EDITORIALES: El cerdo de ZP mete su pezuña porcina y emporquinadora en la ley d la Comunidad de Madrid, d forma coordinada con el indeseable Gallardón

EDITORIALES DEL DÍA
EL GOBIERNO DISPARA CONTRA AGUIRRE



ZAPATERO Y RAJOY tuvieron un duro enfrentamiento dialéctico el miércoles en el Congreso sobre las cajas. El presidente del Gobierno ha pasado de las palabras a los hechos: el Consejo de Ministros aprobó ayer un recurso contra la modificación de la ley de Cajas por parte de la Comunidad de Madrid, aprobada en diciembre de 2008. La impugnación suspende por cinco meses la entrada en vigor de la norma, conforme establece el artículo 161.2 de la Constitución, invocado también por el Gobierno para paralizar el plan Ibarretxe.Ello implica el aplazamiento del proceso electoral en Caja Madrid, que tendrá que esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

El Gobierno, según explicó ayer la vicepresidenta Fernández de la Vega, considera que la nueva normativa de la Comunidad de Madrid vulnera «la proporcionalidad» del «sistema de representación de las corporaciones locales y los impositores en las asambleas», establecido en la Ley de Organos Rectores de las Cajas.

Pedro Solbes reconoció ayer que la cuestión es «discutible».Lo es desde el punto de vista jurídico porque la Ley no establece porcentajes concretos de representación de los ayuntamientos.Solamente dice que las entidades de derecho público no podrán sobrepasar el 50% del derecho de voto en las asambleas.

La Ley de Organos Rectores de las Cajas deja un amplio margen de discrecionalidad a las comunidades para regular la composición de las asambleas, que eligen a los consejos y supervisan la gestión.La prueba es que cada comunidad ha elaborado sus normas con unos criterios distintos: el Ayuntamiento de Barcelona tiene por ley el 8% del total de los representantes municipales en la Asamblea de La Caixa, el de Zaragoza, un 6% en Ibercaja y el de Vigo, un 15% en Caixanova.

La norma aprobada por la Comunidad de Madrid concede al Ayuntamiento de la capital un 30% sobre el conjunto de los municipios de Madrid, por lo que resulta muy difícil sostener que este porcentaje incumple la norma a la luz de los anteriores ejemplos.

Ello pone de relieve que estamos ante un recurso planteado por razones políticas, que pesan mucho más que las cuestiones técnicas que invoca el Gobierno. Si hay «desproporción», reside en la propia presentación de esta impugnación, algo muy inusual y solamente justificable por una gravedad que no se da en este asunto.

Lo que el cerdo de Zapatero pretende, en primer lugar, es debilitar a Esperanza Aguirre de cara a la contienda electoral de 2011. Ya viene castigándola desde hace años con un trato discriminatorio a Madrid en los Presupuestos y ahora cree que la Comunidad puede volver a manos del PSOE sacando partido de la frialdad de Génova hacia ella.Pero el tiro le puede salir por la culata porque puede tener los efectos contrarios: fortalecer a la presidenta a la vista de esta maniobra tan descarada.

De paso, la impugnación del Gobierno paraliza la renovación de los órganos de gobierno de la caja, dando un nuevo margen a Miguel Blesa, discutido gestor que se aferra al cargo tras 12 años de permanencia sin más mérito conocido que su amistad con Aznar.A ello se suma una interinidad que fomentará la pugna interna entre la presidenta y el alcalde, que Mariano Rajoy no ha sabido atajar.

Todo le viene bien al PSOE con esta estrategia. Ahora se entiende por qué el delincuente Tomás Gómez, líder del socialismo madrileño, rompió hace semanas su pacto con Aguirre, auspiciado por el propio Pepiño Blanco.El PSOE ha aprovechado la oportunidad de hacer sangre con la presidenta y de asestarle un duro golpe en su intento de renovar la dirección de Caja Madrid. Veremos cómo acaba esta batalla jurídica y política en la que Zapatero no ha dudado en utilizar al Gobierno como institución para golpear a quien percibe como un difícil rival electoral.

SU DIRECCIóN SERá ELEGIDA POR LOS AFILIADOS:
UPyD da una lección de democracia interna

LA DEMOCRACIA interna de los partidos en España es uno de esos principios que, tras ser proclamado en la Constitución y en los estatutos de las distintas formaciones políticas, es sistemáticamente violado por todas ellas sin rubor alguno. UPyD, el partido dirigido por Rosa Díez, va a poner fin a esa hipocresía al establecer que su Consejo de dirección sea elegido por sufragio directo y secreto de todos sus afiliados. La votación tendrá lugar en el Congreso del partido que se celebrará en otoño, a través de terminales electrónicos que se colocarán en cada una de las provincias y estarán controlados por una empresa independiente. Eso sí, la iniciativa se llevará a cabo con la premisa de que cada afiliado es un voto, sin cuotas o compensaciones regionales, ya que para la actual dirección de UPyD es el individuo y no el territorio el verdadero sujeto del derecho a decidir. Toda una lección de democracia interna, de transparencia y de respeto a las bases que sin duda todos los ciudadanos, y no sólo los afiliados de este partido, sabrán valorar.

OBAMA ENVíA MáS EFECTIVOS CONTRA AL QAEDA:
EEUU se refuerza en Pakistán y Afganistán

LA DECISION de Obama de reforzar la presencia de EEUU en Afganistán y Pakistán con el envío de otros 4.000 soldados y centenares de funcionarios es la más lógica. Una vez que sigue normalizándose la situación en Irak, el foco del conflicto con Al Qaeda está en esos países. La maniobra supone implicar más a Kabul e Islamabad con nueva ayuda económica y preparando a sus ejércitos y policías.Incluye, por tanto, una estrategia de salida similar a la de Irak, y asumir que la permanencia de las tropas no puede eternizarse.El anuncio de Obama es un alivio para los países que más le están ayudando militarmente y, al mismo tiempo, prepara el próximo encuentro de la OTAN de Estrasburgo, en busca del máximo apoyo de sus aliados. A nadie escapa que estas medidas y el propio discurso con el que Obama defendió ayer su posición -subrayando que EEUU sigue siendo objetivo de Al Qaeda- los hubiera suscrito Bush.

LA MUJER NO SERá DISCRIMINADA EN LA SUCESIóN:
Su Majestad británica acepta la renovación

EL PRIMER MINISTRO británico negocia con el palacio de Buckingham una serie de reformas para adecuar la Monarquía a las nuevas realidades sociales. Concretamente, Brown quiere derogar la ley que prohíbe casarse a los miembros de la familia real con personas de religion católica y acabar con la discriminación que otorga prioridad al varón sobre la mujer en las leyes de sucesión. La reina Isabel parece estar de acuerdo con estas reformas. La Monarquía británica no es la única en Europa que se plantea el fin de la discriminación de las mujeres en la sucesión. Este mismo año, en Dinamarca se celebrará un referéndum para cambiar su ley.La Constitución española también establece la prevalencia del varón sobre la mujer en el orden sucesorio, pero el Gobierno no considera que la reforma para anular esta discriminación corra prisa. Y ello a pesar de que existe la posibilidad de que el Príncipe Felipe tenga un varón que prive de sus derechos a Leonor, su hija mayor. Sería toda una paradoja que la Monarquía británica, la más tradicional de Europa, se modernizara antes que la española.

LA INJUSTIFICABLE INJERENCIA del CERDO de ZAPATERO

CRISIS FINANCIERA / La batalla en Caja Madrid
Zapatero acorrala a Aguirre al suspender su Ley de Cajas

La impugna ante el Constitucional usando el precepto con el que paralizó el 'plan Ibarretxe' / El PP lo considera una «injerencia inaceptable»

CARLOS SEGOVIA/Madrid

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tomó ayer una decisión que contribuye a su estrategia de acorralar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.Madrid es el caladero de votos que se viene resistiendo al PSOE y ayer trató la Ley de Cajas de Aguirre con el mismo procedimiento previsto para el llamado plan Ibarretxe. El Consejo de Ministros tomó ayer la decisión de impugnar ante el Tribunal Constitucional la norma con la que Aguirre intenta retomar el control de Caja Madrid. El resultado es su suspensión por hasta cinco meses.

El procedimiento utilizado es el de invocar el artículo 161.2 de la Constitución, que fuerza la suspensión automática de la norma impugnada. Es el mismo que se invocó contra el llamado plan Ibarretxe.

