EDITORIALES: La esperpéntica deriva del Psoe en Baleares/ La Juez deja en evidencia la maniobra política contra Aznar en el 'caso Prestige'/ ZP desgra

EDITORIAL
La esperpéntica deriva del PSOE en Baleares

EL GOBIERNO SOCIALISTA balear, con la excusa de garantizar el uso del catalán en su territorio, pretende impulsar un plan férreo de adoctrinamiento y de estímulo del sentimiento nacionalista incompatible con la Constitución y con una sociedad verdaderamente libre y democrática.Llama la atención, de entrada, que el Ejecutivo autonómico se haya fijado 934 objetivos supuestamente lingüísticos. A tenor de tan abultado propósito, cualquiera diría que el mallorquín es una lengua muerta, o que no se ha hecho nada para su recuperación en tres décadas de democracia, cuando lo cierto es que la lengua autóctona goza de buena salud y se la mima desde las instituciones.

La drástica decisión del Govern también podría llevar a pensar a quien no conozca la realidad de las Islas que hay un grave conflicto social por el uso de la lengua, o que el catalán está allí proscrito y sojuzgado. Sin embargo, el bilingüismo es un hecho natural en Baleares y no ha habido problemas de convivencia que merezcan ese nombre. En realidad, con la tapadera de «normalizar» el catalán, asistimos a una nueva ofensiva del nacionalismo radical y al intento de hacer política con el idioma. Basta echar un vistazo a las medidas del plan elaborado por la Dirección General de Política Lingüística -alguna, por cierto, esperpéntica- para ver cuál es el espíritu que las guía. Por ejemplo, se pretende imponer el catalán en misa, en el fútbol y en las máquinas de café, se prevé la creación de comisarios lingüísticos en centros públicos y privados para vigilar su uso, se requiere el empleo del catalán a las empresas para obtener cualquier tipo de ayuda de la Administración, se exige su conocimiento certificado como requisito para poder aspirar a cualquier plaza de funcionario, se reclama el derecho a ser atendido por los organismos oficiales del Estado y de la UE en catalán, se persigue la incorporación del dominio .cat para todas las webs y correos electrónicos de la Administración autonómica (en lugar del .es), se propone la creación del «Día del Estado plural e igualitario»... Por no dejar ningún cabo suelto, hasta se habla de emitir moneda en catalán, el pasaporte y el DNI.

Esta serie de disparates y este modelo intervencionista y de ingeniería social propios de un laboratorio del doctor Frankenstein los persigue no un Gobierno presidido por un nacionalista recalcitrante, sino por un miembro del partido que gobierna en España. El difícil equilibrio en el que se sustenta Francesc Antich ayuda a comprender la situación. De una parte están los independentistas del Bloc, que han radicalizado sus posiciones debido a su escasa visibilidad en el Gobierno. Los socialistas han preferido asumir sus desvaríos soberanistas antes que romper la coalición. Por otro lado está Unión Mallorquina, un partido con hasta seis imputados en casos de corrupción, incluyendo al consejero de Turismo. Contrasta la posición de Antich -incapaz de pedir a su socio que dimita- con la de Esperanza Aguirre, que destituyó a López Viejo en cuanto se le relacionó con la operación Gürtel. En su huida hacia delante, Antich no sólo no parece reparar en el reciente ejemplo gallego -donde la alianza con los nacionalistas y sus imposiciones lingüísticas han echado al PSdG del Ejecutivo-, sino que rema a contracorriente de lo que muy pronto va a tener que hacer en esta materia el PSE en el País Vasco.

El PP ha denunciado la deriva del Govern y apoyará las movilizaciones que empiezan a gestarse en las Islas. El Sindicato Médico de Baleares y el Sindicato de Enfermería han convocado ya una manifestación en contra de la imposición del catalán en la Sanidad y hacen un llamamiento para que los ciudadanos acudan a la protesta, conscientes de que, más allá de su reivindicación puntual, lo que está en juego es el modelo de convivencia.

RETIRADA DE LAS TROPAS DE KOSOVO:
El Gobierno «decepciona profundamente» a EEUU y complica aún más la reconciliación

LAS CRITICAS al Gobierno por el modo en que ha anunciado la retirada de nuestras tropas de Kosovo llegaron ayer incluso desde el Departamento de Estado de EEUU. Su portavoz, Robert Wood, declaró que estaba «profundamente decepcionado y sorprendido», y añadió que había sido informado por Moncloa «justo antes» de difundir la noticia.Esto deja en entredicho las palabras de Zapatero y De la Vega, que insistían ayer en que los países de la OTAN sabían desde hacía meses que este paso se iba a dar. Lo cierto es que, al margen de algún intercambio de impresiones, Defensa, de manera oficial, se ha limitado a comunicar la decisión al secretario general de la OTAN en vísperas de anunciarla, y ya como un hecho consumado. Por ello, el PP, pese a considerar coherente la retirada con la posición del no reconocimiento de la soberanía kosovar, tachó de «lamentable» y de «espantada» la forma en que se ha adoptado la decisión. Es evidente que el Gobierno se ha equivocado, y que en un asunto de esta naturaleza estaba obligado a hilar fino, máxime después de lo mal que se hizo la salida de Irak.El Ejecutivo debería haber coordinado la estrategia con la OTAN.Y, desde luego, Zapatero, que ayer se hacía el sorprendido por el malestar generado, se ha vuelto a equivocar. Si lo que pretendía era agradar a Obama quitando soldados de Kosovo para llevarlos a Afganistán, ha errado al hacerlo unilateralmente y al margen de los compromisos internacionales, complicando aún más la reconciliación.

EXCULPADO EL úNICO IMPUTADO DE FOMENTO:
La juez deja en evidencia la maniobra política contra Aznar en el 'caso Prestige'

Seis años y cuatro meses de instrucción han sido necesarios para concluir que el Gobierno de Aznar actuó correctamente cuando ordenó remolcar mar adentro el petrolero Prestige. En el auto que ayer emitió la juez de Corcubión (La Coruña) se descarta que la decisión de alejar el viejo monocasco se convirtiera «en un factor de agravación del riesgo» -tal como sostiene la acusación- y se elogia la operación de salvamento de los tripulantes. Las conclusiones de la fase de instrucción vindican al Ministerio de Fomento, ya que el único imputado de la Administración central, el ex director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors, ha sido exculpado. Tras el juicio sumarísimo al que fue sometido por la izquierda el ministro Alvarez Cascos no es extraño que el PP reclamara ayer al PSOE y al BNG que pidan perdón por «la gran manipulación y mentira que ambos partidos llevaron a cabo con claros fines electorales». El naufragio del barco provocó el vertido de más de 50.000 toneladas de fuel que afectaron a 3.000 kilómetros del litoral, una catástrofe ecológica utilizada para acusar al PP de negligencia. Ahora queda acreditado que, tal como defendió Aznar en el Congreso, alejar el Prestige fue la mejor -si no la única- de las opciones. El auto deja claro que los argumentos de muchos de los que defendían que el petrolero se debió llevar a puerto para extraer su contenido estaban basados en sus deseos políticos más que en la búsqueda de la verdad.

PROHIBIDO HABLAR EN ESPAÑOL: Baleares impondrá el catalán en misa, fútbol y máquinas de café/ Montilla blinda la inmersión para eludir la Justicia

CONFLICTO LINGÜISTICO / Las medidas del 'Govern'
Baleares impondrá el catalán en misa, fútbol y máquinas de café

El Plan de Normalización Lingüística del Gobierno de coalición del socialista Antich propone que se conmemore en toda España el «Día del Estado plural e igualitario»

MANUEL AGUILERA/Palma

El Gobierno de Baleares, que preside Francesc Antich (PSOE), ha presentado un nuevo Plan de Normalización Lingüística que se concretará en numerosas reformas y leyes. La regulación alcanzará todos los ámbitos para erradicar el castellano de la vida pública hasta invadir espacios de la vida privada: habrá un número obligatorio de misas en catalán, un comisario lingüístico controlará que en los clubes de fútbol se utilice el idioma autonómico y hasta las máquinas de café deberán evitar el español. Una de las propuestas es la de conmemorar en toda España un «Día del Estado plural e igualitario».

