POLITICOS BAJO SOSPECHA / La afición del ministro
Bermejo pagó 6.000 euros por una cabeza de venado
Un testigo vio cómo daba 12 billetes de 500 a un taxidermista que logró la pieza en una montería en la que el ministro no cazó nada
ROBERTO BENITO/Madrid
Un jubilado vio hace escasos cuatro meses una escena de lo más inesperada, cuando la visita a un amigo le permitió contemplar cómo el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, entregaba 6.000 euros en «12 billetes de 500» por una cabeza de venado disecada. Ocurrió en un punto kilométrico de la A-5, la carretera de Extremadura, entre las localidades madrileñas de Villaviciosa de Odón y Móstoles. El testigo, A. M. S., se dirigía hacia allí para visitar a un viejo amigo, cuando «tres coches y una furgoneta» le adelantaron «con rapidez», según ha explicado con detalle a este periódico.
Cuando llegó al lugar, observó que allí estaban los vehículos, de los que se bajaron varias personas, entre las que estaba Fernández Bermejo.
Pronto descubrió A. M. S. que el motivo de la presencia allí del ministro era su propio amigo, con el que empezó a dialogar.Y es que si el ministro es aficionado a la caza, el amigo de A. M. S. no lo es menos, además de taxidermista.
Según explicó el testigo a este periódico, tras una breve charla, dos de los hombres que venían con el titular de Justicia entraron en un local y sacaron una cabeza de venado disecada, que procedieron a meter en el furgón. Acto seguido, otro hombre entregó a su amigo un sobre, tras lo cual Bermejo y sus acompañantes se marcharon.
La sorpresa de A. M. S. llegó cuando le preguntó a su amigo por la escena que acababa de contemplar. Resulta que él y Bermejo, amigo y ministro, estuvieron «hace dos años» juntos de montería en Jaén. Allí, en un lugar muy cercano al de la polémica cacería con Garzón, el también taxidermista logró una pieza de venado que entusiasmó a Bermejo, que en cambio «no cazó nada».
- ¿Y ha venido hasta aquí a comprarla?
- Sí, se encaprichó de la pieza, le he puesto un precio y mira.
«En el sobre había 12 billetes de 500», esto es, 6.000 euros en los billetes de mayor valor que existen en la zona euro, los conocidos popularmente como los bin laden.
Al parecer, el amigo del testigo y taxidermista posee desde hace años una jauría de perros de primera calidad «muy demandada para las cacerías». La alquila frecuentemente para monterías a lo ancho y largo de la geografía española, lo que, unido a su afición a la caza, le ha llevado a coincidir en varias ocasiones con el ministro de Justicia.
POLITICOS BAJO SOSPECHA / El cazador 'furtivo'
Chaves pide ahora una España unitaria pero sólo para cazar
El presidente andaluz trata de cubrir a Bermejo propugnando que exista una sola «licencia de caza válida para todo el territorio nacional»
SEBASTIAN TORRES / SILVIA MORENO/Sevilla
«No es lógico que se necesiten 17 licencias para practicar la caza en todo el territorio nacional». Con esta frase, y a propósito de las polémicas cacerías de Mariano Fernández Bermejo, el presidente de la Junta de Andalucía y también del PSOE, Manuel Chaves, reclamó ayer una España unitaria... en el tema de la caza.
Chaves intentó con su argumento ayudar a Bermejo, tras más de una semana de bronca política por la participación del ministro de Justicia en varias cacerías, en algunas de ellas con el juez Baltasar Garzón y sin disponer de licencia, en los días de la operación Gürtel contra una trama de corrupción supuestamente vinculada al PP.
El presidente andaluz manifestó la posibilidad de que los consejeros de Medio Ambiente de todas las comunidades autónomas, junto al Gobierno central, «lleguen a un acuerdo para que haya una licencia de caza válida para todo el territorio nacional».
Es decir, Manuel Chaves propuso ayer regresar a una legislación unitaria nacional, para terminar con una situación en la que una persona debe sacarse 17 licencias diferentes si quiere cazar en toda España sin problemas.
El presidente andaluz se refirió única y exclusivamente a la caza, y omitió las decenas de situaciones idénticas que ocurren a diario en España en otros muchos asuntos.