El Gobierno justificó ayer el recurso por considerar que no hay proporcionalidad en la ley madrileña en el reparto de representación de corporaciones locales e impositores, especialmente la creación de dos circunscripciones para acceder a órganos de gobierno en Caja Madrid, lo que perjudica a los municipios de fuera la de comunidad.

La impugnación gubernamental, si es atendida por el Constitucional, puede restablecer el poder del Ayuntamiento de Barcelona o Sevilla en la caja, pero, tal y como fue presentada ayer, no afectar a los dos aspectos más polémicos de la ley: el recorte del poder del Ayuntamiento de Madrid y los obstáculos a la continuidad de Miguel Blesa como presidente de Caja Madrid. Por eso, fuentes próximas a Esperanza Aguirre calificaron de «menores» los artículos cuestionados por el Gobierno.

El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, se mostró incómodo con la decisión del Gobierno. «Supongo que me toca a mí explicarla», dijo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El vicepresidente señaló que «es discutible» el recurso presentado ante el Constitucional, pero que «era difícil no actuar» tras el dictamen del Consejo de Estado. Este señala, según Solbes, que hay «fundamentos jurídicos» para dudar de la constitucionalidad de la Ley de Cajas de Aguirre.En el entorno de la presidenta del PP de Madrid se asegura que ha existido una presión política fuerte sobre el Consejo de Estado, pero que éste no ha cuestionado el recorte del poder del Ayuntamiento de Madrid que, por otra parte, va en línea con el de otras comunidades autónomas, según la Comunidad (ver gráfico adjunto).

Sin embargo, fuentes gubernamentales señalaron que el recurso del Gobierno sí podría afectar positivamente al Ayuntamiento madrileño. Solbes no mencionó este punto, pero también consideró «chocante» que la ley se aplique de forma retroactiva al proceso de renovación electoral de la caja iniciado en 2008. En todo caso, aseguró que el Gobierno no va a entrar en eso.

El coordinador económico del PP reaccionó de modo virulento.«Se trata de una auténtica injerencia inaceptable del Gobierno que raya en la provocación en un asunto que no es prioritario en este momento, y que pueden resolver los tribunales ordinarios».En su opinión «muestra la falta de voluntad de Zapatero de llegar a acuerdos con el Partido Popular sobre materias tan básicas y delicadas como es enfrentar la crisis bancaria en la que ya estamos». En su opinión, no cabe esperar «pactos de Estado con un Gobierno que actúa de esta manera».

Aguirre aseguró que su ley «es constitucional» y que sólo el Tribunal decidirá si queda o no suspendida. Y, en contraste con el resto de representantes del PP, el indeseable vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se mostró satisfecho (ver información adjunta).

Caja Madrid sólo emitió ayer un comunicado para anunciar la subasta de 126 inmuebles con un descuento de hasta el 40%.

LA BATALLA DE CAJA MADRID / EL PSOE DE MADRID
El sociofascista Tomás Gómez se desdice de su voto a favor

El Partido Socialista de Madrid cerró ayer filas con el presidente Zapatero y aplaudió el recurso contra la ley de cajas de Aguirre a pesar de que votó a su favor en un consejo de administración.El secretario general del PSM, el sociofascista Tomás Gómez, justificó esa votación asegurando más o menos que Esperanza Aguirre les había engañado.«La presidenta se aprovechó de la lealtad institucional mostrada por el PSOE de no vetar las cuentas públicas de 2009 a la luz de la crisis, para introducir la reforma de la Ley en el último minuto dentro de los Presupuestos regionales», dijo Gómez. Además, indicó que el PSOE en contra de la reforma, aunque, una vez en vigor, asumió que debían adaptarse los Estatutos de Caja Madrid a la misma.

En un primer momento se votó a favor «porque no podía ser de otra manera una vez en vigor la normativa», pero posteriormente, en otro consejo «esperpento», donde se pretendió volver a votar, el PSOE se abstuvo, según recalcó ayer Gómez.

«Oportuna»

>IU. Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid cree que se trata de una «iniciativa oportuna y responsable». Para la formación, el recurso de inconstitucionalidad dará «estabilidad institucional» a Caja Madrid frente a los que, a su juicio, han tratado de imponer «una ley innecesaria y desestabilizadora».

LA BATALLA DE CAJA MADRID / EL AYUNTAMIENTO
El indeseable 'número dos del indeseable Gallardón', satisfecho

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, apareció ayer muy satisfecho con el paso que ha dado el Gobierno de recurrir ante el Constitucional la Ley de Cajas de la Comunidad. «El Gobierno comparte los criterios del Ayuntamiento», dijo el 'número dos' del alcalde, Alberto Ruiz Gallardón. Cobo también desveló que el propio Consistorio se planteó interponer el recurso de inconstitucionalidad, pero «no teníamos legitimidad». Por suerte, el Gobierno acudió en ayuda del Ayuntamiento, le faltó decir a Cobo. «El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sí tiene legitimidad para ello y se acaba de pronunciar tras conocer los preceptivos informes», indicó el vicealcalde. Cobo, eso sí, recalcó que su oposición a una ley impulsada por su propio partido tiene su origen en la defensa de los madrileños. «Es muy importante que quede muy claro que el Ayuntamiento sólo ha defendido los intereses de Gallardón, digo, de los ciudadanos de Madrid», dijo.

«Esperada»

>CCOO. Para el sindicato, alineado en la batalla al lado del Ayuntamiento, la decisión del Gobierno de recurrir la Ley de Cajas era «esperada».CCOO considera que Esperanza Aguirre tiene ahora que «tomar conciencia clara» de que la norma «no cumple con los requisitos que tiene que cumplir».

El Banco de España investiga quién dio los créditos en CCM

El organismo incluye a 40 clientes dudosos bajo «seguimiento especial»

CRISTINA CABALLERO/Madrid

El Banco de España está analizando con lupa todos los créditos calificados como de dudoso cobro otorgados en los últimos años por Caja Castilla-La Mancha (CCM). En concreto, el organismo supervisor de la banca investiga 40 sociedades, la gran mayoría promotoras inmobiliarias, a las que se les dieron préstamos millonarios que son de muy difícil recuperación.

Todos ellos han sido englobados en una lista, a la que ha tenido acceso este periódico, con el epígrafe «Clientes bajo seguimiento especial». En total, los 40 grupos recibieron créditos por más de 3.000 millones de euros, algo que ha encendido todas las alarmas en el servicio de Inspección del Banco de España, que ha comenzado a averiguar qué oficina, qué departamento y hasta qué persona concreta autorizó esos créditos. Por su cuantía o por las condiciones en las que se otorgaron, todos ellos son sospechosos.

La concesión de créditos también ha suscitado las sospechas en el PP, que ha pedido esta misma semana una comisión de investigación que determine la responsabilidad del presidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, y de la Junta de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista José María Barreda.

Entre los promotores financiados están algunos de los empresarios más conocidos de la comunidad y considerados cercanos al presidente Barreda.

La sociedad Global Consulting Partners, en la que participan Barco, Díaz de Mera y la familia Sanahuja, es una de las investigadas.La empresa está en el punto de mira del Banco de España por cuatro créditos otorgados para el proyecto del aeropuerto de Ciudad Real, en el que también participa la caja manchega. Un hermano de Díaz de Mera también fue beneficiado con un crédito. La sociedad que lo solicitó, dedicada a la promoción inmobiliaria, tiene sólo dos empleados y lleva en pérdidas varios ejercicios.

Solventia Corporativa, una sociedad patrimonial de Ignacio Barco, aparece también en los primeros lugares de la lista debido a dos créditos millonarios: uno, concedido a la promotora Urbaja, y el otro al proyecto de Pago del Vicario, una iniciativa empresarial de los hermanos Barco en torno a las bodegas del mismo nombre, en Ciudad Real.

La sociedad está en serios aprietos financieros. En 2007 las pérdidas llegaron a casi dos millones de euros. CCM también otorgó otros créditos a dos empresas de la familia Barco que están igualmente bajo la supervisión del Banco de España.

Otros créditos dudosos investigados por el organismo de la banca son los otorgados al Grupo Gedeco Avantis, controlado por la familia Alvarez. En total, cinco sociedades vinculadas a distintos proyectos inmobiliarios en Ciudad Real que no han salido adelante.Uno de ellos es El Reino de Don Quijote, un resort de lujo en el que iba a haber casinos, hoteles y centros comerciales a la sombra del aeropuerto de Ciudad Real que se encuentra paralizado.

