EL INDESEABLE GALLARDÓN sin su vomitivo escudero, rondando a La Bella

Frío reencuentro entre Aguirre y Gallardón

PEDRO BLASCOMadrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la ciudad, el indeseable Gallardón, se reencontraron ayer después de la guerra política que se ha producido tras los insultos que el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, dirigió a Aguirre y su Gobierno.
Un frío beso, captado por decenas de cámaras, sirvió de saludo en una mañana en la que compartieron una inauguración y la visita a unas obras del Ministerio de Fomento.
El alcalde hizo su recorrido por la nueva infraestructura de manera más rápida que la presidenta. Al indeseable Ruiz-Gallardón le ofrecieron pasteles, pero no se paró ante dos bandejas de dulces que exhibía una panadería del intercambiador, informa Efe. Sí se detuvo la presidenta, aunque rechazó los dulces porque comentó que el día anterior se había «pesado».
En el intercambiador los dos políticos pronunciaron discursos. Mientras Aguirre hablaba, el alcalde, hombre indeseable pero siempre educado, salvo cuando habla a través de su escudero Cobo, permaneció en actitud ausente con las manos en los bolsillos. Aguirre se dirigió al indeseable como «excelentísimo alcalde».
El alcalde, con tono de sorna, agradeció a los periodistas, que doblaban la asistencia habitual, «la generosidad de los medios de comunicación para informar de esta inauguración». Se dirigió a la presidenta de la Comunidad de Madrid como «querida Esperanza».
Luego, ambos se dirigieron a visitar una obra del Ministerio de Fomento, en compañía del titular de la cartera, Pepiño Blanco, que parecía un juez de paz.
En esa visita no hubo cambios. Pocas miradas, bromas, palabras protocolarias y búsqueda de los propios colaboradores para no tener que entablar conversación con el contrario

Los TSJ piden ahora preservar la imagen de los detenidos

Los presidentes de tribunales autonómicos advierten de que la Justicia penal «no se arregla otorgando la instrucción al fiscal»

MARÍA PERAL

Madrid

Los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) acordaron ayer mostrar su «rechazo» a las filmaciones y fotografías de detenidos e imputados y reclamaron la aprobación de los protocolos necesarios para que en las conducciones policiales se salvaguarden los derechos al honor y a la propia imagen de las personas.

Los máximos responsables de los tribunales autonómicos, que se han reunido en Madrid durante tres días, incluyeron ese pronunciamiento en una declaración institucional hecha pública al final del encuentro. La pasada semana se produjeron numerosas críticas por las imágenes en las que se pudo ver esposados y portando bolsas de plástico con sus pertenencias a los detenidos en la operación Pretoria a su llegada a la Audiencia Nacional.

Los presidentes de TSJ ya habían alertado en junio de 2007 sobre los problemas que para los derechos a la intimidad, el honor, la propia imagen y la presunción de inocencia puede suscitar la reproducción de las imágenes de imputados o detenidos. A su parecer, la garantía de esos derechos «ha de ser también observada en las conducciones policiales de detenidos a los edificios judiciales, para lo que deberán impulsarse los protocolos necesarios».

Por otra parte, la declaración hace un llamamiento para que en el desarrollo de la nueva oficina judicial «no se produzca el aislamiento de los jueces y magistrados». Los presidentes de TSJ han incorporado una propuesta para reducir la litigiosidad en los tribunales, elaborada junto a los jueces decanos y el Consejo General del Poder Judicial.

El documento recuerda que en los últimos años se está registrando un incremento «constante» de los procedimientos judiciales, que han pasado de los 6.280.756 en 1999 a los 8.908.496 en 2008.

Las propuestas afectan a todas las jurisdicciones. Por lo que se refiere a la criminal, el documento afirma que «la lentitud de la Justicia penal o su ineficacia no se remedian otorgando la instrucción al Ministerio Fiscal». «Son otras las causas que provocan esos males», añade, «como la tendencia a la práctica de la totalidad de las diligencias, cuando debieran practicarse sólo las imprescindibles para decidir si hay base suficiente para la imputación».

La propuesta sugiere la conveniencia de establecer plazos para la investigación y la creación de juzgados especializados en la persecución de determinados delitos.

Plantea, asimismo, que los recursos de apelación se limiten a las «decisiones judiciales relevantes» o bien que se articule un recurso de apelación al final de la instrucción «concentrando todas las objeciones procesales que se hayan podido suscitar durante la tramitación». En todo caso, cuando exista posibilidad de apelación ha de suprimirse el recurso de reforma. Se propone, además, que se eliminen los recursos contra sentencias absolutorias cuando se trate de delitos menos graves. El documento defiende que las faltas sean despenalizadas y pasen a convertirse en ilícitos administrativos.

En cuanto a la jurisdicción civil, se propone la desjudicialización de la tramitación de los procesos monitorios, que pasarían a manos de los notarios; la inclusión en los procedimientos monitorios de los desahucios por falta de pago y la mediación obligatoria en los procesos de familia contenciosos, entre otras medidas