El nuevo plan del Gobierno balear para «normalizar» a la sociedad de las islas va más allá que nunca y se refiere a prácticamente todos los ámbitos. En algunos casos, se habla de «evitar la bilingüización».Se trata de leyes, estudios, campañas, subvenciones y cursos encaminados a erradicar poco a poco el castellano del paisaje balear. Controlado prácticamente el sector educativo, el plan está centrado en la Sanidad, la Justicia, las empresas, el deporte, las religiones, el ocio, los medios de comunicación, el arte y las relaciones con el exterior. En total, 934 objetivos que contienen más de 2.000 propuestas lingüísticas. Si se llevara a cabo, la lengua catalana se convertiría en la primera industria del archipiélago.

La directora de Política Lingüística y dirigente del pancatalanista Partido Socialista de Mallorca PSM), Margalida Tous, acaba de presentar su gran proyecto al Consejo Social de la Lengua Catalana, órgano de consulta de su Departamento, formado por 52 vocales.Si los miembros lo aprueban el próximo 2 de abril, Tous tendrá vía libre para comunicar a todas las instituciones baleares que desarrollen el plan. El único vocal que ha avanzado su oposición al mismo es el diputado autonómico del PP Simón Gornés.

El proyecto propone, para empezar, desarrollar la Ley de Normalización Lingüística de 1986 para regular «los aspectos que no trata» y exigir así el conocimiento de catalán a muchos profesionales que ahora utilizan el castellano. Todo dentro de un contexto de «Països Catalans» que deben trabajar conjuntamente con el resto de comunidades con «lengua propia».

El plan pretende que el catalán acapare toda la Administración pública: central, autonómica, insular o local. Los ayuntamientos no podrán tener su propio proyecto lingüístico, deberán adaptarse a lo que dicte el Govern y deben permitir, como el resto de la Administración, que asesores lingüísticos decidan a la hora de contratar al personal. La rotulación, las máquinas de café, los ordenadores y las páginas web no pueden estar en castellano.Incluso los dominios de las web deben abandonar el .es para utilizar sólo el .cat.

El Ejecutivo balear propone elevar una instancia al Gobierno central para que los ciudadanos puedan dirigirse a él en catalán y ser respondidos en la misma lengua. En este sentido, reclama que se pueda utilizarse el euskara, el gallego y el catalán en el Senado, el Congreso de los Diputados, los organismos de la Unión Europea y la ONU. Incluye, además, la elaboración de un material «sobre la realidad cultural y lingüística de Baleares y todo el ámbito lingüístico catalán» para ser difundido entre los parlamentarios europeos.

Otra de las propuestas destacables es la de introducir todas las lenguas del Estado en las monedas de curso legal, los sellos y las participaciones de la Lotería Nacional.

Una de las más sorprendentes es la elaboración de teleseries y dibujos animados «divulgativos sobre la realidad histórica, cultural y lingüística catalana» para que se difundan en el resto de comunidades, dobladas en su lengua o en catalán y subtituladas.En esta línea, insta a incluir entre las asignaturas de los alumnos de Primaria y Secundaria de todas las autonomías una materia dedicada a las realidades lingüísticas y culturales del Estado.Todo se celebraría en la conmemoración a nivel estatal del «Día del Estado plural e igualitario».

Los planes de los nacionalistas llegan por primera vez al ámbito del deporte. Quieren que se regule el uso del catalán en todos los acontecimientos deportivos, introducir comisarios lingüísticos en clubes y federaciones, obligar a usar el catalán a las que reciban subvenciones y realizar todo tipo de campañas «con tal de evitar la bilingüización del sector». Todos los monitores y entrenadores tendrán que acreditar también conocimientos de catalán.

Otro sector de la sociedad que actúa todavía con libertad es el religioso. El Gobierno balear propone regular el uso de la lengua catalana «en cualquier tipo de actividad educativa de titularidad confesional (asignatura de Religión, catequistas, escuelas de verano)». Asimismo, que el Obispado garantice un mínimo de misas en catalán.

Jueces, registradores de la propiedad o notarios no se libran de la «normalización». El Gobierno balear les pide compromiso con el proceso y establece multitud de medidas para acostumbrarles al lenguaje jurídico en catalán. Además, cualquier jurista podrá utilizar el catalán en sus actuaciones judiciales.

La educación es uno de los sectores menos tratados, teniendo en cuenta que el 90% de los colegios públicos de Baleares sólo utiliza el catalán. Sin embargo, propone una nueva normativa que regule los conocimientos entre el personal de la Universidad y los maestros de Educación Infantil de cero a tres años.

Algunas de las propuestas

> Tecnología. Incorporación progresiva del catalán en las máquinas electrónicas (de café, ordenadores, etcétera) y del dominio '.cat' para todas las webs y correos electrónicos de la Administración y de su personal.

> Documentos oficiales. Inclusión del catalán en monedas de curso legal, sellos, participaciones de Lotería Nacional, etcétera.

> La UE. Reivindicar la posibilidad de dirigirse a las instituciones europeas en catalán y ser respondido en esta lengua.

> 'Países Catalanes'. Fomento del intercambio de materiales didácticos con los centros educativos de los 'Països Catalans'.

> Deporte. Introducir un comisario lingüístico en los clubes y federaciones para que todo el material que se produzca se pueda hacer en catalán.

> Clubes. Obligación de utilizar la lengua catalana para todas las asociaciones y clubes que reciban apoyo económico de las instituciones de Baleares.

> Títulos. Exigencia de catalán en la expedición de títulos de monitor, entrenador, árbitro, etcétera.

> Misas. Comprometer al Obispado a que garantice un mínimo de misas en catalán.

> Educadores. Exigencia de catalán a todos los educadores confesionales.

CONFLICTO LINGÜISTICO / El poder de los nacionalistas
La Generalitat blinda la inmersión al catalán para eludir la Justicia

La Ley de Educación prevé sólo atención individualizada en castellano en las aulas

CAROL ALVAREZ/Barcelona
La Generalitat de Cataluña ya ha dado con la fórmula legal que le permitirá eludir el cumplimiento de las sentencias que obligan a Educación a cambiar sus hojas de preinscripción escolar, para que los padres puedan solicitar expresamente que la primera enseñanza de sus hijos sea en castellano.

La sesión de trabajo de ayer de los diputados catalanes que participan en la ponencia sobre el proyecto de ley de educación catalana sirvió para redactar el apartado dedicado al régimen lingüístico en la enseñanza. Y en su artículo 11.4, la Ley de Educación señala que en el curso escolar que los alumnos inicien la primera enseñanza, los padres, madres y tutores «podrán instar, en el momento de la matrícula, y de acuerdo con el procedimiento que establezca el Departamento, que sus hijos e hijas reciban atención lingüística individualizada en castellano, cuando ésta sea la lengua habitual».

De facto, la inclusión de este artículo en la ley responde a las intenciones, ya avanzadas por el Gobierno tripartito catalán, de blindar mediante ley lo que el decreto que fue recurrido ante la justicia no recogía, de manera que así se soslaya el cumplimiento de la última sentencia del Tribunal Supremo.

El artículo da, por un lado, toda la capacidad al Departamento de Educación para regular y elegir la forma y el procedimiento por el cual los padres deberán instar una enseñanza en castellano para sus hijos, pero, por otro lado, también establece la «atención individualizada» como forma de impartir las clases a estos alumnos.

La medida de la atención individualizada, una de las más criticadas desde el Partido Popular y Ciudadanos por considerarse «segregadora», también viene secundada por otro artículo, el 11.3, relativo al catalán como lengua vehicular, y que reza lo siguiente: «Los alumnos no podrán ser separados por centros ni en grupos-clase diferentes por razón de su lengua habitual».

La Ley de Educación que prepara la Generalitat también prevé blindar la inmersión lingüística, «para mantener la función de referencia y de cohesión social de la lengua catalana». Así, en otro artículo, el 15.1, prevé que el Departamento de Educación implante estrategias educativas de inmersión para utilizar de manera intensiva la lengua.