Otros promotores beneficiados con créditos millonarios de la caja y en seguimiento especial por parte del Banco de España son Luis Portillo, que recibió financiación para comprar Colonial; la familia Ventero, dueña de Vemusa; Carlos Cutillas, de Inmobiliaria Chamartín; Félix Abánades, del Grupo Rayet; una sociedad patrimonial del ex consejero delegado de King Sturge, Sergio Martínez, y el promotor Eugenio Roldán, socio del editor Antonio Miguel Méndez Pozo y uno de los promotores más conocidos de Albacete.

A pesar de que la mayoría de los créditos dudosos fueron concedidos a empresarios del ladrillo, el Banco de España ha incluido en la lista otros préstamos que no tienen que ver con la construcción.Por ejemplo, un crédito millonario que la entidad manchega concedió al Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, dependiente de la Junta.

REFORMA DE LA LEY

Bono también controló las cajas

Fue hace ya 12 años, y hoy casi nadie se acuerda. Pero José Bono, hoy presidente del Congreso y por entonces presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, impulsó una reforma de la ley de cajas de la comunidad para controlar sus órganos de control, parecida a la reforma de Aguirre en Madrid. La Ley de Cajas de Bono, que entró en vigor en 1998, redujo a la mitad el peso de los impositores (grupo que estaba controlado por el PP) y modificó los sistemas de elección, introduciendo el criterio de proporcionalidad, de forma que se anularon las mayorías que los 'populares' tenían en los ayuntamientos de las capitales de provincia y se incorporó a las Cortes regionales en las asambleas y consejos de las cajas.En su momento, el PP protestó y habló de inconstitucionalidad, pero la norma siguió adelante. Hasta hoy.

CRISIS FINANCIERA / Las cuentas de Caja Castilla-La Mancha / Preguntas&Respuestas
Claves de lo que viene en la batalla

CARLOS SEGOVIA/Madrid

Lo que está en juego es una batalla política de primer orden y controlar el nuevo mapa de cajas de ahorros que resultará de la crisis.

¿Qué pasará ahora en Caja Madrid?

El próximo lunes, el Gobierno impugnará la Ley de Cajas de Esperanza Aguirre en cuestiones que ésta considera menores, pero que debilitan su posición para el control de Caja Madrid. Mientras tanto, continúa su negociación con los sindicatos para intentar arrinconar a Gallardón. Pero la irrupción del Gobierno sitúa ahora al PSOE como interlocutor de peso en la cuarta entidad financiera española, que controlaba hasta ahora el PP.

¿Quién ganará a partir de ahora?

La decisión del Gobierno puede tener un efecto inusitado de cohesión en el PP. Rajoy que, hasta ahora apoyaba en la distancia a Gallardón, puede acercarse a Aguirre para intentar que Caja Madrid se mantenga en manos del 'populares'. Con un PP unido, el PSOE no tendrá más remedio que buscar un pacto con Rajoy, porque por sí solo no podría controlar la caja junto a IU y sindicatos. De hecho, el secretario general de Comisiones Obreras, Javier López, está defendiendo en sus reuniones con Aguirre más a Gallardón que a una opción de izquierdas en la entidad. Sólo puede cambiar este escenario para el PSOE que el Gobierno lance al Banco de España a intervenir la caja, lo que sería un escándalo. En todo caso, Miguel Blesa se presenta como el gran perdedor, porque ni Rajoy, ni Aguirre, ni el PSOE lo ven ya como un hombre de consenso y, por tanto, de futuro.

¿Qué pasará en Caja Castilla-La Mancha?

La entidad que aún preside el socialista Juan Pedro Hernández-Moltó, ve complicada su fusión con la andaluza Unicaja. Por un lado, el Gobierno andaluz empieza a temer que esa fusión impida que la entidad malagueña salve de la quema a otras cajas menores de Andalucía. Por otro, la incursión del Gobierno en Caja Madrid imposibilita cualquier colaboración del PP para salvar de forma discreta a CCM.

¿Tiene otras consecuencias el choque PSOE-PP?

Totalmente. La delicada situación del sector financiero español, que vuelve a no disponer de recursos para afrontar vencimientos este año, requeriría un gran pacto de Estado entre Gobierno y oposición. Al no existir, el proceso de fusiones, recapitalizaciones o compras de activos tóxicos para rescatar bancos y cajas queda completamente en el alero.

CORRUPCIÓN SOCIALISTA/ TRAMA MADRID/ SUBTRAMA TOMÁS GÓMEZ: Los técnicos municipales pillan delinquiendo al Secretario General del PSM

Sede socialista. Los inspectores dicen en su informe que el PSM está realizando obras sin licencia en el Palacio de la Prensa de Callao, lo que es una falta grave
Los técnicos municipales pillan al PSM

JAIME G. TRECEÑO / PABLO HERRAIZ

Los inspectores del Ayuntamiento al final pudieron entrar en el Palacio de la Prensa. Y su informe es demoledor. Lo que Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), había calificado de preparativos y movimiento de muebles, al final son obras ilegales constituyentes de una infracción grave.

Los técnicos municipales acudieron al edificio de Callao, 4, después de que el Ayuntamiento enviase un requerimiento a los socialistas para que les dejara entrar. Algunas de las tareas que se describen en su informe son: «Demolición de falsos techos, tabiquería, desmontaje de carpintería exterior en cuarta planta.Nueva distribución. Chapados de baño e instalaciones de aire acondicionado, fontanería y electricidad».

Es decir, les han pillado haciendo una reforma en toda regla, aunque el PSM decía que no estaban de obras. El Consistorio envió el jueves a dos inspectores urbanísticos para revisar las actuaciones que el PSM realiza en los pisos 2, 3 y 4 del Palacio de la Prensa, donde instalará su nueva sede.

Los trabajos todavía carecen de licencia municipal y por tanto es ilegal que los obreros ya estén reformando el local. Anteayer hubo un problema porque los obreros no dejaron pasar a los técnicos, y éstos se volvieron con un palmo de narices. Del rechazo a los inspectores surgió el envío de un requerimiento del Consistorio al PSM, que se mandó el jueves. La inspección de ayer duró desde las 10.00 a las 10.45 horas.

En ese tiempo los técnicos recorrieron los 2.800 metros cuadrados de la nueva sede socialista y observaron lo que han hecho los obreros. Con dar una vuelta por el inmueble se ve que ha habido trabajos de reforma: puertas manchadas de polvo, cables colgando, ventanas vacías... En la azotea hay máquinas de aire acondicionado embaladas que se subieron con una grúa.

Los vecinos del inmueble, que tiene 14 plantas, dijeron que las obras llevan dos meses y que el ruido era insoportable. El PSM lo negó, pero el informe municipal relata hechos más que evidentes de que allí hay obras: «Ejecución de obras no descritas sin licencia.No la presentan en el momento de la inspección a las obras. Suspensión de obras», añade el dictamen.

El Palacio de la Prensa está declarado Bien de Interés Cultural y goza de la máxima protección. Los técnicos dijeron que el inmueble tiene nivel 2 de protección, de grado estructural, y por tanto realizar obras sin licencia constituye una infracción grave.El PSM podría pagar una sanción de entre 30.000 y 600.000 euros por no haber dejado entrar a los inspectores, y otros 300.000 por no tener licencia.

Ayer, el portavoz socialista en el Consistorio, David Lucas, preguntó si el equipo de Ruiz-Gallardón actuará con la misma rapidez en las 13.000 licencias que tiene atascadas, según Europa Press. La concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, dijo que la licencia solicitada por el PSM «no ha cumplido los plazos del silencio administrativo», ya que ellos se acogían al silencio del Ayuntamiento para empezar a trabajar en el edificio.

La presidenta Esperanza Aguirre dijo que «todo el mundo tiene que cumplir la ley y nadie puede estar por encima de ella».

EMBUSTERO ZAPATERO: El PP critica el «tijeretazo cobarde» en gasto social de Zapatero

El PP critica el «tijeretazo cobarde» en gasto social

Contabiliza 65 millones de recorte sobre el Presupuesto y «por la puerta de atrás»

CARMEN REMIREZ DE GANUZA/Madrid

El PP ha decidido atacar al Gobierno por el flanco del que más presume: la política social. Resulta que su Grupo en el Congreso ha echado cuentas y ha descubierto un recorte significativo y no declarado del gasto social del Gobierno en relación con las asignaciones aprobadas por el Parlamento.

Se trata de una cantidad que sobrepasa los 65 millones de euros -65.320.000 euros-, y que se suma a los 38,5 millones que el Ejecutivo socialista recortó de hecho entre el Presupuesto de 2008 y el de 2009. En total, un «tijeretazo» de 100 millones de euros a los programas sociales, según los datos recogidos en la última Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y en las cartas del Ministerio a las Consejerías de todas las Comunidades Autónomas.

