El PP se desentiende de los responsables de la trama
Dice que Correa dejó de contratar con Génova en 2004, y que Crespo abandonó el cargo en 1999 y la militancia en 2005
CARMEN REMIREZ DE GANUZA/Madrid
El PP se desentendió ayer de la presunta trama de corrupción desmantelada por el juez Baltasar Garzón y de los propios detenidos, algunos de los cuales tuvieron relación comercial o cargo ejecutivo en el partido.
El que aparece como principal implicado, el empresario Francisco Correa, fue contratado durante muchos años por Génova para organizar los congresos, mítines y actos más importantes del partido. El propio Mariano Rajoy dirigió las campañas de 1996 y 2000, para las que más trabajó Correa. En la gerencia estaba el ahora tesorero, Luis Bárcenas. Pero su empresa, Special Events, dejó de trabajar para el partido, al menos, desde 2004. Ese mismo año, Correa hizo su último trabajo para el PP de Madrid, con ocasión del congreso que eligió a Esperanza Aguirre.
Su número dos y administrador único de dicha empresa, Pablo Crespo, fue secretario de organización del PP de Galicia. Sin embargo, lo fue a las órdenes de Pepe Cuiña y sólo hasta 1999. Según el partido regional, el siguiente secretario general, José Palmou -el que preparó el congreso del relevo de Fraga-, dejó de contar con él y el distanciamiento fue claro y progresivo hasta que, en 2005, ya en Madrid, el ex dirigente popular dejó de militar en el partido. El actual presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, asegura no conocer siquiera a Pablo Crespo.
Hasta aquí, al menos, al PP le fue fácil desvincularse de una trama que, tal como fue presentada, parecía salpicar al partido.Sin embargo, lo que más amenaza al PP, todavía hoy, es la deriva futura de la propia causa que, según fuentes de la investigación, podría extenderse a las administraciones públicas -consejerías o alcaldías de distintos ayuntamientos del PP- con las que los detenidos habrían suscrito adjudicaciones y contrataciones irregulares a través de una compleja trama societaria. Una de las detenidas, María del Carmen Rodríguez -esposa de Correa-, fue jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, si bien no milita en el PP. Los otros dos arrestados son Felisa Jordán y Antoine Sánchez.
Pero si en el PP nacional no se dejaba ayer entrever inquietud alguna, tampoco cundía, de momento, la preocupación en los partidos regionales. En Madrid, donde los alcaldes de Majadahonda y Boadilla recibieron sendas visitas de la Policía Judicial, no se vislumbró la alarma.
El secretario general del partido regional, Francisco Granados, dijo a este diario que «yo, a Correa, ni le pongo cara». Y en cuanto a la documentación requerida a los dos alcaldes, el dirigente popular aseguró que el de Majadahonda -Narciso Foxá- estaba libre de toda sospecha porque ni siquiera adjudicó la Oficina de Atención al Ciudadano proyectada por su antecesor -el también popular Guillermo Ortega-, y que el de Boadilla -Arturo González Panero- había cumplimentado sin problemas la documentación requerida.
Desde Valencia, la Consejería de Turismo emitió un comunicado tranquilizador, y desde el partido se defendió el trabajo profesional de uno de los presuntos implicados en la investigación, Alvaro Pérez.
'POPULARES' BAJO SOSPECHA / Los hechos
Garzón desmantela una trama de corrupción en municipios del PP
Entre los 5 detenidos figuran un organizador de actos del partido y su mujer / El juez investiga el cobro de comisiones por recalificaciones FERNANDO LAZARO / PEDRO BLASCO/Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón puso en marcha ayer una operación en la que fueron detenidas cinco personas relacionadas con una trama de corrupción en municipios del PP.Todo apunta a que se trata de personas implicadas en casos de corrupción urbanística y el cobro de comisiones ilegales.
Algunos de los detenidos han trabajado en la organización de eventos para el PP y para ayuntamientos y comunidades autónomas dirigidas por miembros de esta formación.