«Esto es fascismo de barretina»

El diputado del PP catalán y miembro de la ponencia de la Ley de Educación Rafa López valoró ayer que esta nueva fórmula «no es más que una vuelta de tuerca del tripartito y CiU para avanzar en la imposición lingüística», en lo que tildó como un «fascismo de barretina». López criticó que, hasta el momento, la política lingüística en Cataluña se ha basado en un marco de «imposiciones y sanciones», en el que «sólo había un derecho: la libertad de los padres para poder elegir en qué lengua escolarizaban a sus hijos en la primera enseñanza», derecho ahora rechazado. El diputado lamentó que el proyecto de Ley de Educación «vulnere inclusive» la sentencia del Tribunal Supremo que da libertad a los padres a elegir la lengua de sus hijos. «Es una política absurda -añadió- en la que el alumno castellanohablante será segregado del resto, para recibir una atención lingüística personalizada de cuatro minutos».

CONFLICTO LINGÜISTICO / Las medidas del 'Govern'
El PP cree que «se intenta eliminar el castellano»

Médicos y enfermeros se manifestarán contra la imposición lingüística

MANUEL AGUILERA/Palma

El vicepresidente del PP balear, José Ramón Bauzà, criticó ayer duramente el Plan de Normalización Lingüística. Considera que lleva a la «confrontación y segregación social» de Baleares.Anunció que presentará una enmienda a la totalidad en el Consejo Social de la Lengua Catalana y pidió que se elabore uno nuevo que «no excluya» a los castellanohablantes y «refleje la realidad plural» de las islas.

Bauzà considera que el plan «atenta contra los derechos fundamentales por imponer el uso del catalán en los ámbitos estrictamente privados» y criticó que anime a desarrollar una normativa coercitiva «que intente eliminar cualquier rastro del castellano». Asimismo, lamentó que el Govern pretenda con este proyecto «integrar a las islas dentro de la cultura catalana, tal y como se entiende subliminalmente en el texto». Sobre ello, advirtió de que en Baleares «no somos catalanes ni por beneficio ni por defecto.Somos parte de España y no queremos dejar de serlo».

Estas declaraciones llegan justo un día después de que el secretario general del PSM, Biel Barceló, cuyo partido ha impulsado el plan, acusara al PP de «enfrentar» a los ciudadanos con el catalán utilizándolo como «arma política». Barceló afirmó que el PP estaba lanzando propuestas «represivas» contra el catalán para intentar «recuperar la mayoría social».

En contraste, el vicepresidente del PP pidió ayer que se termine con la catalanización que está acabando con las modalidades lingüísticas propias de Baleares: «Hay que evitar la homogeneización y mantener la pluralidad de nuestra sociedad». «Las dos lenguas oficiales deben estar en equilibrio», concluyó.

Por otra parte, el PP anunció también su total apoyo a la manifestación anunciada ayer por el Sindicato Médico y el Sindicato de Enfermería de Baleares. Los trabajadores sanitarios llaman a la sociedad a protestar el próximo 1 de abril contra la exigencia de saber catalán para ocupar plaza en la sanidad pública. El Govern pretende aprobar un decreto, al margen del plan pero en consonancia con éste, por el que será obligatorio presentar un título de catalán para tener plaza fija o temporal.

UPyD y Círculo Balear también apoyan la protesta.

Concentración de periodistas por las agresiones

Un centenar de profesionales de la comunicación se congregó ayer frente a la Generalitat para protestar por la actuación de los Mossos d'Esquadra del pasado miércoles, en la que 31 periodistas fueron agredidos.El Colegio de Periodistas de Cataluña ha pedido al conseller de Interior, Joan Saura, la depuración de responsabilidades, informa Cristina Fernández.

CORRUPCIÓN MALLORQUINA/ TRAMA GOBIERNO SOCIALISTA ANTICH:

El Gobierno de Antich, rodeado de imputados por corrupción

El presidente no puede echar a consejeros que no sean del PSOE

TOMAS BORDOY/Palma de Mallorca

Unió Mallorquina (UM), fiel de la balanza en el Gobierno de coalición de Baleares que preside el socialista Francesc Antich, tiene en la actualidad a seis altos cargos imputados repartidos por el Ejecutivo balear, el Consejo de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. Un escenario que reduce enormemente la capacidad de maniobra del presidente, que se ve obligado a hacer desesperadas concesiones a sus socios.

El nuevo Plan de Normalización Lingüística que está preparando el Gobierno balear es uno de los peajes que deben pagar los socialistas a sus socios independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y del Partido Socialista de Mallorca (PSM) para seguir manteniendo la coalición exenta de nuevos sobresaltos. Una factura similar a la que tuvo que pagar el presidente de Galicia, Emilio Pérez Touriño, para satisfacer las pulsiones nacionalistas de sus socios del Bloque Nacionalista Galego (BNG). Las pasadas elecciones, el PSOE necesitó nada menos que 14 escaños, que sumados a los 16 suyos, lograron desalojar al PP del Ejecutivo balear.Por eso, tanto los tres de Unió Mallorquina como los 10 aportados por el Bloc, en el que se aglutinan desde ERC y el PSM hasta IU, han tenido un coste en despachos y cargos muy superior a su representación social en Baleares.

La imputación por parte de Anticorrupción del presidente de UM y consejero de Turismo, Miquel Nadal, no contribuye a serenar los ánimos en la convulsa realidad política balear. Nadal lleva varios días desaparecido de la escena política -de puente familiar en Marrakech- y estaría deshojando la margarita de si se queda o se va. Su ausencia ayer en la reunión habitual de los viernes del Consejo de Gobierno ha disparado todo tipo de comentarios.

La situación del presidente de Baleares es cada vez más precaria por la relación de altos cargos que va sumando a la lista de imputados por la Fiscalía Anticorrupción. Antich no se atreve a desalojar de su cargo al consejero de Turismo. Es uno de los inconvenientes de los gobiernos de coalición de Baleares, que los presidentes no nombran ni destituyen a los consejeros salvo que sean de su propio partido. La destitución de Nadal depende de UM, y por ahora parece difícil que los nacionalistas prescindan de su jefe.

Pero éste no es el único obstáculo que Antich se ha encontrado en su día a día en el Consulado del Mar, sede de la Presidencia del Gobierno. La imputación de uno de los suyos, nada >menos que el presidente socialista del Consejo de Ibiza, Xico Tarrés, por el caso Ibiza ha sido otro varapalo. En la sede socialista de la calle Miracle (Milagro) en Palma no ganan para sustos. El caso Ibiza, destapado por EL MUNDO, ocurrió siendo Xico Tarrés alcalde de la ciudad; pese a todo, Antich se empeñó en aupar a la candidatura para la presidencia de la isla al controvertido líder pitiuso, una decisión de la que parece que está arrepentido.

CORRUPCIÓN SOCIALISTA/ TRAMA IBIZA-FERRAZ: El juez sobornado por la abogada del Psoe, abandona la instrucción

El juez del 'caso Ibiza' anuncia que abandona la instrucción

ISRAEL RODRIGUEZ/Ibiza

El magistrado instructor del caso Ibiza, José Espinosa, anunció ayer su decisión de abandonar la causa después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) admitiera a trámite la querella por prevaricación presentada por Roque López contra él. Espinosa declaró ayer a TEF (Televisión de Ibiza y Formentera) que el próximo lunes comunicará por escrito a la Audiencia su decisión de abstenerse de la instrucción del caso Ibiza, trama relacionada con un presunto cobro de comisiones por parte del PSOE y vinculada al proyecto urbanístico Eivissa Centre.

López denunció el 2 de marzo a Espinosa y a Ascensión Joaniquet, abogada del presidente del Consejo de Ibiza, Xico Tarrés, en el caso Ibiza, por prevaricación y cohecho. El magistrado señaló que la admisión a trámite de la querella está dentro de la normalidad de los procesos judiciales. Según Espinosa, ante una acusación tan grave, el alto tribunal tiene la obligación de investigar.Remarcó también que no tiene nada que temer y ratificó su inocencia en relación a las acusaciones que Roque López y el abogado de éste, Andrés Tuells, vertieron sobre él.

Espinosa agregó que la querella y su inhibición del caso están afectando a su imagen y que, «cuando se archive», ejercerá las acciones que crea convenientes contra López y su letrado.

CORRUPCIÓN ARAGONESA/ TRAMA GOBIERNO SOCIALISTA MARCELINO IGLESIAS: Imputado el Subdirector de Urbanismo del Gobierno de Aragón

Imputado el subdirector provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón

El subdirector provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Carlos Martín Rafecas, acudió ayer a la Jefatura Superior de la Policía en Zaragoza para prestar declaración como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias en el marco de la trama de corrupción urbanística en la localidad zaragozana de La Muela.