Así lo denunció ayer el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, quien acusó al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de estar llevando a cabo de forma «cobarde y por la puerta de atrás» el citado «tijeretazo».

Entre las partidas afectadas por el recorte de los 65 millones destacan las destinadas a personas con discapacidad (un 60% menos), a inmigrantes (30%), al pueblo gitano (65%) o a las familias con situaciones especiales. En este último caso, la partida social, simplemente, desaparece.

Ayllón calentó con estos datos una de las preguntas de la sesión de control al Gobierno que tendrá lugar el próximo miércoles en el Pleno, y que formulará el diputado Rafael Hernando a la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera: «¿Está recortando el Gobierno el gasto social?».

Antes aun que pedir cuentas por el recorte, lo que pretenden los populares es evidenciar la contradicción entre la realidad y el principal discurso de Zapatero, que ha hecho del gasto social la seña de identidad de su Gobierno e incluso el hecho diferencial respecto de la oposición popular.

De ahí que tiren de archivo y destaquen las palabras de Zapatero en el Discurso de Investidura -«no habrá recortes en derechos sociales; al contrario, seguiremos ampliando derechos y políticas sociales»- y en la comparecencia sobre la crisis económica, donde, en relación con el recorte del ajuste presupuestario de 1.500 millones, afirmó que «en ningún caso afectará a los programas de protección social».

El propio acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de febrero especificaba, según recoge ahora el Grupo Popular, que el ajuste «no afecta a las prioridades de los Presupuestos, como son las partidas de gastos de personal, inversión productiva y de protección social».

La denuncia de los populares es que el Gobierno «desplaza» «el tijeretazo» a las Comunidades Autónomas, que se ven obligadas a reponer estos fondos asistenciales a través de sus propias arcas.

ESTE DOMINGO, 29-M, “celebración cívica contra la ley de plazos del aborto". Mapa del recorrido de la manifestacción del 29-M/ Mayor, por «la vida»

Mayor, por «la vida»

El cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, dio ayer «un paso al frente» en favor del «derecho a la vida». Con motivo del Encuentro Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia celebrado en la Universidad San Pablo-CEU, afirmó que «el derecho a la vida está incluso por encima de textos constitucionales» porque se trata de un «derecho natural». El político 'popular', que no asistirá a la marcha del domingo por problemas de agenda, dejó tan clara su posición contra la nueva Ley del Aborto que la calificó de «aberrante» y acusó al Gobierno de promover una «cultura de la muerte».

VEA LOS DETALLES DEL 29-M
"Una corriente de alegría frente a los tristes que propagan la muerte"

El respaldo de más de cien entidades cívicas, profesionales, culturales y estudiantiles convertirá el 29 de marzo en la primera “celebración cívica contra la ley de plazos del aborto”. Ya se ha presentado el recorrido y horarios que tendrá la manifestación.

2009-03-25

Recorrido de la manifestación del 29-M.

(Libertad Digital) La Marcha por la Vida del próximo 29-M “será una fiesta llena de color, música y alegría”, porque "el movimiento por el derecho a vivir es una corriente ciudadana de alegría, frente a la minoría que propaga la muerte, que son unos tristes", dijo este miércoles la doctora Gádor Joya, durante la presentación en conferencia de prensa de la Marcha por la Vida, junto al profesor Nicolás Jouve de La Barreda, catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares, impulsor de la Declaración de Madrid sobre el aborto y miembro del Comité de Expertos de Derecho a Vivir.

“Vamos a celebrar que somos más, que tenemos la razón, la verdad, la belleza y el bien de nuestro lado, y que ninguna ley podrá imponer la muerte frente a la marea de la vida. Hay mucho que celebrar, porque vamos a parar la ley de plazos, vamos a salvar vidas humanas que no pueden defenderse por sí mismas”, ha comentado la doctora Gádor Joya.

La manifestación llega en plena eclosión de organizaciones cívicas, think tanks, asociaciones juveniles y de estudiantes, fundaciones y plataformas pro-derechos civiles que han sintonizado espontáneamente en la promoción del valor absoluto de la vida y el apoyo a la mujer embarazada. La manifestación empezó siendo convocada por Derecho a Vivir (DAV), HazteOir.org, Médicos por la Vida y ProVida Madrid, y ya hay más de cien entidades que se han adherido.

Medios de comunicación italianos y franceses han enviado reporteros para seguir de cerca la respuesta del amplio y heterogéneo movimiento español pro-derechos civiles a la iniciativa del Gobierno de establecer el aborto libre en un régimen de plazos y facultar a las niñas de 16 para abortar sin permiso ni información paternos.

La Manifestación tendrá un marcado carácter festivo. Un autobús de dos pisos irá en el centro y desde el mismo se repartirán globos y folletos DAV.

La música será otro elemento destacado. Un DJ interpretará una sesión especial con canciones pro-vida. Dos pantallas gigantes, instaladas en la Plaza de las Cortes, emitirán clips musicales y testimonios pro-vida.

La Marcha por la Vida saldrá a las 12.00 horas

del domingo 29 de marzo de las inmediaciones del Ministerio de Igualdad, en la calle Alcalá, atravesará la calle de Cedaceros y llegará hasta la Plaza de Las Cortes, donde varios científicos y activistas leerán breves alocuciones a favor del derecho a vivir, el apoyo a la mujer frente a la violencia abortista y contra la ley de plazos.

El color rojo de Derecho a Vivir (DAV) impregnará los símbolos y distintivos de la Marcha por la Vida.

Se repartirán más de 10.000 gorras, camisetas y banderolas DAV. En la cabecera de la manifestación circulará una pancarta con el lema Derecho a Vivir (DAV) y en el centro, otra gigante, visible desde el cielo por los helicópteros que puedan estar grabando el recorrido de la Marcha por la Vida.

A la misma hora, en las principales ciudades de toda España se celebrarán concentraciones ante los ayuntamientos, en las que se leerá el Manifiesto de la Semana por la Vida.

Reacción social

Todo indica que el Gobierno no contaba con esta creciente respuesta de los ciudadanos, lo cual explicaría que la ministra de Igualdad haya rectificado ostensiblemente en los últimos días su política de exclusión de los expertos más cualificados y prestigiosos de la Comunidad científica, y vaya a recibir el próximo 2 de abril a representantes de la Declaración de Madrid y del Comité Asesor de Derecho a Vivir (DAV), una delegación que estará encabezada por el doctor Jouve y la doctora Joya, e incluirá al profesor César Nombela, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense, y al doctor Luis Chiva, miembro del Comité DAV y portavoz de Ginecólogos por el Derecho a Vivir (DAV).

• La Conferencia Episcopal anima a asistir a la marcha contra la ley del aborto
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PROYECTO DE GOBIERNO VASCO: PP y PSE recortarán la Administración de los 600 cargos actuales a 400

Basagoiti asume la elección del presidente de la Cámara vasca

En la decisión pesará la sintonía con la dirección regional del PP y que sea un referente para el partido nacional en asuntos como ETA o la defensa de las libertades

O. TORRES/Vitoria

El presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, ha asumido de forma personal la decisión sobre quién ocupará el próximo 3 de abril el sillón de la Presidencia del Parlamento autonómico.Cerrado el acuerdo con el PSE que otorga al PP este cargo, la dirección popular tiene que pronunciarse en breve sobre en quién recaerá la máxima representación institucional del partido en la próxima legislatura.

Basagoiti, que no quiere interferencias internas en esta elección, aseguró ayer que tiene una difícil tarea por delante porque cuenta con una «gran selección» en el grupo parlamentario. El PP concede a este nombramiento, que será posible gracias a la mayoría de 38 escaños que suma con el PSE, más importancia de la que ha dejado entrever en las negociaciones con los socialistas vascos, consciente de su trascendencia simbólica y de que la gestión del cargo será observada con especial atención.

El mecanismo elegido por el presidente del PP para adoptar una decisión será consultar a dirigentes y cargos públicos que tienen algo que decir sobre la cuestión para conocer la opinión de todas las sensibilidades. La elección no dependerá sólo de la sintonía con la dirección del País Vasco, sino también con la rentabilidad que el candidato puede proporcionar al PP como referente en asuntos como la firmeza ante ETA, la defensa de las libertades o la puesta en valor de las instituciones autonómicas.

La intención de Basagoiti es que el candidato no se conozca hasta el martes, aunque el lunes la Ejecutiva regional celebrará un encuentro para analizar y aprobar los términos del preacuerdo alcanzado el jueves con el PSE, que se suscribirá con posterioridad con la formación de Patxi López.

