Ricardo Costa

CONVULSIÓN EN EL PP / El cierre en falso de la crisis valenciana
Costa califica de 'injusta e injustificada' su suspensión de militancia

«La discrepancia no debe interpretarse como un desafío», argumenta ante Génova

-->CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Madrid

La batalla entre Génova y Ricardo Costa no ha terminado. Consumado el golpe de autoridad de Rajoy, el ya ex secretario general del PP de Valencia ha emprendido su defensa ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que la semana pasada acordó su suspensión cautelar de militancia.

Una decisión que Costa asegura haber «acatado», pero que considera «arbitraria, injusta e injustificada».

Con estas mismas palabras lo describe Costa, según las fuentes consultadas, en una carta remitida días atrás a la dirección nacional del partido y al propio Comité, en la que alega indefensión. «He recibido multitud de ataques, pero nadie me ha pedido ni dado ninguna explicación. La falta de defensa supone una condena tácita», afirma.

Se trata del último de una serie de escritos con los que el ahora diputado raso de las Cortes valencianas ha intentado contrarrestar el silencio administrativo de un órgano que -dos semanas antes de ser suspendido de militancia- había prometido en vano «escucharle».

De manera voluntaria, nada más ser relevado de sus funciones, Costa trasladó a Génova sus cuentas personales y de partido; y ahora, intenta que se revoque su suspensión de militancia «para seguir trabajando en beneficio del PP».

Así, lejos de tirar la toalla, y sin esperar a que el instructor de su expediente -nombrado el pasado martes- formule el previsible pliego de cargos contra él, Costa apela a sus 20 años de militancia para reivindicar su «lealtad» al partido, a Rajoy y a Camps.

El ex dirigente popular da por hecho que Génova le dio de baja en el partido por haber hecho declaraciones en las Cortes valencianas, el pasado 29 de octubre, en calidad de «secretario general». Por ello, dedica el grueso de su alegato a negar que haya suplantado ningún cargo o función que no le corresponda o que haya querido «desafiar» a la dirección nacional.

«La discrepancia no debe nunca interpretarse como un desafío», esgrime para referirse, además, al comunicado que hizo público el 13 de octubre.

Costa justifica sus palabras en los pasillos de las Cortes en los 16 días transcurridos desde su forzado relevo de la secretaría general, sin que Génova le hubiera reclamado «explicaciones»; y en los 20, desde que Camps le pidió que dimitiera, «siguiendo instrucciones de la dirección nacional» y sin ser acusado de presuntas irregularidades. «Parece ser que alguien pedía una cabeza de cara a la opinión pública», asegura.

En su descargo, argumenta: «Sólo volví a pedir públicamente que se aclarara mi situación sin querer generar ningún tipo de polémica». «Sigo preguntándome», insiste, «si resulta posible que un militante pueda ser expulsado por pedir que se aclare su situación».

Y es que Costa no sólo reafirma ante el órgano disciplinario de su partido que no fue -como dijo Génova- el Comité Ejecutivo regional el que lo destituyó. Además, le invita a que «si lo considera oportuno, investigue por qué se produjo esa discrepancia entre la dirección regional y la nacional».

El ex secretario general se da por satisfecho con el público reconocimiento de Rajoy y Camps sobre su «honradez», pero se pregunta ante el Comité: «Entonces, ¿por qué estoy suspendido de militancia y despojado de mis responsabilidades?».

Además, plantea una última cuestión. Sin referirse a Manuel Cobo -que aún no había sido suspendido al escribir Costa la carta, pero sí fue escuchado antes de su suspensión cautelar, el pasado miércoles-, asegura no entender por qué no existe un criterio de actuación, «aunque sólo sea uno», pero «igual para todos».

CONVULSIÓN EN EL PP / El cierre en falso de la crisis valenciana
Dos senadores pidieron firmas para que fuera 'conseller' pero se 'perdieron' tras el cese

El máximo responsable disciplinario en Valencia fue uno de los promotores

-->HÉCTOR FERNÁNDEZ

Alicante

Los senadores territoriales por la Comunidad Valenciana Juan Rodríguez Marín y Julio de España, maniobraron entre los populares de la Cámara Alta el pasado martes 27 de octubre para conseguir firmas en apoyo a la designación del defenestrado Ricardo Costa como conseller de la Generalitat en pleno pulso entre la dirección nacional y la regional del Partido Popular.