CHA ha calificado de preocupante que esta presunta trama de corrupción urbanística esté salpicando ya a instancias del Gobierno de Aragón. Su presidenta, Nieves Ibeas, espera “que se despejen cuanto antes las dudas, ya que se está poniendo en tela de juicio el control que el Ejecutivo tiene sobre los desarrollos urbanísticos”. “El Gobierno tiene una responsabilidad seria y no puede excusarse en que los concejales o los alcaldes son de un determinado signo político”, considera. Los nacionalistas acusan al vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, de mirar ahora para otro lado, “después de haber defendido públicamente con anterioridad el desarrollo de La Muela”.

CORRUPCIÓN SOCIALISTA/ TRAMA GOBIERNO DE ESPAÑA: La Ministrilla Chacón se acojona en el caso "cougar" y da marcha atrás en la desclasificación de docu

Chacón no enviará al juez todos los informes del Cougar

Se reserva la opción de mantener en secreto parte de los documentos del CNI

ROBERTO BENITO/Madrid

El Gobierno autorizó ayer la desclasificación de los informes secretos sobre el siniestro del helicóptero Cougar en Afganistán, como había prometido durante la semana, pero incluyendo la opción de no hacerlo en su totalidad.

En la escueta información que se proporcionó sobre el asunto después del Consejo de Ministros, se explica que, a petición del juez que investiga el caso, el Ejecutivo ha decidido desclasificar los documentos que tenga el CNI sobre el siniestro y el informe de seguridad de vuelo elaborado por las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

Sin embargo, se aclara que «la desclasificación acordada se llevará a cabo con la salvaguarda de cuantas informaciones o datos pudieran conducir al conocimiento de las actividades, medios y procedimientos, y fuentes de información del Centro Nacional de Inteligencia».

De esta manera, la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha introducido una cláusula que permitirá al CNI no enviar al juez togado militar territorial número 11 de Madrid todos los informes que tenga sobre el siniestro del Cougar, en el que, el 16 de agosto de 2005, murieron 17 militares españoles.

Cabe así la posibilidad de que no llegue al Juzgado información sustancial del destacado papel que tuvo el CNI en las primeras investigaciones del caso. Varios agentes estuvieron presentes desde el primer momento en la zona en la que se estrelló el aparato y participaron en los interrogatorios que se hicieron en un pueblo cercano.

El juez también había pedido al CNI que proporcionara la información que tuviera en su poder del mulá Dadullah, un líder militar talibán que reivindicó el siniestro del Cougar como una acción de la insurgencia contra las tropas internacionales.

Durante esta semana, el Ministerio de Defensa se comprometió a desclasificar toda la documentación que tuviera sobre el Cougar, después de las dudas surgidas sobre la investigación tras desvelarse que el sargento primero que figura en el sumario como secretario del atestado no ejerció como tal, sino como escolta de José Bono.

Vista la decisión de ayer del Consejo de Ministros, la desclasificación será parcial y, además, irá acompañada de una petición al juez para que «disponga en relación» a la información que le llegue «el mayor grado de protección y reserva procesal».

LA INFAMIA DEL PRESTIGE: La juez deja al descubierto la podredumbre moral de Zapatero y Quintana

La juez del 'Prestige' dice que Fomento hizo bien en alejar el barco

Levanta la imputación al jefe de la Marina Mercante y dice que alejar el buque de la costa fue «prudente y razonable»

MANUEL MARRACO/Madrid

La juez que investiga el hundimiento del buque Prestige en noviembre de 2002 considera que el alejamiento de la costa ordenado por Fomento fue «una decisión prudente y razonable». En un auto notificado ayer, la instructora cierra más de seis años de investigación y considera que no existen indicios de delito contra el único cargo de Fomento imputado, el ex director general de Marina Mercante José Luis López-Sors.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión (La Coruña) acuerda que el procedimiento siga adelante contra el capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Argoropoulos Nicolaos, también griego, y el primer oficial, el filipino Ireneo Maloto. A los tres les imputa un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, y a los dos primeros, otro de desobediencia.

Tras estudiar los informes periciales, la juez Carmen Vieras Suárez avala tanto la negativa del Departamento entonces dirigido por Francisco Alvarez-Cascos a llevar el buque a puerto como su decisión de alejarlo de la costa. «La información que manejó la Administración española sobre los daños del buque era la correcta y, siéndolo, no cabía otra opción que denegar el acceso a puerto», dice el auto. Hacerlo sin «suficientes garantías para la seguridad de la costa» hubiera sido «una temeridad», ya que se corría el riesgo de que el buque se partiera en el camino o en el propio refugio.

La juez rechaza la tesis mantenida por la plataforma Nunca Máis de que la decisión de alejarlo fue precipitada y agravó el riesgo de vertido. «Fue prudente y razonable a la vista de las circunstancias del caso», insiste el auto.

En cuanto al rumbo noroeste que se tomó para alejar el barco, era «el único posible» para que los remolcadores pudieran trabajar y que el costado dañado quedase resguardado del oleaje.

Además, la juez considera que el origen de la catástrofe estaba en los graves daños estructurales del buque, que no pudo soportar las adversidades meteorológicas. Descarta así la tesis del perito propuesto por el capitán, que veía factible que el gigantesco agujero en el casco fuera provocado por troncos a la deriva o por las olas.

La instructora resalta que, de esta forma, la decisión de López-Sors se ajustaba al protocolo establecido tras el Ejercicio de Salvamento y Lucha contra la Contaminación Coruña 2001, en el que se acordó que era necesario excluir la presencia de daños estructurales para dar refugio en puerto a un buque.

El auto, que es recurrible, ordena seguir con los trámites del procedimiento abreviado y abre el plazo de 20 días para que la Fiscalía y el resto de acusaciones presenten sus escritos de calificación o reclamen, de manera excepcional, alguna nueva diligencia. La decisión sigue el criterio de la Abogacía del Estado, que consideraba el alejamiento de la costa como la «única opción» viable y exculpaba a López-Sors. Por el contrario, Nunca Máis -que ya ha anunciado su recurso- reclamaba que se sentase en el banquillo. La Fiscalía, dice la juez, había dado largas sobre la imputación del responsable de Fomento.

El delito contra el medio ambiente está penado con hasta cuatro años de prisión, pero este máximo podría superarse al haberse producido un deterioro irreversible o catastrófico y afectar a espacios naturales protegidos. En cuanto a la desobediencia -por resistirse a cumplir las instrucciones de las autoridades españolas-, la pena es prisión de seis meses a un año.

La decisión judicial llega días antes de que se celebre en Nueva York la vista en la que España reclamará más de 1.000 millones de dólares de indemnización a American Bureau of Shipping (ABS), la compañía estadounidense que certificó la navegabilidad del buque.

El petrolero Prestige, de 243 metros de eslora, se hundió el 19 de noviembre de 2002, seis días después de dar la alarma, a 138 millas de Galicia. El vertido de más de 50.000 toneladas de fuel provocó una marea negra que arrasó parte de la costa gallega y afectó en alguna medida a 3.000 kilómetros de litoral, entre la desembocadura del Miño y el Canal de la Mancha.

«La gran mentira»

El Partido Popular reaccionó ayer mismo a la decisión judicial afirmando que sirve para demostrar «la gran manipulación llevada a cabo por el PSOE y el BNG». Los 'populares' consideran que ambas formaciones «deben pedir perdón por lo que fue la gran mentira del 'Prestige', además de asumir responsabilidades políticas».Su actuación tras la catástrofe, mantienen, tenía «fines electoralistas».

A juicio del partido, el auto confirma «lo que todos los dirigentes del PP y el Gobierno en ese momento resaltaron: que se actuó correctamente».

OBAMA «PROFUNDAMENTE DECEPCIONADO Y SORPRENDIDO POR LA DECISIÓN» unilateral de ZP

EL EJERCITO EN EL EXTERIOR / Las reacciones al repliegue
EEUU 'profundamente decepcionado y sorprendido' con España por la retirada de tropas de Kosovo

A Zapatero no le consta el malestar de ningún aliado, pero el Departamento de Estado afirma que le informaron «justo antes»

PABLO PARDO / MARIA RAMIREZ. Especial para EL MUNDO / Corresponsal/Washington / Bruselas

La retirada de las tropas españolas de Kosovo ha sorprendido, cuando no molestado, a la mayoría de los aliados y socios comunitarios, según quedó ayer de manifiesto a un lado y otro del Atlántico, en una sucesión de declaraciones críticas con la decisión española.