El presidente del PP maneja cinco nombres, al margen de los compromisos adquiridos con los críticos en los preámbulos del congreso regional del pasado mes de julio. Estos son los del ex secretario general del PP vasco Carmelo Barrio; la vicesecretaria general, Arantza Quiroga; el portavoz del partido, Leopoldo Barreda; la secretaria de Empleo y Asuntos Sociales y portavoz de la Ejecutiva alavesa, Laura Garrido; y una de las últimas incorporaciones del grupo parlamentario, Mari Mar Blanco.

Barrio cuenta a su favor con una amplia experiencia en la Mesa del Parlamento vasco en distintos cargos, salvo el de presidente.Fue el principal defensor de la tesis del partido en los acontecimientos que dieron lugar al caso Atutxa, cuando el PNV se negó a acatar la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba la disolución del grupo de Batasuna, Sozialista Abertzaleak. Leopoldo Barreda también es una apuesta por la experiencia. Ex presidente del PP de Vizcaya, ha participado en todas las decisiones fundamentales del partido en las dos últimas décadas.

Entre los nuevos valores destacan Arantza Quiroga y Laura Garrido.La candidatura de esta última está avalada, sobre todo, por su bilingüismo. Educada en una ikastola, ha sido juntera, parlamentaria, responsable del área social y redactora del último programa electoral.La elección de Mari Mar Blanco sería un guiño a las víctimas del terrorismo, una apuesta por la renovación y un intento por aliviar las tensiones entre los distintos sectores.

Los candidatos a presidir el Parlamento

>Carmelo Barrio. El ex secretario general del PP vasco acumula 19 años de experiencia en la Mesa del Parlamento Vasco. Reconocido en el seno del partido por su talante conciliador y su capacidad para asumir responsabilidades, tiene en su contra el compromiso con la gestión de María San Gil.

>Mari Mar Blanco. Su reciente incorporación al grupo parlamentario juega a su favor. Su elección vendría a evitar que las tensiones internas derivaran en un conflicto. Hermana del asesinado por ETA Miguel Angel Blanco, su relación preferente con las asociaciones de víctimas es otro punto a su favor.

>Laura Garrido. Responsable del área social y de empleo, portavoz de la ejecutiva de Alava, cuenta con la experiencia en las Juntas Generales y como parlamentaria en la última legislatura. La única candidata bilingüe del PP fue la redactora del programa electoral para el 1-M.

>Arantza Quiroga. La vicesecretaria general del PP vasco es una de las caras nuevas de la dirección de Antonio Basagoiti, que ha pensado en ella para otros cargos de responsabilidad. Optó a la Secretaría General y encabezó la lista de Guipúzcoa, en la difícil sustitución de María San Gil.

>Leopoldo Barreda. Un veterano que reúne experiencia y capacidad para influir en la vida interna del PP vasco. Ex presidente de la poderosa organización vizcaína, el que fuera portavoz de Jaime Mayor, Carlos Iturgaiz y María San Gil ha sido clave en la reciente negociación con los socialistas.

Pacto para reducir la cuarta parte de altos cargos autonómicos

PSE y PP aligerarán la Administración vasca de sus 600 puestos actuales a 400

O. TORRES / PAU BLASI/Vitoria

El Gobierno de Patxi López será más delgado, más ágil y más eficaz si se cumplen los deseos de los socialistas vascos y del PP de Antonio Basagoiti, que comparte con el PSE la preocupación por el progresivo crecimiento de la Administración autonómica, en especial del número de altos cargos, al calor de los últimos 30 años de hegemonía nacionalista.

El preacuerdo alcanzado el jueves por las delegaciones de ambos partidos contempla que el próximo Gobierno vasco, con López como lehendakari, contará hasta con una cuarta parte menos de altos cargos. De esta forma, su número se recortará de los más de 600 actuales a algo más de 400, incluidas las sociedades públicas vinculadas al Ejecutivo autónomo.

PSE y PP creen que no será difícil este sustancial recorte, imprescindible en tiempos de crisis para reflejar la austeridad de la Administración.La tesis que defienden ambos partidos es que, en momentos de dificultades económicas, el Gobierno vasco debe dar ejemplo y también que hay muchos puestos que no tenían más sentido que dar respuesta a los compromisos adquiridos por el PNV con sus socios del tripartito (EA y EB) o extender su red de influencia.

La primera medida que adoptará Patxi López será reducir el número de consejerías de 11 a nueve, con un reparto más racional de las competencias de cada una de ellas, y la inclusión de distintas áreas en un solo departamento. En este último apartado podría señalarse la fusión de Agricultura y Medio Ambiente, mientras que en el de la racionalización de las competencias impulsará un área social, hoy repartida entre Justicia, Empleo y Seguridad Social, en manos de EA, y Vivienda y Asuntos Sociales, dirigida por EB.

Los socialistas tienen previsto, además, que una macroconsejería asuma todas las políticas económicas, industriales o de innovación.Este departamento estará en manos del vicelehendakari económico.

PP y PSE coinciden en que la duplicidad de los departamentos, organismos o sociedades públicas puede combatirse con una simple reorganización de funciones. Las delegaciones en el exterior, las embajadas de Ibarretxe, son el ejemplo más recurrente cuando se pregunta a ambos partidos por esa cuestión, pero hay otros ejemplos, como el servicio de empleo puesto en marcha con el consejero Joseba Azkarraga (EA) cuando la comunidad autónoma no tiene competencia en esta materia.

Tres visiones del acuerdo

>Iñaki Anasagasti. El senador del PNV asegura en su 'blog' que ha visto al presidente del PSE, Jesús Eguiguren, con una «sonrisa odiosa que no será fácil olvidar» tras el acuerdo alcanzado por socialistas y 'populares', y le advierte: «Quien ríe el último ríe mejor».

>Antonio Basagoiti. Para el presidente del PP vasco, el pacto entre el PP y el PSE es «bueno para el PNV, porque le ayudará a deshacerse de Ibarretxe». A su juicio, «lo importante» del nuevo Ejecutivo vasco es que va a «dar la puntilla a ETA» y va a lograr que, «de una vez por todas, haya normalidad» en el País Vasco.

>Rodolfo Ares. «Es verdad que tenemos la voluntad de tener un acuerdo preferente con el PP, pero es evidente que no excluye la posibilidad de diálogo con otras fuerzas», asegura el secretario de Organización del PSE, quien vaticina, no obstante, que se presenta una etapa «muy delicada y muy difícil».

UPyD elegirá a su dirección con primarias abiertas

Los 5.000 afiliados votarán para escoger a su ejecutiva mediante voto electrónico

LUIS ANGEL SANZ/Madrid

El Consejo Político de Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido liderado por Rosa Díez, aprobará hoy el Reglamento del I Congreso de la formación, que se celebrará en otoño y que convertirá a este nuevo y pequeño partido en uno de los más democráticos de España. De hecho, el borrador de Reglamento que discutirá hoy el Consejo prevé que los 5.000 afiliados del partido -más los que se sumen de aquí al congreso- elijan mediante votación libre y secreta al máximo órgano ejecutivo de UPyD, el Consejo de Dirección.

Todos los militantes podrán ejercer ese novedoso derecho desde cualquier provincia de España mediante el voto electrónico, realizado con claves personales y secretas. El nuevo Consejo de Dirección tendrá así «la mayor legitimidad posible» al ser elegido «mediante el voto directo y mayoritario de la totalidad de los afiliados inscritos», según el borrador de Reglamento.

Los principios de esta forma de funcionar, según el documento que se debatirá hoy y al que ha tenido acceso este periódico, serán «la democracia interna, la transparencia y la participación».La idea principal es convertir al afiliado «en el centro neurálgico de todo el proceso congresual». Así, el militante podrá elaborar propuestas que serán debatidas en el congreso, presentar candidaturas a la dirección sin necesidad de avales, e intervenir directamente en su elección.

Los afiliados podrán votar listas cerradas y bloqueadas de 21 miembros que formarán el citado Consejo de Dirección. Todas ellas tendrán que estar encabezadas por un portavoz -ahora es Rosa Díez-, un cargo equivalente al de presidente del PP o al de secretario general del PSOE.

Como continúa el Reglamento, UPyD prescinde así «de las cortapisas y limitaciones que imponen los filtros habitualmente establecidos en los partidos tradicionales por los órganos territoriales, las exigencias de avales o las elecciones indirectas», pero a la vez evitará «caer en un asamblearismo pueril y paralizante».