De hecho, lo que hizo ayer Chaves fue respaldar a su compañero de partido, que el pasado jueves explicaba así el hecho de que hubiera cazado en Andalucía sin disponer de licencia para hacerlo: «Tengo licencias de todos los territorios donde cazo: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Madrid...y la de Andalucía no la tenía y no se me ha pasado por la mente.Así de simple».
Las declaraciones del presidente del PSOE, las primeras que realiza sobre las cacerías de Bermejo en la comunidad que preside, se produjeron el mismo día en que la Junta afirmó que no puede abrir un expediente sancionador al ministro.
Un portavoz de la Consejería andaluza de Medio Ambiente explicó a este diario que, a pesar de que Bermejo ha admitido que había cazado sin licencia -actuación castigada con multas de 601 a 4.000 euros-, la Administración no puede iniciar un expediente sancionador porque no existe una denuncia previa.
«Unicamente se puede iniciar como consecuencia de un acta de infracción emitida por un agente de la autoridad», explicó el portavoz medioambiental. En Andalucía, los agentes de la autoridad en materia cinegética son la Policía Autonómica, la Guardia Civil del Seprona y los agentes de Medio Ambiente que dependen de la Junta.
Ninguno de ellos emitió una denuncia sobre las cacerías de los pasados días 7 y 8 de febrero en Jaén, de las que «la Consejería de Medio Ambiente no tiene constancia» de que se haya realizado por ellas un «acta de infracción».
Por eso, cuando se ha conocido que el ministro de Justicia carecía de licencia para participar en cacerías en Andalucía, la Junta simplemente inició «de oficio» un expediente informativo, que concluirá con una resolución de la Delegación en Jaén de la Consejería de Medio Ambiente y que «podría acabar o no» en un expediente sancionador.
No hubo denuncia, en efecto, pero no sería por la ausencia de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las cacerías del fin de semana del 7 y 8 de febrero. La Guardia Civil acudió a la montería de Andújar en la que el ministro de Justicia cazó como furtivo, pero ningún agente le pidió la documentación, porque su servicio consistía en velar por su seguridad.
Fernández Bermejo tuvo suerte, porque si le hubieran pedido la documentación y la licencia para cazar, se habría expuesto a que le interviniesen el rifle y le prohibiesen participar en la montería, tanto el sábado en la finca Navaltorno de Andújar, donde abatió cuatro venados, como el domingo en el coto Cabeza Prieta de Torres, donde cazó tres muflones.
Nada de eso ocurrió. La Guardia Civil no comprobó que el titular de Justicia carecía tanto de la licencia de caza como de la tarjeta de cazador, los dos documentos obligatorios para practicar la caza en Andalucía. La primera certifica el pago de las tasas vigentes para poder ejercer esta actividad y la segunda acredita a su titular como persona habilitada para practicarla.
Un portavoz de la Guardia Civil de Jaén ha reconocido a este periódico que se montó un dispositivo de seguridad para proteger al ministro, pero no de «vigilancia de caza».
El Instituto Armado señaló que no tiene obligación de acudir a todas las monterías que se celebran, puesto que carece de medios para ello. Como ejemplo, aseguró que el mismo día 7 de febrero, mientras Bermejo y Garzón participaban en una cacería, en la provincia de Jaén había autorizadas otras nueve, casi todas con el mismo horario.
Algunas fuentes aseguraron a EL MUNDO que el Seprona estuvo presente en la montería del sábado, pero el jefe de este servicio en Jaén negó que él u otros compañeros suyos asistieran.
Diez 'sudokus' autonómicos
- Salarios de funcionarios. La transferencia de las competencias sobre la gestión de personal en determinadas materias -Educación, Sanidad, Justicia...- provoca que, entre funcionarios que cumplen una función idéntica, existan sueldos dispares. Un maestro del País Vasco cobra 2.641 euros mensuales, y uno de Andalucía, 2.393.Entre los trabajadores de la Justicia, las diferencias alcanzan los 400 euros mensuales.