Mientras Zapatero decía en Bruselas que no le consta el malestar de ningún aliado, en Washington, Robert Wood, portavoz del Departamento de Estado, explicaba que el Gobierno estadounidense está «profundamente decepcionado y sorprendido por la decisión». Y para que quedara claro, lo repitió dos veces.

El portavoz del departamento que dirige Hillary Clinton también desveló que EEUU fue informado del repliegue «justo antes de que fuera anunciada públicamente».

La aparente tendencia española a retirarse sin avisar ha creado una creciente desconfianza en Washington acerca de la solvencia de España como aliado. Y eso quedó de manifiesto ayer en la rueda de prensa, en la que Wood esquivó como pudo otra pregunta en la que los medios de comunicación estadounidenses se planteaban «hasta qué punto es fiable un aliado que se retira de Kosovo y se retira de Irak después de unas elecciones».

«Bueno, España es un aliado nuestro. Pero esta decisión no ayuda a lo que estamos haciendo en Kosovo», respondió. Finalmente, el portavoz de la diplomacia estadounidense también dijo que Washington no comparte «en absoluto», la postura española de que la misión en Kosovo ya está prácticamente terminada.

La tesis de Washington, expresada por Wood, es que «en 1999 los aliados de la OTAN decidimos que entramos juntos y salimos juntos» de Kosovo. Ahora, España parece haber roto ese consenso.

Para evitar que lo sucedido por la decisión de Chacón pudiera ir más lejos, el secretario general de la Presidencia, Bernardino León, aprovechó ayer la reunión que mantuvo en Washington con James Jones, asesor de Seguridad Nacional y hombre muy cercano al presidente, Barack Obama, para hablar sobre el asunto.

En conversación con este periódico, León explicó que en el largo encuentro se trataron diversos asuntos de política exterior y defensa, y que pudo explicar a Jones con detalle la posición española sobre Kosovo y las razones del repliegue.

Según León, el asesor de Seguridad Nacional le trasladó su «comprensión» y le aseguró que «el Gobierno de Obama pasa página con Kosovo».Igualmente, le dijo que lo ocurrido no afectará a las buenas relaciones que mantienen Washington y Madrid, informa Marisa Cruz.

La crítica del Gobierno estadounidense fue la más importante, dentro de todas las que se sucedieron ayer. Y es que si muy pocos cuestionaron el fondo de la posición española, muchos lo hicieron con la forma elegida por Chacón para anunciarla.

En Bruselas, donde se reunía el Consejo Europeo, ministros y diplomáticos de Francia, Italia, República Checa, actual presidente de turno de la UE, y hasta Javier Solana, jefe de Política Exterior de la Unión y ex secretario general de la Alianza, expresaron, al menos, su desconcierto.

Karel Schwarzenberg, el canciller checo, describió como «lamentable» la marcha de las tropas españolas, de la que se enteró después del anuncio oficial, pese a que su homólogo español, Miguel Angel Moratinos, se había reunido con él y el resto de colegas de la UE el lunes.

Británicos e italianos indicaron ayer que, en la cena del jueves con motivo del Consejo, trataron de reprochar al español esta falta de coordinación, pero que lo dejaron cuando Moratinos confesó que no se había enterado antes.

«Nos hubiera gustado que nos consultaran», aseguró Bernard Kouchner, ministro francés de Exteriores, que «espera» ahora que la retirada se haga en «seis meses», como le ha explicado Moratinos, porque le «ha sorprendido un poco». En cualquier caso, Kouchner admitió que la posición española es «coherente» con el no reconocimiento de Kosovo.

Por su parte, Solana explicó que «respeta» la «decisión soberana» de España, pero, en declaraciones a Efe, subrayó que «sería bueno que cualquier decisión sobre retiradas se tomara colectivamente en el marco de las instituciones».

Las críticas a la decisión de Chacón

>Robert Wood, portavoz del Departamento de Estado de EEUU: «Estamos profundamente decepcionados por la decisión. Nos enteramos justo antes de que fuera anunciada públicamente».

>Bernard Kouchner, ministro francés de Exteriores: «Espero que la retirada sea en seis meses, porque nos ha sorprendido un poco».

>Javier Solana: «Sería bueno que cualquier decisión sobre retiradas se tomara colectivamente en el marco de las instituciones».

El PP critica la «espantada» y el «desprecio» a la Alianza

La portavoz 'popular' de Defensa fue informada por la ministra de que la retirada se hacía de acuerdo con los aliados

CARMEN REMIREZ DE GANUZA/Madrid

El PP cree a pies juntillas a la OTAN y critica al Gobierno de Rodríguez Zapatero por su «espantada» en Kosovo. Formalmente, su posición es la misma que la que adoptó con la retirada de las tropas de Irak. Tanto, que su acuerdo sobre el fondo de la decisión quedó ayer supeditado a la discrepancia sobre el carácter unilateral de la salida, lo que, en definitiva, constituyó una nueva bronca política con el Ejecutivo.

A diferencia de lo ocurrido en 2004, el PP ahora no sólo está de acuerdo con Zapatero en que los 600 militares sean repatriados, sino que considera que este paso debió darse hace ya un año, cuando el Parlamento kosovar proclamó unilateralmente su independencia.

Por eso, cuando la portavoz popular en la Comisión de Defensa, Beatriz Rodríguez Salmones, fue informada por la ministra en persona -minutos antes de hacer público el anuncio, al igual que la Administración estadounidense-, la reacción de la oposición no pudo ser más favorable. Chacón no sólo le confirmó la retirada, tal como venían demandando los populares, sino que le aseguró que la OTAN estaba informada y que se trataría de una salida ordenada.

La «sorpresa» del Grupo Popular por la adversa reacción de los aliados fue evidenciada al día siguiente por su secretario general, José Luis Ayllón. «Al PP se le dijo que la salida estaba acordada», decía éste en la mañana de ayer, sin llegar aún a decantarse por creer al Gobierno o al portavoz militar.

«La decisión llega tarde», era el punto en el que ponía el acento Ayllón en una reunión informal con periodistas, «porque hemos estado demasiado tiempo en un no país». Para Ayllón, la declaración de independencia de los kosovares no sólo puso en contradicción interna la misión española -es sabido que la situación alentaba las demandas soberanistas de vascos y catalanes en España- sino que propició una irregularidad porque «las tropas estaban sin autorización parlamentaria».

No obstante estas explicaciones, y llegado el mediodía, la número dos del PP acabó por decantar la diáfana oposición del partido a la operación anunciada. María Dolores de Cospedal definió la decisión como propia de un Gobierno que «desprecia absolutamente las instituciones internacionales».

«Cuando uno está dentro de una organización, en este caso la OTAN, tiene que estar de acuerdo con lo que hace la organización, y si no está de acuerdo, decirlo en los momentos oportunos», declaró la secretaria general, quien se refería, concretamente, al día en que Kosovo declaró su independencia. «Lo lógico», insistió, es que el Gobierno hubiera expuesto su decisión en aquel momento, «y no un año más tarde, de manera unilateral y sin comentar absolutamente nada con los órganos correspondientes».

Finalmente, la vicesecretaria del PP, Ana Mato, puntualizó que «España tiene derecho a tomar sus propias decisiones» en política internacional, pero éstas deben tomarse «de acuerdo con los organismos internacionales», y «parece que no ha sido así». Según Mato, que se lamentó por la pérdida de «prestigio» del país, en este terreno hay que ser «sensato», «no dar la espantada» y no generar «desconfianza».