El congreso estará compuesto por 500 delegados que elegirán a los miembros electos del Consejo Político (que tendrá un total de 150 integrantes), así como otros órganos, como las comisiones de garantías, finanzas y la Comisión Electoral. Los integrantes de estos órganos se elegirán mediante el voto de los delegados con listas abiertas.

Como explicó a este diario Carlos Martínez Gorriarán, dirigente de UPyD, se trata de que el partido cuente con «la máxima participación de los afiliados», «que haya la menor delegación posible» y que disponga de «una dirección con mucha autoridad y legitimidad precisamente por estar elegida por todos los afiliados».

El Reglamento sólo define el funcionamiento del congreso, por lo que no entra en los mecanismos mediante los que se elegirán candidatos para las distintas convocatorias electorales. Según sus Estatutos, es el Consejo de Dirección el que aprueba las candidaturas. Pero no se descarta que el sistema cambie en el propio congreso porque, como insistió Martínez Gorriarán, «en el cónclave, es posible que se insista en que el afiliado debe ser clave a la hora de participar en todas las decisiones importantes».

El congreso de otoño -se barajan los meses de octubre o noviembre- será el primer foro general de debate para concretar y organizar el proyecto político de UPyD después de su consolidación y de que haya afrontado, de momento con éxito, cuatro convocatorias electorales: elecciones generales, gallegas, vascas y europeas en junio.

«Yo voto a Rosa Díez»

Albert Boadella lo tiene claro. A pesar de ser el director de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid y dar ayer una conferencia presentado por su 'jefa', Esperanza Aguirre, no lo pudo decir con más claridad: «Yo no tengo ninguna duda: voto a doña Rosa Díez, la continuación de Ciutadans pero en el conjunto de España».

La plataforma de apoyo a Ibarretxe sigue funcionando

ROBERTO L. DE CALLE/Bilbao

Aunque parecía una plataforma de carácter meramente preelectoral, el colectivo Hemen Ibarretxe no sólo no se ha desactivado tras el 1-M, sino que para próximos días prepara un nuevo acto político de respaldo al lehendakari en funciones.

Esta iniciativa se desarrollará después de que el PSE y el PP hayan cerrado un acuerdo para la investidura de Patxi López y para dotar de estabilidad al próximo Ejecutivo regional.

Según las fuentes consultadas, su objetivo será posicionarse como plataforma ante el previsible desalojo de Ibarretxe de Ajuria Enea y reivindicar, implícitamente, su liderazgo para la conformación del futuro Ejecutivo.

Los organizadores de la plataforma destacan que Hemen Ibarretxe no es un colectivo «de apoyo al PNV», sino a la figura de su candidato, aunque eluden concretar los términos del acto, que previsiblemente se celebrará a la vuelta de la Semana Santa.

La plataforma nació de la vinculación de personas más o menos ligadas con el nacionalismo y sus rostros más visibles han sido el ex vicelehendakari Mario Fernández y la ex concejal de Eusko Alkartasuna en el Ayuntamiento de Bilbao Jasone Irarragorri.Sin embargo, en la captación de sus firmantes (más de 3.000) iniciales tomaron parte activa destacados responsables del PNV; entre ellos, el diputado vizcaíno de Acción Social, Juan María Aburto, y el miembro del Euskadi Buru Batzar (Ejecutiva del PNV) Joseba Aurrekoetxea. Desde su presentación el 7 de febrero, apenas ha desarrollado un par de actos, aunque todavía hoy mantiene su web abierta para recabar adhesiones individuales en favor del lehendakari.

LA FELONÍA SOCIALISTA DE LA DEROGACIÓN DEL PHN: «Sin agua no hay vida»

«Sin agua no hay vida»

Miles de personas rechazan en Elche el fin del Tajo-Segura

DAVID ALBEROLA/Elche
Elche se convirtió ayer en el centro reivindicativo de la defensa del trasvase Tajo-Segura en la región del Levante español. Como ocurrió la pasada semana en Murcia, los regantes exigieron a los partidos políticos que eviten la caducidad del trasvase, como pretende el Gobierno de Castilla-La Mancha dentro de la reforma de su Estatuto de Autonomía.

Según fuentes de la Policía Local, más de 9.000 personas participaron en la manifestación. Una cifra que los convocantes de la misma incrementaron hasta las 20.000 personas, según dijo su portavoz, Angel Urbina.

La manifestación fue secundada por regantes, políticos y miles de ciudadanos provenientes de distintos puntos de la Comunidad Valenciana, de la Región de Murcia y de la provincia de Almería.Todos se manifestaron detrás de una pancarta que, portada por regantes y políticos, llevaba el lema de Todos juntos y unidos en defensa del Tajo-Segura. También se pudieron leer otras pancartas con lemas relativos al trasvase del Ebro.

La movilización, a la que se adhirieron unos 125 colectivos sociales, concluyó más de una hora después de su comienzo en la plaza del Congreso Eucarístico, donde el presidente de la Federación Provincial de Regantes, Manuel Serrano, procedió a la lectura de un manifiesto en el que definió la posible caducidad del trasvase como «el atentado más grave que puede sufrir el desarrollo agrícola, económico y social de nuestra tierra».

Interconexión

Serrano insistió en que «el sureste español necesita el agua del trasvase Tajo-Segura no sólo para regar, sino también para beber». A su juicio, «ni tan siquiera el trasvase del Ebro es la solución definitiva» a los problemas hídricos de las regiones deficitarias de ese bien escaso: «La solución definitiva es la interconexión de las cuencas de los ríos españoles», para lo que ve necesario «un pacto nacional del agua que cuente con el consenso de toda la sociedad», añadió.

«No podemos admitir de ninguna forma propuestas como la que se establece en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha con la supresión del trasvase Tajo-Segura», concluyó Serrano antes de defender que «sin agua no hay vida».

A la marcha de Elche no acudieron los presidentes de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ambos del PP, que sí estuvieron presentes en la protesta de hace una semana en Cartagena. El alcalde ilicitano y anfitrión de la protesta, el socialista Alejandro Soler, se felicitó por el seguimiento de la manifestación y lamentó estas «dos grandes ausencias», en alusión a Valcárcel y Camps, aunque sí acudieron miembros de sus respectivos ejecutivos, informa Efe.

GARZÓN, SIN VERGÜENZA Y PARTE, Y EL JEFE POLICIAL SOCIALISTA: El juez socialista Garzón presiona por cuarta vez a la fiscalía para q empure a Bárcenas

JUECES BAJO SOSPECHA / El juez empecinado
Garzón insiste en implicar a Bárcenas ante el Supremo

Pregunta de nuevo a la Fiscalía e imputa a otras 10 personas en el 'caso Gürtel'

MARIA PERAL/Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha vuelto a preguntar a la Fiscalía Anticorrupción si considera procedente elevar una exposición razonada a la Sala Penal del Tribunal Supremo a la vista de los últimos informes policiales recibidos sobre el caso Gürtel, en el que se investiga una presunta trama de corrupción montada por empresarios vinculados al Partido Popular y dirigida por Francisco Correa.

Garzón, que remitió las diligencias a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia el pasado 5 de marzo, insiste, tres semanas después de haber dado aquel paso, en la presunta implicación de aforados nacionales del PP y en ser él quien se dirija al Alto Tribunal describiendo los indicios delictivos que, a su parecer, existen, en concreto, contra el tesorero popular, Luis Bárcenas, y el eurodiputado de este partido Gerardo Galeote.

Garzón se dirigió el pasado jueves a la Fiscalía Anticorrupción para que, dado el contenido de los últimos informes presentados por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef), se pronuncie sobre la procedencia de elevar una exposición razonada a la Sala Penal del Tribunal Supremo para que examine su competencia en el caso Gürtel a la vista de los indicios existentes contra dos aforados nacionales del Partido Popular: el tesorero, Luis Bárcenas, y el miembro del Parlamento Europeo Gerardo Galeote.

Garzón, que ha dado de plazo a la Fiscalía hasta el próximo lunes, ya ha planteado la misma cuestión al Ministerio Público al menos otras tres veces, los días 18, 19 y 24 de febrero. En esta última ocasión, el juez calificó de «fundamentales» los «nuevos datos» contenidos en un voluminoso informe de la Udef en el que se relacionaba una serie de pagos en metálico que habrían recibido Bárcenas y Galeote con dinero procedente de las empresas de Francisco Correa, el empresario vinculado al PP que se encuentra en prisión preventiva desde el 6 de febrero por orden de Garzón. Se trataría de pagos sin aparente justificación efectuados durante la época en la que el presidente del PP era José María Aznar.

