante presenta una «dislexia de evolución con secuelas no superadas, que lentifica la fluidez lectora».
La titular de Educación en Baleares, Bàrbara Galmés, negó en el Parlamento autonómico que Olav sufra este trastorno perceptivo. De hecho, se agarró a este argumento como a un clavo ardiendo, y lo utilizó como su única razón de peso para desatender la solicitud del alumno de examinarse en español, su lengua materna.
Tal fue la obcecación de la consellera que, tras mostrarle el padre de Olav, Vicente Boned, los errores ortográficos que había cometido su hijo en un examen, los calificó de «faltas normales para un chaval de su edad».
Las «faltas normales» a las que alude Galmés sirven, sin embargo, para explicar parte de la dificultad cognitiva del escolar. Según el informe, este problema «se manifiesta en la escritura con errores perceptivo-visuales como la confusión de [las letras] b/d, m/n, y sustituciones al escribir o leer».
La consellera, sin embargo, trató de quitarle hierro a la dificultad de Olav. En una visita que realizó a Ibiza para entrevistarse con Vicente Boned, la consellera de Educación le aseguró que ella también confundía a veces las letras. No contenta con ello, la responsable del sistema educativo en Baleares trató de reforzar su argumento asegurando que, según la propia directora del centro al que asiste el niño, es «brillante en las tres lenguas -catalán, castellano e inglés- y en el resto de asignaturas, y que acabará Primaria sin problema este año».
El fundador de la Federación Española de Dislexia (Fedis), Iñaki Muñoz, manifestó la semana pasada a EL MUNDO que el hecho de que el alumno saque buenas notas «no tiene nada que ver con que padezca o no dislexia». Más aún, Muñoz aseguró que «lo mejor» para el aprendizaje de los disléxicos es que «puedan examinarse en su lengua materna». Destacó, además, que el «castellano es la mejor lengua de aprendizaje» para los que sufren este trastorno. La razón: «Se escribe como suena». El fundador de Fedis añadió que «muchos colegas de asociaciones de otros países han reconocido este extremo sobre el castellano».
En el caso de Olav, su petición de poder examinarse en castellano no es, ni mucho menos, un capricho. Así lo evidencia el informe pedagógico: «Valoramos también la presencia de otros factores asociados al síndrome disléxico como el déficit atencional, tanto selectivo como sostenido, debido al cansancio que provoca la difícil automatización de lo leído, escuchado o aprendido».
Estudiantes y padres protestan por la ley catalana de Educación
XIANA SICCARDI/Barcelona
Varias plataformas de padres y estudiantes criticaron ayer duramente el proyecto de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), considerándola incluso «una oportunidad perdida». La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) llamó ayer a las familias catalanas a movilizarse contra el proyecto porque cree que el Govern «no está al servicio de los ciudadanos, al tratarlos como súbditos imponiendo su ideología», y porque «quiere dividir a los alumnos entre buenos y malos catalanes».
El colectivo Unión Democrática de Estudiantes (UDE) propuso que el Gobierno y la oposición recurran el proyecto de ley porque significa «una imposición del nacionalismo catalán», mientras que la Plataforma Ciudadana por una Escuela Inclusiva en Cataluña criticó que la normativa no apueste por un modelo inclusivo que acepte a los niños con discapacidades en las escuelas ordinarias.
Los sindicatos más importantes (Ustec, CCOO, UGT, CGT y Aspepc-Sps), ajenos al conflicto de la lengua, reiteraron su más «absoluto rechazo» a las medidas relativas a la ampliación del horario lectivo del profesorado propuesto por el Departamento para el próximo curso, pese a que éstas se han suavizado en relación con las inicialmente anunciadas, por lo que piden a los profesores que no las acepten. De no ser así, «nos veremos obligados a convocar una nueva huelga en junio».
Mientras, más de 80 profesores y miembros del personal docente de escuelas públicas de la comarca del Vallès Occidental cortaron al mediodía la circulación en Sabadell como protesta, y pidieron la dimisión del conseller de Educación, Ernest Maragall.
Por su parte, la asociación Òmnium Cultural también protestó, pero por motivos distintos: arrancó una campaña que lleva por título Por el catalán en el bachillerato, para protestar por que «a finales del curso pasado se decretó el recorte de horas lectivas de catalán en los dos cursos de Bachillerato».
Etiquetas: Prohibido hablar español
EL GOBIERNO y la oposición reaccionaron ayer contra la Ley de Educación que está a punto de aprobar el Parlamento de Cataluña, en la que se impone el catalán como única lengua vehicular del sistema educativo. UPyD y PP manifestaron su disposición a recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional si no se reconoce el derecho de los padres a una enseñanza en castellano y la Generalitat persiste en un modelo que no reconoce el bilingüismo en las escuelas. 
Teniendo en cuenta este precedente, el Constitucional debería ser mucho más categórico y preciso sobre esta cuestión, al igual que sobre temas como la bilateralidad, la financiación, los llamados «símbolos nacionales», los derechos históricos y el blindaje de las competencias. ¿Cómo es posible, por ejemplo, convalidar la constitucionalidad del artículo 110 de un Estatuto que señala que las leyes aprobadas por el Parlamento catalán tendrán siempre primacía sobre las del Congreso en materia de competencias exclusivas? 