MAÑANA, GRATIS GAL: XX Aniversario del periodismo contra el crimen de ESTADO

XX ANIVERSARIO / Mañana, gratis, 'GAL', un apasionante 'thriller' político
Periodismo contra crimen de Estado

ANTONIO ONETTI

Nunca en la historia de una democracia, la prensa, o mejor dicho, una parte de ella, consiguió desvelar una trama terrorista auspiciada por un Estado, en este caso el español, que provocara la condena judicial de toda la cúpula de un Ministerio del Interior. Se trataba del caso GAL, el más bochornoso episodio de nuestra historia reciente, y merecía una película.
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En 1983, cuando el primer gobierno de Felipe González llevaba apenas unos meses en el poder tras arrasar en las urnas con su prometido cambio, comenzaron a producirse en el sur de Francia una serie de atentados contra miembros de ETA firmados por unos autodenominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que enseguida despertaron las sospechas de connivencia con las Fuerzas de Seguridad españolas. En aquella época, ETA se mostraba más fuerte que nunca, sembrando el territorio español de cadáveres, mientras Francia seguía permitiendo que los asesinos se mantuvieran a salvo en su país con estatuto de refugiados políticos. Los GAL recogieron el testigo de otros grupos anteriores, como Antiterrorismo ETA o el Batallón Vasco Español, y en cuatro años cometieron una treintena de atentados que provocaron la muerte de 27 personas, una gran parte de ellos por error. Su objetivo, además de la eliminación física de determinados terroristas, era modificar la actitud del gobierno francés exportando a su territorio el problema del terrorismo. Y, cuando Francia empezó a colaborar con la entrega de miembros de ETA a las autoridades españolas, cesaron los atentados de los GAL.

Aún hicieron falta varios años para que los máximos responsables de aquella carnicería, o parte de ellos, se sentaran en el banquillo de los acusados. En 1998, el ministro José Barrionuevo y otros 10 cargos políticos y funcionarios de su ministerio fueron condenados por el secuestro de Segundo Marey, una de las primeras acciones del grupo, a raíz de las acusaciones vertidas contra ellos por quienes capitaneaban los GAL, organizaban los atentados, contrataban a los sicarios y pagaban sus honorarios con cargo a los fondos reservados: José Amedo y Michel Domínguez. Tras varios años en la cárcel, el subcomisario de la Brigada de Información de Bilbao y su lugarteniente rompieron la ley del silencio al ver que quienes les habían encomendado la misión los dejaban tirados.

Pero estas resoluciones judiciales no habrían sido posibles si ,durante el periodo comprendido entre los primeros atentados del 83 y las condenas del 98, un pequeño grupo de periodistas no hubiera puesto todo su afán profesional, a veces con riesgo real de su vida, supliendo con un arduo trabajo de investigación la pasividad de las autoridades españolas. Entre ellos, y fundamentalmente, Melchor Miralles y Ricardo Arques, a las órdenes de Pedro J.Ramírez, desde las páginas de Diario 16 y posteriormente de EL MUNDO, destacaron por unas informaciones que poco a poco fueron poniendo contra las cuerdas primero a Amedo y Domínguez y después a la cúpula de Interior con pruebas irrefutables que demostraron la implicación de los acusados.

Con todos estos ingredientes, y tras el éxito de crítica y público de la película El Lobo, que llevó a las salas de cine a más de 1.700.000 espectadores y cosechó dos premios Goya, Mundo Ficción decidió llevar a la gran pantalla la investigación periodística que consiguió desvelar los entresijos del caso GAL. Para ello, contó con el mismo equipo de creadores de El Lobo, encabezado por Miguel Courtois, que dirige una cinta de alto voltaje en la que el rigor histórico y el respeto a la realidad se dan la mano con el mejor cine de acción y suspense, construyendo una historia que atrapa al espectador en una maraña de pasiones, peligros y traiciones, fiel reflejo del lado más oscuro de aquellos años.

José García, uno de los actores franceses de mayor proyección internacional, y Natalia Verbeke en uno de los mejores papeles de su carrera, interpretan a la pareja de periodistas Manuel Mallo y Marta Castillo, que investigan las andanzas del subcomisario Ariza, encarnado por un Jordi Mollá en estado de gracia, a raíz de las declaraciones de un arrepentido que se convierte en su particular garganta profunda hasta que le cierran la boca. A partir de ahí, su aventura los llevará a descubrir zulos ocultos con pruebas determinantes, enfrentarse a las trabas que el gobierno pone en su camino para evitar que se sepa la verdad, colaborar con el juez instructor para que los culpables de tantos asesinatos se sentaran en el banquillo y hasta crear un nuevo periódico, EL MUNDO, cuando el director de Diario 16 es fulminantemente despedido por meterse donde no debía.

La película cuenta, además, con un reparto de lujo, en el cual destacan Bernard Lecocq, Ana Alvarez, Jordi Rebellón, Ricard Borrás, Mercé Llorens, Pedro Mari Sánchez, Mar Regueras y José Angel Egido, dando vida a víctimas, terroristas, policías, políticos, jueces, periodistas, amantes y otros que, de alguna forma, se vieron involucrados en el caso GAL y que todos conservamos en la memoria como parte de una de las páginas más negras de la Historia de España.

Terrorismo y ética

>La verdad detrás de las cámaras. El guión de Antonio Onetti sirvió a Miguel Courtois para filmar en 2006 esta crónica sobre las atrocidades que pueden cometer los representantes del Estado y la investigación de la Prensa. El trabajo de Melchor Miralles y Ricardo Arqués en 'Diario 16' y EL MUNDO permitió destapar la trama.

>Cóctel de estrellas. Natalia Verbeke, José García y Jordi Mollá, el trío protagonista, acumula cuatro nominaciones a los Goya, dos a los César y un Ondas. Completan el reparto José Coronado, Ana Alvarez, Blanca Marsillach y José Angel Egido.

>Una historia de violencia. Al igual que en El Lobo, la anterior producción de Mundo Ficción, GAL recuerda una etapa reciente de España con «honesta subjetividad», como señala Miralles. El filme recorre 15 años, desde los primeros atentados en el sur de Francia hasta las sentencias que derribaron al Ministerio del Interior.

>ETA en el cine. Todos estamos invitados, La pelota vasca, Yoyes, Días contados, Operación Ogro, A ciegas, Trece entre mil...Múltiples visiones de la tragedia en el País Vasco.

VÁYASE Sr GALLARDÓN!: El absentismo laboral del gallardoniano Prada

POLITICOS BAJO SOSPECHA / Las consecuencias
Las ausencias del diputado Prada

Sólo ha ido a dos plenos de la Asamblea de Madrid de los seis celebrados en 2009

LUIS ANGEL SANZ/Madrid

El diputado autonómico y ex vicepresidente de Madrid Alfredo Prada -uno de los supuestos espiados-, fue el protagonista del último Pleno de la Asamblea madrileña por su «ausencia clamorosa», en palabras de la portavoz del PSOE. La Cámara aprobó las conclusiones de la Comisión de Investigación que exculpan al Gobierno de Esperanza Aguirre del supuesto espionaje que, según el portavoz del PP, David Pérez, «nunca ha existido».

Pero Prada tiene otra opinión. El ahora director del PP en el exterior insiste en que fue espiado, a pesar de que el contenido de muchos de los supuestos partes no coincide en absoluto con lo que hizo en los días que reflejan los documentos, como ha demostrado EL MUNDO.

Sin embargo, el Pleno del pasado jueves no era el primero al que faltaba. En 2009, el ahora dirigente nacional del PP sólo ha asistido a dos de los seis plenos celebrados: al del 5 de febrero y al del 12 de marzo. Y en este último, estuvo poco más de una hora, porque llegó al filo de las 20.00 horas, cuando ya ni Aguirre ni el consejero de Interior, Francisco Granados, estaban en el hemiciclo.

A pesar de su absentismo, Prada sigue cobrando 3.800 euros brutos mensuales. Y no ingresa más porque su actividad, desde junio de 2008, es casi nula. Cuando Prada dejó el Gobierno de Madrid, se convirtió en diputado raso. Tan raso que no entró en ninguna comisión, ni siquiera como miembro. En estos nueve meses, Prada no ha presentado ni una sola pregunta en Pleno, ni una moción, ni una interpelación, ni una pregunta escrita... Absolutamente nada.

Como dicen algunos de sus compañeros de la bancada popular, se ha convertido en el diputado menos activo de la Cámara. Tanto que, desde que se hicieron públicos los supuestos espionajes, dejó de ir a la mayoría de las sesiones del Pleno. El alega que su cargo como director del PP en el exterior le impide estar muchos jueves en Madrid, porque ahora tiene múltiples viajes al extranjero. Sin embargo, algunos compañeros de escaño apuntan que si no puede trabajar como diputado porque sus numerosas ocupaciones se lo impiden, lo más digno sería que dejara su escaño. No por discrepancias políticas, sino por imposibilidad de atender a sus obligaciones.