Sin embargo, Anticorrupción ha mantenido desde el principio el criterio de que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la investigación de todo el caso Gürtel a excepción de la parte relativa a los supuestos trajes regalados por las empresas de Correa al presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, y a otros aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Para el Ministerio Público, siendo claros los indicios contra diputados autonómicos del PP, que están aforados ante el TSJM, corresponde a este tribunal asumir el asunto y, en su caso, decidir la remisión de las actuaciones al Supremo a la vista de la evolución de la investigación.

Garzón remitió el caso Gürtel al TSJM el pasado día 5. Tres semanas después, y sin esperar siquiera la decisión del tribunal madrileño, vuelve a insistir en dirigirse él al Supremo con una exposición de los indicios que, a su parecer, existen contra los aforados nacionales del PP.

JUECES BAJO SOSPECHA / El juez empecinado
Imputa en la causa a otras 10 personas

Acuerda la intervención judicial de varias empresas y autoriza pagos urgentes

MANUEL MARRACO/Madrid

Baltasar Garzón ha extendido a otras 10 personas la imputación en las diligencias previas 275/2008, correspondientes a la operación Gürtel. Se trata de Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrerdo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebrero, Francisco Jurado, Verónica Castañé, Cristina Colmán González, Luis Agramont, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso, según indicaron fuentes jurídicas.

Además, el magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado nombrar un administrador judicial para varias empresas implicadas en la investigación y ha reclamado datos sobre otras, además de desbloquear algunos pagos urgentes de todas ellas a través del administrador.

Respecto a los nuevos imputados por los delitos de blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias, estarían supuestamente relacionados con los negocios en Boadilla del Monte (Madrid), cuyo ex alcalde se encuentra entre los imputados. Otros estarían vinculados con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada presuntamente por Francisco Correa para sus actividades fuera de España, según fuentes jurídicas citadas por Efe.

Garzón tomó la decisión de imputar a estas 11 personas en un auto notificado el pasado 17 de marzo, un día antes de tomar declaración a los seis que imputó el mismo día que se inhibió en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.

El juez ha interrogado ya esta semana, en presencia de las fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell, a seis de estos nuevos imputados y el próximo lunes ha llamado a declarar a los cinco restantes.

La lista incluye otro nombre, Tomás Martín Morales, cuya imputación ya apareció en los autos dictados el día en el que se inhibió, lo que provocó que abandonase su puesto como vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte.

En cuanto a la pieza separada de la causa destinada a la gestión de las empresas, el juez ha designado ya a un administrador judicial para Diseño Asimétrico, Servimadrid integral, Easy Concept Comunicación y Good & Better, y ha pedido a la Intervención General de la Administración del Estado que designe a un interventor para hacerse cargo de Orange Market y Forever Travel, todas ellas vinculadas al presunto jefe de la trama, Francisco Correa. Además, Garzón citó ayer en su despacho a los representantes legales del resto de sociedades cuyas cuentas han sido bloqueadas para recabar datos sobre su situación actual.

JUECES BAJO SOSPECHA / La polémica judicial
Juanes elude reprobar al PP por criticar a Garzón

«Los jueces no podemos pretender que no nos censuren, no tenemos patente de corso»

MARIA PERAL/Madrid

El magistrado del Tribunal Supremo Angel Juanes, elegido el jueves nuevo presidente de la Audiencia Nacional, eludió ayer censurar al PP por las críticas que viene dirigiendo al juez Baltasar Garzón y manifestó que «si hay que hacer declaraciones del tipo que sea en defensa de los jueces se harán», pero «los jueces no podemos pretender que no se nos hagan críticas».

A petición de los medios de comunicación, Juanes recibió ayer a los periodistas en la sede del Supremo, donde continúa trabajando hasta que tome posesión de su cargo en la Audiencia Nacional.

Preguntado por si va a defender a magistrados «que son atacados casi diariamente», en referencia a Garzón y a las duras críticas de que es objeto por parte del PP, Juanes dijo que habrá que oír a la Sala de Gobierno y «si hay que hacer declaraciones del tipo que sea, se harán», aunque consideró que no era el momento de pronunciarse porque ni siquiera se ha incorporado a su nuevo destino.

Los periodistas insistieron. «¿Y no cree que esas críticas afectan al sosiego con que deben trabajar los jueces?». «Me gustaría, como en cualquier tribunal, que los jueces trabajen en paz y con absoluto sosiego, porque el trabajo se hace mejor de esa forma», contestó.

«Una presión mediática y política hace difícil el funcionamiento de la Justicia», añadió. «Los actores de la sociedad tienen que ser conscientes de que una crítica tan sistemática puede producir un deterioro en la imagen de las instituciones. Pero los jueces no podemos pretender que no se nos hagan críticas, no podemos pretender una patente de corso. Pediría sosiego y respeto para la Audiencia Nacional, pero los jueces también debemos estar sometidos a las críticas por muy duras que sean».

Preguntado por el hecho de que haya sido elegido por el número justo de votos (11 de 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial), indicó que le hubiera «gustado salir por más votos», y que «pensaba que iba a ser así». «Pero eso no me resta legitimación.Al revés, será un acicate para poner lo mejor de mí».

JUECES BAJO SOSPECHA
«Nunca me haría un traje en Milano», dice Luis Herrero

LUIS ALEMANY/Madrid

«¿Los trajes de Francisco Camps? Sé lo que ha publicado la prensa y lo que ha dicho el propio Paco Camps. Por supuesto que me creo su versión... Pero yo no iría nunca a hacerme un traje a Milano».

La frase pertenece al eurodiputado popular Luis Herrero, que ayer presentó en Madrid su primera novela, el thriller político El tercer disparo, editado por La Esfera de los Libros. Sentado a su lado, mientras sonaba la pulla, estaba el ex presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, el eterno rival de Camps, encargado ayer de apadrinar el libro.

Zaplana, ahora directivo de Telefónica, evitó opinar sobre el caso Camps, pero hizo una laudatio de Herrero llena de implícitos.«Ese afán de algunos por pensar 'yo estoy aquí [en el cargo] y a ver qué hago para quedarme, así que me callaré lo que haga falta para no molestar'... Esa no es forma de estar en política», dijo Zaplana, que también alabó a Herrero, en contraste, «por su carácter de pisacharcos».

«En la vida hay que equivocarse, apasionarse, decir lo que se cree. ¡Lo que me habré equivocado yo, los charcos que habré pisado en cada cargo en el que he estado!», dijo Zaplana, que rompió ayer un año completo de silencio público.

¿Se refería Zaplana a los actuales dirigentes del PP? No hubo respuesta. En cualquier caso, sus palabras sonaron a respaldo moral para Herrero, que parece haber perdido el favor de Génova.«Sospecho que me queda un corte de pelo en la política», dijo ayer el autor. «Falta un mes para que se cierren las listas europeas y no sé si estaré o no, pero intuyo que tengo que empezar a buscarme la vida. Por eso he adelantado esta publicación». El eurodiputado dijo sentirse «un cadáver político».

Esa sentencia, de momento, es sólo una intuición: «¿Mi comunicación con Rajoy? Le acabo de pedir cita. Veremos lo que tarda en darme hora».

Más información en página 44.

JUECES BAJO SOSPECHA / LOS ARGUMENTOS DE ANA MATO
El Jaguar, fuera del gasto familiar

Los coches de Jesús Sepúlveda -el Jaguar de Francisco Correa incluido-, no entraban dentro de la economía familiar, por muy caros que fueran, sino de sus gastos personales, según explicó ayer su ex esposa, la vicesecretaria general de Organización del PP, Ana Mato.

En declaraciones a Onda Cero, Ana Mato afirmó que, «sin duda», ella y Sepúlveda, ex secretario electoral del PP y ex alcalde de Pozuelo, compartían gastos familiares, pero matizó que los coches «normalmente» no figuraban en esa partida. «Obviamente, yo sabía que había un coche, y ya he dicho que yo nunca he decidido el tipo de coches que adquiría», añadió.

«Sabía», dijo, que poseía un Jaguar, pero «no le extrañó» porque «solía cambiar de coches con frecuencia». «Creo que se lo podía permitir», aseveró Mato. Y «nunca» le consultó a ella qué tipo de coche adquiría.