-Impuestos. A partir de 2001 se abrió la puerta a la autonomía fiscal y a la competencia entre administraciones: cada comunidad puede fijar un tipo impositivo distinto, establecer recargos y deducciones o incluso suprimir algunos tributos. En Madrid y otras autonomías, las herencias están prácticamente exoneradas.Baleares gravó durante años la gasolina con una ecotasa, y otras comunidades lo hacen con el céntimo sanitario: repostar en Unquera (Cantabria) sale mucho más barato que en Llanes (Asturias), a 20 kilómetros.
- Tarjeta sanitaria. El documento que permite el acceso al Sistema Nacional de Salud es diferente en cada comunidad autónoma y se expide en función de la residencia. Si no se tiene la que corresponde, no se despachan recetas y sólo puede recibirse asistencia médica urgente.
- Educación. En algunas comunidades, como Andalucía, los libros de texto salen gratis; en otras, como Madrid, representan un considerable esfuerzo para los padres. Otras disparidades afectan al contenido de la materia docente, sobre todo en cuestiones relacionadas con la Historia, y al calendario escolar. Además, en las comunidades bilingües es más difícil encontrar libros en castellano. Asimismo, algunas comunidades son más generosas a la hora de subvencionar a los colegios privados.
- El acceso al empleo público. Las comunidades pueden establecer requisitos adicionales para el acceso a la función pública, incluso en aquellos casos en que se trate de trabajadores adscritos a la administración central, como los secretarios de ayuntamiento.El que conozca una lengua autonómica tendrá más posibilidades de obtener plaza cerca de casa.
- Horarios comerciales. Desde 2004, las autonomías tienen libertad para ampliar los horarios de apertura de los comercios por encima de las 72 horas semanales. Madrid, por ejemplo, las amplió a 90 y luego aprobó una Ley del Comercio que deja casi libertad absoluta. Cataluña, como la mayoría, sigue en las 72 horas.
- Dependencia. Si una persona con un grado de dependencia reconocido y un servicio otorgado en su comunidad tiene que cambiar su residencia, deberá pedir una nueva evaluación a la consejería correspondiente y ésta decidirá qué tipo de prestación le concede, que puede ser diferente. El nivel de cobertura pública de algunos servicios, como la plaza en una residencia, es dispar. También lo son las cantidades a las que se puede optar.
- Ley Antitabaco. Cada comunidad autónoma la ha desarrollado como ha querido. Madrid, Comunidad Valenciana o La Rioja han planteado normas propias que la suavizan o no han regulado el régimen de inspecciones ni las sanciones.
- El 'botellón'. Los tentáculos de las administraciones autonómicas llegan hasta la regulación del ocio nocturno y el control del consumo de alcohol: Madrid, Canarias o la Comunidad Valenciana multan a quien beba en la calle; otras comunidades, como Andalucía, son mucho más permisivas.
- Ley de Costas. Las comunidades gestionan su aplicación, lo que se traduce en grandes diferencias: la servidumbre de protección alcanza 100 metros en Cantabria, y 500 en Asturias.
elmundo.es Blog: ¿Es España plural y diversa?, por Santiago González.
POLITICOS BAJO SOSPECHA / La reacción 'popular'
El PP da un ultimátum a Garzón y el juez sufre una crisis de ansiedad
CARMEN REMIREZ DE GANUZA/Oia (Pontevedra)
El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, emplazó ayer al juez Baltasar Garzón a inhibirse a partir del próximo lunes de la causa en la que investiga una trama de corrupción vinculada a su partido, bajo amenaza, ya explícita, de querellarse contra él por prevaricación si no lo hace. El magistrado ingresó ayer en la clínica Ruber de Madrid con una fuerte crisis de ansiedad. «Si no actúa de manera legal y razonable, se encontrará con una querella por prevaricación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo», llegó a decir Trillo a los periodistas en el Congreso.«A partir del lunes, comienza la cuenta atrás», añadió a este diario, tras justificar su plazo en la propia la Ley de Enjuiciamiento Criminal: dos días desde que «toma conocimiento de su incompetencia», lo que se habría producido a través del escrito que presentó en la Audiencia Nacional la Fiscalía; otros dos para redactar la resolución, y el fin de semana para «consignar las pruebas», como le obliga el artículo 13. Pero si, a partir del lunes, Garzón no se inhibe, lo hará «a sabiendas» lo que, según Trillo, permitirá al PP presentar la querella.