La única manifestación política que ha hecho Prada como diputado en este tiempo ha sido para criticar a Aguirre y el cierre de la Comisión de Investigación. El ex vicepresidente dijo que se trataba de «un cierre en falso» y enmendó la plana a su grupo para decir que deberían haberle citado a él.

Fuentes del PP apuntaron que Prada muestra tan poco apego por la Asamblea porque se quiere ir al Parlamento Europeo. Así, aunque las candidaturas no están cerradas, el dirigente cambiaría la Cámara situada en Vallecas por la de Estrasburgo.

El PP IDEA UN NUEVO COMITÉ DE CONTRATACIONES que sirva de cortafuego a las recomendaciones e influencias

POLITICOS BAJO SOSPECHA / Las consecuencias
El PP IDEA UN NUEVO COMITÉ DE CONTRATACIONES QUE SIRVA DE CORTAFUEGOS A LAS RECOMENDACIONES E INFLUENCIAS

Ana Mato formaliza un plan de concursos abiertos para sortear el 'fantasma Correa'

CARMEN REMIREZ DE GANUZA/Madrid
El fantasma de la trama Gürtel planea sobre el PP, también, en la adopción de medidas para la buena práctica contractual con empresas de publicidad u organización de eventos, y para el blindaje frente a futuros y posibles escándalos.

Así, Génova ha creado ex novo un Comité de Contrataciones, formado por un representante de cada departamento, que evaluará todos y cada uno de los compromisos adquiridos por el partido con las empresas suministradoras de servicios. Se estrenará en esta misma campaña de las elecciones europeas, y lo hará con la convocatoria de un concurso de ideas con el que Génova aspira a reunir en competición a seis o siete empresas de publicidad para fallar a favor de una de ellas en torno a la próxima Semana Santa.

La idea de institucionalizar este sistema -que no es nuevo en el PP- ha sido de la recién nombrada coordinadora de la campaña europea, Ana Mato, quien, no obstante, ni presidirá ni formará siquiera parte del citado comité por «decisión personal». La vicesecretaria -a la que el PSOE quiso extender las presuntas responsabilidades de su ex marido en la trama- explicó de manera informal a los periodistas que ella nunca se había ocupado de las contrataciones y no quería hacerlo tampoco en el futuro.

Mato, pese a prometer que el PP seguirá defendiéndose de la «persecución» judicial, inédita en «30 años de democracia», trasladó una escasa preocupación por que los escándalos de los tribunales influyan en las europeas. Por otra parte, la coordinadora dio cuenta de los primeros trabajos puestos en marcha para una campaña «puerta a puerta», «a pie de calle» y «con el mayor de los optimismos».

«Hay un antes y un después del 1-M», proclamó, antes de confirmar que la campaña reproducirá el esquema de las gallegas. Así, habrá caravanas paralelas entre Rajoy y el propio candidato, Jaime Mayor Oreja, y éstos apenas coincidirán en dos o tres mítines porque el objetivo es abarcar el máximo territorio y la mayor «cercanía», al estilo, también, de los comicios municipales.

Por otra parte, Mato respaldó de manera contundente el comunicado de la secretaría general del partido por el que, definitivamente, ayer se ponía fin a la investigación interna sobre el espionaje político en Madrid. «No tendría sentido que siguiéramos con la información abierta en estos momentos, enmendando la plana a lo que ha dicho la Asamblea de Madrid», afirmó Ana Mato, quien contrapuso la decisión del Gobierno de Aguirre de abrir la comisión a las negativas del PSOE en Andalucía. «Aceptamos las conclusiones», subrayó, «lo que no puede pretender el PSOE es que las conclusiones sean las del PSOE».

José María Aznar, condecorado por el Parlamento peruano

LIMA.- El ex presidente del Gobierno y actual presidente de Faes, José María Aznar, recibió ayer en Lima la Gran Cruz del Congreso de la República de Perú, máxima condecoración en el país latinoamericano para personalidades políticas. Aznar pronunció ante el Parlamento peruano la conferencia Retos de la democracia en tiempos de crisis económica y hoy será investido doctor honoris causa por la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima. / EL MUNDO

ECONOMÍA: Los empresarios llaman mentiroso a ZP. «Por cada crédito ICO cierran cinco pymes»/ Cataluña también se lleva la mayor parte del dinero para

CRISIS FINANCIERA / Reacciones al Consejo Europeo
«Por cada crédito ICO cierran cinco pymes»

Los empresarios responden con incredulidad al anuncio de Zapatero de que los préstamos mejoran. Denuncian, además, que la banca boicotea las líneas de liquidez y se quedan con la mitad del dinero

JUAN EMILIO MAILLO/Madrid
Apenas 45 horas después de que las principales asociaciones de trabajadores autónomos abandonaran el Palacio de La Moncloa y trasladaran a José Luis Rodríguez Zapatero que los problemas de acceso al crédito se mantienen, el presidente del Gobierno afirmó que existe una «leve mejoría» en la obtención de préstamos por parte de las empresas.

En rueda de prensa, tras participar en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, Zapatero señaló que el Ejecutivo constata esa mejoría del crédito respecto al mes de enero en un contexto de «seria dificultad».

Las cifras de enero eran contundentes. Los nuevos préstamos a pequeñas empresas retrocedieron un 27,8% respecto al mismo mes de 2008. Las pymes recibieron de bancos y cajas cerca de 8.800 millones de euros menos que un año atrás.

Zapatero dice ahora que esa situación ha mejorado. Se apoya, además, en que las líneas de inyección de liquidez implantadas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) han tomado «velocidad de crucero».

Las cifras del Gobierno señalan que más de 12.400 pymes y autónomos han accedido a la línea ICO-Liquidez puesta en marcha el pasado mes de enero para dotar de circulante a los emprendedores, ahogados por no poder afrontar sus pagos corrientes.

Pero los empresarios respondieron ayer con cifras. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, dijo ayer a este diario tras escuchar a Zapatero que, «por cada línea ICO-Liquidez que se concede, se cierran cinco empresas».

Los datos de este colectivo señalan que cada día están echando el candado 1.000 empresas en España, mientras que sólo 200 autónomos captan liquidez del ICO. El Gobierno asegura que ha repartido a través de esta línea 1.100 millones de euros, la mitad aportados por el instituto público, y el 50% restante por bancos y cajas de ahorros, tal y como estableció este programa.

Pero las empresas dicen que no es así. En este punto Lorenzo Amor y el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Jesús Bárcenas, coinciden.

Son numerosos los casos en que el banco o caja de turno -en el ya difícil supuesto de haber aceptado conceder la línea ICO-Liquidez- entrega al autónomo la mitad de los fondos, que son los que pone el ICO, y le obliga con la otra parte, que debe aportar la entidad financiera, a suscribir un depósito a plazo.

De este modo, la línea ICO-Liquidez acaba solucionando los problemas de financiación de los bancos y cajas, que cuentan con otros instrumentos como el Fondo de Adquisición de Activos y los avales del Estado, y no de las empresas.

Lorenzo Amor instó a Zapatero a «reconducir y revisar» las líneas abiertas por el Instituto de Crédito Oficial. «El Gobierno tiene que sentarse con las entidades, porque algo está fallando», afirmó.El presidente de ATA dijo que el 90% de los autónomos ha tenido problemas de financiación, bien porque se le han denegado préstamos o porque han accedido a menos financiación de la que habían solicitado al banco. El presidente de Cepyme, por su parte, también reclamó «cambios» en los programas del ICO. El organismo está «desbordado» y el balance, por ahora, es de «fiasco», en opinión Jesús Bárcenas.

Las dificultades para obtener liquidez están derivando, según el responsable de Cepyme, en que se incrementen los impagos entre los propios empresarios, algo que se suma al retraso de la práctica totalidad de las Administraciones Públicas en abonar los servicios que solicitan.

En este sentido, ayer se conoció el nacimiento de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que aglutina a 700.000 empresas de diferentes sectores, con más de un millón de empleados a su cargo.