Las pesquisas las inició la Fiscalía Anticorrupción hace un año y la actuación ha corrido a cargo de la Comisaría General de Policía Judicial. El magistrado ha decretado el secreto de sumario.Los detenidos están acusados de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita.
La actuación de la Audiencia Nacional ha coincidido en el tiempo con la apertura de la comisión de investigación en la asamblea de Madrid para tratar de esclarecer el presunto caso de espionaje.
Según indicó en una nota, es la propia Fiscalía Anticorrupción la que ha coordinado el operativo de la operación Gürtel de la Unidad de Delincuencia Económica de la Comisaría General de Policía Judicial. La actuación policial se ha desarrollado en Madrid, Valencia, Marbella y Sotogrande (Cádiz).
Además de las detenciones, los responsables de las pesquisas han requerido diversa documentación a los ayuntamientos de las localidades madrileñas de Boadilla y Majadahonda. También han solicitado documentación sobre contrataciones en la Comunidad Valenciana.
Los detenidos son el empresario Pablo Crespo Sabaris, Francisco Correa Sánchez y la mujer de este último, María del Carmen Rodríguez Quijano. Crespo fue secretario de Organización del PP gallego.También han sido arrestados F. J. Q. y A. S. R.
La Policía realizó registros en las sedes de las empresas de los detenidos, en sus domicilios particulares y en sus despachos profesionales.
Vínculos 'populares'
Correa es un hombre muy ligado al PP. Además, era muy amigo de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar. La relación de Correa con Agag fue tan estrecha que incluso fue testigo de su boda con Ana Aznar. Este empresario posee numerosas sociedades que se han encargado de organizar eventos para la formación popular y para muchos municipios y comunidades gobernadas por este partido. Entre las empresas que están siendo investigadas aparecen Easy Concep, Viajes Pasadena, Special Events, TCM y Orange Market.Esta última firma fue la que se responsabilizó del stand de la Comunidad Valenciana en la última feria del turismo, Fitur.
Tras el registro de las empresas de los detenidos, los agentes se incautaron de numerosa documentación que ya ha comenzado a ser analizada. Además, entregaron requisitorias tanto a la Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana como al Registro Central de Madrid.
La Policía también solicitó información sobre el contrato de adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano de Majadahonda.Este y otros se firmaron en la época del alcalde Guillermo Ortega, del PP, que dimitió en 2005. Su jefa de gabinete era la ahora detenida María del Carmen Rodríguez, mujer de Correa.
Manos Limpias ya denunció en junio que el empresario Correa tenía relación en el Ayuntamiento de Boadilla.
Por su parte, Crespo aparece como administrador único de ocho empresas. Una de ellas es Pasadena Viajes, una pequeña agencia de viajes con la que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte tenía algunos contratos. El juez ha pedido información al alcalde de esta localidad, Arturo González Panero, sobre las relaciones del Ayuntamiento con esta empresa.
Crespo es también administrador único de Special Events, que ha organizado numerosos actos para el PP en los últimos años.En 2005 se vio envuelta en una polémica. Realizó una campaña para la Xunta de Galicia para promocionar la carne de esa comunidad, tras el caso de las vacas locas, y cobró por la misma un millón y medio de euros. Se acusó a esta empresa de tener vínculos con personas del PP y de que era propiedad de sociedades domiciliadas en algunos paraísos fiscales. El entonces presidente del partido en Galicia, Manuel Fraga, dijo que dudaba que su formación volviese a tener alguna relación con esa firma «después de todo» lo que había «pasado».
Desde el Ayuntamiento de Majadahonda, actualmente regido por Narciso de Foxá, se indicó que los funcionarios de la Audiencia Nacional que acudieron a sus dependencias reclamaron informes sobre tres empresas que tuvieron vínculos con el anterior equipo municipal dirigido por Ortega. Las compañías requeridas son Tecnologic Consulting Mannagement (TCM), Pasadena Viajes y Special Events.