Según ha trascendido una semana después, la recogida de firmas y el manifiesto anexo en favor del que fuera su secretario general y principal cabeza de turco de las primeras revelaciones del caso Gürtel, quedó, sin embargo, en un conato. Y es que un día después, en la conversación que mantuvo el presidente regional del PP, Francisco Camps, con la secretaria general nacional y el presidente nacional, De Cospedal y Rajoy, respectivamente, las directrices de Génova fueron absolutamente claras: «Costa estaba vetado».

Así las cosas, son muchos los que ahora en el seno del PP valenciano se preguntan si la iniciativa de Rodríguez Marín y De España en la Cámara Alta partió de los dos afines al presidente de la Generalitat en Alicante para ofrecerle un «aval» ante su petición a Rajoy, o por contra, fue idea del propio Camps para presionar a la cúpula madrileña.

Sea como fuere, Camps tuvo que comunicar un día después a Costa la negativa de Madrid a sus planes y fue precisamente ese jueves cuando el ex secretario general exigió en declaraciones públicas a Rajoy un apoyo explícito. Lo que le valió una severa suspensión de militancia en el partido. En ese contexto de confusión, se han perdido tanto el manifiesto como las firmas recabadas, que a día de hoy podrían haber acarreado a sus promotores una reprimenda similar a la que recibió la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, por el hecho de que su entorno recabase firmas contra el vicealcalde Manuel Cobo.

Más aún, Rodríguez Marín, a la sazón presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP en la Comunidad Valenciana (máximo órgano disciplinario), se destacó el pasado lunes en el Comité Ejecutivo regional como uno de los mayores defensores de la «resolución mordaza» para acallar las críticas del presidente provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll. Incluso llegó a increpar a la salida del comité a los representantes de la dirección provincial: «¡mano dura, mano dura!», por haber votado en contra de la designación de los cuatro sucesores de Costa y la polémica resolución.

Rodríguez Marín y De España son senadores designados directamente por Camps. El segundo, fue uno de los puntales del zaplanismo hasta que fue sustituido por Camps como presidente de las Cortes Valencianas y optó al puesto de Síndic de Greuges (defensor del pueblo valenciano), alineándose con la dirección regional

Superviviente Camps

-->El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, participó ayer en el Congreso de Jóvenes con Valores.

Allí pudo conocer y, quizá, aprovechar para su futuro político la experiencia de Nando Parrado (en el centro ), superviviente de la tragedia aérea de los Andes que inspiró el libro y la película ¡Viven!

Frente a él aparecen también el entrenador de tenis Toni Nadal y el fundador de la ONG Sonrisas de Bombay.

EL REVÉS DE LA TRAMA
El silencio de los militantes

JUSTINO SINOVA

Los partidos políticos quieren que sus militantes obedezcan y guarden silencio. La reprobación de la discrepancia es efecto de la disciplina que imponen dentro. Los militantes son tratados como militares (hasta el sustantivo es semejante), que deben cumplir órdenes y abstenerse de discrepar. Lo expresó Alfonso Guerra en una de sus frases lapidarias: «El que se mueva no sale en la foto». Guerra destacó por su agresividad extrema con los contrarios y por su imposición de orden entre los propios. El común de la gente le reprochaba sus insultos (aunque sus fieles se los reían), pero aplaudía su exhibición de autoridad. En España gusta el ordeno y mando.