Esta organización, integrada por diversas patronales, reclama que se fije en un máximo de 30 días el plazo para abonar facturas, frente a los 120 actuales. Las empresas se ahorrarían 4.000 millones al año en costes financieros si se redujera de cuatro a dos meses el plazo de cobro.

CRISIS FINANCIERA / Medidas y previsiones
S&P pronostica que España estará en recesión «al menos durante dos años»
La recuperación será tardía en relación al resto de países, según su economista jefe

Cataluña acapara la mayor parte de las ayudas del Gobierno al automóvil

Los fabricantes reducen su producción a la mitad y multiplican por 131 los ERE

CESAR URRUTIA/Madrid

Los fabricantes de automóviles instalados en España se quedarán con la parte del león de las ayudas dadas por el Gobierno al sector. Y Cataluña será de largo la comunidad más beneficiada por este plan de apoyo a la industria, que con un presupuesto de 800 millones pretende estimular inversiones por valor de 3.069 millones de euros este año y alejar el fantasma de decenas de miles de despidos.

Así, además del apoyo dado por la Generalitat, Nissan -que abrió la cadena de solicitudes de regulaciones de empleo el pasado mes de septiembre- y Seat -cuyos empleados se congelarán el sueldo al menos este año- recibirán 171,7 millones de euros procedentes del Ministerio de Industria.

Incluyendo las ayudas a suministradores de componentes, el sector del automóvil catalán recibirá una inyección de 224 millones de euros de la Administración central, una decisión que Industria justifica con la proporción de empleo que esta actividad genera en dicha comunidad: un 27% del total.

Valencia, donde se localiza la fábrica de Ford y el País Vasco, que además de contar con una planta del grupo Daimler para la producción de vehículos industriales tiene un denso tejido industrial de empresas suministradores de piezas, son las otras dos comunidades que más dinero recibirán del Gobierno.

En el lado opuesto se sitúan territorios como Aragón o Castilla y León. La planta de Opel en Zaragoza -donde la producción del Opel Meriva ha sido avalada con 200 millones de euros por el Gobierno autónomo- y todo el cinturón industrial que le rodea recibirán una cuarta parte de lo que ha sido asignado a Cataluña.Mientras, las plantas de Renault y Nissan en Valladolid y Avila se repartirán 77 millones de euros.

Golpe duro

El desplome de la demanda de automóviles en España y Europa ha sido un golpe muy duro para el sector del automóvil español, cuyos fabricantes llevan al menos seis meses reduciendo al máximo su actividad mediante cierres temporales de las plantas para no acumular vehículos producidos que no tienen clientes.

El pasado mes de enero, por ejemplo, las fábricas españolas produjeron menos de la mitad de vehículos que hace un año. El frenazo se ha traducido en 34.128 trabajadores del sector afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), lo que multiplica por 131 el número de empleados afectados por medidas similares en el mismo mes de 2008, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración por Europa Press.

Con este panorama y la agobiante falta de liquidez en el sistema, el Gobierno ha pretendido apoyar proyectos industriales que aporten innovación y conserven empleo.

Esta última condición parece más difícil de cumplir en el caso de los productores de piezas y componentes, que con 245.000 trabajadores, recibirán 316 millones de euros. Tanto el responsable de compras del Grupo Volkswagen, el español Francisco Javier García Sanz, como el presidente de la patronal de suministradores, José maría Puyol, ya han advertido que el estrangulamiento que han sufrido estas empresas en los últimos meses hará inevitable el cierre de numerosos negocios, incluso tras la llegada de las ayudas.

Para García Sanz, que dirige el presupuesto de compras de piezas del tercer mayor fabricante de automóviles del mundo, las empresas cuyo negocio dependa exclusivamente de suministrar a fábricas españolas afrontan tiempos muy difíciles. Por su parte, Puyol considera que será difícil que muchos de los actuales EREs temporales en las plantas de componentes no se transformen en expedientes de extinción de empleo.

El plan de ayudas también incluye un impulso al desarrollo del automóvil del futuro. Los proyectos para vehículos eléctricos e híbridos -cuyo número en la carretera ascenderá a un millón en 2014, según Industria- recibirán 56 millones de euros, para una inversión asociada de 87,7 millones.

PSA esperaba más apoyo para Vigo

>Los sindicatos de la planta de PSA Peugeot-Citroën en Vigo señalaron ayer que esperaban para la planta «más ayudas», que los 71,5 millones de euros aprobados por el Gobierno. Creen que el no haber presentado ningún expediente de regulación de empleo ha podido jugar en su contra.

>La Federación del Metal de la UGT pidió ayer al Gobierno que reedite en 2010 el Plan de Competitividad de Automoción, ya que han quedado sin ayudas 203 proyectos, que suponían una inversión asociada de 1.000 millones de euros.

El socialista Castells amenaza al Gobierno con rechazar el pacto de financiación

Tras la última oferta de Solbes, Cataluña no descarta desvincularse del acuerdo

LUIS GARRIDO/Barcelona

Después de que el jueves la Generalitat abriese la caja de Pandora al desvelar el consejero de Interior, Joan Saura, la última oferta realizada por el Gobierno a Cataluña para cerrar el pacto de la financiación previsto en el Estatut, el Govern amenazó ayer con no suscribir el acuerdo si no aumentan las cantidades que aporta el Ejecutivo central.

La posibilidad de que Cataluña no se sumara al pacto de financiación entre el Gobierno y el resto de comunidades autónomas, aunque no sería «descartable desde el punto de vista técnico», según el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, sería «un gran fiasco, un fiasco político y un fiasco de contenidos».

La inesperada revelación de los datos más celosamente guardados por el Govern por boca de Saura ha caldeado aún más la revuelta política catalana.

Castells admitió ayer que el anuncio que hizo el consejero de Interior «no era el que estaba previsto», aunque quiso quitar hierro al descubrimiento de las cifras al estimar que era «inevitable» que algún día llegasen a hacerse públicas. Pero este hecho rompe con el intento de alargar el proceso el máximo posible por parte del equipo de José Montilla.

En todo caso, ahora que el Govern no puede refugiarse en el secretismo ha tenido que rechazar frontalmente la oferta de Solbes, pese a que el ministro de Economía no parece dispuesto a que le arañen una mejor.

En defensa de Montilla salió ayer el secretario general de ERC, Joan Ridao, que abandonó las desavenencias de su partido con sus socios de Govern y subrayó que no piensa «en absoluto» abandonar el tripartito. Por otro lado, el también republicano Josep Huguet pasó la patata caliente al Gobierno central y afirmó que «el problema lo tiene Madrid: o pacta con los catalanes o ha de montar con el PP el frente nacional».

El presidente de ERC, Joan Puigcercós, se reunió el martes con Zapatero en La Moncloa para negociar un posible apoyo de los republicanos al Gobierno en el Congreso, extremo que Puigcercós rechazó si el Ejecutivo no cumple con sus exigencias en financiación, informa Europa Press.

Pero lo que supone un mayor desgaste para el equipo de Montilla es que la situación sirve de munición para la oposición. El diputado de CiU Francesc Homs volvió a acusar al tripartito de no haber fijado un objetivo en el precio que tenían que arañar al Gobierno, algo que ellos situaron en 4.154 millones para 2009, muy lejos de los 1.200 que ofrece Solbes.

Más crítica se mostró la líder de los populares en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, que manifestó que «se está levantando la cartera a los catalanes, y el tripartito es incapaz de evitarlo».

Cifras sin «carta de naturaleza»

Ni el presidente Zapatero ni la vicepresidenta primera, Fernández de la Vega, dieron ayer validez a las cifras del nuevo modelo de financiación autonómica que, según el Gobierno catalán, ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo central. Según el presidente, ninguna de ellas tiene «carta de naturaleza» porque son «aproximativas e interesadas». Por su parte, la vicepresidenta insistió en que más importante que las cifras son los criterios por los que se regirá el futuro modelo a la hora de distribuir el dinero entre las comunidades autónomas. Una vez más, De la Vega, que sigue confiando en un «acuerdo exitoso», repitió que ya se lleva «buena parte del camino recorrido» y que, en la actualidad, nos encontramos «al final del trayecto». Agregó que se trata de una negociación «muy compleja», pero insistió en que para cerrarla ya sólo quedan «algunos flecos».