El anuncio fue recibido con alborozo entre los populares valencianos, a los que el «pleno apoyo» de Rajoy a Camps, dedicado la víspera, a media tarde y a fuerza de preguntas de prensa, supo a bien poco. Decían que ya era hora de que la dirección nacional diera una respuesta enérgica a lo que consideran una auténtica persecución política, y hasta invocaban para ello su contribución al éxito del congreso de Valencia. En el feudo de Camps, el «cabreo» contra la Fiscalía y Garzón es total, pero el recelo y la susceptibilidad hacia Madrid eran, hasta ayer, también notables.
El caso es que, a la misma hora en que hablaba Trillo en Madrid, y a la salida de un mercado de Pontevedra, Rajoy daba largas sobre la posibilidad de la citada querella contra Garzón. «No, no, ya veremos», negaba primero, para dejar en todo caso las puertas abiertas: «Así no se puede seguir durante mucho tiempo.El Poder Judicial tiene que ser imparcial y además, transmitir que es imparcial».
Por tercer día consecutivo, Rajoy se negaba a acusar a Garzón de prevaricación. Fiel a su propio estilo político, el presidente del PP se limitaba a forzar su inhibición, sin emplazamientos ni amenazas. «Yo, al señor Garzón», declaró, «lo único que le digo es que tiene que decir a quién acusa y de qué, que está generando indefensión a mucha gente. Esto es una democracia: la gente tiene derecho a defenderse. El señor Garzón ha propiciado...ha abierto un sumario que se está filtrando todos los días, y nadie sabe de qué se acusa exactamente». Lo más que le exigió Rajoy a Garzón fue que «se levante el secreto de sumario».
POLITICOS BAJO SOSPECHA / El cazador 'furtivo'
Vicepresidentes que toman posición
>«Línea roja». 
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, advirtió ayer al juez Baltasar Garzón de que deberá retirarse de la instrucción del caso Gürtel si se demuestra que existen imputaciones contra algún aforado.De no hacerlo, aseguró, «podríamos estar pasando una línea roja muy importante, que es la de la prevaricación».
>Trama. Según la sectaria vicepresidenta del Gobierno, «la cuestión no es si el ministro caza o no o si ha habido alguna irregularidad en su licencia, que él ya ha reconocido, sino en que un juez está investigando lo que al parecer es una trama de corrupción, presuntamente vinculada al Partido Popular».
>Actitudes. «Frente a la transparencia debida, la opacidad deliberada; frente a la asunción de responsabilidades, mirar para otro lado».
>Investigación. Ante la petición del PP de crear una comisión de investigación, la sectaria De la Vega dijo: «El Gobierno está a lo que diga el Parlamento».
POLITICOS BAJO SOSPECHA
Incumplimientos del Código de Buen Gobierno
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en febrero de 2005 el Código de Buen Gobierno para los altos cargos, en lo que el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, describió como un intento de «evitar comportamientos inadecuados y facilitar que se puedan corregir con diligencia».Cuatro años después, las cacerías de Mariano Fernández Bermejo pueden haber vulnerado varios de sus artículos, como ha denunciado el PP esta semana.
>Artículo 2 de los principios éticos. «La adopción de decisiones [...] se fundamentará [...] al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas o clientelares».
Muchas personas han visto en la imagen de Bermejo cazando junto a Garzón un impulso a la 'operación Gürtel', lo que significaría que el ministro habría actuado de forma clientelar en contra de los 'populares' para favorecer a su partido, el PSOE.
>Artículo 3 de los principios éticos. «Se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto».
La cacería junto a Garzón sería, en este caso, una actividad privada que, dada la posición jerárquica de Bermejo respecto a la Fiscalía, supondría un conflicto de intereses.
>Artículo 6 de los principios éticos. «No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada».
El titular de Justicia ha acudido como invitado a varias monterías, como las de la finca estatal de Quintos de Mora, en las que el propio Bermejo ha reconocido haber participado.
>Artículo 13 de los principios éticos. «Ejercerán sus atribuciones [...] absteniéndose de actuaciones que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos».
Para el PP, como denunció esta semana su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, la cacería en Jaén junto al juez Garzón compromete seriamente la neutralidad del ministro de Justicia.