Por su parte, el alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, González Panero, negó ayer que se hubieran producido detenciones en su Consistorio e indicó que el juez Garzón había requerido datos de los contratos con tres empresas y sobre la adjudicación de una parcela.
Las compañías son Easy Concep, Pasadena Viajes y Servimadrid.
Los principales detenidos
>Pablo Crespo, hijo de uno de los hombres de confianza de Pío Cabanillas, fue secretario de Organización del PP gallego con Xosé Cuiña. >Francisco Correa, «el conseguidor» de los contratos municipales en Majadahonda y Boadilla. Fue testigo de boda de Agag y Ana Aznar.
>M. C. Rodríguez. Esposa de Correa y directora financiera de Especial Events. Fue jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda.
'POPULARES' BAJO SOSPECHA / Los hechos
Los tentáculos en la Comunidad Valenciana
A. RUBIO REVERTER/Valencia
En el marco de las misma operación impulsada por el juez Garzón, un grupo de funcionarios de la Agencia Tributaria irrumpió ayer en la Consejería de Turismo de la Generalitat valenciana a las 11.00 horas para reclamar el expediente sobre la adjudicación a la empresa Orange Market del pabellón de la Comunidad Valenciana en la feria de turismo Fitur.
Orange Market es una sociedad valenciana vinculada a la firma Special Events, de Pablo Crespo.
Una de las irregularidades que se investigan es si Orange Market, una firma especialista en escenografía, subcontrató a otra compañía para realizar diversas tareas del montaje del pabellón valenciano.
Casi a la misma hora, la Policía Nacional inició un registro en la sede de Orange Market que se prolongó más allá de las 20.00 horas.
Orange Market es una empresa muy cercana al PP, ya que organiza la mayoría de sus actos y grandes eventos, como el congreso de los 'populares' valencianos o la salida de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo de vela. A finales del mes pasado, la Consejería de Turismo adjudicó a esta firma por 817.000 euros el diseño, montaje y desmontaje del expositor de la Comunidad Valenciana en cinco ferias: Fitur; la Feria Internacional de Turismo de Valencia; Expovacaciones, de Bilbao; SITC, de Barcelona, e Intur, de Valladolid.
'POPULARES' BAJO SOSPECHA / Los antecedentes
Garzón se ha servido de un topo del PP para llegar a Correa
El magistrado inició las pesquisas de la 'operación Gürtel' en junio de 2004
ANTONIO RUBIO/Madrid
La operación Gürtel (correa o cinturón en alemán) comenzó hace cuatro años, exactamente en junio de 2004. Ese año, el magistrado Baltasar Garzón encargó a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef), que depende de la Comisaría General de Policía Judicial, que pusieran en marcha una investigación sobre un grupo de empresarios relacionados con el Partido Popular que estaban llevando a cabo una serie de negocios presuntamente irregulares y que, además, podrían estar blanqueando dinero y evadiendo capitales al extranjero a través de varios paraísos fiscales.
El principal objetivo de esa operación era Francisco Correa (Gürtel, en clave policial), amigo de Alejandro Agag y yerno del fallecido empresario inmobiliario Emilio Rodríguez Bugallo. Entre los cinco detenidos ayer por la Policía Nacional figuran el propio Francisco Correa y su mujer, Carmen Rodríguez.
El punto de inflexión de la operación judicial contra Correa y otros de sus socios se produjo en el año 2006, en medio de la llamada operación Malaya en la que fueron detenidos varios concejales del Ayuntamiento de Marbella, incluida su alcaldesa Marisol Yagüe, y diversos empresarios de la construcción.
Entre esos arrestados estaba Emilio Rodríguez Bugallo, propietario de Construcciones Salamanca, que fue acusado de haber ofrecido 450.000 euros al ex asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca, por la recalificación de una serie de terrenos en aquella ciudad malagueña.
Rodríguez Bugallo, padre de Carmen Rodríguez y suegro de Francisco Correa, consiguió la libertad en el caso Malaya tras pagar una fianza de 500.000 euros.