LAS MAMARRACHADAS DE ZP Y SUS MINISTRILLAS DE CUOTA:Zapatero intenta evitar que Kosovo enturbie la Cumbre de la OTAN

Zapatero intenta evitar que Kosovo enturbie la Cumbre de la OTAN

MARISA CRUZ/Madrid

El Gobierno ha activado toda la maquinaria a su alcance para intentar evitar que el malestar de los aliados, y en especial el de EEUU, por el anuncio unilateral de retirada de las tropas de Kosovo, se traslade a la Cumbre de la OTAN que se celebrará los días 3 y 4 de abril en Estrasburgo (Francia) y Kehl (Alemania).

Desde el presidente hasta la propia ministra de Defensa despliegan desde ayer esfuerzos para impedir que las nuevas relaciones que pretende entablar Zapatero con la Administración Obama se vean ensombrecidas por este primer tropezón ante los aliados. Zapatero contribuye a la labor desplazándose en el último minuto en un viaje relámpago a Viña del Mar (Chile) en el que coincidirá con el vicepresidente de EEUU, Joseph Biden.

Carme Chacón, por su parte, emprende una ronda de contactos con los principales socios de la Alianza para explicarles pormenorizada mente las razones españolas para el repliegue de tropas y, de paso, asegurarles que la retirada se hará de acuerdo con las necesidades de los comandantes sobre el terreno, es decir, tal y como pactó el secretario general de la Presidencia, Bernardino León, con el consejero de Seguridad Nacional de EEUU, el general retirado James Jones.

En paralelo, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se encargó ayer desde la tribuna del Consejo de Ministros de aclarar que los plazos de la retirada serán fijados por los «responsables militares».

En definitiva, que no existen ahora mismo, en contra de lo que anunció Chacón, fechas fijas de retirada. Para establecerlas, precisó la número dos del Gobierno, «se va a empezar a trabajar en coordinación con los aliados y en colaboración con la Secretaría General de la OTAN».

Igualmente, una alta fuente del Ministerio de Defensa, que considera la polémica zanjada, recalcó que el secretario general de la Alianza, Jaap de Hoop Scheffer, tranquilizó a Chacón asegurando que lo último que desea es que la Cumbre -la primera en la que participará Obama y en la que se va a celebrar el 60 aniversario de la organización- quede enturbiada por el traspiés español.

Pese a ello, el temor a que durante la reunión de Estrasburgo salga a relucir el malestar hacia España ha inducido al Gobierno a extremar los gestos y las explicaciones hacia Washington y los principales aliados.

Así, el presidente del Gobierno decidió el mismo miércoles por la tarde, después de haber sufrido los reproches de todos los grupos parlamentarios por las formas en las que Chacón gestionó el anuncio del repliegue, cambiar su agenda de trabajo y aceptar la invitación que desde hace varios meses tenía para viajar a la reunión de líderes progresistas que se celebra hoy en Viña del Mar (Chile) y a la que acude el vicepresidente de EEUU.

A la cita estaba prevista la asistencia de una representación española de mucho menor rango: la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, y el presidente de la Fundación Ideas, Jesús Caldera.

Finalmente, Zapatero cambió de plan y aceptó embarcarse en un viaje transatlántico de 28 horas (ida y vuelta) para permanecer en Viña del Mar apenas ocho. Una decisión idéntica a la que tomó antes de la reunión del G-20 en Washington, cuando aún no tenía garantizada una silla en dicho foro, y en el último momento optó por viajar a Pekín para evidenciar la presencia de España en los foros internacionales. Desde Moncloa apuntan que el cambio de opinión, en este caso, se ha debido a la insistencia de la presidenta chilena, Michelle Bachellet.

La reunión tiene como objeto debatir el «momento progresista actual; la respuesta progresista ante la crisis económica, su impacto social y la recuperación verde».

La polémica se mantiene viva

>Leguina. El que fuera presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, el socialista Joaquín Leguina, cree que la decisión de retirada es «publicitaria» y una «ocurrencia» de los «asesores de imagen».

>PP. Ha registrado en el Congreso una petición para que la ministra de Defensa comparezca en Pleno para solicitar «la preceptiva autorización» para la retirada de las tropas españolas de Kosovo.

Más información en página 27.

Al Líbano, con precaución.

Un total de 962 soldados de la Brigada Ligera Aerotransportable (Brilat) partirán la semana que viene hacia el Líbano, para integrarse en la misión de la ONU en el país. En un acto celebrado en la base de Figueirido (Pontevedra) -en la imagen, los militares desfilando-, el general José Ignacio Medina pronunció el discurso de despedida, advirtiendo a los soldados que deben «extremar las medidas de seguridad», ya que la situación en el país es de «tensa calma». Con la partida del contingente, la Brilat pasará a tener efectivos en las tres misiones principales en las que participa España: Afganistán, el Líbano y, por ahora, Kosovo.

EL ENDÉMICO 3% DE CATALUÑA: Policías, abogados y proxenetas... imputados en una trama de sobornos y corrupción en locales de alterne de Barcelona

Policías, abogados y proxenetas

Agentes del CNP y letrados, imputados en una trama de sobornos y corrupción en locales de alterne de Barcelona

XIANA SICCARDI/Barcelona

La investigación del caso de corrupción policial relacionado con presuntos sobornos de dueños de macroprostíbulos de Barcelona -el Riviera y el Saratoga de Castelldefels- sigue sorprendiendo por los altos cargos a los que implica. La última detención ha sido la de Carlos C., abogado y, desde el pasado otoño, juez sustituto en Gerona, La Bisbal y Blanes. Desde hace una semana ejercía en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gerona.

Carlos C. fue citado ayer a declarar ante la juez instructora que investiga esta presunta trama. Antes de hacerlo, presentó su renuncia ante el presidente de la Audiencia de Gerona. Al parecer, la investigación estaría encaminada a averiguar si Carlos C. habría cobrado altas minutas a distintos prostíbulos, que le contrataban presuntamente forzados por un inspector de la Policía Nacional que fue detenido el jueves.

Se trata de José Javier M. P., conocido como Jordi en los ambientes policiales, ya que estuvo durante años en la Brigada de Información.Fue cesado en la Brigada de Extranjería en 2007 tras una denuncia que aseguraba que había cocaína y 45 pasaportes de prostitutas en su taquilla personal, un material que luego desapareció. Es una de las personas que más datos aportó a la juez. Actualmente, está de baja por depresión y con un expediente interno abierto por la Policía.

El fiscal Anticorrupción pide libertad con cargos para el abogado Carlos C. y que el inspector policial ingrese en prisión sin fianza. Ellos son sólo dos de los últimos imputados.

También se acusa de los mismos hechos cometidos por Carlos C.a otros dos letrados, que trabajaban con él en su bufete. Se les han imputado los delitos de extorsión y asociación ilícita.Se trata de Alex G. -para el que el fiscal pide prisión provisional- y Fernando Martínez -secretario general de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon)-, para quien la acusación pública ha solicitado prisión eludible previo pago de 20.000 euros de fianza.

Está previsto que la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabeth Castelló, que investiga el caso, tome una decisión sobre estas peticiones a primera hora del lunes.

Hace unas semanas, se produjeron las detenciones que afectaban más directamente a la Policía Nacional: varios agentes en activo y otros ya retirados fueron arrestados.

De momento hay 14 imputados en este caso. Seis de ellos son altos cargos, agentes o ex responsables del Cuerpo Nacional de Policía.Cinco son dueños o encargados de los dos burdeles y los otros tres son abogados.

Cuatro personas ya están en prisión. Uno de ellos es Andrés O., un ex inspector de la Policía en segunda actividad y que actualmente trabajaba como jefe de seguridad de la empresa Festina-Lotus, y los otros tres son responsables de los clubes Riviera, Antonio H., y Saratoga, Carmelo S. y Raúl P., acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, cohecho, contrabando y favorecimiento de la prostitución ilegal.

Los protagonistas de la red de extorsión

>Carlos C. Es abogado y, hasta ayer, juez sustituto en Gerona.Se le acusa de haber obligado a dueños de prostíbulos a contratarle, solicitando altas minutas. Lo habría conseguido a través de su bufete y por mediación del inspector de la Policía Nacional José Javier M. P.

>José Javier M. P. Conocido como 'Jordi' en el ambiente policial, es inspector y actualmente está de baja por depresión. Podría haber extorsionado a los dueños del Riviera y el Saratoga.

>Alex G. Es uno de los abogados que trabajaba para Carlos C.

>Fernando Martínez. Abogado y secretario general de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon).

>Andrés O. Ex inspector de la Policía Nacional de la Unidad de Control de Redes de Inmigración y Falsedad de la Policía Nacional (Ucrif). Ahora se dedicaba a la actividad privada. Está en prisión.