>Artículo 4 de los principios de conducta. «Extremarán el celo de modo que el desempeño de las obligaciones sea referencia de ejemplaridad. Esta ejemplaridad habrá de predicarse igualmente en las obligaciones que, como ciudadanos, les exigen las leyes».
Bermejo participó en las cacerías del fin de semana del 7 y el 8 de febrero en Jaén de forma ilegal, ya que, como él mismo ha admitido, carece de licencia para cazar en Andalucía. Esto vulneraría el principio de ejemplaridad en el cumplimiento de las leyes que fija el Código de Buen Gobierno.
>Artículo 5 de los principios de conducta. «Evitarán actuaciones que puedan menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el cargo público».
Las fotografías de Bermejo en las cacerías y haber participado en algunas de ellas con Garzón y el comisario de la Policía Judicial, suponen para muchos menoscabar la dignidad del cargo.
>Artículo 6 de los principios de conducta. «Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía».
La aceptación de Bermejo de invitaciones a cacerías, y especialmente la participación gratis en algunas monterías en la finca estatal de Quintos de Mora, puede ir más allá de los regalos de uso habitual.
El juez, ingresado por una crisis de ansiedad
Antes, inició los trámites para inhibirse en el caso de corrupción que afecta al PP
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tuvo que ser ingresado ayer por la tarde en la clínica Ruber de la calle Juan Bravo de Madrid debido a una crisis de ansiedad. El magistrado se encuentra, aunque fue puesto en observación en la unidad de cardiología, donde pasó la noche. Hoy seguirá ingresado bajo la supervisión del doctor Villaseñor, director del hospital, a la espera de que se le realicen diversas pruebas.
Garzón salió en coche sobre las 14.40 horas de la sede de la Audiencia Nacional visiblemente afectado. Fue ingresado en el hospital con una tensión sanguínea muy alta.
Tras ser sometido a un electrocardiograma y a una serie de análisis, fue trasladado a la unidad de cardiología de un hospital, y puesto en observación. Hoy se le practicarán nuevas pruebas y, previsiblemente, será dado de alta.
Según Servimedia, el percance sufrido por Garzón tuvo lugar después de un pequeño altercado entre el magistrado y un medio de comunicación.El juez fue perseguido insistentemente por un equipo de televisión hasta la sede de la Audiencia Nacional, algo que provocó su enfado.
En la mañana de ayer, el juez dictó una insólita providencia en la que da cuenta de que ha ordenado «con carácter urgente» hacer tres juegos de copias de las diligencias del caso Gürtel. Aparte de lo extraño que resulta dictar una resolución para dar a conocer que se van a hacer fotocopias de las actuaciones, el contenido de la providencia desató la incertidumbre porque, hasta el momento, se conocía la intención de Garzón de inhibirse a favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, pero queda en el aire el destino de la tercera copia.
Fuentes jurídicas indicaron que el juez podría estar estudiando dirigirse al Tribunal Supremo, ante el que están aforadas dos de las personas (un parlamentario europeo y otro nacional) que aparecen en las actuaciones. Sin embargo, la Fiscalía no ha apreciado base alguna que aconseje elevar una exposición al Supremo ni ha solicitado a Garzón que lo haga en el informe que emitió el miércoles después de que el instructor le pidiese su criterio sobre la implicación de personas aforadas.
Ministro furtivo pide al CGPJ la lista de huelguistas
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, envió ayer una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, en la que solicita que el CGPJ le envíe una relación nominal de los jueces que se pusieron en huelga el pasado miércoles.
La petición se hace «a efectos de adoptar, en su caso, las medidas de carácter retributivo a que hubiere lugar», ya que corresponde al Ministerio de Justicia descontar de las nóminas judiciales la parte del salario correspondiente al día no trabajado.
El CGPJ había decidido que, por su propia iniciativa, no iba a enviar al Ministerio la relación de huelguistas.
Los catedráticos tumban la ley estrella de Bermejo sobre Justicia
75 procesalistas advierten de que el proyecto de nueva oficina judicial «consagrará el caos funcional» en los Juzgados
MARIA PERAL/Madrid
El proyecto de ley para la implantación de la nueva oficina judicial, presentado por el ministro Mariano Fernández Bermejo como la base de la modernización de la Justicia española, adolece de «graves errores», supondrá «un fuerte menoscabo» del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial, «no responde en absoluto» a las reformas sobre la Justicia que se plantean en el mundo y no solamente no instaurará una administración judicial moderna sino que consagrará el «caos funcional» en los Juzgados y Tribunales.