El propietario de Construcciones Salamanca, que falleció el pasado mes de junio, era dueño de dos urbanizaciones de lujo en Marbella y tenía en Puerto Banús uno de los veleros más lujosos de aquel puerto deportivo. Rodríguez Bugallo también consiguió del Ayuntamiento de Marbella convenios para la plaza de toros de Banús y la urbanización Las Brisas del Golf.
Algunas de las intervenciones telefónicas de la operación Malaya y del caso Astapa (donde fueron detenidas en junio del pasado año 24 personas entre empresarios, concejales y el alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos) han servido a la Policía para llegar a descubrir parte del entramado societario de Francisco Correa y sus socios.
Tras la operación Astapa, de julio de 2008, los agentes de la Comisaría General de Policía Judicial aceleraron la investigación Gürtel y llegaron hasta la Comunidad Valenciana y varios empresarios relacionados con el PP.
En la operación Malaya, la Udef y el juez Miguel Angel Torres, que en el año 2006 era titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, se sirvieron de un confidente que estaba relacionado con Juan Antonio Roca y otros empresarios inmobiliarios de la Costa del Sol. En esta ocasión, el magistrado Baltasar Garzón y los agentes policiales también han utilizado un topo que ha ido facilitando información sobre las empresas de Correa y el modus operandi que tenía el organizador de eventos del PP.
EL MUNDO ha podido saber de fuentes policiales relacionadas con la propia investigación que el confidente o topo policial es un cargo en activo del PP que se ha visto perjudicado en los últimos años por algunas operaciones inmobiliarias. Es decir, no había cobrado los intereses o comisiones pactadas, en un principio, con el grupo que presuntamente dirigía Francisco Correa, y eso propició que diera un paso hacia adelante.
Viaje a Africa
Estaba previsto que la operación Gürtel se pusiera en marcha el próximo mes de mayo, pero todo se ha precipitado porque uno de los principales sospechosos tenía la intención de abandonar España de forma definitiva e instalarse en un país africano donde ya ha llevado a cabo importantes inversiones económicas relacionadas con el sector turístico. Ese mismo sospechoso, según las fuentes policiales consultadas por este periódico, pudo recibir un soplo o aviso y eso motivó que el magistrado Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, decidiera actuar de manera inmediata y adelantar las detenciones y registros en las residencias y empresas de los detenidos. La documentación encontrada ayer es amplia, importante y voluminosa, y los agentes de la Udef se encuentran en pleno estudio del material incautado.
El nombre de Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar e importante empresario relacionado con la Fórmula 1 e incluso el fútbol, ha aparecido en el transcurso de las investigaciones de la operación Gürtel, según ha podido saber EL MUNDO, pero de momento no hay ningún elemento policial ni judicial que lo vincule profesional o societariamente con ninguno de los detenidos.
Todo pasa por Marbella
>En enero de 2006, Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo de Marbella, se puso en contacto telefónico con Marisol Yagüe, que todavía era primer edil marbellí. >Roca informó a su alcaldesa de que el constructor Rodríguez Bugallo le entregaría 75 millones de pesetas al día siguiente «si se lo ratificaba», en clara alusión a una recalificación de terrenos para poder construir.
>El ex asesor de Urbanismo fue aún más explícito con su alcaldesa: «Digo ¡coño!, nos viene como Dios». La conversación sobre el constructor acabó de la siguiente forma: «Y le diré que me prepare los 200 millones».
'POPULARES' BAJO SOSPECHA / Los hechos
Agag demandará a quien le vincule
Alejando Agag, yerno del ex presidente José María Aznar, aseguró ayer a EL MUNDO que demandará a quien le vincule con la trama investigada por la Fiscalía Anticorrupción, pese a que uno de los principales detenidos es amigo suyo. «No tengo ninguna vinculación empresarial o comercial ni comparto ningún tipo de negocio con Francisco Correa», asegura. «Es cierto que fue testigo de mi boda, hace siete años, a propuesta mía, y que he tenido una relación larga de amistad con él, pero hace ya mucho tiempo que no hemos tenido contacto», señaló Agag, que recordó que en su boda, celebrada en 2002 en el Monasterio de El Escorial, hubo 25 testigos.