Ese poder desplegado a la vista ajena es lo que le falta a Mariano Rajoy, lo que no quiere decir que no ejerza autoridad. Rajoy manda de otro modo; no corta en seco la discrepancia cuando empieza a revelarse, sino que deja margen a la disensión y espera a que los discrepantes rectifiquen. Es un estilo que entraña el riesgo de la confusión en el ámbito ceñido de los partidos, puede ser interpretado como una debilidad y apuesta por que la imposición final del orden parezca un desatino. Y así hemos visto cómo han criticado la apelación del líder popular al silencio de los militantes muchos de los que elogiaban el látigo de Guerra. Otra reacción se habría producido si Rajoy hubiera cortado de raíz las disonancias entre Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón, que ya tienen años, y hubiera instado la sanción inmediata a Manuel Cobo tras sus insensatas acusaciones a aquélla.

Porque el ordeno y mando tiene base en los partidos, que imponen la obediencia y el silencio. Un efecto del rigor disciplinario es el recorte de la libertad de expresión. Es lógico preguntarse si, con la acotación del derecho a opinar, los partidos no lesionan la Constitución. Les salva que los militantes aceptan voluntariamente ese límite, expresado en sus estatutos. Es elocuente echarles un vistazo. El PSOE dice que sus militantes pueden opinar siempre que respeten las resoluciones dictadas (art. 7,e), establece sanciones para los afiliados que opinen «con deslealtad al partido o a sus militantes» (art. 27 del Reglamento de Afiliados) y considera falta muy grave el «menoscabar la imagen de los cargos públicos o instituciones socialistas» (art. 41). El PP dispone que se pierde la condición de afiliado «por manifestación pública de discrepancia grave con la ideología, principios o fines del partido» (art. 9, e de sus Estatutos) y considera infracciones muy graves la descalificación de las decisiones de los órganos de gobierno (art. 11, d) y el «descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado del partido» (art. 12, e), que parece exactamente aplicable a las manifestaciones de Cobo.

En un viejo libro, Los ríos desbordados, Joaquín Leguina escribió estas clarificadoras líneas sobre las normas del PSOE: «garantizan la total libertad de expresión de los afiliados dentro del partido, mientras que fuera este derecho les está reconocido siempre que no contradigan las resoluciones de los congresos o de los órganos de dirección». Así entienden la militancia los partidos. Militar en un partido es obedecer con todas sus consecuencias y bajo la amenaza de sanciones, hasta el punto de que si faltan éstas, algo extraño y nocivo le ocurre a la organización

CONVULSIÓN EN EL PP
El PP de Navarra anula la lista alternativa a Santiago Cervera

-->CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Madrid

El PP está a punto de sofocar el último de los fuegos declarados a lo largo de su geografía. Y es que, finalmente, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Santiago Cervera, será candidato único a presidir el PP de Navarra en su congreso constituyente del próximo 12 de diciembre.

Así será si, como se prevé, la comisión organizadora del congreso desestima esta misma madrugada el recurso anunciado ayer por la ex concejal de Pamplona Nieves Ciprés, cuya candidatura alternativa a Cervera fue anulada 24 horas antes por irregularidad en los avales.

El cruce de «indignadas» declaraciones entre Ciprés, Cervera y la propia cúpula regional del PP da cuenta del grado de tensión interna que salpica el estreno de una formación que no suma más de 500 afiliados y cuya agenda arrastra ya un año de retraso.

La exclusión de Ciprés se ha basado en la anulación de 22 de sus avales por no corresponder a afiliados que figuren en el fichero o porque no están al corriente de pago. Ella culpó al partido: «No puedo admitir que se responsabilice a los afiliados de los graves errores administrativos y de gestión cometidos en el PP de Navarra». Y el partido, contestó con un comunicado: «El señor Cervera ha visto rechazados 46 de sus avales, mientras que a ella sólo se le han rechazado 22 [Son necesarios 90]. «Si el señor Cervera obtuvo más margen de avales y no se ha visto perjudicado por dicho rechazo no es problema de la comisión organizadora ni, por supuesto, del PP de Navarra».

«Soy consciente», reconocía Cervera en su blog, «de que lo que hemos vivido en los últimos días no ha sido todo lo pacífico que debiera». El diputado, que cuenta con el respaldo de Génova, tendrá entre sus tareas la búsqueda de un candidato para las elecciones forales de 2011, dado que su renuncia al escaño obligaría al Grupo Popular a cederlo a UPN, su rival.