El mazazo al proyecto estrella de Bermejo no proviene del ámbito político sino de los expertos en derecho Procesal, 75 catedráticos y profesores de una treintena de Universidades de todas las sensibilidades y tendencias: Andrés de la Oliva, Juan Montero Aroca, Vicente Gimeno Sendra, Julio Muerza, Valentín Cortés, Fernando Jiménez Conde, José Luis González Montes o Juan Luis González Colomer.
La comunidad científica advierte de que el proyecto enviado por Bermejo al Parlamento «adolece de graves errores, de los que se derivarían daños irreparables para nuestra Justicia».
De entre esos errores destacan «la sorprendente idea, inexplicada e injustificable, de separar y diferenciar lo jurisdiccional de lo procesal». «Derivan de ahí disposiciones muy negativas y carentes, algunas, de toda racionalidad jurídica», afirman los profesores en una declaración en la que afirman que el proyecto contradice lo establecido en la Constitución sobre la exclusiva atribución de la administración de Justicia a jueces independientes.El proyecto desapodera a los jueces de facultades en materia de ejecución o de admisión de demandas civiles y, en general, «aleja a los jueces de los casos». Todo ello «supondría un fuerte menoscabo de las garantías y derechos de todos en lo relativo a la tutela judicial».
«De aprobarse el proyecto», indican, «gran parte de la administración de la justicia estaría a cargo de los secretarios judiciales», que no son jueces independientes sino funcionarios del Ministerio sometidos a dependencia jerárquica política.
A su juicio, de este proyecto «no surgiría ninguna nueva oficina judicial moderna» porque «en absoluto se pondría fin a la situación actual, de confusa bicefalia (en el mejor de los casos) y de responsabilidad difusa e inconcretable sobre lo que se hace y sobre lo que se omite por cada Juzgado y cada Tribunal». «No es de esperar de este proyecto un sistema organizativo adecuado al funcionamiento de los Juzgados», dicen los expertos, que piden «una reflexión detenida, con la participación de quienes, por sus conocimientos y experiencia, deben ser escuchados».
Caldera estaría trabajando en un documento contrario a las tesis liberales que propugnan Solbes y Sebastián, que son partidarios de una moderada flexibilización del despido y de facilitar la movilidad laboral. 
administrativa previa. Ello es difícil porque podría dar lugar a abusos incontrolados, pero parece ineludible esa reducción del coste del despido si el Gobierno pretende incentivar nuevas contrataciones para reducir el paro. 
LA COMPRA por Enel del 25% de Endesa en poder de Acciona consuma el fiasco de la política energética del Gobierno. La eléctrica española, privatizada a finales de los 90, ha acabado de nuevo en manos del Estado... pero del Estado italiano, ya que Enel está controlada por éste. La operación deja en ridículo a Zapatero, que se comprometió a alumbrar «campeones nacionales» en los sectores estratégicos. Además, la odisea de Endesa reúne lo peor del intervencionismo.Primero, con la maniobra teledirigida desde Moncloa para que la eléctrica acabara en poder de Gas Natural. Después, abortando con artimañas la entrada de una empresa privada como E.ON. Y al final, dando entrada a Entrecanales como caballero blanco, que ha obtenido 1.700 millones en plusvalías por el camino. Peor, imposible. 
LA FISCALIA archivó ayer la causa contra Joan Tardà por gritar «muera el Borbón» en el cierre de un acto público de las juventudes de ERC. Los argumentos para tomar dicha decisión no pueden causar otra cosa que perplejidad. Según la fiscal superior de Cataluña, la intención de Tardà no era injuriosa, pues no se puede confundir el «ánimo de injuriar» con la «mayor o menor habilidad dialéctica» del diputado y su «peculiar pedagogía democrática». O sea, que debemos entender que la intención del político de ERC era dar una lección sobre las bondades de la República, pero su torpeza retórica le permite sólo proferir un exabrupto agresor contra el Monarca. Una singular benevolencia que, de ser extendida a todos los casos, justificaría eliminar el delito de injurias del Código penal.