'POPULARES' BAJO SOSPECHA / La denuncia
El alcalde que viajaba a Miami con Correa
Un dossier denunció la compra de pisos en EEUU de personas vinculadas al PP
PEDRO BLASCO/Madrid
La sospecha de corrupción en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid es algo tan viejo como las primeras elecciones municipales que se celebraron después de la muerte de Franco. Algunas denuncias superaron la sospecha y pasaron a la Fiscalía y al juzgado, como fue el caso de Aquiles Aparicio. Se tuvo que ir. El PP obligó al alcalde de Pozuelo de Alarcón, Martín Crespo, a abandonar cuando la zona de sombras sobre aquella localidad era ya absoluta.
El nuevo alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, logró dar estabilidad a los populares en uno de sus más importantes caladeros de votos.
Pero desde hace dos años comenzaron a correr rumores por Boadilla, que llegaron hasta Madrid en forma de dossiers. En uno de ellos, alentado y amparado por mucha gente vinculada al PP, se acusaba al primer edil de comprar casas en Miami y de tener un patrimonio inmobiliario muy superior a sus ingresos en el Ayuntamiento, que se calcula que son de unos 85.000 euros anuales.
Se facilitaban fotocopias de billetes de avión y se hablaba claramente de trato de favor a las empresas encabezadas por Francisco Correa, detenido ayer. Uno de estos trabajos llegó a manos del sindicato Manos Limpias, que presentó en la Fiscalía Anticorrupción un escrito en el que acusaba de presunto cohecho a algunos empresarios de la zona.
Miguel Bernad, dirigente de ese sindicato, hacía una relación de las empresas de Francisco Correa que contrataban con el Ayuntamiento de Boadilla y también de lo que consideraba como «colaboradores y asesores del alcalde», que habían comprado casa en Estados Unidos.
En esa relación figuraban, además de Francisco Correa, su esposa, María del Carmen Rodríguez, y Pablo Crespo, también detenidos por Garzón ayer. Asimismo, estaban Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y hoy gerente del Mercado Puerta de Toledo, propiedad de la Comunidad de Madrid; Javier del Valle, Manuel Angel Jiménez, Manuel A. Valdés, Rafael de León, Fernando Torres, Joaquín García y Ramón Blanco. Todos, al parecer, con casa en Miami.
Entre los militantes del PP se conocía a este grupo de amigos como el club de Miami. El ruido llegó a ser tan grande que el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, llamó al alcalde para que le aclarara la proliferación de informes sobre sus propiedades.
Arturo González Panero lo negó todo al secretario general del PP y también a EL MUNDO cuando, en diciembre del año pasado, publicó las acusaciones de uno de sus concejales y un resumen del dossier. Lo atribuyó a la lucha por desbancarle de la secretaría general del PP de Boadilla.
El portavoz local del PSOE, Pablo Nieto, denunció hace meses que el hoy alcalde de Boadilla y el empresario Francisco Correa eran buenos amigos y viajaban a menudo a Miami, lo que hacía sospechosa era relación. González Panero lo niega todo.
ELUANA Englaro seguramente no lo sabe, pero cada italiano, y mucha gente de todo el mundo, parece tener una opinión firme sobre lo que se debería hacer con ella. Es lo que más llama la atención de este caso: que pese a las delicadas variables que se manejan -ni siquiera la ciencia médica tiene un dominio absoluto de los recovecos del cerebro humano- haya tantas personas capaces de tomar partido y defender a capa y espada si se la debe dejar de alimentar o no. Como ocurre siempre que se debaten asuntos que afectan a la concepción que se tiene de la vida y de la muerte, la religión y la ideología de cada uno facilitan mucho ese posicionamiento sin ambages. 
